Fraudes corporativos y apropiación de la riqueza

Antonio David Cattani

Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil. E–mail: adcattani@uol.com.br

Envío a dictamen: 12 de mayo de 2009.
Aprobación: 10 de julio de 2009.

Abstract

Usually identified as an exceptionin the capitalist sphere, the frauds perpetrated by large companies are also an uncommon topic in Social Sciences. Asserting that illicit practices involve enormous sums, this article analyses their significance in relation to class struggle and the production of inequality. These are strategies used by the economically dominant sectors when the correlation of forces is favorable to them. With power and impunity guaranteed by business arranged on a large scale, frauds allow certain groups to appropriate social wealth to the workers as well as small–scale capitalists' detriment. The author supports the thesis that frauds concern neither a primitive stage nor an exceptional dimension of capitalist practices. When included as a pertinent feature in the analysis of social structures and relations, they allow the so–called rationality and efficiency of the system to be uncovered, bringing into question the legitimacy of the dominant social positions.

Key words: dominant sectors, wealth, economic frauds, class struggle, inequality.

Resumen

Identificados a menudo como excepciones en la esfera capitalista, los fraudes practicados por las grandes empresas son un tema poco usual en las ciencias sociales. Considerando que las prácticas ilícitas involucran sumas voluminosas, este artículo analiza su significado vinculado a la lucha de clases y a la producción de las desigualdades. Son estrategias utilizadas por los sectores económicamente dominantes mientras la correlación de fuerzas les sea favorable. Con poder e impunidad garantizados, los fraudes se concretan a partir de los negocios realizados a gran escala, permitiendo que determinados grupos se adueñen de la riqueza social en detrimento de los trabajadores y también de otros capitalistas más pequeños. Se sostiene la tesis de que los fraudes no corresponden a una etapa primitiva ni tampoco a una dimensión excepcional de las prácticas capitalistas. Incluidas en tanto dimensión pertinente en el análisis de las relaciones y estructuras sociales, ellas permiten desvelar las supuestas racionalidad y eficiencia del sistema, y cuestionan la legitimidad de las posiciones sociales dominantes.

Palabras clave: sectores dominantes, riqueza, fraudes económicos, lucha de clases, desigualdades.

Introducción¹

El fenómeno adquiere especial importancia, llamando la atención, primeramente, por el monto de recursos involucrados, siempre alrededor de decenas de millones, a veces incluso, centenares, y, en algunos casos rumorosos, miles de millones de reales, dólares o euros. A menudo corresponden a estimaciones presentadas por los órganos fiscalizados, por la policía o la prensa. La naturaleza ilícita de las operaciones, por definición, impide el cálculo preciso de los montantes implicados. Aunque los valores realmente constatados y los montos recuperados permanezcan desconocidos, los datos señalan sumas expresivas. La criminalidad económica ejercida por las corporaciones y por individuos con condiciones financieras privilegiadas alcanza niveles estratosféricos.

Aunque haya procedimientos ilegales en todos los niveles de la actividad económica, millares de fraudes micro y medianos reunidos no son comparables, en términos de volumen y consecuencias sociopolíticas, al dolo cometido por una única megacorporación.

Un segundo hecho que merece la pena señalar es la naturaleza de los fraudes en la dinámica capitalista. El proceso económico cuenta con un marco regulatorio que abarca transacciones conflictivas entre capital y trabajo asalariado, aún pautadas por normas sociales que reflejan el reconocimiento jurídico originado en la correlación de fuerzas existentes entre los contrincantes. Una situación similar puede ser vista en el ámbito de la competencia intercapitalista: condiciones de mercado definen reglas generales cuya observancia es impelida o fiscalizada por instituciones del ámbito público y, en menor escala, del área privada (cámaras sectoriales, asociaciones patronales).

Asimismo, la expansión capitalista puede recurrir a prácticas que violan las convenciones económicas y sociales —uso de la fuerza, pillaje, corrupción, o sea, violencia y fraude— como forma de obtener ganancias por encima del resto del mercado. Dichos beneficios equivalen a una "plusvalía extra", lograda mediante la innovación tecnológica o ganancias de productividad más que su distribución equitativa, forzada por la competencia o por los nuevos impuestos. La prevalencia de una u otra dimensión está subordinada a la correlación de fuerzas sociales, a la capacidad de control gubernamental y a las reglas de la competencia. En varios momentos en la historia, la dimensión ilícita prevaleció. Algunos ejemplos fueron las prácticas de las corporaciones inglesas en el Extremo Oriente, a mediados del siglo XIX, y de los robbers barons, en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, así como los diversos casos involucrando las relaciones entre multinacionales y regímenes dictatoriales (Trujillo, en República Dominicana; Marcos, en Filipinas; Suharto, en Indonesia, etcétera).

En otros periodos, los fraudes tuvieron un rol poco relevante, retomando su importancia con el debilitamiento de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y el Poder Judicial. En las últimas décadas, se ha observado en todo el mundo un importante crecimiento de las actividades empresariales y transacciones financieras fuera de la ley o a su margen. Ello no se debe al aumento de los negocios, a la divulgación ampliada por los medios, tampoco a la acción de organismos de control o a la movilización de la sociedad civil. Las manifestaciones de lo que algunos autores denominan "capitalismo bandido", "economía ladina", "global outlaws", han aumentado sustantivamente (Alepin, 2004; Bakan, 2008; Baker, 2005; Breton, 2005; Godefroy & Lascoumes, 2004; Guillhot, 2006; Mathers, 2004; Nordstrom, 2007; Woodiwiss, 2007).

A pesar de los intentos de encubrimiento, las prácticas ilícitas del capitalismo sin control terminan siendo divulgadas por los medios masivos. Son evidenciadas por miles de cuestiones judiciales públicas y privadas contras empresas fraudulentas, y son denunciadas sistemáticamente por entidades vinculadas a la altermundialización y al Foro Social Mundial. Entre éstas, se subrayan especialmente a ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras Especulativas y Ayuda a los Ciudadanos), a 50 Years is Enough Network y el Social Watch.

