Los intentos de reflotamiento de la mina de azogue de Huancavelica en el siglo XIX*

Carlos Contreras y Ali Díaz

Fecha de recepción: julio de 2007
Fecha de aceptación: septiembre de 2007

Resumen

Palabras clave: Minería, siglo XIX, Huancavelica, Perú, empresarios.

Abstract

This article try to rescue the history of the mining of mercury of Huancavelica in the period of the post independence. For it we review the efforts realized put again in massive development the mine of mercury that one day was considered to be "the jewel of the crown" Spaniard. During his epoch of major production, between the ends of the XVIth century and the middle of the XVIIth, input came to supply of mercury the two big American virreinatos. But during the XIXth century, Peru should have imported mercury before the bankruptcy of the local production. The attempts of refloating the mine, in general lines failed, and she did not have a production again in big scale until 1915. The article investigates in the reasons of such a defeat, pointing towards the institutional factors that blocked the flow of investments towards the recovery of Huancavelica. Another type of mining spread on the other hand: that of the humaches or indigenous miners that supported a important quantities of production of mercury throughout the XIXth century, and blockaded the entry of the "modern mining" for one century.

Key words: Mining, XIXth century, Huancavelica, Perú, entrepreneurs.

Mito y verdad de la parálisis de Huancavelica

La gran mina de azogue de Santa Bárbara en Huancavelica, descubierta en 1564 por el encomendero de los Angaraes, Amador de Cabrera, fue una mina peculiar en la historia económica de Perú. De un lado, porque no producía oro ni plata, sino mercurio (azogue en la literatura virreinal), un metal líquido a la temperatura ordinaria, empleado como insumo por los productores de metal precioso. De otro, porque desde que fue expropiada por el virrey Toledo, en 1573, permaneció en manos del Estado, de modo que a los particulares únicamente se les entregaba la concesión para su explotación, pero la producción pertenecía al Estado. Así, los mineros particulares estaban obligados a vender a este su producción. De modo que funcionó como un "estanco": el llamado estanco del azogue.¹

Tras la independencia, este régimen legal se mantuvo hasta el nuevo código de minería de 1900. Ello fue parte del largo conjunto de pervivencias del modelo colonial que el Estado peruano del siglo XIX mantuvo en el campo económico y, sobre todo, fiscal. En cualquier caso, dado que la minería continuó siendo a lo largo de la centuria un sector económico clave de la economía del país, se consideraba al azogue como un recurso estratégico, que era mejor reservar en manos del gobierno.

Sin una actividad importante en Huancavelica después de la independencia, no se entendería cómo el yacimiento minero de Pasco, el principal productor de plata, con mucha distancia del país, hubiese podido superar en el medio siglo que siguió a la independencia el nivel de producción anterior. En efecto, en el periodo 1825-1874 Pasco produjo 11 300 000 marcos de plata, contra 8 700 000 en el lapso de 1771-1820. En el caso del oro el crecimiento fue todavía más nítido.⁵ Las boyas más importantes de ambos metales ocurrieron alrededor de 1840, cuando el mercurio de California aún no se hacía presente en el mercado. Si bien fue precisamente alrededor de ese año cuando se reanudó el comercio de azogue desde España, también hemos podido encontrar que buena parte del insumo utilizado por la minería de Pasco continuó proviniendo de Huancavelica, como en la época colonial. Aunque ya sin la mediación estatal.

La tecnología para el beneficio de los minerales de plata y oro en Perú continuó basándose en el método de la amalgamación hasta aproximadamente 1890, salvo algunos casos más bien aislados.⁶ Así, la demanda de azogue se mantuvo continua a lo largo de todo el siglo XIX. Pero la desaparición del Estado colonial, que hasta 1813 se había encargado de organizar la provisión de azogue a los mineros, y el enfrentamiento mismo contra España, de donde provenía la mayor parte del que se consumía en la época final del régimen colonial, ocasionó que sus precios se disparasen por encima de los 150 pesos por quintal, habiendo sido antes de 50 a 100 pesos por quintal.⁷

Uno de los problemas para la reanudación del comercio de azogue con la ex metrópoli fue la deuda de los beneficiadores argentíferos de Perú, por el azogue dado a crédito por la Real Hacienda en los años previos a la independencia. Esta llegó a sumar varios millones al momento de la ruptura de 1821. En los primeros años del periodo independiente, si el Estado quería la reactivación de la minería, sumida en una grave crisis por la guerra de Independencia, estaba ante un dilema: o reflotaba Huancavelica o pagaba esta deuda. Una ley del 18 de agosto de 1831 estableció la asunción de la deuda de los mineros por el Estado, condonando a estos su monto. Como esto no fue todavía suficiente para restablecer el comercio de azogue desde la península ibérica, se planeó imponer a los buques que trajesen mercadería española al país la obligación de incluir una cantidad de azogue por cada tonelada de cargamento.

La disposición no llegó a aplicarse, pues una ley del 20 de octubre de 1839 declaró reabiertos los puertos de la república a la marina mercante de España, con lo que pudo reanudarse el comercio de azogue de Almadén, aunque sin la fluidez de antaño.⁸ En la década de 1830 el precio se mantuvo dentro de márgenes muy variables, entre los 60 y los 140 pesos por quintal. La fuerte oscilación en el precio fue una característica que se mantuvo prácticamente a lo largo de toda la centuria. En todo caso, el precio más frecuente tendía a ubicarse alrededor de los 100 pesos, aunque la tendencia fue al descenso en la segunda mitad del siglo.⁹ En la venta al menudeo en Cerro de Pasco, se pagaba hasta dos pesos por libra (un quintal contenía 100 libras) en los años cuarenta.¹⁰

Los altos precios debieron haber estimulado la producción local de azogue, por lo que cabría haber esperado iniciativas de inversión en ese sentido. Si estas no surgieron, o fracasaron, debemos explorar los factores institucionales que estorbaron los flujos de capital y de iniciativa empresarial para la rehabilitación de la mina de Santa Bárbara.

