¿Síntomas o conflictos? Políticas e investigaciones urbanas*

Symptoms or conflicts? Politics and Urban Researches.

Néstor García Canclini**

** Director del Programa de Estudios sobre Cultura Urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco núm. 186, col. Vicentina, 09340, México, D.F. <drngc197@hotmail.com>.

Resumen

El artículo trata las relaciones entre cultura y ciudad en los últimos 15 años, así como la reestructuración de los campos culturales –el nuevo papel de las empresas privadas y el debilitamiento del Estado en las políticas culturales–, las redes audiovisuales como actores claves de la información y el entretenimiento y la desintegración urbana y los conflictos socioculturales.

Palabras clave: campos culturales, desintegración urbana, participación social, política cultural.

Abstract

The article treats the relations between culture and city in the last 15 years, as well as the restructuring of the cultural fields –the new role of the private companies and the weakening of the State in the cultural policies–, the audiovisual networks as key actors of the information and the entertainment and the urban disintegration and the sociocultural conflicts.

Key words: Cultural fields, urban disintegration, social participation, cultural policy.

¿Qué nos proporciona la ciudad? La experiencia de lo moderno. ¿Qué le proporciona la megaciudad al investigador? Una experiencia peculiar de la complejidad, del desorden y la fascinación de lo social. Queremos también nombrar aquí algo de lo que nos ha proporcionado a los investigadores la Ciudad de México: la esperanza, las dificultades y el conocimiento de los límites que vinculan a las ciencias sociales con la política. Estas páginas no aspiran más que a proponer unas precarias reflexiones sobre cómo acontecieron estas experiencias en los 15 años del Programa de Estudios sobre Cultura Urbana.

No planeamos un simposio ni un balance, aunque algo de esto habrá. Se trata de un laboratorio, un lugar donde se experimenta, donde en el pensamiento entra la incertidumbre del futuro. Está cambiando en estos últimos 15 años lo que significa vivir juntos, y no sólo debido a la expansión demográfica y espacial de muchas ciudades. Hay que hablar de transformaciones socioculturales más vastas que llevan a repensar los entrelazamientos entre cultura y ciudad.

La reorganización de los campos culturales

Si situamos las transformaciones culturales en el conjunto de cambios socioeconómicos del país, debemos remontarnos por lo menos a 1982, cuando se inició la apertura globalizada de la economía con criterios neoliberales. Para enfrentar la crisis económico–financiera a finales del sexenio del presidente José López Portillo, el gobierno abandonó el proteccionismo sobre la producción nacional. Se abrió el país a las inversiones externas, en su mayoría de origen norteamericano, que se concentraron en la industria y en el sector de servicios. El Estado privatizó empresas automotrices, hoteleras, comerciales, mineras y las dos líneas aéreas oficiales. Asimismo, grandes productoras de bienes básicos y secundarios, como Inmecafé y Fertimex.

También en los campos educativos, culturales y científicos se adelgazó el aparato estatal y aumentó la intervención de empresas privadas nacionales y trasnacionales. Sin embargo, la participación gubernamental en estas áreas siguió siendo fuerte en comparación con otros países latinoamericanos. Hasta el día de hoy, la redefinición del papel estatal y privado continúa siendo polémica. ¿Debiera haber una Secretaría de Cultura, o, a la inversa, sería mejor reducir el aparato institucional en esta área? ¿Descentralizarlo o mantenerlo concentrado en el gobierno federal? ¿Regular desde el Estado la actividad privada o dejarla librada a las interacciones del mercado?

Estas cuestiones han tenido diversas respuestas en el gobierno nacional y en los gobiernos de las ciudades. En la escala nacional no sólo no se creó una Secretaría de la Cultura, pese a iniciativas en ese sentido, sino que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no ha logrado establecer un marco legal de competencias en relación con los viejos organismos (el Instituto Nacional de Antropología e Historia –INAH–, el Instituto Nacional de Bellas Artes —INBA—, el Instituto Mexicano de Cinematografía –Imcine–), ni ha conseguido construir vínculos más horizontales con las demás secretarías de Estado: esto último hace que aún muchas decisiones económicas sobre la cultura se tomen en la Secretaría de Hacienda o como parte de las políticas presupuestarias generales del país, sin que el Conaculta pueda hacer valer los aspectos específicamente culturales en la distribución de fondos, en la política fiscal referente a la producción y comercialización de bienes culturales o en el financiamiento del cine. En tanto, en el gobierno de la Ciudad de México se creó en enero de 2002 una Secretaría de Cultura, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal estableció que debe destinarse dos por ciento del presupuesto de la ciudad a la gestión cultural, pero esta disposición no se cumple, ni la existencia nominal de una Secretaría de Cultura ha significado un aumento de las actividades y de los programas respecto de lo que hacía el anterior Instituto de Cultura de la ciudad.

