Damián López Cano*

* Departamento de Geografía, Universidad de Málaga, Campus Universitario de Teatinos, 29071 Málaga, España.

Recibido: 21 de junio de 1999
Aceptado en versión final: 16 de marzo de 2000

La entrada de España en el Mercado Común en 1986, después de una larga y laboriosa negociación, ha significado un importante salto cualitativo en todos los órdenes de la vida social, económica y política del país. Los esfuerzos que se han hecho para adecuar al país a las exigencias de Maastricht, junto a las importantes ayudas económicas recibidas de cara a la cohesión, han modernizado sus estructuras hacia un futuro que se plantea halagüeño. Superar el examen de la Moneda Única y adaptar el Euro como moneda oficial ha sido un importante reto que se ha conseguido, el cual compensa con creces todos los esfuerzos que se han llevada a cabo para lograrlo.

Palabras clave: España, Unión Europea, cohesión, moneda única.

Abstract

The entrance of Spain into the Common Market In 1986, after long and laborious negotiations, represents an important qualitative impulse for the country in all aspects of life: society, economy and politics. Great efforts have been done to adapt the country to Maastricht's demands. These efforts, together with Important economic aid received as a result of cohesion, have modernized Spain's structures and are leading the country to a promising future. Overcoming the test of a Single Currency and adapting the Euro as the official one have been great challenges, successfully achieved. This accomplishment certainly compensates for all the efforts.

Key words: Spam, European Union, cohesion, single currency.

INTRODUCCIÓN

A punto de cumplirse los quince años de la entrada de España en la Unión Europea (UE) y en los inicios de una Unión Monetaria que, sin duda, marcará un hito importante en el futuro europeo, el país presenta en la actualidad parámetros socioeconómicos distintos a los que fueron sus señas de identidad en el momento de la adhesión a la Comunidad en 1986.

Si bien es verdad que el ajuste de las variables socioeconómicas españolas a la Unión Europea resta aún de ser lo más idóneo posible, no es menos cierto también que éstas se van aproximando paulatinamente y hoy se han reducido de forma considerable las diferencias que al momento de su ingreso tenía.

Desde que se adhirió a la Comunidad Europea, a España no le ha sido fácil para acortar las diferencias que les separaban y aproximarse a la convergencia real. A medio camino de concluir el período transitorio de siete años que el Tratado de Adhesión estipulaba, se tuvo que emprender otro nuevo y aún más drástico, para adecuarse a las exigencias del Mercado Único de 1993 que el Acta Única de 1986 preveía; pero, las dos devaluaciones de la peseta en 1992 y otra más en 1993, año en el que la economía nacional atravesó una profunda crisis que provocó una caída de 1% en el Producto Interno Bruto (PIB), ensombreció aún más el panorama. Con estas premisas negativas se tuvo que acometer un nuevo camino para que el país se adaptara a las duras condiciones de los criterios de convergencias fijados en el Tratado de Maastrich, si se quería estara la cabeza de la Unión Monetaria.

Sin pretender entrar en las hipotéticas operaciones de "cosmética contable" o "contabilidad creativa" con las que el ejecutivo hubiera podido manipular las cifras macroeconómicas para "disimular" un déficit excesivo (práctica de la que fue acusada Italia), el hecho es que la labor realizada por España en tan corto espacio de tiempo es, si no encomiable, sí al menos, digna de resaltar.

Desde 1994, en que se empezó a salir de la crisis iniciada a principios de la década, España emprendió una dura y disciplinada política presupuestaria para aprobar el examen del euro; pero aún a comienzos de 1997, y pese a los esfuerzos realizados, España no cumplía con ninguno de los criterios de convergencia, si bien se aproximaba bastante y ya los analistas comenzaban a admitir la posibilidad de que el país formara parte del primer grupo de la moneda única. Este vaticinio se cumplió en la cumbre de mayo de 1998 en la que se aprobó el "examen" de la convergencia con unas de las mejores notas de los 11 candidatos a formar el primer pelotón del euro. Este cambio tan sustancial en las cuentas macroeconómicas españolas significó toda una proeza, a decir de los expertos europeos, que incluso felicitaron públicamente a los agentes económicos y sociales que la hicieron posible.

Alcanzada la convergencia nominal, conseguir la real, según el ejecutivo del Partido Popular (PP), es cuestión de pocos años; ya que para el 2004 o 2005 (es decir, al final de un posible segundo mandato del PP y de la polémica Agenda 2000) se habrá llegado a 100% de la media comunitaria en el PIB per cápita. Sin entrar en mayores especulaciones sobre esta aseveración del ejecutivo, el hecho es que a menos de 15 años de la entrada de España en la Comunidad, las diferencias socioeconómicas se han atenuado, sus estructuras se están modernizando aceleradamente y el país se está acercando a los parámetros medios de la UE.

La entrada de España en el club europeo, aparte de reportarle una mayor credibilidad externa, impuso al país disciplinas y prácticas económicas de las que carecía; al mismo tiempo, un sinérgico crecimiento la está abocando a una modernidad socioeconómica que hubiese sido más tardía sin pertenecer a la UE.

No se pretende analizar qué hubiese ocurrido en estos últimos años sin la presencia activa de España en la Unión; hacia dónde se hubiera encaminado su devenir socioeconómico. No es la intención del autor caer en un anacronismo histórico que sólo conduciría a inexactitudes y especulaciones. Lo que sí se afirma, y se espera esbozar en el trabajo, es que el hecho de pertenecer a la UE ha llevado a España a una modernidad socioeconómica que en otras circunstancias hubiese sido más tardía o aún no se hubiera dado.

EL LARGO CAMINO HACIA EUROPA

La presentación de la solicitud española de adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1977 no fue el comienzo de sus relaciones con la Europa comunitaria y su deseo de acercarse a ella; desde bastantes años atrás (1962) se venía intentando una aproximación al club de los seis que era rechazada continuamente. Este constante fracaso, que alimentaba la frustración interior del país y su aislamiento internacional, se enmarcaba dentro de un proceso de formación europea y creación de nuevas normas de convivencia políticas y económicas de las que España sólo pudo ser espectadora, obligada por la imposición externa y los condicionamientos interiores.

