El migrante centroamericano de paso por México, una revisión a su condición social desde la perspectiva de los derechos humanos

Central American migrant passing through Mexico; a revision on their social condition from the perspective of Human Rights

Gabriela Fuentes-Reyes y Luis Raúl Ortiz-Ramírez

Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correo electrónico: gafure@hotmail.com, raul_ciceron@hotmail.com

Recepción: 19 de marzo de 2010.
Aprobación: 27 de mayo de 2011.

Abstract

On this work we propose a study on migration, beginning with the revision of the social condition of these Central American emigrants while passing through Mexico, while the violations to their human rights are exposed. This previous idea is developed under the base that even though, migration is not a recent fact, it is a social phenomenon with several transformations in the national policies, as well as, in the reconfiguration of Mexican society. This is the reason why, before this phenomenon dynamic, we propose a different vision that allows the consolidation of this culture of respect to human rights, as well as, an adjustment of the legal framework in order to achieve the highest effectiveness of the regulation, accepting it not only in the paper, but also as a reality that guarantees the legal framework the well being of individuals above some illegal conducts contrary to their human rights, encouraging a combination of acceptance and tolerance to allow harmonic social coexistence.

Key words: migration, human rights, discrimination, social space, migratory policy.

Resumen

Se propone un estudio sobre el fenómeno de la migración, a partir de la revisión de la condición social de los migrantes centroamericanos a su paso por México, y se exponen las violaciones hacia sus derechos humanos. Lo anterior se basa en que si bien la migración no es un hecho reciente, sí ha sufrido transformaciones en la política migratoria nacional, así como en la reconfiguración de la sociedad mexicana. Por lo tanto, ante la dinámica del fenómeno, se propone un cambio de visión que permita consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos y adecuar el marco jurídico para lograr la máxima eficacia de la norma, admitiendo a ésta no sólo como discurso, sino en una realidad que garantice jurídicamente el bienestar social de los individuos por encima de conductas contrarias a sus derechos humanos, conjugando una aceptación y tolerancia para permitir la convivencia social armónica.

Introducción

En el contexto internacional, los procesos migratorios han cobrado especial importancia a partir del fenómeno de la globalización,¹ por lo tanto México no se encuentra exento de esta realidad, que no se elige ni se destruye; en cambio, implica una reconfiguración de la esfera social, que no conduce de forma automática a la tolerancia y a la aceptación de los migrantes (agentes exógenos² al entorno nacional), ya que puede conducir a la discriminación, al maltrato, a la xenofobia, por mencionar algunas conductas lesivas. Así, las diversas poblaciones que componen la orquesta global de naciones no pueden ser vistas por sí mismas o por las demás como sociedades monolíticas, dado que se encontrarían en dificultades para integrarse al esquema de la sociedad mundial.

En este sentido, se ha considerado a la migración como un proceso de movilidad espacial y social que sigue la población para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, no siempre es así, en tanto que los migrantes se convierten en objeto de malos tratos o deportaciones, y se han vuelto víctimas del contrabando y trata de personas. En este tenor, resulta imprescindible considerar las aristas bajo las cuales se estudia la migración, a fin de establecer una reconceptualización del fenómeno que permita instaurar un acuerdo terminológico y generar nuevas alternativas de solución a la problemática del mismo.

Por migración se entiende a "los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político-administrativa" (Ruiz, 2002: 13). Vale la pena destacar que cuando las personas se trasladan de un lugar a otro no sólo llevan consigo esperanza, sino también incertidumbre al no saber si sus objetivos se cumplirán o si su calidad de vida aumentará. De manera conceptual existen dos dimensiones que aún constituyen un desafío importante para la movilidad humana, la admisión y el trato. Este documento define a la migración como el proceso referente a la movilidad de los individuos que se desplazan de su lugar cotidiano a un hábitat desconocido que no se muestra inmutable ni seguro. En el presente estudio se propone una definición que contribuye al amplio bagaje del fenómeno.

Sumado a la multiplicidad de conceptos sobre el fenómeno migratorio, en México se destaca una situación en particular respecto al problema para atender las implicaciones de la migración, siendo tal, el que la acción gubernamental y la social parecieran correr de manera paralela sin lograr converger en algún punto. A lo largo del estudio se abordan discursos y realidades que fundamentan este aspecto.

Adicionalmente a los problemas que enfrentan las perspectivas conceptuales del fenómeno, la posición geográfica de México se vuelve estratégica para los procesos migratorios, ya que, por un lado, se encuentra la frontera sur, con sus características particulares, entre ellas destacan la falta de protección y seguridad, esto facilita la entrada ilegal de cientos de personas diariamente; y por el otro, destaca la frontera norte colindante con Estados Unidos, país de destino de la mayoría de los migrantes³ centroamericanos de paso por México. Lo anterior aumenta la dificultad de abordar el fenómeno, tanto desde la perspectiva de arribo, como de tránsito de migrantes.

Actualmente, la relación entre el migrante centroamericano y el Estado mexicano —sociedad y gobierno— se enmarca en un doble telón. Primero, la versión oficial dada por el gobierno a través de su política migratoria, así como lo establecido en los tratados firmados y ratificados por México en materia de migración y derechos humanos; y por otro lado, las investigaciones y recomendaciones hechas por medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros organismos nacionales e internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, y denuncian maltratos y violaciones a las personas: desde discriminación hasta violencia física, pasando por la exclusión social que impide una integración homogénea de las sociedades. Al respecto, dentro de los procesos migratorios, un país puede jugar el rol de origen, tránsito o destino, y es precisamente en México donde encontramos las tres vertientes del fenómeno. Esto complica su estudio y el establecimiento de alternativas para replantear la visión del Estado mexicano respecto a una nueva cultura de la migración y, por lo tanto, de respeto a los derechos humanos, considerando también el incremento de los flujos y patrones de migración.

