Interpretaciones y aportes recientes sobre las acciones colectivas frente a la violencia y el conflicto armado en Colombia¹

Mary Luz Alzate Zuluaga*

* Universidad de Antioquia, Colombia

* Dirección para correspondencia:
mary_alzate@yahoo.es

Fecha de recepción: septiembre de 2009.
Fecha de aceptación: mayo de 2010.

Resumen

En este artículo se examina el tema de las acciones colectivas producidas para enfrentar la violencia y el conflicto armado en Colombia, por un lado en la bibliografía especializada en el tema de la violencia y el conflicto armado y, por otro, en la bibliografía dedicada al análisis del movimiento social por la paz y los derechos humanos. En primer lugar, se mencionan las apreciaciones y generalizaciones sobre el comportamiento ciudadano y la cultura política frente a las situaciones de violencia y conflicto armado. En segundo lugar, los principales aportes sobre el surgimiento y dinámica nacional de los movimientos sociales por la paz y los derechos humanos. Y, en tercer lugar, los aportes recientes de los estudios que han descrito y analizado distintas acciones colectivas locales, algunas a modo de experiencias y manifestaciones colectivas de resistencia civil, otras como acumulados sociales y políticos frente a la violencia producida producida en el desarrollo del conflicto interno armado. La conclusión es que los actores colectivos se han movilizado pese a las amenazas en contra de la vida y la integridad física, evidenciando en el examen reciente del tema, el carácter momentáneo y relativo de la subordinación civil frente al poder armado y despótico.

Palabras clave: acción colectiva, violencia, política, conflicto armado, Colombia.

Abstract

This article examines the issue of collective actions produced to address violence and armed conflict in Colombia, first in the literature on the topic of violence and armed conflict and on the other hand, in the literature devoted to analysis social movement for peace and human rights. First, the findings are mentioned and generalizations about citizen behaviour and political culture in response to situations of violence and armed conflict. Secondly, the main contributions on the rise and national dynamics of social movements for peace and human rights. And thirdly, the recent contributions of the studies that have described and analyzed various local collective action, some by way of experiences and collective manifestations of civil resistance, as accumulated other social and political face of violence produced in developing of internal armed conflict. The conclusion is that collective actors have mobilized despite threats against life and physical integrity, highlighting the recent review of the subject, the nature and relative momentary civil subordination against the armed power and despotic.

1. El discurso académico sobre la dinámica de la población alrededor de los acontecimientos violentos

En los estudios sobre el conflicto interno armado en Colombia subyace la idea de una apatía generalizada y actitud pasiva de los ciudadanos vistos como un colectivo homogéneo frente a los grupos y actores que ejercen la violencia. Dicha actitud se traduce en la incapacidad para la organización cívica o, simplemente, en la ausencia de participación ciudadana en los asuntos públicos y, conectados con el argumento de la "rutinización" y "banalización" de la violencia (Taussig, 1995; Koonings, 2001; Pecaut, 2001), de una actitud conformista de la población con la "tradición violenta" en la resolución de los conflictos y demandas sociales.

La difusión de estas ideas como parte de un discurso sobre la acción colectiva y la participación ciudadana conducen, primero, a la caracterización de la participación y la organización de la ciudadanía desde un exclusivo ámbito institucional y formal de la acción, principalmente el referido a los mecanismos democráticos de representación política dentro del juego de los comicios electorales. Dentro de los planteamientos está el argumento del abstencionismo electoral (Vargas, 1999) y la poca utilización de los mecanismos de participación introducidos en la reforma constitucional de 1991 (Fals, 1996). Se da a su vez una especie de simbiosis entre la crisis de participación ciudadana y la crisis de las instituciones políticas en el sistema democrático colombiano. Es parte de esta crisis la práctica del clientelismo tan recurrente en la política colombiana (Meertens, 2000).

El argumento de la constitución de un sistema político alrededor del bipartidismo cerrado y excluyente que se ha utilizado como factor explicativo de la violencia (Vargas, 1999), también sirve de explicación para el débil ejercicio de la participación ciudadana. Ch. Bergquist plantea, mientras en los demás países latinoamericanos existieron poderosos partidos de izquierda y movimientos sociales revolucionarios, en Colombia el bipartidismo permaneció en la hegemonía del poder. Una explicación ha sido el significativo rol de pequeños productores y, conectado con éste, el crecimiento económico y movilidad social que ha existido a través de la historia del siglo XX, lo cual ha suscitado un fuerte conservadurismo político (Bergquist, Peñaranda y Sánchez, 2001: 204).

