Emergencia de la relación desarrollo rural-género

Norma Baca Tavira*, Francisco Herrera Tapia**

*Universidad Autónoma del Estado de México / bacatavira@yahoo.es

** Universidad Autónoma del Estado de México / herreratapia2001@yahoo.com.mx

Abstract

The intention of this article is to invite to the reader to a theoretical reflection on the main productive and political strategies of the model of rural development that at the moment exists in Mexico. With base in the historical antecedents of the rural, it discusses development around the incorporation of the perspective of gender to the policies of rural development; particularly emphasis in the bond is put rural woman and development. For it one struggles on the relational construction between the rural woman and the public policy that the government carries out.

Key words: rural development, gender, public policy, development.

Resumen

Palabras clave: desarrollo rural, género, política pública, desarrollo.

Introducción

De los objetivos de desarrollo del milenio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el tercero es considerado como aquel que promoverá la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres. Esta promesa que tendría que cubrir varios ámbitos de incidencia social para cumplir dicho objetivo en el año 2015, implica no sólo canalizar acciones públicas por parte de los gobiernos, sino también generar espacios de reflexión teórica y académica sobre la ubicación de las mujeres y el tema de género en los estilos de desarrollo rural, propuestos desde las agencias internacionales de desarrollo, gobiernos y demás paradigmas teórico-académicos.

Ante tal situación, el propósito del presente artículo es mostrar y reconocer la evolución diacrónica de la ubicación del género y las mujeres en el desarrollo del medio rural, particularmente en el marco de los principales enfoques teóricos y políticas públicas de atención al campo y al desarrollo de los territorios rurales en México.

Para la redacción de este trabajo se llevó a cabo investigación documental, que incluyó la revisión de algunos programas públicos para el desarrollo rural; asimismo, se consultó literatura que da cuenta de la evolución que en las últimas décadas ha tenido el concepto de desarrollo rural, y de cómo las mujeres son consideradas o no en las propuestas de desarrollo. Y de ser el primer caso, bajo qué supuestos los modelos de desarrollo y políticas públicas institucionalizan en sus discursos a la mujer y al género como parte de esas propuestas y experiencias. El artículo se divide en tres grandes apartados: el primero referido a la evolución de la noción de desarrollo rural; el segundo especifica la relación entre género y desarrollo, así como las experiencias institucionales en México; y, por último, se presentan las reflexiones finales como conclusión.

Breve recapitulación sobre el desarrollo rural

La modernización en el desarrollo

En mayor o menor medida, los esquemas de desarrollo rural consideran enfoques económicos, sociales o de carácter eminentemente técnico. Dichos paradigmas de desarrollo, en muchas ocasiones contrapuestos de forma extrema, se han encontrado sujetos a los vaivenes de los proyectos políticos e ideológicos, situación que hace más complejo su entendimiento.

Los dilemas que se han propuesto para superar el "atraso rural" se centraron en un debate muy añejo de la economía en torno a la pregunta: ¿desarrollo o crecimiento? Esta situación no es extraña en tanto la polisemia de la categoría desarrollo rural permite un debate teórico heterodoxo, no sólo en el círculo académico, sino también en el de la política.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999), el concepto y la práctica del desarrollo en general, y del desarrollo rural en particular, atravesaron desde 1950 por tres etapas bien definidas y una transición: la etapa del crecimiento económico (1945-1965), la del desarrollo económico y social (1965-1980), la transición (y confusión) generada por la crisis del Estado de bienestar (1980-1990) y la etapa actual centrada en el desarrollo humano (a partir de 1990).

Las estrategias y modelos teóricos de desarrollo obedecen a ciertos momentos históricos que no ofrecen definiciones homogéneas y consensuadas hoy en día. No obstante, la mayor parte de las concepciones contemporáneas sobre desarrollo retoman elementos de análisis de unos y otros modelos teóricos que les permiten legitimar "intelectualmente" una forma de desarrollo, sin que exista una "solución" única a los problemas del mismo.

En la actualidad, la práctica de desarrollo aún sigue un patrón relacionado con la "teoría de la modernización". De acuerdo con Gardner y Lewis (2003), la industrialización, la transición de la agricultura de subsistencia a las plantaciones mercantilistas y la urbanización son fenómenos claves de dicho proceso. La modernización es, en esencia, "evolucionista"; los países son concebidos como organismos que transitan por distintas etapas de un camino lineal que lleva en forma irremediable hacia una sociedad industrializada, urbana y ordenada.

En México, múltiples estudios antropológicos se debatieron en el dilema de las bondades y perjuicios de la modernización del medio rural nacional. Para Gamio, el punto crucial de su problema (niveles bajos de subsistencia entre la población rural) estaba en la cultura, en la "vida arcaica que transcurre en medio de artificios y supersticiones", la cual debía modificarse mediante su futura "incorporación a la civilización contemporánea" (Hewitt, 1988: 30).

Por otro lado, surgió la defensa de la población rural (tradicional), específicamente la indígena, en contra de los procesos de modernización. Mientras Gamio y Redfield se colocaban como precursores de la modernización del México rural desde una posición acorde con ese proceso, otros antropólogos abogaban por respetar el México plural.

En los gobiernos posrevolucionarios se creía en un desarrollo agrario fincado en la modernización tecnológica, el cual encuentra su gestación en el reparto de tierras y en la apuesta del progreso rural a través de la figura de los ejidos, cuya misión sería producir a mayores escalas, para así satisfacer las demandas de productos agrícolas que requerían los centros urbanos en procesos de industrialización.

Para el periodo "cardenista" (1934-1940) se tenía ya un discurso agrario que enfatizaba el desarrollo del campo a partir de los usos de la tecnología. Después, con el presidente Miguel Alemán Velasco (1946-1952), las obras de irrigación contribuyeron, de manera importante, al beneficio de la agricultura de exportación.

Alrededor de finales de los años sesenta comenzó a volverse obvio que a pesar de los intentos por eliminar los obstáculos del desarrollo, con frecuencia mediante una inversión considerable de capital extranjero, las tasas de crecimiento económico de los países en vías de desarrollo resultaban decepcionantes; en algunos casos incluso había signos de que la pobreza estaba creciendo. El fracaso de diversos proyectos de desarrollo a gran escala, que deberían haber agilizado el "despegue", indicaba cada vez más que las nociones simplistas de la modernización eran inadecuadas (Gardner y Lewis, 2003: 41).

