Escenarios e identidades del SNTE: entre el sistema educativo y el sistema político**

Aldo Muñoz Armenta*

* Profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana-Ciudad de México. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, México, CP 01219, DF. CE: aldo.munoz@uia.mx.

Artículo recibido: 11 de septiembre de 2007 ]]> Dictaminado: 22 de noviembre de 2007
Segunda versión: 8 de enero de 2008
Aceptado: 18 de enero de 2008

Resumen

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a pesar del triunfo del Partido Acción Nacional en la Presidencia de la República, mantiene su estructura corporativa y el consentimiento de las autoridades políticas para intervenir en el sistema educativo y utilizar recursos públicos en campañas electorales en favor de sus aliados. Esto se explica porque desempeña una función estratégica para la gobernabilidad en el ámbito educativo: control sobre los trabajadores, y por la actitud pragmática de sus dirigentes frente al Ejecutivo y los partidos políticos: el sindicato aprueba las propuestas presidenciales a cambio de consentir la discrecionalidad en el gobierno sindical y conservar los espacios de poder en el sistema educativo, y apoya a los partidos que le garanticen posiciones de poder. El propósito de este trabajo es explicar los factores institucionales que posibilitan que el SNTE se constituya como grupo de presión en el sector educativo nacional y los que lo sitúan como un actor político.

Palabras clave: sindicalismo, magisterio, poder, política educativa, México.

Abstract:

In spite of the triumph of the National Action Party (Partido Acción Nacional-PAN) in Mexico's presidential elections, the National Union of Workers in Education (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación- SNTE) maintains a corporatist structure; it also enjoys the consent of the political authorities to intervene in the educational system and to use public resources in electoral campaigns to favor its allies. The explanation is that the union performs a strategic function for governability in the educational setting: control over workers. Union leaders have a pragmatic attitude toward the executive branch and political parties: the union approves presidential proposals in exchange for state toleration of discretionary union government and the preservation of power in the educational system. The union supports parties that guarantee positions of power. The purpose of this article is to explain the institutional factors that enable the SNTE to exist as a pressure group in the national educational sector, as well as the factors that make it a political actor.

Introducción

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en términos jurídicos, es la organización que representa alrededor de un millón 300 mil trabajadores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los sistemas educativos de 31 entidades federativas del país. Comparte la representación de docentes y administrativos de las escuelas públicas del nivel básico con otras organizaciones, las cuales, empero, tienen un carácter marginal en su alcance territorial y número de agremiados.

Además del carácter prácticamente monopólico de la representación y del número de agremiados, el SNTE -a diferencia del resto de las organizaciones sindicales de carácter "nacional" que dependen del gobierno federal o incluso del sector privado- está involucrado en la administración y control de recursos del espacio político-administrativo donde se ubica. Desde esta lógica de análisis, para entender las características particulares del SNTE y las diferentes estrategias que ha desarrollado a lo largo de su historia, el presente trabajo propone estudiar su desempeño desde tres perspectivas analíticas:

En primer lugar, como un "sindicato corporativo", es decir, que prácticamente tiene el monopolio de la representación de sus agremiados porque, de acuerdo con la ley correspondiente, no pueden salirse ni cambiar de sindicato.

En segundo lugar, como una "organización de carácter oligárquico", pues sus dirigentes nacionales tienden a constituir liderazgos que se mantienen en el poder por largas temporadas y se desempeñan como un grupo cerrado, bien porque tienen el reconocimiento oficial de las autoridades laborales y del sector educativo (a cambio de control, lealtad institucional y apoyo político-electoral) o bien porque son capaces de restringir y manejar la competencia por los principales cargos de representación gremial, entre otras cosas, porque la ley laboral lo incentiva.

En tercer lugar, como un grupo de interés que, en forma centralizada y descentralizada, recurre a diversas estrategias para presionar a las autoridades educativas en lo relativo al aumento de salarios y prestaciones, pero también en lo que respecta al mantenimiento de sus espacios de control en el ámbito del sector educativo nacional y de los estados. Dichas estrategias son:

1) al amparo de la normatividad de las relaciones laborales SEP-SNTE, como la Ley General de Educación, las Condiciones Generales de Trabajo, el reglamento de Escalafón y los lineamientos de Carrera Magisterial, los líderes sindicales han "colonizado" el aparato educativo de dos formas: ubicando a sus cuadros en los puestos directivos "de confianza" y manejando la totalidad de la asignación de las plazas, así como los ascensos y permutas;

]]> 2) la movilización que implica el paro de labores, la toma de instalaciones y actos de protesta en las calles con el apoyo de organizaciones sociales de naturaleza diversa;

3) la construcción de alianzas políticas con el partido en el gobierno tanto federal como estatal, circunstancia en la que el SNTE toma forma de "fracción partidista", de manera que algunos de sus líderes, a cambio de ser postulados como candidatos a diputados federales o locales, utilizan a cierto número de agremiados para que colaboren en la campaña respectiva y además invierten recursos sindicales en la promoción del voto;

4) la coalición o alianza electoral a través del partido del SNTE, Nueva Alianza (Panal), acuerdo que se desarrolla en los mismos términos de su actuación como fracción de partido;

5) ubicación de los legisladores del SNTE en las comisiones de educación y de presupuesto con el apoyo de los partidos mayoritarios, posiciones desde las cuales, en acuerdo con las dirigencias locales o nacional del gremio, recurren a diversas prácticas de cabildeo e intercambio de apoyos con el fin de vetar, congelar o promover iniciativas que pudieran afectar o mejorar su posición político-administrativa en el sector educativo; y

6) la dirigencia nacional del sindicato, con el potencial respaldo de las estrategias enunciadas en el marco del control "corporativo" y el liderazgo "oligárquico", procura negociar un acuerdo con el Presidente de la República en turno tanto en asuntos de orden estructural, como es el caso de una reforma en el sector educativo o en los de tipo coyuntural, como un aumento de salario o la respectiva partida presupuestal para educación.

A partir de estas consideraciones de carácter analítico, el propósito de este trabajo es explicar los factores institucionales que hacen posible que el SNTE se constituya como grupo de presión en el marco del sector educativo nacional y aquéllos que lo sitúan como un actor político, esto es, interesado principalmente en ganar posiciones de "poder", bien en el ámbito de la administración pública o en el terreno de la representación popular. En tal sentido, el trabajo pretende exponer y analizar las estrategias utilizadas por esta organización sindical en ambas facetas, destacando que, pese a que por momentos distrae sus recursos para actuar como grupo de presión o como actor político, la mayor parte de sus acciones se concentran en la intermediación entre trabajadores y autoridades políticas.

El argumento central del documento establece que por las funciones de control y al mismo tiempo de negociación-intermediación que cumple el sindicato -en el marco de un sistema educativo organizado bajo un esquema piramidal-corporativo, pero a la par de corte federalista- sus dirigentes están obligados a ubicarse a un mismo tiempo en los terrenos de los sistemas político y educativo. Desde el espacio de la política, se generan los incentivos que fortalecen la autoridad interna de los líderes y cimientan su legitimidad como interlocutores frente a actores externos, particularmente en el caso de los partidos políticos y los gobiernos estatales y federal. En tanto que desde el terreno de lo educativo se estructuran los incentivos que posibilitan el control de los trabajadores en un sentido corporativo pero, sobre todo, favorecen su lealtad al sindicato y al sistema en su conjunto, pues en muchas circunstancias ambos están imbricados. En otras palabras, obedecer las directrices sindicales, sea de tipo regional o nacional, implica reconocer la autoridad del sistema educativo y rechazar o ignorar la intromisión de agentes externos, sean actores sociales o de tipo político.

El trabajo está organizado en dos apartados. En el primero se explica por qué el SNTE es un sindicato de tipo "corporativo" y cómo esta forma de estructurar la agremiación ha dado lugar a la presencia de "oligarquías" que si bien han sido capaces de construir liderazgos con cierto grado de autonomía, su fortaleza depende principalmente del apoyo que reciben de las autoridades políticas, particularmente de la Presidencia de la República en el caso de la dirección nacional del sindicato.

En este mismo aparatado se explica en qué términos el SNTE es un grupo de presión y cuáles son las circunstancias que en forma centralizada o descentralizada le permiten actuar "institucionalmente", es decir, como negociador administrativo de los asuntos laborales y en los canales autorizados o, bien, como un actor que presiona desde las esferas de la opinión pública y las instituciones políticas o incluso como un tipo de "movimiento social" que privilegia el paro, la toma de instalaciones y la típica protesta en las calles.

En el segundo apartado se explica cuáles son las características del SNTE como actor político y por qué pese a que su principal aliado político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdió la Presidencia en el año 2000, este sindicato, a diferencia de otras organizaciones corporativas gremiales, pudo construir y mantener una alianza, primero, con el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) y, posteriormente, con la estructura panista. Al respecto se señala que diversos factores de tipo institucional y otros de carácter coyuntural hicieron posible que el SNTE suplantara al PAN en lugar del PRI como aliado político. Del lado del gobierno, las características corporativas de este sindicato han garantizado el control y la estabilidad en el sistema educativo, lo que es fundamental para un partido sin experiencia de gobierno en el nivel federal y, más aún, la estructura vertical, oligárquica y corporativa del SNTE (ahora con el apoyo del nuevo partido del magisterio) funciona como una maquinaria electoral "ganadora" que compensa las deficiencias organizativas de Acción Nacional en la competencia electoral. Por su parte, el sindicato no solamente ha conseguido de los panistas mantener sus espacios de control en el sector educativo, sino que los ha incrementado en forma significativa, además de que ha mejorado sus rentas electorales y su capacidad de influir en la agenda legislativa en las áreas relativas a su jurisdicción, esto es, el presupuesto que maneja la SEP, la seguridad social dependiente del gobierno federal y lo relativo a los cambios normativos en la educación.

