Solidaridad en el debate global y local: reflexión desde un análisis del caso chileno

Solidarity in the local and global debate: reflection from an analysis of the Chilean case

José Antonio Román-Brugnoli, María Alejandra Energici-Sprovera y Sebastián Ignacio Ibarra-González

Universidad Alberto Hurtado, Chile. jroman@uahurtado.cl, menergic@uahurtado.cl, sibarra@uahurtado.cl

Recepción: 1 de junio de 2012.
Aprobación: 13 de marzo de 2014.

Resumen

En los últimos quince años la noción de solidaridad ha vuelto al debate en las ciencias sociales, obligando a una reflexión transdisciplinar. Este debate se ha centrado en las democracias modernas liberales en el contexto de la globalización del libre mercado, caracterizándose por tres preocupaciones principales: gobernabilidad, responsabilidad y cohesión social; el papel que la solidaridad juega y puede desempeñar en el decurso de este proceso; y respecto de las mutaciones mismas de la solidaridad. Este artículo contribuye en esta reflexión desde un análisis del caso chileno, cuyo interés particular radica en su reciente proceso de recuperación de una política de derechos sociales, y en el protagonismo que la noción de solidaridad ha tenido dentro de éste. Para ello aporta datos propios de análisis de la política social de los últimos cuatro gobiernos democráticos, la publicidad sobre solidaridad y la opinión pública, los cuales son comparados con resultados de otros estudios.

Palabras clave: modernización, globalización, neoliberalismo, responsabilidad social.

Abstract

Over the last fifteen years the notion of solidarity has returned to the debate in social sciences, forcing transdisciplinary thinking. This debate has focused on modern liberal democracies in the context of free market globalization, characterized by three main concerns: governance, accountability and social cohesion; the role that solidarity plays and can play in the course of this process and the mutations on solidarity. This article contributes to this reflection from the Chilean case analysis, whose particular interest lies in its recent process of recovery of a policy of social rights and the role that the notion of solidarity has had inside it. It offers data from our own analysis of the social policy of the last four democratic governments, advertising and public solidarity, which are compared with results from other studies.

Introducción¹

El artículo se estructura en cuatro grandes apartados. El primero ofrece una introducción al debate actual sobre solidaridad centrándose en cuatro grandes frentes: la discusión sobre el papel del Estado y la responsabilidad social; la cuestión sobre la solidaridad social como resultante de una institucionalización de un Estado de derechos sociales y/o del fomento de un tipo de cultura solidaria; la solidaridad como posible respuesta a los problemas de exclusión social derivados de los procesos de globalización; y una visión crítica sobre el auge de un nuevo discurso sobre la solidaridad.

El segundo presenta los antecedentes que permiten comprender los diferentes sentidos que ha tenido la solidaridad en la historia reciente chilena, así como su relación con los también recientes procesos de modernización del país. En el tercer apartado se realiza una caracterización de la solidaridad en la sociedad chilena con base en estudios propios, desde tres miradas: un análisis del sentido de la solidaridad en el diseño de políticas sociales de los últimos cuatro gobiernos de la coalición de partidos políticos conocida como "Concertación" (1990-2010); un análisis del significado y sentido de la solidaridad que es promovida en la publicidad de ayuda en Chile; y, en tercer lugar, un análisis de las nociones y prácticas de la solidaridad predominantes en la sociedad chilena actual.

Por último, a partir de los antecedentes presentados, se discuten las conclusiones sobre la manera que las nuevas políticas sociales, así como las nuevas formas de solidaridad promovidas por la publicidad de ayuda, concurren en la generación de condiciones para una representación y práctica de la solidaridad como mera acción altruista individual mediada por el mercado, y un debilitamiento de un sentido de una solidaridad estructural de tipo mutualista, vinculada a desafíos como la justicia social o el bien común; tendencia que se ve contradicha por la opinión pública.

La solidaridad en el debate global

En los últimos años la noción de solidaridad ha vuelto a ser traída al debate en las ciencias sociales. Se discute sobre el papel que la solidaridad juega o puede jugar dentro de estos procesos; respecto de las mutaciones de la solidaridad y su relación con estas transformaciones; y desde una inquietud por la cohesión y la responsabilidad social en las democracias liberales contemporáneas. A su vez, los planteamientos vertidos utilizan muchas veces una variedad de perspectivas (crítica-normativa-descriptiva) y difieren según compromisos discursivos (donde se pueden apreciar protagonismos de las corrientes comunitaristas, socialistas, liberales sociales y neoliberales, principalmente).

Parte importante de esta reflexión se ha desarrollado en el contexto europeo de debilitamiento del Estado de Bienestar, y compromete el sentido y rol de Estado. Solidaridad y ciudadanía social constituyeron los dos principios fundacionales del Estado de Bienestar, inspirando la superación de una mera labor de asistencia pública (solidaridad altruista), y el paso a un Estado basado en una noción mutualista del porvenir y del bien común (solidaridad mutualista) (Petrella, 1997).

Así, el Estado de Bienestar se caracterizó por ejercer la solidaridad con políticas orientadas al bien común y la equidad en tres frentes: distribución de los ingresos (a través de políticas salariales, de pleno empleo y empleo estable), la protección social (en educación, salud y pensiones), y la asistencia social (destinada a minorías excluidas en su acceso a las otras dos medidas) (García-Roca, 1998).

Por eso, las actuales transformaciones en el rol de Estado europeo son descritas como un retroceso en materia de solidaridad, y como la implementación de un Estado gestor del desarrollo económico con una responsabilidad delimitada sobre los derechos y destinos de sus ciudadanos (Castell, 1995; Ewald, 1986; Habermas, 1987, 1999; Hinkelammert, 2001; Rawls, 1979, 1986, 1993; Van Parijs, 1995, 1996, 2002).

Pero desde la tradición neoliberal, caracterizada por concebir al libre mercado, la libertad individual y el derecho de propiedad, como principios básicos del correcto funcionamiento económico y social (Delgado, 2006; Salvat, 2002), la verdadera justificación del Estado debe encontrarse en salvaguardar las precondiciones del mercado, que consisten en los derechos de propiedad privada, sus participantes y la independencia de los mismos (Broshammer y Kayb, 1998).

