Geografías urbanas en la era del neoliberalismo. Una conceptualización de la resistencia local a través de la participación y la ciudadanía urbana

Urban geographies in the age of neoliberalism. A conceptualization of local resistance in terms of participation and urban citizenship

Michael Janoschka*

* Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid, c/Marie Curie 1, E–28049, Madrid, España. E–mail: michael_janoschka@uam.es

Recibido: 8 de enero de 2011
Aceptado en versión final: 12 de mayo de 2011.

Resumen

Las discusiones relacionadas con la (in)seguridad urbana, su consiguiente traducción política en un gobierno de la seguridad y la edificación de elementos urbanísticos defensivos han experimentado un auge espectacular a nivel mundial. En este artículo se interpretan las transformaciones urbanas (defensivas), estimuladas por un discurso dominante que está centrado en el miedo y la inseguridad, como una expresión del capitalismo global y de la difusión de políticas neoliberales. A partir de un análisis de los impulsos de mercado originado por un neoliberalismo multicolor, encubierto y camaleónico, se plantea la cuestión de cómo la necesaria reconquista urbana y la resistencia local se puede pensar de forma conceptual. En este sentido, se dará un paso más allá de la disputa urbana acerca de la gentrificación y el redescubrimiento urbano exclusivista que se dirigen a atraer a las clases pudientes a los espacios céntricos reacomodados y segurizados. Se defiende la tesis de que, a nivel local, es urgente promover una re–apropiación urbana 'desde abajo' que implica a los ciudadanos. Por ello se discuten las posibilidades de pensar la participación como una práctica de ciudadanía urbana y activa que se funda en la idea de construir verdaderos espacios de ciudadanía.

Palabras clave: Geografía crítica, ciudad neoliberal, neoliberalismo, resistencia, inseguridad, ciudadanía urbana.

Abstract

The debates related to urban (in)security, its political translation into security governance and the edification of defensive urban elements have recently experimented world–wide a spectacular increase. This article interprets such urban (defensive) transformations, stimulated by the dominant discourse and centred on fear and crime, as an expression of a global capitalism and the diffusion of neoliberal politics. More than analysing the market impulses originated by multi–coloured, chameleonic and often covered neoliberalism; this article focuses on the question how to think the necessary urban re–appropriation and local resistance in conceptual terms. The text provides a step beyond the long–lasting dispute about gentrification and exclusionary urban rediscovering projects that target middle and upper middle classes to return to upgraded and 'secured' central urban areas. It defends the necessity to promote an urban re–appropriation that inevitably includes the citizens who inhabit urban space. Such a conclusion arises from the discussions about participation, which is conceived as a practice of urban and active citizenship aiming at the construction of real spaces of citizenship.

GEOGRAFÍAS URBANAS EN LA ERA DEL NEOLIBERALISMO –UNA INTRODUCCIÓN

El neoliberalismo y la globalización son dos caras de una reestructuración económica que ha introducido enormes cambios en las condiciones generales de la política urbana y en los modos de imaginar, percibir, diseñar y gestionar las ciudades. Desde que algunos políticos de la 'vanguardia del libre mercado' (p. ej. Pinochet, Reagan, Thatcher) aplicaran e hicieran operativas las doctrinas 'neo'–liberales formuladas por Friedrich Hayek y Milton Friedman desde mediados del siglo XX, la versión hegemónica de pensar y discutir las relaciones mutuas entre el Estado, el Mercado y la Sociedad ha padecido un giro importante. Siendo más bien un proceso dinámico que una condición final (Peck, Ticknell 2002), el neoliberalismo representa la abolición de lo Social, dado que independiza los actores de todas las restricciones sociales y políticas para facilitar la maximización de la utilidad y de los beneficios de cada individuo o sujeto económico (Gough, 2002). Se destaca que la propiedad privada tiende a ser liberada de derechos colectivos, obligaciones y particularmente de la interferencia estatal, mientras que éste teóricamente se limita tan solo a proteger la propiedad de las posibles infracciones por terceros (Harvey, 2005).

Esa transformación del ideal del estado jerárquico a un estado moderador y protector de las fuerzas del mercado se acentúa mundialmente a partir de la caída del muro de Berlín y conlleva la de–regulación y privatización de algunas de las tareas estatales ejercidas, siguiendo un ideal de 'estado mínimo' (Janoschka y Glasze, 2003). A pesar de que las diferencias entre el neoliberalismo en estado puro y sus aplicaciones reales son marcadas, el concepto ha permeado con fuerza en la vida pública y las políticas públicas, conformando transformaciones y reestructuraciones institucionales dominadas por las fuerzas del mercado. Además de presentar una expansión de las relaciones capitalistas que atraviesa escalas, territorios y lugares concretos (Saad–Filho y Johnston, 2005) y que mercantiliza de forma creciente la vida humana en los distintos territorios del mundo, destacamos con Pradilla (2009) que la globalización se puede interpretar como un nuevo avance imperialista de algunos sectores económicos productivos y no–productivos (como el caso del complejo financiero–especulativo) que restringe la autonomía política en la mayoría de los países. Además, se introducen relaciones que son de mayor importancia para una geografía crítica; entre otros, se refuerza la importancia y la significancia que tienen los lugares concretos y los imaginarios, entre otros, como parte del discurso de identificación local así como de generación de protestas y resistencias (Janoschka, 2011; Zanetti, 2008). Este aspecto es relevante para pensar las relaciones de poder que surgen en el seno de la globalización neoliberal que se vive en ambos lados del Atlántico, en momentos en que algunos países europeos viven intervenciones dirigidas por los organismos financieros internacionales, parecidas a las que han enfrentado algunos países latinoamericanos en momentos anteriores del ciclo de desposesión fruto de la acumulación global de capital.