Ante este tipo de decepciones de la modernización, el modelo de desarrollo agrario propuesto hasta el momento obtuvo sus principales críticas en la década de 1970 desde el propio pensamiento latinoamericano, encabezado por la CEPAL.

Mediante sus críticas histórico-estructurales y de dependencia económica, este organismo argumentaba que la región y, en particular, sus estructuras agrarias eran parte de un proceso histórico que subordinaba a las economías periféricas en la división internacional del trabajo. La "teoría de la modernización" no logró resolver o explicar de manera convincente las razones del subdesarrollo, ya que la pobreza continuaba ascendiendo de forma dramática y el desarrollo en la región se aplazaba cada vez más.

El pensamiento "cepalino" de esos años consideraba que "en lugar de los proyectos de desarrollo que alivian las miserias a corto plazo del subdesarrollo, o que mantienen el statu quo, la teoría de la dependencia sugiere que la única solución posible es un cambio estructural radical" (Gardner y Lewis, 2003: 45). Es decir, la propuesta económica de la CEPAL se centraba en logar una transformación de fondo en las estructuras político-económicas más que en medidas de atención superficial a las problemáticas del subdesarrollo de la época. En esa época, el socialismo se aceptaba como alternativa viable. Sin embargo, las experiencias económicas de países que adoptaron al socialismo como modelo mantienen hasta años recientes, las mismas problemáticas que los deslizaron hacia el cambio de modelo.

Para finales de la década de 1980, tanto las ideas "modernizadoras" como las "dependentistas" habían llegado a un estado de agotamiento como paradigmas vigentes en la comprensión del subdesarrollo y la pobreza. Asimismo, el referente socialismo versus capitalismo se desvaneció, y con ello la bipolaridad de décadas. Se abría paso, entonces, un nuevo orden mundial denominado globalización. En ese contexto, los procesos socioeconómicos experimentados, tanto por la sociedad rural como por la urbana, dependen cada vez más de un sistema mundial, de tal manera que la totalidad de la población mundial se encuentra inserta en una sociedad global única (Albrow, 1990, en Entrena, 1998: 17).

Para final es de la década de 1980, tanto las ideas "modernizadoras" como las "dependentistas" estaban llegando a un estado de agotamiento como paradigmas vigentes en la comprensión del subdesarrollo y la pobreza. Asimismo, el referente socialismo versus capitalismo se desvaneció, y con ello la bipolaridad de décadas; se abría paso entonces un nuevo orden mundial denominado globalización.

Nociones actuales del desarrollo rural

En el abandono de la teoría generalizada y determinista existe una tendencia cada vez mayor a concentrarse en grupos y problemas específicos ("las mujeres, "los desposeídos", etcétera), una actitud más reflexiva hacia la ayuda y el desarrollo, y un nuevo énfasis hacia iniciativas "de abajo hacia arriba" y organizadas en las bases sociales (Gardner y Lewis, 2003). En este marco, el lenguaje y los discursos del desarrollo sufren un viraje hacia conceptos que aluden a la pluralidad de la sociedad. Ahora se habla de actores, agentes, sujetos y ciudadanos, de tal modo que las prácticas y los discursos de los gobiernos y las agencias internacionales se adecuaron rápidamente a esta ola discursiva y "modas intelectuales", incorporando en sus políticas públicas elementos conceptuales derivados de un trabajo teórico enmarcado en esta serie de sucesos sociales.²

Uno de los aportes de estas nuevas corrientes teóricas del desarrollo tiene que ver con la idea de repensar los espacios rurales y el mismo desarrollo a partir de redefinir lo rural, sin estudiarlo en oposición a lo urbano; es así que surgen conceptos como nueva ruralidad, rurbalidad, etcétera.

Como construcción teórica, lo rural ha sido abordado desde diversas disciplinas sociales y estudios concretos que se refieren a que si los patrones urbanos e industriales incrementan su participación en la sociedad, lo rural —asociado con la rusticidad, el atraso y lo tradicional— se torna difuso al buscar la frontera que lo diferencia de lo urbano. Lo cierto es que el origen de este debate radica en la confusión y desacuerdo para determinar qué es lo rural.

Como indica Entrena (1998: 13), tanto las posiciones sustentadas en el supuesto fin de lo rural como las basadas en la revitalización o vuelta a ello tienen razón; lo que sucede es que unas y otras posiciones parten de distintas concepciones de lo rural. Se ha producido una superación histórica de esa imagen, más o menos acorde con la realidad, de lo rural tradicional concebido como una entidad homogénea, localista y claramente diferenciada. Dicha visión se sustentaba, con frecuencia, en la observación de que el orden social en donde se desenvolvía la vida cotidiana de la mayoría de la población de muchas de las sociedades agrarias tradicionales solía ser una especie de entidad autárquica, un microcosmos que se bastaba a sí mismo en los planos económico-social, institucional y cultural.

Igualmente la separación entre lo rural y lo agrícola también fortalece el análisis, pues hoy en día se puede considerar que la agricultura es una más de las actividades económicas que se llevan a cabo en el medio rural, pero ya no es la única. En la actualidad se han agregado otras actividades relacionadas con la producción primaria, secundaria y más recientemente el avance del sector servicios; por ejemplo, el ecoturismo, el turismo rural y las telecomunicaciones. Por lo tanto, la agricultura como actividad económica sigue preponderando, pero no es la única.

A estas propuestas de desarrollo rural debemos agregar otras de cuño más reciente, como el paradigma del capital social y el enfoque de desarrollo participativo.³ En ambos casos se prefiere un desarrollo centrado en la utilización de mecanismos participativos de las comunidades, que redunden en la generación de capacidades productivas adecuadas a la competencia mercantil, y, por consiguiente, propiciar el "autodesarrollo". De esta forma la gobernabilidad para el desarrollo rural adquiere otras dimensiones en las que la paternidad del Estado se difumina.

La visión de lo rural se reconfigura en escenarios de mundialización de procesos sociales; consecuentemente, la idea de un nuevo desarrollo rural también considera esos cambios. Como apunta Giarracca (2001), proponemos pensar el desarrollo rural como una construcción social orientada a nivelar el crecimiento económico-productivo, que debe tender a la sustentabilidad, y poner atención en los pactos intergeneracionales en relación con los recursos naturales, así como en el respeto por las diversidades culturales, étnicas, de género, de religión y de formas de vida, en un contexto social de igualdad de oportunidades en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, empleo y acceso a la información.