La solidaridad, como discriminación positiva del Estado hacia los más desfavorecidos, es concebida como una perversión del sistema, generando parasitismo social y vulnerando las libertades individuales y el correcto funcionamiento del mercado (García-Roca, 1998). La solidaridad sólo puede ser aceptada como ejercicio altruista de la libertad individual, como un servicio o bien más en el mercado, o como una herramienta de marketing (Román et. al., 2007; Román y Energici, 2010).

Así, el debate sobre solidaridad se vincula con el de la responsabilidad social. Houtepen y ter Meulen (2000) han planteado que la retirada del Estado de Bienestar y el tránsito desde las responsabilidades públicas a las privadas, más el individualismo concomitante a la modernización capitalista, acarrean el riesgo de una disolución de la responsabilidad social. Coincidentemente, el desafío político de la solidaridad ha sido definido como una relocalización de la responsabilidad social, mediante una transferencia de poder desde lo público a lo privado (Schuyt, 1998). Desde aquí, han sido avaladas estrategias de empoderamiento de la sociedad civil que tienen en común la habilitación para que ésta pueda resolver una parte importante de sus necesidades sociales por sí misma (Laville y Nyssens, 2000; Schuyt, 1998).

Solidaridad: institucionalización de derechos sociales o fomento de una cultura

Este debate conduce también a la relación entre solidaridad, institucionalización y cultura. Algunos autores coinciden en la necesidad de una institucionalización de cierto estado de derechos sociales (Habermas, 1989; 2000) y de justicia (Rawls, 1979, 2000), que se presten como el marco requerido para el desarrollo de una convivencia solidaria entre las personas y como fundamento del vínculo social (Van Parijs, 1996).²

Sin embargo, la constatación de la permeabilidad cultural a los valores hegemónicos del capitalismo neoliberal parece cuestionar esta posibilidad: Mcpherson (1970) ha identificado la instalación de un "individualismo posesivo" como un componente clave del proceso modernizador, y Lipovetsky (1994) ha alarmado sobre un déficit en la capacidad de emprender acciones mutuas de beneficencia basadas en alguna concepción ética fuerte. Incluso se ha hablado de un nuevo "solidarismo responsabilista": es asunto de cada cual no molestar o cargar lo menos posible la existencia de los otros individuos; en cambio, le tocaría a las instituciones dar a cada individuo los medios para permitirle reducir al máximo la carga que puede representar para los otros.³

Exclusión social y solidaridad: el problema de los procesos de modernización y globalización

La otra gran parte de este debate se ha centrado en los procesos de globalización y el problema de la exclusión social. En esta línea, Brunkhorst (2005), García-Roca (1998) y Mascareño (2007) han identificado la exclusión social como el principal problema del proceso de modernización y globalización. Aunque con diferencias, los tres coinciden en que la solución a este problema se relaciona con la institucionalización de un correlato político de la globalización económica destinado a asegurar procesos de inclusión social.

Según Brunkhorst (2005), los problemas de inclusión en el nivel de una sociedad modernizada global, se deben a que la globalización del poder, las leyes y el capital no han ido acompañadas de una correspondiente globalización de la solidaridad democrática. Los dos problemas estructurales de inclusión que retornan a escala global son la "desocialización" del individuo y la exclusión de segmentos de la población de los beneficios del sistema económico. En este contexto, se volvería indispensable una globalización del principio de solidaridad democrática que inspiró las constituciones de las democracias modernas occidentales, mediante una constitución global fundada en la idea de una ciudadanía universal.

Para García-Roca (1998), la generación de un correlato político de la globalización económica implica la creación de una sociedad mundial, con instituciones políticas de escala internacional, capaces de oponer a las dinámicas de exclusión, una política y una cultura mundial inclusivas basadas en la solidaridad. Esto exigiría una capilarización de la solidaridad en la sociedad en tres modalidades: ascensión de los marginados, distribución de beneficios, y abajamiento de las élites. Esto exigiría una distribución de las prácticas solidarias de inclusión en tres dimensiones: Estructural y política, Contextual y social y Cultural.

Para Mascareño (2007: 43), "la exclusión se multiplica, tanto porque todo sistema excluye, como también porque lo hace desde su propio criterio, y el Estado, que había sido la instancia que absorbía esa complejidad, hoy ya sólo puede coordinarla". Como correlato, la diferenciación funcional de la sociedad moderna mundial estaría dando lugar a la emergencia de un sistema de cooperación social en proceso de diferenciación. Esta emergencia se apreciaría en una variedad de organizaciones que se estarían coordinando y que tendrían como problema central de referencia la exclusión social.

Aportarían en esa dirección la codificación de derechos de inclusión en términos cosmopolitas y la dinámica de sistemas que se orientan a la inclusión cuando niveles altos de exclusión los amenazan. Sin embargo, el primer desarrollo todavía es incipiente, y aún los sistemas soportan niveles de exclusión mayores que los que toleran sus afectados. La solidaridad emerge entonces como una fórmula de contingencia contribuyendo a la formación de estructuras para la transformación de la exclusión en inclusión.

Finalmente, un cuarto debate se ha abierto en torno a la creciente popularidad y polisemia de la noción de solidaridad. García-Roca (1998) lo ha descrito como una "hemorragia de sentido", subrayando la pérdida de su valor como principio ético orientador. Bueno (2004) lo identifica como un fenómeno propio de "las sociedades democráticas homologadas", que se caracterizaría por la popularización de una "idea general de la solidaridad", posicionado desde una especie de "neutralidad etológica": la solidaridad se valida esencialmente buena y deseable, permitiendo distinguir entre comportamientos solidarios y no solidarios, eludiendo cuestionamientos éticos, políticos o religiosos. Esto ha permitido una pluralización de la invocación de la solidaridad para variedades de acciones sin que sea necesario afrontar el debate sobre el tipo de sociedad con que la promoción de estas versiones de solidaridad se encuentra comprometida (Razeto, 2005).

Este fenómeno se relacionaría con la emotivización del discurso moral del occidente moderno (McIntyre, 1985), la moralización del discurso político (Mouffe, 2007) y la amplia psicologización de diversos ámbitos y prácticas sociales (Rose, 1998), y sus efectos en despolitización del debate social.