Me detendré en el tipo de reestructuración de los campos culturales que en esta etapa neoliberal ha venido produciéndose en México. Si bien se trata de un proceso internacional, nuestro país presenta un perfil singular debido al papel que ha tenido el Estado como administrador y gestor del patrimonio histórico y artístico, como mecenas, proveedor de subsidios y becas para la creación, propietario de la mayor parte de los museos y de un alto porcentaje de las salas de cine y de teatro. Esta acción múltiple estuvo ligada al nacionalismo que nutría la política cultural y al predominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido oficial durante siete décadas.

El Estado ha dejado a las empresas privadas casi todo el campo comunicacional masivo, y mantiene, por medio del Conaculta, un apoyo rutinario a programas de museos históricos y de arte, sitios arqueológicos, el Canal 22, el Sistema Nacional de Creadores y otros emprendimientos. En algunas zonas de la cultura y el arte su acción está retrayéndose. Hace muchos años que no se crean nuevos museos; no se compran obras artísticas; y se achica el financiamiento al cine y a los programas de innovación cultural. Mientras que algunas empresas, que no tenían hábitos de mecenazgo, generan espectáculos (Televisa, Telmex), forman colecciones de arte contemporáneo (Jumex), abren nuevos museos o contribuyen a su financiamiento (como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey –Marco– o el Centro Cultural Muros en Cuernavaca), y se hacen cargo de proyectos internacionales dentro de México: en Guadalajara, el Museo Guggenheim y los conjuntos arquitectónicos–centros culturales programados por Jorge Vergara y la Universidad de esa ciudad; en Monterrey, la adopción del Fórum Cultural Mundial de Barcelona para 2007, y el auspicio de exposiciones aun para los museos estatales, cuya programación está deprimida por la reducción de fondos gubernamentales.

Por su parte, algunos organismos públicos comienzan a interesarse por la economía de la cultura y el papel de las industrias culturales en el desarrollo. Tanto el Conaculta como la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados han organizado seminarios sobre estos temas, con expertos de Canadá, Francia y países latinoamericanos, y han manifestado gran interés por la investigación ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias culturales protegidas por el derecho de autor en México, de Ernesto Piedras, primer estudio económico sobre este campo que se realiza en el país. Esta nueva atención a los vínculos entre economía y cultura lleva también a organismos federales, y en algunos estados, a explorar fuentes alternativas de financiamiento y a exigir rendimientos económicos más altos a las instituciones y los espectáculos culturales. Por otro lado, al tratar el presupuesto para 2005, los diputados tomaron la iniciativa de incrementar varios rubros del financiamiento estatal para la cultura, por encima de las propuestas anteriores del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la mayor consideración de los aspectos económicos de la cultura no conduce todavía, salvo en ámbitos académicos, a un análisis estratégico del desempeño de la producción cultural mexicana en los mercados internacionales o en las negociaciones del TLC o de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como sucede en Canadá y en algunas naciones europeas. Éste es uno de los puntos en los que se observa la escisión entre las agendas de investigación y las agendas políticas sobre cultura y comunicación.

Desintegración urbana y participación social

En el desarrollo de algunas ciudades son particularmente perceptibles las transformaciones apuntadas. Como en todas las grandes urbes latinoamericanas, la acumulación de migrantes, campesinos o procedentes de ciudades pauperizadas, la incapacidad del proceso de industrialización para dar trabajo y servicios apropiados a las masas recién llegadas y el deterioro de las economías nacionales fueron agrandando la marginalidad y los desequilibrios urbanos. Estos males se acentuaron al desmantelarse las políticas públicas de protección social y por el arribo tardío de insuficientes programas de planificación (recordemos que el primer plan regulador de la Ciudad de México se hizo en 1979, cuando la zona metropolitana ya tenía 15 millones de habitantes). Desde los años noventa, la subordinación de los pocos proyectos de desarrollo a la mercadotecnia urbana ha generado islas de modernidad y globalización en medio del hacinamiento, la inseguridad y la contaminación.

Por eso, las investigaciones sobre las grandes ciudades mexicanas, entre ellas las que efectuamos en el Programa de Estudios sobre Cultura Urbana durante la década pasada, mostraron que el crecimiento acelerado y sin planificación originó transformaciones desintegradoras. Los estudios de campo en la capital mexicana nos llevaron a una visión de la ciudad distinta de las corrientes posmodernas, que desde los años setenta del siglo pasado exaltaron en el urbanismo y en algunas líneas antropológicas las diferencias, la multiplicidad y la descentralización como rasgos universalmente positivos de una urbanidad democrática.

