Brígida García y Olga Lorena Rojas

El Colegio de México

Resumen

En este trabajo se analizan los cambios sociodemográficos más significativos ocurridos en los patrones de unión en América Latina que podrían sugerir la proximidad de una segunda transición demográfica. Para ello se revisan tres aspectos fundamentales: las modificaciones en la edad media a la unión, el incremento en la disolución de las uniones y, finalmente, la prevalencia de las uniones consensuales. En cada uno de estos aspectos se sintetiza el conocimiento existente hasta la fecha y se exploran las conexiones entre la desigualdad social y los cambios en los patrones de formación familiar. A partir del análisis de los datos que aquí se presentan se concluye que no hay suficiente evidencia para sostener que los países latinoamericanos estén experimentando una segunda transición demográfica.

This article analyzes the most significant sociodemographic changes in marital and non-marital unions in Latin America that could suggest a possible second demographic transition. Three main subjects are examined: changes in the mean age at first union, increments in the dissolution of unions and the prevalence of consensual unions. In each subject covered, we synthesize the present body of knowledge and explore the links between social inequality and the changes in family formation patterns. From the analysis presented in this paper, we concluded that there is not enough evidence to suggest that the region is undergoing a second demographic transition.

Introducción

El objetivo de este trabajo es sistematizar y poner al día el conocimiento existente sobre las principales transformaciones ocurridas en la formación y disolución de las uniones en América Latina, a la luz de un posible advenimiento de la segunda transición demográfica. Nuestra estrategia ha consistido en seleccionar tres aspectos fundamentales: las modificaciones en la edad media a la unión, el incremento en la disolución de las uniones y, finalmente, la prevalencia de las uniones consensuales a fin de ilustrar el tipo de preguntas y la naturaleza de las respuestas que están teniendo lugar en nuestra región en un contexto de globalización, reestructuración económica y desigualdades sociales persistentes.

Dado nuestro interés analítico, nos importa no sólo clarificar los posibles niveles y tendencias que se observan en torno a estos fenómenos y los retos que se enfrentan para establecerlos a lo largo del tiempo, sino también tratar de establecer comparaciones con los países desarrollados y, fundamentalmente, ver en qué medida las transformaciones que tienen lugar son una expresión de las carencias de los grupos más necesitados, o también, en el otro extremo, una muestra de las nuevas formas de vivir de las minorías más privilegiadas de la región latinoamericana. En todo momento también buscamos estar atentas a posibles significados distintos entre sectores sociales allí donde prevalece un mismo patrón a lo largo de toda la sociedad.

El universo temporal de nuestro trabajo es la segunda mitad del siglo XX, aunque no en todas las ocasiones fue posible localizar información para la totalidad de este periodo. En lo que toca a la cobertura geográfica, nuestro esfuerzo ha estado encaminado a la inclusión de un número amplio de países de la región, buscando siempre una buena representación de contextos nacionales con diferentes niveles de desarrollo relativo. Además, con fines comparativos, se toma en cuenta información referente a Estados Unidos y Canadá, y se persigue establecer distancias o cercanías, convergencias y divergencias respecto a los patrones de unión y de disolución conyugales en Latinoamérica.

Como antecedente necesario del análisis que sigue hay que señalar que en el año 2000 era muy importante la proporción de población latinoamericana que continuaba teniendo niveles de vida deficitarios. Durante los dos últimos decenios del siglo XX, la mayor parte de los países de la región se vio inmersa en el proceso de globalización a la vez que enfrentó una severa crisis de su deuda externa y un subsecuente proceso de reestructuración económica. Es cierto que después de la "década perdida" de 1980 y durante gran parte de 1990 tuvieron lugar aumentos modestos del producto per cápita (1.4 por ciento para un conjunto de 19 países durante 1990-1997), pero en 1998-1999 este indicador del producto descendió hasta -0.5 por ciento motivado en cierta medida por la turbulencia financiera internacional de la crisis asiática y la depresión en el precio de las materias primas. Siguiendo estas tendencias, el porcentaje de la población pobre bajó de 41 a 36 por ciento en el primer periodo, pero es muy probable que este descenso se haya revertido después. En la actualidad se estima que la cifra de latinoamericanos pobres no estaría por debajo de los 220 millones (de un total de alrededor de 518 millones en 2000) (CEPAL, 2000). Según esta misma fuente, los sectores medios en nuestra región son sin duda minoritarios, ya que tres cuartas partes de la población de América Latina obtiene ingresos promedio que no rebasan cuatro líneas de pobreza, lo cual se considera insuficiente para que una familia típica pueda salir de su condición precaria. Los países peor ubicados en términos de niveles de pobreza alrededor del año 2000 eran Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras y Nicaragua, y los relativamente mejor situados en ese momento eran Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay.