Otro argumento sustentado alrededor del discurso de ausencia de participación ciudadana es el de la débil organización de los grupos populares, ya que no han podido constituirse como fuerzas alternativas de presión frente a las élites dominantes y los actores armados, incluyendo el Estado (Uprimny, 2001; Fazio y Ramírez, 1997). R. Uprimny, de acuerdo a su estudio comparativo entre la organización colectiva en Bolivia y en Colombia, afirma que la mayor violencia en Colombia deriva de la precarización del poder social y popular debido a la dificultad que existe de consolidar la acción colectiva. Esto es "(...) la incapacidad que tiene la gente trabajadora para desarrollar el poder de organizaciones colectivas capaces de transferir demandas sociales hacia la arena política". A su turno, el incremento de la violencia colombiana tiende a aumentar la fragmentación de los actores sociales. Ello resulta en un círculo vicioso en el cual la ausencia de poder ciudadano genera más violencia y viceversa (Uprimny, 2001: 149). En este sentido, M. A. Urrego plantea,"el movimiento social está situado entre la radicalización de la derecha, un debilitamiento de la izquierda y un fortalecimiento de los actores armados, todo lo cual ha contribuido a la situación de escalamiento de la violencia. Como resultado el movimiento popular se ha visto debilitado" (Urrego, 2001: 177).

Una lectura general en las investigaciones pareciera ser que a menores niveles de participación en el sistema político institucional, mayor conformidad e indiferencia con la realidad política, en la que regularmente los conflictos han tenido acontecimientos con desenlace violento. L. A. Restrepo opina que no cree en la existencia de una cultura de la violencia en Colombia, pero sí, en una cultura de la indiferencia social hacia la violencia (Restrepo, 2001: 98). No se tiene en cuenta en las afirmaciones sobre la conformidad y la indiferencia social, las movilizaciones sociales que desde la década de los años ochenta se han dado en Colombia, aunque de forma irregular, como expresiones de descontento y reclamo de las organizaciones sociales y de la población civil en general frente a la violencia y el conflicto armado, así como tampoco se analiza el significado y cuál ha sido el impacto real de las movilizaciones masivas para frenar la violencia y obligar a los actores armados a buscar salidas negociados al conflicto.

El otro argumento sobre la poca participación ciudadana para manifestarse y enfrentar la violencia es el de la desconfianza y poca credibilidad en la acción entre distintos actores sociales, producto de la destrucción del tejido social experimentado con la acumulación de conflictos de diferente naturaleza. Entre ellos, el originado con las organizaciones criminales formadas alrededor del negocio del narcotráfico. Pecaut (2001) se refiere a la desconfianza como un elemento que ha imposibilitado la acción colectiva en los últimos años, además de la captación e instrumentación que han vivido las organizaciones colectivas por parte de los grupos armados para legitimar su presencia en un territorio, restándole de este modo autonomía a las acciones colectivas.

La desconfianza, sin embargo, entre los actores sociales es una situación que no es exclusiva de contextos recientes, ha sido un proceso que se ha dado en diferentes momentos de la organización colectiva debido a que, en el contexto de confrontación armada, el comportamiento político–militar de los actores armados en Colombia ha buscado vincular, durante más de treinta años, a las distintas organizaciones sociales como parte activa de la sociedad civil en sus disputas por el control social, político y, más recientemente, el territorial. La debilidad organizativa, división y vacilación política de las organizaciones comunitarias frente a esos actores ha tenido altos costos, ya no sólo para las metas colectivas propuestas, sino, fundamentalmente, para la vida misma de sus líderes y activistas.

De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia (2003), las dificultades se deben más a causas políticas y estructurales de la sociedad en las que se presenta la movilización social.

