Neoliberalismo, protesta popular y transición en Chile, 1973-1989

Viviana Bravo Vargas*

* Doctorante del Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México [vivianabravo@gmail.com].

Artículo recibido el 09-05-11 ]]> Artículo aceptado el 02-01-12

Resumen

Este artículo analiza las principales transformaciones y consecuencias sociales experimentadas en Chile con la instauración del modelo neoliberal durante la dictadura militar. Por otro lado, demuestra que ante el nuevo contexto político y económico, miles de hombres y mujeres protagonizaron un ciclo de protestas y procesos de democratización que quedaron fuera del pacto político que definió la transición a la democracia y los sucesivos gobiernos de la "Concertación".

Palabras clave: neoliberalismo, dictadura, transición, democracia, protesta.

Abstract

This article analyses the main transformations and social consequences felt in Chile with the implementation of the neoliberal model during the military dictatorship. It also shows that faced with the new political and economical context, thousands of men and women took a leading part in a cycle of protests and processes of democratization and were finally left out of the political pact that defined the transition to democracy and the successive "Concertación" governments.

Key words: neoliberalism, dictatorship, transition, democracy, protest.

El 11 de diciembre de 2009, después de transcurridos 20 años del retorno a la democracia, triunfó la derecha en Chile. El exitoso empresario Sebastián Piñera, candidato de la llamada "Coalición por el cambio"¹ se convirtió en presidente de la República marcando una nueva etapa en la historia política de este país.² El modelo económico y las transformaciones sociales instauradas por la dictadura militar del general Augusto Pinochet parecían legitimadas. Las relaciones capitalistas y la intervención del mercado en áreas tan sensibles como educación, salud y previsión social, parecían no ser objeto de discusión y decisión política. No obstante, al nuevo gobierno le esperaban importantes desafíos. La derecha en el gobierno vendría -sin sospecharlo- a enfrentar demandas históricas.

En dos años de gobierno las protestas se agudizaron. Durante el 2011 las manifestaciones comenzaron en la austral Región de Magallanes -contra el alza del gas natural- y se expandieron hasta el norte del país. Hubo protestas y paros comunales en Arica y Calama; marchas y movilizaciones ciudadanas contra el megaproyecto hidroeléctrico en Aysén; huelgas en el cobre y paros de los empleados fiscales; hubo diversas acciones reivindicativas del pueblo mapuche por la libertad de los presos políticos y contra la usurpación de sus tierras; también se manifestaron los trabajadores de la salud, las minorías sexuales y los damnificados por el terremoto. Pero el movimiento que se extendió en el tiempo, que acumuló fuerzas y la concentración de la mirada nacional e internacional fue el movimiento estudiantil, que en masivas convocatorias exigieron "educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro". Demandas que tocaban el alma del sistema de organización social y que lograron obtener altos índices de apoyo en la ciudadanía.

La demanda de los jóvenes entrañó una profunda crisis de representatividad de la clase política. Ni la derecha en el gobierno, ni la llamada "Concertación de Partidos por la Democracia" fuera de él, parecieron ser la respuesta que buscaban los movimientos que se tomaron las calles chilenas. "Tuvieron más de treinta años para comprobar que este sistema no funciona", señaló ante representantes del parlamento, Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). "La Concertación y la derecha deben dejar de ser el brazo político de los bancos", denunciaba, por su parte, el vicepresidente de la FECH, Francisco Figueroa. Durante meses de movilizaciones, los estudiantes instalaron sus problemas en la agenda de discusión pública y pusieron sobre la mesa de debate la necesidad de una reforma tributaria, la reforma al sistema binominal, e incluso la necesidad de una nueva Constitución Política. En definitiva, aspiraciones que apelaban a una mayor democratización de la política chilena.

Era algo nuevo. Hasta entonces, con algunas reformas mediante y algunas políticas de reparación a la violación de derechos humanos, las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet volcaron sus esfuerzos en administrar el modelo neoliberal dentro de los marcos de la Constitución de 1980. Hasta entonces habían logrado, sino evitar al menos controlar, los desbordes sociales.³ Surgieron las preguntas: ¿por qué cuando el país parecía girar hacia la derecha con el triunfo de Sebastián Piñera, en la mitad de su gobierno, la fuerza del movimiento social demostraba lo contrario, con interpelaciones sistémicas y un poder de convocatoria no visto desde las manifestaciones de protesta contra la dictadura?, ¿cómo explicar la complejidad de dicho cuadro?

Consideramos que para pensar y explicar el país de hoy es necesario recorrer las transformaciones que ha experimentado Chile en la últimas cuatro décadas. Explorar las ideas-fuerzas que animaron el golpe de Estado; la reorganización neoliberal de la sociedad chilena; el pacto que definió la transición a la democracia y su relación con los movimientos sociales. La propuesta cobra redoblado interés, considerando que el caso de Chile es paradigmático, laboratorio social para aplicar recetas de corte estructural que años más tarde le estarían reservadas al resto de América Latina. Como señaló el economista y futuro ministro de Hacienda en la administración Aylwin, Alejandro Foxley, "Chile es el país que ha aplicado en forma más rigurosa y consistente las políticas y reformas neoliberales. Su experiencia se acerca al test del 'caso puro'. Se trata en verdad de un 'experimento', casi de laboratorio".⁴ Efectivamente, este país fue pionero en transformar radicalmente su estructura patrimonial mediante el proceso de privatizaciones y desmantelamiento del Estado a partir del traspaso de responsabilidades sociales y recursos públicos a manos privadas. Junto con el cierre de oficinas públicas, despidos masivos de sus funcionarios y disminución del gasto fiscal.

Los mayores costos del nuevo modelo de acumulación recayeron sobre los trabajadores y sectores más desposeídos. Si al finalizar el ciclo dictatorial, las cifras de crecimiento macroeconómico sostenido desde 1985-1989,⁵ permitían a Augusto Pinochet jactarse de entregar una economía vigorosa, competitiva y proyectar una imagen de país exitoso que se propagó en el extranjero y que aún persiste en algunos medios, poco se sabe o -más bien- poco quiere recordarse los enormes costos sociales que significó la instauración de las recetas neoliberales. Junto a la conformación y crecimiento de conglomerados financieros, desarrollo del comercio y una concentración de la riqueza que permitió a los sectores privilegiados sostener altas tasas de consumo, todo el periodo estuvo acompañado por un importante deterioro de los salarios reales, cifras históricas de desempleo, aumento de la pobreza y desigualdades sociales, más aún durante las dos graves crisis de 1974-1975 y 1982-1983. No está de más destacar que, incluso en momentos de repunte experimentados en 1987, 45% de los chilenos vivía bajo la línea de la pobreza.⁶

A partir de este planteamiento, el presente artículo tiene tres objetivos: el primero se concentrará en explicar la alianza práctica y teórica entre los militares y el capital financiero para consolidar la reestructuración capitalista en su forma neoliberal; por otro lado y como segundo objetivo, este texto demostrará que dicho proceso no estuvo libre de conflictos; contra la dictadura y la instauración del nuevo modelo de acumulación se desarrollaron persistentes "Jornadas de Protesta" y procesos de democratización desde abajo, que pese a haber generado las condiciones de posibilidad para que Augusto Pinochet y la clase política de oposición negociaran la salida pactada —que culminó en el plebiscito de 1988— ha quedado fuera, oculta o como simple telón de fondo de la reconstrucción histórica del Chile reciente.

Ubicándose en la intersección de ambos caminos, el tercer objetivo explica la ruptura entre el movimiento social y la clase política en el pacto de transición a la democracia, que dio por "ya-realizadas" las demandas populares bajo la imagen del consenso social y una "pacífica, ordenada y ejemplar transición", con la que quiso caracterizarse a la sociedad chilena durante los gobiernos de la Concertación. Serán, por lo tanto, tres cruces necesarios para comprender las transformaciones experimentadas en Chile desde el golpe de Estado y que conforman la otra cara de su historia política y social en los últimos 40 años; raíces constitutivas y explicativas de los problemas que en el presente mantienen a la sociedad chilena en movimiento.