Como destacan muchos autores, las transformaciones urbanas que ocurren a raíz de la mercantilización creciente del espacio urbano y de la proliferación de nuevas formas de producción inmobiliaria conllevan una reestructuración metropolitana importante que a la vez se inscribe en un paisaje institucional específico y pre–existente (Lencioni, 2008; Pereira e Hidalgo, 2008; de Mattos, 2009). Distintos autores conciben las consecuencias de forma diferenciada; sus posiciones engloban tanto la interpretación del neoliberalismo a modo de 'plan maestro' para una versión ideológicamente cargada de la globalización, como el retrato del neoliberalismo como una forma híbrida de gubernamentalidad o práctica regulatoria (Brenner et al., 2010). Según David Harvey (2005), se puede caracterizar la era del neoliberalismo por fenómenos globales subsumidos en los cuatro términos siguientes:

– la privatización (de los activos públicos, la asistencia social, la educación, la defensa, la seguridad, de formas culturales, aspectos históricos y arquitectónicos),

– la 'financiarización' de la economía (desarrollo de un sistema financiero más potente que la economía real, especulación inmobiliaria, acceso fácil a créditos y endeudamiento creciente de la población);

– la administración y manipulación de las crisis (regularmente a favor de las propias ideas neoliberales como en el caso de las crisis de México e incluso en la actual crisis financiera), y

]]> – la redistribución estatal 'inversa' (el aumento de impuestos que afectan a las personas de menor ingreso como el IVA, destinación de apoyo social a las clases medias, desgravación por la compra de viviendas).

Como recuerda Brenner (2008:57), algunos autores afirmaron que el neoliberalismo y la globalización podrían configurar un nuevo paradigma que tiende a hacer desaparecer las diferencias espaciales entre regiones y estados debido, entre otros, al efecto homogeneizador de las tecnologías de información, las estrategias transnacionales de las empresas, las políticas de mercado y las consecuencias del imperialismo cultural del mundo occidental. Sin embargo, y tras las sucesivas crisis sistémicas del capitalismo global, se sabe ahora con un mayor grado de certeza que la proclamada desaparición de las desigualdades ha sido sólo una de las muchas falacias del discurso de la globalización neoliberal. Mientras tanto, las consecuencias negativas y a veces nefastas del modelo neoliberal se pueden apreciar de forma destacada en las ciudades latinoamericanas, y con ello se explica la necesidad de generar, profundizar y difundir las posiciones críticas y visiones contra–hegemónicas incipientes (Ciccolella, 2010; Damiani, 2010; Pradilla, 2010). Según Garnier (2011), este esfuerzo y compromiso se podrá centrar en perfilar explícitamente el lado perjudicial y maligno de la urbanización capitalista, con el fin de desafiar el consenso mayoritario de que no hubiese alternativa a la difusión de las políticas urbanas neoliberales. Esta preocupación responde a lo que expresó David Harvey (2009) en el marco de su intervención en el Foro Social Mundial en Belém con las palabras: "Llegamos a un punto en que no podemos más aceptar [...] que 'no hay alternativa', y debemos decir que debe haber una alternativa."

A pesar de la atención reciente por el "neoliberalismo urbano" (Wilson, 2004) y la "ciudad neoliberal" (Hackworth, 2006), sigue siendo imprescindible la realización de esfuerzos adicionales para entender no sólo las consecuencias territoriales de las políticas neoliberales sino también saber cómo y por qué se toman decisiones concretas en las ciudades afectadas por ellas (Purcell, 2007). Para ello, y desde una perspectiva reflexiva, es importante diferenciar los procesos de reconfiguración urbana de los resultados de esas nuevas configuraciones. Para ello, proponemos que es útil enfocar en el análisis de las prácticas que definen y transformen nuestras relaciones y los imaginarios sociales y urbanos. De ahí se extrae la pregunta que nos empleará en los próximos apartados; ¿qué consecuencias y nuevas prácticas trae la agenda neoliberal en las ciudades en general y en las ciudades latinoamericanas en específico? En un primer paso se discutirá esa dimensión antes de defender a continuación que una de las expresiones preferidas de 'hacer geografía' y de transformar el espacio urbano en la era neoliberal consiste en incluir el discurso acerca de la inseguridad en las políticas urbanas contemporáneas, básicamente como una de las múltiples estrategias de disciplinar la población.

A partir del análisis que se presentará en los siguientes dos apartados, primero de forma general y luego con especial énfasis en la cuestión de la dicotomía seguridad/inseguridad, se procederá a la discusión de las posibilidades de pensar las alternativas para re–apropiar el medio urbano mediante el recurso a la participación como una práctica de ciudadanía urbana y activa que se funda en la transparencia y la democracia básica, dos aspectos que no suelen cumplirse en la democracia elitista y de "lobbies" instalados en el poder gubernamental. En el marco de esa propuesta, que responde a las crecientes expresiones de incomodidad con, e incluso, de desprecio hacia el modelo actual de gestión urbana, se defiende la tesis de que, a nivel local, es urgente promover una re–institucionalización urbana "desde abajo", que garantice una plena y verdadera implicación de los ciudadanos en todas las cuestiones relacionadas con el medio urbano.