La era de los humaches

Hay que empezar señalando que la mina terminó sus días coloniales en muy mal estado. Tras el célebre derrumbe de 1786, protagonizado por Francisco Marroquín, en el cual quedaron sepultadas sus principales labores y murieron unos 200 operarios, la mina fue oficialmente cerrada, aunque en la práctica quedó al arbitrio de los "pallaqueros" o mineros informales. Esto fue primero una actividad ilícita, luego fue legal a partir de una disposición, dada en 1792, autorizada por el Estado colonial, quien declaró que podía explotarse cualquier mina de cinabrio en Santa Bárbara y en cualquier mina dentro de un radio de diez leguas a la redonda, bajo la responsabilidad de los propios mineros, con la única condición de que el azogue destilado debía ser vendido a la administración estatal, quien les abonaría 85 pesos por cada quintal.¹¹

El derrumbe y el cierre de la mina Santa Bárbara ocasionó que algunas minas aledañas comenzaran a trabajar, las que pasaron a llamarse "minas de afuera", por tener entradas independientes a Santa Bárbara. La "razón" de minas de cinabrio que se explotaban en "los contornos de la ciudad [de Huancavelica]" que realizó Mariano de Rivero en 1848 incluía además de las de Santa Bárbara y Chaclatacana, ya conocidas desde la época colonial, a Botija-Punca, La Trinidad, Corazón-Pata y Quirasquichqui.¹² El pallaqueo propició una explotación basada en la rentabilidad de corto plazo, por lo que los puentes, estribos y columnas de la mina fueron aprovechados hasta dejarla hecha una auténtica ruina. La falta de una autoridad que hiciese respetar los derechos de propiedad sobre las vetas también propició este esquema depredador, que podría incluso entenderse como parte del plan de las autoridades españolas para volver a Perú dependiente del azogue de Almadén.¹³ En 1806 se produjo otro derrumbe, conocido como el de Juan Vives, a la sazón intendente de Huancavelica. A partir de 1813, con la desaparición del estanco del azogue, dejó de registrarse las cantidades producidas y compradas en Huancavelica. Esto no significó que cesara la producción, aunque así parece haberlo considerado la historiografía.

Entre 1813 y 1903, fecha esta última en que el Estado peruano reinició el control estadístico de la minería, existe una gran oscuridad en materia del flujo de azogue producido por Huancavelica, lo que ha contribuido a la imagen de centro abandonado y paralizado, que en verdad nunca fue durante dicho lapso. El mineralogista Mariano de Rivero calculó en su informe de 1848 que durante el periodo 1813-1820 se obtuvo una cantidad de 2 000 a 2 500 quintales por año. Desde entonces hasta 1835, como entre 1840-1844, también refiere que la producción habría estado paralizada, mientras que entre 1836-1839 se obtuvieron unos 1 200 quintales por año.¹⁵ En 1816 se envió un cargamento de 1 000 quintales de azogue a Chile, lo que demuestra que, en efecto, los mineros de Santa Bárbara seguían activos después de 1813, a pesar de la desaparición del estanco, que les significaba un comprador seguro a un precio estable.¹⁶ El historiador José Deustua propuso, por su parte, un promedio de 1 400 quintales anuales para el periodo de la posindependencia.¹⁷

Es difícil aceptar que entre 1820 y 1835, que fue una época de altos precios del azogue en Perú, no existiese ninguna actividad productiva en Huancavelica. Es cierto que el diario que José María Blanco llevó de la visita del presidente Orbegoso al sur de Perú consignó al pasar por Huancavelica en 1834, que las 4 000 almas, o aun menos, que residirían en la villa, estaban "reducidas a la miseria, por falta del laboreo de las minas".¹⁸ Asimismo, es presumible que con el triunfo de los patriotas y la consiguiente ruptura con la metrópoli española muchos mineros españoles dejasen Huancavelica. Pero desde la década de 1780 el gremio de mineros de Huancavelica realmente había dejado de existir como tal y quienes comenzaron a ganar espacio en la producción fueron los mineros informales, presuntamente mestizos o indígenas, denominados humaches o humachis. Estos vendrían a ser la voz local para el género de los busconeros, capchas, gambusinos, pallaquiles o pallaqueros que menudearon en todos los asientos de minas de América Latina. El nombre pudo derivarse de un apellido local.¹⁹ Se trataba de mineros informales o clandestinos, carentes de capital y que por lo mismo solían desarrollar sus actividades en pequeña escala. Pequeños empresarios que extraían minerales de forma ambulante, sin tener mina conocida y menos aún registro legal de su labor.²⁰ "Humachis o busconeros que extraen mercurio y lo benefician para sí, sin derecho reconocido, ocasionando graves daños a la mina del Estado por los imperfectos y rudimentarios trabajos que verifican", fue el retrato que de ellos hizo el prefecto de Huancavelica en 1889.²¹ Aunque algunos tenían su propio horno de beneficio, otros vendían el mineral que extraían a los dueños del centenar de hornos que existía en el asiento.

En los documentos oficiales del siglo XIX se realizaba siempre la distinción entre los mineros dignos de tal nombre y los humaches, incluso en las épocas en que ya no existían mineros formales propiamente dichos, todos en Huancavelica deberían ser considerados humaches. Por ejemplo, para la elección del diputado territorial en 1849 se pidió al subprefecto de la provincia "mandar sitar [sic] a los S. S. mineros del gremio y busconeros llamados humaches".²² Podría, pues, tratarse de una distinción étnica: los humaches eran los mineros indios independientes. Nótese que ya para mediados del siglo XIX eran incluidos en las convocatorias para la elección de diputados de minería. En otra comunicación, del 28 de diciembre de 1839, los mineros de la Diputación Territorial de Huancavelica contestan al requerimiento del prefecto acerca de cuál era la cantidad de azogue que se elaboraba en el mineral, que no era posible proporcionar dicho dato "por que no podrían asistir a todas las minas y puentes donde trabajan los mineros y pallaquean infinidad de indios".²³ Corresponderían a la imagen que los conservadores construyeron acerca del destino de países como Perú, una vez que dejaron de pertenecer a la monarquía española: todo se degradaba y los hombres dignos (los españoles) eran desplazados por seres inferiores (los indígenas) en conocimientos, prestigio social y capital.