El caso de México, como el de otras ciudades latinoamericanas, exige distinguir estos procesos en las metrópolis y en los países periféricos. No es lo mismo el crecimiento de la autogestión y la pluralidad luego de un periodo de planificación, durante el cual se reguló la expansión urbana y se satisficieron necesidades básicas –como en casi todas las ciudades europeas— que el crecimiento caótico de intentos de supervivencia basados en la escasez, la expansión errática, el uso depredador del suelo, el agua y el aire, habituales en Asia, África y América Latina.

Una segunda distinción tiene que ver con la escala. En países que entraron al siglo XX con bajas tasas de natalidad, con ciudades planificadas y gobiernos democráticos, las digresiones, la desviación y la pérdida de poder de los órdenes totalizadores pueden ser parte de una lógica descentralizadora. En cambio, en urbes como Caracas, Lima o la Ciudad de México, la atomización —generada por el estallido demográfico, la invasión popular o especulativa del suelo, con formas poco democráticas de representación y administración del espacio urbano— aparece más como desorden que como descentralización. En vez de propiciar una integración más abierta, segrega y excluye.

En ciudades europeas y estadounidenses, el debilitamiento de las estructuras planificadas puede ser un avance liberalizador; en los países periféricos, las políticas descentralizadoras logran, a menudo, reproducir conflictos ingobernables, que por eso a veces "fomentan" la perpetuación de administraciones autoritarias y centralizadas, reticentes a que los ciudadanos elijan y decidan. Algunos estudios sobre movimientos sociales suelen considerar esta desestructuración de las ciudades como estímulo para la organización de grupos populares, juveniles o ecologistas, es decir, para construir alternativas al (des)orden hegemónico. Pero también puede originar dispersión y enfrentamientos entre marginados o excluidos, o servir de ocasión para que la especulación inmobiliaria se apropie de espacios públicos y discrimine a los desposeídos.

Algunos autores mexicanos y de otros países encuentran en estas transformaciones oportunidades para reanimar la participación y la organización ciudadanas. Estoy pensando en los estudios de María Ana Portal y Amparo Sevilla sobre la revitalización de las fiestas barriales, de Rossana Reguillo en torno a las organizaciones vecinales para enfrentar catástrofes, o de Pacho, Maritza Urteaga y José Manuel Valenzuela acerca de los movimientos culturales alternativos de jóvenes arraigados a la vez en espacios locales y en redes simbólicas globalizadas. Cuando los Estados–nación pierden la capacidad de convocatoria y administración de lo público, las ciudades resurgen como escenarios estratégicos para nuevas formas de ciudadanía con referentes más "concretos" y manejables que los de las abstracciones nacionales. Los ámbitos urbanos ofrecen posibilidades de especificar la participación en los flujos trasnacionales de bienes, ideas, imágenes y personas. Lo que se escapa del ejercicio ciudadano en las decisiones supranacionales pareciera recuperarse, en cierta medida, en las arenas locales vinculadas a los lugares de residencia, trabajo y consumo. Quienes, más que ciudadanos de una nación, ahora se sienten "espectadores que votan", reencuentran en las formas locales de reconocimiento de las diferencias, "compactación y reterritorialización" de las demandas, que hacen posible las ciudades, modos de reubicar el imaginario nacional en movimientos de ciudadanía practicable (Holston y Appadurai, 1996: 192–195).

En México, estamos atrapados en la oscilación entre las modernizaciones fragmentarias, una extendida desintegración social y experiencias aisladas de participación democrática. Se pensó que la autonomía ganada en la última década por el gobierno de la capital y por las 16 delegaciones que la componen contribuiría a desarrollar la participación ciudadana. Estudios como los realizados por Sergio Zermeño en años recientes sobre los movimientos vecinales muestran un bajísimo crecimiento de la participación local en cuestiones políticas, ecológicas e incluso en la gestión del presupuesto municipal que se quiso compartir en cierto porcentaje con los vecinos. La participación y la definición de los problemas y conflictos culturales ha sido aún menor. Zermeño encuentra que las clases medias tienden a encerrarse en sus fraccionamientos o viviendas unifamiliares con preocupaciones sólo defensivas, en tanto los sectores populares buscan protección a su precariedad en liderazgos y formas organizativas verticales. La participación ciudadana queda entonces como propuesta de académicos y políticos bienintencionados, mientras la sociedad se pulveriza aferrada a pequeños intereses patrimoniales. Estos resultados coinciden con estudios efectuados en otros países, desde el clásico libro de Teresa Caldeira, City of walls, hasta los textos sobre Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile, Puebla, Toluca y Guadalajara reunidos en la obra Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas, que coordinó Luis Felipe Cabrales Barajas.

