Suburbs in Puebla: the inequality of growth

Elsa Patiño Tovar

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Resumen

Palabras clave: metropolización, periferia, pobreza, corrupción, ciudad de Puebla, Puebla.

Abstract

The metropolization process that we have lived through the expansion of Puebla's urban area, is an spontaneous process that has nothing to do with any planning intervention. Indeed, it's the people that have been expelled from the inner city, and rural towns of the state of Puebla, who have defined the way in which this "not proposed" city has been growing. In fact, we could talk of a "city of the people" due it is the people's needs which have given the city the configuration it has today. Nevertheless, that is not true either. People have made an answer of their own, but at the same time that answer is not theirs, because it is subject to the changing scene defined by the local power in infinite bends which are not under their control and slip from their hands. Therefore, their capacity to build their alternatives of life became somebody else's. Consequently, the so called "irregular settelements" lose their spontaneity to get lost in a bureaucratic inertia that avoids development and amelioration of their life quality.

Key words: metropolisation, periphery, poverty, corruption, Puebla city, Puebla.

Recordar es importante

Cuando se habla de la zona/región metropolitana de la ciudad de Puebla (y todo el debate sobre su delimitación física), pareciera que estamos frente a un proceso que recién inicia (eso sucede aún en los raros casos en los que se hace un recuento histórico). En realidad se trata de un proceso que data de la fundación de la ciudad (siglo XVI) y desde ahí vienen los avatares que ha vivido, ya que las guerras civiles del siglo XIX y la revolución del siglo XX solamente modificaron los límites del hinterland de la ciudad de Puebla, pero no las relaciones asimétricas que le conferían, tanto al territorio que la circunda como a ella misma, su conformación y características.

Puebla nació con funciones metropolitanas, aunque nos hayamos tardado cuatro siglos para denominarla área, zona o región metropolitana, y hoy todavía no atinamos a definir cuáles son los límites físicos apropiados que debemos atribuirle. Ciertamente, desde su fundación, Puebla estaba constituida por un territorio amplio en donde ésta era el elemento base de ordenación territorial.¹ Este modelo de ciudad articulaba lo construido urbano con la comarca circundante y el ámbito rural de la región inmediata. Se trataba de una extensión territorial sumamente grande en donde la parte urbana estaba reducida a su mínimo; esta organización territorial estaba estrechamente ligada a un reparto del poder y a una segregación social cuidadosamente mantenida.

Con esto quiero subrayar, sin dejar de lado otros factores, que lo político subyace en este proceso y ha marcado desde el principio la estructuración territorial de Puebla; sin embargo, los planes de desarrollo no hacen referencia alguna a este importante factor, tal vez porque juega como elemento distorsionador, excluyente o de anulación en la puesta en práctica de los planes que los propios gobiernos han elaborado, lo cual también es histórico en Puebla.

Alain Touraine plantea (1998) que la modernidad fue una realidad política antes de ser una realidad económica, y que aquélla equivalía a ciudad y a vida urbana. Ciertamente, esta idea de que la ciudad equivale a modernidad ha permeado en nuestros gobernantes a pesar de que lo rural ha tenido y sigue teniendo un peso fundamental en nuestra zona/región metropolitana. Esa idea es una ficción para nosotros y la incapacidad demostrada para llevarla a la práctica hasta hoy ilustra bien lo lejano que nos resulta. Esto es lógico, porque es una idea que no corresponde a nuestra idiosincrasia, y en todo caso, para mantenerla tendríamos que asignarle un contenido emanado de nosotros; pero, desgraciadamente, ha sido acogida tal cual y con mucha fe, lo cual ha obstaculizado nuestra salida de la pobreza (ideal que es mucho más importante que ser modernos).

Ese intento de ser modernos, entre otras cosas, nos impide visualizar un trato entre iguales y la relación campo-ciudad lo demuestra bien. La ciudad trata de ser moderna en la idea de los "desarrollados" más que interesarse por mantener buenas relaciones con su entorno rural, al que envía sus desechos y quita sus recursos. Pero ni allá ni acá la ciudad ha ido muy de acuerdo con los ideales humanos de vivir con libertad. Henri Pirenne (1974: 163-165) plantea que el espíritu de lucro y de empresa se vuelve el espíritu de la ciudad europea desde la Edad Media. La ciudad, en sí misma, no representa igualdad, pues en las ciudades los burgueses gozan de igualdad civil, pero no de la igualdad social ni política. Nacida del comercio, la burguesía quedó bajo la influencia y la guía de los más ricos que, bajo el nombre de 'grandes' y 'patricios', tenían en sus manos la administración y la jurisdicción de la ciudad. Clero y nobleza eran quienes dirigían los destinos y participaban en política. El pueblo agrícola, sometido a los privilegiados, siguió reducido a su papel de sustentador o proveedor. Por eso la ciudad se está quedando sola y sin futuro, por lo menos en nuestros empobrecidos países.

¿Unión imposible?

Ya había mencionado que un aspecto histórico que sigue pesando sobre la llamada zona/región metropolitana de Puebla se refiere al hecho de que la ciudad fue creada en una estrecha relación con su ámbito rural, que era realmente su base productiva, lo cual debió haber generado un desarrollo armónico entre ambos; pero no fue así porque los excedentes del campo, a través de la ciudad, se dirigían hacia el exterior. Esta distorsión en los intercambios marcó definitivamente el futuro de la ciudad y su zona de influencia. Es decir, Puebla era el eje de una organización territorial que subsumía la creación de un mercado interno a los intereses de los mercados externos; estigma que perdura hasta nuestros días.

Al paso de los siglos, aunque nadie pareciera darse cuenta, la ciudad de Puebla continuó rigiendo los destinos de su entorno territorial inmediato, ahora bajo el nombre de estado de Puebla; por eso los intercambios fueron cada vez más desiguales, pues además se sumó el hecho de que las instituciones coloniales salieron de nuestro territorio, pero la corrupción instaurada por ellas⁵ se quedó con nosotros, al igual que se quedó esa organización territorial que no lograba ver hacia adentro. Así, las acciones gubernamentales se fueron restringiendo a la mera ciudad, aunque en la realidad esta relación con su entorno agrario continuara dándose de manera espontánea y sin dirección.

Sólo hasta la década de 1970 los gobernantes se toparon nuevamente con la realidad e intentaron otra vez pensar la ciudad dentro del ámbito regional sobre el cual nunca había dejado de influir, pero del cual no se habían ocupado. Así se inicia la construcción de una serie de vías de comunicación que tienden a acercarla a su competidor más temido desde la época colonial (la ciudad de México) a través de una autopista, y a las pequeñas ciudades que siempre se mantuvieron bajo su dominio pero que fueron adquiriendo cierta importancia dentro del hinterland de la ciudad de Puebla: Atlixco, Cholula (San Pedro y San Andrés) y Tlaxcala. Se proyecta, desde entonces, un periférico del que sólo se construye lo que hoy se llama Boulevard 5 de Mayo, y el resto queda olvidado durante tres décadas más.