Tal es también la tesis sostenida por los pioneros en la historia de Huancavelica, como Mariano de Rivero y Pedro Pablo Arana: tras la salida de los mineros españoles con la independencia, los humaches llenaron el espacio. Al tratarse de mineros indígenas o mestizos, trabajando sin las reglas del arte reconocidas por los peritos del momento, no debe extrañar que resultaran invisibles para observadores eurocéntricos, como el mineralogista Mariano de Rivero o el presidente Orbegoso. Pero fueron esos hombres ignorados quienes sostuvieron la producción de Huancavelica durante prolongados periodos del siglo XIX, suministrando parte del azogue necesario a las minas de plata que existían en el propio departamento de Huancavelica y en el cercano de Junín. También luego fueron quienes bloquearon la modernización y capitalización de la mina. El típico esquema en que la solución de corto plazo vuelve más difícil la realización de una solución ulterior, de largo plazo. No debe sorprendernos que el mismo minero Pedro Pablo Arana, de quien antes hemos citado su desdeñoso retrato de los humaches, tenga también para ellos una expresión de reconocimiento: "Sin embargo, dichos mineros furtivos y los propietarios y arrendatarios prestaron un servicio importante, porque durante quince años, desde 1820, sostuvieron la producción del azogue, alimentando continuamente 80 hornos de destilación de propiedad particular, aparte de los hornos del Estado que también funcionaban."²⁴

En 1847 la Diputación Territorial de Minería de Huancavelica presentó al prefecto del departamento un pequeño informe estadístico sobre la producción de azogue, donde también se encomia la labor de los humaches:

Existen mucho más de 200 oficinas regularmente constituidas para beneficiar los metales de azogue, sacándose de ellas muy cerca de 3 000 quintales anuales, empleándose en este constante trabajo más de 500 hombres [¿?], todos [¿los?] indígenas que carecen de toda clase de recursos inducidos por la situación del mineral se han dedicado con esmero a laborear algunas minas superficialmente, consultando una tenue utilidad, y a ellos es debida la pequeña prosperidad que se advierte por la población, en el comercio y demás ramos.²⁵

Ese dato de 3 000 quintales de producción anual fue corroborado por el ingeniero de minas francés León Crosnier, quien hacia 1850-1851 fue contratado por el gobierno de Perú para una visita y estudio de la mina.²⁶

En la década de 1840 se estableció un sistema de control que permitía a la policía, dependiente a su vez de la prefectura, registrar los despachos de azogue desde Huancavelica. Algunos informes mensuales correspondientes a los años 1843-1848 permiten constatar que el flujo mensual era de unos 150 a 180 quintales, lo que daría un total anual de algo más de 2 000 quintales.²⁷ Considerando que alguna parte se quedaría en la propia villa para la atención de los mineros de plata locales, la producción hacia mediados del siglo XIX podría situarse alrededor de los 2 500 quintales por año. Estos informes también permiten conocer que la mayor parte de los despachos se destinaban al asiento de Cerro de Pasco, situado a unos 300 kilómetros al norte, por caminos de montaña. El resto salía para Jauja, Castrovirreyna y las minas de Lucanas. Cerro de Pasco producía por entonces un poco más de 200 000 marcos de plata anuales, lo que implicaría un consumo de algo más de 1 000 quintales de mercurio.²⁸

En la segunda mitad del siglo XIX la producción de Huancavelica se contrajo. Lo que seguramente influyó que fuera también entonces cuando comenzaron a implantarse métodos de beneficio alternativos al del azogue. Los datos, sin embargo, son muy escasos. El ingeniero Umlauff ofreció la cifra de 10 000 quintales para los 60 años transcurridos entre 1844 y 1903, mientras que Florentino Meza repite la misma cifra, aunque restringiéndola al periodo 1850-1901.³¹ En cualquier caso, se trataría de una producción ya ínfima, de apenas unos pocos cientos de quintales por año. Podría estar ocultando, no obstante, una fuerte producción clandestina, pues fue en esta segunda mitad del siglo que los empresarios formales, con nombre y apellido, desaparecieron de Huancavelica. En 1882 el ingeniero que elaboró un nuevo plano de la mina Santa Bárbara, partiendo de la base de los planos del ingeniero Pedro Subiela, de finales del siglo XVIII, halló que había ocurrido un aumento apreciable en la dimensión de las labores.³²

La decadencia de la minería en esta época se reflejó en la evolución demográfica de la villa de Huancavelica. Rivero, que había estimado 5 000 habitantes para 1848, añadió: "se ocupan exclusivamente en la explotación del cinabrio".³³ El censo de 1876 registró una población de 5 353 personas, incluyendo las parroquias del entorno; la parroquia central tuvo sólo 2 820 habitantes. De las 2 226 personas "con ocupación" (en el sentido de oficio conocido) en el distrito de Huancavelica, de acuerdo con el mismo censo, únicamente 66 declararon como oficio la minería.³⁴ En los primeros años del siglo XX, el ingeniero Dueñas estimó "una población de 3 000 almas", sin servicio de agua y desagüe y sin ningún hotel.³⁵ Así, el asiento habría perdido 40% de su población aproximadamente entre 1850 y 1900. Durante ese mismo periodo también fracasó la mayor parte de los intentos de realizar elecciones de diputados de minería en el asiento.³⁶ De acuerdo con la ley se requería un mínimo de quince mineros empadronados, pero los de Huancavelica no eran mineros inscritos ni parecieron guardar mayor interés en mantenerse dentro de un gremio que en general los ignoraba.

El historiador británico Clements Markham anotó en su libro de viajes Cuzco and Lima (1856) que Huancavelica había decaído a raíz del azogue de California, el cual desde hacía pocos años se vendía en Cerro de Pasco a precios menores.³⁷ La competencia californiana sólo podía ser neutralizada con una notable mejora de la productividad de Huancavelica, de lo cual hubo varias pero frustradas tentativas, sobre todo en el último tercio del siglo.

Los empresarios mineros y el Estado peruano

En efecto, fueron varios los intentos para formar compañías de mineros formales que reabriesen operaciones modernas y de gran escala en las minas de Huancavelica. Los primeros, hasta 1850, fueron todavía una prolongación del esquema del periodo colonial, en el que un asentista recibía la concesión de la mina por parte del Estado, junto con algunas facilidades en materia de operarios y capital de trabajo. Como no hemos encontrado contratos escritos de estas concesiones, se desconocen sus términos. ¿Se fijaba al asentista una cuota mínima de producción y la obligación de vender el azogue al Estado? En cualquier caso, el Estado siempre solía poner cierto capital en la empresa, aunque con frecuencia se trataba de un capital ficticio, como, por ejemplo, la cesión de los impuestos que se recaudasen en la región, o las deudas que le tenían los propios asentistas por concepto de impuestos o regalías.