Una segunda conclusión de nuestros estudios que deseo destacar es la recaracterización de lo que es una megaciudad. Las investigaciones efectuadas en México, São Paulo y Los Ángeles, por ejemplo, usan este término para referirse a la etapa en que una gran concentración urbana integra otras ciudades próximas y conforma una red de asentamientos interconectados.

Sabemos que esta caracterización espacial ha sido aplicable a la capital mexicana (Messmacher, Ward). La zona metropolitana, que en 1940 tenía 1 644 921 habitantes y actualmente supera los 20 millones, debe esta expansión, como dijimos, a las migraciones multitudinarias de otras regiones del país y a la incorporación al área metropolitana de 29 municipios aledaños.

Pero en estos mismos 50 años, en que la mancha urbana se extendió hasta ocupar 1 500 kilómetros cuadrados, volviendo impracticable la interacción entre sus partes y evaporando la imagen física de conjunto, los medios de comunicación se expandieron masivamente. La radio, la televisión y la prensa establecen y distribuyen imágenes que reconectan las partes diseminadas. En varias investigaciones de nuestro Programa de Cultura Urbana (Aguilar, Winocur, García Canclini, Rosas Mantecón, Nivón) se observa que la misma política económica de modernización Industrial que desbordó la urbe promovió de manera paralela nuevas redes audiovisuales que reorganizan las prácticas de información y entretenimiento, y recomponen cierto sentido conjunto de la metrópoli. Mientras la expansión demográfica y territorial desalienta a muchos habitantes ubicados en la periferia para asistir a los cines, teatros y salones de baile concentrados en el centro, la radio y la televisión llevan la cultura a 95 por ciento de los hogares. Esta reorganización de las prácticas urbanas sugiere una conclusión teórica: la caracterización socioespacial de la megalópolis debe ser completada con una redefinición sociocomunicacional que dé cuenta del papel rearticulador de los medios en el desarrollo de la ciudad.

Esta redefinición implica que la megalópolis articula grandes contingentes poblacionales no sólo conurbándolos física y geográficamente, sino conectándolos con las experiencias macrourbanas a través de las redes de comunicación masiva. Por supuesto, la conexión mediática de ciudades medianas y pequeñas, el hecho de que la oferta televisiva e informática puede recibirse con amplitud también en conjuntos de 10 000 habitantes, evidencia que éste no es un atributo exclusivo de las megaciudades. Lo que distingue a una megaló–polis como la capital mexicana es la densidad de interconexiones globales que ofrece junto a empresas tras–nacionales y organismos de gestión o servicios que la eligen como sede, la mezcla multicultural de pobladores nacionales y extranjeros, así como el hecho de contar con servicios (hoteles, restaurantes, entretenimientos diversificados) que atraen a actores globalizados.

¿Políticas culturales?

El Estado no crea nuevas reglas para la enorme movilización de recursos que efectúan los conglomerados empresariales de alcance trasnacional, ni sobre sus consecuencias en la ocupación del espacio público y de los circuitos comunicacionales, así como en los consumos mayoritarios. Se insiste en antiguos discursos sobre la identidad nacional y la protección del patrimonio histórico sin tomar en cuenta cómo se redefinen los referentes de pertenencia e identificación en los nuevos escenarios de consumo. Tampoco se reconsidera la rutinaria gestión de los museos, ni se expanden los centros artísticos y culturales capaces de asumir el pasaje de las estéticas centradas en las obras (libros, cuadros) y en la apropiación de sus significados en lugares públicos (museos, salas de conciertos) a nuevas experiencias sensibles, imaginarias e intelectuales, a menudo de carácter efímero (instalaciones, performances, festivales y marchas de protesta), o que tienen por fin realizar intervenciones en circuitos comunicacionales (medios, televisión y redes alternativas de comunicación, de manera señalada en Internet). Aunque no desarrollaré aquí este asunto, me interesa recoger la caracterización hecha por Reinaldo Laddaga en el sentido de que estamos transitando "a una economía de servicios más que de bienes" donde se ofrecen "placeres de acceso más que los de posesión" (Laddaga, 2004). Esta nueva percepción aparece en las acciones imaginativas y efímeras de movimientos culturales independientes.

