El ahorro popular en México: acumulando activos para superar la pobreza, de Pilar Campos Bolaños

Ernesto Sepúlveda Villarreal*

México, Centro de Investigación para el Desarrollo-Miguel Ángel Porrúa

* Banco de México. Correo electrónico: ernesto_sepulveda@banxico.org.mx

Pilar Campos Bolaños presenta —además de una amplia síntesis de la literatura reciente acerca del tema del ahorro de las familias de menores ingresos— los resultados de una investigación empírica que tuvo como propósito conocer las principales formas y motivos del ahorro en México, para estimular el papel de las instituciones de finanzas populares o de microfinanzas, como medio para combatir la pobreza.

El resultado de dicho estudio se puede resumir en el descubrimiento de la existencia de tres Méxicos diferentes en cuanto al tipo de ahorro que predomina en cada región. A la fecha del trabajo (noviembre de 1997), las personas que vivían en el norte del país ahorraban principalmente en bancos, los habitantes del Bajío (centro-occidente de México) lo hacían en tandas, y en el sur, mediante activos físicos (animales, granos y materiales de construcción).

Campos Bolaños concluye que en la medida en que las sociedades son más rurales y más pobres, los hogares cuentan con instrumentos de ahorro más inseguros, menos rentables y menos líquidos, lo cual perpetúa de alguna manera su pobreza. Precisamente en tal fenómeno basa su propuesta central: desarrollar instituciones financieras que ofrezcan a la población de menores ingresos oportunidades de ahorro más seguras, más rentables y con diferentes alternativas de liquidez, con el propósito de fomentar su ahorro, especialmente el de largo plazo.

La autora explica cuidadosamente cómo las instituciones de finanzas populares pueden cubrir este vacío y describe, de manera detallada y analítica, las modificaciones realizadas en los últimos años al marco legal mexicano para alcanzar tal propósito, mediante la Ley de Crédito y Ahorro Popular (LCAP) y del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI).

La propuesta de fomentar el desarrollo de instituciones financieras populares como herramienta de combate a la pobreza halla sustento teórico en una creciente literatura. La idea central es que la acumulación de activos financieros de las personas, en especial las de bajos ingresos, responde sensiblemente a aspectos institucionales (Beverly y Sherraden, 1999).¹ En concreto, se identifican cuatro determinantes institucionales que favorecen el ahorro de las familias de menores ingresos: a) acceso a mecanismos de ahorro institucionalizados, b) información y educación financiera, c) existencia de incentivos atractivos para el ahorro, y d) facilitación, que es la aplicación de arreglos contractuales para estimular el consumo futuro versus el presente.

Dejando de lado las críticas que pudieran hacerse a tal paradigma, el estudio y las recomendaciones de Campos Bolaños presentan diversas limitaciones que, lejos de cuestionar su trabajo, pueden ser vistas como oportunidades para profundizar en la investigación aplicada de un tema tan complejo como es el vínculo entre el ahorro popular y la pobreza.

Otra limitante de su investigación empírica es que, mientras indaga las formas y los motivos del ahorro de los hogares mexicanos, no cuantifica el monto de dicho ahorro. Esta variable cobra relevancia al desear evaluar el impacto potencial que tendría la consolidación de las finanzas populares sobre la pobreza en México. De acuerdo con el paradigma empleado por la autora, la institucionalización de dichas finanzas, en principio, debe tener un impacto positivo y significativo en el nivel de ahorro popular. No obstante, al no arrojar su estudio una estimación del nivel actual del ahorro de las familias encuestadas, éste no proporciona una base para calcular, aunque sea burdamente, el potencial de este mercado.

Por otra parte, Campos Bolaños no enfatiza lo suficiente el principio de que, para tener más ahorro, es necesario generar más ingreso, dada la calidad de los servicios financieros. Si bien las instituciones micro-financieras pueden contribuir a dar mayor seguridad, mejorar rendimientos y proveer más liquidez al ahorro de las familias más pobres, difícilmente podrán incrementar el ahorro total de ese estrato de la población de manera significativa, en ausencia de medidas de desarrollo económico complementarias. Una estrategia integral de combate a la pobreza debe fomentar no sólo el acceso a servicios financieros especializados entre las familias de menores ingresos, sino la ampliación de las oportunidades para mejorar estos últimos mediante actividades económicas productivas reales.

Finalmente, un componente fundamental de la propuesta es la participación del gobierno en la promoción del ahorro de largo plazo de las familias de ingresos bajos. Como lo señala la autora, una alternativa para lograr este propósito es la facilitación, que puede realizarse por medio de cuentas restringidas, es decir, cuentas relacionadas con fines específicos, por ejemplo, la adquisición de vivienda, educación, necesidades médicas y capacitación (Sherraden, 1991).² Tales cuentas tienen la característica de ser universales (no favorecen a ahorradores de sectores productivos específicos) y voluntarias (se basan en estímulos y no en obligaciones). Sin embargo, para cumplir con su objetivo, al parecer se requiere de algún apoyo gubernamentaly Campos Bolaños no profundiza en el análisis de cómo se podría otorgar efectivamente dicho apoyo.

¿Cómo lograr que estas personas, y sólo ellas, destinen una parte de sus reducidos ingresos a nutrir cuentas restringidas que, por su naturaleza, no ofrecen liquidez en el corto plazo? Éste es un tópico que puede ser crucial en el éxito o fracaso del uso de tales cuentas como instrumento financiero para promover el ahorro de largo plazo de estas familias.

Valga un ejemplo para ilustrar la complejidad de este punto. Una opción para fomentar el uso de las cuentas restringidas es el otorgamiento de algún estímulo económico (gubernamental) a los ahorros de largo plazo de las personas de menores ingresos (el costo pudiera justificarse como parte del gasto social del gobierno para el combate a la pobreza.) Pero el establecimiento de este esquema no estaría exento de problemas. Por ejemplo, al ofrecer dichos estímulos con recursos públicos al ahorro de largo plazo, no sólo las personas de menores ingresos, sino también las que tienen mayores desearían ahorrar en las instituciones de finanzas populares para aprovechar tales beneficios. De ser el caso, los subsidios públicos para combatir la pobreza pudieran acabar beneficiando a quienes no los necesitan. Sin una regulación efectiva (cuyos costos son desconocidos) no habría razón alguna para que esas instituciones rechacen los depósitos de las personas de mayores ingresos ya que, después de todo, no son públicas y buscan maximizar el valor de su capital.

En general, el texto desarrolla de manera amplia, sistemática y ordenada un tema de suma importancia para las economías latinoamericanas y ofrece valiosa información que seguramente contribuirá a profundizar en el conocimiento de las finanzas populares. Seguramente también ayudará a propiciar otras discusiones e investigaciones acerca de tópicos más específicos, que son cruciales para el desarrollo de políticas públicas en el complejo tema de microfinanzas y desarrollo. Por ello se recomienda leer este libro a toda persona interesada en las finanzas populares, en general, y en su aplicación en México, en particular.

Notas

¹ S.G. Beverly y M. Sherraden, "Institutional Determinants of Savings: Implications for Low-income Households and Public Policy", en Journal of Socio-Economics, núm. 28, 1999.         [ Links ]

² M. Sherraden, Assets and the Poor: A New American Welfare Policy, Nueva York, M.E. Sharpe, 1991.         [ Links ]