El primer intento fue el de Demetrio Olavegoya, entre 1836-1839, cuya compañía recibió el auspicio del protector Andrés de Santa Cruz, quien acababa de fundar la confederación peruano boliviana. La compañía debía proveer de azogue a la minería de ambas naciones, para lo cual se la dotó de "fondos suficientes", según refiere Rivero.³⁸ La empresa logró rehabilitar algunas labores y producir unos 4 000 quintales durante sus tres años de vigencia. A pesar de este modesto logro, algunos observadores, como el prefecto de Huancavelica Julián Montoya, hicieron luego un encendido elogio de la labor de la compañía:

La empresa sacó recursos de donde no los había, limpió en más de sus cuatro quintas partes la mina que se adjudicó, levantó oficinas, corrió el socabón de la Ventanilla que parecía invencible, construyó almacenes, habilitó arrieros para la baja de metales, reanimó el comercio casi extinguido de los diferentes artículos de consumo en el mineral a costa de cuantiosas y aventuradas anticipaciones a los pueblos, surtió de herramientas a la capital, la pobló de especuladores de todo género, triplicó la extracción de azogue y proporcionó al departamento todas aquellas ventajas que una industria aun menos valiosa y productiva puede producir en beneficio de un pueblo que la mantiene en actividad y fermento.³⁹

La Compañía Mineralógica resultó disuelta, a su vez, a la caída del régimen de Gamarra en 1841, y fue sustituida por una nueva empresa, llamada Compañía Huancavelicana, que debía formarse de un modo similar a las anteriores, es decir, invitando a unos socios a suscribir acciones. Algunos de ellos podían ser personas a las que el Estado les tenía algunas deudas, por lo que la entrega de las acciones era una forma de cubrirlas. La compañía no era, sin embargo, enteramente privada; de un lado, porque las autoridades locales y aun las nacionales la integraban y, de otro, porque el Estado la auxiliaba con fondos públicos y le prestaba apoyo político y privilegios para poder reclutar operarios e insumos. Entre los socios de la Huancavelicana figuraban, por ejemplo: Gabriel Delgado, diputado de Minería de Huancavelica, Francisco Menéndez, a la sazón ministro de Estado, Ramón Castilla, presidente de la república; otros eran importantes mineros de Huancavelica en el momento, como Demetrio Olavegoya, Anacleto Rubianes, Domingo Orbesúa, Tomás Fernández, José María Mojica, José María Nanetti, entre otros.⁴³

Ninguna de estas compañías pudo tener éxito. De este fracaso, Rivero acusó a "las revueltas políticas", también a la dispersión y al escaso conocimiento mineralógico de los directores, a la mala suerte (la Huancavelicana, por ejemplo, encontró nuevas vetas, pero contenían mucho arsénico y resultaban dañinas en extremo para los operarios), y al escaso capital que en general tuvieron dichas compañías como para modernizar las labores e implantar, por ejemplo, nuevos hornos, "como los de Idria, o siquiera como los de Almadén", que aprovechasen mejor los minerales y no tuviesen tantas fugas, por su tosca manufactura.⁴⁴ Cuando Rivero visitó Huancavelica (1848), observó que el costo de producción del azogue prácticamente igualaba a su precio de venta: de 100 a 110 pesos el quintal.⁴⁵

En 1846 el gobierno de Castilla optó por arrendar la mina al minero Luis Flores, a cambio del pago de 1 000 pesos anuales, durante diez años. Su empresa es la que encontró Rivero en funcionamiento cuando visitó el asiento dos años más tarde, trabajaba con unos 250 operarios, fuera de los pallaqueros que operaban independientemente. Todos beneficiaban el azogue en los primitivos hornos de aludeles diseñados en el siglo XVII, y que tan buenos resultados dieron en las minas de Almadén, en España. Rivero contó 57 hornos de particulares, más 19 del Estado. Los primeros pertenecían a personas que a veces vivían de su arriendo, por el que se pagaba 25 pesos anuales. En cada hornada entraban unos quince cajones de metal de seis a ocho arrobas cada uno; el mineral se introducía pulverizado en forma de bolas. Estas eran hechas por mujeres indígenas, amasando el mineral. No consta que se usasen molinos para pulverizar los minerales, por lo que tal vez únicamente se recurría a combas y martillos manuales. Esto era posible por la poca dureza de las menas. De una hornada se obtenía entre diez y 45 libras de azogue, según la calidad de los minerales. El combustible era el ichu de la puna, empleándose de 75 a 80 cargas de una llama.⁴⁶ En el siglo XIX se alternó la taquia como combustible, que era el excremento de la propia llama. El trajín de las cargas de combustible y las "bajas" de los minerales movilizaba a cientos de arrieros con sus llamas.

Los hornos usados en Huancavelica no se renovaron a lo largo de todo el siglo XIX. El ingeniero A. Tamayo que los visitó en los primeros años del siglo XX aludió a "hornos imperfectos de antiquísima construcción que existen en ambos lados del cerro".⁴⁷ Mariano de Rivero, en los mediados del XIX, describió el defecto de los "materiales porosos" con que eran hechos los hornos. Estos se construían con ladrillos de adobe (barro endurecido) y techos de paja. Las cañerías (o aludeles) para la salida de los vapores mercuriales eran también de barro, con junturas "cubiertas con un poco de ceniza o barro".⁴⁸ Al defecto de estos materiales, que provocaban pérdidas de mercurio antes de su salida a los cañones o aludeles, se sumaba el hecho de que una parte importante del éxito de la cochura descansaba en el celo y habilidad de los operarios. La debilidad del combustible hacía que las hornadas fuesen largas (más de 24 horas): los horneros indígenas, poco calificados y mal pagados, realizaban sus labores con mucho descuido, de acuerdo con las fuentes mencionadas por Rivero. No dosificaban bien el combustible ni la aplicación de los paños fríos en los aludeles para facilitar la condensación (operación llamada "el chaucho"); se quedaban dormidos o entumecidos por el frío típico del lugar, en vez de ser más activos en sus operaciones.⁴⁹

Un problema de fondo para mejorar los hornos, con que se topó en Huancavelica, fue la falta de un combustible más poderoso que la taquia o el ichu. Esto fue advertido ya por Rivero, y por otros antes que él. El fuego manso de los combustibles locales permitía, por cierto, que se usasen en la construcción de los hornos materiales simples y de poco costo; pero a su vez esto provocaba el poco aprovechamiento de los minerales. Los hornos modernos recién pudieron ser implantados cuando la modernización del transporte permitió movilizar combustibles más eficaces desde otros lugares. Los hornos de aludeles, originarios de Huancavelica, pudieron ser ampliados y mejorados en Almadén (cargaban unas 1 000 arrobas de mineral, contra no más de 200 a 250 arrobas de los de Huancavelica), gracias al mejor combustible disponible.