En virtud de lo anterior y de la dimensión alcanzada por el fenómeno migratorio y que se prolongará en los próximos años, así como de sus consecuencias para la población mexicana, este trabajo busca describir el perfil e identificar el trato que reciben los migrantes centroamericanos de paso por México. Consecutivamente, se señalan los principales problemas en materia de migración, en particular el control de las fronteras y la detención de los migrantes, las redes de la delincuencia organizada y la impunidad entre los funcionarios gubernamentales y los agentes del orden, así como la asistencia a los migrantes. Todo ello con la finalidad de hacer evidente un diagnóstico que permita establecer una nueva visión de la forma como la sociedad y el gobierno mexicano atienden los derechos humanos de esta aún minoría, para posteriormente establecer una propuesta que contemple, por un lado, la problemática del migrante, y por el otro, a las sociedades que incorporan o rechazan al migrante centroamericano; lo anterior a la luz de la perspectiva teórica de los derechos humanos.

Visión clásica y contemporánea sobre los Derechos Humanos

Resulta innegable y evidente que a partir de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 en París, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), existe una aceptación y reconocimiento generalizado sobre los derechos humanos, mismo que se plasma en documentos constitucionales y en la ratificación de instrumentos internacionales. La denominación de los derechos humanos se ha vuelto un término cotidiano del cual se asume su significado, llegando a ser usado de manera indiscriminada. Concretamente, aún cuando se supone un aparente consenso en la aceptación y relevancia del contenido fundamental de éstos, también se presume una falta de acuerdo ante la utilización de conceptos que refieran a dicha materia, esto es, el uso de locuciones como "derechos individuales", "derechos subjetivos", "garantías constitucionales", "libertades fundamentales", "derechos del hombre" o "derechos esenciales", entre otros, los cuales son motivo de confusión y de usos equívocos que llevan a una significación distinta, la cual depende de tiempo y espacio.

En el acuerdo extendido y generalizado concerniente a los criterios de actuación y competencia de los derechos humanos, se hace notar el desafío todavía existente en torno a lo que hace que sean considerados como tales. Al respecto, han surgido diversas corrientes que han intentado dar respuesta al cuestionamiento y constituyen las posturas clásicas. Por un lado, se ubica la postura positivista (iuspositivista), y por otro, el sustento otorgado por el derecho natural (iusnaturalismo). Se presenta una sistematización de las diversas denominaciones que han adquirido y finalmente se pretende emitir algunas conclusiones que no dejen lugar a dudas conceptuales ni permitan contradicciones entre las normas que garantizan los estándares mínimos de reconocimiento a la dignidad al individuo y que se encuentran por encima del poder del Estado. Del mismo modo, se estudia la necesidad de abordar el tema de los derechos humanos más allá de lo jurídico.

Para quienes comulgan con la corriente iusnaturalista, los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas que, independientemente de su reconocimiento, le pertenecen al ser humano por la mera razón se serlo, sin necesidad de considerar cualquier contexto fisiológico, cultural o social, es decir, el ser humano los tiene por el sólo hecho de serlo, y por lo tanto son naturales e inalienables. Uno de los principales argumentos del derecho natural es que "los derechos humanos son derechos fundamentales por la propia razón de que existieron antes que el Estado" (Szabo; 1984: 43). La crítica hacia esta corriente se sustenta en el planteamiento de cómo determinar si son o no derechos, al no estar reconocidos en instrumentos internacionales o constitucionales. En conclusión, "no son derechos que las leyes 'otorguen' a los hombres y mujeres, sino que se deben 'reconocer' en ellos" (Gil et al., 2001: 17).

Otra corriente de singular trascendencia en el desarrollo teórico de los derechos humanos es el positivismo jurídico (iuspositivismo). Esta postura reconoce al derecho como una consagración de la norma jurídica, esto es, los derechos existen si y sólo si se encuentran plasmados en algún mecanismo o instrumento legal.

Desde el punto de vista positivo, los derechos humanos no son universales ni inherentes al individuo, sino que existen subsecuentes al Estado de Derecho, específicamente, son otorgados por el orden jurídico positivo de cada Estado. No son derechos que se le "reconocen" en el ser humano, sino que se le "otorgan" (Gil et. al., 2001: 18). Es importante destacar que el planteamiento central del iuspositivismo respecto de los derechos humanos se basa en que éstos son prerrogativas plasmadas en leyes u ordenamientos jurídicos de algún tipo, y que se han concretado históricamente para atender los principios de libertad, igualdad y fraternidad consagrados desde la Revolución Francesa.

Por otra parte, cabe destacar que aun cuando pudieran parecer posturas dicotómicas, no han faltado los intentos para acercar estas corrientes de pensamiento. El principal supuesto de estos intentos establece como única diferencia entre iusnaturalismo y iuspositivismo el hecho de que el fundamento de los derechos humanos está o no por encima del Estado de Derecho, por lo que independientemente de la posición iusfilosófica que se asuma, todos los conceptos reconocen que los individuos tienen garantías, derechos y prerrogativas frente al poder del Estado. Al presuponerse acercamientos teóricos entre ambas tesis, se sabe que han surgido enfoques que más allá de estudiar las dificultades del debate entre posturas, justifican el estudio compuesto entre ambos enfoques razonando un planteamiento a partir del otro y viceversa.

En la serie de reflexiones que se han presentado a lo largo de la historia sobre los derechos humanos sobresale el contraste entre posturas filosóficas, realidades y teorías. Esta discrepancia que aparece entre el derecho y la realidad social —por lo tanto, el ejercicio y entendimiento de los mismos— hace necesaria no sólo la coexistencia de instrumentos legales, sino también la participación decidida de la sociedad y la voluntad política para su aplicación. Ello implica la necesidad de redescubrir nuevos paradigmas⁴ que permitan un enfoque global del objeto que son los derechos humanos. Por lo anterior, se reflexiona sobre la contribución de Rabossi a tal fin, su obra reconoce la gran aportación de haber acuñado la expresión "Fenómeno de los Derechos Humanos" (FDH). Con la descripción de este fenómeno busca dar cuenta de lo necesario que es revolucionar el estudio de los derechos humanos, pues no basta con enumerarlos y plasmarlos en un orden jurídico determinado, sino generar las condiciones para que los derechos sean eficaces.