Los pilares del control corporativo

El SNTE fue creado en 1944 por auspicio del gobierno mexicano, el cual convocó a la unificación de las organizaciones magisteriales entonces existentes para que conformaran una organización de carácter "nacional" que agrupara a los trabajadores de educación básica y secundaria de cada uno de los estados y municipios. Así, el SNTE es la única organización gremial que representa a los trabajadores de la educación pública en los ámbitos nacional y estatal (SNTE, 1989). Este sindicato se define a sí mismo como:

La organización de estructura nacional y unitaria de los trabajadores de la educación, que promueve la defensa y continuo mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, laborales y profesionales de sus agremiados. Se integra por los trabajadores al servicio de la educación, dependientes de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos de los estados, de los municipios, de empresas del sector privado, de los organismos descentralizados, jubilados y pensionados del servicio educativo de las entidades citadas (SNTE, Declaración de Principios, 2004, artículo 5).

El SNTE es parte de la constelación corporativa de las organizaciones de los empleados públicos, de forma que fue integrante del Congreso del Trabajo, organismo cúpula de los trabajadores organizados y miembro, hasta 1989, del sector popular del PRI. Todavía como representante de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2004 formó parte de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) pero, a partir del 27 de febrero de 2004, se incorporó a la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.¹

La fuerza corporativa del SNTE se asentó en el hecho de que la legislación laboral que regula las actividades sindicales de los empleados públicos en México establece que no puede haber otro sindicato al interior de la SEP,² por tanto el SNTE no ha competido con otras organizaciones laborales por la representación del gremio magisterial ni a nivel nacional ni en las 32 entidades del país. Al ingresar a la SEP, los trabajadores, salvo los de confianza, quedaban afiliados automáticamente al sindicato.

El SNTE está compuesto por 56 secciones que están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional y se dividen en siete mil delegaciones. Hasta mayo de 1992, antes de la federalización de la educación básica, las secciones estaban dividas en federales, estatales, únicas y una de escuelas particulares. Las primeras estaban integradas por los trabajadores de la educación que prestaban sus servicios en instituciones que dependían, laboral y financieramente, del gobierno federal. Las segundas, correspondían a los empleados que tenían como contraparte patronal a los gobiernos de los estados. Las secciones únicas agrupaban, por lo regular dentro de una misma entidad federativa, a los empleados dependientes del presupuesto federal y estatal (Loyo y Muñoz, 2003; Peláez, 1999; Benavides y Velasco, 1992).

De acuerdo con la teoría de la organización, el magisterio es una organización semiprofesional³ porque no se puede ignorar a los maestros y a sus representantes sindicales en el diseño y puesta en marcha de una política pública en las escuelas. Incluso se puede señalar que sin el apoyo y acuerdo del magisterio es muy probable que una decisión de política educativa fracase. Este esquema funciona así por la naturaleza organizativa del trabajo magisterial, en el sentido de que sus miembros están plenamente involucrados con los objetivos de los centros escolares, a diferencia de otros profesionistas que prestan su labor en la administración pública. Si bien en la SEP se deciden los objetivos de las escuelas, no se puede dejar de consultar a los representantes sindicales o incluso a los maestros porque son ellos quienes ponen en marcha las decisiones.

En estos términos, aunque el SNTE es un mecanismo institucional de control para efectos de la movilización política, para la subordinación en cuestiones laborales y para guardar la línea ideológico-política de los planes y programas de estudios, en materia de cuestiones profesionales, los dirigentes del magisterio y aun sus miembros siempre han mostrado beligerancia.

El maestro, se dice, lo ha de ser por vocación, la cual conlleva una valoración moral, cívica y social. El maestro debe ser ejemplo no sólo en el aula, sino también fuera de ella; es distinto de otros empleados públicos, ya que no es el burócrata que se despoja de su identidad laboral una vez que sale de la oficina; el maestro sigue siendo maestro, es decir, encarna un conjunto de cualidades que se le atribuyen por el hecho de serlo [...] Además de formarse en escuelas especiales -diversos tipos de "escuelas normales"- el maestro frecuentemente contrae matrimonio con una persona de su misma profesión. Existen familias enteras en que lo normal es ingresar a la "Normal" [...] Las relaciones corporativas [...] en el caso del magisterio conllevan una fuerte dimensión cultural (Loyo, 1992b:250).

Adicionalmente, el control corporativo no puede dejar de lado el hecho de que el SNTE está formado por diferentes grupos profesionales que en ocasiones se disputan los cargos de representación nacional y, por tanto, los beneficios de las negociaciones en las esferas nacional y estatal: maestros de educación preescolar, primaria y secundaria que son "normalistas"; profesionistas "libres" que ofrecen sus servicios en el nivel de secundaria y en instituciones de educación media superior y superior. Asimismo, estas tensiones incluyen a los trabajadores manuales y administrativos que prestan sus servicios en el sector educativo.

El magisterio como movimiento social

También es importante el control para el gobierno porque el SNTE se integró desde su fundación por algunos grupos que, por razones ideológicas o laborales, generalmente han asumido una actitud de beligerancia o confrontación con los dirigentes nacionales y seccionales. En este sentido, "las corrientes" opositoras, desde la fundación del sindicato, han defendido diversas causas que desde su perspectiva, la dirigencia nacional no considera en las negociaciones anuales con la SEP y los gobiernos estatales.

La demanda central de los grupos disidentes ha sido las mejoras en el salario y las prestaciones. Esto no puede considerarse una simple fachada, pues los maestros disidentes, salvo la excepción de los del Estado de México (los integrantes de la sección 36) y el Distrito Federal (los miembros de las secciones 9 y 10) a finales de la década de los ochenta, históricamente se han ubicado en las regiones geográficas y económicas de alta marginación. Al respecto, destacan la sección 22 de Oaxaca, la 7 y 40 de Chiapas, la 14 de Guerrero y la 18 de Michoacán.

Las mejoras en el salario y prestaciones generalmente se presentan como un aumento directo al salario, incremento en el pago de los días de aguinaldo y rezonificación, es decir, demanda para que las zonas geográficas donde laboran sean consideradas como zonas urbanas; asimismo, solicitan apoyos para que los maestros rurales tengan mejores condiciones de residencia en las regiones y comunidades aisladas. En materia de seguridad social, generalmente presionan por una mayor calidad en los servicios de atención médica y hospitalaria, incremento en el monto y número de créditos para vivienda, así como aumento sustantivo en las pensiones de los trabajadores jubilados y pensionados. También plantean demandas relacionadas con su labor profesional; principalmente, mayores facilidades para acceder a los cursos de capitación y actualización que ofrecen los gobiernos federales y estatales; becas para estudiantes normalistas, así como mayor número de plazas en las zonas donde se ubican los maestros rurales; más recursos para infraestructura inmobiliaria y mobiliaria en los centros escolares; becas a estudiantes de educación básica de escasos recursos, además de uniformes y útiles escolares gratuitos. Hasta 2001, demandaban que el gobierno invirtiera 8% del producto interno bruto en educación; petición que se incrementó a 12% a partir de ese año.

Asimismo, cuestionan la orientación de los planes y programas de estudio en términos ideológicos, la forma en que operan los centros escolares, el tipo de producto que reciben los padres de familia y las políticas de formación del magisterio y las que tienen que ver con la promoción salarial y escalafonaria. Más aún, en ocasiones amenazan con boicotear el reparto de libros de texto gratuito porque, a su parecer, censuran la historia o porque el horario de verano "se trata de una imposición extranjera" que afecta a las escuelas.

La magnitud del rezago educativo y la marginación social y económica de las regiones donde se ubican los grupos disidentes, generalmente ha rebasado la capacidad de negociación de los dirigentes nacionales; la desventaja de los grupos beligerantes es mayor si se considera que las negociaciones entre la SEP y el SNTE están inmersas en gran medida en la lógica corporativa, es decir, los líderes sindicales no cuentan con plena autonomía para representar a los trabajadores.

De 1948 a 2007, diferentes secciones del SNTE han organizado un número aproximado de 61 paros de labores,⁴ especialmente por dos motivos: desacuerdos con la elección del dirigente seccional (que por lo general era acusado de ser impuesto o elegido antidemocráticamente) y por exigencias de aumento de salario o relacionadas con el tema económico-laboral, como, entre otras: suspensión de plazas escalafonarias congeladas, descongelamiento de sobresueldos, aumento de la tasa de sobresueldo, reclasificación de zonas de vida cara, elevación de aguinaldo, puesta al día de los pagos atrasados, reclamo por el funcionamiento de clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), construcción de tiendas ISSSTE, incremento del número de créditos hipotecarios y otorgamiento de viviendas (Peláez, 1984; Arnaut, 1996; Loyo, 1985 y 1991; Trejo, 1990; Cook, 1996; Muñoz, A., 2002; Loyo y Muñoz, 2003).

Posiblemente debido a la mecánica corporativa de las relaciones laborales, estas corrientes nunca han planteado una ruptura con la dirigencia nacional o su desprendimiento, ¿por qué? La primera razón está relacionada con la inviabilidad de su reconocimiento oficial, ya que un sindicato existe si es avalado por la Secretaría del Trabajo, en el caso de las organizaciones del sector privado, y de la Secretaría de Gobernación, en el caso de los trabajadores de dependencias del gobierno federal. En las 32 entidades federativas, el reconocimiento ante un eventual desprendimiento de una sección "disidente" dependería de las secretarías del Trabajo y de Gobernación De hecho, la separación de algunos grupos de maestros del SNTE en Puebla, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala, Tabasco y Baja California, entre otros, fue inducida por los gobernadores para resolver problemas de liderazgo entre grupos o bien para debilitar a las secciones estatales. De este modo, los gobiernos federal o estatales, difícilmente les darían el registro sindical a los "disidentes" y menos aún si tienen un carácter independiente.