Antecedentes sobre la solidaridad en Chile

El caso de Chile encierra dos particularidades. Primero, la noción de solidaridad posee en la sociedad chilena un protagonismo cultural histórico como valor moral y como referente identitario nacional.⁴ Segundo, desde la recuperación de la democracia en 1990, la política social del Estado chileno ha venido recorriendo el camino inverso al de los Estados europeos: ir desde una revolución neoliberal capitalista impuesta por la dictadura militar, hacia una restauración del Estado de derecho, con una progresiva incorporación de los derechos sociales dentro del rol del Estado y las agendas de gobierno (Moulian, 2002; Vega, 2007).

En este proceso, la noción de solidaridad ha sido ampliamente socorrida por diferentes sectores y con variedad de sentidos. Pero su masiva incorporación en la jerga pública y privada, científica y popular, no ha sido acompañada de una reflexión sobre sus variaciones y su papel en este proceso de cambio político, económico, social y cultural.

Los estudios disponibles permiten describir aspectos de la tradición cultural de la solidaridad en Chile: la semántica y valoración de la solidaridad, y las tensiones en que es colocada en el contexto de modernización neoliberal. Dockendorff (1993; et al., 2010) distingue tres grandes momentos históricos, marcados por la dictadura militar iniciada en 1973:

• Antes. Se reconoce una solidaridad que se vinculaba con la tradición de la caridad cristiana y otra que se populariza en el país a partir de los años sesenta, vinculándose a la idea de justicia social, inspirada en los movimientos sociales obreros y/o en la Doctrina Social de la Iglesia.

]]> • Durante. Desde la dictadura militar de 1973, además de los sentidos precedentes, la solidaridad es asociada, por un lado, con la labor de protección y defensa de los derechos humanos desde partidos políticos, la Iglesia Católica, ONGs, organismos internacionales y movimientos colectivos; y por la otra, con una solidaridad promovida desde la televisión, asociada al consumo de productos, a la publicidad de empresas y al espectáculo.

• Después. Con el tránsito hacia la democracia, la solidaridad dejó de vincularse principalmente con las víctimas de la represión y la persecución políticas, y comenzó a subrayarse un sentido relacionado con la pobreza, la protección social y la igualdad de oportunidades, en especial en el discurso de actores sociales del sector público y del tercer sector. Simultáneamente dejó de presentarse como una responsabilidad exclusiva del Estado y comenzó a trasladarse progresivamente a un discurso que la señala como asunto de todos los chilenos.

Se ha afirmado que actualmente la palabra solidaridad posee dos grandes connotaciones: una predominante, como ayuda del que tiene recursos al que no tiene, como un acto de generosidad puntual y concreto, y que resalta la bondad del donante, y una menos extendida, entendida como responsabilidad social del individuo y de la sociedad, como condición de la vida humana en sociedad e imperativo ético (Dockendorff, 1993; Informe Ethos, 2002).

En otro estudio (Román et al., 2007) se identificaron tres versiones de la solidaridad: i) asistencial, de donaciones monetarias, realizada más habitualmente, pero criticada por ser fácil y descomprometida; ii) de apoyo emocional y pequeños favores, valorada por su compromiso, pero replegada hacia el ámbito íntimo familiar y de amistades; y iii) promotora de equidad, como deseo de futuro y deber ser, ubicada bajo la responsabilidad de instituciones públicas y del tercer sector.

Se señala que el miedo, la desconfianza, el acelerado ritmo de vida, el individualismo y el egoísmo se identifican como rasgos de la vida cotidiana de la ciudad, que tornan difícil el ejercicio de una solidaridad directa, comprometida y promocional en el ámbito público (Román et al., 2007). Esto concuerda con hallazgos anteriores (Dockendorff, 1993) que plantean la emergencia de un "síndrome antisolidario" y con resultados de varios informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (1998, 2000, 2002).

El informe de 1998 acusa una retracción de la sociabilidad: las redes se restringen a círculos íntimos de familiares y amigos, y lo público aparece como un espacio ajeno y amenazador. Un desafío para la sociedad chilena sería "cuidar y profundizar las distintas formas de sociabilidad, promover las relaciones de confianza y cooperación, en fin, fortalecer el vínculo social entre las personas" (PNUD, 1998: 17).

El informe del año 2000 volvía a identificar la presencia del individualismo y un debilitamiento de las iniciativas colectivas: muchos chilenos muestran malestar al constatar que este individualismo rompe tanto con los lazos solidarios de antes, como con el tipo de relaciones sociales deseadas (PNUD, 2000).

Complementariamente, el informe del año 2002 refiere las dificultades del proceso de individualización en un contexto despersonalizado y competitivo, donde la imagen de lo chileno como un orden de integración igualitaria y solidaria se ha vuelto inverosímil (PNUD, 2002).

Caracterización de la situación de la solidaridad en Chile

Llevaremos a cabo la caracterización de la política social sobre un análisis de la semántica textual (van Dijk 1997, 2000) de los cuatro programas de gobierno de los presidentes comprendidos dentro del periodo de los gobiernos democráticos de la Concertación: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Este análisis fue complementado con un trabajo de contextualización (Wodak, 2003) mediante la revisión de documentos elaborados por analistas del periodo y otros documentos de gobierno.

Para la caracterización de las nociones y prácticas de solidaridad promovidas desde la publicidad, remitiremos a un análisis semiótico (Kress y van Leeuwen, 2001) realizado sobre un corpus de 598 piezas de publicidad de ayuda recolectadas entre enero de 2009 y enero de 2010.

Finalmente, el análisis de la solidaridad en la opinión pública presenta resultados de dos encuestas: la Encuesta Solidaridad aplicada en el año 2007 a una muestra no probabilística por cuotas de 609 personas habitantes de la ciudad de Santiago, de diferente nivel socioeconómico, sexo y tramo etáreo (Román e Ibarra, 2008), y la Encuesta Solidaridad, Capital Social y Voluntariado (2011) que se aplicó en el año 2011 a una muestra probabilística de 934 en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Bío-Bío.⁶

Política pública: solidaridad, rol del Estado y responsabilidad social

Los programas de gobierno son variedades discursivas pertenecientes al ámbito de políticas públicas y sociales (Wodak y Meyer, 2001; Wodak, 2003), y se ubican en la fase de diseño. Como tales, son textos relevantes para analizar el uso de la noción de solidaridad en el discurso de estos gobiernos, ya que constituyen una "carta de navegación", donde se presentan las principales políticas a realizar y se explicitan los valores y principios que las avalan.