LA PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD NEOLIBERAL –UN ANÁLISIS

Un aspecto central de la política urbana en la era neoliberal son las nuevas reglas, regulaciones, programas y micro–políticas que, siempre desde una perspectiva económica, ponen la ciudad en valor. De modo general, la consecuencia de esa gestión es una reorganización de la política urbana según los principios y las dinámicas de la administración privada y capitalista que incluye la liberalización de regulaciones y la privatización de servicios urbanos básicos (Janoschka, 2002). Esta relación queda patente en la reorganización espacial que han padecido las ciudades latinoamericanas y que ha sido un tema de debates amplios en el campo de la geografía urbana y los estudios urbanos. La lista de objeciones a ese modelo espacial sería larga, por lo cual se enfoca aquí principalmente en la redefinición de las relaciones de poder que han surgido en las ciudades latinoamericanas a partir de la implementación del modelo neoliberal (Pradilla et al., 2008; Vellinga, 2009). En relación con ese aspecto que queda patente en las ciudades latinoamericanas, Harvey (1996) conceptualiza los espacios urbanos, los lugares construidos y las aglomeraciones en sí mismo como un resultado de las estrategias de poder, de discursos y luchas que se transmiten de forma materializada y simbólica a la vez. Según Henri Lefèbvre (1991), es necesario distinguir tres diferentes dimensiones de la producción neoliberal del espacio y de las nuevas configuraciones urbanas:

– Primero, la dimensión de los discursos, es decir, todo tipo de debates, acontecimientos y procesos de negociación que ocurren durante la introducción de nuevas políticas urbanas. Son exactamente las negociaciones discursivas que establecen las bases para cualquier tipo de pensamiento que a posteriori se presenta como una idea hegemónica.

– Segundo, las estrategias urbanas que entendemos como el nivel administrativo, técnico y financiero de las políticas neoliberales. Se incluyen todo tipo de programas, planes, instrumentos de actuación o planes estratégicos cuya elaboración e implementación parte de la aspiración (explícita o implícita) de las autoridades oficiales de introducir nuevas formas de políticas urbanas.

]]> – Tercero, las prácticas y los procedimientos de implementación administrativa de las estrategias generales, por ejemplo, a través de nuevas directivas o nuevos instrumentos jurídicos que puedan cambiar la gestión en sí misma.

Pasando a un terreno más concreto, Sassen (1999 [1991]) defiende que un resultado de la política neoliberal es la creciente polarización económica, y que ese desarrollo de un mundo bipolar se refleja en unas formas y prácticas capitalistas que cimientan la 'especialización' de los espacios urbanos. Esto implica que se origina, mediante las conexiones de algunos espacios a las redes de poder global, un aumento de la 'distancia' relativa a los espacios vecinos (Katz, 2001) –un aspecto discutido por autores que se refieren a los términos de la fragmentación urbana y la segregación (Pereira y Nunes da Silva, 2009; Sabatini y Brain, 2008; Ward, 2009). Más allá de eso, cabe destacar que la producción de la ciudad neoliberal se inscribe en una extensa gama de políticas. Sin intención de presentar aquí una lista exhaustiva y siendo consciente de su mutua interrelación, se pueden diferenciar algunas dimensiones claves que se repiten en gran parte del mundo occidental (y en las urbes latinoamericanas).

– La difusión de modelos de gobernanza urbana ('urban governance'): desde una perspectiva más amplia, los principios de gobernanza se enfocan en la difusión de reglas, procedimientos y comportamientos que caracterizan la actitud estatal, especialmente en cuando se refiere a la inclusión de un modo cooperativo entre actores estatales y privados, para desarrollar soluciones (Jessop, 1997). Pero el modo dialogante y participativo esconde bajo una apreciación positiva de la participación cívica, que en sí mismo no es un valor progresista ni mucho menos. Por su mejor dotación de recursos, algunos grupos de presión (ultra–)conservadoras y lobbies del sector económico a menudo son capaces de acallar toda participación cívica desorganizada, evitando así la apropiación potencial de la política urbana mediante protestas de base (Merriefield, 2002). De todas formas, no se puede evaluar a priori si la tendencia a estimular la participación fomenta también la toma de decisiones democráticas. Pero, según Purcell (2007:201), se puede imaginar que los propietarios, los profesionales educados y dotados de medios económicos o representantes poderosos, por citar algunos grupos ejemplares, puedan influir con mayor determinación en los procesos de decisión que los colectivos vulnerables. E incluso, si fuera posible organizar foros de participación de forma equitativa, cabe señalar que los participantes socialmente marginados tienden a reinscribir y reproducir las jerarquías pre–existentes de forma inconsciente. Por todo ello, Garnier (2011) destaca que el concepto de governance esconde, bajo la apreciación positiva de un proceso supuestamente democrático en la toma de decisiones, el creciente poder de los grupos industriales y financieros o, de forma más abstracta, los lobbies relacionados con el desarrollo urbano–regional, en influir en las sentencias de los dirigentes políticos.

En línea con ese argumento, Martínez y Rosende (2011) critican a partir del análisis de diferentes procesos de implementación de la Agenda Local 21 que los procesos participativos parten de la necesidad de producir un consenso y éste se produce bajo una influencia destacada de una empresa privada que, siendo pagada por la Administración, dirige unos procesos de mediación supuestamente indeterminados y neutros. Además, cuando la elaboración de estrategias de desarrollo urbano va mano en mano con la implementación de métodos de planificación estratégica y de marketing urbano o regional, otro mecanismo globalizado pero considerado como supuestamente objetivo (Parnreiter, 2011), tanto los ciudadanos en general como los movimientos sociales en especial se pueden encontrar con una posición débil que no es capaz de responder a las nuevas escalas de gestión que van surgiendo (Hidalgo y Zunino, 2011). Todo ello apunta a un escenario en el cual surge la sospecha fundada de hasta qué punto se esconde bajo el modelo cooperativo de la gobernanza urbana solamente una estrategia política poderosa con el único fin de legitimar la toma de decisiones predeterminadas y pactadas con antelación al propio proceso cooperativo y participativo.