La corriente "disidente" más importante es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que, en 1979, vino a sustituir en su papel aglutinador de los contrarios al grupo hegemónico, al Movimiento Revolucionario Magisterial (MRM) (Loyo, 1985; Salinas e Imaz, 1984). La CNTE a lo largo de su historia ha conseguido hacerse presente en diversas entidades del país, tales como Tabasco, Estado de México, Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua. Sin embargo, su presencia nacional se ha desdibujado y, desde finales de la década de los noventa, apenas ha podido asentarse en la sección 22 de Oaxaca, como principal bastión enarbolando las banderas de "democracia sindical" y mejoras laborales (Cook, 1996; Yescas y Zafra, 2006). Como corriente mayoritaria, también controla las secciones 18 de Michoacán y 14 de Guerrero. Asimismo, tiene una presencia fundamental en las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal así como 7 y 40 de Chiapas.

Aunque su alcance territorial es limitado si se considera que solamente controla tres secciones de 56, la CNTE es un grupo que por la intensidad de sus protestas y los apoyos que obtiene de padres de familia, sindicatos independientes y diversas organizaciones sociales, en muchos casos se convierte en el referente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del SNTE para negociar con las autoridades educativas. Por ejemplo, los maestros de Oaxaca son los únicos en el país que tienen 90 días de aguinaldo y ésta es la demanda de muchas secciones y del comité nacional en sus negociaciones con la SEP y los gobernadores. En Michoacán los normalistas reciben becas de apoyo del gobierno estatal y tienen garantizado el acceso al sistema educativo estatal al graduarse. En la mayor parte de las secciones este esquema de contratación inmediata al término de los estudios normalistas se ha perdido.

Una característica adicional de los grupos disidentes es que, generalmente, no protestan solos. Históricamente han recibido apoyo del sindicalismo independiente, principalmente ubicado en el sector servicios, como es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y el universitario, donde destacan los sindicatos Independiente de Trabajadores de la UAM y el de Trabajadores de la UNAM. También los maestros disidentes han recibido el apoyo de los padres de familia, en muchas ocasiones ligados con estructuras organizativas de corte urbano-urbano popular o de tipo indígena y campesino. En términos políticos algunos de sus líderes históricamente han hecho alianzas con la Izquierda,⁵ empezando por el Partido Comunista Mexicano hasta el actual de la Revolución Democrática (PRD), pasando por organizaciones políticas no partidistas como el Movimiento al Socialismo (MAS). Este tipo de coalición genera que sus demandas vayan más allá de lo educativo, de manera que durante décadas también han sido promotores de la democratización del régimen político⁶ (Street, 2000:177-178).

La CNTE ha tenido desprendimientos por conflictos internos o cooptaciones que han dado origen a otras corrientes minoritarias, pero más moderadas como "Nuevo Sindicalismo" o "Fracciones Democráticas". Una diferencia importante es que estas últimas han tenido disposición para cohabitar en el gobierno sindical con los "institucionales", en tanto que los sectores más beligerantes rechazan compartir los órganos de gobierno, como los comités o, incluso los congresos, seccionales y nacional, pues consideran que los dirigentes del comité nacional no tienen la legitimidad y el respaldo de la mayoría de los trabajadores y que están subordinados al gobierno. Estas posturas han implicado conflictos en el seno de la disidencia que al paso de los años se ha dividido por esta circunstancia. También porque la CNTE no ha establecido mecanismos para encauzar el disenso interno, al punto que, como "grupo", se ha fragmentado y ha perdido el gobierno de algunas secciones sindicales o presencia en un número importante de delegaciones. Son los casos de las secciones 9, 10 y 11 del Distrito Federal y 7 y 40 de Chiapas.

La fuerza de la CNTE desde su surgimiento a la fecha ha estado ligada con la "estructura de oportunidades" política y económica del régimen mexicano (Tarrow, 1983). En la medida en que esta corriente surge para luchar contra el corporativismo sindical, que es una correa de transmisión del régimen autoritario, tiene más adeptos, mucho más integrantes dispuestos a la confrontación. De este modo, se ha constituido en diversos momentos un tipo de "movimiento social", es decir, como una actuación conjunta, intencionada, que se desarrolla en la lógica de la reivindicación, de la defensa de un interés o de una causa o, incluso, puede decirse que han formado una empresa colectiva que tiene por objetivo establecer un "nuevo orden" en su espacio laboral y sindical (Melucci, 1980:202).

Igualmente, en los terrenos social y político, los maestros disidentes han formado parte de la lucha para la democratización del régimen político. En primer lugar, encabezando la protesta en las regiones contra las prácticas autoritarias de líderes afines al gobierno y de caciques y, en segundo, como candidatos o dirigentes de la oposición política de izquierda. De hecho, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, esta oposición se ha alimentado por décadas de los grupos magisteriales disidentes.

Sin embargo, en la medida en que el régimen se ha democratizado⁷ y las demandas de mejoras salariales se van atendiendo, la CNTE ha perdido seguidores. Por otro lado, mientras fue "oposición" en los comités seccionales, sus movilizaciones se nutrieron de trabajadores voluntarios, pero una vez que ha asumido el gobierno de las secciones, sus actos de protesta se sostienen en una estructura organizativa que, en los términos del mismo marco corporativo, favorece la disciplina y la cooperación permanente de sus integrantes. Primero, porque difícilmente los trabajadores se pueden cambiar a otra sección sindical si hay dos en la misma entidad y, segundo, mediante el otorgamiento de incentivos en forma de recompensa, según el desempeño individual en acciones colectivas de protesta⁸ (March y Olsen, 1998; Olson, 1995).

El control corporativo se ha canjeado por canonjías profesionales pero, sobre todo, por el monopolio de la administración de las escuelas y de la misma profesión docente. Por tanto, desde su creación, la dirigencia del sindicato magisterial ha presionado a las autoridades educativas para que acepten que en parte de las áreas donde se distribuyen los principales recursos del sector se ubiquen cuadros sindicales.

Dichas áreas son los puestos directivos que tienen que ver con el manejo de las escuelas públicas; los centros de reclutamiento, es decir, las escuelas normales; las comisiones de escalafón; y las oficinas donde se decide la creación y asignación de nuevos puestos de trabajo, así como la aplicación de castigos u otorgamiento de estímulos diversos; en este último caso se trata de toda una pirámide burocrática dentro de la SEP o de las dependencias educativas de los estados: dirección de escuela, supervisor, inspector, jefe de departamento y director de área. Dada esta relación, algunos estudiosos de la relación SEP-SNTE hablan incluso de "colonización" e "imbricación" (Street, 1992; Reséndiz, 1992) por parte del sindicato sobre el quehacer educativo de la administración pública.

En esta lógica, las líneas de autoridad se conectan de la siguiente forma: los directores de escuela con supervisores e inspectores de zona y éstos con los directores de área en los estados de las modalidades educativas de primaria y secundaria. El poder sindical incluso llega a confundirse con el de la burocracia de la SEP, por ese alto grado de "imbricación" (Arnaut, 1996:211) entre los puestos de confianza y los cargos sindicales. Por ejemplo, los supervisores de zona, cuya función es vigilar la labor magisterial y en su caso reportar las anomalías son, al mismo tiempo, líderes sindicales adscritos a la línea de los comités seccionales o de la dirigencia nacional. De este modo, así como presiden asambleas gremiales, deciden ascensos y traslados de los trabajadores. Aunque el puesto de supervisor es de confianza, es un cargo que está dentro del escalafón sindical, lo que lo sitúa en la controversia de la interacción de las dos entidades a las que pertenece (Arnaut, 1996:213-214).

Esta imbricación o colonización, aunque se puede considerar "histórica", está institucionalizada en la Ley General de Educación (DOE, 9 de julio de 1993), ya que establece que las autoridades "se obligan a reconocer la titularidad de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente". Asimismo, no obstante que ahora los estados administran las relaciones laborales del magisterio en cada entidad, las Condiciones generales de trabajo de la SEP son otro referente normativo de dicha imbricación, sobre todo porque amparan una relación de "usos y costumbres" donde los denominados puestos "de confianza", como los subsecretarios, directores y subdirectores generales y directores de escuelas normales⁹ han sido propuestos generalmente por los líderes del SNTE. Se puede señalar que una situación similar se da en los 31 sistemas educativos descentralizados en los estados.

Esta unilateralidad de facto también se da en el Reglamento de Escalafón, cuya operatividad está a cargo de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón que, según la norma, se integra por dos representantes de la SEP, dos del SNTE un quinto miembro denominado "Presidente árbitro" que es designado en común acuerdo por las partes involucradas. Esta instancia tiene como tareas "proveer lo necesario para el ejercicio de los derechos escalafonarios y de permuta"; convocar a concursos para cubrir plazas vacantes, definitivas o provisionales; resolver ascensos y solicitudes de permuta así como las inconformidades de los trabajadores con respecto a su situación escalafonaria. Más aún, según el propio Reglamento de Escalafón, la Comisión Nacional Mixta "es una institución autónoma en sus decisiones, cuyas resoluciones no pueden ser invalidadas por autoridades administrativas u órganos del gobierno sindical, sino únicamente por los tribunales competentes". Otro aspecto señalado por este reglamento es que la atención del personal queda dividida en cuatro grupos, según su adscripción institucional, dos administrados por el SNTE y dos por la SEP.