Existe consenso en que la política pública de los gobiernos de la Concertación constituyó un programa de restauración del Estado de derecho y de progresiva reincorporación de los derechos sociales dentro del rol del Estado. También en que los cuatro gobiernos pueden caracterizarse por una estrategia económica y social amparada bajo el lema de su primer presidente "Crecimiento con equidad": en lo económico se promueve una entrada activa al mercado capitalista globalizado, mientras que en lo social se realiza una focalización de los programas sociales en los más vulnerables y una búsqueda de mayores niveles de igualdad de oportunidades (Boeninger, 2007; Vega, 2007).

Es así como en el programa de gobierno de Aylwin se plantea la idea de "una economía que crezca dinámicamente y una sociedad presidida por un principio de equidad"; en Frei una "inversión en la gente (que) debe darse en el marco de una política económica que promueva el acceso de los grupos más pobres al sistema productivo y de una política social que combine las políticas asistenciales con las políticas de acceso"; en Lagos, se define "crecer con igualdad" como "crear oportunidades" y a ésta como "pone(r) a disposición de cada uno las herramientas del progreso"; y en Bachelet se señala la necesidad de "garantizar el pacto social para el desarrollo", aclarando que cualquier sistema de protección social ha de implementarse "con realismo", explicitando "lo que se puede hacer con los recursos existentes, lo que requiere de financiamiento adicional y lo que aún no es posible abordar" (Román et al., 2010).

Boeninger (2007) indica que esta estrategia ha implicado aceptar que para lograr un desarrollo económico sostenido y una estabilidad política y social deseada es inevitable un cierto nivel de desigualdad. Vega (2007: 53) ve en ello un indicador de una estrategia desequilibrada donde "la prioridad real se centró en la economía, donde los éxitos económicos reforzaron su mayor jerarquía, posponiéndose cualquier consideración de justicia social vinculada a la distribución del ingreso...".

Coincidentemente, en los cuatro programas de gobierno se subraya la importancia de la modernización y eficiencia del Estado, su rol en las políticas públicas como un protector de las personas, como gestor de desarrollo mediante inversión social y procurador de una economía de crecimiento económico sostenido. Son ejemplares las ideas expresadas en el programa de Lagos, donde se describe un Estado protector frente a una suerte de ley de la selva del mercado: "Cuando se debilita el Estado termina por imperar la ley del más fuerte. Sólo quedan en pie aquellos que poseen medios propios para defenderse". Asimismo, la de un actor que debe generar las condiciones económicas para el bienestar social: "La igualdad no puede ser creada artificialmente por el Estado. Pero tampoco nace automáticamente del mercado" (Román et al., 2010).

La idea de solidaridad que inspira estos programas es parte del diseño de una nueva distribución de la responsabilidad social, donde el Estado asumirá un rol subsidiario en la generación de "oportunidades". Así, la política social se define en su doble rol de inversión y social: en el programa de Frei esta tarea es expresada como "invertir en la gente", donde señala que: "El éxito de un país depende de la calidad, creatividad, iniciativa y organización de sus recursos humanos", de manera que "la principal contribución del gasto social al crecimiento es la inversión en recursos humanos". Por su parte, en el programa de Bachelet, bajo el acápite de "Proteger a nuestra gente", se señala que es tiempo de que "las políticas sociales se articulen en un sistema de protección social capaz de abrir oportunidades y limitar riesgos para quienes no tienen la capacidad de protegerse" (Román et al., 2010).

En la definición de este escenario, la noción de solidaridad es socorrida con recurrencia en los cuatro programas de gobierno. En Aylwin se indica que la satisfacción de las necesidades de los más pobres no será un subproducto del mercado, sino consecuencia de una opción política solidaria, señalando como una prioridad crear una "amplia seguridad social solidaria". También en Frei la solidaridad designa un principio de la política de seguridad social: "La democracia de los nuevos tiempos debe acercar cada vez más a la sociedad chilena al cumplimiento de los principios de solidaridad, equidad, universalidad, integralidad, suficiencia y oportunidad de la protección".

En tanto en Lagos, se le atribuye además ser parte de nuestro patrimonio cultural: una tradición cultural que "impulsa hacia la incesante búsqueda de la igualdad y la solidaridad, de la comunidad y la autenticidad, del pluralismo y el respeto a la conciencia personal". Finalmente, en Bachelet se recurre a ella en el eslogan "Chile somos todos", como bandera contra la exclusión considerándola como "el mayor imperativo ético que tenemos por delante" (Román et al., 2010).

No se trata de una solidaridad estructural, sino más bien de una solidaridad favorecida por el Estado, a través de sus políticas sociales de protección y de generación de oportunidades, pero cuya materialización es depositada de manera importante en la sociedad, y más concretamente, en la acción de los destinatarios de dichas políticas y programas sociales.

Consistentemente, durante este periodo se presentan tránsitos semánticos que son relevantes en la definición de la política social y el rol del Estado: de "derecho social" a "seguridad o protección social", de "gasto social" a "inversión social", y de "justicia social" a "igualdad de oportunidades".

Se aprecia como central una estrategia de redistribución de la responsabilidad social mediante una articulación del Estado con el sector privado y la sociedad civil. La complementariedad sector público-empresa privada-individuo, está en la base de las políticas sociales en educación, salud, empleo y previsión social. Asimismo, la complementariedad público-privado-tercer sector ha conformado un sistema de asistencia social distribuido en una variedad de instituciones y otras organizaciones del tercer sector (Crispi, 2005).

Dentro de este nuevo marco, la participación y la organización social resultan claves para la implementación y el éxito de este nuevo diseño. La participación tiene un lugar preponderante en los cuatro programas de gobierno y se promueven instrumentos específicos como la "Ordenanza de participación ciudadana municipal", con Frei; "Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana" e "Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana", tanto en los gobiernos de Lagos y Bachelet, y una "Agenda pro participación ciudadana", en el gobierno de la mandataria. La participación se visualiza como una vía de colaboración entre Estado e individuo, mediante la cual los grupos se vuelven activos en resolver sus problemas y necesidades (Román et al., 2010).

Sin embargo, para Vega (2007: 50) "... casi toda la institucionalidad económica y social desarrollada por los gobiernos de la concertación, ya sea de fomento o asistencial, está constituida sobre una base de atención y servicio individual (...) De esta forma, la expansión del gasto social público no refuerza los comportamientos solidarios colectivos, sino por el contrario, los individuales".

