Arellano Yanguas, J. (2011), ¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú
Gerónimo Barrera de la Torre
Instituto de Estudios Peruanos y Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 324 p., ISBN 978–9972–51–313–8
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México
]]> Las consecuencias de las actividades extractivas, y en particular de la minería, se han convertido en un tema relevante en los últimos años debido a la expansión de las compañías transnacionales y a la resistencia de un número cada vez mayor de comunidades frente al desarrollo de esta actividad.1 Cabe resaltar que la nueva minería a cielo abierto o mega–minería, la cual utiliza tecnología para el beneficio de minerales que se encuentran en una proporción menor en las rocas con la extracción de un mayor volumen de material, se ha desarrollado como una actividad altamente destructiva no sólo de los ecosistemas locales sino de las comunidades al establecerse como una actividad totalmente ajena a la dinámica local (por ejemplo, utilizando mano de obra externa por su alta capacitación o utilizando insumos externos). Adicionalmente, las políticas neoliberales que se han aplicado en las últimas décadas, continúan con nuevas reformas que refuerzan los privilegios de empresas extranjeras y capitales nacionales sobre los intereses locales y planes de desarrollo a largo plazo. Los últimos siete años se caracterizaron por un aumento de los precios de los minerales que llevó al incremento de las inversiones y de las explotaciones por parte de las empresas mineras. Actualmente, las actividades extractivas tienen concesionada casi el 60% del territorio del Perú (74 millones de hectáreas), de las cuales, 21 millones concesionadas a empresas mineras y 53 millones a empresas que explotan hidrocarburos2 (Iconoclasistas, 2011). Es dentro de este contexto que el estudio de Javier Arellano Yanguas se desarrolla, analizando las políticas y las consecuencias que la nueva oleada de proyectos mineros ha dejado en Perú. Las experiencias frente a estos proyectos en aquel país sudamericano son relevantes para el caso de México3 tomando en cuenta la amplia inversión extranjera en dicha actividad, los cambios legislativos realizados para "atraer la inversión" y los conflictos que ha generado a lo largo de los últimos años. El caso de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y de Blackfire en Chicomuselo en Chiapas, son de los más emblemáticos; el caso de los proyectos en la Sierra de Real de Catorce es uno de los conflictos que actualmente se desarrolla y amenaza el territorio sagrado del pueblo indígena wixárika con explotaciones a cielo abierto en área natural protegida de Wirikuta (Bellinghausen, 2012).
¿Cuáles son las estrategias de las compañías mineras para incrementar la aceptación de sus actividades? ¿En qué han beneficiado estas medidas y qué ha hecho el Estado peruano por los intereses de la población en las zonas productivas? Son las principales preguntas a las que este estudio responde y nos permite acercarnos a los conflictos sociales y a las políticas que ha llevado a cabo el gobierno y empresas frente al aumento en inversiones y explotaciones mineras. Javier Arellano Yanguas, realizó sus estudios de maestría en agronomía, filosofía y estudios en religión, así como estudios sobre desarrollo y cooperación internacional. Este estudio se basa en su tesis para obtener el grado de Doctor en Estudios de Desarrollo en el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Actualmente es investigador y profesor del Centro de ética Aplicada en la Universidad de Deusto. Su trabajo se enfoca en políticas de desarrollo y políticas fiscales, así mismo ha sido consultor en diferentes países (Universidad de Deusto, 2012; Institute of Development Studies, 2007).
Para el estudio de este complejo tema, el autor realizó análisis cuantitativos para discernir diferencias regionales y municipales, sumado a un trabajo de campo exhaustivo con miras a estudiar lasámicas políticas de las regiones mineras. Para lo último visitó 18 municipalidades donde realizó entrevistas a diferentes actores relacionados con la problemática, de manera que el análisis se centra en dinámicas regionales y municipales, un sesgo a lo local, pero siempre retomando su interrelación con los procesos nacionales que los afectan. La regionalización que definió los territorios a estudiar estuvo determinada por las características sociales y la tasa de actividad minera, de manera que tres fueron las regiones que tenían las características requeridas para el estudio que plantea el autor. La región de áncash, con una de las minás rentables, de mayor magnitud y con una de las tecnologías más modernas; Moquegua, con una de las minas de cobás grande del país y Pasco como una zona minera de tradición, con importantes problemas ambientales y una calidad de vida pésima, fueron las regiones en las cuales el trabajo de campo permitió ampliar, enriquecer y contextualizar los análisis cuantitativos. ás, al inicio del estudio se hace referencia a las políticas económicas en el país, en particular desde los años sesenta del siglo XX, donde se describen los cambios que permitieron o contribuyeron al establecimiento de la inversión extranjera. Y, por otro lado, a las relaciones que ha establecido el Estado con la población rural, que en la mayoría de los casos es afectada directamente por las explotaciones. El respaldo tácito a las empresas por parte del gobierno descansa, según el autor, en "la suposición de que el crecimiento económico tiene como consecuencia la reducción automática de los niveles de pobreza, lo que a su vez genera estabilidad política" (Arellano, 2011:88).
Frente a los atropellos que las compañías mineras han realizado en varios países, un giro en las políticas de estas empresas en los últimos años busca una mayor aceptación por parte de la población, sobre todo la que es afectada directamente en su territorio. Por ello "la promoción del desarrollo local se ha convertido en el lema de la industria minera en todo el mundo" (Ibid.:37), y Perú no es la excepción, incluso en este país se han aplicado medidas para disminuir el descontento social. Estas medidas, referidas por el autor como la Nueva Estrategia de las Industrias Extractivas (NEIE), es uno de los ejes centrales a través del cual el autor analiza la correspondencia entre la aplicación de estas políticas y sus repercusiones, positivas o negativas, en el desarrollo local de las zonas productivas. Los conflictos sociales, la renta económica generada por la minería y su distribución, así como la estructura de los gobiernos "subnacionales" (municipales y regionales) son aspectos esenciales del estudio que permiten entender la complejidad de los problemas generados con esta actividad extractiva.