Hay innumerables ejemplos de infracciones que adquieren proporciones gigantescas, tales como Worldcom, Parmalat, Enron, "el saqueo" argentino, Monsanto en Indonesia, Cattles en Reino Unido, Unocal en Myanmar, Chevron en África, Banco Nacional, Banco Santos, Schincariol y Daslú en Brasil. Estos casos dieron mayor visibilidad a un proceso que no tiene fronteras, incitando a otros segmentos del empresariado a desarrollar programas de buena gobernabilidad corporativa, responsabilidad social y de ética económica, con el objetivo de preservar la buena imagen de las grandes corporaciones, separando lo que ellos mismos consideran la "parte podrida" que puede contaminar a las demás, a few bad apples, como dicen en la jerga del mundo de los negocios.

Este artículo está estructurado para contestar a tres bloques de preguntas. Primero, ¿los fraudes corporativos denotan procesos irrelevantes o de importancia localizada? ¿Son hechos marginales, que afectan a la dinámica capitalista de forma excepcional y eventual o son partes de su naturaleza? Dicho de otro modo, ¿resultan de actividades menores que componen un mundo aparte de la economía pura y de las relaciones de producción consideradas normales? Y aún, ¿se trata de una particularidad con mayor incidencia en el tercer mundo?

Independientemente de las respuestas encontradas, todavía cabe preguntar si ése es un tema académico referente a la sociología o si se limita a problemas estrictamente vinculados al medio policial o al ministerio público. Al tratarse de un interés económico, ¿no sería un tema restringido a la ciencia económica?

Antes de estudiar dichos planteos, hay dos cuestiones a considerar. El primer enfoque de análisis serán los fraudes económicos involucrando empresas y especialmente corporaciones, personas jurídicas actuando en la esfera económica normal e institucionalizada. No se examinarán los fraudes de tipo "Ponzi Scheme" (como el de Bernard Madoff), el bandidaje, organizado o no, las infracciones comunes, las prácticas mafiosas y el gangsterismo, ni tampoco las manifestaciones como el contrabandismo, el terrorismo, el tráfico de drogas y de armas y otras acciones indudablemente criminales. La asociación del delito común a los fraudes económicos, según el entendimiento de algunos autores (Woodiwiss, 2007; Baker, 2005), impide la evaluación acertada de la dinámica capitalista contemporánea.

Una segunda aclaración se refiere a la naturaleza de las fuentes. Solamente son utilizados datos públicos. Gran parte de las informaciones proviene de los grandes medios e impone algunos límites: datos esenciales citados en ellos provienen de fuentes no identificadas, y declaraciones contundentes de autoridades, así como sus desmentidos, aparecen sin comprobación. A veces el noticiero no da secuencia a un tema y no se sabe si el hecho es improcedente o si fue obstruido. Los datos fidedignos aparecen en juicios inaccesibles y diversas operaciones están protegidas por el sigilo bancario. En contrapartida, determinadas denuncias, realizadas por víctimas u organizaciones de la sociedad civil, tales como sindicatos, ONGs y asociaciones diversas, son, a menudo, poco sólidos. Muchas veces se logra esquivar la escasa confiabilidad de las fuentes recurriendo a la gravedad de la ocurrencia. Ello porque si un fraude noticiado está sobreestimado, por ejemplo diciendo que es de alrededor de 50 millones de dólares y, de hecho, el importe es de la mitad de lo anunciado, aún así se tratará de un monto relevante. De todos modos, las asociaciones de auditores de finanzas públicas y el Financial Action Task Force, el más importante órgano intergubernamental para combatir el lavado de dinero, subrayan que los fraudes suelen ser más grandes y más graves de lo que se presenta al público, y los casos identificados constituyen meras puntas de un ice berg. Como veremos a continuación, el fenómeno existe y es importante incluso si su cuantificación no logra ser precisa.

Millones y mil millones

Aunque la historia del capitalismo occidental registre la sucesiva incidencia de escándalos económicos y financieros de grandes proporciones, la referencia empírica de este artículo son los fraudes que salieron a flote en las dos últimas décadas. Se delimitó el recorte de tiempo en función de la creación del FATF (Financial Action Task Force) en París en 1989, grupo que actúa contra el lavado de dinero, por iniciativa de los países miembros del G–7.

En aquella época, la victoria de los preceptos neoliberales era aparentemente absoluta: el colapso del régimen soviético, el desplome del Welfare State, las privatizaciones, la liberalización financiera y las desregulaciones laborales definían las condiciones de la globalización sin límites y sin rivales. Al mismo tiempo, la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal llegaban a niveles altísimos y exigían, contra su orientación ideológica, que los ministerios de finanzas de las más grandes potencias económicas adoptaran medidas de contención. La intervención del FATF fue particularmente reforzada después de septiembre de 2001, con la justificación de ayudar en la lucha contra el terrorismo.

Aún así, desde fines de los años ochenta hasta ahora, los rumores se multiplicaron, y pueden ser divididos en dos grupos. El primero se refiere a las noticias de los grandes medios de prensa y se compone de casos de colapso o casi colapso de la empresa, siendo los más conocidos el BCCI y Clearstream, Enron, WorldCom y Parmalat. El segundo se refiere a las prácticas fraudulentas localizadas, encubiertas y, mayormente, mantenidas en el anonimato. Las grandes corporaciones involucradas, de un modo u otro, sobreviven a las sanciones legales pagando multas o asegurando la impunidad, como los ejemplos de Hyundai y Sansung en las antípodas.

El BCCI (Bank of Credit and Commerce International) fundado en Londres, en 1972, y cerrado en 1991, a pesar de la magnitud de los perjuicios (20 mil millones de dólares), no corresponde a los criterios de fraudes institucionales clasificados en este artículo, pues se trataba de una auténtica organización criminal. Merece la pena recordar el ejemplo del BCCI por el comportamiento adoptado por las autoridades, políticos y, sobre todo, por el resto de las entidades financieras y empresariales antes de que el fraude fuera detenido. Renombrados bancos internacionales, reconocidos empresarios y afamados políticos transaban regularmente con el BCCI, que era auditado por una de las más cualificadas empresas del mundo, Price Waterhouse.

Una situación análoga ocurrió con el Clearstream, una especie de cámara de cobro de los bancos europeos, filial del Deutsch Bõrse Group, propietario de la bolsa de Frankfurt. El hecho todavía sin resolver tuvo participaciones semejantes, incluso con grandes partidos europeos, y conforma una de las más grandes operaciones de lavado de dinero realizadas en décadas.