El FDH trasciende la coyuntura, permite que la norma sea un plano secundario, de tal manera que subyace en el fenómeno y se muestra como una posibilidad real de generar un mundo mejor.

Constituye un salto cualitativo en la historia de la humanidad y se caracteriza por ser una empresa de carácter universal basada en un consenso, también universal, logrado y positivizado, acerca de un plexo valorativo y de principios básicos que tiene como núcleo principal las ideas de igualdad, de dignidad, la libertad y de justicia (Rabossi, 1989: 333).

De esta forma, el FDH se concibe como "una utopía realizable, como un ideal que puede alcanzarse, al menos en grados suficientemente satisfactorios, aprovechando sobre todo los extraordinarios desarrollos científicos y tecnológicos" (Rabossi, 1989: 333). Queda claro entonces que los derechos humanos nacen universales y plausibles respecto de su motivación y contenido; no obstante, al momento de garantizarlos en la ley se encuentran las limitantes para su aplicación, con lo cual trasciende que es un fenómeno global donde la realización no depende sólo de los países, las fronteras y las instituciones nacionales o internacionales, sino también de las determinaciones que todos los actores sociales tengan al respecto.

Ahora bien, posterior a la discusión teórica presentada, damos cuenta de la importancia del FDH para estudiar el tema de la migración, ya que éste también constituye un fenómeno global que trasciende sociedades y fronteras; un estudio de esta naturaleza pretende derivar en un mejor entendimiento del fenómeno migratorio y, por ende, en una protección más eficiente de los derechos de los migrantes.

Contexto sociodemográfico del migrante centroamericano a su paso por México

Las bardas crecen, las fronteras se ensanchan, la tecnología se vuelve aliada, pero incluso así el flujo de migrantes es imparable, consecuencia de las condiciones desiguales en el desarrollo económico de los países, especialmente en América Latina. Sin embargo, los grandes esfuerzos por regular el flujo migratorio han sido insuficientes, extremos, e incluso inhumanos y crueles, basta recordar las condiciones de aseguramiento que prevalecen en las Estaciones Migratorias o en los traslados previos a las deportaciones a que son sujetos los migrantes ilegales. En este panorama es donde surge la necesidad de establecer un contexto sociodemográfico que nos permita saber dónde situar al país en materia de migrantes centroamericanos, pues al determinarlo se pueden establecer propuestas para velar por el respeto y protección a sus derechos humanos que constantemente son violados por parte de la sociedad y el gobierno en México.

Ahora bien, aunque la movilidad internacional de seres humanos se encontraba dentro de los temas prioritarios de las agendas de los Estados, la realidad es que se mantenía en los últimos lugares de importancia sobre otras temáticas en cuanto a aplicación de acuerdos y soluciones, y no fue sino hasta años recientes cuando el tema se ha convertido en el centro del escenario político, social y económico a nivel global, al encontrarse intrínsecamente vinculado con las consideraciones más generales que sustenta la globalización (comercio, medio ambiente, desarrollo, pobreza, educación, entre otros). Asimismo, las migraciones internacionales se han duplicado en menos de 20 años, según la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (CMMI) (2005). Por lo tanto, ante esta creciente complejidad ha mantenido la atención de los gobiernos y la sociedad en general.

Bajo el esquema anterior, tenemos que para establecer el perfil del migrante centroamericano es necesario conocer las condiciones de la población en Latinoamérica, de tal forma que se pueda dimensionar la situación por la que pasa México a este respecto. De acuerdo con lo anterior, dentro de la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latino Americanas realizada en México durante 2007 se señaló que "existen cerca de 30 millones de migrantes latinoamericanos y caribeños afuera de sus países" (Bassegio, 2007: s/r). Partiendo de esta abrumadora cifra, se establece el cambio demográfico del país generado por la población inmigrante.

De acuerdo con las cifras del cuadro 1,⁶ se observa que del colectivo de extranjeros residentes en México, el grupo mayor corresponde a estadounidenses, seguido de guatemaltecos, españoles, argentinos y colombianos. Geográficamente se encuentran, en particular, en el norte y centro del país, en especial en Baja California, Distrito Federal, Jalisco y Chihuahua. Por eso, el caso que nos ocupa de manera específica es el 17.8% de migrantes centroamericanos que radican en nuestro país y quienes, en mayor medida, padecen la discriminación y maltratos por parte de las autoridades migratorias.

Durante los últimos 15 años han ido cobrando importancia los flujos de migrantes indocumentados provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se internan por la frontera sur (México-Guatemala) con el objetivo de cruzar el territorio nacional y llegar a Estados Unidos. En este sentido, uno de los principales problemas en materia de derechos humanos respecto del fenómeno migratorio es el flujo de migrantes hacia el norte. Lo anterior hace que la aceptación por parte de la sociedad mexicana a este grupo sea aún más difícil; en tanto que el proceso de asimilación se inicia desde la llegada de los inmigrantes y se consolida con su permanencia; pero los inmigrantes centroamericanos, al sólo estar de paso, carecen de aceptación y padecen la falta de información para su integración en la sociedad por donde cruzan sólo algunos días. Esto considerando que "en el caso de los migrantes, cambiar su lugar de residencia provoca un reacomodo simbólico y cultural en la relación que establecen con el territorio próximo y los vínculos que se entablan con la nueva comunidad en la que habitan" (Quezada, 2007: 36)