No es coincidencia que sea en la década de 1960 cuando se retoma la ciudad en términos regionales; más bien era impensable que no hubiera sido así porque es justamente en esa década que, ante la presión externa,⁶ se comienzan a importar los productos alimenticios básicos y nuestra agricultura se declara en quiebra porque al latifundismo (cacicazgo) y falta de recursos para capitalizar el agro se agregaron las intensas heladas de los años 1960 y 1961 que hicieron desaparecer extensas zonas de siembra de maíz, frijol, haba, arbejón y papa (este último cultivo se perdió casi en 90 por ciento).⁷ Los flujos de migración hacia la ciudad se hicieron masivos y la ciudad dio muestras patentes de su incapacidad para absorber a dicha población y responder a sus necesidades. No era para menos, existía un rezago de más veinte años en materia de infraestructura, equipamientos e inversión. Es también a inicios de esta década que la migración hacia Estados Unidos se intensifica, compuesta principalmente por campesinos provenientes de Ciudad Serdán, Chignahuapan, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco y Libres.⁸

Así que paralelamente al gasto que se hace en infraestructura vial, se inicia un proceso de diversificación industrial que al parecer es en principio exitoso, pues en 1960 Puebla pasa a ser la tercera ciudad en importancia industrial en términos de su aportación al valor agregado nacional. Sin embargo, no se logra sostener y en 1970 pasa al quinto lugar,¹¹ después pasa al séptimo lugar en 1980, al noveno lugar en 1988 y al décimo lugar en 1998,¹² con fuertes posibilidades de seguir disminuyendo su importancia y pasar al lugar decimocuarto. Podemos inferir que la diversificación no fue tal, pues no tuvo la envergadura que requería para dejar de girar en torno a la producción textil. Hemos de decir que aun en el periodo de mayor "diversificación" industrial (es decir, durante la década de 1960), el crecimiento del empleo no mostró el dinamismo que tuvo en otros lugares, pues mientras aquí el aumento fue de 40 por ciento, en la Ciudad de México creció a 60 por ciento, y en Querétaro, 200 por ciento. En otros términos, Puebla no logró recuperar el lugar que perdió en 1950 como metrópoli industrial (Melé, 1994: 79-80), y peor aún, el estigma de la polarización social, con el cual nació, tendió a acentuarse con las obras emprendidas a pesar de todos los discursos que apuntan a un desarrollo equitativo.

La obsesión por lo urbano

En efecto, tanto las vías de comunicación como la expansión industrial se hicieron a expensas de los campesinos metropolitanos, sin que los beneficios tocaran a las puertas de éstos. A pesar de lo mínimo que se diversificó la planta industrial, sus efectos han sido devastadores para los productores rurales del área metropolitana.

Tan solo Volkswagen afectó, primero, 196 hectáreas de los campesinos de San José Almecatla, en el municipio de Cuautlancingo (Periódico Oficial núm. 32, Decreto del 22 de abril de 1975); después, 86.68 hectáreas de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango (Periódico Oficial núm. 25, Decreto del 21 de septiembre de 1982),¹³ y finalmente, 26.52 hectáreas en La Trinidad Sanctorum, también en el municipio de Cuautlancingo (Periódico Oficial núm. 25, Decreto del 24 de septiembre de 1985). Por su parte, para la construcción del parque industrial Quetzalcóatl se tomaron 500 hectáreas (Periódico Oficial núm. 45, Decreto del 26 de noviembre de 1982), lo cual afectó la producción de los campesinos de Huejotzingo, Juan C. Bonilla y San Martín Texmelucan. Con la construcción del aeropuerto internacional Hermanos Serdán que inicia en 1984 y se prolonga hasta 1986, también en Huejotzingo, prácticamente se acabó con los cultivos de esa región (y además la ciudad no se internacionalizó).¹⁴ Por retomar un sólo ejemplo que nos permita dimensionar el efecto de las expropiaciones, veamos el caso de los ejidatarios de San Bernadino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Santiago Momoxpan y Trinidad Chautenco, cuyos terrenos están ubicados a escasos ocho kilómetros al poniente de la ciudad de Puebla y que de hecho ya forman un continuum con la mancha urbana. Estos ejidos en su conjunto contaban con 1 460 hectáreas desde la década de 1930, pero las sucesivas expropiaciones para vialidades, conducción y transmisión de energía eléctrica, centros educativos y de salud, redujeron sus dimensiones a 379 hectáreas para principios de la década de 1980 (Rappo y Cortés, 1993: 57). La manera de operar en este caso fue la misma de siempre:

1. Iniciar un proceso de amedrentamiento en el mismo momento de notificar a los afectados sobre la venta de sus tierras, dando por hecho que es irreversible.

2. Declarar utilidad pública con argumentos falsos: se generarán empleos que nunca son para los afectados ni representan un volumen sustancial para paliar el desempleo, o porque las obras coadyuvarán a elevar el nivel general de vida de la población, lo que tampoco ha sucedido.

3. Expropiar sin tomar en cuenta los argumentos y razones de los afectados, estableciendo precios muy bajos. Para que se tenga idea de la proporción, a los campesinos de Tlaxcalancingo se les ofreció, en 1989, el equivalente a seis pesos actuales por metro cuadrado cuando su valor comercial era catorce veces mayor; en la fracción denominada Chapulco de ese mismo ejido vendieron a un precio equivalente a 50 centavos actuales y el sindicato de la Secretaría de la Reforma Agraria, que fue quien compró, revendió a un precio equivalente a siete pesos actuales (Rappo y Cortés, 1993: 57).

]]> 4. Finalmente, se aprovecha el desacuerdo para dejar pasar muchos años antes de hacer efectivo este pago a los campesinos (a veces hasta doce años).

Con una política tal no resulta raro que hayamos vivido doce años de inestabilidad y que finalmente los campesinos prefieran urbanizarse.

La inercia como forma de vida

La inercia colonial continúa y seguimos con la vista puesta en el exterior. No generamos nuestra propia tecnología porque, como ya se dijo, ni siquiera logramos comprender la importancia que la investigación tiene para sacar adelante nuestros proyectos, y seguimos importando maquinaria, equipo y el know how necesario para comprender su funcionamiento y elaborar nuestras expectativas de vida.

Por otro lado, el ser poblanos por la creación de una ciudad, que en realidad siempre fueron dos ciudades diferenciadas y polarizadas (Patiño, 2002) ha generado una ilusión restrictiva que hace pensar que la ciudad es por sí misma progreso. La ciudad como origen de nuestra poblanidad ha creado una cortina de humo que nos desliga mentalmente de lo que por varios siglos fue el sustento de la ciudad y que no es otro que nuestro entorno rural. Por ello no es raro toparnos, en casi todos los discursos referidos al territorio poblano, con afirmaciones sobre el paso de la población de un modo de vida rural-tradicional a un modo de vida urbano-moderno, para hacer ver que la población ha mejorado en sus condiciones de vida aunque en la ciudad reproduzca su precariedad rural o que de plano mantenga todas las características de su vida rural porque se trata de localidades rurales que han sido absorbidas por la expansión de la ciudad y su modo de vida sea, más bien, urbano-tradicional.

O bien, que se presente como un triunfo (sin especificar de quién es ese triunfo), la disminución en el porcentaje de participación del sector primario en la economía local, aunque esa reducción sólo haya significado el aumento de los cinturones de miseria en el campo y en la ciudad, y que tengamos que importar nuestros alimentos. Porque en estas afirmaciones lo que nunca aparece es lo cualitativo de la vida de la población; sólo se hace referencia a lo cuantitativo de la expansión de la mancha urbana o del crecimiento demográfico y económico, que son encuadrados de tal manera que los hacen aparecer como progreso y modernidad.