En 2002 salió a flote el esquema delictivo comprometiendo a una de las más grandes empresas de telecomunicaciones estadounidenses, WorldCom. La corporación presentaba las mejores marcas de rentabilidad ancladas en balances falsificados. El escándalo empezó con la evidencia de un desfalco de 11 mil millones de dólares y resultó en el caso más grande de quiebra en Estados Unidos. Además de los perjuicios generales, hubo la dimisión de cerca de 20 mil empleados y pérdidas de miles de millones de dólares por parte de los accionistas.

En 2003 la multinacional italiana Parmalat, con filiales en varios países de América Latina, también fue protagonista de un fraude a escala mundial. Celebrada por muchos años como un ejemplo exitoso de la globalización neoliberal, la organización acumulaba deudas de 14 mil millones de euros, ocultadas a través de infracciones contables y operaciones establecidas en paraísos fiscales. En diciembre de 2003 fue declarada insolvente, acto seguido, más de 100 mil inversionistas italianos perdieron sus inversiones en acciones de la compañía, y los pedidos de indemnización por parte de los bancos acreedores aumentaron enormemente, contabilizando un monto de 40 mil millones de euros. Además de eso, se estima que cerca de 16 mil empleados fueron despedidos en el año siguiente al hecho.

Los fraudes que no resultan en quiebra o en rigurosas puniciones a la empresa presentan una complejidad mayor, pues abarcan múltiples circunstancias, involucrando a organizaciones e individuos. Esa situación puede ser ejemplificada con los hechos vinculados al presidente de Hyundai, en 2006, y al presidente de Sansung, en 2008, ambos despedidos del cargo después de reconocer la apropiación ilícita de centenares de millones de dólares. Asumiendo la responsabilidad en términos personales, ellos excusaron a las empresas efectivamente beneficiadas por los fraudes. Algo similar ocurre en el caso de corporaciones obligadas a realizar reparaciones de daños a bienes públicos. Joel Bakan (2008) cita decenas de violaciones relativas a las legislaciones fiscal, ambiental y económica, abarcando grandes corporaciones en Estados Unidos. En el caso descrito por Bakan, al pagar multas de más de un mil millones de dólares, las empresas siguen sus actividades como si nada hubiera ocurrido.

Raymond Baker (2005) elaboró un voluminoso estudio en el cual estima que cerca de 50% del comercio internacional circula por paraísos fiscales y jurisdicciones secretas en al menos algún punto entre el comprador y el vendedor. Gran parte de esas transacciones encubre precios falseados, mediante los cuales se busca eliminar tasas y evitar regulaciones, sub o sobrefacturación, préstamos simulados, transferencias fraudulentas, etcétera. Para Baker (idem), así se hacen los negocios internacionales, volviéndose un elemento central en las estrategias globales.

Aún con todas las pruebas, los valores negociados de esta forma no constan en las estadísticas financieras internacionales. Es obvio que ninguna de las poderosas instituciones financieras ofrece algún tipo de contabilidad en la cual figure el "dinero sucio", "ganancias del lavado de dinero", "huida de capitales" o ningún documento que sugiera dichas cifras. Los flujos ilícitos permanecen disfrazados o tan sólo invistbles; mientras tanto, voluminosas sumas de dinero son enviadas desde los países en desarrollo a las grandes potencias occidentales, acumulándose en depósitos seguros, propiedades e inversiones de mercado, sobre todo en los Estados Unidos y Europa. Baker (idem) demuestra que, para el Banco Mundial y el FMI, la discusión acerca de las transferencias ilícitas que circulan más allá de las fronteras tiene relevancia casi exclusivamente en los países no económicamente dominantes y, en determinadas ocasiones, en los centros financieros offshore, pero nunca en los bancos y corporaciones norte–occidentales. Los Estados Unidos y Europa rechazan cualquier responsabilidad referente al "dinero sucio" proveniente de las actividades financieras ilícitas.

Fraudes económicos y financieros no son unas prácticas a las que se pueda reportar cualquier "deficiencia" típica tercermundista. Se trata más bien de instrumentos propios de la dinámica de acumulación capitalista. Las violaciones cometidas por los grandes íconos del sistema de libre mercado, como J. P. Morgan Chase, Global Crossi ng, Bankers Trust, Halliburton, Citigroup, Bank of America, Arthur Andersen, Merril Lynch y las ya citadas Enron, WorldCom y Parmalat, son sólo algunos ejemplos que se han vuelto visibles.

Brigitte Alepin (2004) de s cribe con detalles las incontables estratagemas que posibilitan a las organizaciones e individuos evadir millones de dólares en Canadá, país considerado uno de los menos corruptos del mundo y modelo de control fictal. Irónicamente, un ejemplo notorio se centra en la más eminente figura política nacional: antes de ser nombrado primer ministro, en el periodo de 2003 a 2006, Paul Martin, en su época como ministro de Finanzas, hizo modificar la legislación permitiendo transferir la empresa de su propiedad, Canada Steamship Lines, a un paraíso fiscal en el Caribe.

Aunque los fraudes sean considerados un objeto aislado, causado por las bad apples, Raymond Baker (2005) calcula que el lavado de dinero, proveniente de varios procesos económicos legalizados, totaliza un importe de miles de millones de dólares. A pesar de todos los límites de su actuación —foco en la corrupción pasiva, ignorando los principales corruptores, énfasis en la corrupción en el ámbito estatal y no en el de las y por las empresas y culpabilización de las economías del tercer mundo, sin mencionar el rol de las grandes corporaciones norte–occidentales y especialmente norteamericanas—, la organización Transparency International presenta datos indicando que los fraudes representan más de un tercio de la economía capitalista.