Pese a que el reglamento diferencia claramente las tareas de los representantes del SNTE y de la SEP en la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como sus respectivas competencias en cada grupo, es claro que el sindicato amplió su esfera de influencia porque, como señala Arnaut (1996:210) "lo que es controlado por la SEP, es factible de ser controlado por el SNTE, debido a la presencia que ha alcanzado desde sus orígenes frente y dentro de aquella".¹⁰ Ahora bien, en términos laborales, el poder del SNTE es evidente, ya que para los asuntos de permutas y ascensos, los trabajadores de la educación deben acudir, además de a las oficinas administrativas del sistema educativo, a los colegiados de Asuntos Laborales tanto a nivel nacional como en las secciones. Incluso en el caso de Carrera Magisterial, que según la norma es un tipo de escalafón que se gestiona individualmente y su valoración depende de méritos individuales que evalúa una Comisión Nacional Mixta, en la realidad, el ingreso lo decide el SNTE.¹¹

En las áreas enunciadas con anterioridad, el SNTE interviene porque son los pilares de la reproducción permanente de su fuerza cualitativa y cuantitativa, pero en algunos de esos espacios y otros de la SEP, el sindicato trata de participar porque lo considera como un "derecho profesional" del magisterio. Ante ello, cuando las autoridades educativas se proponen reformar parcial o totalmente algunas de estas áreas, están obligadas a discutirlo con el sindicato, que siempre se ha mostrado renuente a que se realicen cambios sin su participación y, en ocasiones, sin su consentimiento (Muñoz, A., 2005; Latapí, 2001; Guadarrama, 1997; Arnaut, 1996; Ornelas, 1995; Guevara, 1992; Miranda, 1992; Reséndiz, 1992).

Estas características hacen del SNTE un grupo de presión, en la medida en que se trata de una asociación de individuos cuyo objeto es influir de modo favorable para los intereses del grupo. Aunque sus líderes hacen movilizaciones o alianzas con los partidos, sus objetivos son en esencia de tipo profesional y laboral. Se le puede considerar en la tipología de los grupos de protección porque tiene como propósito esencial la defensa de un sector de la sociedad (Dowse y Hughes, 1986:466-468). También es un grupo de presión porque se trata de un conjunto de individuos ligados por lazos de intereses o ventajas particulares, que tienen conciencia de esos vínculos y los efectos que ello genera ante sus interlocutores. Por el tipo de estructura que tiene es un grupo que exige el desempeño permanente de sus miembros para los fines que se plantea (Almond y Powell, 1979:98).

El SNTE como grupo de presión tiene la particularidad de actuar como grupo institucional, en la medida en que se integra por personal "profesionalizado" que cumple funciones políticas y sociales debidamente reglamentadas. Igualmente, como grupo asociativo, en virtud de que es una estructura "especializada" para la articulación de intereses específicos, en este caso, los del magisterio nacional (Almond y Powell, 1979:99).

La ubicación original de tipo jurídico laboral del SNTE (como gremio de los trabajadores de la educación pública impartida por la federación) es producto de la división "política" en regímenes legales diferenciados de los trabajadores en general y los del Estado, lo que corresponde a los apartados A y B del artículo 123 Constitucional, respectivamente. En esta misma división se ubica lo que se denomina jurisdicción federal versus local, así como el uso restrictivo de las tipologías organizativas, como sindicatos gremiales, de empresa, de industria, etcétera. De acuerdo con Bensusán (2000a:234-235) esto es producto de las divisiones generadas en tanto "unidades artificiales" en el seno del sindicalismo las cuales, más bien, operan como "camisas de fuerza", dificultando la eventual convergencia de los trabajadores organizados para la defensa de intereses comunes.¹²

En este punto cabe aclarar que por razones principalmente políticas, el SNTE es el único sindicato nacional que tiene la "doble concurrencia", es decir, se ubica en los dos apartados constitucionales del artículo 123 Constitucional. Después del proceso de descentralización de los servicios educativos a los estados, en términos jurídicos, con excepción de los trabajadores del Distrito Federal (secciones 9, 10 y 11), el resto de los agremiados dejaron de tener relación con la SEP y quedaron fuera de la regulación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Para efectos legales, estaban obligadas las 52 secciones restantes a firmar un contrato colectivo de trabajo con cada uno de los gobernadores.

Frente a esta eventualidad legal, que para la SEP representaba un problema de gobernabilidad y también para el gobierno federal, en el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), firmado en mayo de 1992, se estableció que el gobierno reconocía a los dirigentes nacionales del SNTE como únicos intermediaros en las negociaciones laborales y que, sin litigio de por medio, podían suplantar a los dirigentes seccionales en las negociaciones con los gobernadores.

Esto se tradujo en que las negociaciones laborales de los comités seccionales con los gobernadores, en lo sucesivo, se ajustaron a la orientación y asesorías fijadas por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE; donde la dirección nacional del sindicato mantuvo la prerrogativa de revocar a un comité seccional la facultad de administrar la relación laboral colectiva; y la obligación de la Secretaría de Hacienda, o en su caso de las tesorerías estatales, de entregar al comité nacional del sindicato el porcentaje de salarios que sus agremiados están obligados a aportar en materia de cuotas sindicales¹³ (Loyo, 1992b).

Durante el gobierno de los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, este arreglo no tuvo un sustento legal lo cual, empero, no resultaba relevante. Sin embargo, una vez que el PRI perdió la Presidencia en las elecciones federales del año 2000, el SNTE se apresuró a conseguir su registro ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, en julio de 2001, obtuvo su reconocimiento que lo avala como titular de la representación laboral ante los gobernadores. Al mismo tiempo, conservó el registro que otorga el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como representante de los trabajadores de la SEP.

Adicionalmente, por razones políticas, el SNTE ha sido la única organización del sindicalismo de gobierno que desde su creación hasta la fecha ha utilizado ampliamente, de manera descentralizada -es decir, a través de sus secciones en los estados-, "los poderes coactivos" asignados a los sindicatos en el conjunto de la legislación laboral en materia de agremiación y contratación, en la medida que esta legislación le facilita las condiciones:

En cada dependencia sólo habrá un sindicato [...] Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte del sindicato, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 68 y 69).¹⁴

Esta condición jurídica le da el carácter corporativo de corte autoritario al SNTE, porque supone, según la teoría del corporativismo:

Un sistema de intermediación de intereses organizado en unidades monopolistas en ámbitos de representación que no se superponen, coordinados jerárquicamente por asociaciones "superiores" que pueden abarcar más y están basadas en las contribuciones involuntarias. A cambio de esto, el Estado concede reconocimiento explícito a una asociación por categoría, incorpora dicha organización directa y confiablemente dentro del proceso de toma de decisiones y negocia para obtener su consentimiento en lo referente a las medidas aplicables, que por lo regular se presentan como acuerdos globales en paquete relacionados con diversos asuntos. Visto desde la perspectiva de los resultados (es decir del control socia l) el corporativismo entraña asociaciones activamente dedicadas a la definición y adoctrinamiento de los intereses de sus miembros y al ejercicio de la autoridad sobre sus conductas, de ser preciso mediante la aplicación de sanciones coercitivas y la concesión de beneficios imprescindibles para aquellos [...] A cambio, el Estado recibe el consentimiento garantizado de toda la categoría y devuelve parte de la responsabilidad en lo tocante a la puesta en práctica de la política en la asociación (Schmitter, 1992:7).

Probablemente porque el costo por interrumpir labores es mínimo y quizá también porque las condiciones de trabajo no son las óptimas, el control corporativo no ha sido ciento por ciento efectivo en todo el sindicato y en todo tiempo. Dependiendo de la situación económica de los docentes y del grado de organización de la "disidencia" o grupos adversos a las dirigencias nacional o seccionales, a través de la figura del "paro", los maestros se han caracterizado por recurrir permanentemente a este recurso, pues la huelga, aunque legalmente no está prohibida, las condiciones que establece la ley laboral respectiva, la hace prácticamente imposible (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 94, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 y 109).

En este sentido, como organización titular de la representación de los trabajadores de la educación tanto en el ámbito nacional como regional, el SNTE, a cambio del control corporativo, mantiene una serie de "fueros administrativos" que no se observan en otras organizaciones gremiales que dependen del gobierno federal: ha tenido la prerrogativa de participar en el ciento por ciento de las contrataciones "sindicalizables", la posibilidad de generar el despido de un trabajador si es expulsado de la organización laboral mediante lo que se conoce como la cláusula de exclusión (pese a que este mecanismo no está considerado en la ley de los trabajadores del Estado), así como de imponer a sus representados el "paro", su continuación y, en su caso, su conclusión (sobre todo en el nivel regional). Esto es relevante si se tiene en cuenta que la ley laboral de los trabajadores del Estado determina que los representantes sindicales solamente tienen un carácter consultivo en lo que se refiere a la determinación de las condiciones de trabajo (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículo 87).

Los resultados sobre el particular han sido de altibajos para el sistema educativo y los trabajadores: por un lado, el SNTE ha expandido su presencia en casi todos los sectores; en términos generales, ha logrado imponer coactivamente la negociación de las condiciones de trabajo, a veces con la reticencia de las autoridades educativas (que no del gobierno federal) pero también de los supuestos representados. Incluso ha conseguido evitar la modernización de sectores de la educación (el caso más reciente fue su negativa a la reforma de la secundaria) porque, entre otros elementos, afecta algunos derechos adquiridos en los planteles o porque implica recortes de personal o disminución de horas de trabajo. Sin embargo, en otras ocasiones ha apoyado las disposiciones patronales a pesar de la opinión de sus representados, como es el caso de la contratación por honorarios, la negativa a basificar a trabajadores con contratos interinos o la aceptación de las condiciones legislativas de la nueva ley del ISSSTE.