De este modo, los procesos de institucionalización gubernamental de los paradigmas de desarrollo rural encuentran sus orígenes, en buena medida, en el trabajo teórico sobre desarrollo generado desde las comunidades científicas. Y poco menos desde el gobierno o de las agencias internacionales, que retoman los modelos teóricos desarrollistas y los incorporan a sus políticas públicas, siendo éstas el reflejo de los programas y proyectos específicos que operan en la relación entre gobierno y sociedad.

Por ejemplo, en México la propuesta del Desarrollo Rural Integral (DRI) cobró mucha importancia al develarse las fallas de la Revolución verde, ya que el DRI caracterizaba al medio rural como un sistema en el que se articula un sinnúmero de elementos organizados que determinan el funcionamiento de estructuras, y donde el papel del medio ambiente o de los agentes externos es determinante para ese desarrollo. Esta propuesta sistémica fue institucionalizada en México a través del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER). La propuesta iba encaminada a la tarea de "procurar un proceso autosostenido de desarrollo rural" (Miller, 1976: 12).

La nueva ruralidad

Las ciencias y disciplinas que estudian el espacio rural, en mayor o menor medida, han desarrollado sus análisis considerando los procesos de interacción entre el campo y la ciudad. En el último tercio del siglo XX se examinaron con particular interés las transformaciones socioespaciales sucedidas en las ciudades, como efecto del intenso avance de los procesos de metropolización, las cuales cambiaron las relaciones tradicionales entre el espacio rural y el urbano. Aunque continúan estudiándose problemáticas como la expansión de las periferias urbanas, atribuible, por un lado, al proceso de descentralización industrial y, por otro, al asentamiento de contingentes de población pobre y, en su mayoría rural, que siguió llegando a las ciudades y ubicándose en los contornos de las urbes. Desde finares de la década de 1990, se suman a los debates las actuales formas de los procesos económicos en y entre estos espacios, así como la intervención de los agentes sociales en los procesos territoriales; pero también han sido incluidas a la cuestión, y de manera relevante, relaciones e interacciones determinadas entre los espacios rural y urbano, con sus particulares manifestaciones, y con un nivel de complejidad mayor que hasta lo entonces reconocido. Así, actualmente destacan los estudios sobre procesos que genera la nueva ruralidad, cuyos conceptos tienen origen en los países desarrollados (Ávila, 2005).

En el caso de dichos países, los habitantes del espacio rural pueden tener acceso a una amplia batería de servicios urbanos por la buena conectividad entre localidades urbanas y rurales. Además, el nivel económico existente en estas naciones permite contar con la cobertura de servicios básicos en las viviendas e incluso con infraestructura para los servicios de salud y educación adecuadas para atender la demanda en ese espacio. Los residentes de espacios rurales pueden, asimismo, desempeñar actividades de muy variada naturaleza, utilizando la tecnología disponible. En ese contexto, la agricultura trasciende lo agropecuario y mantiene fuertes nexos de intercambio con lo urbano en la provisión no sólo de alimento, sino también de gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los lugares para el descanso y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura (Zorrilla, 2003; Pérez, 2001).

Nos queda claro que en el caso del mundo en desarrollo, los ámbitos territoriales en que se expresa lo rural, la periferia rural y lo periurbano o la interfase urbano-rurales son muy distintos de aquellos de las economías con mayor desarrollo económico. En nuestros países es clara la persistente marginación social en la que vive la mayoría de las comunidades rurales. El campo registra desagrarización y una pluriactividad de su fuerza de trabajo porque no todos los habitantes laboran en el sector agropecuario. Además, la cobertura de los servicios básicos en las viviendas es considerablemente inferior respecto de las localidades urbanas, hay insuficiencia y en no pocos casos inexistencia de infraestructura para servicios educativos y de salud, por sólo mencionar algunos.

Ante este contexto, el mundo rural ha sido considerado como un espacio necesitado de intervenciones y subsidios para transformar su irremediable destino, pero es preciso aprender a distinguir lo viejo y conocer lo realmente nuevo de las relaciones campo-ciudad. Con categorías como las de nueva ruralidad o rurbalidad, se pretende "mirar al campo en un proceso de transformación conjunta con la ciudad" (Ramírez, 2005: 62). La producción de bienes y servicios en este nuevo contexto rural requiere de una fuerte interacción con las ciudades, ya que éstas siguen siendo el principal destino de lo que produce el campo en términos de bienes agropecuarios o de producción artesanal, además de que es en la ciudad donde radica la mayor parte de los consumidores.

Desde este punto de vista podemos atribuir, grosso modo, los cambios que ha experimentado el medio rural en los últimos años a fenómenos sociales como los siguientes:

— Cambios productivos: Diversificación de actividades económicas que trascienden la agricultura; éstas pueden ser turísticas, de agroindustria, de servicios, de producción artesanal con orientación mercantil, etcétera.

]]> — Cambios sociodemográficos: El paso de procesos migratorios internos a internacionales, que traen consigo cambios en las dimensiones culturales del mercado de trabajo rural, registrándose también transformaciones en la identidad de las comunidades rurales.

— Reformas agrarias: Con las diversas reformas al artículo 127 de la Constitución federal se facilita la transacción y aprovechamiento del suelo con fines empresariales en el medio rural.

— Descentralización política: Las reformas al artículo 115 constitucional realizadas desde principios de la década de 1980, referentes al incremento en las atribuciones del municipio y en sus recursos económicos, así como la propia tendencia a fortalecer el federalismo, han contribuido a que el medio rural esté más cerca de la vida política nacional y que la infraestructura pública se haya incrementado.

— Uso de tecnología: Los procesos mundiales sobre la transferencia y uso de tecnología han sido aprovechados por las empresas de telecomunicación, que hacen que la información fluya a lugares rurales, en los cuales el potencial de la tecnología antes era muy limitado.

En relación con la participación del gobierno, algunos trabajos sobre nueva ruralidad centran su interés en que éste sea el principal gestor institucional en las tareas del desarrollo de conceptos, que le den otra dimensión al debate en torno a lo rural. Echeverri y Pilar (2002: 14) argumentan que la nueva ruralidad es una propuesta para mirar el desarrollo desde una perspectiva diferente a la que impera en las estrategias políticas dominantes en los gobiernos y organismos internacionales.