Solidaridad en la publicidad

En los últimos quince años se ha apreciado un aumento de la inversión publicitaria en beneficencia (ACHAP-Megatime, 2009) y un incremento de formas de solidaridad que pueden realizarse mediadas por el mercado (Román y Energici, 2006, 2010).

Para describir el tipo de solidaridad que estaba siendo promovida desde la publicidad de ayuda, realizamos un análisis sobre un corpus de 598 piezas. A continuación se describen los sectores sociales que se construyen como agentes de la solidaridad, se reflexiona sobre las prácticas solidarias más promovidas y se indaga en la forma como se interpela a los sujetos destinatarios.

El tercer sector se constituye como el principal emisor de la publicidad solidaria, con una participación del 45% en las piezas analizadas. Si a esto se agrega que emite un 31% de las piezas en una alianza con alguna empresa privada, entonces participa de tres cuartas partes de la publicidad de ayuda (76%). Así, se construye como una de las principales fuentes discursivas institucionales del sentido del término solidaridad en la publicidad. La alta participación de ambos sectores contrasta con la baja emisión de piezas por parte del sector público que no alcanza a representar el 20% (véase Tabla 1).⁷

Esta alianza entre instituciones privadas sin y con fines de lucro se posibilita por un Estado que las incentiva mediante una ley de donaciones, permitiendo a las empresas privadas hacer aportes a organizaciones de interés público sin fines de lucro aprovechando una franquicia tributaria, al mismo tiempo que se benefician de vincular su imagen a "causas sociales", como estrategia de marketing social.

En cuanto a las prácticas solidarias más promovidas, se distinguieron once variedades de solidaridad, las cuales se presentan en la Tabla 2. Como se aprecia en dicha tabla, casi tres cuartos de las piezas analizadas refieren a tipos de solidaridad que se ejecutan como una acción individual. De éstas, más de la mitad son directamente monetarizadas (56%), como los aportes que se efectúan en el contexto de una compra, las donaciones y los aportes como socio de una fundación. En contraste, las solidaridades que implican un esfuerzo personal, como una acción voluntaria o una labor constante de voluntariado, apenas agrupan a un 8% de las piezas.

Dentro de las variedades de solidaridades monetarizadas, un cuarto (25%) se realizan en el contexto de una compra de productos solidarios (como una pulsera solidaria), productos o servicios solidarizados (por ejemplo, adheridos a una causa "solidaria"), o donación del vuelto de una compra. En estas variedades, la solidaridad se produce como un efecto de consumir algo para sí mismo.

Otro porcentaje importante se ejecuta en la forma de una donación monetaria puntual (21%), por ejemplo, frente a una colecta específica; o una donación monetaria permanente (9%) siendo socio de una institución de ayuda (que generalmente se realiza mediante descuentos programados en servicios bancarios).

Por último, se llevaron a cabo análisis sobre algunos de los recursos empleados en la forma de enunciación con que se solicita la ayuda, sus efectos en la significación y sentido de la solidaridad requerida y la relación que este tipo de interpelación establece con el sujeto destinatario. Particularmente se analizó la orientación general utilizada en la pieza (emocional, moralizante o racional), el estilo de la interpelación y la manera como el sujeto destinatario es implicado en la acción solidaria.

Respecto del estilo de la interpelación principal, casi la totalidad de las piezas (85%) emplea un estilo informal propio del estilo publicitario, mediante el uso de la segunda persona del singular (dirigiéndose a un "Tú") y el uso de una forma imperativa (85%) por medio de la conjugación de un verbo como "hazte", "ayuda", "súmate", etcétera.

En cuanto a la manera como la enunciación implica al sujeto al que están dirigidas: un 71% de las piezas invitan a realizar algún tipo de acción dirigida a otro (como ayuda, acoge, deposita, etc.), mientras que sólo en un 29% la interpelación sugiere algún tipo de acción sobre el sí mismo (como hazte, comprométete, ser, etcétera).

Estos resultados permiten plantear una tendencia en la publicidad de ayuda a construir la solidaridad como un asunto más dentro del mercado de bienes y servicios: tres cuartas partes de las piezas remiten a una solidaridad del nivel de la acción individual, de las cuales más de la mitad refieren a formas de solidaridad monetarizadas, y la mayoría de las piezas usan los recursos del género publicitario de bienes y servicios, como estrategias de apelación emocional, utilizando un estilo imperativo informal para mover a la realización de la acción connotada como solidaria.

Esto apoya resultados de un estudio previo: la publicidad sobre solidaridad contribuye a una articulación de instituciones públicas y privadas con y sin ánimos de lucro, en torno a un mercado de la solidaridad, a la oferta de una solidaridad a la carta (fácil de hacer y disponible en variedad de estilos para todos los gustos y momentos) y a la interpelación de un sujeto como un consumidor altruista (Román y Energici, 2010).

La solidaridad en la opinión pública: valoraciones, significados y práctica

A continuación se presentan los resultados de la Encuesta Solidaridad (2007) y la Encuesta Solidaridad, Capital Social y Voluntariado (2011) resaltando tres ejes de análisis: i) La alta valoración de las diversas prácticas solidarias; ii) un contraste entre las solidaridades más valoradas y las más practicadas; y iii) la demanda de un Estado más activo y socialmente responsable.

Valoración de las solidaridades

En adición, los resultados de la Encuesta 2011 indican que las diversas formas de solidaridad también son altamente valoradas por los encuestados (véase Gráfico 1). En una escala de 1 ("nada valiosa") a 4 ("muy valiosa"), la solidaridad más valorada es la "distributiva de las oportunidades sociales" (promedio=3,43; d.t.=0,42). Este tipo de solidaridad tiene por actor principal al Estado y agrupa acciones de estructurales destinadas a mejorar la distribución de la riqueza, la búsqueda del bien común y la ampliación de las oportunidades sociales.

En segundo lugar se ubica la solidaridad "de convivencia y ayuda cotidiana" (promedio=3,31; d.t.=0,46), que incluye acciones de ayuda y colaboración en el entorno cercano (compañeros de trabajo o de estudio y vecinos) y acciones que contribuyen a una buena convivencia social. En tercer lugar se ubican las acciones de voluntariado (promedio=3,21; d.t.=0,46); mientras que la solidaridad "de compromiso y acción política" se ubica en cuarto lugar (promedio=3,04; d.t.=0,54).