– La proliferación de una estética aséptica: un sinnúmero de ciudades han introducido políticas urbanas que se concentran en el sentido del gusto de las clases medias y medio–altas, que a su vez viven mayoritariamente en espacios alejados del centro de la ciudad. Como reacción a la competencia urbana que presentan los parques temáticos en la periferia (p. ej., centros comerciales, complejos de ocio), una parte de la reconfiguración urbana se dirige a transformar y comercializar el espacio público. Esto conlleva la proliferación de una estética aséptica que no necesariamente satisface a los habitantes de esos espacios, sino más bien al turista (suburbano) que los visita para entretenerse en su tiempo libre. En una versión relativamente poco agresiva, simplemente se organizan festivales múltiples en espacios públicos. Pero es frecuente que se establezcan estrategias que subordinan la vida urbana exclusivamente al uso comercial, lúdico y estético. Para ello, Las Vegas es el invento iconográfico por excelencia (Venturi et al., 1996 [1972]). Sin embargo, muchos han sido los centros urbanos cuya estrategia pasa por establecer las condiciones de ser colonizados por la industria transnacional de diversión, comunicación y de tiempo libre (Sassen y Roost, 1999). Este giro contradice toda idea de participación y apropiación de lugares por los propios habitantes. Al contrario, toda 'diferencia' se excluye con fervor para no molestar a los 'clientes' del espacio; incluso con derivaciones tan irracionales como 'emplear' a cantantes callejeros para re–adjudicarle autenticidad urbana a un espacio controlado, vigilado y políticamente vaciado.

El producto de esa gama de políticas deriva en nuevas dinámicas sociales y espaciales que azotan de forma ejemplar a los centros históricos, por ejemplo, mediante los planes de renovación y conservación del patrimonio urbano que a su vez incentivan los procesos de gentrificación (Lees et al., 2008). Como confirman diversos estudios, estos procesos ocurren en diferentes países de América Latina, transformando las áreas centrales y los cascos históricos de ciudades tan variadas de tamaño y jerarquía como lo pueden ser la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Salvador da Bahía, Zacatecas o La Antigua (Guatemala).¹ Tal como lo describe Hidalgo (2010) para el caso de Santiago de Chile, se puede afirmar que las transformaciones regularmente implican un incremento de los precios de la vivienda a raíz de una especulación inmobiliaria que acentúa y precipita una transformación social en detrimento de las clases populares que tradicionalmente vivían y utilizaban estos espacios concretos.

– La reordenación del poder político a través de la cooperación público–privada: los proyectos de cooperación público–privada son una forma innovadora de gestionar la reconversión de espacios obsoletos, por regla general ubicados en lugares céntricos (p. ej., zonas portuarias, áreas industriales abandonadas, infra–viviendas). A pesar de su ejecución explícitamente local, estos proyectos de gran escala, importancia metropolitana y financiación nacional o incluso internacional, son una expresión y una aplicación de nuevas políticas y lógicas urbanas de índole neoliberal. En este sentido, los resultados de una comparación de diez ejemplos en capitales europeas y otros centros metropolitanos del continente, efectuada por Swyngedouw et al. (2002), son estremecedores: los proyectos de cooperación público–privada de gran envergadura no sólo establecen nuevas formas de poder político o económico; además, para su realización se suprimen o transforman explícitamente algunas de las reglas generales de planificación urbana. Asimismo, ocurre una marginación de los movimientos de base y se acentúa la polarización socio–económica por la reducida integración con el medio urbano inmediato –y esto ocurre incluso en ciudades como Porto Alegre, modelo mundial de la aplicación de una estrategia que se centra en diseñar y emplear métodos de planificación participativa (Rodrigues, 2010). Tras la aplicación de diferentes proyectos de cooperación público–privada en ciudades latinoamericanas, no se puede comprobar una de las tesis centrales a favor de la aplicación del modelo, que consiste en que la cooperación se hace sin costes para las arcas estatales o sin utilizar recursos del Estado.

Cuenya y Corral (2011) demuestran, en relación con este discurso y a partir del análisis de la gestión de la renovación del emblemático Puerto Madero en Buenos Aires que, mientras los inversores privados obtuvieron beneficios y realizaron la absorción de las plusvalías, no se ha concretado la aplicación de los planes redistributivos con fines sociales previstos en el proyecto original. Más allá de ese aspecto, se puede afirmar que mediante la cooperación público–privada se establecen nuevas formas de gobernanza espacial, dado que se crean espacios bajo jurisdicción privada con poderes de exclusividad. Un ejemplo de esa reordenación del poder político son los 'distritos de mejora de comercio y negocios' (Business Improvement Districts o BID en inglés), una institución que ha proliferado sobre todo en los países anglosajones. En esas zonas con regulación específica se verifican dos aspectos que juegan en contra de todo ideal democrático. Primero, se establece una democracia de 'accionista' (stakeholder democracy, cfr. Painter, 1995) en la cual el principio "un ciudadano, un voto" se remplaza por el principio "un dólar, un voto" (Somers, 1999). En los BID, que son espacios geográficamente definidos, solamente los propietarios y los comerciantes pagan las cuotas y así participan; son ellos los que deciden las políticas locales, como por ejemplo las medidas de control empleadas. Segundo, el estado local (gobierno municipal) transfiere algunas autoridades de soberanía (como lo puede ser la organización de la seguridad en el espacio público) a una corporación privada. Algo parecido pasa en las urbanizaciones privadas y los fraccionamientos cerrados, donde se privatizan algunas de las funciones esenciales de la administración local. En consecuencia, mediante la reordenación del conjunto de las relaciones socio–espaciales se establecen nuevas geografías urbanas, lógicas socio–territoriales y de producción del espacio urbano (Janoschka y Borsdorf, 2006; Ferreira, 2010).