Desarrollo rural sustentable

En este apartado no se pretende entrar en el debate entre lo que significa sustentabilidad y sostenibilidad. Para fines de este trabajo, se ha de entender sustentabilidad como aquella perspectiva encaminada a la procuración, conservación y uso adecuado de los recursos naturales, a través de una idea clara de no condicionar el desarrollo de las generaciones futuras. La sostenibilidad se entiende como un modelo más amplio en el que se incorporan, además de las perspectivas descritas para el desarrollo sustentable, aquellas referidas al desarrollo humano que se generan bajo criterios éticos, económicos, de equidad de género y de desarrollo político, todo con el fin de producir un equilibrio entre las fuerzas que actúan en la sociedad actual.

De acuerdo con Barkin (1996), la sostenibilidad no es, simplemente, un asunto del ambiente, de justicia social y de desarrollo. También se trata de la gente y de la supervivencia de individuos y culturas. De manera más significativa, la pregunta es si los diversos grupos de población continuarán sobreviviendo y de qué manera.

La sostenibilidad es entonces una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones.⁴ Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, proteger las especies en peligro de extinción y crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo ofensivo; pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados, luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir, mientras tratan de satisfacer sus necesidades. El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo la flora y la fauna amenazadas, sino también la supervivencia de estas comunidades humanas, como administradoras del ambiente natural y como productoras.

La búsqueda de la sostenibilidad pretende evitar un agotamiento rápido de los recursos naturales, a la vez que el enfoque de equidad propone utilizar en metodologías que aseguren que los beneficios de los recursos financieros empleados lleguen realmente a los más pobres y, por esta vía, se fortalezcan las posibilidades productivas y de participación social de los sectores con menos poder de la sociedad rural (Rivera, 1996: 12-27).

La incorporación del género al desarrollo rural

La importancia de las variables culturales para el desarrollo

Regularmente se tiene la visión convencional de que para elaborar programas de desarrollo rural se requieren criterios eminentemente tecnocráticos, acompañados por una visión que privilegie el razonamiento microeconómico-macroeconómico. Dicha visión deja de lado la dinámica social de las creencias y valores que se construyen en el seno de la vida rural, sin otorgar la centralidad necesaria a las personas. En ese sentido, el modelo adoptado por los proyectos que no dan primacía a las personas entra en conflicto con el modelo intrínseco a los verdaderos procesos sociales del desarrollo, en cuyo centro se encuentran, simplemente, sus protagonistas. Este conflicto socava seriamente la efectividad de los proyectos que intentan inducir y acelerar el desarrollo (Cernea, 1995: 33).

La sociedad mantiene sus peculiaridades culturales al interior de sus comunidades —aquellas a las que van dirigidas las políticas públicas—, y sus prácticas culturales no necesariamente pueden calificarse como tradicionales y mucho menos de atrasadas. En este punto es donde los estudios de la antropología del desarrollo han aportado elementos acerca de las dimensiones socioculturales y prácticas cotidianas de las personas del medio rural; con dichos estudios se pretende dar cuenta de un universo de variables poco consideradas en la elaboración de las políticas, en particular las relaciones sociales y culturales y sus repercusiones en lo público.

Podemos aseverar que la visión convencional de desarrollo aún prevalece, en tanto la noción modernizadora sigue "gubernamentalizada", en el sentido de que esta noción se incorpora al discurso del gobierno y a las instituciones públicas que emanan de él, generando una cultura de desarrollo que reafirma la perspectiva racional e instrumental de los individuos, atomizando así las relaciones sociales que se excluyen en los procesos autogestivos.

La institucionalización del desarrollo rural bajo cualquiera de sus modalidades debería encontrar su sostén en una especie de "pivote social", que fungiera como eje articulador en la incorporación de las demandas sociales a la agenda de políticas públicas, sin que en el diseño y negociación de los instrumentos legales de planificación se polaricen las condiciones de desarrollo de ciertos grupos sociales en detrimento de otros.

Así como las reivindicaciones de los movimientos de grupos ecologistas tienen sus primeros frutos con la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) y, 20 años después, con la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (conocida como la "Cumbre de la Tierra" o la "Cumbre de Río de Janeiro"), con lo cual parece fortalecerse la conciencia en el mundo sobre la problemática ambiental; en el caso de los estudios de género, los movimientos feministas nacionales, junto con las conferencias sobre la mujer realizadas por la ONU, han dado fuerza al interés y a la acción encaminados a la comprensión de la situación de las mujeres en las diversas sociedades del planeta. Pero quizás es a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres: Acciones para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz,⁵ efectuada en China (1995), cuando en los países en desarrollo se amplió la difusión de los movimientos feministas en el mundo. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing ha sido considerada, por algunas feministas, como un paso sustancial en el avance hacia la introducción de la "perspectiva de género" en la agenda de la ONU; pero, sobre todo, se reconoce la importancia de haber construido el compromiso de los gobiernos miembros, de atender un conjunto de objetivos estratégicos para eliminar obstáculos que entorpecen el adelanto social de las mujeres.

Desde entonces, numerosos países han creado secretarías, ministerios, institutos o consejos de la mujer, en atención a los compromisos contraídos en Beijing, además de la valiosa participación de diversas organizaciones civiles que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres. Las diferentes acciones —con mayor o menor compromiso para avanzar en la equidad entre los géneros — han contribuido al avance en la inclusión de la perspectiva de género en las acciones cotidianas de los gobiernos. Por ejemplo, en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005,⁶ los jefes de Estado y de gobierno reconocieron la importancia de incorporar la perspectiva de género en la actividad general de gobierno como instrumento para conseguir la igualdad entre los géneros, y, con ese fin, se comprometieron a fortalecer la capacidad del sistema de las Naciones Unidas en este ámbito.

Coincidimos en el reconocimiento de algunos avances relevantes. Actualmente se acepta que el enfoque de género —en el marco del desarrollo humano— consiste en "considerar a las mujeres y a las niñas como protagonistas y no como parte subsumida en los hombres, las familias, los niños, los pueblos y las naciones. Es decir como sujetos sociales específicos con definiciones históricas, necesidades, intereses, contribuciones, aspiraciones y problemáticas propias" (Naciones Unidas, 2006b: 8).

Se considera que reconocer los condicionamientos de género conlleva a plantear la necesidad de nuevos esquemas organizativos tanto en el ámbito público como en el privado, capaces de responder a los cambios estructurales de la economía y la sociedad; pues no sólo se trata de la participación de las mujeres en las actividades de producción y reproducción social —como ámbitos privados—, sino de su participación en las decisiones que atañen al bienestar colectivo de la sociedad, esto es, en el ámbito público para poder avanzar en la devastación de las situaciones de desigualdad, de dependencia y violencia que se ejerce sobre las mujeres a partir de una justificación que invoca las diferencias de género. Así, su trabajo, su condición social se han constituido en un asunto público, porque implica un problema de bienestar común, no porque se ofrezca fuera del ámbito doméstico, en el mercado laboral.