Los tipos de solidaridad que presentan los niveles más bajos de valoración son la solidaridad "de ayuda material hacia los más necesitados" (promedio=2,95; d.t.=0,63) y la solidaridad "mediada por el mercado" (promedio=2,89; d.t=0,64); ambas solidaridades de escala individual y focalizadas en la donación.

Práctica de las solidaridades

Los resultados de ambas encuestas coinciden en que la solidaridad menos practicada por los chilenos es el voluntariado. En la Encuesta 2007, más del 70% de las respuestas de los encuestados se ubican en las categorías de frecuencia de práctica "nunca" y "una vez al año" para todas las acciones de voluntariado (véase Gráfico 2). Asimismo, en la Encuesta 2011 sólo un 8% de los encuestados declaró estar realizando algún tipo de voluntariado, mientras que el 22% señaló que ha hecho voluntariado alguna vez en la vida. Estos resultados pueden estar relacionados con la idea de que hacer voluntariado exige un mayor gasto de tiempo.⁸

En contraparte, los resultados de ambas encuestas coinciden en que la donación del vuelto de una compra se encuentra entre las solidaridades más practicadas. Según la Encuesta 2007, considerando una escala de frecuencia de 1 (nivel más bajo de práctica) a 4 (nivel más alto de práctica), la solidaridad mediada por el mercado obtiene un promedio de 2,02 (d.t.=0,9), siendo superada sólo por la solidaridad cotidiana que obtiene un promedio de 2,71 (d.t.=1,16) (véase Gráfico 3). En tanto, en la Encuesta 2011, el 69% de los encuestados declaró donar el vuelto con una frecuencia de "una vez a la semana" o "una vez al mes".

Estos resultados coinciden con otro estudio (Trascender-Collect, 2008) que plantea que del 50% de la población que se considera solidaria, eligen como razón para ello efectuar: i) donaciones pecuniarias (52%); ii) pequeños gestos de amabilidad en espacios públicos (45%); iii) normas de cortesía como dar las gracias y saludar (25%); y iv) respetar normas de convivencia (25%).

El mismo estudio precisó que un 84% declaró dar el vuelto en el supermercado o farmacia, en el año 2007, y un 82% en el 2008. Este tipo de donación viene seguida por dar dinero para colectas o campañas: 80% en 2007 y 81% en 2008. Sin embargo, un 68% estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con que "dar sólo dinero no es ser solidario" (Trascender-Collect, 2008).

Otros estudios complementan dichos resultados: la población chilena dedica la casi totalidad de su tiempo diario al trabajo remunerado, al trabajo reproductivo y desplazamientos: con promedios de 14,1 horas diarias para varones y 13,8 en mujeres en días de semana (INE, 2009). En el año 2008, un 43% señaló la falta de tiempo como razón para no participar en una actividad de voluntariado (Trascender-Collect, 2008).

Por otra parte, en 2006 un 68% estuvo de acuerdo y muy de acuerdo con que "falta información de cómo se puede ayudar a quienes lo necesitan" (Trascender-Collect, 2006); y en 2007 un 61% de las personas señalaron que no sabían para qué se usaba el dinero que aportaba, cifra que subió a un 66% para 2008 (Trascender- Collect, 2008).

En la Encuesta 2011, los encuestados identificaron como obstaculizadores de la práctica de la solidaridad: la "escasez de recursos económicos" (28%), "la desconfianza hacia el uso de los recursos que hacen las instituciones de beneficencia" (22%), "la desconfianza hacia quien recibe la ayuda" (21%) y la "falta de tiempo" (17%). Así, para un 43% la desconfianza es un factor que obstaculiza la práctica de la solidaridad.⁹

Estos resultados dan cuenta de una concentración de la práctica solidaria hacia la forma fácil y cómoda de la donación del vuelto, un retraimiento hacia formas de solidaridad intimistas y una expansión del uso del concepto para designar como solidaridad formas de cortesía en la convivencia diaria. Asimismo, aun cuando la donación de dinero sea la más practicada, para una mayoría no es considerada como solidaridad. Pero también permiten conjeturar algunos de los factores que estarían en la base de este desplazamiento: por un lado, la necesidad de más tiempo y recursos monetarios para poder participar de las solidaridades ofertadas; por el otro, la desconfianza como freno a esta participación.

Responsabilidad social y condiciones para una sociedad más solidaria

En la Encuesta 2007, los encuestados enfrentaron ocho problemas relacionados con la inequidad en diversas áreas (salud, educación, ingresos, pensiones, entre otras), frente a los que debían señalar en orden de prioridad los tres actores que a su juicio debían hacerse cargo de resolverlos.

Para cada uno de los problemas, las personas eligieron siempre como primer responsable al Sector Público, representado por el Estado, el gobierno, el ministerio o sistema público pertinente al problema (véase Gráfico 4). Sólo en dos problemas esta elección baja del 70%: el bajo nivel de las pensiones que reciben los sectores de menores ingresos al jubilarse (66%) y la desigual distribución de las labores del cuidado en el hogar (50%).

El tercer sector no es consignado en primera elección como el principal actor responsable en ninguno de estos problemas, salvo en la desigualdad en la calidad de la educación escolar, donde las fundaciones educacionales obtienen 18% de las elecciones en primera opción.

En tanto, ante alternativas dicotómicas, en la Encuesta 2011, un 74% se inclinó por que el gobierno debería lograr "más igualdad económica ente los chilenos", en vez de "mayor crecimiento económico y progreso"; y un 62% señaló que el Estado debiera "aumentar el impuesto y subir el gasto social", frente a "reducir los impuestos aunque signifique disminuir el gasto social".

Las conclusiones: lineamientos para la reflexión

Sobre política social, solidaridad y rol de Estado chileno

Discursivamente, es interesante observar que los programas de los gobiernos de la concertación coinciden en dar un tratamiento con distintos valores de realidad al libre mercado, la política social y el ámbito cultural, respectivamente, y el efecto de esto sobre el papel asignado al Estado y a la solidaridad.

Los cuatro programas coinciden con dar al libre mercado el carácter de realidad a la cual el Estado debe adaptarse, generando las mejores condiciones para la competitividad del país. Con ese marco, la política social respondería a la misión de hacer inversión social para aumentar dicha competitividad del recurso humano nacional y proteger a los grupos vulnerables marginados, procurando su integración a la cadena de productividad. De ahí la centralidad de una noción como "igualdad de oportunidades" en la definición de la dirección de la política social chilena.