Es abundante la bibliografía que registra estos cambios en el ámbito internacional (Bonet; Martín Barbero; Miller; Yúdice; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura —OEI— la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— etcétera) y también en México (García Canclini, Monsiváis, Nivón, Rosas Mantecón, Sánchez Ruiz, entre otros). Tenemos más información que hace una década sobre las transformaciones de los escenarios y circuitos culturales, que revelan con nitidez el desdibujamiento del papel de los Estados, las dificultades de los movimientos socioculturales para asumir la remodelación de la comunicación artística y mediática, la redefinición de los procesos de difusión y mercado.

¿Qué sucede, entre tanto, con el creciente papel de la iniciativa privada? Quisiéramos adelantar unos párrafos de una investigación en proceso acerca de las orientaciones con las cuales los empresarios ocupan los espacios desatendidos por el Estado en la promoción de la cultura y la proyección internacional de México. Aun cuando se presentan como grandes proyectos comunicacionales y urbanos, las operaciones privadas suelen ser concebidas de forma aislada, con sentido casi exclusivamente lucrativo y sin participación ciudadana. Por estas razones, otro de los rasgos de estos emprendimientos es su desarrollo errático o efímero. Como un ejemplo de la "política" cultural de las empresas tenemos que el principal emprendimiento cultural de Televisa en la pantalla chica (el Canal 9) duró pocos años, y su acción más significativa en artes visuales, el Centro de Cultura Contemporánea en Polanco, en la Ciudad de México, fue desmantelado unos cuantos años después de instalado, y las obras reunidas, representativas de artistas y periodos clave del arte mexicano del siglo XX, quedaron embodegadas.

En cuanto a los proyectos de dinamización o renovación urbana, en la Ciudad de México las antiguas tendencias a permitir que el crecimiento de la ciudad quedara librado a la especulación inmobiliaria y la autoconstrucción se "actualizan" ahora, según los intereses de capitales trasnacionales, en la mercadotecnia urbana, o sea proyectos inmobiliarios de conjuntos formados por oficinas, hoteles y megacentros comerciales, o "corredores urbanos terciarios sobre los principales ejes viales" (Pradilla Cobos, 2004: 57), como son el Complejo Corporativo Santa Fe, iniciado en las postrimerías de los ochenta, y los Proyectos Alameda Central y Centro Histórico, propuestos en la misma época y comenzados a finales de los noventa. Dentro de nuestro Programa de Estudios, Patricia Ramírez Kuri y recientemente María Moreno vienen examinando la lógica de estos emprendimientos.

Los centros comerciales, diseminados en muchas zonas de la megalópolis, junto con las multisalas de cines, muestran una tendencia a desplegar la modernización del consumo en distintas partes de la ciudad. Si bien el costo de sus ofertas, su estructura encapsulada y las restricciones al ingreso para sectores populares, registradas por Ramírez Kuri en su estudio, establecen una relación selectiva del capital inmobiliario y comercial con sectores medios y altos, son "espacios privados de uso colectivo" que promueven signos globalizadores en áreas diversas. En cambio, los megaproyectos de Santa Fe y la Alameda instauran espacios segregados para minorías insertadas en las redes financieras, de producción y servicios globales, a diferencia del generalizado deterioro de la infraestructura urbana, la inseguridad y el desorden de los vastos asentamientos pobres. En contraste con la democratización política ocurrida en la Ciudad de México durante la última década, la gentrificación aislada de zonas destinadas exclusivamente a edificios corporativos, centros comerciales y hoteles lujosos intenta reordenar la ciudad de acuerdo con la concepción polarizada y autoritaria con que el neoliberalismo reformula lo social.

Las recientes iniciativas empresariales para proyectar internacionalmente a México están preocupadas, más que por diseñar una política coherente, por usar los recursos culturales como pretexto publicitario: poner logotipos de auspicio en exposiciones internacionales de arte mexicano o comprar logotipos "globales", franquicias con éxito mediático, como la del Museo Guggenheim. Dice mucho de las dificultades de elaborar una estrategia internacional que los tres mayores proyectos de los empresarios (en alianzas con gobiernos locales y con el nacional) sean el de Jorge Vergara para construir un gran centro cultural y comercial en Guadalajara con edificios firmados por arquitectos célebres (Koolhaas, Nouvel, Moneo), y, por otra parte, las iniciativas para traer a Monterrey el Foro de Barcelona para 2007, y a Guadalajara un museo Guggenheim. Sólo el estudio de factibilidad de este museo cuesta dos millones de dólares, y la enorme inversión que requerirá aspira a repetir el efecto turístico e inmobiliario generado por esa marca en Bilbao, donde la construcción costó más de 150 millones de dólares. En otras ciudades donde existe el Museo Guggenheim, como Venecia, no ha tenido semejante poder dinamizador. Además, hay que valorar que esa institución no aporta recursos económicos para el edificio, ni obras artísticas en forma permanente, y cobra luego por los servicios de diseño curatorial efectuado desde sus oficinas de Nueva York. En otras ciudades europeas y latinoamericanas (Buenos Aires, Río de Janeiro) se abandonó la iniciativa de colocar clones del Guggenheim porque los estudios de factibilidad no garantizaban el éxito económico. Artistas e intelectuales manifestaron que esa gigantesca erogación tendría mayor utilidad si se destinaba a construir edificios adecuados a la fisonomía urbana y social de cada lugar, o a la formación de colecciones de arte nacional e internacional, y a crear centros de producción y difusión cultural que incidan a largo plazo en el desarrollo cultural.