Se trata de un verdadero empeño en sólo ver lo urbano. Y tal vez ahí se encuentre la explicación al hecho de que, al romper los lazos coloniales, no hayamos replanteado ese sustento que venía del campo y que debimos retomar en otros términos, al igual que a la ciudad misma. Lo que realmente interesaba y sigue interesando es la redefinición de su articulación hacia adentro y hacia el exterior, privilegiando ahora la satisfacción de las necesidades internas y la creación de los encadenamientos entre las diversas actividades económicas que se desarrollan dentro de ese territorio rural cuyo eje era y sigue siendo la ciudad. Si lográramos esa redefinición, la delimitación física se iría delineando espontáneamente en función de los alcances y profundidad de las acciones emprendidas con tal objetivo.

Pero la ideología de la modernidad y del progreso se han convertido en un obstáculo para crear las bases de nuestra evolución, porque no se quiere aceptar que éstas sólo pueden fincarse en intercambios más equilibrados entre un entorno urbano muy reducido y un entorno rural englobante y apabullante por más que queramos reducir su peso o ignorarlo. Por ejemplo, en la delimitación más reciente que se hace de la región metropolitana en el Programa Regional de Ordenamiento Territorial Angelópolis, se toman catorce municipios poblanos¹⁵ (incluyendo al municipio de Puebla, que representa 73 por ciento de la población total de la región), en donde encontramos lo siguiente: de 18 localidades en Amozoc, 16 son rurales (999 hab. máximo); todas las localidades de Cuautinchan (que suman 14) son rurales (1 999 hab. máximo); de cinco localidades en Cuautlancingo, dos son rurales (999 hab. máximo); de 28 localidades en Huejotzingo, 25 son rurales (2 499 hab. máximo); de 14 localidades en Ocoyucan, 10 son rurales (1 999 hab. máximo); de 49 localidades en Puebla, 41 son rurales (2 499 hab. máximo); de 10 localidades en San Andrés Cholula, siete son rurales (999 hab. máximo); de 12 localidades en San Martín Texmelucan, siete son rurales (2 499 hab. máximo).

Es decir, 122 localidades de la región metropolitana son rurales, lo cual representa 74.8 por ciento del territorio que cuenta con menos de 2 500 habitantes. Si tomamos 15 000 habitantes y más como criterio para considerar a una localidad como urbana, tal y como el propio Programa Angelópolis (Gobierno del Estado de Puebla, 1994: 122) plantea, el porcentaje de localidades rurales aumentaría a 95.7 por ciento y su ruralidad se vería apoyada también por las actividades predominantes en cada uno de ellos. Veamos: en Coronango, 47.4 por ciento de la población se dedica a la agricultura; en Domingo Arenas este porcentaje es de 69.5 por ciento; Juan C. Bonilla, 46.2 por ciento; San Miguel Xoxtla, nueve por ciento; en San Pedro Cholula, 17.3 por ciento, y en Tlaltenango, 57.4 por ciento.

Podemos ver, entonces, que nuestra visión no nos ayuda para salir adelante cuando sólo somos capaces de ver modernidad y progreso en la ciudad, cuando lo único que queremos es que la ciudad crezca sobre la superficie rural para exterminarla; en lugar de abordar a la ciudad en su relación con su ámbito agrario, a pesar de que hemos sido forzados por la realidad a reconocer esa relación que se impone por la inercia creada desde la fundación de la ciudad. Al ignorar de facto que existe la otra parte, negando sus potencialidades, también negamos su papel a la ciudad, pues en lugar de ser el centro organizador de su entorno se convierte en elemento desestructurador y, en consecuencia, promotor de la precariedad propia y de su área de influencia.¹⁸

Eso es lo que ha estado sucediendo por siglos en Puebla, donde la ciudad subsume todo lo que encuentra a su paso en intercambios siempre asimétricos y depredadores de los recursos de los territorios aledaños, sin dar nada a cambio y sin que tal despojo se exprese en su propio desarrollo. Para eso ha servido la delimitación de una área metropolitana: para quitar recursos a los desafortunados municipios que son seleccionados con objeto de transferirlos a la ciudad de Puebla, o bien, para llevar a esos municipios los desechos que se producen en la ciudad de Puebla y contaminar su suelo, sus ríos y su aire.

La urbanización forzada no ha logrado crear ciudades ni en la cantidad ni con las cualidades necesarias, y tampoco ha funcionado como elemento multiplicador de los recursos, al contrario, ha consumido hasta sus reservas (y el agua es un buen ejemplo). El territorio rural sigue estando ahí y no podemos avanzar en una confrontación inútil que ve el progreso de una manera en que no es posible generarlo. Mejor sería intentar equilibrar los intercambios,¹⁹ generar programas que dieran igual peso al campo que a la ciudad (la ciudad es tan precaria que no sería difícil hacer que el campo alcanzara ese mismo nivel), establecer que los insumos de la industria sean de origen local y el destino de los productos manufacturados estén orientados a privilegiar la satisfacción del mercado local, devolver al campo lo que de él se toma.

La corrupción como ética

Poner en cuestión la relación que existe entre poder político y planeación es inevitable cuando encontramos el cuadro que hemos venido describiendo y se debe intervenir en un mosaico de fuerzas en donde la polarización es predominante. Puebla, desde su fundación, ha sido un territorio de intereses encontrados y conciliaciones difíciles. También desde su fundación, la corrupción permea este cuadro social, dificultando la construcción de consensos. Las decisiones para intervenir en el territorio se posponen treinta años porque no se quiere comprender que la participación de la gente es la que puede generar el clima de estabilidad social y política que permita anudar las acciones en beneficio de los intereses mayoritarios, respetando a las minorías (no haciéndolas sentir excluidas o inexistentes).

Pero poner en práctica y experimentar mecanismos inclusivos de la población es imposible cuando la ciudad se ve como negocio que se puede monopolizar desde el poder. En una situación así, lo que menos se quiere impulsar es un manejo transparente de las finanzas, mucho menos un presupuesto participativo con vigilancia colectiva sobre lo actuado o una administración compartida entre intereses políticos y sociales diferentes.

En Puebla no podemos pasar por alto la relación poder-negocio que ha quedado de manifiesto en diversos tipos de intervención sobre el territorio, en donde las periferias de la ciudad de Puebla han sido escenarios privilegiados de tan vergonzante asunto. Como ejemplo, sólo retomaré el caso de las 27 expropiaciones realizadas entre 1987 y 1992. En términos de superficie representaron (de no ser efectivos los amparos ganados) 1 820.4 hectáreas equivalentes a 43.3 por ciento de la propiedad ejidal afectada de 1960 a 1992. Esta situación se da cuando el discurso oficial salinista plantea que los ejidatarios deben ser considerados mayores de edad; sin embargo, la impunidad de las acciones resulta incoherente con la defensa del estado de derecho que preconizan las autoridades.²⁰

Estas expropiaciones de terrenos ejidales se efectuaron con el mismo interés de realizar negocios inmobiliarios cobijados por la administración pública. Por ejemplo, en los predios colindantes con la capital que cruzan la autopista privada de cuota a Atlixco y las inmediaciones de Cholula, luego de un violento desalojo y de la demolición de viviendas populares (en las Colonias Nueva Frontera y San Miguel La Roza), comenzaron a construirse fraccionamientos residenciales de lujo y se hicieron donaciones a escuelas particulares por parte del gobierno estatal, aun antes de obtener respuesta a la solicitud de expropiación (estas acciones se dan en 1991 y la transferencia del gobierno federal al gobierno estatal se realizó hasta principios de 1993).