El SNTE y el régimen político antes y después de la alternancia

Es preciso contextualizar que la relación de tipo corporativo que mantiene el SNTE con el régimen político, incluso después de que el PRI perdió la Presidencia de la República en 2000, es producto del diseño político promovido desde el gobierno con el surgimiento, en 1929, del Partido Nacional Revolucionario (PNR). No obstante que el partido hegemónico (Sartori, 1987:277-289) surge para restringir la competencia electoral en perjuicio de potenciales opositores, también se constituyó en un instrumento de organización corporativa de los sectores más relevantes en el ámbito de la economía, donde desde el principio los trabajadores sindicalizados tuvieron un papel fundamental (Bizberg, 1990; Bensusán, 2000a y 2005; Pereyra, 1981).

El Estado requería organizar a la sociedad porque necesitaba desarticular los distintos poderes locales y reforzar su poder central. Por ello, alentó la formación de organizaciones campesinas, sindicales y "populares" con el propósito de: a) movilizarlas verticalmente para apoyar las políticas de gobierno y para tener votantes activos; b) regular los conflictos de tipo económico y político en forma centralizada; c) crear un mecanismo controlado de canalización de demandas; y d) contar con actores sociales controlados y subordinados (González Casanova, 1990; Córdova, 1994; Pacheco, 2000:76-77).

El eje del monopolio corporativo en lo que supone el arbitraje y el curso de acción de los apoyos y la subordinación hacia el gobierno por parte de los grupos institucionalizados, fue la Presidencia de la República. El jefe del Ejecutivo, por mediación del PRI, generalmente fue la fuente principal de las iniciativas políticas que afectaron los intereses de las corporaciones. Su inclinación para favorecer a una u otra agrupación, bien mediante el otorgamiento de posiciones dentro del PRI, cargos públicos o de elección popular, o bien mediante políticas particulares estuvo asociada con los términos de su proyecto sexenal o por la coyuntura (como un repentino estallido social o el fortalecimiento de un grupo disidente dentro del partido oficial). En suma, las corporaciones sindicales fueron incorporadas al régimen y al partido para establecer una relación de intercambio que implicó control por cargos públicos y políticas económicas aceptables por los líderes gremiales. De tal manera, el corporativismo se convirtió en tipo de relación conocida como intercambio político (Rusconi, 1985; Panebianco, 1982).

El más importante de estos mecanismos de contrapeso es la exigencia del "registro sindical" de cualquier organización y del de las dirigencias gremiales ante la autoridad laboral, a través de lo que se conoce como la "toma de nota", bien por conducto de la Junta o del Tribunal federales de Conciliación y Arbitraje. Gracias a estas facultades, el gobierno ha podido seleccionar a las dirigencias favorables a sus políticas y han podido incidir en el tipo de interlocutores sindicales que son afines a sus intereses. Esto le ha permitido al gobierno controlar políticamente los liderazgos en el SNTE y con ello garantizar el voto corporativo de los trabajadores hacia el partido en el gobierno por lo menos hasta 1988 (Muñoz, H., 1999:38-39). En este sentido, conviene recordar que de 1972 a la fecha, los últimos dos dirigentes nacionales del SNTE, Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo, fueron impuestos por la Presidencia de la República, es decir, sin requerir, de inicio, la legitimidad de un proceso de elección por parte de los agremiados.

Ahora bien, tener la garantía de control sindical para el gobierno es fundamental cuando se avecina una reforma educativa porque la intermediación sindical legitima y facilita el cambio. La forma de sustituir a los líderes no es relevante; por ejemplo, en el contexto de una crisis salarial en el ámbito de la educación pública y de un problema de déficit de legitimidad electoral, desde la Presidencia de la República se tomó la decisión de destituir a Jonguitud Barrios de la dirigencia nacional del SNTE. Después de reunirse con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el domingo 23 de abril de 1989, Jonguitud anunció su renuncia a los cargos de presidente vitalicio del grupo sindical "Vanguardia Revolucionaria" y como asesor permanente del comité nacional del SNTE.

En esto cuenta la fuerte caída salarial de los docentes; el fortalecimiento de una corriente "disidente" agrupada en la CNTE y con asiento principalmente en las secciones 22 de Oaxaca, 7 y 40 de Chiapas, 14 de Guerrero, 18 de Michoacán y 9, 10 y 11 del Distrito Federal; y la beligerancia del dirigente ante el discurso modernizador del ex presidente Salinas y la necesidad política de dar un "golpe político de legitimidad" para remontar el déficit de legitimidad electoral que provocó el fraude contra el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones federales de 1988. Pero lo más importante es que Jonguitud perdió, en buena medida, el control que se requería para continuar con el plan de descentralización en el sector educativo iniciado en 1982 (Arnaut, 1992:36).

Casi un año después de la caída de Jonguitud, con el aval del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Elba Esther Gordillo, con el fin de deslindar su nombramiento del presidente Salinas, organizó el Primer Congreso Nacional Extraordinario, el 22 de enero de 1990, en Tepic, Nayarit donde se ratificó la decisión política de que ella ocupara la secretaría general del SNTE pero, además, con el propósito de reorganizar las alianzas internas en su favor. Con la legitimidad gremial, el 26 de febrero de 1992, después de modificar los estatutos para tal fin, Gordillo prorrogó su mandato hasta 1995 (Loyo, 1997:38-39; Muñoz, A., 1996:174-175). Y entre ese año y 2004 ocupó formalmente la presidencia del Comité Nacional de Acción Política, aunque desde ese puesto mantuvo el control del sindicato. Después, en mayo de 2004, luego de una nueva reforma estatutaria fue elegida "presidenta" del SNTE para un periodo de cuatro años.

La continuidad de Elba Esther Gordillo indica, entre otras cosas, que desde el inicio aprendió la mecánica de la relación corporativa: había que controlar el gremio sin desconocer el carácter semiprofesional del magisterio y atender su carácter plural en términos organizativos. Desde la perspectiva política era preciso, sobre todo, establecer una alianza con el Presidente de la República en turno sin importar el talante de su proyecto educativo y mucho menos su militancia partidista. Así, desde el principio, Elba Esther Gordillo se convirtió en una aliada fundamental de la Presidencia.

Al respecto, los datos indican que en el periodo de Salinas, Gordillo hizo posible la concreción del ANMEB y la Ley General de Educación. En el sexenio de Ernesto Zedillo la lideresa del SNTE favoreció a la distensión entre maestros y autoridades en el cambio de contenido de diversos libros de texto y evitó confrontaciones con las autoridades del ramo. En la administración de Vicente Fox, el SNTE aceptó las iniciativas presidenciales: Programa de Escuelas de Calidad, Enciclomedia, la Guía para Padres, Acuerdo Social para la Calidad de la Educación que comprometía al sindicato a someter a concurso las plazas de docentes, directores y supervisores (Navarro, 2005:269-319). En todos los casos, brindó su apoyo electoral al partido del Presidente en turno.

Ahora bien, porque igual que Salinas, Felipe Calderón llegó a la presidencia bajo la sombra del fraude electoral en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos, formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia Democrática (CD) y porque en la opinión pública se maneja que el SNTE y sus dirigentes son el principal obstáculo para mejorar la calidad de la educación básica (un contexto político similar en el que Carlos Jonguitud fue destituido), Elba Esther Gordillo se blindó frente a un posible "golpe de legitimidad política" y del probable interés de algún dirigente magisterial, opuesto a su liderazgo, de negociar su caída con la Presidencia.

En este escenario, el 7 de julio del año 2007, Elba Esther Gordillo fue reelegida como presidenta del SNTE, por anticipado, por un congreso nacional extraordinario, pues su gestión concluía en julio de 2008, para un "periodo único", hasta el año 2012. Para que esto tenga efectos jurídicos, debe ser avalado por dos instituciones que dependen de la Presidencia de la República: la Junta y el Tribunal federales de Conciliación y Arbitraje. No se hizo pública dicha ratificación, pero ninguna autoridad competente se manifestó en sentido contrario (La Jornada, 8 de julio de 2007).

La relación entre corporativismo y liderazgo oligárquico

El factor estructural que favorece esta situación es que la legitimidad de los dirigentes nacionales del SNTE no descansa en los votos (aunque sea indirectos a través de delegados) de los agremiados. Esencialmente se ubica en el apoyo de la Presidencia de la República. Por otro lado, la aceptación o reconocimiento por parte de la base trabajadora depende, además de la imposición que supone el modelo de regulación laboral de corte corporativo, de cierto éxito en las negociaciones salariales a nivel nacional pero, sobre todo, de los mecanismos que el sindicato controla para otorgar incentivos en forma de castigos y recompensas al conjunto de los trabajadores de la educación. Es decir, tal como se mencionó antes y de acuerdo con lo que señala Arnaut (1996:211), la docencia (y en buena medida las actividades administrativas del sector educativo) es una "profesión sindical". Desde el ingreso hasta la jubilación, en las 56 secciones del país, los trabajadores dependen en todo de la gestión sindical.

De acuerdo con la propuesta de análisis de Michels (1972), las oligarquías organizativas en sindicatos y partidos están relacionadas con factores estructurales y con las ventajas del liderazgo. Los primeros tienen que ver con que muy pocos agremiados o afiliados se interesan en la toma de decisiones, las necesidades de especialización para una eficaz defensa de la organización ante sus interlocutores y de profesionalizar la representación. En el caso de los segundos, destaca el conocimiento que adquieren los dirigentes, su alto nivel de ingresos y, en especial, su capacidad de manejar las áreas fundamentales de las organizaciones como el reclutamiento, las finanzas, la aplicación de las reglas, la comunicación interna y el proceso de sucesión de los líderes en todos los niveles. Además existe otro factor que es crucial en el caso de las relaciones entre trabajadores y empleadores: los líderes controlan las negociaciones y son responsables de los resultados, sean positivos o negativos. Por ello, según Michels, la "organización" puede resultar opresiva para el conjunto de sus miembros, sin embargo, en lo individual resuelve de manera más eficiente las expectativas de los afiliados.