Estos acontecimientos que se sucedieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y que alumbraban un nuevo horizonte de entendimiento democrático y económico le fueron vetados y marcaron los años más difíciles de su historia más reciente, que vale la pena esbozar brevemente antes de adentrarnos en los intrincados vericuetos que encuadran su trayectoria en la Unión Europea.

La reciente historia de España está plena de rechazos, proclamas condenatorias, exclusiones e incluso amenazas que mantuvieron al país aislado de todos los órganos representativos y decisorios de la comunidad internacional.

Recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración de Postdam de 1945 se hizo ya un primer comunicado condenatorio del régimen de Franco y una dura advertencia de no apoyar solicitud alguna que el gobierno español presentara para ser miembro de las Naciones Unidas; posteriormente, en diciembre de 1946, en una de las más duras sanciones que se han aplicado en la vida internacional contra un país, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó la retirada de embajadores de España, que se aprobó por 34 países, con 13 abstenciones y seis votos en contra¹ (García-Nieto y Donézar, 1975).

Estos dos primeros rechazos internacionales, pero sobre todo la fulminante sanción de la ONU, fue muy perjudicial y políticamente dolorosa, y allanaron el camino hacia nuevas exclusiones que perjudicaron al país económicamente al eliminarlo del programa de recuperación europea; ya que al ser excluido del Plan Marshall no pudo pertenecer desde el principio (1948) a la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que se creó para institucionalizar la distribución de la ayuda estadounidense. España ingresó en 1959, convertido ya este organismo en la pieza fundamental de las relaciones económicas de Europa occidental (Bassols, 1995).

No estuvo presente en 1949 cuando se firmó el Tratado del Atlántico Norte y no se hace referencia a su estructura militar, lo cual no se trata, sino en aras de un principio de unión u organización entre naciones, del que también se la excluyó. Casi todos los países de Europa occidental pertenecían a ella, incluidos Turquía, Grecia y Alemania. España ingresó una vez instaurada la democracia, en 1981.

El mismo año de 1949 el país tampoco fue testigo presencial en la firma del estatuto del Consejo de Europa, ai que se solicitó oficialmente su ingreso en 1977 (Bassols, op. cit.) y, como colofón a estos años de aislamiento y claustrofobia, tampoco se firmó el Tratado de París de 1951 por el que se constituía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Tratado firmado por Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo y preámbulo decisivo para los Tratados de Roma de 1957.

Los logros diplomáticos en el exterior a partir de la década de los cincuenta (Concordato con la Santa Sede de agosto de 1953 y los acuerdos bilaterales con Estados Unidos un mes después); los acontecimientos externos que activaron la guerra fría (guerra de Corea, crisis de Suez, sublevación de Hungría, etc.); al mismo tiempo, el viraje económico en el interior con el Plan de Estabilización, junto al nuevo talante impuesto por el gobierno de los tecnócratas que apostaron decididamente por la apertura al exterior, contribuyeron a aliviar la desairada situación política española y a poner un rayo de esperanza en un cese del aislamiento; parecía entreverse una luz al final del túnel.

Pero estos primeros logros en la escena internacional apenas influyeron en los acontecimientos posteriores europeos, en los cuales se fue forjando el futuro de la Comunidad. Y así como España no estuvo en la firma del Tratado de París por el que se instituyó la CECA, también fue excluida de la Conferencia de Mesina de junio de 1955 en la que se abogaba ya por la idea del Mercado Común; y, obviamente, de la firma de los tratados de Roma de marzo de 1957, constitutivo de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom; Tamames, 1994).

La situación económica a principios de la década de los sesenta era sumamente delicada para España; dos bloques económicos que imponían disciplina, pero a la vez ventajas comerciales a los países integrados en ellos, se estaban consolidando, y dieciséis países europeos formaban parte de ellos. Aparte de los países socialistas, sólo tres quedaban aún sin integrarse; Grecia, Turquía y España.

Pero Grecia y Turquía también se acercaron a la CEE con sendos acuerdos de asociación con perspectiva de una adhesión futura; la primera lo firmó el 9 de julio de 1961 y Turquía en 1963. Ante esta situación en que se encontraba España, totalmente aislada y fuera de cualquier bloque económico que significara ventajas positivas para su balanza comercial, no es extraño, pues, que se decidiera el 9 de febrero de 1962 a presentar una solicitud de asociación susceptible en su día de llegar a la plena integración (García-Nieto y Donézar, op. cit).

Aunque con reacciones encontradas, la postura general de los seis países miembros fue de rechazo a la petición española, que sólo obtuvo un mes más tarde (6 de marzo de 1962) un frío acuse de recibo. Esto condicionó una nueva carta del gobierno español el 14 de enero de 1964 en la que se recordaba la solicitud anterior y se solicitaba nuevamente la apertura de negociaciones.

Ante esta nueva carta de España dos años después de la primera, como recordó Francia, y la necesidad de contestar a su petición, las posturas fueron distintas: Alemania, Francia y Luxemburgo se mostraron a favor de abrir negociaciones, mientras que Bélgica, Holanda e Italia aceptaron, más bien a regañadientes, iniciar conversaciones, pero descartando cualquier posibilidad de una asociación. Finalmente, esta segunda misiva obtuvo respuesta el 2 de junio de 1964; en ella, el Consejo autorizaba a la Comisión a entablar negociaciones con España con objeto de buscar las soluciones ante los problemas económicos que le planteaba al país el desarrollo de la Comunidad.

Pero lo que sí se tenía claro por parte de muchos de los países miembros era que no se podría hacer con España ningún tipo de integración (Bassols, op. cit), El impedimento político en el interior era muy fuerte y las condiciones impuestas en el Tratado de Roma para la admisión de nuevos socios eran muy exigentes. Tanto el artículo 237 sobre la adhesión de nuevos miembros, derogado por el Tratado de la Unión Europea (TUE); como el 238 sobre la asociación (modificado por el TUE), requerían la unanimidad de los miembros del Consejo; bastaba, por tanto, que cualquier país miembro ejerciera su derecho al veto para detener cualquier proceso de integración en la Comunidad;² también el Informe Birkelbach, presentado en enero de 1962 y asumido por la Asamblea Parlamentaria Europea, imponía unas condiciones políticas muy definidas para cualquier país que quisiese integrarse en la Comunidad.

