¿Los corruptos aprenden ética? Orientaciones éticas para atajar la corrupción

Jaime Rodríguez Alba

Bautista, Óscar Diego (2009), Ética para corruptos. Una forma de prevenir la corrupción en los gobiernos y las administraciones públicas, España: Desclée De Brouwer, 158 pp. ISBN: 978-84-330-2315-5

Universidad Complutense de Madrid, España / albajaime@hotmail.com

Es conocido por todo el mundo el remedio que Sócrates daba para evitar los chismes, y en general, todo tipo de palabrería. Es preciso, sostenía el maestro griego, someter todo lo que se vaya a decir al triple escrutinio de tres tamices: el de la verdad, el de la bondad y el de la utilidad. De modo tal que aquello que no es ni verdadero ni bueno ni útil, es mejor no decirlo. Ciertamente cabe preguntarse qué sucede con lo que siendo verdadero no es bueno ni útil; o lo que no siendo verdadero es bueno y útil, y otras tantas combinaciones más. Acaso el juego lógico podría aquí ilustrarnos la compleja red ética y política que conforma nuestras vidas.

Lo cierto es que el libro de Óscar Diego Bautista que aquí reseñamos se ajusta en todo a la exigencia socrática, y no sólo en la anterior regla. En efecto, resulta fundamentado y exhaustivo en lo relativo a la información que aporta, verdadero pues en lo tocante a sus bases epistemológicas. Pero, ante todo, se me antoja "bueno" (por sus intenciones y por las medidas de interés que en él se aportan) y útil. Porque de poder realizarse el programa de renovación ética que nos aporta la obra, seguro que podríamos situarnos en el umbral de una humanidad mejor.

Destaca, por lo relativo a la intención del autor, el "realismo" de su planteamiento. En efecto, como él mismo dice, luego de realizar un minucioso análisis sobre la definición, causas y programas para evitar la corrupción,

intentar extirpar la corrupción del mundo de la política y del gobierno es una pretensión utópica, ya que implicaría cambiar el rumbo de la humanidad al trazar una nueva ruta que modifique el estilo de vida contemporáneo. Lo que sí es posible realizar es el fortalecimiento de la moral social a fin de establecer principios éticos que guíen el actuar de los servidores públicos estableciendo un dique que frene el mar de corrupción y dé un giro hacia un buen gobierno, en el que se abandonen las conductas basadas en antivalores (Diego, 2009, 111).

La obra consta de cuatro capítulos, más una conclusión que resume la argumentación y propuestas del autor. En un primer capítulo se ocupa de analizar las causas y motivaciones de la corrupción. Acude a la distinción entre factores externos o estructurales y factores internos al individuo a la hora de sintetizar la información de la que se dispone en el análisis de las causas de la corrupción. Entre los primeros destaca el autor los factores políticos, los factores económicos, los administrativos y los sociales. Respecto a los factores políticos analiza la ideología neoliberal que promueve una visión de lo público alejada de la clásica noción de "bien común" y una concepción mercantil del servicio público; la lealtad partidista, la ausencia de un perfil claro en la selección del funcionario, la naturalización de la corrupción y la concepción patrimonialista de los bienes públicos. El autor parece asumir una suposición fuerte respecto a la ideología neoliberal. Suposición que manifestará a lo largo de la obra. En efecto, y frente a las concepciones de la Escuela de Virginia, Óscar Diego rehúsa la concepción según la cual se puede levantar el bien público sobre la persecución del interés privado. Rechaza, implícitamente, aquella máxima de Buchanan, según la cual la idea de que la administración y sus funcionarios persiguen el bien común no es más que una ideología encaminada a sostener la lógica burocrática. Aunque el autor no se ocupa de entrar en esta cuestión teórica, se percibe con claridad a lo largo de su argumentación y propuestas una doble suposición: 1) la función pública, orientada por la idea, principio y valor de servicio, ha de estar orientada al bien común —bien que podrá intuirse y cuya definición está al alcance de la "sabiduría ética"; 2) el capitalismo neoliberal, y sus prácticas que fomentan el individualismo, el egoísmo del interés propio, y la lógica empresarial ampliada a toda esfera de la sociedad, no puede sino fomentar la corrupción, en la medida en que atenta contra el primer supuesto. Bien sé que estas suposiciones serán criticadas por muchos, asumidas a regañadientes por otros tantos y aplaudidas por pocos. Pero merece la pena arriesgarse a pensar, a mirar de otro modo al usual, para tratar de perseguir aquellos objetivos que, como el objetivo de una política y administración sin corrupción, todos compartimos.