A la par que persisten en América Latina grandes desigualdades socioeconómicas —entre países y al interior de ellos— interesa para los fines de este trabajo destacar importantes transformaciones en procesos, tales como el descenso de la mortalidad y la fecundidad, el incremento de los niveles de urbanización y de escolaridad promedio, así como la elevación de la participación femenina en los mercados de trabajo. Hacia finales del siglo XX se había alcanzado en la región una esperanza de vida al nacer de 66 y 73 años para hombres y mujeres, respectivamente, una tasa global de fecundidad ligeramente inferior a los tres hijos por mujer, una tasa de inserción escolar en los niveles de primaria y secundaria superior al 80 por ciento en la mayoría de los países y una tasa de participación laboral femenina de casi 40 por ciento respecto a la población de 12 años y más.¹ Muchos de estos cambios han afectado sobre todo la vida de las mujeres, y hoy se menciona con frecuencia que como antecedente y consecuencia de dichas transformaciones se está dando un cambio en el ámbito de las ideas y las valoraciones relacionado con una creciente pérdida de importancia del poder y control patriarcal, religioso y del Estado, además de un creciente proceso de individuación y autonomía femeninas, sobre todo en lo que respecta a la separación entre la vida sexual y reproductiva, gracias a la anticoncepción. Todo lo anterior llevaría a que se incremente cada vez más, tanto la ocurrencia como la tolerancia, hacia nuevos patrones de formación y de interrupción voluntaria de las uniones, así como nuevas formas de convivencia y residencia familiar (Jelín, 1991; Wainerman y Geldstein, 1994; Ramírez, 1995; Salles y Tuirán, 1998, y Ariza y Oliveira, 2001).

Es importante, sin embargo, documentar la rapidez y la extensión de estos procesos de cambio, sobre todo teniendo en cuenta las inequidades que prevalecen en América Latina, las cuales pueden haberse aún incrementado en algunos órdenes con los procesos de globalización y de reestructuración económica y social.² Desde esta perspectiva, es útil recordar que han coexistido en la región dos modelos de transición demográfica de altos a bajos niveles de mortalidad y fecundidad: uno, identificado con los sectores sociales más beneficiados por el desarrollo económico, la urbanización y el incremento en los niveles de escolaridad promedio, más cercano culturalmente a los patrones modernos de reproducción, basado en la ampliación del uso de métodos anticonceptivos. El otro, propio de los sectores más pobres y tradicionales de la sociedad, poco beneficiados por el desarrollo y sobre los que se impuso la modernización. En estas capas sociales —rurales y urbanas marginadas— la fecundidad descendió con los programas de planificación familiar, pero sin haberse dado mejorías sustanciales en sus niveles de vida (Zavala de Cosío, 1996, y Guzmán et al., 1996).

En América Latina, la pregunta sobre el posible advenimiento de la segunda transición demográfica —o sobre las nuevas tendencias que caracterizan a algunos de sus componentes—, está cada vez más presente en los estudios de nupcialidad y familia.³ No obstante, las respuestas no son homogéneas —variando según la información y metodología que se utilice, así como el país de que se trate— lo cual justifica nuestro esfuerzo por intentar ofrecer un panorama más general. Son muchos los aspectos que estarían involucrados en un tratamiento comprehensivo de este tema, pero la existencia de estudios previos, la disponibilidad de información, así como los intereses analíticos de este trabajo nos han llevado a priorizar tres fenómenos. Abordaremos primero, y de manera conjunta, los cambios en la edad de entrada a la unión conyugal y la disolución marital, y posteriormente analizaremos lo referente al incremento y significado de las uniones consensuales.