En México, el lugar prominente que hoy ocupan los proyectos Santa Fe y Alameda en el Distrito Federal, el Foro 2007 en Monterrey y el Museo Guggenheim en Guadalajara, en contraposición con la escasez de equipamientos proporcionales a la expansión de esas tres ciudades, reitera la tendencia a "enfrentar" necesidades estructurales con obras–espectáculo y golpes de efecto. La experiencia mexicana converge con las de otros países latinoamericanos donde, como escribe Adrián Gorelik, la "errática tradición de políticas públicas" acaba cediendo a ocasionales mega emprendimientos de élites globalizadas, a la publicidad arquitectónica y "la aceptación cínica de la fragmentación social y urbana" (Gorelik, 2004).

¿Cómo se presenta, entonces, el futuro cultural del país? ¿Queda oscilando entre un Estado que se repliega y algunos empresarios sólo interesados en usar la exhibición cultural y artística como recurso publicitario o de prestigio? En nuestro Laboratorio hemos querido considerar con cierto detenimiento las tácticas y estrategias con que se ubican en las nuevas escenas los actores de base, por llamarlos de alguna manera. Hemos invitado a antropólogos que vienen estudiando estas experiencias, a cronistas urbanos y a gestores culturales para que hablen de cómo se reubican otros actores sociales respecto de esta remodelación de los campos sociales y culturales (artistas, productores y gestores culturales, espectadores, usuarios de circuitos comunicacionales, asociaciones independientes).

¿Conflictos culturales?

Estas transformaciones suscitan nuevos conflictos socioculturales, que se agregan a las antiguas tensiones generadas por la difícil convivencia de tradiciones y proyectos modernos, y a los problemas irresueltos por el crecimiento atropellado de muchas ciudades mexicanas.

¿Cuáles son los conflictos culturales más significativos ahora en la Ciudad de México? Se podrían hacer varias interpretaciones de este cuestionamiento. Una es la que intenta el programa de nuestro Laboratorio y los documentos escritos para basar el trabajo: por ejemplo, conflictos entre las concepciones públicas y privadas de la ciudad y de la cultura, entre los planes empresariales y los derechos de los consumidores, entre la expansión inmobiliaria y la calidad de vida. En el plano cultural, las investigaciones de nuestro programa muestran la desigual distribución de las ofertas de espectáculos y centros culturales, que se concentran en el eje Santa Fe–Reforma–Centro Histórico y en el sur de la megalópolis. Pero esto es una constatación descriptiva, que pocas veces se manifiesta explícitamente como conflicto.

Hay varios procesos que no ocurren como conflictos, sino como desencuentros. No vemos muchos lugares donde se confronten las políticas culturales de las industrias comunicacionales o de los gobiernos con las necesidades de los habitantes, según comprobamos en los estudios sobre consumos culturales y en los movimientos culturales autogestivos. ¿Por qué casi no aparecen conflictos culturales explícitos en las agendas públicas?

La ciudad muestra, ante todo, conflictos políticos, como el que ocupó centenares de páginas en los diarios por el desafuero del jefe de gobierno. También aparecen en las marchas que alteran el tránsito urbano cada día conflictos laborales, o por el uso del suelo y la preservación de barrios históricos, o por cuestiones ecológicas. Pero escasean las protestas o manifestaciones que pongan en el centro un malestar cultural. ¿Estarán todos conformes con la televisión que tenemos? ¿Le gusta a la mayoría la programación que ofrecen los cines? ¿Nadie piensa que podría usarse mejor el presupuesto cultural de la ciudad? ¿Nos satisface el aspecto estético de nuestra megalópolis? Ocasionalmente, un intelectual o un artista critica en entrevistas la gestión oficial o de los medios en estos temas, pero en estricto sentido no existen formas organizadas de acción que entren en conflicto con el orden imperante.