En estas circunstancias España no podía aspirar a la asociación y, mucho menos, a la adhesión. De aquí que se decidiera, por tanto, entrar por la puerta falsa del artículo 113 del Tratado, en el que se contemplan acuerdos comerciales y preferenciales con terceros países y, lo que era más importante para el país, sin que fuera necesaria la unanimidad de los miembros del Consejo, sólo con la mayoría cualificada era suficiente.

Se empezaron las negociaciones por este camino lateral a partir de 1966 y se culminó con la firma en Luxemburgo el 29 de junio de 1970 del Acuerdo Preferente, que con grandes avatares sobre la incorporación de España a la política agrícola y la adecuación del Acuerdo a los nuevos miembros de la primera ampliación (Dinamarca, Irlanda y Reino Unido), se mantuvo vigente hasta su entrada en la Comunidad en 1986.

LAS NEGOCIACIONES DE ADHESIÓN

El marchamo³ político ya se tenía. Las reformas democráticas emprendidas en tan escaso tiempo: la política y la del código penal, legalización de todos los partidos políticos, amnistía, primeras elecciones democráticas, etc., parecían asegurar al país una rápida entrada en la Comunidad y de ese tenor eran las manifestaciones de muchos de nuestros políticos. Las exigentes condiciones políticas de la Doctrina Birkelbach estaban, al parecer, superadas; las favorables reacciones que la solicitud de adhesión produjo en la prensa europea y en algunos países miembros pronosticaban unas conversaciones muy allanadas de cara a meternos de pleno en la segunda gran ampliación, junto con Grecia y Portugal, como era el deseo español.

Pero los ocho largos años de demora y duras negociaciones hicieron comprender que, aparte el escollo político ya superado, existían otros intereses por los cuales se podía ejercer el derecho al veto. El procedimiento de admisión de nuevos socios en la Comunidad, que implicaba la unanimidad de los miembros del Consejo (artículo 237 del Tratado de Roma), significaba y fue un duro obstáculo que salvar. Se invocaba una y otra vez por algunos países miembros, principalmente Francia, para intentar salvaguardar sus intereses económicos. Se temía la competencia que podría hacer la agricultura española y se sobrestimaba en demasía el desarrollo de algunos sectores industriales del país.

Las negociaciones con Grecia y Portugal no planteaban litigios importantes. Con la primera se resolvieron rápidamente y entró en la Comunidad en 1981. Portugal, en cambio, cuyo ingreso en la Comunidad se quería hacer coincidir con el de España (bloque ibérico), observaba, sin manifestarse, cómo se dilataba su adhesión a tenor de los retrasos que las fricciones económicas imponían a las negociaciones con España.

Pese a que la respuesta a la solicitud de adhesión fue muy rápida (20 de septiembre de 1977), hasta dos años más tarde no empezó el desarrollo efectivo de las negociaciones. Francia sabía que ya no era posible vetar el principio y la marcha de las negociaciones invocando un espíritu de ética política que ya estaba superado, pero quería y logró conservar el poder de retrasarla si así le convenía a sus intereses; pretendía y lo consiguió, conservar las manos libres para manejar el tiempo de las negociaciones.

La primera dilación impuesta por Francia se produjo el 13 de septiembre de 1978 cuando el presidente Valéry Giscard d'Estaing propuso al Consejo la creación de un comité de expertos independientes para que estudiasen los problemas planteados con la futura ampliación. Esta primera demora hizo que la apertura formal de las conversaciones se retrasara hasta el 5 de febrero de 1979, pero hasta seis meses después y nuevamente por indicación francesa, no empezó el desarrollo efectivo (Tamames, op. cit.).

A escasos meses, el 5 de junio de 1980, el presidente francés propuso una pausa en el proceso de negociación con España en tanto los Nueve resolvieran sus problemas internos. Pese a que el resto de los países miembros eran partidarios de continuar las negociaciones, Francia impuso su derecho de veto (art. 237) y nuevamente la retrasó.

En septiembre de 1981 el Consejo de la Comunidad desbloqueó la negociación del capítulo agrícola, dando un nuevo impulso a las negociaciones con España, pero nueve meses más tarde, en junio de 1982, surgió un nuevo freno impuesto por Francia (en esta ocasión Mitterrand) en el Consejo de Ministros, invocando la necesidad de realizar un inventario económico de la adhesión para calibrar sus efectos.

A partir de la entrada en octubre de 1982 del primer gobierno socialista de Felipe González, las rondas de negociaciones aparentaron tomar un nuevo impulso; la Francia del socialista Mitterrand atemperó sus gestos hacia España y empezaron a desbloquearse las negociaciones. No obstante, pese a este nuevo talante en las conversaciones, se necesitaron aún cuatro Consejos Europeos (Stuttgart, junio de 1983; Atenas, diciembre de 1983; Bruselas, marzo de 1984, y Fontainebleau, junio de 1984) para desbloquear la adhesión de España (Bassols, op. cit.).

Por fin, después de algunos obstáculos en los aspectos técnicos de la pesca y la agricultura y de algunos aspectos que se dejaron para después de la adhesión, en marzo de 1985 el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno decidió el ingreso de España y Portugal. El 12 de junio de 1985 se firmó en Madrid el Tratado de Adhesión que debería ser ratificado en los meses siguientes por los Parlamentos de los países miembros y el 1 de enero de 1986 España ingresó en la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho.

EL TRATADO DE ADHESIÓN

El largo e intrincado proceso de las negociaciones para la adhesión que brevemente se ha esbozado habla de los muchos y, a veces, desorbitados recelos económicos que esta entrada imponía a algunos miembros de la Comunidad, principalmente para los políticos franceses. Se temía la dura competencia que la agricultura española podía ocasionar a la agricultura del sur de Francia, precisamente uno de los feudos electorales más importantes de la derecha y el centro del país galo (aunque también la izquierda de Mitterrand hizo algunas concesiones).