En este artículo resaltamos casos ocurridos en Brasil como ejemplo expresivo de lo que frecuentemente ocurre en América Latina. Analizando nada más que las dos o tres últimas décadas, se encuentran bastantes registros documentados de lo que el periodista J. Carlos de Assis denominó como "anatomía de los escándalos financieros" (Assis, 1983, 1984). Sumados, los montos de los trece megafraudes, sucedidos entre 1974 y 1984, equivalían al presupuesto del Ministerio de Educación por varios años. Otros autores continuaron ese trabajo, que se convirtió prácticamente en una especialidad periodística. Desde esa época en adelante, decenas de libros y centenares de artículos han sido publicados, apuntando a los órganos del gobierno federal. El fraude empezó a ser considerado sinónimo de corrupción, abarcando órganos estatales y a sus directivos (Dimenstein, 1988; Silva, 2000).

Las operaciones de la Receta Federal son más discretas: las informaciones desaparecen cuando ocurre la regularización de procesos y de apelación a los tribunales, ocurriendo siempre en sigilo judicial. No obstante, se puede estimar de manera indirecta el monto evadido en impuestos. Las estadísticas económicas de los años 2004 y 2006 señalan el crecimiento de la economía de 4 a 5%, según sea el semestre. En el mismo periodo, la recaudación de impuestos federales aumentó en más de 20%. Las diferencias más marcadas ocurrían invariablemente después de operaciones conjuntas de lucha contra la evasión tributaria por la policía y Receta Federales, donde el sistema de fiscalización, auditoría y control de fraudes está orientado a los poderosos grupos económicos y no a los pequeños y medianos contribuyentes.

En la edición del 30 de enero de 2008 del diario Folha de São Paulo, constaba una nota acerca de la actuación de la Receta Federal junto a bancos, aseguradoras, cooperativas de crédito y otras instituciones del sector financiero. El valor estimado de la evasión fiscal superaba los 25 mil millones de reales. Informes del Sindicato Nacional de los Auditores Fiscales señalan que, en 2003, el Departamento de Cobro de Grandes Deudores (Ministerio de Finanzas) intentaba cobrar deudas de 400 empresas, muchas de ellas quebradas después de ser literalmente "saqueadas" por sus propietarios. ¡El monto no actualizado era de 55 mil millones de reales!

La evasión ocurre, igualmente, en los diferentes Estados, a menudo mal equipados de mecanismos de fiscalización y control. Un ejemplo entre tantos: a fines de 2007, el estado de Rio Grande do Sul dejó de recaudar un importe de aproximadamente 156 millones de reales, proveniente de deudas de impuestos locales de una empresa local del sector agroexportador. El perjuicio del Estado se debió a la prescripción de la deuda, dado que la organización recurrió a complejos procedimientos jurídicos —interposición de recursos en los juzgados, evitación de notificación judicial— y otras actividades, impidiendo la ejecución fiscal por más de 10 años, hasta su prescripción. El monto de la deuda perdida por el Estado equivalía al presupuesto de 10 años de la Fundación de Amparo a la Investigación, destinado al financiamiento de becas y ayudas y de actividades científicas.

Los ejemplos citados dan cuenta solamente de una dimensión de los fraudes, referente a los impuestos que deberían ser pagados y otras operaciones onerosas a las cuentas públicas. El listado de procesos corporativos oscuros es mucho más largo y de identificación más difícil: transferencias dolosas entre matriz y filiales, pagos indebidos de royalties, de patentes, etc., préstamos simulados, favoritismos ilegales mediante el sistema de leasing, de captive banks y otros (Pinto, 2007). Al recurrir a las estratégicas clásicas (dump ing, carteles, sub y sobrefacturación, operaciones offshore), las corporaciones no sometidas a la fiscalización perjudican no sólo a las finanzas públicas, sino también directamente al consumidor (Bakan, 2008; Galbraith, 2004).

Los elementos anteriormente considerados permiten responder al primer bloque de preguntas formulado al principio del artículo. En sus diferentes modalidades, los fraudes forman parte del universo empresarial capitalista, asumiendo una función estratégica en el mismo, comprobada por el monto significativo de recursos involucrados, aunque éste sea difícil de cuantificar. Los análisis basados en sólidas pruebas permitieron que el profesor Ronen Palan, de la Universidad de Sussex, comprobara que los paraísos fiscales, tal como otros esquemas ilícitos, no son fenómenos marginales reservados a millonarios dueños de fortunas oscuras. Al contrario, se trata de la infraestructura intrínseca del sector financiero internacional (Chavagneux & Palan, 2006). Una situación similar ocurre con el transporte marítimo internacional, especialmente de petróleo y productos tóxicos, 80% realizado por barcos con banderas de conveniencia, representando un peligro para los bienes públicos mundiales (Lille, 2005).

La ley pétrea de la acumulación exige el uso ilimitado de iniciativas que, implementadas a larga escala por las grandes corporaciones, hieren los principios de equidad, ética y justicia (Cattani, 2007). Esas estrategias no son ocasionales, sino inmanentes a la lógica del sistema. Esquemas fraudulentos llevados a cabo por diferentes hombres de negocios y corporaciones de renombre seguramente no son una exclusividad brasileña, ni tampoco del tercer mundo. La globalización económica se plasmó, de modo idéntico, en las transacciones delictivas globalizadas (Nordstrom, 2007). En las últimas dos décadas, el crecimiento capitalista desencadenó una extraordinaria expansión de poderosas corporaciones norte–occidentales que enlazan la capacidad técnica e innovadora a recursos de todo tipo. Con la internacionalización sin reglas o con reglas dictaminadas por las mismas empresas y con instituciones de control débiles, la economía se convierte en un campo de explotación para las "corporaciones ilimitadas" (Bakan, 2008).

Los puros y los otros

Ante la comprobación empírica de fraudes, su recurrencia y magnitud, queda por preguntar desde qué perspectiva dicho fenómeno es examinado en los estudios científicos y, en especial, cómo ha sido y sigue siendo evaluado por las ciencias sociales. Una breve revisión de la literatura especializada señala un cuadro de referencias harto complejo. Para el más incisivo crítico del capitalismo, esa temática constituía un proceso histórico específico relacionado con la destrucción de las "economías naturales", o sea, no capitalistas. En el último capítulo del primer volumen de El Capital, Marx desarrolló un análisis que denominó "acumulación originaria", forma no auténticamente capitalista de adueñarse de recursos que serían transformados en capital productivo, incluidos en él, los resultados de pillaje, saqueo y fraudes. En otros términos, la fuerza y la violencia actuando como "parteiras de toda velha sociedade em trabalho" [parteras de toda sociedad vieja preñada de una nueva²] (Marx, 1965: 1215). Según el autor, se trataba de un proceso inicial y primitivo que sería sobrepasado por la extensión de las relaciones de producción típicamente capitalistas en todo el mundo.