Alguien podría decirme que basta abrir las secciones culturales de los periódicos de cualquier semana para encontrar polémicas. Pero ¿de qué tratan? Artistas que se sienten injustamente cuestionados por un jurado, enfrentamientos personales o entre grupos culturales (aunque tampoco existen ya confrontaciones ideológicas estructuradas, como las que conocimos hace más de una década entre los grupos de las revistas Nexos y Vuelta). En una sociedad donde la cultura oscila entre competencias individuales por posicionarse en el mercado y disputas por escasos financiamientos públicos y privados, las discusiones sobre políticas culturales o sobre los vínculos entre cultura y sociedad han perdido interés y resonancia.

Un investigador que forma parte de nuestro Programa de Cultura Urbana, Eduardo Nivón, realizó el año pasado un estudio en torno a la conflictividad en la política cultural mexicana reciente. De los conflictos en la escala nacional que Nivón analiza, deseo retomar dos particularmente significativos para el planteamiento que nos ocupa: a) las relaciones entre la acción pública y la empresarial, y b) las discordias por el patrimonio.

Respecto al primer punto, dos conflictos notorios ocurrieron entre 2001 y 2003. El 30 de diciembre de 2001 se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta, disponiendo que la exención total por derechos de autor de la que gozaban escritores, se limitara sólo a los que ganaran menos de 28 400 pesos anuales. En 2003, la pérdida de los beneficios a la producción cultural alcanzó a los libros: dejaron de estar exentos y se les gravó con 10 por ciento de impuesto al valor agregado. Al mismo tiempo, se pretendió "desincorporar" del gobierno federal, o sea dejar sin financiamiento, a cinco instituciones culturales (Instituto Mexicano de Cinematografía; Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.; Estudios Churubusco Azteca, S.A.; Educal, S.A. de C.V; y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías).

Por otro lado, la política gubernamental otorgó concesiones y favores a las grandes empresas comunicacionales, como ocurrió al cambiar el régimen fiscal de los concesionarios de radio y televisión. El 11 de octubre de 2002 el presidente Vicente Fox anunció la supresión del pago de impuesto que los concesionarios de esos medios comunicacionales realizaban cediendo 12.5 por ciento de sus tiempos de transmisión al Estado. Así, las 3.5 horas fiscales diarias quedarían en 18 minutos al día para las televisoras y 35 minutos para las radiodifusoras, es decir 4.5 por ciento. Se redujo bruscamente la obligación de los empresarios y se diluyó un espacio público, que ha sido subutilizado, o a veces empleado de manera preferente para propaganda gubernamental, pero que también sirve para llevar a cabo campañas de salud y educativas, y para la proyección masiva de cine de arte y películas mexicanas.

En cuanto al patrimonio, ocurrieron dos importantes conflictos por la construcción de un centro comercial donde estuvo el Hotel Casino de la Selva, en Cuernavaca, y por la instalación de un restaurante McDonald's en Oaxaca. En el Hotel Casino de la Selva existían murales de destacados artistas mexicanos, que corrían peligro al destinarse el terreno para construir un megacentro comercial. Durante los muchos meses que duró el conflicto intervinieron movimientos sociales, se alcanzó gran resonancia en la prensa y, finalmente, cierta repercusión internacional de las movilizaciones al grado de llegar a la misma sociedad de accionistas de la empresa trasnacional propietaria del proyecto (Costco–Price).

La otra experiencia en defensa del patrimonio fue el rechazo a la apertura de un restaurante McDonald's en los portales del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, encabezado por el pintor Francisco Toledo con apoyo de sectores de la sociedad civil, sobre todo comerciantes locales, artistas e intelectuales. Una de las protestas consistió en una tamaliza en la Plaza Mayor de la capital oaxaqueña, con el fin de demostrar que los oaxaqueños preferían la comida típica regional a las hamburguesas de McDonald's. "No al Maczócalo", "no queremos los Macdólares", eran algunas de las leyendas escritas en los carteles que tapizaron las puertas del inmueble que ocuparía el negocio. Nivón señala que fue una de las primeras movilizaciones en favor del patrimonio intangible en el país, ya que se trataba de la tradición gastronómica oaxaqueña.