La fragilidad nace de razones más estructurales. A un país intensamente fragmentado, como ya varias veces hemos dicho, por supuesto corresponde una sociedad civil atomizada por diferencias regionales, sectoriales, ideológicas y como no, personalistas. Los movimientos cívicos y sociales, igual que las ONG, son a veces un piélago de microemprendimientos de interés particular, como que la sociedad civil no se exime de la privatización de lo público que es tan marcado en Colombia. En estas condiciones, la representatividad de las entidades que convergen a un movimiento por la paz (o de las personas que hablan a nombre de la 'sociedad civil') siempre será dudosa o, en todo caso, controvertida (Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, 2003: 456).

Es decir, la fragilidad, la inestabilidad y la poca duración o sostenibilidad de las acciones movilizadoras de la ciudadanía en general, son algunas situaciones que también se deben a factores de organización interna a los distintos movimientos e iniciativas de participación frente a la violencia. Otros factores internos a la organización colectiva, están relacionados con el cubrimiento parcial en la difusión del mensaje movilizador y la poca motivación y sensibilización para activar el compromiso del resto de la población.

A su vez, algunos de los estudios han anotado que debido al conflicto armado es común la polarización de las opiniones y de las acciones públicas en pro de la paz o directamente en protesta frente a las acciones de los grupos armados. Es en este marco de polarización y desconfianza que se han visto vulnerados los derechos de los principales líderes y activistas sociales, infundiendo pánico e inhibiendo a los demás participantes de las movilizaciones sociales. Cuando no es este tipo de violencia, es la represión directa estatal sobre las acciones colectivas, la que restringe, coarta y criminaliza las actividades de las organizaciones sociales, a través de los estados de excepción (también llamados de "conmoción interior"), del uso amañado del derecho penal y de la declaración de ilegalidad de las protestas por parte del gobierno de turno.

M. T. Uribe de Hincapié señala a los actores armados –nombrados por la autora como poderes alternativos en los territorios en disputa–, de poseer "cierto 'componente de consenso que les otorga reconocimiento y alguna forma de representación de intereses'. Ello, aunque se sustenten primordialmente en un poder armado, 'autoritario y discrecional', que no deja mucho espacio para la autonomía en las decisiones individuales y cuyo desacato es castigado con la vida o el destierro" (Uribe de Hincapié, citada en González, Bolívar y Vásquez, 2002: 202).

Al respecto del argumento del poco o nulo espacio para la acción colectiva autónoma, frente a la tutela o control de los actores armados, González, Bolívar y Vásquez han afirmado, "Ni siquiera el espacio más privado puede servir de refugio seguro, pues todos se saben potencialmente o realmente vigilados por todos los grupos armados y el contacto más inocente con alguno puede resultar sospechoso para el otro, pues los criterios de evaluación de la posición de cada uno en las redes de control son inciertos" (González, Bolívar y Vásquez, 2002: 214).

Es debido a la existencia de un conflicto armado en el ámbito nacional y local que se dan prácticas sumamente nocivas para la generación de confianza, autonomía y, en general, para el proceso de estructuración interna de las organizaciones sociales. Son éstos los casos de la doble militancia (ejercer el activismo paralelamente en organizaciones sociales de carácter pacífico y en organizaciones armadas ilegales), la infiltración y la complicidad, "obligada " o no, con un actor armado cualquiera, cuyo poder territorial sea determinante a la hora de querer poner en práctica el libre ejercicio de la acción colectiva en una localidad dada.

Las anteriores son algunas de las dificultades y falencias que se mencionan en los estudios, frente a la participación de la ciudadanía en general y el activismo pacifista de los sujetos colectivos en un contexto de conflicto interno armado. Seguramente, todas las dificultades exógenas y endógenas a las organizaciones sociales han condicionado la continuidad y permanencia o, por el contrario, la poca estabilidad en las acciones colectivas de distinto carácter, emprendidas para contrarrestar y enfrentar a los actores armados. Las afirmaciones, no obstante, sobre la ausencia de participación o debilidad en la organización ciudadana civilista restan importancia a diversas formas de organización popular, como las marchas y las manifestaciones públicas. Pero también a las manifestaciones menos visibles de expresiones de resistencia civil locales; acciones colectivas que muchas veces se niegan a institucionalizarse y surgen de un modo menos programado en la experiencia cotidiana de interacción permanente con el control de los grupos armados.