– La destrucción de espacio por la implementación de políticas espaciales: la reordenación política y espacial de la ciudad implica también una exclusión más profunda caracterizada a través de la toma del poder por la burguesía. Mitchell (1997) atestigua una 'sed de venganza' ejercida mediante la proliferación de leyes que literalmente destruyen el espacio (público), de forma más acentuada para las personas que más necesidad tienen de expresarse en los sitios abiertos. Por ejemplo, se acumulan diferentes legislaciones que prohíben la estancia de personas indigentes en ciertos espacios o, de forma más general, actividades 'diferentes' como mendigar o beber alcohol en espacios públicos. Estas políticas se implementan en detrimento de los individuos más vulnerables que a la vez tienen una mayor necesidad de utilizar el espacio y, por ende, necesitarían más protección. La lógica se basa en la criminalización de actividades discrepantes con el mainstream de la sociedad. El fin es reordenar los espacios y limpiarlos de individuos poco deseables para los nuevos usuarios de la ciudad. Para llegar a ese fin, se suele 'inventar' que las actividades mencionadas tuvieran un peligro para la convivencia.

Ciertamente, aquí no se trata de una estrategia de prevención sino de una suposición, de un invento de delitos con el fin de desplazar un problema social y quitarle su visibilidad. Esa estrategia, aplicada en Estados Unidos, principalmente en detrimento de los 'sin techo', encuentra su contraparte empírica en la represión y la reubicación de vendedores ambulantes en ciudades como Bogotá, Lima o el Distrito Federal (Crossa, 2004; Linares, 2008). Se criminaliza de igual manera una actividad que nació inicialmente por la falta de posibilidades económicas en condiciones estables, es decir, de la miseria originada por el fracaso de las políticas económicas del propio Estado. En este sentido, parece contradictorio –como tantos procedimientos en la ciudad neoliberal– que, sin proponer ninguna solución a un fenómeno caracterizado y tipificado como 'problemática social', se criminalice una actividad que nació como forma improvisada de supervivencia.

LA CIUDAD NEOLIBERAL Y LA INSEGURIDAD

En los párrafos anteriores se han podido observar algunas de las líneas maestras de la aplicación de las políticas neoliberales en las ciudades en general, con especial énfasis en algunos ejemplos de América Latina, compaginando la integración de los discursos científicos del mundo anglo–sajón con la extensa producción de estudios críticos que surgió a lo largo de la última década en los países latinoamericanos como fruto de la creciente indignación frente a las promesas incumplidas del neoliberalismo urbano. Sin embargo, y por razones analíticas, este análisis todavía ha prescindido de realizar una revisión de un discurso adicional que se ha vuelto igualmente muy poderoso para la (re)producción de las geografías en la era del neoliberalismo; es decir, todo aquello que está relacionado con las cuestiones de la seguridad/inseguridad urbana.

No cabe duda que la organización y con ello la gobernanza de la seguridad, que a su vez se ha transformado de una tarea soberana a un negocio privado en auge, se puede caracterizar como una de las políticas transversales de la era neoliberal, despertando cada vez más interés entre los científicos sociales y actores políticos de diferentes escuelas y disciplinas (Bergalli y Rivera, 2006; Carrión, 2008; Fraile et al., 2010, Vilalta, 2010). Cabe destacar que se ha escrito mucho acerca de las cuestiones de seguridad e inseguridad, especialmente en relación con la creciente proliferación de elementos urbanísticos defensivos como lo son las urbanizaciones (fraccionamientos) cerrados y vigilados (Borsdorf e Hidalgo, 2008; Cabrales, 2002; Janoschka, 2006; Roitman y Phelps, 2011).

Más allá de mirar a esa dimensión urbanística específica, interesa a continuación pensar, en línea con la inquietud central de este artículo, en las políticas relacionadas con la gobernanza de la seguridad en la era del neoliberalismo así como en los nuevos poderes establecidos por ella. En este sentido, destaca el hecho de que se han institucionalizado diferentes formas de 'supuestas' políticas de prevención que incluyen la vigilancia (p. ej. por circuitos cerrados de videocámaras y televisión), el nuevo diseño de espacios urbanos y la organización del control social. Y, es importante aclarar que en ese negocio participan tanto las administraciones públicas como muchas empresas privadas. Más en detalle, se pueden expresar tres diferentes políticas de potencial transformador:

– Primero, las nuevas formas de vigilancia, un tema controvertido por los avances tecnológicos, especialmente cuando se usa en la supervisión de espacios públicos mediante videocámaras. Esta aplicación recibió muchas críticas que se centran en dos aspectos diferentes: por un lado se aqueja la frecuente ausencia de 'éxito' de las estrategias aplicadas (más allá de la cuestión de cómo definir el supuesto éxito); por otro lado destaca la destrucción de una de las bases de la convivencia urbana moderna, el anonimato, a fuerza de la vigilancia del espacio público (Janoschka, 2005). A pesar de ello, el uso de videocámaras para controlar los espacios 'públicos' urbanos y la grabación de imágenes se han incrementado exponencialmente y están resultando crecientemente 'normalizados'. Mediante la aplicación de tecnologías cada vez más sofisticadas (p.ej., la vigilancia con cámaras de alta precisión utilizada desde helicópteros durante manifestaciones y otros actos de protesta) se intenta además controlar la población simbólicamente y de forma agresiva, manifestando una supremacía por medio de la vigilancia tecnológica y demostrando así la hegemonía de las diferentes administraciones públicas en definir de forma arbitraria el límite del comportamiento permitido.