Prácticamente en la misma época, otro exponente de la teoría crítica, Rudolf Hilferding, presentó un estudio acerca de la evolución económica y el concepto que denominó "capitalismo organizado", instituido por la pacificación entre empresas, entre éstas y el Estado, y por la normalización de las relaciones de trabajo. Aunque sean una crítica contundente a dicho sistema, esos análisis tienen como referencia común la percepción de un orden legal creciente e imperativamente seguido por todas las empresas. En términos contemporáneos, se acordó llamarlo "marco regulador".

En campos teóricos distintos del marxismo, una variada gama de autores adopta enfoques similares. En su análisis acerca de las formas de racionalización crecientes del capitalismo, Max Weber subraya el papel de la ética protestante resistiendo ascéticamente a todo y a cualquier intento de instrumentalización oportunista. Desde una perspectiva liberal, Weber identifica la existencia de una ética inmanente al orden económico con pretensión universal. El puritanismo religioso original reemplazaría a los principios laicos respetados por todos, de acuerdo con un proceso de racionalización objetiva, utilitaria y homogénea. En otros términos, justo o injusto, el orden sería legítimo dado que, en el proceso de competición, ella sería observada por todos (Salmon, 2007).

El filósofo contemporáneo André Comte–Sponville (2004), al discutir la naturaleza del capitalismo, enfatiza la presencia de un orden económico autónomo, que no puede ser juzgado como moral o inmoral, pues resulta de una evolución natural y espontánea. Comte–Sponville deduce que las instituciones del mercado (empresas, corporaciones) son legítimas, libres y conscientes producciones humanas, que siguen pautas acordadas basadas en el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción, de los contratos de asalariamiento y de la búsqueda del interés privado según las reglas de intercambio en el mercado. En tanto "sistema" es, por lo tanto, amoral. No se aplicaría al orden económico la crítica fundamentada en otros conjuntos de principios o, como especifica, de otros órdenes, en el sentido pascaliano (política, moral, sentimientos y trascendencia). Así lo corroboran los argumentos de Milton Friedmann, uno de los más grandes exponentes del neoliberalismo contemporáneo. El economista sostiene que, igual que un edificio no puede ser juzgado como moral o inmoral, las empresas, independientemente de su tamaño y de sus prácticas, serían amorales.

La pretendida "pureza" o neutralidad del orden económico es un presupuesto de diversas corrientes teóricas, pero adquiere gran notoriedad en la economía positiva, surgida en los planteamientos de Léon Walras sobre la economía pura como dominio de lo verdadero en oposición a la economía social o política, que tendría dimensiones normativas e imponderablemente subjetivas (Maréchal, 2006). En el campo sociológico, la teoría comprensiva, preocupada en constatar los comportamientos racionales, concernientes a medios y fines, refuerza la hipótesis del Homo economicus, pragmático, hedonista, cuya acción utilitarista siempre es legítima. Ambas favorecen la descalificación de la crítica al capitalismo realmente existente, acusándola de ser politizada, moralista o ingenua.

En el campo de la teoría crítica, los planteamientos acerca de la naturaleza del capitalismo rechazan el encadenamiento axiomático que desemboca en la ficción del Homo economicus y denuncian la irrealidad del carácter libre y transparente del mercado, insistiendo en que la economía pura abstrae el mundo real, borra las contradicciones y niega la violencia, la dominación y, sobre todo, las desigualdades de origen y resultados. Un conjunto considerable de análisis históricos y teóricos ve en el imperialismo, con todas sus debilidades económicas y sociales, la expresión normal del capitalismo que crea y recrea las desigualdades continuamente, penalizando y marginalizando a los más vulnerables.

La teoría marxista del imperialismo permaneció detenida a lo largo del siglo XX, aunque se hayan multiplicado los estudios empíricos para explicar el carácter depredador ininterrumpido en las empresas multinacionales. Autores como Paul Sweezy, Paul Baran, René Dreifuss, Otto Ohlweiler, Elmar Altvater, Samir Amim, François Chesnais, Giovanni Arrighi y, más recientemente, Susan George, Noam Chomsky, Immanuel Walestein y otros realizaron análisis contundentes acerca de los procesos económicos, dando continuidad a lo que David Harvey (2005) denomina "acumulación por espoliación". Un significativo elemento de esos planteamientos es la demostración empírica de que la racionalidad capitalista, potenciada en escala logarítmica por las corporaciones, amplía jerarquías, particularismos, privilegios y exclusiones entre individuos y naciones. No obstante, con raras excepciones, se entiende al imperialismo como una acción externa de las economías centrales, perjudicando sobremanera a los Estados nación del tercer mundo. La cuestión de los fraudes parece ser poco decisiva en la vida "doméstica" de las empresas norte–occidentales.

A pesar de eso, esas obras niegan el pretendido carácter superior y la naturalidad de la economía de mercado, identificando a las empresas como formas institucionales basadas en la explotación del trabajo de la mayoría y en el ensanchamiento de las desigualdades, arriesgando cada vez más la supervivencia de la especie humana. Desde tal perspectiva, una obra reciente, Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica, organizada por Sonia Alvarez Leguizamón (2005), fundamentada en valioso y abundante material, comprueba que no existe la autonomización de la esfera económica, y ella tampoco se autorregula en el sentido del interés gen eral. A principios del siglo XXI, la expansión capitalista, recurriendo a formas ilícitas, sigue generando pobreza, manipulando la política y la cultura, y depredando el medioambiente.

En la vasta producción teórica y empírica divulgada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, varios autores identifican procesos reales en marcha en América Latina que revelan el carácter socialmente dañino de la expansión capitalista (Arceu; Basualdo, 2006). La producción local refuerza lo que se observó en los estudios más amplios relativos a la globalización y su vínculo con el aumento de las desigualdades y de la injusticia en términos planetarios (Jomo, 2007; Kaplinsky, 2005).