La lógica antes mencionada como causante de corrupción es estudiada por el autor en lo relativo a los factores económicos, administrativos y sociales de la corrupción. En efecto, el espíritu capitalista que lleva a colonizar ámbitos del "mundo de la vida" y a convertirlos a la esfera del mercado, la aplicación de principios de gestión empresarial a lo público, la actuación de los organismos financieros internacionales, así como las prácticas de las empresas multinacionales y la labor de los gestores privados son analizados como factores de corrupción. Menos valor otorga el autor a la idea de que los funcionarios se corrompen por la baja remuneración de sus trabajos. Aporta en contra evidencias empíricas e insiste en la necesidad de generar una "cultura de servicio" y la profesionalidad del cuerpo funcionarial, como remedios más eficaces que la equiparación salarial con los gestores privados. Finalmente, en lo relativo al análisis de los factores sociales, se recrea el autor en la cuestión de la sociedad de consumo, sociedad que no fomenta la cultura de servicio ni las actitudes exigidas para su desempeño; sino que potencia el anhelo de poder, causa psicológica —podríamos decir— de la corrupción. También destaca, y en esto hay que reconocer intuición y coraje —por decirlo en un momento en el que todo el mundo parece sostener lo contrario—, como uno de los factores sociales que fomentan la corrupción, el descuido de las áreas sociales y humanísticas. Para Óscar Diego, las humanidades enseñan valores.

Más problemática resulta, a nuestro entender, la apelación a un "ethos político" vinculado a la clase social. Para ser sinceros, tenemos que decir que en su argumentación el autor apela a estudios clásicos, pero manifiesta dudas al respecto, argumenta la problematicidad del planteamiento. La idea es que, frente a la clase media, que sostiene los principios del bien común como objetivo político, buscando en la política un instrumento de realización comunitaria, las clases populares instrumentalizan la política como herramienta para obtener recursos en un sistema que se los niega con facilidad, tendiendo así a una visión clientelista de la política. Visión que, como resulta obvio, acrecienta el cauce de la corrupción. Para evitar el sesgo de clase que en una tal concepción pudiera verse, Diego señala que también las clases pudientes instrumentalizan la política; prueba de lo cual son aquellos sistemas que favorecen que los políticos sean financiados por grandes corporaciones empresariales. Corporaciones que, como clientes políticos, luego esperan sus prebendas.

Entiende Óscar Diego que la globalización genera una "turbulencia de valores", turbulencia que permite que los antivalores penetren en los individuos. Hasta aquí podemos estar de acuerdo, al menos esto nos confirmarían diversas circunstancias de nuestro presente. Pero el asunto es: por qué. No penetra mucho el autor en este análisis, pero creo poder concluir que tras su argumentación se sitúa una visión "comunitarista" de la sociedad: las tradiciones, las comunidades y sociedades tradicionalmente articuladas regulan sus conductas y prácticas por una serie de valores y normas morales que, mejores o peores, confieren estabilidad y sancionan la corrupción. La globalización ha roto esta dimensión comunitaria, sin preocuparse por instaurar una nueva comunidad, con lo que favorece una individualidad con "sentimiento de angustia", cargada de relativismo moral, indiferencia, apatía, e incluso cierto grado de cinismo, funcional a las estructuras de poder.