La postergación y la disolución de las uniones en América Latina

Los estudios comparativos sobre la nupcialidad latinoamericana nos han permitido conocer la evolución de la edad a la unión en varios países de la región en el transcurso del siglo XX, así como documentar algunas de las principales diferencias que se presentan entre los diversos contextos nacionales. Por medio de ellos sabemos que la edad a la unión conyugal en América Latina no es excesivamente joven, que ha mostrado mucha estabilidad a lo largo del tiempo y que no jugó un papel central en la reducción de los niveles de fecundidad. En la década de 1980 una parte importante de los países tenía una edad promedio a la unión conyugal entre 20 y 21 años, en algunas de las naciones del cono sur, como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, dicha edad era un poco más tardía (23 años) y en varios países de América Central y del Caribe era un poco más temprana (entre 18 y 19 años) (Naciones Unidas, 1990; Rosero-Bixby, 1996 y Zavala de Cosío, 1996).

Aunque las transformaciones en la edad a la unión en Latinoamérica han sido de magnitud reducida, en diversos diagnósticos para el conjunto de la región se toma la posición de destacar la tendencia a la alza en este particular (Rossetti, 1993; CEPAL, 1994 y Ramírez, 1995). En cambio, en otros estudios comparativos se es más escéptico sobre la existencia de un patrón regional de incremento en la edad de la unión conyugal, por lo menos hasta finales de la década de 1980 (Naciones Unidas, 1990 y Rosero-Bixby, 1996). Es relevante entonces aportar evidencia adicional para intentar enriquecer la discusión sobre la ubicación de América Latina en el posible inicio de una segunda transición demográfica.

En el cuadro 1 se presenta información sobre la edad media de los solteros al momento de la unión hasta la década de 1990 y permite examinar para un conjunto de 11 países latinoamericanos (en forma comparativa con Estados Unidos y Canadá) la evolución de este indicador para las últimas décadas.⁴ Con base en esta información cabe reafirmar que los cambios más perceptibles se observan para las mujeres, y que la tendencia sigue siendo a la alza pero de magnitud siempre modesta. Asimismo, llama la atención el hecho de que hacia finales del periodo analizado la brecha entre los diferentes países haya tendido a cerrarse. Aun naciones como Panamá, El Salvador y Guatemala que partían de las edades femeninas más tempranas, se acercaban en esa fecha a los 21-22 años de edad promedio a la unión conyugal, lo cual hace que todos estos contextos nacionales se ubiquen de manera cada vez más cercana al nivel de los 23 años que tenían desde el comienzo del periodo Argentina, Chile y Uruguay. En lo que respecta a los hombres, su edad promedio a la unión no ha variado significativamente con el paso del tiempo, y de hecho se aprecia una disminución en algunos países, lo cual ha propiciado que las diferencias de edad entre los cónyuges se hayan reducido ligeramente.

Lo anterior nos indica que la unión o el matrimonio permanece como una alternativa central en la vida de mujeres y hombres jóvenes latinoamericanos, y que la postergación de esta opción de gran trasfondo cultural sigue siendo paulatina. Al parecer, en nuestro caso se trata todavía de uno de los aspectos de la vida familiar más difíciles de transformar de manera acentuada, aun en presencia de cambios socioeconómicos y en la vida femenina como los que hemos señalado. En todo caso, hay que subrayar que hacia el final del siglo XX existía una diferencia considerable en la edad de entrada a la unión conyugal entre América Latina y Estados Unidos y Canadá (entre tres y cuatro años de diferencia en las edades medias a la unión).