La producción específicamente académica en el campo sociológico acerca de la importancia de conocer el peso de los fraudes para el crecimiento capitalista no es demasiado expresiva. Como ya se dijo, diversas obras publicadas en Brasil sobre ese tema son informes periodísticos, presentando un enfoque en las relaciones oscuras entre determinados grupos y el gobierno federal. Michel Woodiwiss (2007) es historiador, y Raymond Baker (2005) fue ejecutivo de empresas. Ellos y otros autores, como Chris Mathers (2004), especializados en estudios de "lavado de dinero", crímenes fiscales, huida de divisas, etc., actúan como consultores de gobiernos u organismos internacionales. Sus enfoques abarcan fenómenos de naturaleza distinta, tales como el terrorismo, tráfico de drogas y armas, criminalidad común, corrupción de altos funcionarios, etcétera. Su preocupación más grande se centra en la lucha contra los casos más graves, para "renovar el verdadero capitalismo" (Baker, op. cit.) o alejar a las "ovejas negras" que desacreditan la democracia (Woodiwiss, 2007). Brigitte Alepin (2004) y Gaétan Breton (2005), contables especializados en finanzas y tasación, son citados aquí como ejemplo de una producción reciente, no académica, proveniente de activistas diversos, varios de ellos vinculados a ATTAC. Esos autores buscan desnudar los procedimientos aparentemente legales que, en verdad, se refieren a estrategias incumplidoras de las reglas válidas para el resto del mercado y a subterfugios para evitar el pago de encargos incidentes sobre todos los ciudadanos.

Los fraudes son prácticas inherentes a la naturaleza y a la lógica del capitalismo, no correspondiendo a una etapa originaria ni tampoco a una dimensión exterior a los comportamientos normales, sino que son continuas y recurrentes a lo largo de la historia. Sería equivocado sostener que el capitalismo tiene un patrón de actuación "normal", autónomo y puro, y del cual se desvían algunos individuos astutos o corporaciones sibilinas, especies de "ovejas negras" o bad apples, es decir, cuerpos extraños y aparte. Además, los fraudes son constitutivos de la praxis capitalista e inciden con mayor o menor fuerza, según las condiciones de la competencia entre los "hermanos enemigos" y la correlación de fuerzas entre éstos y los sindicatos y la sociedad civil organizada. Ellos también estarán sujetos a la composición de clase del Estado, que puede ser tanto instrumento de las clases dominantes como elemento de control de las prácticas empresariales.

Se pueden concebir los fraudes como una dimensión específica de la lucha entre grupos sociales: se trata de la apropiación por pocos de recursos que deberían atender a las necesidades de muchos. Corporaciones e individuos en condiciones socioeconómicas privilegiadas, especialmente los extremadamente ricos, son capaces de manejar una serie de actividades que les permiten incumplir reglamentos de todo tipo, preservando o ampliando su patrimonio. Por ejemplo, la evasión fiscal y tributaria y la ocultación de bienes son prácticas disponibles con las que son capaces de usar sus inconmensurables recursos para evitar que la tasación estatal caiga sobre sus fortunas.

A su vez, los pequeños y medianos empresarios, las clases medias, trabajadores en general y las poblaciones vulnerables no tienen la misma capacidad de escapar a los varios tipos de tributos, y son, proporcionalmente, los más punidos. Sobran los ejemplos recientes: multimillonarios de todo el mundo transfieren su domicilio a Londres o a Marrakech para evitar tributos en sus países de origen; deportistas brasileños apreciados como héroes nacionales establecen residencia en Mónaco para beneficiarse de las ventajas tributarias. Estudios tributarios revelan que los más ricos evaden hasta los impuestos mínimos que inciden sobre cualquier ciudadano (como el impuesto a los movimientos bancarios, por ejemplo), recurriendo a tarjeta de crédito con pago en los paraísos fiscales. La incivilidad fiscal accesible a corporaciones e individuos privilegiados opera en la dirección contraria de la justicia social, subrayando la transferencia de ingresos de los más pobres a los más ricos.

Teniendo en cuenta no la realidad idealizada, sino el capitalismo existente de facto, ese tema concierne aquellos propios de la sociología: estructura y recursos del poder, jerarquías sociales, riqueza y desigualdades.

¿Fraudes y luchas de clase?

La existencia y el significado de clases sociales es una de las temáticas más controvertidas en las ciencias sociales y permite la distinción entre divergencias políticas y científicas de varias corrientes teóricas. La interpretación bipolar de Marx no se armoniza con la concepción pluralista y multifacética de Weber; de hecho, sus seguidores han intentado, unas veces, la conciliación y, otras, profundizar en los antagonismos (Bouffartigue, 2004). Se trata de un concepto que agudiza debates, algunos afirman su inutilidad para la sociología, otros, insisten en su papel central e ineludible para la comprensión de los procesos fundamentales, otros aún, se refieren a la lucha de clases sin clases...

Clase presupone identidad, unidad, cohesión, atributos y existencia colectiva basada en circunstancias y situaciones relativamente homogéneas y, por fin, capacidad de movilización hacia intereses comunes. En el plural, la alusión a una misma sociedad o modo de producción implica la existencia de distintos grupos, aunque siempre en relación, que puede ser de complementariedad, conflicto o antagonismo.

La lucha de clases se manifiesta en múltiples disputas alrededor de la apropiación y del destino de la riqueza social, del significado de la producción cultural, del respeto a valores y principios, es decir, de la orientación general de la historicidad. En términos de dominación y resistencia, los conflictos pueden ser simples contiendas localizadas o pugnas violentas, posibles de culminar incluso en una guerra civil. En las palabras de Michel y Monique Pinçon (2003), actualmente la burguesía representa el único grupo organizado y movilizado, "una verdadera clase en sí y para sí", existiendo para la preservación de las posiciones dominantes y la transmisión de la propiedad a sus descendientes.

En muchos casos, esos cambios son meramente formales. La ley de hierro de la acumulación y la apropiación privada de la producción social ha sido modificada solamente en su capa superficial (Harvey, 1992). Al mismo tiempo, las transformaciones exigen nuevos cuadros interpretativos. Las nociones de clase y de lucha de clases no se aplican de la misma forma que en los periodos anteriores, cuando especialmente la clase obrera tenía contornos nítidos, tal como ocurría con los sectores propietarios, compuestos de segmentos muy diversos, con identidad y composición para nada unitarias.