Flores siguió trabajando la mina en los años cincuenta, pero ahora en sociedad con el coronel Juan Salaverry y el minero Antonio Robles. Salaverry era el nuevo prefecto de Huancavelica, y tal parece que no había manera de excluir a la autoridad local en el manejo, o las utilidades, de la Compañía. Esta desapareció hacia 1854, tanto por el ingreso del azogue de las minas de California como por los trastornos políticos derivados de la guerra civil entre Castilla y Echenique.⁵⁰

Desde los años cincuenta las referencias sobre la minería del azogue en Huancavelica son mucho más esporádicas, hasta llegar al siglo XX. La mina de Santa Bárbara se mantuvo como una mina del Estado, sin que nunca se justificase el porqué. La razón aparente sería que se la tomaba como la única mina de azogue de la nación. El hecho es que este régimen legal hacía que solamente pudiera darse en concesión, manteniéndose una participación del Estado en las utilidades. El propio hecho de que las autoridades locales figurasen comúnmente como empresarios de las minas exhibe esa asociación entre el poder económico y político típica del "mercantilismo". Un modelo en el que la elite económica sólo puede constituirse asociándose al Estado e involucrando a los jefes políticos en las empresas económicas. El defecto de este modelo era que las crisis políticas arrastraban a la desaparición a las empresas montadas con el favor político.

Dada la crucial importancia del azogue para la minería peruana y la falta de mercados desarrollados para casi todos los factores de la producción, el Estado subsidiaba al concesionario con fondos públicos y estableciendo privilegios para los operarios (como no ser levado para el servicio militar, por ejemplo). Rivero criticó en su escrito de 1848 este esquema de trabajo. Adoptando un punto de vista liberal, opinó que el Estado no debía comprometerse con fondos de apoyo para la producción minera: "Ningún gobierno debe entrar en negocios mercantiles o industriales, porque perjudica directamente a sus nuevos súbditos, y no puede distraer las cantidades que son necesarias para sus gastos naturales no siendo sino depositario de los intereses nacionales."⁵¹

Rivero proponía la idea "moderna", materializada en empresas de gran tamaño que pudiesen invertir en tecnología avanzada. También que la compañía que se hiciese cargo de la concesión debía contar con un capital no menor a 200 000 pesos, de modo que se reformasen tanto las labores de extracción de los minerales como los hornos de beneficio.⁵² El concesionario debería comprometerse a vender el azogue a un precio fijo a los mineros de la plata y podría fundar en Huancavelica un banco de rescates que comprase a los pequeños mineros aledaños sus minerales de cinabrio, o el azogue que producían en pequeña escala. Debía evitarse, en cualquier caso, los dos extremos perniciosos de tener paralizadas las minas, por falta de convenios de concesión, o dejarlas al albedrío del "común de los mineros", con su consiguiente destrucción. Su ideal era el de una minería capitalista de gran escala que aprovechase mejor los metales contenidos en los minerales y no perjudicase la salud de los trabajadores.⁵³ Esa fue la política a la que se volcó el Estado en la segunda mitad de siglo, aunque infructuosamente.

La propuesta fue al Congreso, pues el tiempo por el que se solicitaba la concesión excedía el plazo de diez años prescrito en el código civil. El senador por Huancavelica, coronel Juan Salaverry, a quien encontramos quince años antes como prefecto de Huancavelica y socio de los mineros Flores y Robles en la explotación de Santa Bárbara, y, al parecer, verdadero cacique del lugar, logró convencer a la representación nacional de la inconveniencia del proyecto.

Tras dicha experiencia el gobierno hizo aprobar, en 1869, una ley por la cual quedaba facultado para arrendar la mina de Santa Bárbara por un plazo de hasta 50 años, sin necesidad de la venia del Congreso. Uno de los requisitos para la aplicación de la ley fue que los capitalistas de la empresa debían contar con un fondo de por lo menos 500 000 soles.⁵⁵ Fue el momento de mayor iniciativa estatal para reabrir las operaciones de la mina en gran escala. Así, el 20 de enero de 1871 se autorizó la formación de una sociedad para la explotación específica de las minas de Huancavelica, lo que implicaba convocar a una suerte de licitación pública para adjudicar la mina. El ingeniero Alfredo Weiler fue comisionado para hacer un informe de reconocimiento de Santa Bárbara y así atraer postores. Tras dos años de campaña "en los centros comerciales más importantes de Europa y Norte América", no se consiguieron postores, a pesar de que las bases publicadas por resolución del 20 de agosto de 1873 parecían ofrecer buenas condiciones para los empresarios.⁵⁶ Presumiblemente la crisis financiera de 1873 en Europa, unida a los problemas de la Hacienda pública peruana a raíz del gran endeudamiento en Londres para la construcción de los ferrocarriles, fue para Huancavelica una fatal coincidencia.

Durante los años de la década de 1880, la compañía de León Alarco arrendó la mina al gobierno de Andrés Cáceres, pero la guerra civil contra el bando de Miguel Iglesias ocasionó el abandono de los trabajos.⁵⁷ En 1890 hubo una posibilidad de asentar a una compañía británica, que finalmente se frustró por el desentendimiento de la empresa y el Estado con los mineros establecidos. Dos años antes, el gobierno de Andrés Cáceres había enviado al ingeniero Augusto Benavides a realizar una visita y un informe de Santa Bárbara. La labor del ingeniero fue mal recibida por los mineros locales, quienes llegaron a acusarlo de atropello a sus derechos de propiedad y de haber hecho extracciones en puntos vedados.⁵⁸ El prefecto del departamento apoyó, sin embargo, la labor de Benavides. Ambos objetaron que los reclamantes tuviesen algún derecho de propiedad, ya que no estaban inscritos en el padrón de minas abierto desde 1878, en el que cada pertenencia debía ser inscrita y mantenida en vigencia mediante un pago de 30 soles anuales. Se trataba de los humaches, opuestos a la explotación moderna, que amenazaba con desplazarlos. Algunos "vecinos notables" de Huancavelica, según expresión del prefecto, y el juez de la plaza respaldaron al ingeniero de Lima.⁵⁹

El hecho es que este incidente caldeó los ánimos locales y quizá tuvo un efecto para la retracción de los ingleses. Estos llegaron a firmar en abril de 1890 un contrato con el Estado por 50 años, reservándose 25% de acciones para el Estado. Sin embargo, el contrato quedaba condicionado a un reconocimiento de la mina por un ingeniero de la compañía y a que las labores estuviesen totalmente despejadas de derechos de propiedad locales. El ingeniero A. Tamayo hizo un informe optimista de la inversión, señalando que se requeriría de un presupuesto de 430 000 soles para iniciar una producción moderna de 30 quintales diarios. Pero el informe del ingeniero William Hadley fue menos entusiasta, quejándose de la dificultad de conseguir madera para el entibado de las galerías y la complicación con la propiedad de otras minas cercanas.⁶⁰ La crisis financiera europea de esos años (crisis Bahring) terminó por fastidiar la posibilidad de este contrato.