¿Son las tendencias actuales en la disolución marital por separación o divorcio semejantes a las observadas en la edad a la unión? Esta es una pregunta más difícil de contestar, en primer lugar por la escasez de trabajos sobre este aspecto en la región.⁶ También cuenta el hecho de que no todas las fuentes de información disponibles registran de manera adecuada las separaciones que provienen de las uniones consensuales y de los matrimonios, cuando se sabe que la separación, más que el divorcio, es la forma preferente de disolución de la unión conyugal, independientemente de su tipo. De tal suerte que si se tomaran en cuenta las separaciones, el nivel de disolución marital se incrementaría considerablemente. Además, hay que recordar que hasta 1985 siete de 19 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Paraguay) no tenían una ley de divorcio (Rossetti, 1993).

Con las salvedades expuestas, es muy ilustrativo observar la evolución del cociente entre divorcios y matrimonios que se presenta en el cuadro 2 para un total de nueve países de la región (junto con Estados Unidos y Canadá). Éste es un indicador muy grueso del fenómeno de la disolución marital, no sólo por su naturaleza, sino por el hecho de que se refiere a la interrupción voluntaria de los matrimonios legalmente constituidos (divorcios) y no a las separaciones. No obstante, es útil porque nos permite trazar una tendencia de mediano plazo y además incorporar información hasta 1996 para un número interesante de contextos nacionales.

En lo que respecta al nivel que alcanza el cociente entre divorcios y matrimonios, sigue sobresaliendo el caso de Cuba —muy cercano ya a Estados Unidos y Canadá— país que presenta no sólo una elevada escolaridad y participación femenina en los mercados de trabajo, sino un marco institucional y legal que ha facilitado la concreción de las interrupciones voluntarias de los matrimonios y también de los embarazos. En el caso cubano —y también en el de otros países del Caribe que presentan un grado elevado de disolución marital, como Puerto Rico y la República Dominicana—⁷ también habría que tener en cuenta el posible peso de la herencia cultural de matrifocalidad en algunos sectores sociales, la cual puede facilitar la disolución de uniones conflictivas, así como la formación de hogares jefaturados por mujeres.

En lo que concierne a las tendencias, la información del cuadro 2 nos indica que en la gran mayoría de los casos se ha incrementado de manera sistemática y acentuada el cociente que relaciona los divorcios con los matrimonios. Sin embargo, también se aprecian algunas diferencias al interior de la región, pues mientras en Costa Rica se duplicó y en Venezuela se cuadruplicó entre 1980 y 1996, en México y Guatemala se mantuvo casi constante. Pese a que se parte de niveles muy reducidos, consideramos que en este fenómeno de la disolución marital hay indicios de transformación dignos de ser tenidos en cuenta. Es importante establecer con mayor precisión su verdadero alcance, y también conocer mejor los factores que le están dando origen, tanto de orden macrosocial como en lo relacionado con la posición de la mujer en la sociedad y las relaciones entre los géneros.

Por lo que toca a los diferenciales socioeconómicos en la interrupción voluntaria de la unión o el matrimonio, la información con que contamos no es concluyente. Por un lado, hay estudios que indican una relación inversa entre posición socioeconómica y disolución marital, que probablemente tenga mucho que ver con el fenómeno de las uniones consensuales más características de los estratos menos favorecidos.⁸ Y por otro lado, ciertas investigaciones reportan que la interrupción del vínculo conyugal es más frecuente cuando hay un mayor desarrollo socioeconómico, en las áreas urbanas y a medida que tiene lugar una participación —en el ámbito público— más amplia de la mujer. Por ello se establece que la propensión a la separación ha aumentado de acuerdo con la escala social, y que es mayor cuando las mujeres trabajan o estudian y entre las que perciben un ingreso igual o superior al del cónyuge. Se señala también en esa dirección que el divorcio (o las nulidades por el civil en el caso de Chile) es una práctica más frecuente entre los sectores medio y alto, ya sea porque se divorcian los que se han casado legalmente, o porque el divorcio supone atravesar trámites legales que demandan erogaciones económicas, por lo que las personas de escasos recursos difícilmente acuden a los tribunales para formalizar la disolución matrimonial.⁹

Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de mayor investigación en este campo, pues nos alertan sobre el hecho de que sería incorrecto atribuir un sentido unívoco a los distintos tipos de disolución conyugal (separación, divorcio, anulaciones) entre los diferentes sectores sociales. En los futuros estudios sería muy importante tener en cuenta no sólo los factores socioeconómicos detrás de estos fenómenos, sino también las motivaciones individuales.¹⁰

Uno de los rasgos distintivos del patrón de nupcialidad latinoamericano es la importancia de las uniones consensuales, las cuales sabemos que pueden constituir una forma de unión conyugal muy común y socialmente reconocida.¹¹ Se ha argumentado que este particular vínculo conyugal tiene importantes raíces históricas puesto que constituye un vestigio del pasado colonial y de la esclavitud, aunque algunos autores enfatizan que el principal factor determinante es la pobreza (Charbit, 1987). La información estadística existente ha permitido constatar que, desde la década de 1950, había una clara diferenciación en su prevalencia a lo largo de la región puesto que las proporciones de mujeres unidas consensualmente eran mucho mayores en la mayoría de los países centroamericanos y del Caribe —en donde este tipo de vínculo puede adquirir incluso mayor importancia que los matrimonios— en contraste con lo que ocurre en varios países de América del Sur, o también en el caso de México, en donde las uniones consensuales siempre han sido menos relevantes (Camisa, 1977; Naciones Unidas, 1990; Rossetti, 1993; Ramírez, 1995; Castro, 1997 y Quilodrán, 1999).

Las investigaciones sobre el tema han corroborado que la consensualidad es más común entre los sectores sociales menos favorecidos —donde la subordinación femenina es mayor—, con menor nivel de instrucción y entre la población que reside en ámbitos rurales y urbanos marginados. Se conoce también que la unión libre ha sido tradicionalmente más temprana que el matrimonio y que es más frecuente entre los jóvenes, quienes inician su vida conyugal de esta manera, casi siempre con la aspiración de legalizar su unión, y de hecho, en varios países se ha constatado que proporciones significativas de las uniones consensuales se legalizan con el tiempo. Por ello, la importancia de las uniones consensuales tiende a disminuir conforme aumenta la edad o se cambia la observación de la primera unión a la unión actual, en la medida en que estas uniones se disuelven o se legalizan progresivamente. Asimismo, también se sabe de tiempo atrás que las uniones libres tienden a ser más inestables que las uniones legales y que al parecer esta inestabilidad tiende a ser más común en las zonas urbanas que en las rurales.¹² En fin, la unión libre tradicional latinoamericana se encuentra lejos de ser un símbolo de emancipación femenina y de abandono de las normas que rigen la institución matrimonial, tal y como sí sucede en la actualidad en los países desarrollados (véase la argumentación en este sentido en Castro, 1997 y Quilodrán, 2000).¹³

Las evidencias estadísticas presentadas en diversos trabajos indican un incremento significativo de las uniones consensuales en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente en aquellos países donde eran menos importantes (Argentina, Chile, Brasil). Como puede verse en el cuadro 3, este aumento tiene lugar a lo largo de diferentes décadas, y definitivamente podemos decir que lejos de perder su ímpetu, lo ha incluso aumentado en muchos casos en los años 1980-1990, último periodo considerado.

También es interesante destacar-como ya ha sido hecho en otros trabajos—que, a pesar de los incrementos, todavía en la actualidad varios países centroamericanos y del Caribe permanecen con mayores porcentajes de uniones libres que los alcanzados por diversas naciones de América del Sur, además de México y Costa Rica (Rosero-Bixby, 1996; Castro, 1997 y Quilodrán, 1999).¹⁴

¿Se deben estos aumentos a una acentuación del fenómeno de la unión libre tradicional, o también indican el surgimiento de un tipo de unión consensual distinta con características semejantes a la de los países desarrollados? Esta es una pregunta clave en los estudios actuales de nupcialidad y familia latinoamericana, y demanda un diseño específico de investigación que tenga en cuenta las características socioeconómicas de las nuevas uniones que se están formando según distintos patrones.