Tal como Pierre Bourdieu demostró sociológicamente en el conjunto de su obra, la lucha entre dominantes y dominados se manifiesta en múltiples esferas. Se expresa en los mecanismos de producción y reproducción de las desigualdades sociales, en los procesos de dominación objetiva y simbólica y en las estrategias de legitimación de posiciones. Para los propósitos de este artículo, consideraremos sólo las cuestiones materiales, es decir, la lucha referente a la apropiación de la riqueza socialmente producida. Utilizaremos la denominación genérica "sectores dominantes", aludiendo a segmentos de la clase adinerada, pero no a la élite, a los ricos o a la burguesía, cuyos sentidos son ambiguos. Así, los sectores dominantes se refieren solamente a los grupos poseedores de volúmenes significativos de la riqueza substantiva, la que permite adueñarse de bienes y rendimientos en la esfera social en proporciones y modalidades que no son accesibles a los demás capitalistas. Se puede refrendar aquí la pertinencia de los análisis de Wright Mills (1956) en la década de 1950, de Ferdinand Lundberg en la de 1960 y de Stephen Haseler (2000) para el principio del siglo XXI que subrayaban la escala como elemento determinante de la constitución de los grupos de poder.

El alcance heurístico de ese concepto puede ser demostrado a través de algunos datos elementales. En abril de 2008, en el lanzamiento de las ediciones de la revista Forbes, con el listado de los multimillonarios de todo el mundo, su editor declaró que esos fueron los años más ricos de la historia de la humanidad. Steve Forbes confirmaba las estadísticas divulgadas por agencias privadas y organismos internacionales señalando que, en las últimas dos décadas, ha habido un prodigioso crecimiento capitalista y un récord histórico de la generación de ingresos. Los informes de la ONU indicaban que sólo 2% de los adultos ricos poseía más de la mitad de la riqueza global, y sólo 1% controlaba más de 40% de la riqueza productiva. En contraste, la mitad de la población adulta disfrutaba de sólo 1% de la riqueza global (UNU–WIDER, 2006).

William Domhoff, profesor de la Universidad de California, Santa Cruz, considerado el más ilustre seguidor de la perspectiva analítica de Wright Mills, ha estado realizando investigaciones acerca de la estructura del poder en Estados Unidos y presenta estadísticas completas acerca de la evolución de las ganancias de diferentes sectores económicos y grupos sociales (Domhoff, 2006). Entre 1990 y 2005, mientras el sueldo mínimo (federal minimum wage) y el promedio de los sueldos en la industria evolucionaron, en el primer caso negativamente (–9%) y, en el segundo, con un pequeño aumento (+4,35%), las ganancias corporativas fueron de + 106,7% y las de los CEOs (chief executive officers), de 298%. La proyección para 2010 señala que, entre los más ricos y el resto de la población, hay diferencias similares a aquellas observadas en la víspera de la gran crisis de 1929.

Thomas Piketty (2005) pudo comprobar exactamente lo mismo, basado en otros indicadores económicos. Después de un periodo de relativo equilibrio entre 1945 y 1975, se puede ver en todo el mundo una creciente desigualdad en los rendimientos, con un número cada vez más restringido de individuos beneficiados por la prosperidad (Jomo, 2007). En Brasil, que tiene una posición destacada en el ranking de los países más desiguales del planeta, la parte de los rendimientos del trabajo en la renta nacional evolucionaron negativamente entre 1959 y 2005. En los últimos 45 años, cayó de 56,6 a 39,1%, y de modo más acentuado después de 1990 (IPEA, 2008). Siguiendo el fenómeno examinado en los países de la OCDE, los rendimientos apropiados por segmentos minoritarios crecieron de forma exponencial, y, así, Brasil ha empezado a contribuir con decenas de nombres para la lista de los súper–ricos y multimillonarios.

Esos datos permiten desarrollar varios análisis articulados. Primero, se puede llamar la atención sobre las estrategias neoliberales adoptadas después de 1980 en tanto ampliamente victoriosas en términos ideológicos y, más que nada, materiales. La exhortación de sus principales mentores a restablecer la libertad del capital, tras décadas de políticas keynesianas, ha sido respondida, revelando, así, su verdadero sentido. La libertad del capital significa libertad de explotación de la fuerza de trabajo sin límites, aduanas o controles estatales. Ello permite que las grandes corporaciones operen a escala mundial en un sentido opuesto al de la libre competencia. No existe algún indicador que compruebe la distribución equitativa del extraordinario volumen de ingreso generado por el crecimiento económico. En síntesis, algunos grupos de empresas, los más poderosos, y pocos individuos lograron viabilizar una rápida y consistente transferencia de ingresos, en detrimento de las poblaciones más vulnerables y de los pequeños capitalistas. Gran parte de los recursos apropiados es, obviamente, fruto de los procesos económicos normales del capitalismo, incluyendo en ellos la innovación tecnológica, las formas más productivas de gestión de los recursos técnicos y humanos, el aprovechamiento de ventajas comparativas, etcétera. No obstante, si son ciertas las afirmaciones de que los fraudes son parte constitutiva de las prácticas capitalistas y de que los grupos e individuos más poderosos recurren a ellas con facilidad, se llega a una deducción lógica: las altas esferas son las más beneficiadas por las prácticas ilícitas. Los fraudes aumentan la riqueza que, a su vez, asegura la impunidad y abre el camino para nuevos fraudes (Lewis & Allison, 2001).

Una vasta literatura contemporánea retrata una dimensión específica de ese proceso. Se trata de la apropiación privada de los rendimientos corporativos y desviada hacia el disfrute personal de los propietarios de las grandes fortunas (Cattani, 2007). La ley de la acumulación y la competencia intercapitalista obligan a la reinversión en la esfera productiva; pero como las ganancias extraordinarias alcanzadas ya no encuentran su espacio de realización (señalando una posible crisis provocada por la imposibilidad de realización debida al subconsumo), y como parte de esas ganancias no tiene origen legal, nada es más factible que su utilización faustosa y esterilizante: celulares engastados con diamantes (un millón de dólares); viajes al espacio (35 millones per capital); bespoke design (valores diversos); jets y yates (de 10 a 130 millones); mansiones en Palm Beach, Aspen o Chelsea (unidades de más de 200 millones) (Newsweek, 2007; Sciences Humaines, 2008; Web Luxo, 2008).