Las largas y duras sesiones que bloqueaban una y otra vez el capítulo agrícola; las pausas y los semi-vetos que Francia imponía buscando una nueva financiación y renegociación de la Política Agrícola Común (PAC) que favoreciese a su agricultura antes de que entrara España, objetivo que logró en el Consejo de Stuttgart de junio de 1983, fueron los principales impedimentos que surgieron en las negociaciones. Pero, no los únicos; ya que se sobredimensionaba el efecto que algunos sectores industriales podrían ejercer en la comunidad: construcción naval, siderurgia, y textiles, precisamente los sectores en crisis estructural en Europa; se temía al sector pesquero que planteó también una gran disputa, ya que la flota española, tanto en número de barcos como en tonelajes y volumen de capturas era una de las primeras del mundo y a la entrada de España se multiplicarían los problemas que ya tenía la pesca europea, el enfrentamiento con Irlanda en este campo era, pues, inevitable; el potente sector vinícola también producía amplios recelos en los viticultores franceses e italianos, y, en fin, el principio de la libre circulación de la mano de obra suscitaba desconfianza en algunos países; el problema del "trabajador invitado", como eufemísticamente se llamaba al emigrante en Alemania, dejaría de ser tal con la adhesión; los españoles dejarían de ser emigrantes y se convertirían en trabajadores comunitarios y un volumen de más de 600 000 españoles, según estimaciones oficiales, entre trabajadores, cónyuges e hijos (más de un millón en cómputos extraoficiales), que vivían en la comunidad antes de la adhesión, era difícil de asimilar.

Ante todos estos problemas que la adhesión española suscitaba en la Comunidad no resulta extraño que las negociaciones tuvieran tantos avatares; pero, y aquí se evidencia la naturaleza política de los hechos económicos, con una decidida acción favorable y unas miras políticas menos nacionalistas, se hubiera allanado el camino.

En las cuatro ampliaciones que desde 1973 ha habido en la Comunidad, ningún país ha presentado un litigio económico tan amplio y dilatado en el tiempo como el de España. Tan sólo el Reino Unido (aunque motivos distintos provocaron los dos vetos del general De Gaulle en 1963 y 1967) tardó más años en entrar que España; pero, a no ser por el primer veto francés, su acuerdo de adhesión ya estaba preparado en enero de 1963, a escaso año y medio de haber presentado su solicitud.

Aceptar el acervo comunitario significó un gran esfuerzo para España. Hubo que afrontar la gran dificultad de adaptar la legislación interior a las normas comunitarias y acoger nuevas formas jurídicas sin tradición en el acervo hispano, que trastocaban profundamente las estructuras del país.

El Tratado contiene numerosas renuncias y claudicaciones por el lado español, que, en parte, ilustran de la frustración e impotencia que a veces sintieron las delegaciones españolas en las negociaciones. Una somera revisión del Tratado de Adhesión (Jefatura del Estado, 1985) permite comprender no sólo la desigualdad de fuerzas desplegadas en las conversaciones, sino la obsolescencia de la normativa jurídica del país en el ámbito económico y la continua adaptación que hubo que hacer. Pasando por alto temas de menor conflicto, pero que implicaban una normativa anticuada o ausencia de ella en patentes, fiscalidad, transportes o armonización de normas, entre otras, las principales fricciones y renuncias por parte española se centraron en el capítulo agrícola, al que se le dedicó casi la cuarta parte del total del articulado (87 artículos de un total de 403 con que cuenta el Tratado).

Dejando a un lado el capítulo del vino de mesa en el que se forzaron precios reguladores claramente a la baja, o el problema de la denominación de origen "Jerez" y "Sherry", el principal conflicto resultó ser el de las frutas y verduras frescas (artículos 118, 119, 131 a 153). Pese a que el período transitorio general se estipuló en siete años, el período de desarme arancelario por la parte europea para el sector hortofrutícola se fijó en diez años,, ante el temor a la competitividad española en este sector; mientras que para los productos continentales, admitidos como sensibles para España (leche, mantequilla, carne de bovino, etc.), se le aplicó el general de siete.

En cuanto a la pesca (artículos 154 a 176), España, pese a ser la primera potencia pesquera dentro de la comunidad, obtuvo un acceso muy limitado a las aguas comunitarias, sólo 300 barcos, de los cuales podían laborar 150 a la vez; al mismo tiempo Irlanda se opuso totalmente a dar entrada inmediata a estos barcos a sus mejores caladeros y logró un período transitorio de diez años.

Al principio de la libre circulación de la mano de obra se le adjudicó la moratoria del período transitorio general, siete años, aunque para Luxemburgo se aplicaron diez años; como se dijo anteriormente, los más de 600 000 españoles residentes en Europa y concentrados preferentemente en Alemania y Francia, pesaban bastante a la hora de flexibilizar el período transitorio; no obstante, se reconoció el derecho, desde la adhesión al mismo trato, de los trabajadores comunitarios en lo referente a materias socio-laborales, fiscales, sindicales, de acceso a la vivienda, transportes y escolarización de los hijos.

ESPAÑA EN EUROPA

Las señas de identidad que España presentaba a su ingreso fueron relativamente modestas. Por la población total, el país aportaba un contingente que, aunque menor en relación con los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido), la acercaba más a este grupo que al resto; ocupando, pues, una posición intermedia, pero más próxima a aquéllos; lo que implicó una similar situación en la representación que se ostenta en los órganos institucionales de la Comunidad, ya que éstos se relacionan directamente con el peso demográfico de cada país: dos representantes en la Comisión (dos los grandes), 60 escaños en el Parlamento Europeo (81 los grandes), ocho votos en el Consejo (10 los grandes), 21 representantes en el Comité Económico y Social (24 los grandes), al mismo tiempo que se ocupó una de las seis vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones (Comunidades Europeas, 1995), lo que dio al país un importante papel decisorio dentro de estos organismos comunitarios.⁴

La acción conjunta de esta población relativamente modesta (en relación con los cuatro grandes países mencionados), junto con una extensión superficial de la más elevada de la Comunidad, la segunda tras Francia, arrojaba, como consecuencia, una baja densidad, muy alejada de las altas presiones demográficas que se alcanzaban en algunos países, que apenas sobrepasaba 50% de la media comunitaria (Cuadro 1). Éste tal vez fue uno de los rasgos característicos aportados por la población española, que tuvo una gran consecuencia en el panorama demográfico de la Comunidad, puesto que, de inmediato, hizo descender de forma importante la densidad media que soportaba la CEE, que se redujo de 162 habs/km² que había antes de la integración, a 143 registrados tras la incorporación. Este descenso de casi veinte puntos en la densidad media comunitaria tiene bastante significación dentro de un espacio socioeconómico sin fronteras, y sobre todo, en momentos de crisis y recesiones económicas.