El acecho de la especulación en estas tierras no ha vuelto empresarios a los pauperizados ejidatarios, como predecía Salinas de Gortari al reformar el artículo 27 constitucional, y sólo ha reforzado los ya conocidos vicios del sistema. Los atropellos en contra de la población rural metropolitana es algo que ha persistido. La delimitación de vialidades y zonas de reserva de suelo en los planes de desarrollo urbano o las cartas urbanas ha generado especulación²² y ha contribuido a pauperizar a la población por el encarecimiento del precio del suelo y la vivienda, entre otros bienes urbanos. Se ha creado segregación, que tiene como fondo a la corrupción y a la incapacidad de dar soluciones reales. El peor camino que se pudo implantar, y que tarde o temprano habrá de revertirse, es aquél en que un conflicto social resulta perversamente politizado y arrinconado en la esfera de lo penal, como ha sucedido hasta ahora.

Irregularidad y creatividad social

En el desfavorable contexto anterior surgen los llamados asentamientos irregulares como una manifestación más de esta obsesión por lo urbano y la consecuente sumisión del campo circundante. La toma de tierras es lo que da inicio a este proceso popular que posteriormente es asumido como política oficial. Los protagonistas son, inicialmente, los inquilinos que se enfrentan a un doble proceso de despojo: son despedidos de su trabajo y desalojados de su vivienda, así como los forzados inmigrantes campesinos de finales de la década de 1970 (también despojados de sus medios de subsistencia) que llegan a la ciudad y se encuentran con programas oficiales de vivienda que resultan demasiado elevados para sus exiguos ingresos urbanos. De hecho, para principios del decenio de 1970 se reconocía ya la imposibilidad de hacer frente tanto a la demanda de construir vivienda popular, como a la necesidad de regular los alquileres que aumentaban al antojo de los propietarios.

Así, la población pauperizada llegó a constituir una mayoría invisible y, aparentemente, sin salida. Ignorar a esta población y los deseos que la animan a actuar y generar las condiciones de realizarlos es lo que ha llevado al conflicto; de ahí la importancia de no dejar de observarla:

El deseo es revolucionario porque siempre quiere más conexiones y más agenciamientos... La carencia remite a una positividad del deseo [una voluntad de poder], y no el deseo a una negatividad de la carencia... El deseo no está reservado a los privilegiados ni, tampoco, está reservado al éxito de la revolución. El deseo es en sí mismo proceso revolucionario inmanente. El deseo es constructivo, en modo alguno espontaneísta. es colectivo; sin lugar a dudas, todo deseo es asunto del pueblo, un asunto de masas (Deleuze y Parnet, 1997: 91, 103 y 109).

Ha sido su deseo de apropiarse de las sucesivas ciudades que fueron ocupando el territorio metropolitano, comenzando por la más vieja (ahora centro histórico) y yendo hasta la que está por constituirse; en su deseo de apropiarse de la ciudad, vuelvo a repetir, es que regresan al campo, pues no tienen otra alternativa que apropiarse del territorio rural metropolitano. El deseo de tener las mismas posibilidades de hacer uso de y reconocerse en la ciudad es lo que dio lugar a los asentamientos irregulares, en donde deseo y realidad se cristalizaban sin que por ello pudieran fundirse en uno solo. La ciudad del deseo²³ estaba todavía por construirse, a pesar de que la concepción original de la ciudad apuntaba hacia una población pobre. Pero el punto de quiebre estuvo en que la convivencia de esa población pobre no estuvo pensada con base en su propia producción que se ubicaba fuera; es decir, la creación de soportes materiales para la constitución de una economía urbana comenzó a transformarla, sometiendo a la ciudad-albergue a un proceso forzado y todavía inconcluso, más que ser producto de la evolución y consecuente transformación de su aparato productivo inicial. Sometido a esa dinámica, el proceso de descomposición-recomposición-descomposición de sus bases productivas tuvo secuelas retardatarias más que progresivas, porque no lograron una recomposición que la volviera autosostenible para poder competir frente a la ciudad de México o las ciudades de la frontera norte del país y, mucho menos, en el nivel internacional.

Es decir, la ciudad periférica no resulta de la evolución de la ciudad originaria, por el contrario, marca una ruptura que expresa la irreconciliable confrontación social mantenida por siglos, en donde la vivienda ha sido una de sus partes más visibles. Al principio, los asentamientos irregulares constituyen una respuesta espontánea de la gente ante la incapacidad de respuesta del Estado; pero, no mucho después, el Estado asume corporativamente esa respuesta y alimenta la inercia para reproducir indefinidamente esa forma de hacer ciudad.

Pero volviendo al caso de la vivienda y los asentamientos irregulares, encontramos, como ejemplo del afuera, a la Alianza para el Progreso (Alpro),²⁴ que asustada por los acontecimientos cubanos y queriendo evitar su reproducción aquí, dada la situación que se vivía en la década de 1960 y que ya describimos, canaliza fondos para la realización de determinadas acciones en materia de vivienda, pero todas ellas encuadradas en la visión de su lugar de origen; es decir, no se trataba de acabar con la pobreza o resolver el problema de la vivienda, sino de evitar la sublevación (y así siguen interviniendo las agencias internacionales). Así que a pesar de las críticas, en donde la propia Alpro reconocía que el alto costo de las viviendas hacía que fueran inaccesibles para los trabajadores por sus bajos niveles salariales,²⁵ el financiamiento se mantuvo sin alterar en lo más mínimo los programas que escasamente lograron cubrir seis por ciento de la demanda local (Patiño y Castillo, 1988: 43). En consecuencia, el déficit de vivienda siguió aumentando y los asentamientos irregulares se reprodujeron como hongos alrededor de la ciudad, sin importar accidentes geográficos ni límites naturales. Y a pesar de que la espontaneidad para crear este tipo de asentamiento se agotó en poco más de diez años, aunque con fuerza sólo se manifestó de 1970 a 1973 (Castillo Palma, 1986: 296-348), es el tipo de producción inmobiliaria que se ha mantenido por más de treinta años (es decir, hasta la fecha), como tampoco se ha modificado grandemente el espíritu del financiamiento externo. Veamos por partes.