Como primera condición, la reestructuración del capitalismo en Chile requirió despejar el camino de un movimiento popular ascendente que había sintetizado su trayectoria en la elección del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular.⁸ Bajo estricto control, autoridad y persecución, el régimen se propuso abiertamente exterminar de raíz el peligro del conflicto social y las diversas expresiones que representaban al mundo popular y obrero organizado. En palabras del sociólogo Tomás Moulian, el instrumento principal fue el poder-terror:

[...] poder para reprimir y para inmovilizar, pero también para conformar las mentes a través del saber, de un saber. De éste fluyen interpretaciones, ideas-fuerzas que explican y orientan la acción, pero también una normatividad, una capacidad creadora de normas, de prescripciones que se transforman en derecho, en poder-derecho, por tanto en "poder-hacer".⁹

La primera idea-fuerza de la Junta militar -que coincidió plenamente con las reformas estructurales de corte económico- fue la necesidad de despolitizar _a la sociedad, es decir, transformar las bases de su cultura política, la conciencia que tenía de sí misma, la forma de leer su historia e interpretar su presente, modificar su conducta, valores y sentimientos. En ello no sólo fueron explícitos sino reiterativos. Prestemos atención a la Declaración de Principios de la Junta Militar, presentada en marzo de 1974:

Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de Gobierno, porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos [...] Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario: asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles.¹⁰

Se inició entonces un proceso de privatizaciones y recortes del presupuesto social aunado con la imposición del toque de queda, la ley marcial y la supresión de todas las libertades civiles; allanamientos en poblaciones periféricas, redadas y arrestos masivos; campos de concentración, torturas, ejecuciones, desapariciones. Veinte años más tarde se supo que para apuntar hacia su objetivo la dictadura ejecutó a 3 179 personas, más de la mitad de ellos entre septiembre y diciembre de 1973. Se estima que durante esos tres primeros meses, más de 18 mil personas sufrieron torturas e indescriptibles vejámenes en manos militares y fuerzas policiales adiestradas en complejas técnicas antisubversivas.¹¹

Paralelamente, comenzó un experimento monetarista que iría adquiriendo mayor radicalidad y profundidad en tan sólo un par de años. La primera tarea del llamado Plan de normalización inicial fue corregir las "diversas anomalías del pasado". Las reivindicaciones del capital fueron en primer lugar antiestatistas. Durante el gobierno de la Unidad Popular el Estado creció, y significativamente, no sólo por el aumento de su patrimonio —expropiaciones— sino por la voluntad política de penetrar en todas las áreas para reestructurar el proceso económico en favor de la clase trabajadora y sus demandas históricas.

Bajo el gobierno de Allende, el hierro, el cobre y la banca fueron nacionalizados, en dominio público estaban el control del comercio exterior y las más importantes distribuidoras mayoristas. El Estado era propietario o administrador de las empresas industriales más dinámicas, e incluso de un sin número de empresas sin gran significación económica.¹² Con el proceso de Reforma Agraria, iniciada como proyecto de gobierno con la presidencia de Eduardo Frei Montalva, la propiedad de la tierra y por consiguiente la estructura de poder empresarial oligárquico experimentó importantes transformaciones. A fines del gobierno de la Unidad Popular, prácticamente no existían fundos con más de 80 hectáreas de riego básico y habían aumentado en forma significativa las propiedades de tamaño medio.

Otro masivo traspaso de recursos públicos a manos privadas, pero con transacción monetaria de por medio, se inició con la primera oleada de privatizaciones concretada entre 1974-1978; si en 1973 alrededor de 400 empresas y bancos se encontraban en la esfera pública, en 1980 sólo había 45. Paradójicamente, le correspondió a la Corporación de Fomento Fabril (Corfo) creada en 1939, para promocionar el desarrollo e industrialización del país, dentro de la lógica de sustitución de importaciones, llamar a licitación pública para privatizar sus empresas, en la cual cualquier individuo o grupo, nacional o extranjero, podía adjudicárselas con un enganche de sólo 10 o 20% del valor estipulado. El resto sería cancelado en cuotas trimestrales. Los precios de venta eran bajos y las condiciones de pago sin duda extremadamente ventajosas, pero corría 1975 y Chile se encontraba bajo una fuerte depresión económica. El producto interno bruto había caído 13%, el desempleo aumentó a casi 18% y el ahorro estaba en los niveles mínimos. En tal situación, quienes estaban en condiciones de adquirirlas eran los grupos asociados al capital internacional, que contaban con acceso al crédito externo; éstos pidieron grandes préstamos para adquirir las empresas y, de paso, otorgar créditos internos que les serían redituables gracias a las altas tasas locales.

Eran pocos y en esas pocas manos terminó concentrada la propiedad. Gracias a este proceso de adquisición los grupos mutaron en poderosos conglomerados financieros que controlaron buena parte del sistema bancario, de las llamadas financieras y a través de sus numerosas compañías asociadas, una fracción cada vez mayor de los sectores manufacturero y agroexportador.¹⁴ Presenciamos el surgimiento de un nuevo bloque de poder económico que modelará la nueva forma de dominación neoliberal en Chile. Al consolidar su hegemonía fueron la principal base de apoyo al equipo técnico que desde abril de 1975 se hizo cargo de instaurar las recetas más ortodoxas de corte neoliberal e incluso algunos de sus ejecutivos pasaron a ocupar cargos del gobierno.¹⁵

La participación privilegiada del sector empresarial, en particular constituido por las grandes empresas y sector financiero, estimuló la reorientación de los recursos y la capacidad empresarial desde las actividades netamente productivas hacia la especulación financiera y hacia actividades comerciales vinculadas a la especialización en la producción y explotación de recursos naturales de aquellos bienes en los cuales el país tenía ventajas comparativas. Así, Chile abrió violentamente su economía. Ello se concretó con la liberalización generalizada de las restricciones que afectaban al comercio exterior, la reducción de limitaciones a la inversión extranjera, los créditos externos y la compra y venta de divisas. También fue necesario normalizar a la brevedad los vínculos internacionales y recuperar la confianza de la comunidad financiera internacional, en ese sentido se gestionó un acuerdo de indemnización con las empresas cupríferas norteamericanas perjudicadas con la nacionalización del mineral en los años anteriores.

LOS CHICAGO BOYS Y LA ORTODOXIA NEOLIBERAL

Con este camino andado y el fortalecimiento de nuevos sectores líderes, en marzo de 1975 terminó la fase llamada gradualista y comenzó el momento del neoliberalismo radical u ortodoxo. Fue cuando el gobierno definió los marcos de su política societal a largo plazo y diseñó un plan institucional coherente para realizarlo, inspirado en lineamientos ideológicos que no provenían de la derecha política e institucional, sino que se perfiló estimulada por un grupo de tecnócratas graduados de la escuela de Economía de la Universidad de Chicago, conocidos como los Chicago Boys. Ellos traían consigo la visión casi romántica de salvar a Chile y modernizar su economía, aseguraban tener la formación técnica, la decisión y el talento para ello. Entre sus fortalezas estaba la desconfianza hacia lo político, punto de coincidencia con el mando militar. Con la entrada en vigencia de las llamadas políticas de shock conducidas por los Chicago Boys, se inició "la reconstrucción económica más sustancial de país en el siglo XX".¹⁶ Este proceso ya no es una profundización del Estado burocrático-autoritario en el sentido que plantea O'Donnell, sino como argumentan Moulián y Vergara, se trata de una reestructuración capitalista con carácter de ruptura.¹⁷ Para restaurar los desequilibrios macroeconómicos, el objetivo primordial fue reducir drásticamente la inflación con una política contractiva de la demanda -y de las remuneraciones- y la implementación de reformas de carácter estructural. En este sentido, desde abril de 1975, Augusto Pinochet entregó poderes extraordinarios a dos figuras clave, el ministro de Hacienda Jorge Cauas y a Sergio De Castro, nombrado ministro de Economía.

En términos generales, las reformas estructurales se dispusieron a perfeccionar una política económica que puesta en vigor asegurase el ajuste automático de la economía chilena a los ciclos internacionales, en la cual las autoridades no tuviesen la necesidad de intervenir. Como aclara Eduardo Silva, el modelo ultraliberal se apoyaba en tres pilares fundamentales: primero, la manipulación de la tasa de cambios como mecanismo básico para controlar la inflación;¹⁸ segundo, una política fiscal neutra respecto a la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero disponible debería ajustarse automáticamente a los niveles de oferta y de demanda de acuerdo con el nivel de las reservas de divisas disponibles; tercero, la liberalización de la cuenta de capitales que, entre 1979 y 1980, eliminaron todas las restricciones y controles en las operaciones de intermediación financiera internacional realizada por la banca.¹⁹

Por otro lado, durante 1975, los gastos gubernamentales llegaron a reducirse 27% en términos reales, especialmente en el área de inversión pública; y los salarios experimentaron un deterioro adicional al modificar la base de referencia para calcular el monto de los reajustes compensatorios. Según Foxley, la radicalidad que caracterizó a los Chicago Boys se explica en la predisposición a aplicar rígidamente sus políticas: "aun cuando provoquen una prolongada y profunda recesión, altas tasas de desempleo y un deterioro en la estructura de distribución del ingreso".²⁰ En efecto, aunque los indicadores intentaron ocultar la realidad económica total del periodo, ahí están la otras cifras que afectaron la vida cotidiana de los chilenos. Continúa el economista:

]]> Si se toma el periodo completo 1974-1982, el producto interno bruto por habitante se reduce en términos absolutos, la tasa de inversión cae en 25% en lo concerniente al periodo 1960-1970, el empleo se estanca y asimismo la tasa de desocupación promedio se incrementa de 6.5% en la década de 1960 hasta 17.6% en el periodo de 1974-1982.²¹

Paralelamente, gracias a liberalización de las tasas de interés bancarias, la aceleración de la desgravación arancelaria y la liquidez existente en ese momento en el sistema financiero internacional (petrodólares) la economía chilena fue inyectada con cuantiosas divisas. Alentadas por las máximas facilidades y garantías para ingreso de capital extranjero, en 1980 los préstamos externos a los bancos se triplicaron. Desde junio 1979 las reservas internacionales van creciendo, el déficit fiscal ha desaparecido por completo y la economía daba muestras de estar recuperándose de la recesión. Son los tiempos del consumo, del préstamo fácil, del endeudamiento. En este año apareció la primera tarjeta de crédito en Chile junto a tentadores productos extranjeros. Televisores japoneses, ropa de marca, perfumes franceses y whisky escocés llenaron las vitrinas.²²

En este contexto, Augusto Pinochet anunció en septiembre de 1979 la puesta en marcha de las llamadas siete modernizaciones sociales. Bajo la conducción de Miguel Kast y José Piñera como ministro del Trabajo (ejecutivo del grupo Cruzat-Larraín y hermano del actual presidente de la República) los principios del libre mercado y la iniciativa privada se extendieron hacia áreas sociales clave. Se trató de cambios radicales en política laboral, seguridad social, educación, salud, descentralización regional, agricultura y aparato judicial con el fin de hacerlas funcionales al proyecto de sociedad que se deseaba construir.

Entre las siete modernizaciones hubo reformas fundamentales que concluyeron en la completa privatización del sistema de seguridad social en Chile: la del sistema previsional, que pasó a manos privadas la administración de los ahorros individuales para la jubilación con las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (afp); y de la salud, con el advenimiento de un sistema privado llamado Institución de Salud Previsional (Isapres). Además, de la nueva Ley Orgánica Constitucional de Minería que permitió la inversión privada en minería y posteriormente sirvió de base para privatizar empresas relacionadas con sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones; la descentralización administrativa del Estado y el diseño de un nuevo Código Laboral.

El 2 de enero de 1979, el ministro Piñera anunció la puesta en marcha de un revolucionario Plan Laboral que significó un verdadero quiebre con el lugar que el trabajo había tenido hasta entonces:

Antes de 1973, la legislación laboral contemplaba una ley de inamovilidad, aumento obligatorio de salarios, salarios mínimos, compensaciones relativamente altas para los trabajadores, constantes elementos nuevos en los costos no salariales de la mano de obra, etcétera [...] Los principales elementos de la reforma a esta legislación laboral fueron los siguientes: los sindicatos y los trabajadores perdieron su poder de negociación, se flexibilizaron los reglamentos referentes a inamovilidad laboral, bajó notoriamente el aporte previsional pagado por los empleadores (de 40% en la década de 1960 a menos de 3% en la década de 1980), y se registró una reducción general de los costos no salariales de la mano de obra.²³

El nuevo marco laboral estableció la libertad de afiliación, en contraste con la condición obligatoria que regía en Chile hasta el golpe de Estado (entendiendo que todos los trabajadores se beneficiaban de la acción sindical) y permitió formar en la misma empresa dos o más sindicatos. Si la ley vigente hasta 1973 establecía que los sindicatos debían recibir una parte de las utilidades de la empresa (participación en los beneficios) quedó estrictamente prohibido recibir contribuciones de ninguna especie por parte del patrón. Ello no sería materia negociable, tampoco la intervención del gobierno en los procesos de negociación colectiva entre sindicatos y empresas. Apelando a la despolitización de los cuerpos intermedios quedó prohibido hacer campañas y presentar listas de candidatos.

Las disposiciones en torno a la negociación colectiva, parte esencial de la organización del trabajo y distribución de las ganancias en la producción, fue pensada coherentemente bajo los parámetros que requiere el factor eficiencia en una economía competitiva. De entrada, sólo podía celebrarse entre los sindicatos de una empresa y los dueños de ésta, en lugar de la tradicional negociación por rama de producción. Las materias que podían ser objeto de ella también fueron restringidas, si hasta antes de 1973 "era costumbre que se respetara la más amplia libertad de petición en el proceso de negociación colectiva de manera que en ella solían incluirse tanto estipulaciones de carácter económico como otras de carácter social o relacionadas con las condiciones de trabajo de la empresa".²⁴ El campo de negociación quedó reducido a las remuneraciones.

Quedaron expresamente marginados de la posibilidad de negociar colectivamente los trabajadores de servicios e instituciones del Estado, centralizados o descentralizados, tampoco les estaba permitido a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje, ni a los que se contratan para una faena transitoria o temporal, como el caso de trabajadores agrícolas y de la construcción. En definitiva, miles de campesinos que intervienen en actividades de corta duración como la vendimia o la recolección de frutas no podrían negociar con sus patrones la mejora de sus condiciones de trabajo ni remuneración; además, dentro de la lógica de flexibilización del trabajo, si en la anterior legislación laboral el contrato a plazo fijo o temporal debía tener una duración máxima de seis meses, desde el Plan Laboral se extendió a dos años. Ello no es gratuito.

En los caminos rurales ya no se ve a los campesinos de a caballo sino a los obreros agrícolas en sus bicicletas o grupos de temporeras esperando el bus que las llevará a cosechar y embalar fruta de exportación. Los técnicos agrícolas atraviesan los valles en sus camionetas dando instrucciones y utilizando su teléfono celular para hacer los pedidos de insumos. Es la geografía humana del boom exportador.²⁵

Los sectores más dinámicos del nuevo escenario fueron servicios y comercio, tan sólo este último, de ocupar el cuarto lugar en cuanto a volumen de fuerza de trabajo pasó al segundo en 1979. Tal redistribución de la fuerza de trabajo tuvo impacto sobre el sindicalismo; los nuevos sectores estratégicos no contaban ni con la experiencia ni las características de los anteriores para lograr la unidad sindical. En contraste, el sector industrial, que agrupaba al sindicalismo obrero tradicionalmente más combativo, donde ha ejercido mayor poder intraempresarial en cuanto interlocutor en las relaciones síndico-patronales, fue el grupo más afectado por la nueva conformación; absorbía cada vez menos mano de obra y el empleo se deterioró a lo largo de todo el periodo, especialmente en el área de textil, cuero y calzado. Por su parte, el sector de la construcción disminuyó en la década de 1980 y redujo a casi la mitad su participación en el producto y el empleo.

Además, de particular importancia para debilitar al movimiento sindical se contaron las siguientes medidas: la posibilidad de poner término al contrato de trabajo unilateralmente por parte del empleador, sin entregar causa ni motivos (se estableció la causal "por necesidad de la empresa"). Para despedir a más de diez asalariados en un mes los empresarios no necesitarían, como antaño, un permiso del Ministerio del Trabajo y Economía. Se restringió el derecho a huelga, ya que durante ella el empleador podía contratar nuevo personal para continuar con el funcionamiento de la empresa y transcurridos 30 días de iniciada, cualquier trabajador podría negociar individualmente con el empleador. Además, la huelga sólo podría tener un máximo de 59 días, de lo contrario se entiende que los trabajadores han renunciado y pierden su trabajo.²⁶

A todas luces, el fomento al paralelismo sindical, la atomización favorecida por la creación de sindicatos pequeños y débiles, apuntaba a socializar una fuerza de trabajo bajo valores, normas y conductas absolutamente diferentes a las que construyeron en su trayectoria histórica. Por otro lado, con el nuevo Plan Laboral, el abaratamiento de la mano de obra fue asegurado desde distintos frentes, como el término de la obligación de pagar tarifas no inferiores al mínimo legal a menores de 21 años y mayores de 65. Dicha visión del trabajo como una mercancía más, son diáfanas en las palabras del sucesor de José Piñera en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Miguel Kast:

La razón de lo afirmado viene explicado por lo siguiente: si la autoridad decide, por ejemplo, disminuir un impuesto que gravaba el consumo de un producto, su efecto inmediato será que el precio de ese artículo se hará más barato y, por lo tanto, más demandado por la población. La misma figura, exactamente la misma, es aplicable a las nuevas disposiciones respecto a la mano de obra. Al disminuir el impuesto de ésta, el empleador demandará una mayor cantidad de mano de obra, querrá contratar a un mayor número de personas. En una sola frase: por la sola aplicación de estas medidas aumentará el nivel de empleo en nuestro país.²⁷