Hacia los años noventa el sistema de beneficio de la plata ya había abandonado en gran medida el uso del azogue; incluso en Perú venían implantándose otros métodos, como el de la lixiviación y la fundición en hornos, por lo que el azogue dejó de tener gran atractivo. El precio del frasco de 75 libras se redujo de 55 a 65 soles en los campamentos mineros.⁶¹ El siglo XIX terminó y Santa Bárbara no alcanzó a ver su nuevo despertar moderno y capitalista. En 1901, al amparo del nuevo código de minería, las principales labores fueron denunciadas por Pedro Pablo Arana, descendiente de un antiguo minero local, y Augusto Benavides, el ingeniero de Lima citado anteriormente. Sin embargo, ellos no consiguieron para el mineral más que "una vida lánguida por varios años".⁶² En 1915 la mina pasó a manos de Eulogio Fernandini, quien aprovechando la coyuntura de altos precios del azogue a raíz de la primera guerra mundial, realizó por fin la gran inversión y modernización de la producción con tecnología traída de California. Siguió usándose, no obstante, ingredientes nativos, como la taquia de los animales como combustible.⁶³

Reflexiones conclusivas

Algunas conclusiones puntales, y otras más generales, resultan de la experiencia de Huancavelica en el siglo XIX. Hasta cierto punto podrían extenderse hacia otros casos de centros mineros en América Latina, que aunque tuvieron horas de gloria en el periodo colonial, se hundieron en la insignificancia durante el siglo XIX.

Entre las conclusiones puntuales, podemos anotar que Huancavelica nunca dejó de producir azogue a lo largo del siglo XIX. Lo que ocurrió fue un desplazamiento de los mineros formales por los humaches o pallaqueadores, invisibles para los ingenieros de minas, el Estado y el registro de la historiografía; su predominio transmitió la noción de que Huancavelica estuvo cerrada entre el retiro de los españoles y la llegada de los mineros modernos del siglo XX.⁶⁴ Es cierto, sin embargo, que después de 1852-1854, cuando cesó la compañía de Flores, la producción disminuyó a niveles muy bajos. Esta contracción se debió a la convergencia de dos circunstancias: la aparición de las minas de azogue de California, que provocó la baja de los precios del producto, y el hecho de que desde 1851 el Estado peruano permitió la exportación de minerales en crudo, lo que disminuyó la demanda de azogue.

Las conclusiones más generales tienen que ver con las dificultades que el sector minero enfrentó en Perú y en otros países andinos y latinoamericanos para expandir su producción en el siglo XIX. Aunque el Estado pareció realmente interesado en la rehabilitación de la histórica mina, al punto que orientó fondos públicos para ello, tardó en dar con el formato jurídico y económico adecuado para dicho impulso. Por una cuestión de inercia o de cultura patrimonialista, mantuvo la mina como propiedad del Estado, lo que desalentaba a los potenciales inversionistas, quienes tendrían que compartir sus ganancias con el Estado, o reducirse a periodos cortos de concesión.⁶⁶ El propio hecho de ver a dos presidentes de la república (como Castilla y Cáceres) y a todos los prefectos del departamento de Huancavelica figurando como socios o partícipes de las empresas nos hace ver que la separación que el liberalismo preconizaba entre la política y la economía no había echado aún raíces en Perú. En el mismo sentido, puede mencionarse al ex prefecto, jefe militar y empresario de Santa Bárbara, Juan Salaverry, combatiendo desde el Senado la entrada de una empresa minera a lo que él consideraba su espacio de dominio.

Comúnmente se menciona la falta de capital como una limitación para el despegue o la modernización de la minería latinoamericana del siglo XIX. Pero en el Perú de mediados del siglo XIX se contaba con las grandes ganancias dejadas por las exportaciones de guano. Si este capital no fue canalizado hacia la minería pudo ser, en parte, por el llamado "mal holandés", que -como se sabe- empeora las posibilidades de atraer capital y mano de obra a todos los sectores de la economía distintos al responsable del súbito chorro de ganancias; asimismo, porque el esquema legal de la minería creaba enormes dificultades para esa transferencia. Hasta 1878 no se creó un registro unificado de pertenencias mineras, y el sistema judicial carecía de confiabilidad. El código colonial de minas (las llamadas "nuevas ordenanzas" de 1786) no fueron reemplazadas íntegramente hasta el código de minería de 1900, aunque en 1877 se hizo una modificación parcial. Los primeros bancos, aparecidos precisamente durante los años del guano, se limitaban a operaciones de descuento de letras y no fueron canales para el flujo de capitales.

Tampoco puede dejarse afuera la oposición de los pequeños mineros informales (los humaches, en este caso), quienes se movilizaron cada vez que el Estado o una empresa moderna asomaron por Huancavelica. En 1849 hubo un primer enfrentamiento en este sentido cuando el prefecto Manuel Miranda, aliado con los mineros locales, se opuso a que la compañía arrendataria mantuviera la posesión de la mina, por ser una "compañía extraña" al lugar.⁶⁷ Era claro que el Estado, incluso desde antes de la independencia, había dejado avanzar a los humaches y no tuvo después la fuerza para desalojarlos y garantizarle así, al concesionario, el usufructo real de un monopolio sobre la mina de azogue más importante. No deja de ser interesante que incluso tuvieran su representante en el Congreso, como fungió Juan Salaverry cuando logró derrotar la pretensión de la compañía de Basadre para explotar la mina. La dificultad y el costo de realizar una inspección de las labores, tan derruidas e intrincadas, en medio de la hostilidad local, también desalentó a los inversionistas.

Así fallaron las instituciones que debían garantizar los derechos de propiedad de los inversionistas, en un momento en que las dimensiones de la inversión debían crecer por la sofisticación que iba ganando la tecnología minera. El Estado que en un esquema liberal debía garantizar dichos derechos, quería en cambio intervenir en las ganancias, al tiempo que carecía de fuerza para poder desalojar a los mineros informales. Tras la independencia, los empresarios del país, por su parte, parecían buscar también la asociación con el Estado. No de otra manera se entiende que cada vez que constituían una compañía, invitaban a participar en ella al prefecto del departamento o incluso al presidente de la república. Por un lado, porque entendían que así estaban asegurando una protección necesaria, en un contexto en que los derechos de propiedad nunca eran claros. Por el otro, porque la intervención política era juzgada como necesaria para conseguir trabajadores, animales de carga y otros insumos de los que no había un mercado digno. Pero cuando se percataron de la poca fuerza del Estado para intervenir en su favor, buscaron otros renglones de actuación alternativos a la minería.