En ese contexto, la noción de solidaridad usada como objetivo, principio orientador y como categoría para designar el rol del Estado y algunos de sus instrumentos específicos, es vinculada a las nociones de igualdad de oportunidades y protección social.

La dimensión cultural se considera un patrimonio solidario que puede asegurar un pacto social sobre la importancia de mejorar los niveles de inclusión social, mediante el fomento de la igualdad de oportunidades y de la protección social, a la vez que el ámbito donde deben promoverse los valores solidarios.

La construcción de este marco de realidad impone los límites a la política social, a la igualdad de oportunidades, la protección social, y a las posibilidades de la solidaridad y la inclusión social: una economía competitiva es el motor y a la vez el límite interno de la solidaridad social.

Se trata de una solidaridad del Estado y una política social "realistas" (autolimitadas desde una aceptación del libre mercado y las posibilidades de la propia competitividad) de tipo altruista, en tanto será sostenida "en la medida de lo posible" en la mera voluntad valórica de los actores políticos y su capacidad de plasmar y sostener una institucionalidad de largo plazo orientada a la inclusión.

De los tres ejercicios de la solidaridad social con que García-Roca (1998) caracterizó al Estado de Bienestar, en el periodo analizado, el Estado chileno ha sido enfático en la protección social y la asistencia social, dejando la distribución del ingreso en un lugar relegado.

La política social de este periodo ha construido al Estado, respecto de la solidaridad social, en un rol subsidiario, dirigido a generar las condiciones para el asociacionismo (Rippe, 1998) y el empoderamiento (Schuyt, 1998); es decir, para una solidaridad basada en proyectos de colectivos (Kritikos et al., 2007; Rippe, 1998), a propiciar el desarrollo del tercer sector (Laville y Nyssens, 2000) y a la promoción de una cultura solidaria (Houtepen y ter Meulen, 2000).

Responsabilidad social, institucionalización de derechos sociales y cultura solidaria

La decisión de los gobiernos de la concertación de incorporar a la agenda y responsabilidad del Estado cierto nivel de aseguramiento de derechos sociales ha ido acompañada simultáneamente con lo que Schuyt (1998) ha llamado una redistribución de la responsabilidad social.

Aunque la institucionalización de los derechos sociales es reconocida ampliamente por una variedad de autores (Brunkhorst, 2005; Habermas, 1989; Rawls, 1971; 2000) como una condición para una distribución de la responsabilidad social propia de sociedades democráticas liberales, ella debe responder al desafío de enfrentar las tendencias flexibilizadoras y desreguladoras de la economía de libre mercado, y a la vez desplegar la capacidad de gestionar los incentivos correctos para motivar la acción individual con fines altruistas y de colaboración.

La cultura se reconocería como un ámbito de relativa autonomía con dinámicas propias en cuya tramitación se juega buena parte de la posibilidad de la realización efectiva de los derechos sociales, la responsabilidad social y la solidaridad (Rippe, 1998; van Parijs, 1996). Pero, dada la omnipresencia de este "realismo libremercadista", siempre existirá la tentación de trasladar la mayor parte del desafío de la responsabilidad social al ámbito sociopsicológico en sus diversas designaciones (sociedad, cultura, moral, entre otras).

Una ruta corta para abordar la promoción de una cultura solidaria es la popularización de una "solidaridad etológicamente neutra" deseable y buena en sí misma, como ha identificado Bueno (2004) y que se relaciona con esta polisemia del término solidaridad que han reconocido otros autores (García-Roca, 1998; Mascareño, 2007; Román et al. 2007). Esto es, la promoción de una solidaridad que debe apelar en todo momento a un sentido común para ser simbólicamente eficaz y concitar la colaboración.

Una pregunta es si este emotivismo moral (McIntyre, 1985) o moral débil (Lypovestky, 1994) en los que cifra y a la vez construye su efectividad la publicidad sobre solidaridad construirán las bases de una motivación suficiente para la instalación de un sistema de colaboración efectivo en transformar la exclusión social en inclusión. O más modestamente, ¿aporta al menos una moral suficiente para sortear a nivel individual las tendencias al "individualismo posesivo" (Macpherson 1970), los "síndromes antisolidarios" (Dockendorff, 1993) o la "desocialización" (Brunkhorst, 2005)?

Otra vía más compleja es generar las condiciones para la asociatividad y una solidaridad basada en proyectos. Aquí es importante pensar los alcances y límites de una solidaridad articulada en torno a contingencias de confluencias de intereses o necesidades, ya que no es evidente cómo un capital social de este tipo puede contribuir al abordaje de los asuntos de interés público (Osorio, 1997). Es decir, este tipo de solidaridad podría no ser más que la extensión del individualismo donde se instrumentaliza lo colectivo de manera contingente y acotada. Entonces, cabría preguntarse si de una solidaridad de este tipo puede llegar a emerger una colaboración que aborde cuestiones como la equidad social.

En este contexto se vuelve ineludible la tensión entre las demandas de éxito económico, profesional o familiar, y de competitividad, con la posibilidad de un ethos solidario y la realización de una solidaridad mutualista (Dockendorff, 1993; PNUD, 2002; Román et al., 2007). Lo cultural se ve sometido a fuerzas contradictorias: individualismo y competitividad versus solidaridad y colaboración.

La práctica de la solidaridad

Los estudios revisados indican una demanda de un Estado activo en asuntos de equidad social y con un papel preponderante en responsabilidad social: es decir, un Estado que vaya más allá de una labor de protección social hacia una de promover mayor igualdad social.

La demanda de éxito impone una inversión eficiente de los recursos personales: para una población que vive mayoritariamente de su fuerza de trabajo este recurso se contabiliza en tiempo, y al menos en Santiago de Chile la mayoría sigue esa regla (INE, 2009). En una sociedad donde opera una convertibilidad tiempo- dinero es razonable que disponer de más tiempo y de más recursos económicos se identifiquen como los principales facilitadores de la solidaridad. Lo que aparece como un dato novedoso es la identificación de la desconfianza como el obstaculizador más importante de la realización de la solidaridad.