Lo que menos se ha estudiado en las generalizaciones mencionadas han sido las formas de resistencia cultural y política cotidianas que se han dado para contrarrestar la violencia y mantener una autonomía relativa frente a los actores armados. Una nueva valoración de este tipo de manifestaciones ciudadanas implica dejar de lado la búsqueda de formas convencionales de respuesta social y poner la mirada en otras estrategias de acción entre los pobladores. Son formas de organización social que tienen todo un significado de resistencia política y conjura social del dolor generado, si se quiere incluso a modo de reconciliación con la vida, pero fundamentalmente, a modo de la emergencia de definiciones y proyectos políticos alternativos frente a los bélicos y autoritarios.

En las afirmaciones acerca de la debilidad colectiva, la fragmentación, la fragilidad e indiferencia social y la poca o nula autonomía frente a los actores armados y el propio Estado, existe un vacío analítico. Ello frente a estudios que analicen las experiencias colectivas singulares y las situaciones regionales o locales en las cuales la autonomía de los actores sociales no ha logrado ser socavada por el control de los actores armados. Son estudios locales que logren sustentar o desvirtuar la idea de que aún en las situaciones más extremas de restricción y amenaza existe la posibilidad de abrir espacios para la acción autónoma, para desobedecer al poder despótico e, incluso, para alterar la posición de subordinación de los actores sociales frente a los actores armados y los poderes centrales.

Sería interesante ahondar en el sentido de expresiones como el humor y la ironía alrededor de situaciones de dolor y miseria producidas por la violencia. Todas ellas son maneras de habitar los espacios y zonas públicas, o puestas claramente a las acciones violentas. Se pretende contrastar este planteamiento con aquél que anula cualquier posibilidad de acción y poder de alteración que tengan los actores sociales sobre sus propias situaciones de amenaza y violencia. A la vez se opone así a la ruidosa mirada generalizadora de la sociedad, las silenciosas acciones y percepciones locales que han ido hilando a su turno una política cultural, con la configuración de prácticas culturales y nuevas valoraciones de lo político, que pueden estar dibujando otro mapa de la realidad.

2. Los estudios sobre las movilizaciones por la paz y los derechos humanos

Paralelo a las afirmaciones sobre la actitud de la ciudadanía en general frente a las situaciones de violencia en la bibliografía mencionada, hay una corriente de investigaciones dedicadas a las acciones colectivas que han buscado enfrentar la violencia y el conflicto armado. Así tenemos movilizaciones por la paz y la defensa de los derechos humanos, movimiento surgido en Colombia desde mediados de la década de los ochentas. Surgió a modo de presión y protesta frente a los actores armados. Entre esas publicaciones están, por ejemplo, la compilación de Archila y Pardo (2001) y García (2006).

Un enfoque de los estudios sobre el movimiento ha sido el seguimiento y sistematización de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de los actores del conflicto interno armado. Ha sido como una estrategia de denuncia y sensibilización adoptada por organizaciones no gubernamentales (Comisión Andina de Juristas 1993 y 1994, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Instituto Popular de Capacitación (IPC) 2005, entre otras) de forma periódica ante organismos estatales nacionales y la comunidad internacional. Algunos de los estudios se centran en el análisis de las causas, los actores responsables, el desarrollo de las violaciones a los derechos humanos (Romero, 1994 y Prieto, 1997) y las características del desplazamiento forzado (Rojas y Sánchez, 1999).

El enfoque de las acciones colectivas desde la defensa de los derechos humanos es, a la vez, un método de denuncia, de visualización y posicionamiento público del tema en las distintas agendas de gobierno y de discusión social. Es también una acción de protesta por parte de los distintos colectivos sociales frente al conflicto armado y los violentos. Se ha utilizado de este modo por organizaciones no gubernamentales como la Escuela Nacional Sindical (2001; 2004; 2007), enfatizando en las violaciones de los derechos de los trabajadores sindicalizados en Colombia. En ellos se afirma que las garantías de los derechos fundamentales y laborales en Colombia durante la última década, han estado condicionadas y determinadas por dos procesos de suma importancia: "La confrontación armada, y el modelo económico y plan de ajuste estructural que adelanta el gobierno" (Escuela Nacional Sindical, 2001: 8). Del mismo modo, se indaga en las doctrinas legales de orden público que tradicionalmente el Estado colombiano ha utilizado para ejercer la violencia coercitiva contra los movimientos sociales. Con eso se restringen, en la mayoría de los casos, los derechos civiles y políticos de los colectivos sociales (Prieto, 1997).