La preocupación, a propósito de las cifras del cuadro 2, radica en la importancia de México como país de tránsito en la movilidad internacional de personas, en general, documentadas e indocumentadas, en condición de turistas, personas de negocios; así como también la migración permanente, continental y extra continental han crecido en las dos últimas décadas en forma sustancial. Actualmente, "el 95% o más de los intentos o cruces irregulares de la frontera sur son con el objetivo de atravesar el territorio mexicano e intentar cruzar la frontera norte" (INM, 2007: 8)

Al considerar lo anterior se ha podido detectar una parte fundamental del perfil sociodemográfico del migrante centroamericano indocumentado: se trata de una persona que llega a México no como su destino, sino como un lugar de paso hacia su meta final, los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso el lugar clave para acceder fácilmente a México es su frontera sur conformada por las entidades de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, ya que a lo largo de esos 1,138 kilómetros de frontera que se comparten con Guatemala y Belice existe un gran número de oportunidades para cruzar sin problemas.

Si se toma como referente a la composición de la población inmigrante, el CONAPO (2006) estima que entre los inmigrantes de cinco años o más de edad se advierte una proporción semejante de hombres y mujeres (49.9 y 50.1%, respectivamente), la cual no presenta variaciones significativas según el lugar de origen y el periodo de ingreso al país. A su vez, la distribución por edad indica que más de 45% de los nacidos en el extranjero tiene entre 5 y 19 años de edad, aunque la composición resulta diferente según la procedencia. Se advierte, por ejemplo, que los inmigrantes de los países no americanos muestran una estructura envejecida, lo cual sugiere que la inmigración de ultramar ha sido casi inexistente en los últimos años.

Ahora bien, al considerar que el destino final del migrante centroamericano, la mayoría de las veces, no es México, vemos que aumenta su condición de vulnerabilidad:

Son forzados a trabajar en la industria, el campo o los servicios, a cambio de un pago muy bajo, llegando a sufrir daños físicos y emocionales, entre otro tipo de violaciones a sus derechos humanos, todo ello por parte de la sociedad, gobierno, sus propios compañeros y de los llamados "polleros", estos datos de acuerdo con el Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, en su misión a México (Bustamante, 2008).

Al considerar las cifras revisadas hasta este punto, se puede decir que el perfil predominante del inmigrante centroamericano indocumentado representa un grupo constituido por inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos, por lo que se establecen por tiempo indefinido o simplemente van de paso; provienen de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. Como característica esencial es que viajan por su cuenta, solos, en pequeños grupos, o contratan polleros, quienes en el costo de sus servicios incluyen el viaje y, en ocasiones, una oferta de trabajo como empleados en algún servicio. Algunos conservan fuertes lazos de unión con sus lugares de origen y se integran en redes sociales en ambos espacios. Otros pierden el contacto y se asimilan en redes sociales diferentes.

Sumado a este problema, los migrantes afectados, sus familiares y entornos sociales inmediatos son orillados a desarrollar estrategias de respuesta al margen del orden institucional, convirtiendo los lugares de residencia provisional, en los de residencia definitiva.

Los gobiernos han firmado acuerdos para que durante la estancia de los inmigrantes indocumentados en los lugares de aseguramiento sea más digna y humanitaria, pero su aplicación resulta de efectos limitados y genera desgaste en el crédito y confiabilidad de las instituciones públicas.⁷

Dentro de la construcción del perfil sociodemográfico que se ha propuesto, observamos que el fenómeno migratorio no corresponde a una situación menor ni mucho menos a un problema focalizado y controlado, tampoco corresponde a un tiempo y espacio definido e inmediato. Contrariamente, es el resultado de un añejo proceso, vinculado de manera directa con las condiciones de desigualdad social provocadas por los desgastados modelos económicos que inducen a la polarización de la economía; sumado a ello se encuentra la vida promisoria y de ensueño que se ha construido mediáticamente de Estados Unidos, y que la población centroamericana potencialmente inmigrante vislumbra como una alternativa con riesgos pero mejor a la que hoy tienen, y donde encuentran promisorias opciones de empleo y desarrollo que les niega su lugar de origen.

Asimismo, la migración trasciende las condiciones económicas nacionales y la solidez de las instituciones públicas, constituyéndose en un fenómeno que deja notar la distribución inequitativa y desigual de las oportunidades de desarrollo, con lo que alerta al gobierno, sociedad civil y organizaciones internacionales de la necesidad de atender el fenómeno desde un enfoque multidisciplinario.

Toda vez que se ha reconocido la problemática del migrante centroamericano a partir de cifras dadas por diversas instituciones nacionales e internacionales, así como los sitios donde radican, y las aproximaciones en números de la cantidad de población centroamericana residente en México, tomando en cuenta también las condiciones sociales en las cuales viven y las tratos que laceran su dignidad y vida, se establece que el reto es mayor. No es fácil ponerle remedio y cimentar una nueva cultura de respeto a este grupo inmigrante. No obstante, en las líneas subsecuentes se emprende una discusión sobre el tema, abordando el discurso de las autoridades y la realidad social que padecen los migrantes centroamericanos, lo cual conlleva, para los involucrados, cubrir el costo del fenómeno para mejorar sus condiciones sociales, en materia de derechos humanos.

La política migratoria en México como versión oficial de la protección a los derechos humanos

Para atender la problemática creciente del fenómeno migratorio, el gobierno mexicano ha emprendido diversas acciones que buscan un trato humanitario; sin embargo, frente al crecimiento imparable que ha tenido la inmigración, las estrategias para solucionar el fenómeno han sido rebasadas. Ante tal situación, es necesario revisar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo hoy en día respecto al fenómeno migratorio por parte del gobierno mexicano, para posteriormente detectar qué se puede recuperar y erradicar, y las nuevas medidas por emprender; de tal manera que se cumplan con las condiciones mínimas para garantizar y respetar los derechos humanos de este grupo social.