La NEIE contempla la transferencia de un porcentaje de las ganancias de las empresas mineras al gobierno central (denominado "canon minero", representa el 30%) que a su vez lo reparte entre los gobiernos municipales y regionales en las zonas productivas, así como la participación activa de las compañías en proyectos de desarrollo local. Este último aspecto considerado una medida altruista por parte de los consorcios, se debe a una negociación del gobierno para no implementar un impuesto a las "sobreganacias" con la condición de que realizaran proyectos de desarrollo por cinco años en las comunidades de la zona productiva, dejando el monto a discreción de las compañías. El estudio en cuestión demuestra que estas medidas no han tenido un impacto positivo sobre el bienestar de la población, sino que han derivado en un aumento de los conflictos. La distribución de la renta minera es de acuerdo con Yanguas, una de las principales razones de este incremento. Aun más, ha hecho que las protestas tiendan a exigir cada vás sólo beneficios concretos e inmediatos, así como una dependencia cada vez mayor de las poblaciones a la transferencia del canon, con los peligros que esto implica debido al carácter veleidoso de esta actividad: "la creciente dependencia del flujo históricamente volátil de canon y regalías mineras parece ser una estrategia muy arriesgada" (Ibid.:263).
En este sentido, el autor realiza análisis estadísticos a nivel regional y municipal para comparar los efectos de la transferencia del canon minero y las transformaciones de los municipios en cuanto a características como servicios y educación, entre otros. Lo anterior le permite fundamentar sus hallazgos sobre el alcance de estas medidas, que también han fomentado una práctica ya existente en la política peruana: la utilización del poder para acceder a los nuevos recursos ya sea por actos corruptos, clientelismo o nepotismo, de manera que la NEIE "ha reforzado los incentivos para que las autoridades subnacionales actúen pensando solo en su supervivencia política a corto plazo" (Ibid.:192).
Las consecuencias de la implementación de las medidas dejan entrever las deficiencias inherentes en la organización del Estado, exacerbadas por la transferencia de más fondos. La lógica de que el dinero podría resolver los problemas del desarrollo local, otra vez demuestra sus errores; la transferencia de recursos queda en manos de cúpulas de poder locales que vuelven a usarlos de manera que sus intereses personales prevalezcan. Aunque los resultados de este estudio se basan en el análisis de datos de un periodo corto, ya que es desde 2004 cuando las transferencias de canon minero llegan a las municipalidades y a las regiones, presenta lecciones importantes para otros países subdesarrollados donde se aprovechan los recursos minerales. Mostrando que mediante la participación de la población local de manera activa y, sobre todo, en igualdad con las empresas y el gobierno, donde la población tendría el derecho a vetar proyectos, permitirá un desarrollo distinto de la actividad.
REFERENCIAS
Bellinghausen, H. (2012), "Wirikuta no se vende; se ama y se defiende", en La Jornada, México, 8 de febrero, p. 42. [ Links ]
Iconoclasistas (2011), Perú Rebelde. Cartografía colectiva de las luchas de los movimientos y las problemáticas sociales y ambientales (2001–2010), Taller de diálogo de saberes y movimientos: entre las crisis y los otros mundos posibles [http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/13/mapa-colectivo-de-peru/, consultado el 4 de febrero de 2012] [ Links ].
Institute of Development Studies (2007), Javier Arellano Yanguas. Curriculum vitae [http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/ArellanoJCVNov07.doc, consultado el 2 de febrero de 2012] [ Links ].
López Bárcenas, F. y M. M. Eslava García (2011), El mineral o la vida. La legislación minera en México, Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas; Pez en el árbol y Red–IINPIM, A.C., México. [ Links ]
Universidad de Deusto (2012), Maestría en ética para la Construcción Social. Profesorado [www.masteretica.deusto.es, consultado el 2 de febrero de 2012] [ Links ].
]]> Notas
1 Los proyectos de minería se extienden por todo el mundo y América Latina no es la excepción, los conflictos por estas actividades y, sobre todo, en comunidades indígenas se extiende desde México hasta Argentina, pasando por Panamá, Brasil, Chile, Perú, entre otros. El sitio de internet conflictosmineros. net ofrece un recuento de las problemáticas y contiene noticias sobre la actividad minera en América Latina.
2 El mapa "Perú Rebelde" muestra el escenario nacional deconflictos, desigualdad, explotación e implementación de políticas neoliberales que afectan a la población de este país. El documento muestra de manera concisa la distribución territorial de diferentes problemáticas (entre ellas la mega–minería) y alternativas; así como información y datos de los conflictos sociales en el país. El laboratorio de comunicación: www.icnoclasistas.com.ar, de donde se puede descargar este documento, es un proyecto que diseña mapas y gráficos contrahegemónicos y sobre conflictos sociales, en particular de América Latina.
3 Los cambios al artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN han favorecido a las grandes compañías mineras. Con el pretexto de la necesidad de inversiones de riesgo, México, para 2011, ostentaba el cuarto lugar como destino para la inversión minera. Un ejemplo de la desregularización es la duración de las concesiones que son actualmente de 50 años y no existe límite al número de las mismas. Incluso estas concesiones se otorgan por el mineral que encuentren en la zona de explotación y no es necesario manifestar qué mineral interesa buscar o explotar (López y Eslava, 2011).
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