Es indudable que el ajuste estructural se llevaba a cabo a expensas del mercado del trabajo. En el sector de exportaciones y manufacturas el deterioro de los salarios llegó a ser de entre 50 y 60% en 1976, y fluctuó en torno al 25-40% en 1978, con ellos las firmas absorbieron los costos de la recesión de 1975-1976: "Los principales efectos de las políticas de contracción del gasto interno fueron el elevado incremento del desempleo y la severa reducción del gasto real; ambas circunstancias se mantuvieron además por bastante tiempo".²⁸

El paso que faltaba para institucionalizar las transformaciones estructurales era un marco jurídico que las respaldara y asegurara su proyección. Ese amarre se concretó a mediados de 1980, con la redacción final de la nueva Constitución Política de Chile; que elaborada por un pequeño grupo de partidarios del régimen bajo cuatro paredes, vendría a reemplazar la de 1925, que normó la vida de los chilenos hasta el golpe de Estado. En su inspiración, señalaba el general Pinochet, se asumía el resguardo de las bases ideológicas que albergaba su mandato: "Orienta la adopción constitucional de las bases de un sistema económico libre, fundado en la propiedad privada de los medios de producción y en la iniciativa económica particular, dentro de un estado subsidiario".²⁹ El 11 de septiembre, al cumplirse siete años del golpe de Estado, en plena vigencia del Estado de excepción y supresión de derechos civiles, sin espacio para la difusión de ideas e intercambio de opiniones, sin registros electorales previos, con la posibilidad, incluso, de votar con cédulas de identidad vencidas, fue aprobada la nueva Carta Magna.

Pero el auge no duró mucho. La crisis financiera internacional de la década de 1980 impactó severamente en la abierta y desregulada economía chilena sostenida gracias a préstamos externos, y puso en evidencia la sobreexpectativa basada en una moneda sobrevaluada y en una explosión del consumo sostenido por endeudamiento. Préstamos son préstamos y había que pagarlos; no obstante, a fines de 1981 la cartera vencida de los bancos representaba la cuarta parte de su capital. El sistema estaba en jaque, en 1982 más de 800 empresas se fueron a la quiebra, la industria y la construcción registraron tasas de crecimiento negativo superiores al 20%, el producto geográfico bruto (PGB) cayó en 14% en 1982, y la producción industrial en 18 por ciento.

Las organizaciones empresariales, industriales y de agricultura miraron hacia el Estado pidiendo audiencia y protección. Entre 1981 y 1983, el Estado intervino y/o liquidó 20 bancos o financieras, y cerca de 70% de los fondos de pensiones, que dependían de los bancos pasaron al Estado. Si la crisis afectó a la sociedad en su conjunto, para los más pobres la situación era desesperada, entre marzo de 1982 y marzo de 1983 el pan subió 47.2% y el pasaje de microbús 59.7%,³¹ los ingresos -de quienes tenían ingreso- alcanzaban sólo para las necesidades básicas de subsistencia. Desde la década de 1930 Chile no vivía una recesión tan aguda:

El desempleo efectivo estuvo sobre el 24% durante cuatro años consecutivos (1982-1985), alcanzando un nivel máximo de 31.3% en 1983. El salario real promedio se redujo casi 20% y estuvo deprimido por un largo periodo; el ingreso mínimo líquido se redujo en un 40 por ciento.³²

Lo peor de la crisis económica fue la cesantía que se acrecentó con las quiebras de empresas. Las organizaciones de trabajadores denunciaban una realidad: "no sólo de angustia sino de mayor intensidad del trabajo, aceptada con resignación ante el temor de perder el empleo".³³ De historias de abuso y humillación está colmado el recuerdo de las clases populares. Podríamos traer aquí el testimonio de Francisco Leiva, un obrero textil de la fábrica Paños Tomé. Esta fábrica se declaró en quiebra en marzo de 1982, dejando cesantes sin previo aviso ni indemnización a 750 personas:

Cuando quebró la empresa llevábamos tres meses impagos. Noventa días que la empresa no nos daba un peso, porque, según ellos, no tenían ventas y no nos podían pagar. Cuando nos mandaron para afuera (despidieron) la gente no tenía plata, estaba sin pagar la luz, sin pagar el agua, sin tener dónde pedir, porque en los almacenes ya nadie les quería fiar [...] Los trabajadores nunca habían perdido sus derechos como ahora [...] de la noche a la mañana, se pierde el trabajo y se pierden las regalías, se pierde todo. ¡Es un cambio muy grande! Los ejecutivos de las empresas se aprovecharon de este golpe de Estado para abusar con los trabajadores. Se han hecho mayores exigencias a los trabajadores de lo que el esfuerzo humano puede dar y no se han pagado los salarios que correspondían.³⁴

La situación registrada dentro de los llamados Programas transitorios de empleo, fórmula gubernamental para absorber los altos índices de cesantía durante las dos crisis económicas que experimentó el régimen, fueron el mejor ejemplo de la visón de trabajo según parámetros neoliberales. Bajo el Programa de Empleo Mínimo (PEM) creado en agosto de 1974 y el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POHJ) en octubre de 1982, decenas de miles de trabajadores, vivieron o sobrevivieron con remuneraciones muy inferiores al ingreso mínimo legal y carentes absolutamente de estabilidad.³⁵ El programa que absorbió a importantes filas de obreros desocupados y jóvenes en edad productiva se convirtió en una fórmula estatal de explotación e inestabilidad laboral.

Como el programa -que en el caso del PEM se extendió más de una década- tenía carácter de "transitoriedad", estos trabajadores no eran considerados trabajadores del Estado, no tenían derecho a indemnizaciones, asignaciones familiares, colación, ni menos a sindicalizarse. A ellos "nadie les aseguraba nada". Según los estatutos, el trabajo no debía exceder el tercio de jornada ya que el sueldo mensual sería un tercio del salario mínimo, sin embargo, desde el principio se les exigió una jornada completa de trabajo y el monto del subsidio fue bajando en términos reales, hasta llegar a ser menos de un tercio del mínimo legal. En octubre de 1983, 14% de la fuerza de trabajo estaba adscrita a alguno de estos programas bajo humillantes condiciones laborales. Entre miles, este fue el caso de muchos ex obreros de Paños Tomé, habitantes sin más alternativa de un pequeño pueblo que junto a ellos cambió de fisonomía. Continúa Francisco Leiva:

Después de la quiebra de la empresa han quebrado varios establecimientos comerciales [...] Ya no es un pueblo alegre, es un pueblo de preocupación y de falencia económica en la mayoría de las familias. ¡Ha cambiado totalmente! La gente que ha llegado al PEM es gente que toda una vida estuvo trabajando en la industria y que ahora tiene que conformarse con andar haciendo canales, andar limpiando la playa o andar barriendo la calle. ¡Es un trabajo muy distinto! Y eso, psicológicamente, va terminando a la persona.³⁶

El propio Rolf Lüders, ministro de Economía y de Hacienda entre 1982 y 1983 reconoció años más tarde en una entrevista:

No estoy seguro, y lo afirmo con toda honestidad, si la población habría aprobado la transformación económica que se inició a finales de 1973, si se hubieran conocido exactamente los sacrificios que tuvo que hacer durante estos veinte años para alcanzar los logros actuales.³⁷

LAS JORNADAS NACIONALES DE PROTESTA

Si los costos de la instauración del modelo han quedado catapultados bajo esa exitosa imagen de país que coronó el fin de la dictadura y que se extendió en los gobiernos de la transición a la democracia, menos aún se recuerda la potencia, persistencia y presión del ciclo de rebelión popular que se inició masivamente desde mayo de 1983 y que se sostuvo —con altos y bajos— hasta 1987, contra la intensificación de dos tipos de relaciones: las de explotación económica y opresión política.³⁸

Con las llamadas Jornadas nacionales de protesta se hizo manifiesto el descontento.³⁹ En ellas se enfrentaron puntos de vistas alternativos, si no irreconciliables respecto al orden social y humano. Ante la iniciativa individual que maximiza sus propios beneficios, el espíritu empresarial y racionalidad instrumental, otra forma del ser y de querer ser se rebeló, un ethos colectivo con raíces históricas, construido y rearmado en larga travesía por frenar los embates del capital. Las Jornadas de protesta fueron la forma típica que adquirió la movilización social durante esta época, en su trama se cruzaron disputas laborales, huelgas estudiantiles, luchas por la vivienda, reuniones públicas masivas, pliegos petitorios, concentraciones dirigidas por agrupaciones sindicales o partidos políticos, marchas, ollas comunes, murales colectivos, actos musicales, etcétera que convergieron con repertorios de acción provenientes de otra tradición de protesta social chilena, más cercana a la revuelta o acción directa y que se visualizó en el copamiento de calles, levantamiento de barricadas, fogatas, saqueos y enfrentamientos de carácter más frontal contra los símbolos de la dictadura o del poder.