Estudios de este tipo han sido llevados a cabo al menos en los casos de México, Argentina y Chile, con resultados un tanto diferentes. Por ejemplo, en el caso de México, Quilodrán (2000) y Solís (2000) parten de constatar que se ha registrado en los últimos años de la década de 1990 un importante incremento de la cohabitación en este país.¹⁵ No obstante, llegan a la conclusión de que no se trata de un fenómeno nuevo, sino del mismo tipo de consensualidad conocida de tiempo atrás, asociada a ámbitos rurales, a población pobre y con escasa escolaridad.

Por el contrario, en los casos de Chile y Argentina —donde también se parte de fundamentar un incremento de la población conviviente—¹⁶ algunos autores subrayan más los cambios, aunque habría que llevar a cabo investigaciones verdaderamente comparativas que precisasen la extensión de los mismos entre diferentes grupos sociales en los diversos países de la región. Por lo pronto, autores como Wainerman y Geldstein (1994) indican que hacia 1989 en el área metropolitana de Buenos Aires se incrementaron las uniones consensuales principalmente entre los sectores de menores ingresos; sin embargo, también señalan que más personas de los sectores de mayores ingresos adoptaron esta pauta de unión conyugal. Entre estos últimos grupos mejor ubicados, la cohabitación sería una opción elegida preferentemente por varones mayores de 40 años y por mujeres mayores de 25 años. Para dichas autoras estos hechos constituirían importantes indicaciones de un cambio social y cultural. El tránsito hacia la consensualidad obedecería entonces a diferentes razones y significados, puesto que entre los jóvenes de sectores de bajos ingresos se debería a dificultades económicas para constituir un hogar, en tanto que entre las personas mayores de sectores de altos ingresos sería producto de nuevas uniones posteriores a separaciones y divorcios (Wainerman y Geldstein, 1994).

En síntesis, las tendencias examinadas en los patrones de formación y disolución de las uniones en América Latina nos indican que pueden estarse dando en algunos países algunas señales de cambio en la dirección de una segunda transición demográfica; no obstante, la mayor parte de la evidencia impide afirmar que una transformación de esa envergadura esté plenamente en marcha y que los cambios observados tengan su origen en una mayor autonomía individual y emancipación femenina, pues se trataría precisamente de lo contrario. En todo caso, las modificaciones hasta ahora tienen más que ver con el tipo y/o las pautas de disolución de las uniones, y menos con el postergamiento de la entrada a la unión. La opción de diferir de manera acentuada la entrada a la unión conyugal (o de renunciar a ella de manera definitiva) estaría menos presente en la actualidad en la región latinoamericana.¹⁷

Consideraciones finales

La sistematización de algunos estudios y el análisis de la información que llevamos a cabo en este trabajo nos permitió llegar a los siguientes resultados sobre las transformaciones en la formación y disolución familiar en América Latina ocurridas durante las últimas décadas del siglo XX. Los cambios principales atañen a la disolución marital y a las uniones consensuales, que se han incrementado de manera notable en muchos países. La edad a la unión continúa siendo la dimensión para la que se observan menos transformaciones a lo largo del tiempo, aunque en la década de 1990 ninguno de los países considerados tenía una nupcialidad femenina precoz (menor a los 21 años). Pese a que los cambios en la disolución de las uniones y en las uniones consensuales van en la dirección de lo que se ha llamado la segunda transición demográfica, consideramos que todavía dicha transición no ha tomado su curso en América Latina, porque gran parte de las transformaciones tienen una naturaleza y un significado distintos. Al menos en el caso de las uniones consensuales, quedó claro que su principal origen sigue asentándose en la pobreza y la subordinación femenina, aunque se observaron indicios en la dirección opuesta en algunos países del cono sur y a los que hay que poner atención.