Otros estudios que se han ocupado de las violaciones a los derechos humanos utilizan la denuncia pública con base en informes estadísticos que revelan las cifras, tipo de violaciones, causas de los hechos, tipo de agremiación o género de las víctimas de las violaciones, así como los presuntos responsables (Ruta Pacífica de Mujeres, 2003; Giraldo Ramírez y Lopera, 1996; Escuela Nacional Sindical, 2001 e Instituto Popular de Capacitación, 2005). Sin embargo, es una labor que no ha estado exenta de las situaciones de violencia que denuncia. El conflicto interno armado ha afectado gravemente el desarrollo de las movilizaciones sociales en Colombia. Han llegado a violarse sistemáticamente los derechos a la vida, la libertad y otros derechos imputables a las guerrillas, a los agentes del Estado o a los grupos paraestatales. Se construye una paradoja debido a que los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, producidos en el desarrollo y escalamiento del conflicto interno armado contra la población civil, han sido los principales factores motivadores para la movilización de la población civil. Con ello busca humanizar la guerra, en primer término, y busca salidas distintas a la violencia en la resolución del conflicto armado, en segundo término (Prieto, 1997). Pero las mismas acciones de denuncia se han configurado en nuevos factores de amenaza y violación de los derechos fundamentales, esta vez para los activistas de los derechos humanos.

En este segundo aspecto, ha sido fundamental la adopción en el discurso de la élite política de la estrategia de presentación negativa de los defensores y las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a la investigación y sistematización de los casos de violaciones a los derechos humanos en Colombia. Se han descalificado la labor de denuncia de las violaciones por el significado opositor que plantea al régimen político; oposición equiparada la mayoría de las veces a la oposición armada de los grupos guerrilleros en conflicto. Por ejemplo, todas las movilizaciones que se dieron a partir de 1983 en el Magdalena Medio han sido en defensa de la vida y en reivindicación al respeto de los derechos humanos. No obstante, se denuncia la forma en la que se han equiparado las luchas sindicales, cívicas, campesinas y de los derechos humanos a las organizaciones insurgentes en la región, por parte de las autoridades locales y regionales (Romero, 1994).

La estrategia discursiva de la élite política frente a este colectivo ha consistido en la invalidación de su trabajo de defensa de los derechos humanos. También lo ha sido a través de los medios masivos de comunicación nacional y en instancias internacionales de discusión.² Se trata de un discurso público ya recurrente, que ha operado como elemento de distracción, enfatizando en la posible conducta "negativa" de los defensores y minimizando las causas y motivos que los llevaron a manifestarse. De este modo, la situación general de los derechos humanos pierde toda importancia y lo que produce en la opinión pública es la polarización en las opiniones, entre la aversión o la solidaridad con el colectivo de defensores de los derechos humanos.

Se ha sintetizado en los estudios el desarrollo del movimiento de los derechos humanos en Colombia durante dos décadas –años ochenta y noventa, con la ubicación de tres etapas: la primera de confrontación contestataria de las violaciones de los derechos humanos frente al Estado. Los principales protagonistas en esta etapa fueron las protestas cívicas y el movimiento social popular de finales de la década del setenta. La segunda etapa es la de internacionalización de las violaciones. En ese momento las organizaciones no gubernamentales se dedicaron a recoger pruebas e información para denunciar y hacer un seguimiento más sistemático de las violaciones a los derechos humanos frente a la Organización de Estados Americanos y otros organismos defensores. Y, por último, se habla de una etapa de "estatalización" del tema, en la cual se dieron logros en el reconocimiento del tema de los derechos humanos por parte de los gobiernos que se sucedieron después de la promulgación de la Constitución Política colombiana de 1991 y una primera interlocución entre organizaciones no gubernamentales y gobiernos para la adopción de medidas sobre el tema (Romero, 2001).