De los síntomas a los conflictos

Para terminar, la pregunta clave es si podemos trascender estas protestas ocasionales. Los discursos periodísticos y políticos sobre la Ciudad de México hablan todos los días de pobreza, inseguridad, miedos, contaminación, embotellamientos crónicos y otros malestares de la vida urbana como experiencias y síntomas inexplicados. No faltan estudios que relacionen esos síntomas entre sí y con las distorsiones estructurales del desarrollo urbano. Al explicarlos, muchos males aparecen como evitables, pero para lograrlo se requiere modificar las estructuras que los generan y reproducen.

Parte de nuestra tarea como investigadores en estos años ha sido intentar asesorías y seminarios con organismos de gestión: hemos realizado estudios sobre públicos, consumos y políticas culturales para el gobierno del Distrito Federal, para el Instituto Mexicano de Cine y para el Conaculta; expusimos los resultados en reuniones académicas y también en seminarios con funcionarios del Conaculta, de la Secretaría de Cultura del gobierno y de delegaciones de la ciudad. Colaboramos en el Fideicomiso del Distrito Federal que en los dos últimos años de la década pasada, con auspicio del gobierno y la participación de decenas de especialistas en cuestiones urbanas, elaboró el mayor diagnóstico sobre vivienda, transporte, alimentación, salud, desarrollo económico, participación social, y, en nuestro caso, comunicación y cultura, diseñando para todas estas áreas escenarios prospectivos hacia 2006 y 2020. El fideicomiso fue disuelto por el actual gobierno, y el informe no fue ni siquiera publicado ni se creó ningún organismo nuevo para dar continuidad a esa evaluación del desarrollo urbano.

Sabemos que otros grupos de investigación han encontrado dificultades semejantes para que se incorporen los diagnósticos y las propuestas a las políticas públicas. Sin duda, hay sesgos en nuestro trabajo académico y deficiencias de comunicación al insertarnos en el campo político, que dificultan el pasaje de las investigaciones a la acción. Pero se advierte también un puente cortado entre el reconocimiento de los síntomas de descomposición y malestar de la población, y, por otra parte, la explicación de los conflictos estructurales que generan esos síntomas. El ex director de aquel fideicomiso que produjo el diagnóstico archivado, Emilio Pradilla Cobos, sostiene en uno de sus artículos que la Ciudad de México sigue transitando, como el país, "por los caminos de la privatización de lo público, ahora a nombre de 'la izquierda', bajo la orientación de un gobierno pragmático y vertical, carente de un proyecto de ciudad, que cifra su éxito en la realización de acciones espectaculares y obras monumentales que eleven su popularidad de corto plazo" (Pradilla Cobos, 2004).

]]> El capital inmobiliario nacional y trasnacional ha expresado nítidamente su reconocimiento a los proyectos de revitalización de los corredores urbanos de Reforma–Alameda–Centro Histórico y, en particular, del ch , y a los incentivos y estímulos otorgados por el gobierno local, que han dinamizado la inversión en ellos y han incrementado la demanda por las áreas construidas en los últimos cuatro años (Colliers Internacional, "Reporte de mercado de oficinas. 1er. semestre 2002", cit. en Pradilla Cobos, 2004).

Es innegable que los empresarios deben ser convocados para invertir en el desarrollo de la ciudad. Sin duda, están sucediendo otros procesos de organización, participación ciudadana y desarrollos urbanos orientados con sentido social que también debemos considerar. Pero las rotundas afirmaciones de Pradilla Cobos son pertinentes en relación con el predominio de los megaproyectos como casi única "política" urbana. Los graves y persistentes problemas de nuestra ciudad, ente los cuales, como mencionamos, está la muy deficiente participación ciudadana, no hacen fácil construir un programa compartido que articule las necesarias inversiones privadas con acciones públicas informadas, la preservación y la innovación, las dinámicas locales y la indispensable articulación globalizada, la expansión económica, la redistribución social y la socialización democrática de las decisiones.

Quizá una de las tareas, no sólo de los investigadores sino también de los gestores culturales y urbanos, de los periodistas y simples ciudadanos, sea atravesar los síntomas para seguir mirando y comprendiendo los conflictos. Además de unos pocos megaproyectos, necesitamos un programa que se proponga hacer habitable el conjunto de este valle con más de 1 500 kilómetros cuadrados habitados, de donde sale el mayor número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos; donde, en el primer trimestre de 2005, 120 tiendas y miles de personas fueron asaltadas; en la que tantas cifras parecen evidencias para el dictamen con que Rem Koolhaas caracterizó al siglo XX: "ha sido una batalla perdida contra la cantidad" (Koolhaas, 1996). Por todo lo dicho, distraerse ante los conflictos es, además de una derrota ante la cantidad, seguir extraviando la calidad, el significado compartido de vivir en ciudad.

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