La perspectiva de género y los movimientos feministas han contribuido en los cambios en la definición y prioridades de diversas políticas y proyectos que se formulan en la actualidad, pues han permitido identificar los diferenciales en roles, puntos de vista, necesidades prácticas e intereses estratégicos de mujeres y de hombres; las relaciones entre los géneros respecto al acceso y administración de los recursos y de los beneficios y la participación en los procesos de decisión. Asimismo, en el factor sociocultural se advierte su consideración en el impacto potencial diferenciado de las acciones sobre mujeres, hombres, niñas, niños, según edad, contexto social, contexto espacial, pertenencia étnica, y la capacidad de las instituciones para establecer programas en materia de igualdad de género (Naciones Unidas, 2006b: 8-9).

Actualmente, en el plano socioeconómico, la creciente incorporación de las mujeres en el mercado laboral ha sido uno de los factores más determinantes para generar cambios en las estructuras de las relaciones de género (aunque persiste un sinnúmero de desigualdades sociales, económicas, políticas, etc., entre hombres y mujeres) en nuestras sociedades. Por un lado, se ha presentado un proceso de diversificación ocupacional muy dinámico, en el cual a las mujeres les ha tocado un importante papel por la incorporación masiva al trabajo remunerado, que ha significado para ellas una mayor participación en la economía familiar. Por otro lado, el incremento en el acceso de las mujeres a la educación, aunado al drástico descenso de la fecundidad, ha modificado la trayectoria de vida de la mayoría de ellas, pues el número de años dedicados a criar hijos e hijas se ha reducido sustancialmente.

Estos cambios han marcado significativos contrastes en las experiencias de vida y en las formas de pensar de distintas generaciones. Sobre todo para el contexto urbano, la identidad femenina se ha transformado en gran medida. El modelo tradicional de mujer-madre ha dejado de corresponder con los imaginarios sociales que reducen la vida de las mujeres al hogar y el cuidado de los hijos e hijas; es decir, la influencia del modelo familiar tradicional, formado por el hombre proveedor y la mujer ama de casa y sus hijos, funciona más como un modelo anquilosado. En la realidad ha surgido una nueva forma de familia, en la cual los hombres mantienen su rol y las mujeres se encuentran entre las tareas del trabajo doméstico y extradoméstico.

Sin embargo, tales cambios no han sucedido igual para las mujeres en las zonas rurales. Los ajustes sociales en favor de la población femenina rural que pudieran haberse registrado distan mucho de su contraparte urbana-metropolitana. En el espacio rural, las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres incluso se están deteriorando. Ellas también realizan diversas actividades agropecuarias y de manutención familiar; pero presentan desventajas sociales y económicas no sólo respecto a los hombres, sino también a las mujeres urbanas.

De acuerdo con Kirsten Appendini (2002), Ester Boserup —con su libro Women in Development, publicado en 1970— fue pionera en llamar la atención sobre el impacto diferencial que tenían los procesos de desarrollo económico sobre hombres y mujeres, poniendo así en relieve varios temas relevantes que abrieron el campo a la investigación y a las políticas de las agencias internacionales de desarrollo. Boserup, además, se refirió al trabajo extradoméstico, entendido como el trabajo productivo que efectúan las mujeres en tareas que contribuyen a la reproducción económica de la unidad doméstica, y fue una de las primeras investigadoras que coadyuvaron a abrir el campo del estudio de las mujeres en el desarrollo, centrándose en la división sexual del trabajo y sus transformaciones dentro de la agricultura tradicional al momento de integrarse a las actividades de mercado.

Aunque en el medio rural la posición de las mujeres ha registrado modestos cambios, se reconocen esfuerzos para crear condiciones hacia la generación de un empoderamiento,⁷ que les permita participar directamente en el desarrollo. El empoderamiento emerge en un segundo momento de la inclusión "formal" de las mujeres en programas públicos con pretensiones de incluir el enfoque de género como elemento central, para atender su situación particular en el desarrollo, después del Enfoque de Mujeres en el Desarrollo, en el marco del Género en el Desarrollo (GED). Desde el feminismo se reconoce que la consideración de las dimensiones cultural y de poder, sumadas a otros factores como los económicos, podrían contribuir a una mejor comprensión y atención de la posición de género de las mujeres. A través de la concientización, de la potencialización, del fortalecimiento, de la autonomía, del control de sus vidas y desde las circunstancias específicas de cada mujer, es decir, desde su experiencia vivida, se detectan cambios, rupturas en los mecanismos de reproducción que si bien implican conflictos, crean oportunidades de desviarse de su destino (Moser, 1995; Alberti, 1998 y 2001; Batliwala, 1998; Tarrés, 1997; Vizcarra, 2005).

Las mujeres pueden considerarse como agentes sociales con posibilidades de propiciar cambios en sus sociedades. En tal sentido, el tradicional rol femenino debe ser replanteado en la idea de un desarrollo participativo. Resulta conveniente precisar que ese empoderamiento no necesariamente significa una mejora de la condición social de las mujeres; esa cuestión, sin duda, es una tarea pendiente para algunas sociedades, aunque es claro que las mujeres llevan a cabo de manera permanente luchas en pos de la equidad de género y que exigen resultados en los diversos ámbitos de la vida social. Algunas de las tareas pendientes para ampliar las oportunidades y que más mujeres puedan incorporarse al desarrollo, tienen que ver con la discriminación de prácticas culturales, políticas y sociales sobre la percepción de las mujeres y su función más allá de lo doméstico, y avanzar más en la inclusión femenina para las estrategias de desarrollo rural.

La crítica fundamental en la relación mujer y desarrollo es que se asume que en la integración de la población al desarrollo se privilegia la participación de los hombres sobre la de las mujeres. Esta diferenciación por sexo mantiene grandes asimetrías que obstaculizan el acceso a los procesos de desarrollo rural y a los mecanismos institucionales de ese desarrollo. En este contexto, los estudios de género han concluido que esa diferenciación o desigualdad son el reflejo de fenómenos que se suscitan a partir de la organización familiar, de ahí que las investigaciones se orienten precisamente a las relaciones de poder que acaecen al interior de la unidad doméstica.