Sin el apoyo de capitales externos al sector minero, los empresarios provenientes del mundo blanco-mestizo de la jerarquizada sociedad peruana no pudieron competir con los humaches. Se entiende que en el proceso de modernización económica, los pequeños empresarios son desplazados por los grandes, por su incapacidad de competir con los bajos precios que estos imponen gracias a su tecnología superior. Pero en este caso, los precios bajos los ponían los mineros indígenas.⁶⁸ En parte, estos costos eran bajos gracias a su informalidad: no pagaban impuestos ni derechos de explotación. Sin embargo, también habría que decir que tampoco recibían el auxilio del Estado, como ya se mencionó antes. En un mundo sin mercado laboral, los humaches podían echar mano a su propia fuerza de trabajo, y adicionalmente a la de sus propias familias y allegados en el mundo campesino. Contaban con sus propios animales para las operaciones de transporte (las llamas) y, dada la sencillez de su tecnología, no requerían de insumos foráneos. En este sentido, podemos decir que su inserción social en el medio les brindaba ventajas que los empresarios no indígenas no pudieron compensar.

Así las cosas, parece que si en la época colonial el apoyo que el Estado brindaba al empresario compensaba los costos de la legalidad, en el tiempo poscolonial, con un Estado debilitado, el balance se había invertido, y los mineros formales, privados de infraestructura de transporte y de capital para invertir en una tecnología más avanzada, no pudieron neutralizar los bajos costos de los mineros informales.

Archivos

AGN Archivo General de la Nación, Lima, Perú.

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Notas

* La primera versión de este trabajo fue preparada para el IX Congreso de Historia de la Minería en América Latina. Sucre-Potosí: 4-8 de abril de 2007. La investigación contó con apoyo del Departamento de Economía de la PUCP. Agradecemos a los lectores anónimos de la revista América Latina en la Historia Económica, por sus valiosos comentarios.

² Raimondi, Perú, 1902.

³ Umlauff, "Cinabrio", 1904, p. 18.

⁴ La falta de "producción oficial" de azogue provocó que entre 1825 y 1839 el departamento de Huancavelica perdiera su condición de tal, pasando a agregarse al departamento vecino de Ayacucho, con capital en Huamanga. Huancavelica había sido una de las ocho intendencias con que el virreinato peruano cedió su lugar a la nueva república, y en principio todas las intendencias coloniales pasaron a ser otros tantos departamentos. Sin embargo, durante la presidencia de Simón Bolívar en Perú, se suprimió el de Huancavelica, seguramente por considerar que estando en crisis la minería local (recordemos que los humaches eran "invisibles"), que en el tiempo virreinal fue la base para la creación de esa intendencia, no tenía ya objeto mantener a Huancavelica como una circunscripción independiente. Las disposiciones de desaparición y restauración del departamento de Huancavelica pueden verse en Macera, Parlamento, 1998-2000.

⁵ Sobre las cifras de producción de plata y oro, véase de Deustua, Bewitchment, 2000, pp. 23-34.

⁶ Sobre esto, véase Contreras, "Reemplazo", 1999.

⁷ En 1826 el precio del azogue en Arequipa fue de 95 pesos, habiendo sido de 50 pesos en 1809. En Cerro de Pasco, que era el principal asiento productor de plata, alcanzó los 190 pesos hacia 1828. Deustua, Minería, 1986, p. 179. En 1845, ante la total escasez de azogue ("no había un solo quintal de este artículo en toda la costa"), el Estado compró 700 quintales de azogue al comerciante Pedro González de Candamo, a 145 pesos cada uno. Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. III, p. 32.

⁸ Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. III, p. 31.

⁹ Sobre el precio del azogue hacia 1840, véase Tschudi, Perú, 2003, p. 281.

¹⁰ Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. III, p. 31.

¹² Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, pp. 158-160.

¹³ Esta idea es mencionada por Brown en "Regulación", 2002, p. 123.

¹⁴ Las cifras, en promedios móviles de cinco años, pueden verse en Brown, "Spanish", 1994, pp. 152-153.

¹⁵ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, p. 118.

¹⁶ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, p. 113.

¹⁷ Deustua, Minería, 1986, p. 180. Cita como fuentes el informe de los ingenieros Fernández, Yates y Kent, "Geología", 1952, y dos manuscritos de la época.

¹⁸ Blanco, Diario, 1974, t. I, p. 38. En otro pasaje es menos radical, y señala que desde la independencia mantuvo un "trabajo escaso". Ibid., p. 32.

¹⁹ Ward Stavig menciona en su artículo "Continuing", 2000, a un señor Manuel Humachi, criollo, afincado en Potosí. El Diccionario, 1993, de Salazar y Langue, no menciona el término.

²⁰ Así los describió Pedro Pablo Arana en 1901: "El abandono de las minas de Santa Bárbara dio lugar a que la extracción furtiva de los metales se considerase como ocupación lícita y autorizada por los funcionarios públicos, por lo que andando el tiempo se hizo general, dando margen a un nuevo gremio de mineros ambulantes, por el estilo de los buscones y pallaqueadores, conocidos hoy con el nombre de humachis. Los nuevos mineros sin título ni capital, sin sujeción ni vigilancia, han sido los dueños, no sólo de la mina Santa Bárbara, sino de todas las de los particulares, abandonadas por la guerra de la independencia." Arana, Minas, 1901, p. 16.

²² Carta al prefecto de Huancavelica de los señores Domingo de Orbesúa y Manuel Miranda, mineros de Huancavelica, Huancavelica, 14 de enero de 1849, en AGN, Minería, leg. 55. En una carta del 11 de septiembre de 1839, dirigida al subprefecto accidental de la provincia de Huancavelica se lo instruía "para que todos los mineros, inclusos los humaches". Ibid.

²³ Carta del 28 de diciembre de 1839, de los mineros Domingo de Orbesua y Escolástico Durán, al prefecto de Huancavelica, en AGN, Minería, leg. 55.

²⁴ Arana, Minas, 1901, p. 16.