La crisis económica hizo gatillar un descontento que ya se venía organizando, permitió que saliera a flote ese discurso oculto⁴⁰ que esperaba su momento público para articularse y sumar los descontentos. En contradicción a los supuestos de economistas y militares, Chile durante la década de 1980 fue un país sumamente politizado y con ello nos referimos a una praxis cotidiana de organización y rebeldía ante el contexto en que hombres y mujeres se encontraban. Momento de la "política agitativa"; expresión de las necesidades y aspiraciones colectivas; coordinación de prácticas populares diversificadas, las protestas se sustentaron en una poderosa y subterránea organización popular. Como apunta el historiador Mario Garcés:

A pesar de la represión, fue en las poblaciones, bajo el alero de la iglesia y en medio de animadas comunidades cristianas de base, que se comenzó a elaborar el dolor, los miedos y la impotencia para fortalecer la solidaridad hasta hacer surgir, a fines de la década de 1970, cientos de nuevas organizaciones de base -grupos culturales, comités de derechos humanos, bolsas de cesantes, talleres de mujeres, grupos juveniles- que junto a los militantes de izquierda que sobrevivieron en la clandestinidad y los trabajadores sociales y educadores populares, prepararon y dieron vida a las "protestas nacionales" que en la coyuntura 1983-1986 prepararon el fin de la dictadura.⁴¹

En efecto, todos esos hilos del tejido social convergieron en lo que algunos llamaron el despertar de las mayorías silenciosas. El 11 de mayo de 1983, día de la Primera Jornada Nacional de Protesta, marcó un importante punto de bifurcación en la lucha contra la dictadura que reconfiguró el espacio de fuerzas sociales. Fue una sorpresa. Según reiteran las crónicas de la época, nadie esperaba tal magnitud de la protesta. Ese 11 de mayo, obedeciendo a una iniciativa de la Confederación de los Trabajadores del Cobre (CTC), representante de un sector clave de la economía del país, con peso histórico como organización de base, en Chile se protestó coordinada y masivamente.

Nuestro problema no es de una ley más o una ley menos —fue la consigna de esa primera convocatoria— sino que es mucho más profundo y medular: se trata de un sistema económico, social, cultural y político que nos tiene envueltos y oprimidos, que se contradice con nuestra idiosincrasia de chilenos y de trabajadores, que nos ha tratado de asfixiar con armas como el temor y la represión para cada vez envolvernos más, porque no lo sentimos, porque no se acomoda con nuestra manera de vivir, porque nos fue impuesto a la fuerza y con engaño.⁴²

Gracias a un instructivo sencillo y viable, los dirigentes del cobre dieron con una fórmula de manifestación que logró acaparar el apoyo y las voluntades de amplios sectores. Ese día, en algunos lugares de trabajo hubo paros parciales, asambleas, los comedores se vieron desocupados, y el trabajo fue más lento. Según los organizadores, el ausentismo escolar superó el 70% como promedio, bajaron las ventas del comercio y disminuyó la locomoción colectiva. También hubo asambleas, actos culturales y manifestaciones en campus universitarios, donde comenzaron los arrestos. Dos veces en la jornada hubo incidentes verbales y pugilatos en el Palacio de Tribunales, encabezados por abogados y estudiantes de leyes. Pero fue al caer la noche cuando transcurrió lo más intenso de la jornada. Junto al ensordecedor ruido de cacerolas ardieron decenas de barricadas y fogatas comunitarias. Un cinturón de fuego se dibujó en la periferia santiaguina.

Las repercusiones no tardaron. Dos jóvenes pobladores fueron asesinados, hubo decenas de heridos y alrededor de 500 detenidos. Dos días más tarde, en un operativo que recordó los primeros tiempos del golpe militar, pobladores de más de seis mil hogares de la zona sur de Santiago fueron sacados de sus casas con las manos en alto para ser conducidos a canchas de futbol o parques cercanos a su población, y permanecer hasta 14 horas de pie, en espera a que se verificaran sus antecedentes. Además, un número notable de dirigentes sindicales fueron objeto de las ya clásicas medidas represivas: arresto, relegación y amedrentamiento.

Sin embargo, ante el entusiasmo suscitado por la jornada y desde su liderazgo, la presidencia de la CTC anunció nuevas jornadas de protesta: "seguirán efectuándose mensualmente hasta ser escuchados por las autoridades de gobierno".⁴³ En la segunda protesta, realizada el 14 de junio, adhirieron más sectores y aunque los organizadores volvieron a insistir en su carácter pacífico, también hubo mayores grados de enfrentamiento. Si la primera Jornada fue la expresión pública y general del descontento, la segunda reafirmó la consolidación de su significación política. Bajo las mismas premisas que la jornada anterior, el objetivo principal abogó por "el restablecimiento de la democracia en nuestro país y el libre ejercicio de los derechos sindicales y ciudadanos".

La jornada comenzó con la manifestación de los universitarios que exigían la democratización de sus establecimientos; la derogación de la Ley General de Universidades, que desde 1981 formalizaba los criterios del mercado y la libre competencia en los planteles; el fin de los rectores delegados y la elección de sus organizaciones representativas. Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile desplegaron carteles, quemaron un ejemplar de la Constitución Política de 1980 y un muñeco que representaba al general Augusto Pinochet. Luego iniciaron un desfile hacia otras sedes. La marcha se desplazó por la Alameda para empalmar con los estudiantes de periodismo, arquitectura y economía que protestaban frente al campus Andrés Bello: "¡Por el regreso a la democracia y una universidad libre!" era la consigna, pero el encuentro fue impedido a la altura de Plaza Baquedano por carabineros que los dispersó con carros lanza-agua. A la misma hora, en el campus Oriente de la Universidad Católica, estudiantes opositores y oficialistas se enfrentaban a golpes luego de una representación teatral que criticaba la situación por la que atravesaba el país. Pero fue bajo las puertas de la biblioteca "Eugenio Pereira Salas", ubicada en avenida Grecia con Macul, donde se congregaron más de mil estudiantes y se desarrollaron los más fuertes enfrentamientos.

Marchas y barricadas se extendieron en las avenidas de las zonas periféricas de Santiago; locales comerciales fueron saqueados, una sede de bomberos fue atacada por una turba; ardieron en llamas unos cuantos microbúses y la noche fue más oscura: "Chilectra dio cuenta de 200 atentados contra la red eléctrica de la capital con lanzamiento de cadenas metálicas a las líneas de alta y baja tensión, lo que provocó apagones en diversos sectores".⁴⁴ El saldo de la represión fue de cuatro muertos, 70 heridos —veinte de ellos a bala— y 1 351 detenidos (634 en Santiago de Chile).⁴⁵

En tanto, la cuarta jornada se gravó en la memoria de muchos por lo feroz de la represión que figuró como telón de fondo. Entre los días 8 y 10 de agosto, 18 mil soldados se concentraron en Santiago. Consciente del temor que activaba la presencia militar, el general Pinochet advirtió a los sectores movilizados: "¡Y que se anden con cuidado porque yo no voy a ceder un paso! Tengan la seguridad de que Santiago está cubierto con 18 mil hombres y con órdenes estrictas de actuar duramente".⁴⁸ A pesar de las amenazas, las primeras manifestaciones ocurrieron nuevamente en las universidades con fuertes enfrentamientos entre estudiantes y carabineros; y continuaron con diversos actos de la Agrupación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Presos Políticos, entre otros, en el centro de la ciudad.

Pasado el mediodía, el gobierno informó sobre la aplicación del toque de queda. Desde las 4 de la tarde, Santiago estaba paralizado, el comercio cerrado, la locomoción escaseaba. A pesar del ausentismo escolar de 84%, en horas de la tarde el ministro de Educación anunció la suspensión de clases para los alumnos de educación básica y media. Las autoridades universitarias tomaron la misma iniciativa. Dentro de las poblaciones que ya se reconocían como combativas, la prohibición de salir de sus casas poco importaba. Según la prensa:

[...] diversos grupos burlaron el toque de queda, incendiaron neumáticos en las calles, levantaron barricadas, generaron corto-circuitos de alumbrado público y provocaron a las fuerzas de orden y del Ejército que patrullaban las arterias para evitar desmanes.⁴⁹

Más tarde se supo que hubo 29 muertos, más de mil detenidos, una centena de heridos, aunque, según advertía la Iglesia católica a través de la Vicaría de la Solidaridad, las cifras podían ampliarse, ya que muchas personas no se presentaban a los centros de asistencia por temor a ser inculpados y detenidos. Posteriormente, Augusto Pinochet justificaba la tragedia: "Si el gobierno no hubiera adoptado medidas preventivas ante la violencia que se avecinaba, Santiago habría ardido por los cuatro costados".⁵⁰ Según los informes de la Vicaría, durante 1983 el porcentaje más alto de reprimidos la ocupaban los obreros con o sin trabajo, gran parte de ellos pertenecían al PEM o al POJH, seguidos por estudiantes de enseñanza media y universitaria.