Como sea, Diego explica que la corrupción tiene enormes costes: genera desigualdad social, crisis de legitimidad, desalienta la inversión, altera las bases culturales de la supervivencia, y, si es normalizada o naturalizada, genera "sistemas sociales perversos".

Hecho este análisis, el autor procede a dar respuesta al "¿qué hacer?" contra la corrupción. El resto del libro se dedica a aclarar minuciosamente lo que se ha hecho a lo largo de la historia y, lo más interesante, a exponer las líneas de lo que denomina Sistema Ético Integral, orientado a implantar en la administración la Ética Pública como herramienta para corregir la corrupción.

En el capítulo segundo se hace hincapié en cómo el fortalecimiento de valores éticos es una herramienta fundamental, si no la mejor, para controlar la corrupción. Frente a las escuelas neoempresariales, que sostienen la aplicabilidad del modelo de gestión privada y mercantil a los bienes públicos, la escuela neopública argumenta que el fomento de la ética pública es el único remedio efectivo contra la corrupción. Al menos así lo sugiere el autor. Ciertamente, la distinción entre escuela neoempresarial y escuela neopública no aparece aclarada por el autor, pero podemos intuir que es trabajada en cruce con la oposición entre un bien público (común), objeto de las políticas públicas, guía para la administración, principio de acción, etc., y un bien privado que, guiado por el interés individual, obtiene, no obstante, accionado por la invisible mano del mercado, una gestión eficiente, buena y justa. La ética no surge espontáneamente de los agentes, sobreentiende el autor, por lo que no debe dejarse el fomento de la misma al mercado. Tal podría ser el rechazo epistemológico y ontológico a la posición neoempresarial. Es más, dejada de lado, llegamos a una mayor debilidad de los valores, pues la consustancial ignorancia ética de los hombres no conduce a otro lugar. La menor fortaleza de los valores conduce a una mayor inclinación a conductas no deseables. De ahí que el mejor instrumento de control interno sea, según Óscar Diego, la institucionalización de la Ética. Entre los beneficios de una interiorización ética en la administración se sitúan: la confianza, la cultura de servicio, la eficiencia y acercarse más al principio de dignidad humana.

El capítulo tercero se centra en analizar las medidas habidas en el ámbito internacional para combatir la corrupción. No resumimos aquí las mismas, porque de ellas se hace buena cuenta en la obra. En el capítulo resalta que el autor se haya ocupado de rastrearlas por los cinco continentes, manifestando así su vocación globalista frente a un problema mundial como la corrupción. Acuerdos internacionales, legislación internacional y órganos de control son instrumentos utilizados y utilizables para controlar la corrupción.

Quizá lo más interesante, y aquello que debiera llamar la atención del legislador —cosa que seguro llenaría de alegría al autor— es la propuesta de un Sistema Ético Integral (SEI). De la misma se ocupa en el cuarto capítulo, cuidadosamente titulado "Prevención de la corrupción". Para Óscar Diego, la Ética resulta preventiva, activa y ha de ser usada constantemente para sostener la integridad del cuerpo administrativo y político. Cara a prevenir, pero también "curar", diseña un sistema que habrá de ser implementado en cinco fases. Sobresale el esfuerzo por el detalle del autor. Esfuerzo de quien, conocedor de los clásicos, procura emular sus propuestas. Sabido es que para los autores clásicos, valga de ejemplo Platón, no cabe establecer programa de "socialidad" alguno que no pase por diseñar los motivos más íntimos de la práctica política. Sin por ello —aunque aquí no lo podemos explicar— eliminar la espontaneidad. En efecto, sólo reflexionando sobre las "minucias" podemos establecer los grandes programas. Sólo en las prácticas cotidianas es posible la incorporación de los programas éticos; pues si no, los mismos se quedan en palabrería contraproducente, generan escepticismo, cinismo e incluso rechazo.