– Segundo, las intervenciones urbanísticas y la construcción de espacios defensivos (Newton, 1972). Esta línea de intervenciones levanta una discusión acerca de la cuestión de, si o cómo es posible de minimizar o evitar la criminalidad a través del medio construido, respondiendo al argumento de si es posible diseñar 'espacios seguros'. A esto se puede responder de forma crítica poniendo de manifiesto que, por lo menos desde los tiempos de Le Corbusier, muchos de los intentos arquitectónicos de transformar a los individuos y a la sociedad en su conjunto han fracasado.

– Tercero, nuevas formas de control social formal o informal. Aquí nos referimos primero a los diferentes programas de mutua vigilancia, organizada a través de las asociaciones de vecinos, que se difunden así como nuevas formas de prevención, privadas y/o auto–gestionadas. A esto se suma la creciente cantidad de vigilancia profesional proporcionada mediante servicios de seguridad en las ciudades, privados y públicos. Ideológicamente, toda esa gama de políticas se basan en la persecución de la idea de las ventanas quebradas (broken windows en inglés, Wilson y Kelling, 1982) que forma una parte integral de pensar el mainstream de la prevención. Partiendo de la idea ultraconservadora de que el vandalismo urbano se irá retroalimentando si no se combate desde el primer momento, los autores defienden una visión que consiste en intentar suprimir y eliminar todos los posibles desperfectos en el ambiente urbano, como por ejemplo ventanas rotas en edificios (vacíos o en coches aparcados). Con ello se pretende atajar no sólo la criminalidad 'callejera' de los delitos pequeños sino también reducir el clima de violencia urbana en general, básicamente a través del control ejercido mediante la introducción y difusión de una estética aséptica.

Como muchas otras de las políticas neoliberales aplicadas en el espacio urbano, la teoría de las ventanas rotas ha sido utilizada durante las últimas décadas sin tener en cuenta que, con excepción de las publicaciones de los propios Wilson, Kelling y sus colaboradores, no ha habido un solo estudio de calidad científica que pudiera responder con datos empíricos el éxito de la teoría. Al contrario, a partir de un estudio entre 4 800 familias en cinco regiones metropolitanas de Estados Unidos, Harcourt y Ludwig (2006) pudieron finalmente desenmascarar una teoría que ha inspirado muchas políticas públicas de las últimas décadas. Sin embargo, esto no significa que la práctica mencionada se haya vuelto obsoleta, más bien al contrario, se puede constatar.

Lo mismo no necesariamente ocurre con posibles estrategias alternativas de largo plazo, por ejemplo en la aplicación de políticas sociales que responden a algunas de las causas más profundas de la creciente violencia como, por ejemplo, combatir las desigualdades sociales o promover un acceso igualitario a una educación pública de alta calidad. Más allá de eso, se puede señalar que las tres dimensiones anteriormente resaltadas responden a la misma lógica neoliberal de gestionar la ciudad. Por un lado, se permite e incentiva la privatización de una parte creciente de la organización de la seguridad urbana. Según Harvey (2005), las profesiones relacionadas con la prevención y la seguridad son las ramas que a lo largo de las últimas dos décadas mayor crecimiento de empleados han conocido. Cabe destacar que la gran mayoría de ese crecimiento se experimenta en el sector privado, implicando una marcada privatización de la gobernanza de seguridad que a su vez reta las bases de la democracia. Por otro lado, se puede destacar la territorialización de la delincuencia mediante el avance tecnológico aplicado, por ejemplo, en ciudades norteamericanas que persiguen la estrategia de la 'tolerancia cero', implementando el neoliberalismo como una 'tecnología de dominación' (Brenner et al., 2010:18).

Por ello queda patente que los términos de debates aplicados en este texto, la globalización, el neoliberalismo urbano y el binomio seguridad/inseguridad forman parte de un set de estrategias conjuntas que logran eficazmente esconder que la violencia es un producto social del capitalismo, inherente a la dominación de clase que se va restaurando en el marco de las políticas neoliberales (Garnier, 2011).

A modo de conclusión intermedia, se ha podido ver que la gobernanza de seguridad parte de un discurso hegemónico que, de forma parecida que en las políticas neoliberales de corte común, resalta la supuesta inevitabilidad de las políticas aplicadas. Además, discursivamente, se justifica la pérdida de derechos y medios económicos a corto plazo con un supuesto beneficio a largo plazo (que, por cierto, nunca se irá cumpliendo) –un discurso que sirve igualmente para disciplinar a la población con el fin de acallar la oposición y de evitar un consenso en contra de las políticas neoliberales. Sin embargo, no sólo después de los efectos devastadores de las periódicas crisis del modelo neoliberal, este discurso se está agrietando cada vez más con la consecuencia de un creciente rechazo a las políticas aplicadas. Frente a ese panorama que implica una amenaza progresiva a la vida pública por la virulencia de las políticas neoliberales, se discutirá a continuación qué posibles alternativas a las políticas hegemónicas pueden surgir en el seno de los movimientos urbanos y cómo éstas pueden ser conceptualizadas a partir de los conceptos de ciudadanía y participación. Esta preocupación responde a la expresión de inquietud frente a las políticas neoliberales que demuestra Harvey (2009), ya que la academia crítica, debería verse capacitada por apoyar activamente la búsqueda de alternativas al modelo actual.