La natalidad española, que venía experimentando una importante reducción en sus efectivos desde años atrás, ya se había situado con uno de los valores más bajos de la Comunidad, inferior incluso a la media europea; pero no obstante, se mantenía con un crecimiento vegetativo que, aunque modesto para los niveles medios españoles de escasos años atrás, se encontraba a más de dos puntos por encima, como consecuencia de una tasa de mortalidad que era la más débil de la CEE e inferior en más de dos puntos (8.0 y 10.3%ll, respectivamente).

Como consecuencia de este crecimiento vegetativo, relativamente alto para los valores medios comunitarios, se elevaba el débil crecimiento de la CEE (debido a las tasas negativas de algunos países con gran peso demográfico, como Alemania) y se rejuvenecía la pirámide por la incorporación de un contingente de población que, aunque ya manifestaba signos de madurez demográfica, aún mantenía una estructura muy joven en comparación a la media europea.

Con referencia a la población menor de 15 años (Cuadro 1) España incorporaba unos efectivos importantes, tan sólo superados en valores relativos por Irlanda y Portugal; mientras que en los grupos mayores de 64 años el aporte demográfico se situaba por debajo de la media. Se advierte, pues, que con la incorporación española se produjo un importante rejuvenecimiento de la población, manifestado en los dos extremos de la pirámide, tanto por el aumento del porcentaje de jóvenes como por la disminución en el de ancianos; es decir, se incrementaba la disponibilidad potencial de la población activa en un futuro inmediato, lo que en un mercado comunitario con claro índice de envejecimiento del colectivo de trabajadores podría tener connotaciones importantes desde el punto de vista socioeconómico.

Pero, los posibles aspectos positivos que parecían derivarse del rejuvenecimiento de la población tras la adhesión española se relativizaban de forma importante, no sólo por el hecho del considerable aumento de la población en paro que España aportó, con el consiguiente incremento en las prestaciones por desempleo; sino también, porque este rejuvenecimiento, si bien podía significar una reducción relativa en los gastos por prestaciones sociales a la vejez, por la menor proporción de ancianos, incrementaba, sin embargo y en una mayor cuantía, los recursos destinados a educación por la mayor presencia de jóvenes (López, 1994).

Había, pues, una clara disfunción entre las posiciones ocupadas por las variables demográficas y su traslación a la representación dentro de los organismos comunitarios (que acercaba al país al grupo de los cuatro grandes) y la debilidad económica que manifestaban estos datos (que lo emparejaba al grupo de los miembros menos desarrollados), no acordes con el peso demográfico, pero sí con el grado de desarrollo económico que tenía.

Los datos de actividad y paro, los más extremos de la Comunidad, uno por ser el más bajo y el segundo por ser el más elevado, confirmaban los graves desajustes en que se encontraba el país en el momento de la adhesión. Una tasa de actividad, que sólo llegaba a 85% de la media europea, y un nivel de paro que la duplicaba eran las primeras señas de identidad socioeconómica que incorporaba España al Mercado Común, Al mismo tiempo, el PIB por habitante era 31 puntos inferior a la media, confirmando un bajo nivel de renta y poder adquisitivo del ciudadano en relación con los estándares medios de la Comunidad.

La distribución sectorial del PIB se acercaba más a los cuatro grandes países que al resto, estando pues, más acorde con el peso demográfico que se tenía, que con las variables sociales que se han visto.

La participación de los distintos sectores económicos, 6.3; 35.6, y 58.1% en agricultura, industria y servicios respectivamente, evidenciaba unas estructuras ya en transición a la modernidad económica, aunque ésta estuviera determinada más por la baja significativa que se daba en el sector primario (en rápido descenso desde los años sesenta), que por el resto de los sectores productivos.

Sin embargo, España aún se mantenía alejada de los valores de los cuatro grandes, que mostraban una distribución sectorial más desarrollada y, aunque por el porcentaje de incremento del PIB (dos décimas inferior al promedio) el país estaba dentro de la tonica general de los países miembros (a excepción de Portugal, que registraba un incremento negativo), el aumento anual de la inflación seguía siendo muy superior a la media (9.0 frente a 5.5%, respectivamente); éste era, tal vez, uno de los rasgos más característicos de las consecuencias que se venían arrastrando de la crisis anterior. Si bien, otros países como Grecia y Portugal mostraban una inflación muy superior, otros, como Alemania, parecían haberla superado e iniciado la recuperación y expansión económica que caracterizó al último quinquenio de los años ochenta.

EL SEGUNDO REAJUSTE

Las variables económicas descritas eran las credenciales que España presentaba a su ingreso en la Comunidad. Lo peor de la crisis anterior parecía haberse superado y se esbozaba una recuperación económica; pero subsistían aún signos evidentes de la recesión sufrida y las altas tasas de paro e inflación ensombrecían el futuro inmediato y podrían ralentizar el despegue de esos años.

En el momento de la adhesión, la Comunidad Europea se encontraba inmersa en un proceso de renovado impulso europeísta desde unos años atrás, que se gestó definitivamente con la aprobación del Libro Blanco del mercado Interior aprobado en junio de 1985; la confirmación de sus objetivos se diseñó en la Cumbre de Luxemburgo en diciembre del mismo año y se concretó, en definitiva, en la redacción del Acta Única Europea, que firmada en febrero de 1986, entraba en vigor el 1 de julio de 1987, tras ser ratificada por los respectivos Parlamentos nacionales (no sin duras controversias en algunos de ellos, como en Dinamarca e Irlanda); preveía la creación para el 1 de enero de 1993 de un "gran mercado único", un gran mercado interior de "320 millones de consumidores", según la expresión más frecuentemente utilizada para designar el mercado interior, tal como lo concebían los responsables comunitarios.

Pero la realización de este espacio único exigía la desaparición de las barreras y obstáculos entre los países miembros, que implicaba, desde el punto de vista socioeconómico, un considerable retraso en el cumplimiento de los objetivos. Lo que se llamó el costo de la "no-Europa", es decir, la resultante de sumar todos los obstáculos administrativos, técnicos, fiscales, financieros, legislativos y físicos que dividían a la Comunidad, resultaba bastante gravoso a los ciudadanos europeos. El "Informe Cecchini" de 1988 estimaba en unos 200 000 millones de ECUs de pérdidas anuales el costo de la no-Europa; por lo que la realización de este espacio único implicaba, aparte del ahorro de esos millones, un aumento del PIB de cinco puntos y la creación de unos cinco millones de puestos de trabajo (Cecchini, 1988; BBV, 1989; EUROSTAT, 1989b).