En ambos sectores por lo demás, la represión, por violenta que sea, no produce necesariamente el efecto amedrentamiento generalizado que antes podía esperarse. Por el contrario, en no pocas ocasiones desata el efecto inverso [...] El miedo o el temor, que en los años previos acompañaba inseparablemente a casi todos los fenómenos represivos, ha ido cediendo paso a una actitud distinta.⁵¹

La actitud distinta que advertían las organizaciones de derechos humanos, se empalmaba con procesos de democratización desde abajo que afloraban en aquellos años y que eran el andamio que sostenía las jornadas. Además de la multiplicación de las organizaciones de economía solidaria, como "ollas comunes", "comprando juntos" o bolsas de cesantes, que desde lo local avanzaron con coordinaciones a nivel zonal y de ciudad, continuaron fortaleciéndose las organizaciones estudiantiles.⁵² De hecho, aprovechando las movilizaciones de protesta y la lucha contra la intervención militar, los universitarios reconquistaron y democratizaron primero, sus centros de alumnos y posteriormente, todas las federaciones estudiantiles; incluso aquella que era el bastión de la clase política oficialista: la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC. Por su parte, los trabajadores, conjugando la exigencia "Democracia ahora", iniciaron el año 1984 con el propósito de impulsar y conducir un Paro Nacional contra el congelamiento de los reajustes y exiguos salarios -entre una larga lista de demandas- que prácticamente logró concretarse en el paro-protesta del 29 y 30 de octubre.

Tan largo e insistente fue el alcance de las piedras y de la movilización social que días más tarde, el 6 de noviembre de 1984, con 11 jornadas de protestas en sus espaldas, el capitán general Augusto Pinochet, presidente de la República, jefe de la Suprema Junta de Gobierno y comandante en jefe del Ejército, declaró a Chile bajo Estado de Sitio: "Chile no volverá a la situación existente hasta el 10 de septiembre de 1973",⁵³ había advertido pocos días antes. Fueron allanadas y destrozadas sedes sociales, sindicales y políticas que poco a poco se habían ido consolidando; los medios de comunicación opositores fueron suspendidos durante los seis meses que se extendió el decreto y para toda la prensa —incluida la oficialista— hubo expresas prohibiciones para informar actividades consideradas subversivas. Según la Vicaría, sólo en noviembre de 1984 prestó atención a 1 400 detenidos, aunque según advierte, fueron arrestadas más de 5 500 personas; fueron relegadas más de 200 y se concentraron más de 400 presos políticos en el campamento nortino de Pisagua. La prensa extranjera que podía burlar la censura, como la revista Time, intentaba explicar el decreto que acaparaba la atención internacional:

La medida, se tomó como respuesta a una ola de bombas, huelgas y protestas callejeras, que han pasado a ser una característica habitual de la vida chilena desde mayo de 1983 [...] el propósito declarado del gobierno fue enviar fuera de la capital a gente del hampa que había unido fuerzas con los activistas políticos en las poblaciones. Pero el objetivo real fue crear un clima de miedo entre los pobladores, quienes aportan la mayor cantidad de gente a las protestas contra el gobierno; cerca del 70% de los pobladores de La Victoria están cesantes.⁵⁴

Aunque muchas organizaciones sobrevivieron a la violencia represiva del Estado de sitio, en los años siguientes las protestas "ya no eran las mismas", estuvieron jalonadas por la discusión de los conglomerados políticos, pero continuaron. Entre marzo de 1985 y octubre de 1987 hubo aproximadamente otras diez jornadas, además de concentraciones masivas, marchas, tomas de liceos y universidades, conciertos musicales de protesta e innumerables expresiones de rechazo al régimen. Entre ellas, destacó la masividad, organización y radicalidad del Paro Nacional del 2 y 3 de julio de 1986; los grados de represión con que respondió el régimen recorrieron el mundo en la imagen de dos jóvenes quemados vivos.⁵⁵ Al año siguiente, en los actos multitudinarios organizados en razón de la primera y última visita del papa Juan Pablo II en abril de 1987, los sectores populares aprovecharon la instancia para levantar sus pancartas de denuncia y protagonizaron manifestaciones que fueron seguidas por la asombrada mirada del Pontífice que no lograba apaciguar los ánimos.

Es sabido que, finalmente, se impuso la lógica pragmática de la negociación con el régimen dentro de su institucionalidad jurídica. La posibilidad de buscar una salida negociada, había sido intentada por la Alianza Democrática en tres ocasiones fallidas durante 1983, pero el gran escollo era la Constitución de 1980. Una y otra vez, Augusto Pinochet repitió que no reconocería interlocutor que desconociera su Carta Fundamental. En contraste con el resto de la oposición, que apostaba a la movilización social y crear las condiciones para una salida a la plebeya, desde 1984, previa propuesta del demócrata cristiano Patricio Aylwin, la Alianza Democrática comenzó a explorar la posibilidad de considerar a la Constitución como "un hecho" y avanzar en las conversaciones con el gobierno, lo que significaba a mediano plazo renunciar a una de los principales puntos que hasta entonces eran la plataforma común de la oposición: la demanda de una Asamblea Constituyente.⁵⁶ No era algo secundario, sino las formas que enmarcaron la transición chilena y que modeló a la sociedad post-Pinochet. Lo que primero fue "un hecho" más tarde fue un "hecho irremediable", algo similar sucedió con el modelo económico, por ello, el periodista Rafael Otano ha rotulado a este momento como "hora cero de la transición".⁵⁷

Encaminados en dicho terreno desde 1986, los integrantes de la Alianza Democrática a cargo del proceso de negociaciones y los llamados "teóricos de la transición", sus intelectuales, argumentaron que "las protestas habían cambiado completamente de naturaleza", por lo tanto habían dejado de tener sentido, de ahí que la transición fuese "un escenario apto para los partidos, no para los movimientos sociales". Entonces sería necesario "reconocer la transición como un momento político, que requiere de una (momentánea) desarticulación entre lo político y lo social".⁵⁸ La conclusión de los "teóricos de la transición" fue que las protestas fracasaron en la medida que no lograron el objetivo de derrocar a Pinochet y que, en contraste, había triunfado la opción política del diálogo que ellos encabezaban. Para graficar esta visión prestemos atención al testimonio de Genaro Arriagada, militante Demócrata Cristiano y fundador de la llamada "Concertación de Partidos por la Democracia".

Los sectores medios habían empezado a sustraerse del movimiento ya a comienzos de 1984, como lo indicaba la disminución de la acción contestataria en los barrios residenciales [...] las protestas se habían transformado, cada vez más, en un movimiento de "pobladores". Ellas eran, ahora, demostraciones que no tenían apoyo efectivo ni en el sindicalismo ni en sectores medios y quedaban reducidas a la acción militante de estudiantes, jóvenes pobladores y desempleados urbanos [...] Las protestas devinieron en desorden y en una forma de violencia ambiental, irreflexiva. Situación que se agravaba por la acción represiva del gobierno.⁵⁹

Sin embargo, a pesar de su crítica, Arriagada dedicó dos líneas a reconocer su aporte: "fruto de la presión popular demostrada por ellas, la oposición chilena ganó enormes espacios de libertad".⁶⁰

La transición pactada pidió silencio. Necesitó silencio. La riqueza social que ensamblaba lo diverso de la protesta quedó suspendida en el horizonte de posibilidades que también se estrechaba. El miedo al descontrol de las fuerzas sociales requería encauzarlas para poder gobernar; pero sin incorporar esos procesos de democratización —que corrían a contracorriente— y a los sujetos sociales que los encarnaban y que en él se constituyeron como tales, dotándolos de contenido, la nueva democracia quedó vacía. En el palacio presidencial no se volvieron a escuchar las críticas al sistema neoliberal, por el contrario, las bondades del modelo se trasladaron hacia el programa económico de la Concertación. Sin lugar para las fuerzas e impulsos de la transformación sólo hubo espacio para "perfeccionar" el sistema entre funcionarios y acuerdos entre directivas. En tanto, la desarticulación "momentánea" entre sectores populares movilizados y parte de la clase política que decía representarlos —lejos de terminar— se prolongó durante los cuatro gobiernos consecutivos (1990-2010).