Cualquier apreciación de carácter moralista acerca de la naturaleza del consumo es inadecuada. El lujo conspicuo debe ser concebido sólo como una señal de los recursos disponibles y de las formas de su obtención para, luego, analizarse qué puede ser clasificado como "la internacional de los ricos" (Manières de Voir, 2008), o como parte de la "clase de disfrute" (Cattani, 2007). A diferencia de las clases ociosas analizadas etnográficamente por Veblen (1983) a fines del siglo XIX, no se trata de un grupo parasitario cuya fuente de ingresos está relacionada con actividades arcaicas y rentistas. Los súper–ricos provienen de los sectores más avanzados de la economía y están articulados con la esfera productiva y financiera a escala mundial (Haseler, 2000).

Los elementos teóricos y empíricos sintetizados anteriormente permiten entender los fraudes en tanto un fenómenos ineludible en la evaluación de los procesos que crean y recrean las desigualdades. Riqueza y pobreza no pueden ser consideradas polos autónomos, autosuficientes y autoexplicativos. Su dimensión relacional debe formar parte de la agenda de interés de las ciencias sociales. Los fraudes componen la panoplia de recursos en manos de segmentos minoritarios con el objetivo de asegurar y ampliar su poder, y garantizar, objetivamente, las transferencias de los rendimientos. En este contexto, libre competencia, meritocracia, libertad de empresa, selección de los mejores y otros principios considerados sagrados terminan por negar la cruda existencia de la disputa entre contendientes desiguales y de la cual los poderosos saldrán como grandes vencedores. Igualmente, la eficiencia y la racionalidad productiva o el libre mercado son construcciones ideológicas utilizadas con el objetivo de legitimar intereses plasmados en la propiedad y en las situaciones de poder.

Los sectores dominantes se valen de todas las actividades legales e ilegales, contando, para ello, con la impunidad garantizada por relaciones privilegiadas en las instituciones del poder público, asegurando también la complicidad de los medios de comunicación y la omisión de la academia. Es fácil explicar esa capacidad cuando se refiere a las relaciones promiscuas entre las corporaciones y el sector público o alude a las vinculaciones del poder con los grandes medios. La omisión o incapacidad de realizar investigaciones científicas acerca de esa temática tiene razones más complejas.

La primera barrera está formada por la falta de "nobleza" de la temática. Hay asuntos considerados serios y políticamente relevantes, mientras que otros son vistos como fútiles y sin gran interés. Ciertos modismos académicos acompañan eventos de gran visibilidad, mientras que fenómenos intestinos, con consecuencias nocivas para el conjunto de la sociedad, permanecen ocultos. Cualquier sociedad posee dimensiones oscuras, prácticas dudosas o comportamientos abyectos, cuyo análisis resulta incómodo al científico social, especialmente cuando éste respeta a las figuras e instituciones prominentes que gozan de credibilidad y legitimidad sociales. En algunos casos, no se trata solamente de una indisposición subjetiva, sino también del miedo a represalias. Cuando el Groupe de Travail Tiers Monde de Berna divulgó el informe The Baby Killer en torno las actividades de Nestlé en África, la multinacional intentó procesar a sus autores (GTTMB, 1978; Richter, 2001).

Se puede mencionar el riesgo de que los análisis resulten en apreciaciones moralistas o débilmente politizadas, en contra de investigaciones más esmeradas acerca de ciertas prácticas empresariales. De acuerdo con el sentido común, compartido por algunos científicos sociales, la pobreza es un problema, pero la riqueza no, idea que condiciona un enfoque investigativo sólo sobre los pobres. Monique y Michel Pinçon (2007) recuerdan la extraña deontología evocada para descalificar el intento de acercamiento a los grupos privilegiados, y subrayan cómo, frecuentemente, analizar ricos se confunde con identificarse con las causas de éstos y estudiar élites es tachado de elitista... Además de las dificultades materiales objetivas, los dos autores insisten en los problemas metodológicos provenientes de la "timidez de los sociólogos" ante el poder.

El segundo bloque de dificultades, ya mencionadas al principio del artículo, se relaciona con los problemas concernientes a la recogida de datos y a su confiabilidad. Marcelo Medeiros (2005) constata que los ricos se esconden. Podemos agregar: los ricos fraudulentos aún más. Pero eso no debería ser una traba para la ciencia, cuya producción de conocimientos jamás ha sido realizada a través de atajos fáciles o deslizándose por la superficie de los fenómenos. Ignorar la ecuación poder–riqueza–desigualdad equivaldría a estudiar a los problemas de tránsito en ciudades como Buenos Aires o São Paulo abstrayendo los vehículos particulares o analizar las villas miseria o favelas de las grandes capitales sin tener en cuenta el tráfico o la violencia.

Las prácticas ilícitas en los procesos económicos se suman a la ya de por sí intrincada agenda de investigación acerca de la estructura social, las dimensiones relacionales entre riqueza y poder, y de las estrategias de dominación. Dado que no se genera riqueza espontáneamente, es decir, no existe riqueza que no sea social, hace falta considerar el "polo riqueza" con sus prácticas oscuras como un elemento determinante en la producción y reproducción de las desigualdades.

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¹ Traducción al castellano de Lucimeire Vergilio Leite.

² Según consta en Marx, Karl (1980), El Capital. Tomo I. El proceso de Producción del Capital, Madrid: Siglo XXI Editores. (N. de la T.)

Información sobre el autor

Antonio David Cattani. Doctor por la Universidad de Paris I Panthéon–Sorbonne, con posdoctorado en la École de Hautes Etudes en Sciences Sociales. Profesor titular de Sociología (Depto. de Sociología y Programa de Posgrado en Sociología) de la UFRGS (Porto Alegre, Brasil). Investigador CNPq. Autor y organizador (con Lorena Holzmann) del Dicionário de Trabalho e Tecnologia [Diccionario de Trabajo y Tecnología] (Premio Açorianos 2007).