El encuadramiento oficial de este tipo de asentamientos es el de la regularización de la tenencia, que se ha vuelto un buen negocio porque dura más de diez años, en lugar de abordarlos como relación campo-ciudad, lo cual implicaría tomar en cuenta los intercambios desiguales, las afectaciones unilaterales y su prospectiva, la canalización de inversiones y los criterios de aplicación del gasto. Si se ve como regularización de la tenencia, prevalece lo inmobiliario con sentido especulativo, en donde lo rural (ejido) sólo constituye una reserva territorial para que la ciudad siga creciendo; si se ve como relación campo-ciudad, no se puede evadir la simbiosis que se ha dado entre ambos produciendo algo distinto a cada uno de ellos, y en donde la cuestión de la producción y la distribución del ingreso, en cuyo ámbito la vivienda (con todos los servicios y equipamientos que comporta) adquiere otro sentido. Aplicar por separado políticas urbanas y políticas agrarias permite evadir la pauperización que esas políticas provocan en ambos lados, y la depredación que la ciudad realiza en el medio rural circundante.

Pero el pensamiento global está imbuido de lo urbano y empuja con mucha fuerza a olvidar todo lo que sea rural. La globalización alimenta la prepotencia de la ciudad y la destrucción de las formas tradicionales de vida, que son las que mayoritariamente prevalecen en nuestro país. Se presiona a los despojados de sus formas tradicionales de vida para integrarlos como consumidores a un sistema que no solamente no les ofrece nada, sino en el que además resultan prescindibles. En consecuencia, no sólo son despojados, sino perseguidos. Los habitantes de los asentamientos irregulares están ahí porque han sido orillados por el sistema social a aceptar esa precarización como única alternativa de acceso a un techo; pero al gobierno no le ha bastado con eso, además los expolia con el pretexto de la regularización y los mantiene bajo la amenaza constante de desalojo a través de la fuerza pública.

Cuando Giddens estuvo en México en julio de 2001 para presentar su libro sobre la tercera vía y sus críticos, planteaba que México no tiene otro camino que impulsar una tasa de crecimiento de siete por ciento sostenida durante un largo periodo para crear empleo o, de lo contrario, no se podría abatir la pobreza de grandes segmentos de la población. También planteó que se requiere un pago tributario equivalente a 40 por ciento del producto interno bruto (PIB), porque de otra manera no es posible tener sistemas eficientes de salud, educación, jubilación, etc.; sin embargo, en México la recaudación equivale a 11 por ciento del PIB (García y Ortiz, 2001). El panorama presentado por Giddens en aquella ocasión es cierto, y sólo le faltó agregar que también es necesario explicitar con mucha fineza los instrumentos mediante los cuales se realizaría la distribución de ese crecimiento sostenido, porque México ya tuvo la experiencia de crecer a esa tasa por tiempos largos y, sin embargo, no se logró superar la pobreza. Al contrario, siguió en ascenso.

Este último agregado hace más complejo el difícil camino que tenemos que recorrer para devolver su dignidad a nuestra población. Aquí me estoy refiriendo a Puebla, pero la misma situación prevalece en todo el país: los asentamientos irregulares son la forma de crecimiento urbano en nuestras ciudades. En 1999, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), planteaba que 1.7 de cada diez poblanos vivían en asentamientos irregulares, de los cuales, 80 por ciento se encontraba en la zona conurbada de la ciudad de Puebla.²⁶ Para 2000, el director general de Desarrollo Urbano y Ecología, planteaba que existían 120 asentamientos irregulares en el municipio de Puebla (cuyos límites fueron empatados por los de la ciudad capital que lleva el mismo nombre), de los cuales 59 habían sido regularizados hasta entonces.²⁷ En la encuesta que aplicamos en julio de 1994 en quince asentamientos irregulares²⁸ encontramos que en su mayoría (76 por ciento) son poblanos (51.2 por ciento originarios de la misma ciudad de Puebla y 24.8 por ciento de otras regiones del estado); 6.8 por ciento es de Veracruz; 3.7 por ciento, del Distrito Federal; 3.5 por ciento, de Oaxaca; 3.4 por ciento, de Tlaxcala, y el restante 6.6 por ciento, (todos con porcentajes inferiores a la unidad obviamente) proviene de Aguascalientes, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y de diversos países centroamericanos. Podemos observar que hay un porcentaje importante de población inmigrante (24.8 por ciento del interior del estado, 23.9 por ciento del resto del país y 0.1 por ciento de Centroamérica) que llegó en busca de mejores condiciones de vida; de la cual, el primer flujo importante lo tenemos registrado en la década de 1960 (17.2 por ciento) y continuó aumentando en la década de 1970 (28.5 por ciento) y de 1980 (30.9 por ciento). Si aceptan las condiciones en que viven en los asentamientos irregulares de la ciudad de Puebla, podemos imaginar cómo vivían en sus lugares de origen.

En promedio tienen quince años viviendo en el asentamiento,²⁹ en donde, en general, predomina la población joven (57.4 por ciento tiene como máximo 23 años de edad). Los pobladores realizan una amplia gama de actividades, pues entre ellos había albañiles (nueve por ciento), vendedores ambulantes y comerciantes por cuenta propia (14.1 por ciento), empleados en transporte —postureros en autobuses, combis, taxis, camiones materialistas, checador de línea de autobuses o combis, (9.6 por ciento), obreros (ocho por ciento), propietarios de talleres (hojalatería, herrería, marmolería, reparación de aparatos domésticos, cutiduría de pieles, carpintería) y profesionistas (9.7 por ciento), empleados en gobierno como policía, bombero o militar (5.6 por ciento), empleados del comercio (4.5 por ciento), empleados en empresas de servicios (5.3 por ciento), artesanos (3.7 por ciento), empleados en talleres (3.6 por ciento), empleados en servicios educativos (3.7 por ciento), empleados administrativos en la industria (dos por ciento), empleados en servicios médicos (6.4 por ciento), empleados en servicio doméstico (0.8 por ciento), empleados en hoteles y restaurantes (1.2 por ciento). También encontramos desocupados y quienes no quisieron especificar su actividad (1.2 por ciento), jubilados (4.1 por ciento). y otros trabajos tales como operadores de limpia y de grúas, agentes viajeros, agricultores (4.7 por ciento). Todas estas actividades, que también son precarias, les permitían obtener ingresos que, en promedio, alcanzaban como máximo 1.4 salarios mínimos, aun cuando en 99.6 por ciento de los casos existían dos (3.1 por ciento) y tres miembros (96.5 por ciento) de la familia aportando al ingreso familiar.

Sin embargo, la gente, a la búsqueda de mejorar poco a poco su hábitat, va creando, sin darse cuenta, los mecanismos que le permiten ir accediendo a un mayor número de satisfactores urbanos. Ese proceso, que es muy largo, también va generando las condiciones para institucionalizarlo e ir estableciendo derechos. Porque ha sido la gente que desde principios de la década de 1970 inventó los asentamientos irregulares la que con su práctica también ha ido diseñando la estrategia para responder a la necesidad de vivienda, servicios y equipamiento. Los primeros inquilinos que tomaron la decisión de crear su propio asentamiento para autoconstruir sus viviendas fueron los pioneros en denunciar el acaparamiento de terrenos y la especulación generada por la forma en que se producía la vivienda pública de interés social. A partir de ahí, el gobierno tuvo que comenzar a plantearse, por lo menos, que tenía que actuar con cierta mesura en sus negocios inmobiliarios.