²⁵ Oficio del 19 de agosto de 1847, en AGN, Minería, leg. 55, las cursivas señalan trozos del texto reconstruidos por mí, por estar manchados y por ello ilegibles en esas partes.

²⁶ Crosnier, como buen francés republicano, dio el dato en el sistema métrico decimal: 92 toneladas de producción anual. Esto equivaldría a unos 2 026 quintales. Vale decir, un nivel de producción similar al de la última etapa colonial. "Notice geologique sur le departaments de Huancavelica y d'Ayacucho", Annales des Mines, serie 5a., t. II, 1852, París. Citado en Dueñas, "Fisonomía", 1904, p. 11.

²⁷ Los informes mensuales pueden verse en AGN, Minería, leg. 55.

²⁸ Tschudi, Perú, 2003, p. 281. Este autor da para Pasco, el dato de consumo de media libra de azogue por cada marco de plata, aunque, como se sabe, esta relación podía ser muy variable.

²⁹ Sobre las cantidades de producción de plata y oro, véase Deustua, Bewitchment, 2000, pp. 29-34. Sobre la de plata véase también Contreras, "Reemplazo", 1999.

³⁰ Mariano de Rivero da noticias de Chonta, en su informe de Huancavelica de 1848. Alcanzó a producir 700 quintales anuales hacia 1845. Véase Deustua, Minería, 1986, p. 180.

³² Arana, Minas, 1901, p. 17. El ingeniero de 1882 fue Héctor Daveluois.

³³ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, p. 97.

³⁴ República, Censo, 1878, t. IV, pp. 686-688. Mucho más numerosos fueron los agricultores (712 personas), pastores (239), costureras (182), domésticos (144), comerciantes (122) e incluso los sastres (75).

³⁵ Dueñas, "Fisonomía", 1904, p. 143.

³⁶ Una referencia a uno de estos fracasos puede verse en el informe del juez de primera instancia del Cercado de Huancavelica, Narciso Alayza, de mayo de 1889. AGN, Minería, Libro de informes 1889. De acuerdo con el juez, los mineros locales incluso ignoraban la convocatoria y el número mínimo necesario para formar un gremio.

³⁷ Markham, Cuzco, 2001, p. 65.

³⁸ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, p. 92.

³⁹ Montoya, Exposición, 1841, p. 4.

⁴⁰ Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. III, p. 31.

⁴² Ibid., p. 5, y Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. III, p. 31.

⁴³ Otros socios de la Huancavelicana fueron José Bengolea, Patricia Fernández, Pablo Cárdenas, Rafael Ostas, Manuel del Río y José Santiago Arana. "Razón de las cantidades que han entrado en esta Tesorería de la Compañía Huancavelicana", Huancavelica, 4 de mayo de 1845, en AGN, Minería, leg. 55. Firma el propio Menéndez.

⁴⁴ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, p. 116.

⁴⁵ Ibid., vol. 2, p. 113.

⁴⁶ Ibid., p. 130. Una llama cargaba entre tres y cuatro arrobas.

⁴⁷ Tamayo, "Mina", 1904, p. 39.

⁴⁸ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, pp. 116 y ss. Este autor cita en este punto documentos e informes de finales del siglo XVIII. Es posible que en el esquema de minería independiente que se generalizó después de 1813, esta situación haya cambiado.

⁴⁹ Ibid., vol. 2, pp. 134 y ss.

⁵⁰ Arana, Minas, 1901, p. 18.

⁵² Esta cantidad representaba para ese momento 4% del presupuesto nacional.

⁵³ Rivero, "Memoria", 1857, vol. 2, pp. 116-121.

⁵⁴ Citado en Arana, Minas, 1901, p. 19.

⁵⁵ Ley del 26 de enero de 1869. Dancuart y Rodríguez, Anales, 1902-1926, t. VIII, p. 168.

⁵⁶ Ibid., t. IX, p. 19.

⁵⁷ La fuente para estos datos es Arana, Minas, 1901, pp. 19 y ss.

⁵⁸ Hubo una acusación firmada por 100 vecinos de la villa, que fue entregada al prefecto. AGN, Minería, Libro de informes 1889.

⁵⁹ Sin embargo, no andaban descaminados los humaches en sus temores, pues pocos años después, el mismo ingeniero Benavides, en sociedad con el ex presidente Andrés Cáceres, hizo varios denuncios de minas en Santa Bárbara.

⁶⁰ Tamayo, "Mina", 1904.

⁶² Gastelumendi, "Huancavelica", 1920, t. II, p. 46. Otro de los propietarios que figura en los padrones de Santa Bárbara hacia 1900 era el ex presidente de la república Andrés Cáceres.

⁶³ Ibid., pp. 46-56.

⁶⁴ Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en el libro de Orrego, Ilusión, 2005, en la p. 141 anota: "Otro problema [para el desarrollo de la minería] fue el suministro de mercurio, insumo básico para la purificación de la plata: a partir de 1830 tuvo que ser importado de España porque las minas de Huancavelica habían cerrado."

⁶⁵ Sobre la competencia con Almadén, véase Brown, "Spanish", 1994.

⁶⁶ Esta falla en el esquema institucional fue reconocida en el parecer (firmado por Pedro Paz Soldán) que el Ministerio de Hacienda y Comercio expidió en julio de 1867, a raíz de una consulta del Congreso de la república: ni el sistema de "administración" por el Estado ni el de "arrendamiento" podían resolver la situación de Huancavelica. El primero, porque "el Estado no debe hacerse especulador"; y el segundo "porque ninguna compañía o persona abonada querrá comprometer capitales y trabajo para una posesión precaria que no asegura un provecho halagüeño y que espone [sic] a hacer imposible o ruinosos los traspasos en caso de rescisión o terminación del contrato". Archivo General del Congreso de la República del Perú, Congreso Constituyente de 1867, leg. 7, Comisión de minería, exp. 2.

⁶⁷ Documento del 24 de septiembre de 1849, en AGN, Minería, leg. 55.

⁶⁸ "Los indios de Huancavelica han trabajado y vendido siempre el azogue, aunque en cantidad muy pequeña, a los vecinos de Castrovirreyna y otros asientos minerales, a precios muy bajos, compensando apenas, como se comprende, su trabajo personal", se quejaba el minero "blanco" Arana en su informe de 1901, Minas, p. 40.

Sobre los autores

Carlos Contreras
Carlos Contreras es historiador, nacido en Lima, Perú. Profesor en el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto Peruano. Sus temas de investigación versan sobre la historia económica de la región andina durante los periodos colonial y republicano.