RESISTENCIA A LAS LÓGICAS DE LA CIUDAD NEOLIBERAL –PENSAMIENTOS Y MOVIMIENTOS

Cabe recordar que en este artículo se ha efectuado, hasta el momento, una evaluación del neoliberalismo urbano que se inspira en la perspectiva de la economía política, crítica con ese paradigma. A partir de ahora se modifica el punto de vista, teniendo en cuenta también la perspectiva de los habitantes de los espacios urbanos y discutiendo las posibilidades de re–apropiación del espacio político. Este enfoque se centrará en discutir las resistencias que surgen por la virulencia de las transformaciones y exclusiones que implica el paradigma neoliberal, pensadas como expresiones de identidad y ciudadanía. Las consiguientes prácticas de "geografías de identidad" (Mitchell, 2007:707) incluyen el uso de símbolos, las prácticas materiales o identitarias, con el fin de inspirar la investigación de prácticas subalternas y contra–hegemónicas (Sparke, 2008). Cindi Katz (2004) conceptualiza la noción de la resistencia como una práctica capaz de interferir en la organización social y las relaciones de poder mediante la consciencia de oposición y de transformación emancipadora. Así, se puede derivar la función destacada que los movimientos sociales tienen para conocer de forma conceptual y empírica el uso de políticas de identidad fuera del juego político formalizado (Routledge, 2008).

La variedad de conflictos, apropiaciones subalternas y luchas que investigan Becker et al., (2008) en el centro urbano del Distrito Federal, clarifican el uso de la identidad y de los imaginarios urbanos compartidos para contrarrestar la pérdida de derechos demostrada anteriormente como una de las consecuencias de las políticas neoliberales. Con referencia al ejemplo de las luchas simbólicas en sitios como el Distrito Federal, se puede pasar desde la discusión acerca de los movimientos sociales y altermundistas en general a un debate que se centra en los movimientos sociales urbanos, un término acuñado por Manuel Castells (1977). Brenner (1999) actualiza esa perspectiva, incluyendo que la acumulación flexible del capitalismo global implica nuevas formas de reterritorialización. Y a partir de ello, Martí y Bonet (2008) elaboran una tipología de movimientos sociales urbanos en la era neoliberal que ayuda a entender la variedad de protestas y que incluye, entre otros, las siguientes cinco diferenciaciones relacionadas con luchas que se dirigen en contra de:

– las políticas hegemónicas de vivienda y el acceso deficiente a un hogar propio (en respuesta a la financiarización de los bienes inmobiliarios, procesos de especulación, carencia de viviendas y políticas de vivienda basadas en promover la construcción de pisos excluyentes);

]]> – las deficiencias en la provisión de equipamientos y servicios urbanos (parcialmente privatizados, en casos con excesos de ganancias empresariales, con altos precios o en una insuficiente calidad y cuantidad);

– las políticas de desarrollo urbano hegemónicas (cooperación público–privada, grandes eventos y la consiguiente redistribución de poder en las estrategias de 'desarrollo' y reordenación territorial);

– la sucesiva pérdida de derechos de las personas excluidas (como inmigrantes, sin techos o minorías étnicas que sufren el creciente control de las políticas de seguridad y de la security governance) y finalmente;

– las amenazas a la 'comunidad' (p. ej., movimientos que protegen a la comunidad en contra de determinadas amenazas físicas o sociales, como lo pueden ser demoliciones, medidas de renovación urbana o el exceso tráfico).

Estos movimientos tienen en común que a través de ellos se expresa la voz local de las personas que viven y habitan un espacio urbano determinado. Pero, estos movimientos no tienen que ser necesariamente progresistas; sino que, en muchos casos, son una mera expresión reaccionaria con el fin de protegerse de toda alteración de la vida (sub)urbana, y esta relación se da especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con el miedo y la (in–)seguridad. Incluso movimientos progresistas corren el peligro de que el contexto ideológico–político dé cabida a una integración parcial de sus reivindicaciones, limando así el potencial subversivo y promoviendo una despolitización (Zizek, 2007:69). Por ello es necesario seguir pensando con mayor profundidad en cómo se puede, desde la perspectiva de una geografía crítica, conceptualizar mejor la gama de reivindicaciones que están surgiendo desde tiempo y que se ven reforzados a partir de la reciente crisis financiera y económica global, un aspecto que nutre la siguiente propuesta.

PARTICIPACIÓN CÍVICA Y PRÁCTICA DE CIUDADANÍA URBANA –UNA PROPUESTA FINAL

El debate anterior ha dejado patente la necesidad de introducir algunas ideas que desafían el pensamiento hegemónico que se expresa mediante la proliferación de las políticas neoliberales en el espacio urbano. En este sentido, es necesario pensar en las circunstancias en las cuales se pueden perpetuar y desarrollar movimientos sociales urbanos inclusivos y desafiantes a la vez, con organización cooperativa y persiguiendo el fin de ganar nuevos derechos de ciudadano, y eso en un tema tan sensible y posiblemente recriminatorio como lo es la seguridad. Para ello, se hará mención de algunas de las variadas y poco convencionales formas de resistencia contra los mecanismos hegemónicos de reproducción urbana que se han originado en algunas ciudades latinoamericanas para reivindicar y/o recuperar el "derecho a la ciudad" (Lefebvre, 1996).

Entre las diferentes discusiones contra–hegemónicas están algunos de los intentos más institucionalizados, como el llevado a cabo en Brasil mediante la redefinición del orden legal urbano y la inclusión del concepto del derecho a la ciudad en el marco del "Estatuto de la Ciudad" (Capel, 2010; Fernandes, 2007). A su vez, esta figura legal viene acompañada por un esfuerzo de retomar las exigencias de diferentes foros participativos que piden una planificación urbana alternativa que responde a las demandas de los grupos menos favorecidos. En el caso de Brasil, esto se ha traducido en la elaboración de presupuestos participativos que, en el marco de las políticas de índole redistributivo, fomentan la inclusión sucesiva de las clases populares (Lopes de Souza, 2001). Otro ejemplo de políticas institucionalizadas se deriva de Venezuela y se basa en regular por un lado la propiedad en los barrios marginales, por ejemplo de Caracas, mediante 'Comités de Tierras Urbanas' y el fomento de la democracia directa a través de 'Consejos Comunales' (Bernt et al., 2007).