Por otro lado, fue aprendiendo la manera de promover este tipo de respuesta y tuvo que ponerse a pensar en los instrumentos que necesitaba crear para sostener esta respuesta que, a fin de cuentas, venía del campo, de los ejidatarios que tenían en posesión las tierras sobre las cuales se iba expandiendo la ciudad. Pues fueron ellos quienes, temiendo ser expropiados, decidieron establecer las reglas de urbanización de sus tierras agrícolas, poniéndose de acuerdo con organizaciones inquilinarias, partidos de izquierda, organizaciones populares y campesinas. De esta forma podían garantizar terreno para ellos y sus hijos, y obtener la última ganancia que podían proporcionarles sus tierras, en muchos casos ya improductivas por la parcelización tan fuerte a la que el gobierno las sometió y porque nunca lograron la restitución de las tierras que les habían quitado.

Al inicio, la gente se movía instintivamente buscando contacto con quien fuera: académicos, gobierno, organizaciones de todo tipo. Al paso del tiempo, fueron conociendo las instancias y sus limitaciones, y fueron comprendiendo y aprendiendo cómo acercarse y a quién. Aprendieron a negociar y a proponer; aprendieron a combinar la "tramitología" con el rejuego político, así como el acercamiento que les permitía establecer alianzas. No obstante, la alianza entre ejidatarios e inquilinos (que después se extiende a partidos de izquierda, organizaciones populares y campesinas), no logró sostenerse por el tiempo necesario, lo cual facilitó que el control del proceso pasara a manos del gobierno. Las contradicciones internas emergían poco después de lograr alguna de sus reivindicaciones (obtención de lotes, introducción de servicios, materiales para construir sus viviendas) y el clientelismo se hacía presente en las filas de esta población pauperizada que también comprendió sus ventajas de corto plazo sin lograr ver la situación de desventaja en que se colocaba en el largo plazo que requiere consolidar los asentamientos así generados.

Recapitulando para cerrar

En la visita de Giddens que ya mencioné, también planteó que la globalización puede ser positiva si cada país cuenta con las estructuras internas adecuadas. Por supuesto, con el panorama que he dado no podemos pensar que nosotros tenemos estructuras internas adecuadas. Para crearlas, la primera condición es que tal iniciativa tendría que partir de nuestra decisión de insertarnos en ese proceso (o en cualquier otro); y no que nos viéramos en medio sin mayor alternativa y con las reglas del juego ya definidas. No quiero decir con esto que debemos cerrarnos y no participar (sería imposible aunque quisiéramos); por el contrario, afirmo que debemos participar decididamente para establecer las reglas del juego que mejor nos convengan e impedir que nos impongan tiempos e intereses ajenos a nuestra dinámica interna. Debemos participar decididamente para dejar de importar nuestros alimentos y nuestra forma de ver la vida. Tenemos que llamar la atención sobre nuestra condición de desventaja endémica frente a los países colonizadores (¿desarrollados?, ¿o simplemente es otra cultura y otra visión del mundo?), y hacerles ver que mientras tengamos que pagar la deuda externa³² y aceptar las empresas que para ellos son inaceptables, nuestro desarrollo es imposible.

Para ello tenemos que encontrar argumentos muy convincentes porque si realmente el autollamado Primer Mundo quiere caminar hacia un nuevo internacionalismo como el que plantea Giddens, en donde se promueva la democracia entendida como acceso a los beneficios económicos para acabar con la desigualdad y encontrar equilibrio en un mundo interdependiente, entonces requiere tener verdadera disposición de hacer sacrificios para evitar que sea la expoliación a los países pobres la que sostenga sus niveles de vida. Todo lo demás es discurso.

Giddens plantea bien que

tenemos que recordar que las instituciones globales frecuentemente representan sólo los intereses occidentales y que los países ricos predican el libre comercio, pero no lo practican porque los aranceles más altos en los países industrializados frecuentemente afectan a productos provenientes de los países más pobres (García y Ortiz, 2001).

Esto se da sobre todo cuando se trata de productos agrícolas.

Puebla, por supuesto, no escapa a la dinámica que venimos de describir, fue concebida como anclaje de expoliación de un enorme ámbito rural cuyos excedentes se dirigían a un mercado externo y cuyas relaciones de poder mantenían cuidadosamente la segregación social. Esa es la realidad que sigue estando presente. La periferia de la ciudad de Puebla es mayoritariamente un espacio agrario con fuertes desigualdades sociales (que por supuesto también se dan en la ciudad), en función del cual deben pensarse las intervenciones que pretendan llevar a cabo para sacarla de su endémica pobreza, si no se quiere seguir reproduciendo el modelo colonial en donde el crecimiento de la precariedad en el campo y en la ciudad es la constante.

No sé si reconocer esto serviría o no para definir los límites de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla (lo cual no tiene ninguna importancia dado que ninguna delimitación hecha hasta ahora tiene sustento conceptual sólido, más bien se ha tratado de regiones-plan sin mayor trascendencia); pero por lo menos ayudaría para aceptar la ruralidad metropolitana y hacer partícipes a los campesinos, sin tratar de llevarlos a una forma de vida que tampoco ha evitado la pobreza de una buena parte de citadinos.

Al parecer, el sueño metropolitano de los poblanos es el de un territorio sin campesinos y no el de un territorio que ofrezca buenos niveles de vida a sus pobladores en general. En esta lógica, los sucesivos gobiernos poblanos han creído y siguen creyendo que la ciudad va a lograr mágicamente lo que sus políticas entorpecen y su autoritarismo ha condenado por siglos: la igualdad en el bienestar. Por ello, aunque mencionan a la parte rural de la zona metropolitana, los planes siempre privilegian una lógica de urbanización tan agresiva que termina por orillar a los campesinos a adoptar la forma de vida urbana. Nuestros gobernantes siguen viendo hacia afuera.

Por otro lado, la corrupción termina con lo poco bueno que vamos logrando y que podemos distribuir para tratar de mejorar las condiciones de vida en nuestro territorio. Pero la superación de la pobreza es imposible sin mecanismos e instrumentos adecuados de distribución, aunque el crecimiento sea sostenido. Ahí es en donde se debe poner el acento y no quitar el dedo del renglón. Lo anterior debe ir acompañado de transparencia en las intervenciones y el manejo de las finanzas, pero no parece que comprendamos cómo hacerlo. La corrupción no sólo está en los negocios que se han hecho aprovechando el paso por los diferentes niveles de gobierno. Se manifiesta en todas las modificaciones que se van haciendo a un plan hasta dejarlo irreconocible en aras de mantenerse en el poder a través de las clientelas. Estas son las acciones que realmente van definiendo las características de la zona metropolitana de Puebla como espacio de segregación y precariedad.

"La ciudad segregada es la ciudad de la ruptura de la solidaridad social y, eventualmente, del imperio de la violencia urbana", dicen Manuel Castells y Jordi Borja (1998); si ponemos esta afirmación a escala metropolitana, con un medio rural que al igual que la ciudad no resulta competitivo frente a la demanda mundial justamente porque su crecimiento reproduce la precariedad no la bonanza, nos encontramos frente a un cuadro que nos obliga a crear nuestros propios caminos. Esos caminos que no existen en ningún otro lugar, que todavía no existen porque queremos seguir copiando lo que hacen en otros países. Eso es parte del espíritu que procrea la corrupción: hacer el menor esfuerzo de creatividad que sea posible, quedarnos en la comodidad de mal reproducir lo que otros se tomaron la molestia de pensar; mantener una actitud pasiva frente a los hechos, resistirse a buscar opciones propias. Buscamos las respuestas ya hechas y nunca resultan ser de la medida que necesitamos porque están pensadas para otros cuerpos sociales.