Si se consideran las diferencias al interior de América Latina, nuestra investigación permite, en primer lugar, ratificar hallazgos anteriores que separan a los países del cono sur del resto de la región. Encontramos que Argentina y Uruguay (y también Chile en casi todas las instancias) —países que hacia finales del siglo XX contaban con relativamente mejores condiciones de vida y que estuvieron a la vanguardia de la primera transición demográfica— se diferencian claramente de los demás en lo que toca a las edades relativamente más tardías a la primera unión y la menor prevalencia de las uniones consensuales. En segundo término, los resultados de este estudio también confirman que muchos países centroamericanos y del Caribe —donde el panorama económico ha sido tradicionalmente más difícil y la herencia cultural de matrifocalidad está tal vez más presente— se siguen distinguiendo de los demás en lo que concierne a la mayor prevalencia de las uniones consensuales, y especialmente el Caribe en lo que toca a la mayor disolución de las uniones.

Las diferencias son todavía muy considerables entre América Latina y los países desarrollados de nuestro continente en lo que respecta a la formación familiar, puesto que en Canadá y Estados Unidos la edad promedio a la unión es mucho más tardía, y el significado de las uniones consensuales probablemente continúe en gran medida siendo opuesto en los dos contextos, aunque hay señales de algunos cambios en los países del cono sur latinoamericano que en el futuro harían matizar esta aseveración. De tal suerte que aunque se podría argumentar que las tendencias analizadas en algunas de estas dimensiones irían en la dirección de una eventual convergencia, hasta ahora hay señales suficientes de que los patrones latinoamericanos de formación y disolución familiar son significativamente distintos a los de Estados Unidos y Canadá, lo cual tiene su origen en herencias culturales dispares y niveles de desarrollo económico muy desiguales.

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Notas

¹ Con excepción de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, América Latina es la región en desarrollo cuyos indicadores de urbanización, escolaridad, mortalidad y fecundidad se asemejan en mayor medida a los de los países hoy desarrollados (véanse las tablas de indicadores demográficos y sociales elaboradas por las Naciones Unidas (1998) y por el Population Reference Bureau (2000). Véase también, De Graff y Anker, 1999 y Unesco, 1999).

³ Véanse, por ejemplo, Rossetti, 1993 y Quilodrán, 1999, para varios países en la región; Wainerman y Geldstein, 1994, para Argentina; Muñoz y Reyes, 1997, para Chile; Ariza y Oliveira, 1999, para diversos países del Caribe, y Quilodrán, 2000; Solís, 2000; Gómez de León y Rabell (s/f) para México, entre otros.

⁴ En los datos del cuadro 1 se consideran tanto las uniones consensuales como los matrimonios. Al interpretarlos hay que tener en consideración que la calidad de la información sobre ambos tipos de eventos es diferencial, ya que las uniones consensuales —más comunes en Centroamérica y el Caribe— no siempre se reportan como uniones maritales, aun cuando son socialmente reconocidas como tales (Naciones Unidas, 1990, y De Vos, 1999). En todo caso, es necesario tener en consideración que la edad promedio de las mujeres a la primera unión varía de acuerdo con el tipo de la misma, puesto que se sabe que quienes inician una relación consensual lo hacen de manera más temprana que quienes contraen matrimonio (Quilodrán, 1999).

⁵ Véanse Wainerman y Geldstein (1994) para Argentina; Muñoz y Reyes (1997) para Chile; Quilodrán (en prensa) y Vázquez (2000) para México, y Naciones Unidas (1990), Rossetti (1993) y Ramírez (1995) para Latinoamérica en general.

⁶ Algunos de los estudios que incorporan mayor cantidad de países y momentos en el tiempo sobre este tema en América Latina están principalmente centrados en el posible efecto de la disolución de las uniones sobre la disminución de la fecundidad (véase, Rossetti, 1993 y Rosero-Bixby, 1996).

⁷ República Dominicana no está incluida en el cuadro 2, pero sabemos por otros estudios de su elevado índice de disolución marital (véase Rosero-Bixby,1996).