Otra parte central del desarrollo se vincula con el trabajo de las mujeres, ya que éste forma parte ineludible del quehacer socioproductivo. Se trata de visibilizar el trabajo de las mujeres y de resaltar la importancia de éste en la dinámica económica del país. Los estudios pioneros de corte cualitativo del trabajo rural de las mujeres develan parte de las entrañas de las relaciones por género en la economía campesina, y en los centros laborales de la agricultura empresarial (Miller, 1976; Alberti, 1998; Entrena, 1998).

Estudios del trabajo por cuenta propia y la flexibilidad laboral también se han sumado a esta prolija producción intelectual, y es conveniente mencionar que éstos han tenido una contribución importante al tema de mujer y desarrollo. Recordemos que la tesis de dichos estudios grosso modo considera que el desarrollo desigual se encuentra estrechamente vinculado con la asignación de roles productivos diferenciados por sexo, clase o etnia (Lara, 2001). Habida cuenta de lo anterior, el discurso y la práctica del desarrollo quedarían incompletos si no se reconoce la necesidad de ver al género como parte fundamental en la inclusión de las mujeres a los beneficios del desarrollo.

Se tiene un considerable recorrido pero aún es prolongado el camino por transitar sobre los estudios de género en las políticas de desarrollo. Interesa trabajar más a fondo sobre esta necesaria relación (mujer-hombre y desarrollo). De acuerdo con Appendini (2002), ahora la discusión se centra, principalmente, en la participación, el desarrollo desde abajo y el empoderamiento de las mujeres. Los distintos paradigmas económicos se hallan subyacentes en uno y otro enfoque, pero el entendimiento de las relaciones de género necesariamente articula las relaciones sociales y culturales en un enfoque multidisciplinario.

Mujer y desarrollo rural

En el ámbito de los estudios de las mujeres rurales se han destacado varias investigaciones sobre dos grupos de mujeres; en primer término, los estudios sobre las campesinas y, en segundo, los estudios sobre el trabajo de las mujeres asalariadas en la agricultura empresarial (Hewitt, 1988; Zapata et al., 1995; Lara, 2001). A estas investigaciones clásicas del México rural debemos agregar otras más recientes, como aquellas que se han hecho sobre las organizaciones sociales integradas por las mujeres rurales, y los estudios que registran los principales cambios de la población rural atribuibles a la modernización y globalización (Zapata et al., 1995; CESCM, 1995; Mercado et al., 1996; Pérez, 2001). Finalmente, las investigaciones evaluativas de los programas de desarrollo rural y sustentabilidad que son de suma importancia e interés (Lazos, 1996; IICA, 2001).

Es este contexto es donde los trabajos de las agencias de desarrollo internacionales tratan de recuperar los estudios de género, con la finalidad de tomarlos en cuenta en sus programas de desarrollo rural. Por ejemplo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), en su proyecto Género en el Desarrollo Rural Sostenible enmarcado dentro de la nueva ruralidad, responde a la comprobación de que:

— Las políticas y programas de desarrollo, en especial en las zonas rurales, no incorporan plenamente a las mujeres.

— Los temas de exclusión e invisibilidad de las mujeres rurales pasan por el reconocimiento de la necesidad de buscar un nuevo modelo económico desde lo rural, que valorice el potencial de los seres humanos, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, y que posibilite su desarrollo en sus múltiples facetas.

— No se trata sólo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales ni de buscar acciones puntuales para su mejoramiento personal, sino de que la perspectiva de género esté incluida como un aspecto fundamental en las estrategias de desarrollo.

— La perspectiva de género es un elemento esencial en el fortalecimiento de la visión integral y dinámica del espacio rural donde mujeres y hombres desarrollan múltiples relaciones económicas, sociales, culturales y políticas (IICA, 2001).

Asimismo, el planteamiento institucional de la agencia, se cita como sigue (IICA, 2001): "En la institucionalización de la perspectiva de género en actores clave del desarrollo rural sostenible de los países se destacan actividades de organización y capacitación para el empoderamiento de las mujeres rurales".

En México, el discurso oficial mantiene cierto grado de congruencia con la inclusión de las mujeres rurales al desarrollo de los lugares donde viven, como en el caso de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) creada en 2001, y que dentro de sus preceptos figura cuál será el papel de la mujer en el desarrollo rural. Dicha ley en su artículo 6 dice textualmente:

]]> Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado.

Con este mismo propósito de incorporar a la mujer al desarrollo rural y comunitario, los programas de gobierno orientados a dicho desarrollo identifican a las poblaciones femeninas rurales como grupos prioritarios en la atención de demandas sociales para el combate a la pobreza y búsqueda del desarrollo. Un caso sin precedentes es la creación de la figura asociativa llamada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer (UAIM), introducida en la Ley Federal de Reforma Agraria en 1971 y que perduró en la derogación por la Ley Agraria decretada en 1992.

La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer es una figura jurídica que acredita como persona moral a las mujeres que integren esta asociación, posibilitando así una mayor participación productiva y mejor acceso a mercados y crédito. Según Marta Mercado et al. (1996), la UAIM se convirtió en el programa gubernamental de mayor envergadura dirigido a la población femenina rural.

En relación con el funcionamiento efectivo de las UAIM, muchos estudios, de entre los que destacan los de Emma Zapata et al. (1995) sobre los avances y problemas de dichas unidades, registran una clara ineficiencia económica de éstas, asociada a los derechos de propiedad diferenciada entre hombres y mujeres, acceso desigual a la tierra y poca o nula articulación con otras organizaciones. No obstante, también se ve un beneficio de las mismas, ya que permiten que las mujeres incursionen en actividades extradomésticas a la manera de una participación comunitaria; ello permitió visualizar claramente algunos cambios en las relaciones de género en favor de las mujeres.

Retos para México en la construcción de un desarrollo rural con perspectiva de género

Después de intensos debates, diálogos y negociaciones políticas en el primer semestre de 2003, por la entrada en vigor de algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia agropecuaria, y la permanente problemática de productividad, comercialización y pobreza en el campo mexicano, varios actores sociales relacionados con las actividades del campo —como organizaciones campesinas—, el gobierno federal, productores, etcétera, se reunieron en la capital del país para firmar un acuerdo general respecto a la problemática del campo y sobre las líneas generales de acción para los años venideros.