Lo importante es tener un proyecto propio que responda a nuestros intereses y que vaya desde nosotros hacia los demás y no a la inversa, como ha estado sucediendo desde la época colonial de la que no logramos salir. La respuesta que buscamos no puede evadir nuestra ruralidad metropolitana, siempre teniendo claro hasta qué grado se mantiene ruralizada la ciudad y hasta dónde se ha urbanizado el campo. El gasto público no puede seguirse aplicando de manera que produzca más pobreza, como ha sucedido hasta hoy: acabando con las tierras más fértiles y sin crear alternativas para los campesinos afectados que no tienen por qué urbanizarse.

Por otro lado, el análisis territorial en cualquiera de sus escalas implica una visión acerca de las posibilidades de desarrollo del territorio estudiado (entendiendo al territorio como construcción social que es). Es decir, entendemos que en países como México, la importancia de tomar como objeto de estudio al territorio está en el hecho de buscar alternativas a la pobreza que afecta a una mayoría de nuestra población. Y al hacer énfasis en nuestra evolución estamos refiriéndonos al hecho de que el territorio puede ser uno de los instrumentos de redistribución del ingreso a través de los bienes que en él se generan (infraestructura, equipamiento, vivienda, etc.). Es decir, la planeación territorial en cualquiera de sus niveles debe volver a formar parte de los planes de desarrollo económico del país.

Por otro lado, analizar al territorio como relaciones sociales que le confieren determinadas características se vuelve prioritario en la perspectiva de reinventarlo como espacio de encuentro y no de segregación. En esta perspectiva debemos pensar en nuevas formas de la relación global-local y campo-ciudad; sobre todo en nuestra entidad, que sigue teniendo un fuerte componente agrario. Se diga lo que se diga, no podemos entrar a un debate mundial en donde la ciudad sea la única protagonista, cuando tenemos un número considerable de pobladores cuya única alternativa se encuentra en el campo y éste continúa siendo desestructurado por el funcionamiento de unas cuantas ciudades.³³

La metropolización debe tener un sentido cualitativo más que cuantitativo; es decir, dejar de dar peso a la expansión de la mancha urbana y el crecimiento demográfico, para pasar a delinear el contenido de políticas que tiendan a aumentar la calidad de vida de la población, aunque se encuentre dispersa en las periferias del área metropolitana. Políticas que sean sustentables no sólo porque respeten su medio ambiente, sino porque utilicen los recursos humanos locales, antes que recurrir al exterior. Implica cerrar cadenas productivas orientadas a la expansión y consolidación de un mercado interno, lo cual implica combatir la corrupción y dar continuidad a los programas e instancias creadas para desarrollar los programas Se trata también de no tener miedo a proponer y llevar a la práctica propuestas que no encuentran referente en ninguna otra parte pero que dan respuesta a nuestras necesidades, se trata de evitar la concentración en un territorio y en pocos grupos al interior de ese territorio.

El otro aspecto es la transparencia en el manejo de las finanzas y el seguimiento colectivo de las intervenciones y sus resultados. Hacer público de cuánto se dispone, someter a debate público los criterios que han sido utilizados para definir prioridades, crear los instrumentos para que la población pueda verificar en cualquier momento la aplicación de los recursos, establecer los espacios con los cuales cuentan los ciudadanos para que, sin pasar por los partidos, puedan decidir sobre las cuestiones que los afectan (impuestos, obra pública, etc.), establecer la evaluación periódica como garantía de resultados (Fundasal, 1998).

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Notas

¹ Algunos estudiosos afirman que el Obispado de Puebla abarcaba de costa a costa, incluyendo casi todo el actual estado de Veracruz, todo el actual estado de Puebla, casi todo el estado de Tlaxcala, una pequeñísima parte del estado de Morelos; en el estado de Guerrero ocupaba la zona tlapaneca hasta la Costa Chica y por la parte occidental hasta el río Papagayo; en el estado de Oaxaca ocupaba un reducido segmento de la región noroeste y en el noreste hasta el límite con Veracruz; en el estado de Tabasco abarcaba parte de la Chontalpa y de la región de Huimanguillo (Commons de la Rosa, 1971: 20-21).

² Han dado cuenta de la situación de pobreza prevaleciente en territorio poblano: Fray Juan Villa Sánchez en el siglo XVII, Alexander von Humboldt en el siglo XVIII y Manuel Payno en el siglo XIX, asi como el conjunto de documentos oficiales referidos al siglo XVI y todo el periodo colonial que obran en el Archivo de Indias.

⁴ Leonardo Benévolo (1972: 258-259) plantea que: "La inclusión del factor defensivo traslada la casuística de los trazados a un terreno realista, pero hace perder a la ciudad su carácter de modelo urbano unitario: la ciudad se convierte en una plaza fuerte, el centro cívico, en un lugar de concentración de tropas, y las calles sirven para facilitar el flujo y reflujo de los defensores y para obstaculizar la entrada de enemigos. La ciudad ideal se hace proyectable, pero se convierte en un emplazamiento específico y deja de funcionar como mito cultural. Las aspiraciones proyectadas, hasta entonces, sobre esta imagen toman otro rumbo". El rumbo al que hace alusión Benévolo en el Capítulo IV de su libro se refiere, justamente, a las recién establecidas colonias del hemisferio americano.

⁵ Sobre la corrupción de la instituciones coloniales en México se puede consultar el interesante texto de Solange Alberro (1996) que trata ampliamente el tema.

⁶ Desde la década de 1950, el mercado internacional dio un giro y comenzó a desvalorizar las materias primas y los productos básicos que exportaba México; por lo que, a partir de la década de 1960, la definición de cultivos se comenzó a establecer con base en la demanda externa, dejando de lado la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población nacional. Por supuesto, en esto ayudó la Alianza para el Progreso (Alpro) y las equivocadas decisiones gubernamentales que encontraron el camino fácil en la ayuda externa que etiquetaba el apoyo para destinarlo a sus propios intereses. Así se inicia un proceso de industrialización a costillas de la producción agropecuaria que no sólo hizo enormes transferencias a la industria, sino que vio fuertemente disminuida la inversión en el campo, en donde solamente los grandes capitales obtuvieron apoyo gubernamental, con lo cual se consolida el latifundismo y la concentración de la riqueza. Todo lo anterior encuadra la medida gubernamental de congelar en 1963 los precios de garantía para los productos agrícolas (aunque también habría que considerar la fuerte polémica en torno a la ineficacia de su funcionamiento por el excesivo burocratismo implicado) (Archivos del IEPESa, 1975: 10-11; David Barkin, 1991, Arturo Warman, 1976).

⁷ Jesús Márquez analiza los movimientos agrarios que se desarrollaron en la época (dado que desde 1940 el reparto agrario había casi sido nulo) y que fueron exterminados con lujo de violencia por lo menos en Izúcar de Matamoros y Xicotepec de Juárez. Por otro lado, es importante señalar que la distribución de tierras muchas veces no otorgaba un área adecuada para el cultivo, por lo que prácticamente la parcelización tan fuerte volvía improductiva la tierra.