Los ejemplos de Brasil y Venezuela demuestran los esfuerzos que están dando frutos en algunos espacios urbanos, promoviendo la elaboración de aproximaciones de democracia práctica. Sin embargo, la propuesta se podría quedar algo corta si se restringe la perspectiva con un énfasis en las políticas urbanas, ya que la creciente demanda de una democracia real no se limita exclusivamente al espacio urbano y a las políticas urbanas en sí. Tal como la planificación urbana se nutre del debate interdisciplinario e internacional, esta propuesta igualmente gana con abrir la perspectiva hacia las diferentes líneas de acción colectiva que se han originado a lo largo de la última década en América Latina. Destaca toda una serie de luchas y reivindicaciones que demuestran la interseccionalidad de las causas de la dominación y la necesidad de interferir en una serie de campos para realizar cambios sociales profundos. Entre ellos, se pueden referir tanto las reivindicaciones de los movimientos feministas como todas las acciones que están tomando lugar en el seno de los movimientos indígenas, por ejemplo para fomentar el reconocimiento de diferentes legalidades (Buenrostro, 2006), de diferentes modos de producir, percibir y apropiarse del espacio (Bastos, 2011) o de reconocer etnicidad e identidad como un factor importante en la gestión política (Bello, 2004).

Si aceptamos la propuesta de que la ciudadanía implica también una serie de prácticas culturales, económicas y simbólicas, es necesario asumir las consecuencias teóricas, políticas y sociales de ese punto de vista. Entonces, la ciudadanía se concibe como un concepto que transciende y transforma la conciencia cívica a lo largo del tiempo y que se utiliza estratégicamente para mantener, reconocer o expandir las exigencias de distintos grupos sociales. Concebido de tal manera, la ciudadanía es un objeto de permanente pugna y negociación e incluye la expresión de identidades colectivas. Una ciudadanía activa así considerada se basa entonces en la necesidad de crear o generar espacios sociales donde es posible reclamar la posibilidad de la participación y de cuestionar los paradigmas hegemónicos. Y según ese 'paradigma participativo' (García, 2004), la participación se evalúa como sustento de la misma vida comunitaria, de su producción y reproducción, como en la negociación de y a través de los conflictos (Zamora, 2009:9), y en muchos casos como un elemento de apoderamiento ciudadano (Folgueiras, 2008). Por ello, es importante conceptualizar el capital humano y social que se oculta en la participación ciudadana y que sale a la luz, entre otras ocasiones, en conflictos y luchas acerca de la (re–)producción, el uso y la apropiación de espacios urbanos. Inquieta la cuestión, de cómo es la relación entre impulsos globales y adaptación local, sobre todo luchas en contra de los procesos hegemónicos de producción de la ciudad neoliberal, críticos con la gobernanza de la seguridad.

En este sentido, es importante resaltar que la participación política y social, organizada, por ejemplo, a través de asociaciones y movimientos de base, implica contribuir a la expresión de opiniones en varias cuestiones, entre otras, aquellas que conllevan decisiones acerca de la producción del espacio. Al mismo tiempo, se trata también de luchas simbólicas que, por ejemplo, cuestionan aspectos como la privatización del acceso a espacios públicos o, en general, las formas de uso y del control del espacio. Según Harvey (2006), es importante observar en qué condiciones específicas el contexto de gobernanza local permite o no una mayor implicación política y qué tópicos se eligen como los campos de 'batalla simbólica'. Como resalta Tamayo (2006), estas luchas por los derechos se han convertido en el principal motor del cambio político y social, ya que todas las luchas intentan transformar o ampliar la ciudadanía. Y es a través de las luchas simbólicas que los sujetos se transforman en ciudadanos que se implican en lo que Tamayo (2006:32) define como espacio de ciudadanía, como "un ámbito que se creó por la apropiación ciudadana de su espacio público". Estos espacios ciudadanos son a la vez objetivos (por la dimensión física) y subjetivos (por la dimensión de la comunidad), son la traducción de la ciudadanía a una conceptualización que incluye la compleja relación entre espacio y poder, dando luz a una integración de la perspectiva espacial en una conceptualización de ciudadanía que se entiende como el resultado de luchas sociales acerca de la imaginación, la percepción y la apropiación del espacio urbano (público).

Si volvemos ahora a la gobernanza de la seguridad, por su estado crítico y su importancia civil, podemos afirmar que también se trata de un campo de batalla que requiere un sinfín de negociaciones y discusiones. Siendo la participación el vehículo de la implementación de los espacios de ciudadanía, éstos son los espacios de esperanza verdaderos que puedan ayudar a evitar los intentos de monopolizar la opinión pública y recortar las libertades cívicas en la dictadura neoliberal actual. Pensar entonces la seguridad y la gobernanza de la seguridad a partir de la reconquista del espacio vivido y apropiado por los espacios de la ciudadanía puede ser un inicio para perfilar mejor la resistencia a las fuerzas dominantes de la era neoliberal.

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NOTAS

¹ Este fenómeno ha motivado últimamente un importante número de estudios empíricos. Véase Ayelén (2010) para Buenos Aires; Delgadillo (2008) para la Ciudad de México; Lulle y De Urbina (2010) para Bogotá; Pires y Lima (2010) para Juiz de Fora; González (2009) para Zacatecas, o Rothfuss (2007) para Salvador (Bahía).