Comencemos por una breve revisión de las instituciones gubernamentales encargadas de abordar el fenómeno migratorio. Encontramos en un primer plano a la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada de atender lo referente a las migraciones que vive nuestro país, realizando esta labor mediante el Instituto Nacional de Migración, cuya misión es contribuir al desarrollo nacional a través de una adecuada gestión migratoria con base en el marco legal, que facilite los flujos migratorios con respeto a la dignidad humana. Sin embargo, las medidas más claras de atención a la inmigración centroamericana se encuentran plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, que estableció varios objetivos, entre ellos, los siguientes: "propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social en las zonas más atrasadas, y garantizar al mismo tiempo la protección de los derechos de los migrantes". Para ello se decidieron cinco estrategias:

1. Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México y reordenar la frontera sur facilitando la documentación de los emigrantes y reduciendo los incentivos a la ilegalidad y promoviendo el empleo temporal.

2. Promover que los países que comparten el problema trabajen para que la inversión vaya a las zonas de donde proviene la mano de obra migrante.

]]> 3. Impulsar la inversión productiva de capital en las regiones expulsoras de mano de obra. Se aprovecharán los mecanismos de cooperación bilateral y regional para impulsar el desarrollo en las zonas más desfavorecidas de México, así como en las de los países de Centroamérica.

4. Contribuir a generar oportunidades de desarrollo dentro de la región mesoamericana, a través de programas como el Plan Puebla-Panamá para generar empleos que brinden a los centroamericanos la posibilidad de permanecer en sus países.

5. Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria en general, con base en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional a través del Instituto Nacional de Migración, la modernización de la infraestructura y, en especial, la dignificación de las estaciones migratorias, combatiendo frontalmente la corrupción (PND, 2006: 307-309).

Las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 que referimos se pueden agrupar de la manera siguiente: a la Administración Pública Federal le corresponde impulsar las medidas necesarias para fortalecer el respeto a los derechos humanos de los migrantes, velar el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia y fomentar las actividades de promoción y defensa de los derechos de los migrantes, que lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. A la Secretaría de Relaciones Exteriores se le ha encomendado consolidar las acciones del gobierno mexicano en materia de protección de los derechos humanos de los connacionales en el exterior. Por su parte, la Secretaría de Gobernación buscará desarrollar una política integral en materia migratoria que considere a México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, así como diseñar programas de regularización migratoria, acompañados de campañas de difusión e información amplias. De manera conjunta, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República han establecido los mecanismos para atender y sancionar el tráfico ilegal de personas, realizar campañas que incentiven la cultura de la denuncia a nivel nacional, regional e internacional, para señalar los abusos cometidos contra migrantes o contra organizaciones y personas que trabajan para su protección, y finalmente, garantizar los derechos humanos de los migrantes y sus familias, tanto para atender la violencia y reunificación familiar. Asimismo, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores buscarán fortalecer los programas para el registro de niños y niñas migrantes.

Derivado de los puntos establecidos por parte del gobierno en diversos instrumentos legales, es necesario revisar las acciones concretas en las que se traduce la ley, los tratados, los objetivos y atribuciones de los organismos gubernamentales. La primera acción gubernamental es el establecimiento de presupuesto para hacerle frente al fenómeno migratorio, por lo que:

Se informó que del gasto total de INM durante el ejercicio 2006 (662 millones de pesos), 70% se destinó a la atención del fenómeno migratorio indocumentado (433 millones de pesos, de los cuales 150 fueron para traslados y 43 para darles de comer, entre otras erogaciones) (Ramos, 2007: s/r).

Asimismo:

Del total de estaciones, sólo 24 operan en inmuebles propiedad del gobierno, 17 están en arrendamiento y siete más en comodato; nueve estados (Durango, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Guanajuato e Hidalgo) no cuentan con estación migratoria y para este año piensan adquirir terrenos para construir una con mayor capacidad en Villahermosa, además de San Luis Potosí y Querétaro (Ramos, 2007: s/r).

1. Facilitar flujos migratorios de indocumentados que tienen como destino temporal y definitivo los estados de la frontera sur de México.

2. Proteger los derechos de los migrantes que se internan por la frontera sur de México.

3. Contribuir a la seguridad en la frontera sur de México.

4. Actualizar la gestión de los flujos y la legislación migratoria, considerando las particularidades del fenómeno en la frontera sur de México.

Aunque aparentemente la misión es clara, la firma de tratados, el ratificar acuerdos o emitir leyes no ha resultado suficiente para operar toda la infraestructura y políticas necesarias para abordar el problema de manera integral. No hay duda de que la precariedad, la falta de protección legal y el desamparo existen, pues la actuación de las instituciones gubernamentales resulta insuficiente respecto al incremento del fenómeno migratorio. De igual forma, damos cuenta de que el gobierno federal ha dado el primer paso al reconocer la existencia del problema; no obstante, también se sabe que el remedio no es sencillo y las posibles soluciones aún se siguen discutiendo desde perspectivas independientes. Por un lado, se considera a la migración sólo como una consecuencia más del mundo globalizado, por eso resulta insuficiente ratificar tratados; y por otro lado, se busca ver al fenómeno como un problema de seguridad nacional. Ante esta falta de claridad respecto al tema, aún falta una política migratoria integral en la que ninguna perspectiva sea mutuamente excluyente de la otra, y donde el tema del respeto a los derechos humanos sea una parte medular de esta política.

El asentamiento de migrantes centroamericanos: de la hospitalidad a la violación de sus derechos humanos

A través de la historia, ha estado presente el discurso, manejado internacionalmente, de la política tradicional de apoyo a los migrantes internacionales que ha caracterizado a México. Basta recordar a los 21,000 españoles que fueron recibidos durante los años de la guerra civil española, o a los miles de refugiados del centro y sur de América, que llegaron a nuestro territorio, cuando escapaban de las dictaduras militares de sus países; sin embargo, la hospitalidad no ha sido una constante. Entre los años 2007 y 2010 la cifra de migrantes muertos, secuestrados, deportados, maltratados o violentados ha ido aumentando considerablemente, de manera que el aumento de estas cifras determina la coyuntura que trae al debate, nuevamente, el tipo de trato que reciben los migrantes en México.