Los líderes nacionales del SNTE constituyen actualmente una poderosa oligarquía porque, como señala Michels, su poder es "directamente proporcional al poder de la organización" y resalta que "donde la organización es más fuerte hay un menor grado de aplicación de la democracia" (1972:33). Si bien puede resultar demasiado forzado asimilar el caso del SNTE a la visión de Michels y su ley de hierro de la oligarquía, existe evidencia empírica que muestra cómo los dirigentes nacionales manejan las convocatorias, eligen a los miembros que tienen calidad de voto en los congresos, realizan el proceso de elección con relativa secrecía frente a los afiliados y a la opinión pública y resuelven su continuidad en unas cuantas horas.

Los estatutos prevén, sin embargo, la competencia entre planillas mediante el voto directo y secreto en los principales órganos de gobierno sindical: congresos nacional y seccional. También se prevé el reparto proporcional de carteras, según el porcentaje de votos, a los segundos y terceros lugares. En principio, hay democracia si se considera que "todos" los afiliados en activo pueden votar pero, en los hechos, tiene un carácter limitado si se toma en cuenta que el Comité Ejecutivo Nacional tiene el control de las convocatorias para los congresos nacional y seccionales. Incluso si no la envía a un comité seccional que está por concluir su periodo, en los hechos está prorrogando el mandato que, estatutariamente, es de cuatro años.

La relación del SNTE con los partidos políticos

La capacidad de los líderes del SNTE para intervenir en el diseño y operación de la política educativa, así como en las condiciones de trabajo de los agremiados, se ve reforzada por la relación que este partido ha mantenido principalmente con el PRI hasta 2000 y con el resto de los partidos políticos a partir de 1989. Estos se relacionan con los maestros en grupo o en forma individual porque son portadores permanentes de un liderazgo social en las comunidades donde desarrollan su labor. Su presencia, como la del médico o el sacerdote, reviste un estatus social por el significativo atraso y marginación que se registra en algunas regiones. Los partidos políticos han procurado aprovechar en su beneficio esta situación, más aún porque la presencia efectiva del gobierno se da en todas las localidades del país a través de los centros escolares de educación básica.

Así, por medio de los docentes, las diversas fuerzas políticas del país se hacen presentes en las diferentes localidades de México. La labor política que tradicionalmente hacen los miembros del SNTE por los partidos en las comunidades son tales como acciones de proselitismo, representación ante los órganos electorales, coordinación de campañas, ser candidatos o incluso líderes del partido. En la medida en que desde 1929 hasta 1988 el único partido que podía ganar elecciones en el ámbito regional era el PRI, prácticamente todos los apoyos del magisterio se dirigieron a este partido y de manera muy marginal al resto de las fuerzas políticas.

Los maestros simpatizantes de otros partidos tuvieron escasas oportunidades de adhesión, bien porque hubo intimidación y represión, bien porque los partidos opositores no tenían presencia nacional. En este escenario, por décadas, el PRI tuvo en el SNTE una importante base de movilización y promoción en favor de sus candidatos y programas en tiempos electorales. El sindicato apoyó con sus recursos tanto humanos como financieros las campañas políticas del PRI (Muñoz, A., 2005:61-63; 2006a:327-338).

Esta colaboración le permitió al sindicato tener representantes en municipios, congresos locales y, especialmente, en el federal. De hecho, por sus características de tipo corporativo: membresía permanente y en aumento, dependencia de los líderes para gestionar ascensos, licencias, cambios de adscripción, préstamos, acceso a los programas de formación y superación, entre otros, la presencia de los líderes del SNTE fue notoria en la Cámara de Diputados por parte del PRI hasta que la dirigencia nacional de este gremio rompió con esta fuerza política en 2006 (cuadro 1).

Desde las cámaras de Diputados y Senadores, los congresistas del SNTE han podido intervenir como miembros o presidentes de las comisiones de Educación sobre todo en las cuestiones relativas al proceso de las leyes y reglamentos de la educación pública. Igualmente, desde estos cargos los cuadros del sindicato magisterial han podido participar en las discusiones sobre la asignación del presupuesto al rubro administrativo de su competencia.¹⁵

Bajo esta lógica el SNTE, hasta 2005, se constituyó dentro del PRI como un tipo de fracción partidista y sus líderes nacionales conformaron parte de lo que Panebianco (1982: 89-90) denomina la coalición dominante. La labor más importante del SNTE, desde su fundación hasta las elecciones de 1991, fue la "organización" interna del partido, es decir, la conexión de los comités estatales entre sí y con el nacional, así como la promoción del voto. Si bien en 1989 se desafilió del PRI, siguió cumpliendo las mismas funciones hasta 2003, pero en forma descentralizada, es decir, las secciones estatales se hicieron cargo de las conexiones y de la movilización electoral a cambio de "legitimidad política" para el sindicato y de medidas legislativas favorables. Como la relación entre el SNTE y el PRI fue de tipo corporativa hasta el 2000, hubo una "relación de control del partido sobre la organización", generándose un intercambio desigual.¹⁶

El SNTE apoyó incondicionalmente al PRI porque las instituciones electorales garantizaban el triunfo del "partido oficial", pero también porque los principales partidos de oposición, PAN y PRD no han contado con una estructura organizativa que favorezca la inclusión de la agenda sindical, con mecanismos para la inserción de los dirigentes del magisterio en el ámbito de la dirección partidista y mucho menos para que ocupen cargos de elección popular en los ámbitos nacional ni local. Asimismo, porque sus planteamientos programáticos son ajenos, si no, contrarios al ideario sindical del SNTE (Muñoz, A., 2006b:135-142).

El SNTE y su continuidad corporativista en la democracia

Para efectos de este documento, "democratización" implica, en los términos de Dahl (1997) que en México, a partir de la reforma electoral de 1996, los líderes políticos en general pueden competir por el triunfo electoral con todas las posibilidades de ganar si obtienen la mayoría de votos que emiten ciudadanos libres en forma directa y secreta.¹⁷

En el caso del SNTE, a diferencia de otras organizaciones sindicales de carácter "nacional" o regional, incluyendo confederaciones, federaciones y sindicatos en particular, los efectos de la democratización política fueron completamente diferentes. La mayor parte de las centrales sindicales y sindicatos corporativos mantuvieron internamente el esquema de gobierno oligárquico y de manejo discrecional y arbitrario de los recursos económicos y materiales; la continuidad de los mecanismos de elección de dirigentes ajenos a la democracia; desinterés en el proceso de modernización productiva y tecnológica; y la subordinación ante los empleadores y el gobierno en materia de condiciones laborales. Externamente, ese autoritarismo interno se convirtió en un déficit de legitimidad social frente a los partidos y la ciudadanía, después de la democratización impulsada por las reformas electorales a partir de 1990, de manera que perdieron sus posiciones políticas por el retroceso electoral del PRI y toda posibilidad de vinculación con las principales fuerzas políticas. En este sentido, después de la transición, los sindicatos corporativos tradicionales fueron expulsados de la política, por lo que quedó minimizada su capacidad de influencia ante los gobiernos federales y estatales en lo relativo a las políticas económica, fiscal y laboral, sobre todo en lo referente a salarios, prestaciones, seguridad social y pensiones. En el mejor de los casos, conservaron sus espacios de "control" en la lógica de la relación corporativa entre gobierno y organizaciones sindicales (Bensusán, 2005:134-137; Xelhuantzi, 2005:18-25).

La edificación de una nueva oligarquía sindical empezó en 1992, una vez que el SNTE es reconocido como "sindicato único" a pesar de la descentralización. En principio se creó la figura del "delegado sindical" en cada una de las secciones el cual, eventualmente, puede sustituir de forma temporal a la representación seccional si así lo disponen los órganos nacionales de gobierno.¹⁸ Por otra parte, en los estatutos de 2004, la dirigencia creó el cargo de la "presidencia" del Comité Ejecutivo Nacional que está por arriba de la "secretaría general ejecutiva" con el propósito de desarticular la fuerza de los grupos sindicales potencialmente opuestos a la figura de Elba Esther Gordillo (artículos 81 y 82). Con ese mismo propósito, se creó el mecanismo denominado "secretariado nacional", que es convocado por la presidencia del sindicato para definir la orientación del gremio (artículos 73, 74 y 75); asimismo, las carteras del comité nacional (como finanzas, derechos laborales, etc.), que eran manejadas por una sola persona, se transformaron en "colegiados" nacionales integrados por al menos dos personas, lo cual implicó el debilitamiento de las figuras o personalidades interesadas en ocupar el poder nacional del sindicato.

En lo relativo a una pista de legitimidad y autonomía internas, también se dio a partir de 1992 y estuvo basada en modificaciones estatutarias que favorecieron la pluralidad y la democratización en los niveles delegacional y seccionales, lo que se reflejó en la introducción del voto directo y secreto en los congresos delegaciones y seccionales; igualmente, con la creación de un mecanismo de proporcionalidad en los procesos de competencia nacional, seccional y delegacional y en la eliminación de restricciones para la formación de corrientes internas. Por otro lado, un acuerdo de carácter político establecido a partir de 1992 garantizó a la dirigencia sindical que la remuneración de los maestros en ningún estado estaría por debajo de los cuatro salarios mínimos; se creó un escalafón horizontal denominado Carrera Magisterial que, en teoría, califica a los mentores por su esfuerzo más que por su antigüedad; por último se crearon 500 centros de maestros en todo el país que, entre otros propósitos, se plantearon el generar un espacio para el diálogo, la reflexión y el encuentro entre profesores de todos las escuelas. Al mismo tiempo, aunque a nivel presidencial hubo colaboración, en el ámbito de la SEP y los estados, los líderes mantuvieron su beligerancia orientada al involucramiento sindical en la administración del sector educativo.