⁸ Ibídem.

⁹ Archivos del IEPESb (1975: 51). Por otro lado, Leticia Gamboa Ojeda (1979: 150-166) atribuye el peso de esta industria, dentro de la economía poblana, al hecho de que "desde mucho tiempo atrás gozaba de aranceles proteccionistas que hacían prácticamente imposible toda competencia externa y que permitieron que la industria estuviera formada, en su mayor parte, por medianos y pequeños empresarios que obtenían elevadas ganancias por los altos precios nacionales, sin hacer grandes inversiones de capital".

¹⁰ De las entrevistas aplicadas a empresas en 1979, la respuesta de consenso en relación al atraso tecnológico de las fábricas textiles se refería al hecho de lo costoso que esto resultaba, por lo que la mayoría prefería modernizar sólo partes del proceso; los despidos masivos por esta introducción parcial de nuevas tecnologías eran frecuentes (Patiño, 1982).

¹¹ Gustavo Garza (citado por Sergio González, 1993: 235).

¹² Alfredo García Güemes (1998: 16) plantea que respecto a 1980 "se registran magnitudes negativas de 54.3 por ciento en el número de establecimientos, 51.6 por ciento en el personal ocupado y 39 por ciento en el valor agregado.

¹⁴ Las tierras agrícolas que ahora se incluyen dentro de la zona metropolitana de Puebla han sido de las tierras más fértiles que existen en la región centro del estado poblano. Ahí se ha producido por siglos: frijol, maíz, haba, alfalfa, manzana, peras, verduras. Cultivos sacrificados por un aeropuerto que todavía hoy sigue sin tener una demanda que justifique su acción depredadora.

¹⁵ Casi al final del periodo gubernamenal anterior, de Mariano Piña Olaya, se definió a la zona metropolitana con diez municipios poblanos y cuatro tlaxcaltecas, lo cual nos parece más acertado (Gobierno del Estado de Puebla, 1990).

¹⁶ Todos los datos corresponden a 1990 y fueron la base sobre la cual se elaboró el Programa Angelópolis, y aunque todavía no se tiene el censo 2000 desglosado, con los datos generales que ya se pueden consultar es posible inferir que no hay gran variación.

¹⁷ Hortensia Medina (1993: 20) nos proporciona una definición que parece ser generalizada cuando se habla de zona, área o región metropolitana: "incluye a la ciudad central y a la unidades político-administrativas contiguas a ésta, así como a otras unidades con características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas que mantienen una interrelación directa, diaria e intensa con la ciudad central... Los municipios o delegaciones que conforman un área metropolitana deben presentar dos características: a) manifestar un carácter predominantemente urbano, y b) una interdependencia mayor con la ciudad central que con cualquiera otra".

¹⁸ Se considera que la mancha urbana de la ciudad de Puebla creció con una tasa promedio de 6.6 por ciento anual a partir de 1960 ocupando, en 1982, aproximadamente 91.5 km² y para 1994 esa superficie era de cerca de 128 km² (Gobierno del Estado de Puebla, 1994: 115).

¹⁹ La asimetría en los intercambios se expresa, por ejemplo, en que los productos que en la ciudad cuestan un peso en el campo se venden en 1.17 y los productos que en el campo cuestan un peso para ser producidos se venden a 0.84 en la ciudad (Palacios, 1983).

²⁰ Los ejemplos que a continuación se dan sobre la relación negocio inmobiliario-gobierno en terrenos ejidales fue tomado de Patiño y Castillo (2001).

²¹ La Jornada de Oriente, 14 y 21 de abril de 1993: "Reservas territoriales, expropiaciones y planeación urbana en la ciudad de Puebla", Parte I, p. 6 y Parte II, p. 8, respectivamente.

²² Patrice Melé (1994: 146) anota lo siguiente respecto a la especulación con tierras ejidales: "(... ) la Sedue llama la atención sobre el hecho de que numerosas solicitudes de expropiación de tierras ejidales, presentadas por las autoridades locales, no pudieron ser autorizadas por el poder federal debido a que ciertas expropiaciones masivas y sin control habían dado lugar al desarrollo de la especulación con las tierras expropiadas y a su uso para formas no sociales de vivienda". Esta información extraida del documento de la Sedue: Reservas territoriales. Manual de normatividad, publicado en 1983, se refiere a casos de especulación de insospechada magnitud.

²⁴ Aunque es de todos conocida, nos pareció adecuado recordar que la Alianza para el Progreso era un programa creado por la Organización de Estados Americanos que funcionó de 1961 a 1970, para frenar el avance revolucionario en América Latina.

²⁵ En 1964 se urbaniza y construyen 500 viviendas en la Unidad Guadalupe con crédito de la Alpro; en 1965, el gobierno realiza la cesión de 61 605 metros cuadrados para mil lotes de vivienda en la Unidad Aquiles Serdán y también se inicia la construcción de la tercera sección del Fraccionamiento San Manuel con 800 lotes y viviendas de interés social promovidos por el gobierno con crédito del Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas: "El efecto de la dinamización del mercado inmobiliario, así provocado, no sólo tiene consecuencias en la compra especulativa de los terrenos sino, también, en el alza del costo de la vivienda que se encarece hasta en un 20 por ciento a principios de 1969" (Castillo, 1986: 292-293).

²⁶ "Este año serán regularizados 67 ejidos en beneficio de cientos de familias" en Síntesis, Sección Región, 31 de julio de 1999, p. 3.

²⁷ "La mitad de colonias irregulares obtuvieron escrituras, informa el gobierno municipal" en Síntesis, sección región, 22 de diciembre de 2000, p. 4. Esta declaración pudiera ser verdad o simple propaganda política, ya que se afirma que esta regularización se dio en su totalidad durante el periodo municipal que estaba en funciones y ese alcalde manifestaba la pretensión de contender por la gubernatura.

²⁸ Esta encuesta se aplicó en el marco de la investigación "Asentamientos irregulares y condiciones de vida en el municipio de Puebla", coordinada por Elsa Patiño Tovar. Los asentamientos seleccionados fueron: 2 de Octubre, Alamos Vistahermosa, Arboledas de la Loma, Barranca Honda, Colonias Unidas, Ejidal La Loma, Francisco Villa, Loma Encantada, Loma Linda, Lomas de San Miguel, Lomas del Sur, San José de los Cerros, San José del Conde, San Rafael Oriente y Universidades. La muestra estuvo compuesta por 2 512 viviendas con 14 051 habitantes en total.

²⁹ Este promedio se debe a que, con excepción de Lomas de San Miguel (1977) y 2 de Octubre (1984), el resto son asentamientos creados a finales de la década de 1980 y durante la década de 1990.

³⁰ Declaración del dirigente de la Unión Nacional de Productores de Maíz al periódico Síntesis, Sección Economía, 6 enero 2000, p. E2.

³¹ Juan Castaingts Teillery. "Así vamos... Reestructurarán de la balanza comercial. Hacia una política económica alternativa" en Excelsior, 27 de marzo de 1993.

³² De acuerdo con Carlos Marichal (La Jornada, 9 de febrero de 2002), en 2001 se pagaron 28 mil 675 millones de dólares; suma similar a la que se ha venido pagando desde 1982.