En primer término, se esboza la revisión del maltrato al migrante centroamericano por parte de un sector de la sociedad mexicana, que pese a los estudios y esfuerzos hechos por autoridades y ONG's no se ha determinado completamente su ubicación y las causas del comportamiento. A este respecto, en su informe de 2009, la CNDH señala que en un periodo de seis meses (septiembre 2008-febrero 2009) se registraron 198 casos de secuestro masivo de inmigrantes con un total de 9,758 víctimas, es decir, más de 1,600 secuestrados por mes. En el mismo informe se revela que entre las principales violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades mexicanas se encuentran: discriminación, corrupción, privación de la libertad, robo, cohecho y extorsión; en su mayoría, dichas acciones están acompañadas por golpes e insultos.

De esta forma podemos notar dos causas del creciente aumento de violaciones a los derechos humanos y a su propia integridad: por un lado, la condición de vulnerabilidad como característica intrínseca a la condición de migrantes, que los vuelve débiles e inseguros convirtiéndolos en las víctimas perfectas para la delincuencia organizada; y por otro, la indiferencia de un segmento poblacional que los rechaza por el simple hecho de ser ajenos a su entorno social.

Adicionalmente se ha detectado que los migrantes son víctimas colaterales del problemático entorno de violencia en el cual se encuentra México, por eso su propia condición (migrante) los vuelve más proclives a sufrir un tipo de ataque por parte de los grupos delincuenciales del crimen organizado. En este tenor, son varias las razones que explican el porqué los migrantes constituyen una categoría tan vulnerable: el simple hecho de cruzar las fronteras en busca de empleo les induce a operar en un ámbito legal transnacional caracterizado por lagunas legislativas, dicho en otras palabras, por su clara condición de inmigrantes ilegales, serán siempre quienes gozan de menos derechos que los nacionales o los migrantes legales.

Aunado a esta situación, se presenta un problema más que lacera su condición: la estigmatización social, pues sufren de los supuestos convencionales de un sector de la sociedad, quien considera que los extranjeros o inmigrantes no deberían tener los mismos derechos que los nacionales. Y finalmente, la situación que los pone más cerca de la vulnerabilidad es la existencia del desconocimiento del sistema jurídico y la administración del país de acogida, o de tránsito, y que en determinado momento podría ser el mecanismo que salvaguarde su integridad personal.

Frente a la exclusión social, la indiferencia, la discriminación y las políticas restrictivas que laceran y dañan la individualidad y la condición de ser humano del migrante centroamericano, la sociedad civil organizada a nivel nacional e internacional ha venido articulando organizaciones de migrantes y de personas en general que tienen en común una agenda que considera el bienestar de los aludidos en las sociedades de origen, tránsito y destino.

Al respecto, destacamos la parte de la sociedad civil que desde su ámbito atiende la problemática del migrante. Los principios básicos sobre los cuales se encuentra el apoyo que otorga la sociedad a los migrantes son la hospitalidad y la solidaridad, que expresan unidad y colaboración entre seres humanos y van más allá de lo jurídico. Se erigen como un compromiso individual dado por motivos de semejanza, subrayando las muestras de participación cívica y articulaciones sociales que favorecen la atención y beneficios para los migrantes centroamericanos, encontrando su máxima expresión en las marchas de protesta contra las políticas migratorias y malos tratos que reciben los migrantes centroamericanos y que pugnan por la defensa de los derechos de este sector poblacional. A partir de esto, la mayoría de las organizaciones sociales han adoptado la Convención sobre Derechos de los Migrantes⁸ como muestra de que hay conciencia dentro de la comunidad internacional tanto entre los Estados emisores como en los receptores, acerca de una tendencia al descuido de los derechos humanos de los migrantes en muchas partes del mundo. Esta toma de conciencia se ve favorecida por los medios de comunicación y los informes del gobierno sobre las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar durante los procesos migratorios y, en particular, los problemas de la trata de mujeres y niños.

Sin embargo, hay que señalar la limitada evidencia empírica disponible en el tema, por lo que no queda claro si esta toma de conciencia es generada a partir de un aumento del nivel de abuso o del aumento de la exposición al mismo. A pesar de este creciente grado de sensibilización, se está haciendo poco en el campo de los derechos humanos de los migrantes. El problema no es, por lo tanto, la falta de normas internacionales: es la falta de voluntad política para ponerlas en práctica. En otras palabras, como señala Bustamante (2008), los Estados no siempre logran conciliar a los nacionales frente a la distinción entre éstos y los no nacionales con el respeto de los derechos humanos universales establecidos en diversas normas.

A partir de las posturas expuestas sobre el trato o la acogida por parte de la sociedad y gobierno mexicanos hacia los migrantes, se sostiene que no hay una posición homogénea, específicamente no prevalece el maltrato, pero tampoco sobresale el apoyo brindado. Lo anterior es producto de la propia configuración socioeconómica del entorno nacional; no obstante, el fenómeno de la migración en relación con la protección de los derechos humanos, representa un desafío para las políticas públicas, en donde la acción pública y la participación ciudadana deberán asumir un compromiso con una problemática que no es propia de los individuos que arriban a México, sino también de mexicanos que se establecen en otros países. Se deben promover acciones que permitan ser un mejor país colindante y asumir actitudes de ciudadanía mundial dentro de la comunidad internacional.