Externamente, la dirigencia del sindicato asumió el discurso modernizador y estableció, en los estatutos de 1992, un órgano de gobierno denominado Congreso Nacional de la Educación (artículos 230-235). Para debatir y generar propuestas en torno a los problemas educativos, se crearon dos instancias sindicales de investigación y capacitación que tienen el mismo objetivo: la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro y el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América (IEESA) (artículos 91 y 93). Posteriormente, en 1993, después de que se publicó la Ley General de Educación, la dirigencia del sindicato aceptó incorporarse al Consejo Nacional de Participación Social (Conapase) conducido por la SEP y realizó foros de discusión e invitó a empresarios, líderes de opinión y diversos actores sociales a debatir sobre la problemática educativa.¹⁹ Se puede decir que estos cambios no han implicado una transformación sustantiva en la forma de actuar del sindicato, pero generaron un impacto significativo en términos de imagen y legitimidad.

En el terreno de política el SNTE necesitaba mantener sus espacios, porque de ello depende su influencia en el sector educativo, en especial, porque el funcionamiento de los centros escolares está ligado con las finanzas públicas, y porque los cambios y continuidades en su operación se definen en la Presidencia de la República y en ambas cámaras federales. En este sentido, el sindicato magisterial requería, a pesar del retroceso electoral del PRI, mantener sus espacios de representación política en las legislaturas estatales y el Congreso. Los líderes del SNTE necesitaban una cuota de poder político en el Congreso por medio del PRI u otros partidos para mantener como parte importante la base de su legitimidad en la intermediación laboral, los "fueros" administrativos y laborales de sus representados, su capacidad de influencia en la SEP y el flujo presupuestal para el sector de educación básica que cubriera las expectativas de los trabajadores agremiados.

Frente a ello, la dirigencia del sindicato magisterial orientó su estrategia de adaptación al cambio político, modificando internamente los mecanismos de la relación con el gobierno y los partidos y diversificando externamente sus alianzas políticas. En tal sentido, en 1989 la dirigencia encabezada por Elba Esther Gordillo, después de que desafilió al SNTE del PRI y con base en una reforma estatutaria impulsada en 1992, creó el Comité Nacional de Acción Política que se trazó como objetivo apoyar a los miembros del sindicato que fueran postulados como candidatos a un cargo de elección popular por cualquier partido político.²⁰

Este cambio organizativo consolidó al SNTE como un grupo de interés en competencia por los recursos públicos de tipo económico y normativo (McFarland, 1987; Xifra, 1998; Finer, 1966; Hula, 2002) y, por tanto, se vio obligado al "cabildeo" en los ámbitos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En esta lógica, sus dirigentes apostaron a manejar la agenda de las complejas trasformaciones del sistema educativo nacional ante la exigencia de avanzar en la calidad y la transparencia en el sistema educativo.

La dirigencia del SNTE afrontó el desafío político de la democratización en diferentes frentes. En primer lugar, desde que Elba Esther Gordillo fue designada por el ex presidente Salinas como secretaria general del sindicato, en 1989, hasta la llegada de Felipe Calderón en diciembre de 2006, mantuvo una alianza con el titular del Ejecutivo que implicó apoyar las iniciativas presidenciales en materia tanto educativa como de movilización política y electoral. En segundo lugar, los líderes del SNTE se afianzaron en los espacios internos del PRI y, en la medida en que otros grupos corporativos perdieron fuerza, avanzaron en la "colonización" del partido. Así, en 2002, Elba Esther Gordillo se lanza como candidata a secretaria general en fórmula con Roberto Madrazo, quien buscaba la presidencia del PRI. Ambos obtienen el triunfo y desde esa posición, Gordillo se hace coordinadora parlamentaria en la Cámara de Diputados entre 2003 y 2005 (LIX Legislatura) y consigue 25 escaños para miembros del SNTE. En tercer lugar, sin romper con el PRI y aún sin confrontarse con el resto de las fuerzas políticas, los líderes del SNTE crean, en 2005, un nuevo partido político: Nueva Alianza (Panal), el cual participaría por primera vez en unos comicios en las elecciones federales de 2006.

Las aspiraciones presidenciales de Madrazo hicieron colisión con la nueva fuerza del SNTE en el PRI: para ser candidato "sin condiciones" y evitar que Gordillo ocupara la presidencia del partido debido al "orden de prelación" establecido en los estatutos, Madrazo se dio a la tarea de anular el poder gordillista. De inicio fue señalada por su estrecha relación política con el presidente Fox. Posteriormente, fue relevada de la coordinación parlamentaria en noviembre de 2003 y de la de la secretaría general de ese partido en 2004. Finalmente fue expulsada del PRI en julio del 2006. Una de las acusaciones que enfrentó fue traicionar al partido, ya que en 2005 promovió la fundación del Panal, cuya base principal eran los integrantes del magisterio nacional (Observatorio Ciudadano de la Educación, 2005:9).

La salida de Elba Esther Gordillo del PRI no implicó un retroceso en cuanto a espacios políticos para el SNTE, particularmente por el tipo de relación política que construyó a partir de 1989 con diferentes actores. Internamente, la expulsión de Elba Esther tampoco se tradujo en un problema de liderazgo. Por el contrario, la capacidad de movilización electoral del sindicato y la consolidación de una cultura política interna basada en el pragmatismo se convirtió en una moneda de cambio frente al PAN, el presidente Fox y el candidato Felipe Calderón, en especial porque el abanderado presidencial de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, a un mes de la elección, iba adelante en las encuestas. En este sentido, la dirigencia del SNTE, con el apoyo del gobierno, movilizó a sus huestes en favor de la causa panista.²¹

Este apoyo significó para el SNTE importantes dividendos políticos. En el terreno legislativo: 15 diputaciones (nueve por Nueva Alianza, tres por el PAN y tres por el PRI) y tres senadurías (una por cada uno de estos tres últimos partidos). En el ámbito de la administración pública federal: el derecho de veto del titular de la Secretaría de Educación Pública (fue el caso de Juan Carlos Romero Hicks, propuesta inicial de Felipe Calderón); las direcciones de la Lotería Nacional y del ISSSTE, la titularidad del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la subsecretaría de Educación Básica para el yerno de Elba Esther Gordillo. En el espacio sindical: el apoyo presidencial para la reelección de la lideresa magisterial hasta el año 2012.

Reflexiones finales

Paradójicamente, la democratización política fortalece el control vertical y autoritario de la cúpula del SNTE sobre sus agremiados así como su influencia en el sector educativo, lo que va a contrapelo de la demanda social de transparentar el uso de los recursos públicos que se otorgan a sindicatos de empleados de gobierno y de la profesionalización de las estructuras administrativas de decisión. Esta situación, como he señalado en otros artículos, es inaceptable en términos políticos e institucionales porque afecta el desarrollo de la democracia y la capacidad individual y colectiva de los trabajadores de la educación para luchar por sus derechos.

Entre las razones que explican el poder de SNTE están las siguientes: prevalece una importante necesidad de control en el sector educativo, particularmente porque los maestros no cuentan con las condiciones óptimas para ejercer sus labores. Si bien, sus condiciones salariales no se han deteriorado como en los años ochenta, su situación está lejos de ser satisfactoria: muchas escuelas del país, tanto en zonas urbanas como rurales están en condiciones de deterioro muy severas, tales como la falta de agua o luz o de mantenimiento mínimo; hay un rezago en el escalafonamiento, en la regularización de profesores que tienen la condición de interinos, es decir, sin definitividad; muchos son contratados por honorarios, lo cual supone que no tienen derechos mínimos, como pensión, liquidación en caso de despido, estabilidad e incluso acceso a las prestaciones de ley; el acceso a Carrera Magisterial es limitado y está restringido por partidas presupuestales; ocurre además que muchos docentes tienen que poner de su salario para que los centros escolares tengan material para trabajar en el aula.

Tampoco están debidamente representados ante la SEP en temas relativos a la formación y actualización. En términos sindicales, prevalece la venta de plazas, el pago por trámites que son un derecho, actos de corrupción en cuestiones como el acceso a vivienda, seguros de vida, préstamos así como compra de productos que se descuentan en pagos diferidos en la nómina.

En lo político, el SNTE sigue siendo un activo fundamental para ganar elecciones federales y estatales. En primer lugar porque el "voto duro" de los partidos no alcanza para aspirar al triunfo, sea porque la economía no satisface las condiciones de los electores o bien porque los problemas de corrupción y negligencia de muchos funcionarios públicos han provocado un problema de "desafección" política para la mayoría de los votantes. En este sentido, la verticalidad con la que se maneja la estructura del sindicato magisterial favorece la movilización "controlada" y "disciplinada" en tiempos electorales. Esto es fundamental porque es quizá la única organización social de carácter nacional que cuenta con estas características.

Desde luego, el costo que paga la educación pública por el servicio de control corporativo y movilización es significativo. Primero porque los cotos de poder de la actual camarilla que controla el SNTE se han ampliado dentro del espectro del aparato educativo, el resto de la administración pública federal y estatal y en el sistema de partidos. En el ámbito laboral, ese poder sindical se refleja en la presencia de maestros que no tienen incentivos ni posibilidades para superarse y ascender por cuenta propia. Por ello, muchos están más bien interesados en conservar la simpatía de sus dirigentes inmediatos (subdirector, director y supervisor) para acceder, como favor, a las promociones profesionales que la ley les otorga como derecho. Por ello, para muchos docentes es más rentable sumarse a campañas electorales o acciones de proselitismo político sindical que participar en cursos de actualización o mantener un expediente laboral que refleje puntualidad y compromiso con los educandos.