Al documento se le denominó Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria,⁸ según establece su encabezado oficial;⁹ con él se pretende generar una política de Estado en la que se reflejen los argumentos y puntos de vista de las organizaciones de productores y campesinos y, en general, de todos los actores rurales del campo. Los acuerdos básicos que se presentan están dados en materia de comercio internacional, desarrollo económico, desarrollo social del sector rural, modificaciones al marco legal, fortalecimiento institucional y un grupo de acciones inmediatas.

En su artículo 179, el acuerdo enuncia lo siguiente en relación con los grupos prioritarios de apoyo en el medio rural (entre ellos las mujeres):

]]> El ejecutivo federal evaluará las políticas públicas en el sector rural para establecer una orientación coordinada de género con equidad en el diseño de las mismas y ampliará las estrategias compensatorias que permitan alcanzar en la realidad el criterio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. En este sentido, fortalecerá la organización de las mujeres del medio rural para incorporarlas a circuitos productivos con un enfoque regional, a través de la planeación participativa, la capacitación, la asesoría técnica y la capitalización y financiamiento en proyectos productivos y empresas (Acuerdo Nacional para el Campo, 2003).

La presencia del enfoque de género en el discurso de los instrumentos institucionales de desarrollo rural comienza a ser una constante; igualmente en los programas gubernamentales, la variable género representa una seria alternativa al desarrollo tradicional (moderno), ya que ésta posibilita un mejor entendimiento sobre las barreras u oportunidades que se generan al seno de los hogares en tanto la condición por género es asimétrica.

La desigualdad entre los géneros y la política agraria generadora de diferencias (de clase y de género) afectará diferencialmente a los miembros de las unidades de producción campesinas, en cuanto a los roles que cada género desempeñe en: la división del trabajo, control de recursos productivos, ingreso y acceso a los servicios del Estado, todo ello condicionado por aspectos culturales e intrafamiliares, muy evidentes en el sector rural (Zapata et al., 1995: 10).

La política de desarrollo rural debe considerarse como un instrumento de cambio para el mejoramiento y bienestar de la sociedad rural en su conjunto. En sí misma la política de desarrollo rural puede ser un detonador de la iniquidad o equidad en las relaciones de género intrafamiliares y comunitarias, de ahí que en su elaboración, al apelar a criterios éticos y de justicia, se estará procurando y ampliando de mejor manera los derechos de las mujeres. De tal suerte que el acceso a los recursos públicos, a los programas de gobierno, a la participación y, en términos amplios, a la no exclusión del desarrollo de las mujeres siempre será recompensado con un mejor porvenir para las futuras generaciones.

Algunas estrategias para mejorar la condición social de las mujeres a través de su involucramiento y participación social en las actividades del desarrollo son las siguientes:

— Que las mujeres dispongan de información oportuna.

— Movilización de grupos de solidaridad.

— Apoyar el desarrollo de las habilidades y capacidades locales, especialmente de las habilidades de comunicación y organización comunitaria (formación de conceptos estructurantes de los derechos humanos, sin preconceptos).

— Apoyar iniciativas para que las mujeres participen de la planificación, elaboración y control de los presupuestos municipales y comunales (salud, educación, crédito para empresas comunales).

]]> — Ayudar a establecer alianzas y proveer la defensa de los derechos de la mujer a todos los niveles de los dominios institucionales.

— Alcanzar las instancias de un "promotor de justicia" capaz de recibir y encaminar los reclamos de acuerdo con los derechos y beneficios adquiridos por la población, para que no sean capturados por los grupos de las élites (Cordini, 2001).

La participación femenina en el desarrollo que proponen desde el gobierno y las agencias de desarrollo rural sólo podrán rendir frutos en la medida en que esa participación también vaya acompañada por una nueva cultura de género, la cual vincule eficientemente las estructuras gubernamentales con las mujeres rurales. En los diferentes órdenes de gobierno, se evidencia el escaso avance en materia de conciencia de género; en el orden municipal, por ejemplo, quizá por su relativa cercanía con la población, las políticas sociales tienden a considerar a las mujeres únicamente como grupos vulnerables dentro de sus roles de madre, esposa, ama de casa y beneficiaria pasiva de los programas de asistencia social. En gran medida persiste una "ceguera" a las diferencias de género, es decir, en la práctica son pocos los gobiernos locales que asumen una real promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida local.

Hay coincidencia en aceptar que la postura del titular del gobierno respecto al reconocimiento y compromiso por atender las iniquidades entre los géneros, determinará el avance en las acciones agendadas para el desarrollo de las políticas públicas con perspectiva de género. Asimismo, se debe considerar la idea de que los liderazgos de las instituciones del sector rural en México abran sus espacios para incluir a las mujeres en la toma de decisiones. Es difícil avanzar en la concreción del desarrollo rural con perspectiva de género si las instituciones encargadas de fomentarlo no se adecuan en sus prácticas cotidianas a interactuar con las beneficiarias del desarrollo. Se trata en todo momento de reconocer en las mujeres a sujetos sociales con intereses económicos, sociales y políticos igualmente válidos que los intereses de los varones.

Es necesario que el diseño de las políticas públicas orientadas al sector rural incluyan como uno de sus objetivos centrales propiciar la equidad entre los géneros, lo cual significa que el papel y los derechos de las mujeres rurales sean valorados y respetados por las sociedades en las que participan. Asimismo, deben considerar en sus programas de acción comunitaria la generación de procesos de apertura y participación social que sirvan, al mismo tiempo, como plataformas de reivindicación social de las mujeres.

Deben evitarse, por lo tanto, políticas discriminatorias a las mujeres, como aquellas que no consideren a éstas como protagonistas activas y productivas de la unidad de producción campesina, pues este tipo de políticas propician desigualdades al interior de los hogares, en cuanto acceso a los diferentes recursos productivos (tierra, crédito, asistencia técnica, capacitación) colocando a las mujeres en situación interior y subordinada (Zapata et al., 1995: 11).

No hay duda de que el componente político influye fundamentalmente en la formulación y aplicación de programas y proyectos con perspectiva de género; de ahí que la falta de compromiso con las relaciones sociales y de género, así como la no consideración de los intereses estratégicos de género de las mujeres, limiten el proceso de incorporación de dicha perspectiva en el desarrollo rural, condicionando el éxito de una política de género y de sus proyectos.