En líneas anteriores se señaló el compromiso gubernamental de defender los derechos de los migrantes, ya sea temporal o permanente, evitando y sancionando los tratos discriminatorios, prioritariamente en las zonas fronterizas y lugares de tránsito de migrantes. Ahora es tiempo de contrastar tales compromisos con la realidad social que padecen los inmigrantes en México. Para lograrlo hemos recurrido a informes de instituciones no gubernamentales y de organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos que permiten poner de manifiesto las deficiencias en la aplicación de las leyes vigentes y la observancia de políticas que suscitan problemas. En párrafos subsecuentes se expone un análisis del grupo de migrantes centroamericanos que forma parte del fenómeno migratorio, con inclusión de la diáspora mexicana.

Una situación que resulta preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos es que, por un lado, de acuerdo con el gobierno de México, la política consiste en detener a los migrantes durante un periodo muy breve (de unos cuantos días a un par de semanas, por lo general). En función de las relaciones bilaterales que México tenga con el país de origen del migrante, éste puede ser expulsado el mismo día después de pasar sólo unas horas en una estación migratoria, y el destino más frecuente es Guatemala. No obstante, según cifras dadas por el INM en 2007, también fueron sancionados 187 servidores públicos de dicha institución, principalmente por violar los derechos humanos de migrantes centroamericanos, considerando maltrato físico, falta de alimentación y el estado de las estaciones migratorias. A esta situación se le puede sumar también la persistencia de prácticas consuetudinarias de corrupción, autoritarismo y abusos por parte de algunas autoridades policiales, consulares y migratorias, así como los peligros y riesgos propios de un largo viaje en medios no apropiados, los abusos y crímenes sufridos por delincuencia organizada, nacional y extranjera, y las vejaciones discriminatorias.

En este contexto, surgen algunas interrogantes: ¿México es para los mexicanos? ¿Las constantes violaciones a los derechos humanos se dan porque la población nacional se siente amenazada? Esta preocupación emerge por la incertidumbre de saber si en el país se está dando un trato digno a los inmigrantes de Centroamérica, similar al que reciben los mexicanos que pasan la frontera norte en busca de trabajo en Estados Unidos. Aunque esta aseveración se vuelve motivo de muchas críticas, es menester revisar las pautas que hemos considerado para partir de tal supuesto.

Un argumento es que no hay homogeneidad en el trato del migrante. Una de las razones para violentar los derechos humanos de los migrantes, además de la vulnerabilidad que facilita su agresión, es considerarlos invasores. Por lo tanto, es preciso analizar la visión existente en la sociedad mexicana para considerar al migrante como un ilegal, o incluso como un criminal. Varios informes de la CNDH y de otras instituciones de protección a los derechos humanos afirman que actores claves —embajadas y consulados de países como EUA— y una parte de la sociedad mexicana consideran que el migrante no es un sujeto de derecho, sino un agente extraño al entorno nacional, lo cual provoca una reconfiguración de las sociedades donde se alojan. Esto causa una doble problemática: rechazo por parte de los nacionales y el gobierno hacia el migrante, y un conflicto de culturas que propicia un desequilibrio social en los lugares de llegada de las personas de origen centroamericano.

Al respecto, la Federación Internacional de Derechos Humanos (2008) da cuenta, entre otras situaciones, de las violaciones de derechos humanos en las dos fronteras de México. En la parte del informe que trata de la impunidad y no aplicación de estos derechos se hace énfasis sobre la voluntad de las autoridades de minimizar tales acciones contra los migrantes, la conjunción entre las autoridades y los criminales, la insuficiencia y deficiencia del sistema de justicia y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como sustento de esta información se encuentra el siguiente testimonio:

Aquí en México hay discriminación contra los centroamericanos, aquí nadie gana una demanda en los tribunales de justicia. Hay violaciones de derechos humanos de todo tipo, violaciones sexuales a las mujeres, pero todo queda impune. Hay discriminación contra nosotros en la administración de justicia. Al migrante lo ven como nada. El pollero tiene conexión con el maquinista del tren, la mayoría de los polleros son mexicanos. La atención en los hospitales es mala, no hacen esfuerzos por salvar un miembro, sólo recetan amputaciones. Cuando algún migrante muere en un hospital se queda en una fosa común. En el hospital les quitan la identificación y lo entierran como "desconocido". A nosotros nos interpretan mal nuestros propósitos, de emigrar, yo no venía detrás del [...] "sueño americano", ese no existe, yo venía buscando una vida mejor, eso es todo (FIDH, 2008).

Este tipo de maltratos surgen a causa de una creencia generalizada a nivel nacional de que los derechos humanos se encuentran estrechamente relacionados con la condición de ciudadano mexicano. Los motivos de esta percepción es que a través de varios medios de comunicación o por información circulada por países de destino como EUA, se ha estigmatizado al migrante como criminal o malviviente.

Es necesario atender lo señalado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2007) cuando menciona que México "no sólo tiene que poner atención para que sean protegidos los derechos humanos de los mexicanos cuando cruzan a Estados Unidos, sino también cuando hacen lo mismo los centroamericanos en su paso por México". Esto es, nuestro país debe velar no sólo por la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales, sino de las personas en general.

Ante la situación cotidiana que enfrentan los migrantes centroamericanos, es necesario subsanar las carencias de los instrumentos legales de protección a los migrantes, pues aunque éstos existen, la política migratoria del gobierno mexicano pareciera responder a las peticiones de los países de destino, sin tomar en cuenta el diseño y aplicación de políticas migratorias humanistas.

Reflexiones finales

El campo de la migración internacional está evolucionando rápidamente y demanda la participación de los Estados y de otros actores de la comunidad internacional que han comenzado a buscar un marco jurídico, en donde se aborde la migración como un problema global que abarque tanto a los agentes voluntarios como a los involuntarios, así como movimientos basados en la idea de que la migración genera muchos intereses, preocupaciones y condiciones para el desarrollo, pero centrados en fortalecer la cooperación y coordinación interinstitucional e internacional.