Pero es innegable que tanto la Alianza Democrática, como la futura Concertación tuvieron apoyo ciudadano; en el proceso de construcción hegemónica fueron legitimados porque la transición chilena era mucho más que el pacto de sus élites, había sido peleada palmo a palmo en la lucha por sobrevivir y oponer resistencia que anteriormente hemos graficado. ⁶¹ Fue el movimiento social el que asumió los costos represivos y generó las condiciones de posibilidad para que la Concertación pudiera gobernar. El cambio de mando fue sentido como una batalla ganada. La gente se alegró con la anunciada llegada de la democracia. La población creyó, dudó y siguió apostando durante 20 años hasta que el desencanto fue manifiesto con el "voto de castigo" o de "hastío". Presenciamos el fin de una forma de relación política que, como primer paso, terminó por favorecer —aparentemente— al nuevo gobierno encabezado por Sebastián Piñera. Pero como segundo paso, permitió la entrada de una nueva generación de jóvenes y la convergencia en el espacio público de conflictos sociales que se fueron acumulando y quieren redefinir las formas de hacer política.

Si escuchamos las voces de la década de 1980 en Chile, comprenderemos que la transición no materializó "los mandatos del pueblo" en cuanto proyección emancipadora y alternativa societal para la superación de lo existente; porque, en definitiva, la demanda "democracia, ahora" entrañaba un contenido más profundo que el traspaso de un gobierno militar a uno civil. Más que la construcción de una democracia formal con actores consagrados, la demanda democratizadora apelaba a la conquista de dos principios fundamentales: libertad política y soberanía popular. ¿Cuáles serían los contenidos que definirían esos principios en la democracia posdictadura? Esa respuesta quedó pendiente y es la que hoy se dirime en los procesos de politización que se construyen en las calles, fábricas, oficinas, hospitales, campos, universidades y liceos chilenos; porque la definición de esos contenidos, en tanto demandas, visiones o alternativas de sociedad, son la tarea inacabable de la contienda política y las discontinuidades de su historia.

NOTAS

¹ Creada en mayo de 2009, la alianza política llamada "Coalición por el cambio" fue conformada por Renovación Nacional, la Unión Democrática Independiente, ambos de la Alianza por Chile, junto a otros referentes del ala conservadora y liberal como Chile Primero, Norte Grande e Independientes. En las elecciones presidenciales de 2005 Sebastián Piñera perdió en segunda vuelta con 46.5% de los votos, contra 53.5% que obtuvo Michelle Bachelet. Recordemos que la Concertación nunca ganó holgadamente en primera vuelta. Su triunfo siempre fue un poco "sufrido", debiendo mirar en segunda vuelta hacia la izquierda, en especial, al Partido Comunista para que se sumara a la campaña "contra la derecha".

² El momento fue aún más significativo si consideramos que el último gobernante de derecha electo en las mesas de votación fue Jorge Alessandri, en 1958.

³ Además de las movilizaciones encabezadas por el pueblo mapuche en el sur de Chile, una de las movilizaciones más destacadas fue la llamada "Revolución pingüina", desarrollada por los estudiantes secundarios durante el gobierno de Michelle Bachelet entre abril y junio de 2006 y retomada en septiembre y octubre. Entre sus principales demandas se encontraba la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada el 7 de marzo de 1990, tres días antes del fin de la dictadura y publicada en el Diario Oficial el último día de su gobierno.         [ Links ]

⁴ Alejandro Foxley, Experimentos neoliberales en América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 45.         [ Links ]

⁵ En esos años Chile creció a 6.6% anual, el producto por habitante creció a 4.9% anual y en 78% para todo el periodo. Osvaldo Rosales, "La inserción internacional de Chile en la década de 1990", en Carlos Elizondo y Luis Maira, Chile-México dos transiciones frente a frente, México, Ceide/Grijalbo/ProChile, 2000, p. 256.         [ Links ]

⁶ Encuesta Casen, Mideplan, 1987, en Alejandro Foxley, "La transición económica en Chile: el gobierno de Aylwin", Carlos Elizondo y Luis Maira, Chile-México dos transiciones frente a frente, op. cit., p. 232. Sobre pobreza y desigualdad durante la dictadura y primeros gobiernos de la Concertación, véase Jaime Osorio, "Pobreza: en la frontera entre la economía y la política en Solidaridad o Competencia", Política y Cultura, núm. 3, invierno, México, UAM-Xochimilco, 1993, pp. 43-62.         [ Links ]

⁷ Para la elaboración de este apartado nos apoyamos en el amplio material bibliográfico sobre el neoliberalismo en Chile. En especial retomaremos los datos y propuestas interpretativas de Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena. 1890-1990, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1996;         [ Links ] Eduardo Silva, "La política económica del régimen chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neoliberalismo 'pragmático'", en Paul Drake/Iván Jaksic, El difícil camino de la democracia en Chile, 1982-1990, Santiago de Chile, Flacso, 1993.         [ Links ] También incorporamos los trabajos de Alejandro Foxley, Experimentos neoliberales en América Latina, op. cit.; Tomás Moulian y Pilar Vergara, "Estado, ideología y políticas económicas en Chile. 1973-1978", Colección de Estudios Cieplan, núm. 3, Santiago de Chile, 1980;         [ Links ] Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena, Santiago de Chile, Cieplan/Dolmen ediciones, 1997.         [ Links ]

⁸ Coalición de partidos de izquierda conformada en 1969. Aglutinó al Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical, Movimiento de Acción Popular Unitario y el Partido de Izquierda Radical. Más tarde se incorporaron la Izquierda Cristiana y el MAPU obrero-campesino.

⁹ Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 1997, p. 72.         [ Links ]

¹⁰ Declaración de Principios del gobierno militar, 11 de marzo 1974 [http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/html/dic_militar_doc_junta.html], fecha de consulta: 2 de marzo de 2011.         [ Links ]

¹¹ Sobre los aparatos represivos y crímenes de Estado en Chile, véase "Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación" (Informe Rettig) [http://www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html]         [ Links ]; Informe Comisión Nacional sobre política y tortura (Informe Valech) [http://www.comisionvalech.gov.cl/InformeValech.html]         [ Links ].

¹² Tomás Moulián y Pilar Vergara, "Estado, ideología y políticas económicas en Chile", op. cit., p. 78. Un examen historiográfico sobre algunos de los principales eventos ocurridos durante los tres años del gobierno de Salvador Allende en Julio Pinto (coord.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la unidad popular, Santiago de Chile, Lom, 2005.         [ Links ]

¹³ No obstante, para 1978, 40% de esas tierras ya habían sido vendidas o arrendadas por la dificultad que representaba para las familias campesinas mantenerlas, debido al alto costo de los créditos y al escaso o nulo apoyo estatal en asistencia técnica. Cerca de un tercio de esos campesinos se vieron obligados a vender y trabajar para los nuevos dueños. Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena. 1890-1990, op. cit., p. 187.

¹⁴ Simon Collier y William F. Sater, Historia de Chile. 1808-1994, España, Cambridge University Press, 1998, p. 315.         [ Links ] Además véase Joseph Ramos, Política económica en países del Cono Sur de América Latina, 1974-1983, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.         [ Links ]

¹⁵ Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena, op. cit., pp. 137-138.

¹⁶ Simon Collier y William F. Sater, Historia de Chile. 1808-1994, op. cit., p. 313.

¹⁷ Guillermo O'Donell, Estado y corporativismo, Buenos Aires, Instituto Di Tella, 1974, mimeo;         [ Links ] y El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Belgrano, 1982.         [ Links ] Una discusión sobre la utilización del concepto de "profundización" en el contexto chileno en Tomas Moulián y Pilar Vergara, "Estado, ideología y políticas económicas en Chile, 1973-1978", op. cit., pp. 82-83.

¹⁸ El ministro de Hacienda, Sergio de Castro, fijó la tasa de cambio nominal a 39 pesos el dólar.

¹⁹ Eduardo Silva, "La política económica del régimen chileno durante la transición: del neoliberalismo radical al neoliberalismo 'pragmático'", op. cit., p. 200.

²¹ Idem.

²² Simón Collier y William F. Sater, Historia de Chile. 1808-1994, op. cit., p. 315.

²³ Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena. 1890-1990, op. cit., p. 190.

²⁴ Manuel Barrera y Teresa Selamé, "Caracterización del Plan Laboral y sus consecuencias para el sindicalismo en Chile", documento de trabajo num. 8, Santiago de Chile, Arzobispado de Santiago/Vicaría de Pastoral Obrera, 1982, pp. 10-11.         [ Links ]

²⁵ Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena, op. cit., p. 252.

²⁶ Esta normativa, en lo sustancial, siguió aplicándose en el Chile posdictatorial.