Estos datos pueden ayudar a explicar por qué asistimos a una menor práctica de solidaridades que impliquen la donación de tiempo (como las de voluntariado), y que se lleven a cabo más solidaridades que consuman poco de ese recurso y que no representen mayores riesgos de interacción con un desconocido (como la donación del vuelto, ser cortés en la vía pública o prestar apoyo emocional a seres cercanos). Pero no explican por qué se insiste en definirse como solidario y como practicante de la solidaridad. Es aquí donde pensamos que juega un rol importante la exaltación nacionalista y emotivista de la solidaridad como algo esencialmente bueno.

Esto puede indicar la eventual presencia de un dispositivo de domesticación de las prácticas solidarias: la fabricación de la escasez de los recursos tiempo y dinero, acompañadas del miedo y desconfianza hacia el otro, permiten capitalizar los valores solidarios mediante la oferta de una solidaridad de fácil realización en las actividades cotidianas de consumo.¹⁰

Esto puede ayudar a entender cómo en Chile, pese a la reconocida tradición de vinculación de la solidaridad con la defensa de derechos humanos (Dockendorff, 1993), donde según teóricos como Brunkhorst (2005) y Mascareño (2007) la defensa de los derechos sociales tendría su sustrato discursivo ético y político, la cuestión de la responsabilidad social y de la solidaridad se hayan desplazado con velocidad hacia la esfera semántica de las emociones prescindiendo de una remisión al lenguaje de los derechos. Este último dato pone en cuestión la posibilidad de la institucionalización de una "solidaridad democrática" o de una "solidaridad cívica" (Brunkhorst, 2005) como soporte de una democracia moderna, al menos para el caso chileno.

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Notas

¹ El presente artículo ha sido desarrollado en el marco del programa de Doctorado en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.

² Por ejemplo, Herreros (2007) ha encontrado que la confianza sin una adecuada presencia de las instituciones del Estado no es suficiente para sostener condiciones que hagan probable la cooperación.

³ En este contexto, el reconocimiento de la importancia de las motivaciones morales en la conducta de la colaboración ha sido un aporte relevante (Sánchez-Cuenca, 2007).

⁴ La solidaridad es señalada como uno de los rasgos que más nos caracteriza como chilenos y chilenas (UC-Adimark, 2007).

⁵ Los datos proceden de dos proyectos de investigación: 1) "Solidaridad, discursos y prácticas" (desarrollado entre 2006 y 2008; financiamiento Fondecyt núm. 1061250) y 2) "Solidaridad, capital social y voluntariado" (desarrollado entre 2009 y marzo de 2012; financiamiento Fondecyt núm. 1090534).

⁶ El nivel de confianza de esta encuesta fue de un 95% y el margen de error de 3,5%.

⁸ Un estudio (INE, 2009) desestimó el análisis de las tasas de participación en "voluntariado y ayuda a otros hogares" por considerarla marginal (1,7% en varones y 3,5% en mujeres), mientras que otro (Trascender-Collect, 2008) estimó un promedio de 15,6 horas mensuales en el año 2007, y 9,5 en el 2008 para este tipo de actividades entre las personas que declararon hacerlas.

⁹ En cuanto a la desconfianza, otro estudio (Cieplan, 2007) arrojó que sólo un 10% de los chilenos señaló que "se podía confiar en la mayoría de las personas", y 34% que "la gente actúa correctamente con uno".

¹⁰ Para otro desarrollo de este dilema y su complejidad, véase Román (2007).

Información sobre los autores:

José Antonio Román Brugnoli. Doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Líneas de investigación: sociopsicología del trabajo y la vida cotidiana; indagación cualitativa; solidaridad y capital social en el contexto del neoliberalismo. Publicaciones recientes: Román, J. A., Ibarra, S. y Energici, M.A., "Caracterización de la solidaridad en Chile. Opiniones y percepciones de los habitantes de Santiago de Chile", en Latin American Research Review, vol. 49, núm. 2, verano 2014 (en prensa); Energici, María Alejandra, Román, José Antonio, Ramos, Claudio e Ibarra, Sebastián, "Solidaridad en la gubernamentalidad liberal avanzada: un análisis de piezas publicitarias", en Polis, núm. 32 (2012); Román, José Antonio y Energici, María Alejandra, "La solidaridad de mercado y sus sujetos en el capitalismo de consumo: un análisis del discurso neoliberal sobre piezas de publicidad en Chile", en Psicologia & Sociedade, vol. 22, núm. 2 (2010).

María Alejandra Energici Sprovera. Doctora en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado. Líneas de investigación: construcción de la solidaridad en el marco de la gubernamentalidad liberal avanzada; metodología de investigación cualitativa. Publicaciones recientes: Román, J. A., Ibarra, S. y Energici, M.A., "Caracterización de la solidaridad en Chile. Opiniones y percepciones de los habitantes de Santiago de Chile", en Latin American Research Review, vol. 49, núm. 2, verano 2014 (en prensa); Energici, María Alejandra, Román, José Antonio, Ramos, Claudio e Ibarra, Sebastián, "Solidaridad en la gubernamentalidad liberal avanzada: un análisis de piezas publicitarias", en Polis, núm. 32 (2012); Román, José Antonio y Energici, María Alejandra, "La solidaridad de mercado y sus sujetos en el capitalismo de consumo: un análisis del discurso neoliberal sobre piezas de publicidad en Chile", en Psicologia & Sociedade, vol. 22, núm. 2 (2010).

Sebastián Ignacio Ibarra González. Magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Líneas de investigación: sociología urbana, dimensión socio-espacial del capital social, metodología de investigación cuantitativa. Publicaciones recientes: Román, J. A., Ibarra, S. y Energici, M.A. "Caracterización de la solidaridad en Chile. Opiniones y percepciones de los habitantes de Santiago de Chile", en Latin American Research Review, vol. 49, núm. 2, verano 2014 (en prensa); Energici, María Alejandra, Román, José Antonio, Ramos, Claudio e Ibarra, Sebastián, "Solidaridad en la gubernamentalidad liberal avanzada: un análisis de piezas publicitarias", en Polis, núm. 32 (2012); Ibarra, Sebastián, "La dimensión socio-espacial del capital social: análisis del capital social vecinal y la eficacia colectiva en ocho conjuntos habitacionales de vivienda social", en Tesis País 2010, Santiago: Fundación para la Superación de la Pobreza (2010).