Las funciones políticas que cumple el SNTE en el aparato educativo y en la competencia electoral, sin embargo, están sustentadas en la capacidad de relaciones de un liderazgo oligárquico personalizado y fuertemente vertical. Esto es, en la figura de Elba Esther Gordillo. Esto es algo problemático si se considera que, en mucho, "la unidad nacional" del sindicato y la estabilidad presupuestal para el pago de salarios a los maestros son elementos que están sustentados políticamente en la relación que tiene esta dirigente con los gobernadores y con el titular del Ejecutivo. En estos términos lo que ahora se ve como una fortaleza, en el mediano plazo puede implicar una fuerte debilidad. En parte eso explica su reelección al frente del SNTE hasta el 2012.

Asimismo, a partir del Congreso en que fue elegido Rafael Ochoa por primera vez secretario general del SNTE (ha sido reelecto en dos ocasiones), realizado en Chihuahua, en 2001, la disidencia, incluso la que representa a los grupos "moderados", fue excluida. De hecho, ese Congreso, como el de 2003, en Tonatico, Estado de México y el más reciente, realizado en Tijuana, se hicieron "a puertas cerradas" y rodeados de un fuerte aparato de seguridad.

Por otra parte, en los regímenes escolares las prácticas "autoritarias" no han cambiado al nivel que lo establecido en los estatutos, especialmente sobre el tema de incluir a las minorías en el gobierno sindical. Desde el punto de vista gremial, cada escuela tiene un "representante sindical", pero en ningún caso éste puede ser ajeno a la autoridad del director o de los supervisores de zona, ya que ambos son autoridad sindical. En estos términos los cambios más importantes se dan en el nivel de las delegaciones sindicales donde los intereses de los gobernadores o bien de los supervisores están desdibujados siempre que un grupo "disidente" no tenga un carácter mayoritario en el ámbito regional.

En estas circunstancias, el único bastión de protesta y de lucha "genuina" contra el autoritarismo sindical se ubica en las secciones que controla la CNTE. Desde dichos espacios hay lugar para la discusión, el debate y la solidaridad social y política de los maestros en favor de otros sectores sociales. Si bien cuentan con liderazgos personalistas fuertes y hasta cierto punto con prácticas corporativas, difícilmente se puede hablar de una figura, como Elba Esther en el caso del Comité Nacional, que mantenga el control indiscutible de alguna sección controlada por esta corriente sindical o de sanciones porque un trabajador de la educación se niega a disciplinarse ante un acuerdo electoral con algún partido o gobierno.

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Documentos

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Estatutos del SNTE de 1992 Estatutos del SNTE de 2004

Ley General de Educación

Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Educación Pública

Notas

¹ Esta nueva federación es producto de una ruptura entre el liderazgo de Elba Esther Gordillo y Joel Ayala Almeida, dirigente de los trabajadores de la Secretaría de Salud y secretario general de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado.

² Hay secciones (como los trabajadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia o de Bellas Artes e institutos tecnológicos) que funcionan como sindicatos independientes del SNTE, pues tienen una relación directa con las autoridades educativas y cuentan con un reglamento laboral ad hoc para su operación. Sin embargo, esto no ha significado que la dirección nacional del SNTE no pueda intervenir en los procesos internos de selección de liderazgo y aun en la negociación de salarios y prestaciones.

³ La clasificación de las organizaciones en profesionales, semiprofesionales y no profesionales, donde la diferencia es el grado de vinculación con los fines de la organización, es del sociólogo estadounidense Amitai Etzioni (citado por Arnaut, 1996:209).

⁴ Los registros al respecto ofrecen los siguientes datos: 1948: se realizaron movilizaciones magisteriales y paro de labores en el DF; 1949: paro de labores en Baja California, Chihuahua y Coahuila; 1956: DF; 1958: DF; 1960: DF; 1964: Chihuahua; 1968: DF; 1971: DF; 1972: DF; 1977: Chihuahua; 1979: Chiapas y Tabasco; 1980: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Sonora, Morelos, Querétaro, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Comarca Lagunera, Campeche, Tlaxcala Guanajuato y DF; 1981: Hidalgo, Chiapas, Valle de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca; 1982: Guerrero y DF; 1983: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Valle de México, Veracruz Valle de México, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Tamaulipas, Puebla, Baja California Norte, Estado de México y DF; 1984: DF, Puebla, Chiapas y Oaxaca; 1985: Chiapas y Oaxaca; 1986: Chiapas y Oaxaca; 1987: Chiapas y Oaxaca; 1988: Chiapas y Oaxaca; 1989: 27 estados registran paros, destacan el DF, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Yucatán. Entre 1989 y 2000, uno por año, encabezados por las secciones de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, particularmente los que fueron realizados en el DF y las entidades de referencia. Entre 2000 y 2003, dos por año realizados en el DF y encabezados por la secciones de Oaxaca y Michoacán. A partir de 2004 y hasta 2007, uno por año donde solamente participan maestros de Oaxaca, organizados en la misma entidad.

⁵ A diferencia de los grupos magisteriales "institucionales", los maestros adheridos a la izquierda política lo hacen a título individual y con base en méritos de liderazgo dentro de las regiones y comunidades. Es decir, su presencia no implica una cuota para el magisterio ni tampoco son una "fracción" partidista.

⁶ Susan Street señala que los maestros disidentes tienen en su propósito de lucha generar "alternativa", vinculando su práctica docente y escolar en favor de la niñez con procesos de mejoría socioeconómica de las mayorías, lo cual puede sintetizarse en el reconocimiento, junto con algunos intelectuales y luchadores sociales, de crear democracia en el campo educativo mexicano. Sin duda alguna, también en el político.

⁷ Me refiero a "democratización" en lo relativo al régimen político, lo que supone que la competencia por el poder ofrece la posibilidad de triunfo al partido o coalición que obtenga el mayor número de votos. Desde luego, en regímenes democráticos la competencia debe darse en condiciones de equidad a los contendientes e imparcialidad del gobierno durante la competencia. De acuerdo con Przeworski (1997) la democracia como procedimiento no cancela las prácticas autoritarias de los gobernantes hacia los gobernados ni tampoco los problemas de desigualdad económica en la población. Es decir, hay diferencias entre ganar democráticamente y gobernar democráticamente.

⁸ Por ejemplo, asistir a una marcha, un plantón u otro acto de protesta, supone, entre otras cosas puntos para la hoja escalafonaria o para adquirir un crédito para vivienda.

⁹ Sobre este punto se puede ver las Condiciones generales de trabajo de la SEP, capítulo II, artículo 4.

¹¹ Estos factores jurídicos y administrativos posibilitan que los trabajadores se conduzcan con lealtad y obediencia al sindicato porque de éste dependen su ingreso, permanencia, estabilidad laboral, ascenso, condiciones de trabajo, expectativas de promoción, prestaciones, el pago de sus sueldos y el trámite de jubilación.

¹² Esto se acentúa en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, donde la legislación impone un régimen de unidad sindical obligatoria y fuertes restricciones en los derechos colectivos, cuya inconstitucionalidad ha sido declarada por la Suprema Corte de Justicia, permitiendo un cambio importante al emerger en 1994 una nueva federación. Es probable que bajo esta premisa jurídica, el 27 de febrero de 2004 se haya creado la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, que agrupa, entre otros gremios, al de los maestros así como al de los trabajadores de las secretarías de Agricultura y del Medio Ambiente.

¹³ El 26 de noviembre de 2005, Martha Palafox Gutiérrez, diputada federal del PRI, en la LIX Legislatura señaló que con base en la revisión de la glosa del VI Informe del presidente Vicente Fox, existían un millón 58 mil maestros a quienes se les descontaba mensualmente un promedio de 150 pesos con 70 centavos por cuota sindical. Ello arroja una retención de 159 millones 573 mil 517 pesos con 40 centavos. Anualizada, la cifra llega a mil 914 millones 882 mil 209 pesos (La Jornada, 26 de noviembre de 2005: www.lajornada.unam.mx, consulta realizada en septiembre de 2007).

¹⁴ La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de mayo de 1999, declaró inconstitucional el artículo 68 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado que impone la sindicalización única en las relaciones de trabajo regidas por el apartado B del artículo 123 constitucional (tesis jurisprudencial 144/1999). Este dato fue tomado de Muñoz, H. (1999:39).

¹⁵ Esta situación se reproduce en las 31 entidades federativas donde, como a nivel federal, los cuadros del SNTE tienen al menos un legislador en la cámara local respectiva que suele ocupar el cargo de presidente de la comisión de Educación.

¹⁶ Esto significó que el partido siempre ganó más que el sindicato, lo que reforzó en cada elección la dependencia del SNTE con respecto al PRI, sobre todo porque no había otra fuerza política que le diera las mismas rentas electorales.

¹⁷ Esto no significa que no siga habiendo prácticas de coacción del voto de particulares y del gobierno para favorecer a ciertos candidatos (Aparicio, 2002:79-100). Sin embargo, éstas no tienen un carácter predominante en los procesos electorales nacionales, estatales ni municipales, entre otras cosas, porque existen instituciones que procuran garantizar equidad, legalidad e imparcialidad gubernamental (Woldenberg, 2006:63).

¹⁸ El artículo 62, fracción XIX de los estatutos del SNTE de 1992. Esta atribución se mantuvo en los estatutos de 2004 (artículo 81, fracción XV), pero se trasladó a la jurisdicción de la presidencia.

¹⁹ En los estatutos de 1992 (artículo 90) se creó la Comisión de Vinculación Educativa con el Aparato Productivo empero, desde entonces a la fecha, no tuvo un espacio definido ni existe información sobre su desempeño.

²¹ Datos del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) establecen que en el sexenio de Vicente Fox, la SEP entregó al SNTE poco más de 769 millones de pesos por concepto de cuotas sindicales. Los datos proporcionados bajo el amparo de la Ley Federal de Transparencia establecen que en 2004 y 2005 el monto de las cuotas prácticamente se triplicó (La Jornada, 8 de febrero del 2007, www.lajornada.unam.mx).