Conclusiones

Cuando en sus inicios el desarrollo en su versión modernizadora era considerado como el único camino para lograr el bienestar social y, por consecuencia, el paso hacia una sociedad más "perfecta", el modelo lineal y evolucionista resultó con graves contradicciones, las cuales hicieron que éste fuera repensado de acuerdo con una población cambiante, pero con los mismos problemas de injusticia social.

Por otro lado, las y los individuos por sí mismos siguen inmersos en procesos sociales, que pese a no resolver su condición social dentro del desarrollo sí manifiestan cambios que dan cuenta de una nueva sociedad. En México, por ejemplo, se hacen cada vez más visibles formas emergentes de vida en los espacios rurales, y cambios que se suscitan con una caracterización social, económica y cultural de pocos referentes en épocas pasadas. La globalización como fuerza externa se manifiesta en la implantación de un orden mercantil que también impacta los espacios locales (rurales), los usos de tecnología, la ampliación de infraestructura urbana, los cambios culturales intergeneracionales, y las migraciones entre regiones cercanas y distantes geográfica y socioeconómicamente, los cuales son fenómenos que, necesariamente, deben ser considerados en los actuales modelos de desarrollo rural.

Parte fundamental de estos procesos sociales del ámbito rural se encuentra en las relaciones intrafamiliares, comunitarias e institucionales que ocurren entre los géneros. Las mujeres vistas como agentes de cambio social al interior de sus hogares y en el ámbito extradoméstico empiezan a ser una constante en el discurso político; sin embargo, los resultados distan mucho de ser congruentes con el tipo de desarrollo con perspectiva de género. El cambio institucional y actitudinal ante el tema de mujer y desarrollo no logra romper con el estilo desarrollista, en el que sólo los varones son centrales en la planificación de las políticas públicas, invisibilizando así la función de las mujeres en el desarrollo rural.

Como se ha analizado en este artículo, se registran avances importantes en la incorporación del género a las instituciones que fomentan el desarrollo, pero éstos no son suficientes. Se trata de una tarea permanente en la que todos y todas tenemos un compromiso adicional, empezando por las instituciones promoventes de un desarrollo rural con perspectiva de género. Éste debe impregnar de una u otra manera las visiones, los proyectos y objetivos que fomenten la apuesta por el desarrollo; en él, el género es transversal a las dimensiones del desarrollo, enfrentando el reto de la articulación e incluso, el enfrentamiento con las otras dimensiones. Pero a cada dimensión le corresponden contenidos específicos, al igual que la dimensión de género.

Es bien sabido que en el medio rural se llevan a cabo prácticas sociales y culturales donde la iniquidad de género adquiere aún más relevancia que en los medios urbanos, lo que nos obliga a estudiar con mayor profundidad aquellos procesos sociales que tienen que ver con la construcción social y simbólica de los géneros. Sólo así estaremos en la posibilidad de generar mayores elementos para que en lo sucesivo los programas de desarrollo rural con perspectiva de género tengan mayor eficiencia, lo que no exime a los y las integrantes de las instituciones del desarrollo rural de asumir una actuación congruente y comprometida con la inclusión de las mujeres a la construcción y beneficios del desarrollo.

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Notas

¹ Según Arturo Escobar (2000), la antropología del desarrollo nació por el fracaso aparente de los enfoques "verticalistas" de orientación económica, empezó a producirse una reevaluación de los aspectos sociales y culturales del desarrollo a principios de 1970, lo cual, para la antropología, conllevó oportunidades insospechadas.

² Véase por ejemplo el capital social, que se trata de un constructo teórico acuñado por Bourdieu, el cual posteriormente es ajustado al discurso de las agencias internacionales como el Banco Mundial, y que a la fecha es un componente fundamental en los proyectos de combate a la pobreza y de desarrollo rural.

³ Frans Geilfus (2002: 1-3), en su libro: 80 herramientas para el desarrollo participativo, se refiere a la participación de la gente como el grado de decisión que tiene ésta en el proceso (del desarrollo). Siguiendo con el autor, esto es válido tanto en las relaciones entre los miembros de la comunidad y la institución de desarrollo, como dentro de las organizaciones comunitarias. El éxito, según Geilfus, dependerá, entre otras cosas, del grado de organización de los involucrados, de la flexibilidad de la institución (y de los donantes) y de la disponibilidad de todos los actores, empezando por los técnicos, quienes deben modificar ciertas actitudes y métodos de trabajo.

⁴ Cursivas del autor (Barkin, 1996).

⁵ La primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de la mujer se convocó en la Ciudad de México en 1975. La segunda conferencia mundial sobre la mujer se realizó en Copenhague en 1980, y en Nairobi se llevó a cabo la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, en 1985.

⁷ Empoderarse significa que la persona adquiere control sobre su vida. El significado se adquiere dependiendo de la situación y de las acciones concretas del sujeto a que se refiera. Para el feminismo, el empoderamiento implica "una alteración de los procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género" (León, 1997: 8).

⁸ Entre los firmantes más sobresalientes de este acuerdo figuran el Poder Ejecutivo federal, los gobernadores de los estados, así como varias organizaciones gremiales, asociaciones productivas campesinas y de productores agrícolas empresariales.

⁹ Diario Oficial de la Federación (2003, 28 de marzo).

Información sobre los autores

Norma Baca Tavira. Economista y Maestra en Estudios Urbanos y Regionales por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Actualmente es doctoranda en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEM. Líneas de investigación: mercados laborales y los procesos de flexibilización y precarización del trabajo, la participación laboral por género y las migraciones internacionales en el Estado de México. Publicaciones recientes: "Mujeres que realizan trabajo por cuenta propia en Toluca. Estrategias y significados de género en el trabajo remunerado", en Género y poder: diferentes experiencias, mismas preocupaciones, México (2005); Reestructuración económica y trabajo femenino extradoméstico. Las trabajadoras por cuenta propia en Toluca, México (2006); y "Política de población y planeación en México", en Quivera, vol. 9, núm. 1, México (2007).

Francisco Herrera Tapia. Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Director de Proyectos de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural en el Estado de México. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Líneas de investigación: política agropecuaria, desarrollo rural, proyectos sociales. Publicaciones recientes: junto con Fredyd Torres, "Instituciones, política y desarrollo. El caso del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en la Montaña de Guerrero", en Revista Espacios Públicos, núm. 21, México (2008); junto con Bruno Lutz, "Instituciones y procesos políticos en el desarrollo rural. El caso de la Alianza para el Campo en México", en Revista Gaceta Laboral, vol. 14, núm. 1, Venezuela (2008).