En una primera fase se trataría de recordar, enseñar y reafirmar el valor de la Ética como materia que permite resolver los conflictos y evitar contravalores. Recordando a los clásicos, en especial a Cicerón, el autor explica que la deliberación genera concienciación y ésta sienta las bases para el "decorum". En esta primera fase, y acaso por cierta necesidad de marketing, se podrían señalar los beneficios que genera la Ética: compromiso, transparencia, calidad y mejores resultados.

En una segunda fase se hace imprescindible asignar un responsable, integrar un equipo ético y generar una misión institucional. El grupo ético debería seleccionarse, para Óscar Diego, entre "sabios": personas íntegras, con experiencia en la administración o provenientes del mundo académico. Formarían un Consejo Ético. Las funciones de tal Consejo Ético serían: fomentar y vigilar la aplicación de la ética, identificar los valores deseables y aclarar el tipo de servidor público que genere seguridad, confianza, responsabilidad, rapidez, amabilidad, economía y calidad.

En una tercera fase se diseñarían instrumentos de trabajo. Los básicos son: un marco jurídico ético —mediante la incorporación de principios de espíritu público a la Constitución, y también elaborando leyes de Ética Pública—; la elaboración de códigos de ética que permitan no sólo definir y señalar los principios éticos, sino también enumerar las responsabilidades y sanciones; el acopio de literatura ética (clásicos también) y cine que enseñe valores; y generar un profesional de la Ética Pública que, como el Retor romano, se encargue de vigilar y fomentar la ética por todo el cuerpo político y social.

Finalmente, en una quinta fase, el SEI requiere de supervisión, control y evaluación. La clave está en potenciar la supervisión ciudadana, para lo cual podría utilizarse el diseño de un adecuado sistema de quejas y denuncias de las conductas antiéticas, así como un sistema de sanciones ejemplares —que no excluye el despido. Sería oportuno potenciar la creación de sistemas de comunicación ciudadana orientados a fomentar la idea de servicio público como servicio destinado al bien común. En resumen, prescribe Óscar Diego, se precisaría una mejora constante del funcionamiento institucional.

Éstas son, a grandes rasgos, las propuestas y análisis que realiza Óscar Diego en su obra Ética para corruptos. La misma resulta de fácil lectura por su claridad, pero a la vez viva y penetrante, por lo tocante a la seriedad con la que se aborda la temática de la corrupción. Invitar a leer esta obra es poco, pues, a mi humilde entender, lo que la misma pretende es invitar a "hacer esta obra", a llevarla a práctica. Tarea inmensa, pero concorde con el espíritu íntimo de cualquier obra ética: no sólo ilustrar lo que es bueno, sino delinear cómo serlo. Seguro que el autor de esta interesante obra estaría sobremanera feliz —en el sentido político dado por Aristóteles— si fuera de interés para aquellos que han de ocuparse, precisamente, del bien común: los legisladores.

Información sobre el autor

Jaime Rodríguez Alba. Master en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid donde es profesor de Filosofía. Sus líneas de investigación son: antropología cultural, sociología del conocimiento, sociología de los movimientos políticos y filosofía política. Publicaciones recientes: "Ideología y política en la Ética Pública: la cuestión del estado ético", en Ética y Servicio público, coordinado por Lorenzo Peña, Txetxu Ausin y Óscar Diego Bautista (2010); "Ética pública y buen gobierno", reseña del libro homónimo de Óscar Diego Bautista, en Revista IAPEM (Instituto de Administración Pública del Estado de México), núm. 75, enero-abril (2010); "Atlas histórico de la filosofía (del mundo griego al inicio de la ilustración)", reseña del libro homónimo de Juan Pedro García del Campo y Manuel Montalbán García, en Arbor (Revista de Ciencia, Pensamiento y Cultura del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas de España), vol. CLXXXV, núm. 737.