En este tenor, los organismos u organizaciones sociales ayudan a garantizar que las políticas del gobierno se encuentren en consonancia con las necesidades públicas en el ámbito de los derechos humanos. Mientras que los principios en sí son adoptados por los Estados, las organizaciones no gubernamentales han sido fundamentales en su promoción, cabildeo para su aceptación y seguimiento para su aplicación.

Asimismo, la función de tales organizaciones en el fenómeno migratorio es preponderante, ya que favorece el debate sobre políticas de migración y movilización de los seres humanos, a fin de disminuir su situación de vulnerabilidad.

La influencia de la sociedad civil en este ámbito, en comparación con su papel en otros campos, acaba de tomar forma. Este retraso está ligado tanto a la naturaleza de este ámbito y la relación que existe entre los Estados, las ONG's y la sociedad civil. La sociedad civil puede y debe desempeñar un papel fundamental en la política de migración internacional, en el desarrollo, en primer lugar de la agenda migratoria existente, así como de garantía de las normas jurídicas internacionales que protegen a los refugiados, los desplazados internos y migrantes.

En el caso de México, resulta innegable el elevado crecimiento de flujos migratorios centroamericanos, pero también el aumento de prácticas violatorias de los derechos humanos y de malos tratos por parte de la sociedad, abusando de su vulnerabilidad como migrantes. Dentro de estas situaciones se encuentra el reconocimiento de los gobiernos involucrados en el fenómeno migratorio; no obstante, la problemática se encuentra lejos de ser resuelta.

De esta manera, más allá del reconocimiento de la problemática, el gobierno mexicano deberá comenzar a atenderla considerando que México también es un expulsor mayoritario de migrantes hacia el extranjero; ello sentaría las bases de acción del gobierno bajo la premisa de dar al migrante centroamericano el trato que se busca para el connacional en el extranjero.

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Anexo

NOTAS

¹ Para efectos del presente, entenderemos este concepto en términos de lo señalado por Ulrich Beck (1998: 127), la globalización subraya el proceso que tiene lo transnacional en diversas dimensiones; significa la intensificación de los espacios, sucesos, problemas, conflictos y biografías transnacionales; pero este movimiento no debe entenderse ni de manera rectilínea ni en el sentido de "total" y "omicomprensivo"; antes bien, este movimiento debe entenderse sólo de manera contingente y dialéctica.

² Los migrantes se consideran agentes exógenos al ser elementos provenientes del exterior que modifican el entorno socioterritorial al que arriban.

³ Dentro del trabajo se entenderá al migrante como aquella persona que bajo cualquier supuesto o motivación cambia su residencia, ya sea en forma temporal o permanente (Gallegos, 2008: s/r). "La definición de 'migrante' ya no puede derivarse única y exclusivamente de la condición de residencia del individuo, esto es, de la ubicación de su residencia habitual a uno u otro lado de la franja fronteriza. Por el contrario, la condición migratoria ha de definirse más bien a partir de la incorporación y participación del individuo en un sistema transnacional de redes sociales y comunitarias" (Canales y Zlolniski, 2000: 6.3.1). De manera concreta se refiere al migrante como el individuo que cambia de residencia y se vuelve partícipe de un nuevo entorno social.

Por su parte, la noción de inmigrante es un término más específico y se refiere al extranjero que se interna en un país o cualquier lugar de residencia con el propósito de radicarse en él. Entonces, el inmigrante será la persona que abandona temporal o definitivamente su lugar de procedencia. En este sentido, migrante se refiere a cualquier condición de traslado de residencia; mientras que el inmigrante únicamente refiere a la llegada de un individuo a un lugar distinto del que nació.

Otro concepto fundamental dentro del fenómeno migratorio internacional es el de transmigrante: alude al inmigrante que traslada su residencia sin perder el contacto regular con su lugar natal. Glick et al. usan el término transmigrante para describir a los inmigrantes que establecen campos sociales uniendo sus países de origen con los de destino (1992: 1). Los transmigrantes son una categoría de los inmigrantes que constantemente mueven su residencia sin establecerse formalmente en algún lugar; por eso su destino se encuentra sujeto a las condiciones itinerantes establecidas por ellos mismos.

⁵ La investigación de la cual se deriva el presente artículo concluyó antes de la realización del censo de población 2010, por lo tanto las cifras presentadas se acotan a la primera década del siglo XXI.

⁶ Los cuadros referidos se encuentran en la parte final del artículo.

⁷ Por instituciones públicas se entiende "el conjunto de configuraciones legales, procedimientos, convenciones, normas y estructuras organizativas que dan forma a la interacción humana [...] Las instituciones consisten en relaciones de autoridad que definen cuál actividad es o no permisible y especifican a quiénes se aplican y en qué situaciones" (Noogard, 1996: 39).

⁸ Después denominada como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, celebrada el 1º de julio de 2003.

Información sobre los autores

Gabriela Fuentes-Reyes. Maestra en Derecho, Facultad de Derecho, UAEM. Línea de investigación: derecho social y procesos políticos. Publicaciones recientes: "Del Estado de Bienestar al Estado Social de Derecho", en Instituciones del bienestar y gestión de la precariedad. Una mirada interdisciplinaria, México: Miguel Ángel Porrúa, UAEM (2009); "El Estado de México y la Iniciativa Privada: el punto de convergencia a partir de la reforma del Estado orientada a fomentar el desarrollo" en Diálogos Jurídicos entre México y España, Universitat Jaume I-UAEM (2010); "Vulnerabilidad y desigualdad social en el colectivo de adultos mayores: una revisión multidisciplinaria", en Textos y Contextos del Envejecimiento en México, Plaza Valdés-UANL (2009).

Luis Raúl Ortiz-Ramírez. Licenciado en Derecho. Labora en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Línea de investigación: derecho social y procesos. Tiene inédito el libro Métodos alternativos de solución de conflictos, caso especial: la UAEM.