Se propusieron un total de 279 medidas tendientes a la homogeneización de las legislaciones de los estados miembros a favor del Mercado Único de -1993; las más importantes de ellas se referían a la desaparición de las fronteras físicas, la eliminación de las fronteras técnicas y la supresión de las gravosas fronteras fiscales.

Y en este marco de renovado impulso europeísta (1985/86) y de grandes transformaciones para la consecución del mercado interior es cuando España se integra; y, aunque sea una coincidencia histórica, no hay que olvidar un hecho curioso: nuestro país, que tanto había padecido para integrarse en la Comunidad, tomó por primera vez parte activa como miembro decisorio de la CEE al firmar el Acta Única en la que se acordó dar este salto cualitativo importante en la unificación europea.

Frente al mercado único del 93, el mapa de Europa se encontraba sometido a un proceso de reestructuración económica, conducido por una irreversible lógica de gestión. Las enormes ganancias que suponía un mercado de 320 millones de consumidores de alto poder adquisitivo, era un atractivo aliciente que hacia a las empresas buscar la mayor cuota de participación en este mercado. Ya en 1989 se decía que "el sentimiento de urgencia se acelera a medida que se acerca 1993 y la acción natural y práctica es la de adquirir, no la de crecimiento orgánico" (Cinco Días, 1989); las empresas se reajustaban para ganar competitividad, conscientes de que unas dimensiones óptimas eran imprescindibles para hacer frente a los gigantes americanos y japoneses, principalmente en los ámbitos de futuro (nuevas tecnologías y servicios); se trataba, como se dijo en su día, "de la mayor reestructuración económica habida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial" (Business Week, 1992). Y en este camino de adaptación a las nuevas normas del 93, los viejos países comunitarios se encontraban en situación de partida más beneficiosa y, aunque no fue ajena a este proceso, España padeció las consecuencias tardías de su incorporación y el reflejo de su menor desarrollo.

El año de 1993 tenía para España un doble significado: por un lado, era la fecha marcada como final del período transitorio y por otro, la puesta en marcha del Mercado Único. Ese año constituía, pues, un doble reto para su economía, que tenía que acometer un segundo proceso de reciclaje frente al nuevo mercado, cuando aún el primero no había terminado; sin mencionar, por ahora, el tercer y gran reajuste que antes del 93 impuso el Tratado de Maastrich, a fin de cumplir la convergencia para la moneda única.

A principios de los años ochenta la economía de la Comunidad Europea empezaba a superar el bache de la recesión económica anterior y se iniciaba un rápido crecimiento que se mantuvo durante el resto de la década, con incrementos del PIB relativamente elevados en comparación a valores anteriores y que oscilaron entre 3 y 4% entre 1985 y 1989 (EUROSTAT, 1991a). Esta situación se mantenía a principios de los noventa y, aunque ya el crecimiento del PIB empezaba a ralentizarse ligeramente, 2.8% en 1990 frente al 3.3 en 1989 (EUROSTAT, 1991b), aún se dejaban sentir los efectos positivos en el comportamiento de algunas variables, como en el aumento que seguía experimentando el empleo medio comunitario en 1991 (EUROSTAT, 1992).

A partir de la adhesión al Mercado Común, España entraba también en una etapa de elevado crecimiento económico, con tasas superiores a la media comunitaria, que paulatinamente fue aminorando las diferencias que existían en el momento de la adhesión.

Como se observa en el Cuadro 3, el crecimiento medio por habitante durante los primeros cinco años de nuestro ingreso superó la de todos los países comunitarios y estuvo más de un punto por encima de la media europea, Los índices anuales, con base 100 en 1985, son bastante explícitos de este ciclo expansivo; fueron muy superiores a la media comunitaria y sólo superados por estrecho margen por el índice portugués. En casi todos las años citados el índice español se situó a la cabeza del crecimiento europeo.

Aparte, pues, de la coyuntura expansionista de la economía occidental en este último quinquenio de los ochenta, que también afectó a España, el ingreso se tradujo en un ciclo de crecimiento de mayor entidad aún, basado en un aumento de la inversión y el consumo; inversión protagonizada preferentemente por los capitales extranjeros atraídos por los altos tipos de interés y por la actividad especulativa (principalmente inmobiliaria), en torno a un país que, por entonces, se mantenía barato para los estándares medios europeos. Estos altos índices fueron, en gran medida, fruto del tirón comunitario y de la estabilidad política y económica adquirida por pertenecer al club de la CEE y el país se encaminaba por la senda de la convergencia real, reduciendo en varios puntos la diferencia del PIB con la Comunidad.

En España, la entrada de la crisis se retrasó un poco, contenida por las cuantiosas inversiones hechas en el país de cara a los fastos del 92 (Exposición Universal y las Olimpiadas); pero esta demora pasó pronto su factura y 1993, fecha de la entrada del Mercado Único, se cerró con un descenso del PIB de 1%, lo que no pronosticaba un buen inicio por el espacio único comunitario.

MAASTRICH Y EL MERCADO ÚNICO: EL TERCER REAJUSTE

La madrugada del 10 al 11 de diciembre de 1991 se concluyó el Tratado de la Unión Europea (TUE), y se ratificó y firmó en la ciudad holandesa de Maastrich el 7 de febrero de 1992. Este Tratado, cuya orientación principal fue la Unión Económica y Monetaria (UEM), es junto con el Acta Única de 1986, uno de los pilares básicos en el proceso de la Unión Europea; posteriormente en 1997, el Tratado de Amsterdam, el llamado por algunos autores Maastrich II (García Margallo y Méndez de Vigo, 1998), consolidó algunos de los puntos dejados atrás por Maastrich, sobre todo en lo referente a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y la reforma del Parlamento. El TUE, que fue escasamente ambicioso en lo referente a la Unión Política (apenas se lograron tímidos avances), logró avances significativos en la UEM, que es la parte más espectacular del Tratado, desarrollado en numerosos artículos y protocolos (Comunidades Europeas, 1995).