²⁷ Miguel Kast, El Mercurio, 15 de agosto de 1981, citado por Manuel Barrera y Teresa Selamé, "Caracterización del Plan Laboral...", op. cit., p. 15.

²⁸ Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena..., op. cit., p. 255.

²⁹ "General Pinochet: la ruta patriótica que señalamos", revista Solidaridad, septiembre, Santiago de Chile, de 1980, p. 4.         [ Links ]

³⁰ Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena..., op. cit., pp. 195-197.

³¹ Revista Análisis, núm. 60, julio-agosto, Santiago de Chile, 1983, p. 9.

³² Patricio Meller, Un siglo de economía política chilena..., op. cit., p. 255.

³³ Coordinadora Nacional Sindical (CNS), Santiago de Chile, Informe de discusión interna, archivo personal dirigente sindical Don Luis Fuentealba, 1985, p. 13.         [ Links ]

³⁴ Entrevista a Francisco Leiva Osores, realizada por la periodista Patricia Politzer, agosto de 1983, en Patricia Politzer, Miedo en Chile, Santiago de Chile, Cesoc-Ediciones Chile y América, 1985, pp. 99-100.         [ Links ]

³⁵ En 1982 se registraron 225 290 trabajadores adscritos al PEM, la cifra llegó a 341 578 en 1983. En el POJH, creado en 1982, a fines de 1982 había 102 772, un año más tarde la cifra alcanzaba a 221 573 trabajadores. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Cifras presentadas por la CNS ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en abril de 1984. Archivo personal dirigente sindical Don Luis Fuentealba.

³⁷ Entrevista con Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena, op. cit., p. 169.

³⁸ Para el desarrollo de este apartado nos basamos principalmente en los documentos de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicada en Santiago de Chile y en una exhaustiva revisión de fuentes hemerográficas de la época.

³⁹ Las cifras de detenciones señalan que si en 1982 se registraron 1 789 detenciones, en 1983, año en que estallaron las Jornadas Nacionales de Protesta, se incrementaron a 15 077, para aumentar a más del doble en 1984, con el registro de 39 440. Y si en 1985 disminuyen a 8 946, volvieron a aumentar en 1986, el llamado "año decisivo", con 33 665 apresamientos.

⁴⁰ James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.         [ Links ]

⁴¹ Mario Garcés, "Construyendo las poblaciones: el movimiento de pobladores durante la Unidad Popular", en Julio Pinto (coord.), Cuando hicimos historia. La experiencia de la unidad popular, op. cit., p. 79.

⁴² Confederación de Trabajadores del Cobre, "Comunicado público", Santiago de Chile, abril o mayo de 1983.         [ Links ] Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad., entre las indicaciones: 1. No enviar a nuestros hijos al colegio; 2. No comprar absolutamente nada; 3. A las 8 de la noche golpear las cacerolas en las casas; 4. Los vehículos circulando en las ciudades deben hacerlo en forma lenta, a no más de 30 kilómetros por hora; 5. No haciendo trámites en las oficinas públicas o privadas; 6. Apagar las luces y todos los artefactos eléctricos en las casas y edificios a las 9:30 de la noche en punto, durante 5 minutos. En los días consecutivos, fueron emitidos otros instructivos para el "Día de la Gran Protesta Nacional", que agregaron otras propuestas dirigidas hacia cada sector, por ejemplo, a los trabajadores: —Paralizando faenas por algunas horas—, trabajo lento; —No asistiendo al comedor a las horas de almuerzo-, realizando asambleas que discutan el llamado de la CTC y la realidad de su propio sindicato y empresa, —Declarando públicamente su adhesión a la protesta.

⁴³ El Mercurio, Santiago de Chile, 14 de mayo de 1983.         [ Links ]

⁴⁴ El Mercurio, Santiago de Chile, 14 de junio de 1983.         [ Links ]

⁴⁵ Los datos entregados por la Vicaría de la Solidaridad, señalan que los arrestados eran en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, la mayoría universitarios —que habían sido apresados durante el día en el centro de Santiago y en las áreas cercanas a sus facultades—; seguidos por obreros, trabajadores del PEM y del POHJ y cesantes. Informe Mensual, junio de 1983, pp. 16-21.

⁴⁶ La AD reunía a la Derecha Republicana; la Socialdemocracia; los Radicales; la Democracia Cristiana y un sector de los Socialistas.

⁴⁷ El MDP fue conformado por el Partido Comunista; el Partido Socialista-Almeyda; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Sobre la política de rebelión popular y el debate comunista véase Viviana Bravo, ¡Con la razón y la fuerza venceremos!. La Rebelión Popular y la subjetividad comunista en los '80, Santiago, Ariadna, 2010.         [ Links ]

⁴⁸ Las Últimas Noticias, Santiago de Chile, 11 de agosto de 1983.         [ Links ]

⁴⁹ El Mercurio, Santiago de Chile, 12 agosto de 1983.         [ Links ]

⁵⁰ El Mercurio, Santiago de Chile, 20 de agosto de 1983.         [ Links ]

⁵¹ "Represión en 1983: realidad ineludible", Santiago de Chile, mimeo (s/f), Archivo Documental Vicaría de la Solidaridad.         [ Links ]

⁵² Según la tipología elaborada por el Programa de Economía del Trabajo (PET), entre 1982 y 1983 se multiplicaron las "organizaciones económicas populares", se constató el surgimiento de talleres laborales; organizaciones de cesantes; organizaciones para el consumo básico; organizaciones para problemas habitacionales y organizaciones sociales de servicio, en definitiva, diversas prácticas para organizar la economía solidaria dentro de una estrategia de subsistencia. Sólo en Santiago, según el catastro ofrecido, de 494 organizaciones localizadas en 1982, se contabilizaron 702 en 1983. A ellas habría que incluir otras organizaciones provenientes de los Comités de Base de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo. Luis Razeto, Arno Klenner, Apolonia Ramirez y Roberto Urmeneta, Las organizaciones económicas populares. 1973-1990, Santiago de Chile, Ediciones PET, 1983.         [ Links ]

⁵³ El Mercurio, 30 de octubre, Santiago de Chile, 1984.         [ Links ]

⁵⁴ "Estado de sitio", revista Time, 26 de noviembre 1984 (cursivas nuestras) [http://www.time.com/magazine/0.9171.926990.00], fecha de consulta: 2 de mayo de 2011.         [ Links ]

⁵⁵ Los jóvenes quemados fueron Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri.

⁵⁶ Dos acciones fallidas protagonizados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez terminaron por inclinar la balanza hacia la salida negociada: el atentado a Augusto Pinochet y la internación de armas por el puerto nortino de Carrizal Bajo.

⁵⁷ Rafael Otano, Nueva crónica de la transición, Santiago de Chile, Lom Ediciones, 2006, pp. 13-28.         [ Links ]

⁵⁸ Eugenio Tironi, "Marginalidad, movimientos sociales y democracia", revista Proposiciones, núm. 14, Santiago de Chile, Sur Ediciones, 1987, p. 17.         [ Links ] Un análisis crítico de los argumentos y función de los "teóricos de la transición", en Gabriel Salazar, La violencia política popular en las "grandes alamedas". La violencia en Chile 1947-1987' (una perspectiva histórico popular), Santiago de Chile, Lom, 2006, pp. 5-24.         [ Links ]

⁵⁹ Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet, Santiago de Chile, Sudamericana, 1998, p. 186.         [ Links ]

⁶¹ El primer triunfo que se adjudicó la entonces llamada "Concertación de partidos por el No" fue en el plebiscito de octubre de 1988; obtuvo 55.99% de los votos contra 44.1% de la opción sí, e inició su gobierno, el 11 de marzo de 1990 con el triunfo de Patricio Aylwin obtenido en diciembre de 1989.

⁶² Sobre la percepción de los trabajadores una encuesta publicada los primero días de mayo de 2011, revelaba que 77% de los trabajadores considera que en Chile no se respetan los derechos laborales, en tanto a la pregunta sobre los motivos de la baja tasa de sindicalización, 77.3% dio como respuesta el temor al despido. Encuesta sobre Derechos Laborales, Cooperativa, Imaginación y Universidad Técnica Federico Santa María, mayo 2011, publicada por Radio Cooperativa [http://blogs.cooperativa.cl/encuestaflash/], fecha de consulta: 2 de mayo de 2011.

⁶³ Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), "Barómetro de la política", encuesta, Santiago de Chile, agosto-septiembre de 2011 [http://www.cerc.cl/], fecha de consulta: 8 de agosto de 2011.         [ Links ]

⁶⁴ La educación superior tiene un alto costo en Chile; según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este país tiene los más altos aranceles de América Latina y en relación con el producto interno bruto per cápita, triplican los de Italia, cuadriplican los de España y quintuplican a los de Bélgica.