⁸ De acuerdo con los resultados de la investigación de Geldstein (1994) en barrios populares del área metropolitana de Buenos Aires, entre los sectores populares las circunstancias económicas de crisis recesivas se han constituido en un factor que incrementa el número de separaciones conyugales.

⁹ Véanse los trabajos de Ojeda (1986) y Oliveira et al. (1999), para México; Geldstein (1994), Wainerman y Geldstein (1994) y Meler (1998), para Argentina; Muñoz y Reyes (1997), para Chile; Rossetti (1993) y Ramírez (1995), para América Latina en general.

¹⁰ Una investigación en Chile constató que los sectores sociales de mayores ingresos atribuyen la interrupción conyugal a motivos relacionados con la propia relación: incompatibilidad, incomunicación o inmadurez. En tanto que en los sectores más pobres los problemas económicos cobran especial relevancia. También se encontraron evidencias de que en los sectores medio y alto son las mujeres preferentemente las que manifiestan su deseo de romper la relación, mientras que en los sectores de escasos recursos son los varones quienes toman la decisión de abandonar el hogar (Muñoz y Reyes, 1997).

¹¹ Hallazgos al respecto han sido aportados desde finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 por investigaciones pioneras realizadas por Camisa (1977) y Quilodrán (1985).

¹³ Este planteamiento también ha sido desarrollado en profundidad para el caso de las "uniones de visita" caribeñas en comparación con el modelo de "living apart together" europeo por Ariza y Oliveira (1999). Estas autoras argumentan que ambos patrones de unión se aproximan en sus aspectos formales, pero que no puede hablarse de una convergencia entre ellos. Las "uniones de visita" constituyen una práctica social de larga tradición histórica y cultural que se concentra en las etapas iniciales de formación de la pareja, y que tienden también a legalizarse por medio del matrimonio incluso con mayor frecuencia que las uniones consensuales en algunos países. En este caso no podría propiamente hablarse de una desinstitucionalización de la familia, sino más bien de lo contrario.

¹⁴ En la interpretación de estas tendencias habría que tener en cuenta que en algunos de estos países no ha existido a lo largo de los años la opción del divorcio, por lo que la alternativa de la unión consensual a veces se presenta como la única posible después de una separación.

¹⁵ Estos incrementos son ciertamente considerables. Quilodrán encuentra que la proporción de uniones libres en el grupo de 15 a 19 años aumentó de 25.6 por ciento, en 1970, a 46.5 por ciento, en 1997. Por su parte, Solís estima un crecimiento de la consensualidad de 19.5 a 25.4 por ciento para las cohortes de mujeres nacidas entre 1943-1952 y 1968-1972. También Welti (2000) ha señalado recientemente que de 1990 a 2000 las uniones libres se han incrementado de manera notable entre los jóvenes mexicanos de 15 a 19 años, de un 35.4 a 49.3 por ciento, lo que implica que, entre las mujeres, una de cada dos adolescentes unidas actualmente vive en unión consensual.

¹⁶ Entre 1982 y 1992 se señala en Chile una disminución de los casados legalmente y un aumento de los convivientes en todos los tramos de edad, tendencia que venía observándose desde la década de 1970. En 1992 más de medio millón de personas de 15 años y más era conviviente, lo que representaba 9.9 por ciento de los que vivían en pareja. Del total de unidos menores de 20 años, los que han optado por la cohabitación representan poco más de una quinta parte (21.6 por ciento) (Muñoz y Reyes, 1997). En Argentina, un análisis del estado civil en el área metropolitana de Buenos Aires entre 1980 y 1989 mostró un descenso de la población casada (de 58 a 54 por ciento), pero acompañado de un claro aumento de la población unida consensualmente en el transcurso de esa década (de cuatro a siete por ciento) (Wainerman y Geldstein, 1994).

¹⁷ Aunque en este trabajo no tratamos la prevalencia de la unión conyugal en la región, se sabe, a medida que se mejora la información, que dicha prevalencia es elevada en varios países de la misma (véase Naciones Unidas, 1990).