Para la realización de esta UEM se explicitaron unas duras condiciones para los países miembros, los llamados criterios de convergencias (referidos a inflación, tasas de interés, tipos de cambios, control del déficit y situación de la deuda pública), muy gravosos de cumplir para algunos miembros, que como España, arrastraban un déficit crónico y una alta inflación. Al mismo tiempo se marcaron las etapas para su implantación a partir de la segunda fase (la primera se había iniciado en julio de 1990), los requisitos previos a cumplir v los organismos encargados de coordinar y llevar a cabo la UEM, principalmente el Instituto Monetario Europeo (IME), el Banco Central Europeo (BCE) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).

Se reforzaron los Fondos Estructurales y se creó uno nuevo, a establecerse antes del 31 de diciembre de 1993, el Fondo de Cohesión (artículos 129 C y 130 D del TUE), destinado a los países miembros con menos de 90% del PIB medio comunitario (España, Grecia, Irlanda y Portugal); su objetivo era "apoyar los esfuerzos financieros" y paliar en lo posible los costos económicos que iba a significar la convergencia para esos países. Su cuantificación y reparto se hicieron en la Cumbre de Edimburgo de diciembre de 1992, siendo España el principal beneficiado de estos nuevos fondos, a quien correspondió entre un 52 y 58% del total.

Los países miembros tenían que presentar un Programa Plurianual de Convergencia Económica, requisito que era indispensable para los que se iban a beneficiar del Fondo de Cohesión, detallando las acciones pertinentes de política económica que emprenderían para alcanzar la convergencia nominal. España fue uno de los primeros en presentar el primer programa plurianual para el período 1992-96, ya que antes de que arrancara propiamente la convergencia, el 1 de enero de 1994, con el comienzo de la segunda fase de la UEM, ya había hecho un primer balance de su ejecución (Ministerio de Economía, 1993).

Los sucesos acaecidos a principios de los años noventa, ya comentados, junto con las obligaciones de política económica y control presupuestario que imponía el Tratado de Maastrich para la convergencia, vaticinaba un caminar incierto para España en los comienzos del Mercado Único. En 1993 entró, efectivamente, el espacio único europeo, pero sus objetivos entraron con escasas fuerzas; la importante crisis monetaria que afectó al Sistema Monetario Europeo (SME), las devaluaciones de muchas monedas y la continua especulación sobre ella, hizo tambalear los cimientos del propio SME y cuestionar muchos de los principios de la convergencia de Maastrich. Casi todos los países miembros tuvieron una desaceleración importante en 1993; no entraba con buen pie el Mercado Único y la recesión afectó a casi todas las economías, haciendo descender al PIB medio de la Comunidad en medio punto (Cuadro 4).

A partir de 1994 se inicia tímidamente la recuperación, que se afianza paulatinamente en los años posteriores, pero con distintas acciones de grado, ya que fueron los países con menos desarrollo, Grecia, Portugal, Irlanda y España, los que experimentaron un crecimiento más continuado, principalmente los tres últimos. Las férreas disciplinas presupuestarias, el control del gasto y el aumento de las ayudas tras la entrada de Austria, Finlandia y Suecia en 1995, junto a un cambio en la coyuntura económica, fueron factores importantes que lo explican.

Este acercamiento de las economías más deprimidas hacia la media de la UE y, sobre todo, la reducción de las diferencias entre ellas, es, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos más característicos de estos años y una consecuencia lógica de la política de cohesión y desarrollo regional de la Unión.

El PIB per cápita en estándares de poder adquisitivo (EPA) se acerca paulatinamente entre los miembros y, a excepción del caso de Luxemburgo por su peculiar característica, el crecimiento medio del PIB per cápita de los cuatro países menos desarrollados ha crecido más que el resto (Cuadro 5), 2.9% anual frente a 2.4% de los once restantes (Comisión Europea, 1997a). La comparación de valores entre el Cuadro 5 y el 2 es bastante explícita al respecto.

El severo reajuste que España tuvo que emprender tras su integración al Mercado Único y las directrices impuestas en Maastrich, hubieran significado un grave impedimento para nuestro crecimiento económico y la convergencia nominal y real; pero, sin menospreciar el fuerte dinamismo interno de la economía española en estos años, el componente de las ayudas comunitarias ha sido un factor decisivo en los resultados obtenidos.

Con el inicio de operaciones del espacio único se intensificaron la financiación para el desarrollo y la cohesión y, así, dentro del Marco Comunitario de Apoyo correspondiente a 1994-1999, España ve aumentar de forma sustancial la entrada de fondos estructurales, más de 34 000 millones de euros, al mismo tiempo que recibe también más de 9 000 millones procedentes de los fondos de cohesión, de la que es la principal receptora (Comisión Europea, 1997a); al cambio de 1 166 dólares por euro, en el que se fijó la paridad a la entrada oficial de la moneda única, da idea de la importancia de la ayuda recibida por el país.

Si bien no se descarta la importancia del componente interno de la economía española en el crecimiento de estos años, como se ha dicho, ni su favorable coyuntura, el hecho es que el año en que el crecimiento empezó a superar a la media comunitaria, 1995, fue precisamente cuando los aportes de las ayudas experimentaron un salto cuantitativo considerable.

El ingreso en ese año de Austria, Finlandia y Suecia, países que aportan a la financiación comunitaria más que reciben, implicó un reajuste en la contribución de los países a los recursos propios totales de la UE y también en el reparto de las ayudas. España fue uno de los más beneficiados en estas modificaciones: entre 1994 y 1995, el porcentaje de transferencias a los recursos comunitarios bajó dos puntos (de 7.4 a 5.4% del total), mientras que la cuota de participación de las ayudas recibidas subió más de tres enteros (13.1 a 16.3% del total); esto hizo que el saldo neto dela contabilidad con la UE aumentara 2.2 veces, significando 1.7% del Producto Nacional Bruto de 1995 (Comisión Europea, 1998).

Aunque aún está por evaluarse la implicación real que las ayudas comunitarias han tenido para el crecimiento español de estos años, no hay que dudar que éstas han ejercido un importante papel, sobre todo a partir de 1995, año a partir del cual la tasa de crecimiento se fue separando ampliamente de la media.

CONCLUSIÓN

La adaptación a las duras condiciones de Maastrich significó un rigor presupuestario y un saneamiento de la economía del que se carecía. Se produjeron y continúan los efectos de importantes desajustes sociales, ya que el control del gasto público se llevó a cabo mediante la sujeción e incluso retroceso en gastos sociales, que la sociedad padeció durante años, pero sin grandes tensiones internas que pusieran en peligro las medidas adoptadas. Tras largos años de aislamiento y frustración, el pertenecer al club de la Europa rica, ha significado, aparte de un considerable aumento en las perspectivas económicas, un afianzamiento de la autoestima y el optimismo nacional tan devaluados en tiempos no muy lejanos.

Sin minusvalorar el potencial endógeno de crecimiento del país, no hay que olvidar que España ocupa el décimo lugar mundial por su Producto Nacional Bruto (PNB) en 1997 y el cuarto en la UE (El País, 1999), la consecución de estos objetivos hubiera sido más gravosa y distante en el tiempo sin mediar las importantes ayudas que se han recibido de la Comunidad. España es el quinto país por sus ingresos a los recursos totales de la UE, pero el primer perceptor de sus ayudas; contribuye con un 7% a la financiación, mientras que se recibe un 23% de los Fondos Estructurales y un 55% de los de Cohesión en el Marco de Apoyo 1994-1999. Estas ayudas que están suponiendo muchos miles de millones de dólares, son un componente regulador de gran importancia para los presupuestos de muchas de las comunidades autónomas, municipios y otras entidades. Aún hoy, y pese al crecimiento de la economía y el acercamiento a la convergencia real, las disparidades interiores son aún muy grandes y estas ayudas resultan bastante necesarias para atenuarlas. El último informe sobre las regiones de la Comisión Europea reconoce un ritmo rápido de las regiones más pobres de la Unión hacia la convergencia real, que ha sido impulsado por una integración económica cada vez más estrecha, en la que "los fondos estructurales han jugado también un papel importante" (Comisión Europea, 1999).

En España, las regiones han experimentado también un significativo crecimiento y las que son receptoras de los mayores fondos europeos, las de objetivo uno (regiones con menos de 75% del PIB medio comunitario) han pasado de once en 1986 a nueve en el 96, al mismo tiempo que iban reduciendo el diferencial con la media. Así, en los dos años de referencia citados, la región con PIB per cápita más bajo sigue siendo la misma, Extremadura, pero su renta ha pasado de 44.2% de la media en 1986, a 54.6 en 1996.

Como se ve, el acercamiento es real y rápido e incluso, como ya se ha dicho, el crecimiento de los países más pobres ha sido superior al de los más ricos; pero las diferencias son aún importantes y subsisten, de aquí la importancia que adquieren estos fondos de ayuda para las regiones, que se minimizan en el contexto estatal y pueden producir, como ha ocurrido en la polémica Agenda 2000, que se enmascaren las disparidades regionales ante un todo estatal que aprobó con excelentes notas la convergencia nominal hacia el euro.

En las negociaciones de la Agenda 2000 sobre perspectivas financieras para el período 2000-2006, se ha puesto en evidencia el enorme coste que estas ayudas suponen para los estados miembros contribuyentes netos, Alemania, Austria, Suecia y Holanda, sobre todo el país germano, que ha pretendido reducir su participación en el presupuesto total, al mismo tiempo que se planteó también la reducción paulatina de los gastos en algunos capítulos. Asimismo, la prevista ampliación hacia los países de Europa central y oriental (PECO) a partir de los primeros años del nuevo siglo, acarreará un aumento del gasto considerable, en parte previsto en la Agenda como gastos de preadhesión (Unión Europea, 1999) y una agudización de los problemas internos.

De los diez países PECO más Chipre y Malta que en estos años noventa han ido presentado su solicitud de ingreso en la Unión, la UE abrió en noviembre de 1998 el capítulo de las negociaciones con seis de ellos, República Checa, Polonia, Hungría, Eslovenia, Estonia y Chipre, que serán, sin ninguna duda, los signatarios de la quinta gran ampliación que se producirá en la primera década del 2000.⁵

Pero esta ampliación va a tener enormes repercusiones por la magnitud del proceso, ya que son seis países, con un total de 560 000 km² y más de 63 millones de habitantes, con un nivel de desarrollo económico muy bajo y unas estructuras muy desequilibradas. Si se exceptúa Chipre por sus especiales características, los otros cinco países continentales presentan un nivel medio de renta en 1995 que oscila entre 46.7% de la media comunitaria en Eslovenia, y 10.7% en Estonia, con valores para el resto que nunca llegan a 20% (Comisión Europea, 1997b). Es decir, se incorporarán países con niveles grandes de pobreza, que aportarán escasos ingresos a los recursos comunitarios, pero que demandarán cuantiosos gastos. Estas perspectivas harán, sin duda, que conforme los actuales miembros, como España, alcancen la convergencia real, reduzcan la cuantía de las ayudas recibidas, al mismo tiempo que incrementarán la contribución de sus ingresos para ayudar más solidariamente al desarrollo de los nuevos. Y aunque ya se tienen aseguradas las partidas de ayuda para los próximos siete años con la aprobación de la Agenda 2000, a partir del 2006 estas subvenciones se verán drásticamente recortadas, sobre todo a partir de cuando se alcance la convergencia real. Cada vez se dependerá más de la capacidad interna de respuesta, pero las potencialidades endógenas de la economía del país, como se ha dicho más arriba, permite ser optimista de cara al futuro de España en la UE.

NOTAS

2 Por dos veces consecutivas (1963 y 1967) la Francia de De Gaulle vetó el ingreso del Reino Unido en la Comunidad.

3 Perfil.

4 Esta composición se revisó en el Consejo de Edimburgo (diciembre de 1992), en el que se readaptó y amplió la representación parlamentaria para tener en cuenta el aumento demográfico de Alemania tras la reunificación, e introducir un nuevo elemento de equilibrio en una futura ampliación.

5 En la Cumbre de Helsinski (diciembre de 1999) se abrieron negociaciones con el resto de países que habían pedido el ingreso: Bulgaria, Eslovaquia, Letónia, Lituánia, Malta y Rumania.

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