Estudios recientes han logrado pasar el plano de la denuncia y victimización para dar relevancia a la acción de los actores sociales, que se han movilizado desde hace más de quince años en protesta por las violaciones de los derechos humanos y en defensa de un proyecto de paz. Se ha llegado a caracterizarlos como un movimiento social en ascenso. Los estudios de la acción colectiva, desde la perspectiva del movimiento ciudadano por la paz en Colombia, describieron los mecanismos de acción colectiva emprendidos por los pobladores frente a las condiciones externas. Pero éstos no se detuvieron en consideraciones sobre los procesos internos en la construcción de las identidades de los actores sociales o el papel protagónico de éstos y el impacto alcanzado por la acción colectiva para la resolución pacífica del conflicto armado o, en su defecto, en la disminución de las violaciones a los derechos humanos.

F. A. Romero (2001) y M. Romero (2001) caracterizan a los actores de esas movilizaciones destacando su pertenencia a organizaciones en redes de los distintos colectivos de izquierda, de mujeres, periodistas, organizaciones sindicales y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, como una iniciativa para la búsqueda y presión a la salida negociada de la "confrontación bélica".

Romero (2001) hace una especie de inventario de las distintas acciones colectivas que desembocaron en iniciativas ciudadanas conjuntas como la del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, y las distintas agendas de discusión por la defensa de los derechos humanos en Colombia desde comienzos de los años noventa. Una de las características del movimiento es la heterogeneidad de los actores sociales, a la vez que la adopción de una estructura de movilización en red, en la cual se convocan diversas organizaciones sociales que le han agregado al movimiento otras motivaciones para la acción, además de la defensa de los derechos humanos. Ello vuelve mucho más difusa su caracterización como un actor social específico. Las investigaciones en su generalidad han reconocido el esfuerzo de la mayoría de los actores, que en determinado momento se han movilizado en protesta por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en el marco de la que ha sido llamada la guerra sucia y del conflicto interno armado contra las organizaciones sociales desde mediados de los años ochenta. Muchas veces ha implicado dejar a un lado las reivindicaciones sociales en pos del mejoramiento económico, político y cultural–simbólico del colectivo.

Un estudio reciente (García, 2006) destaca que la movilización de carácter ciudadano a nivel nacional ha sido diversa y, por lo mismo, rica en sus expresiones, metodologías y visiones. Sin embargo, la mayor visibilidad del conflicto armado en el escenario político y social internacional, desde hace más de quince años, llevó al incremento de la acción colectiva por la paz. "El rechazo a la 'guerra sucia' rural y urbana y al escalamiento de las acciones bélicas como medio para resolver un conflicto político" fue un "común denominador" en los mensajes movilizadores de los movimientos por la paz en Colombia (García, 2006: 410). En otro estudio (Prada, 2002) se plantea que la disminución de la protesta en el área rural por la influencia de las medidas agrarias y de orden público se vivió entre 1975 y 1980. Es desde mediados de los años ochenta que se intensifican las acciones colectivas campesinas motivadas por las protestas a la guerra y las violaciones de los derechos humanos, así como por las políticas macroeconómicas que se empiezan a implementar. Este mismo auge de la protesta se vive en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, donde se plantea que el pico más alto de las movilizaciones se produce entre 1987 y 1988 y todas tienen que ver con los hechos de guerra y "sus estragos sobre la población civil (como los éxodos masivos) y su concreción en acciones colectivas" en pro de la paz y en defensa de la vida (García, 1993: 82).

Rasgos importantes del enfoque de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos para el desarrollo de un movimiento por la paz en Colombia, han sido los logros en materia de sensibilización nacional e internacional y el "posicionamiento" alcanzado del tema en las agendas de los gobiernos de turno y de los demás colectivos sociales, como exigencia del respeto de estos derechos por parte de los actores armados. Una de las dificultades en el abordaje de esos estudios es que, de un modo general, se ubica a la ciudadanía exclusivamente en el papel de víctimas de la situación de violencia y como agentes pasivos de sus destinos. Los ciudadanos en medio del conflicto armado han vivido una situación de víctimas, es real e innegable, pero en ese reconocimiento necesario de memoria y verdad se ha restado su importancia y capacidad como agentes de lucha, resistencia social y oposición a la lógica y dinámica de la guerra, además de estarse constituyendo activamente en los propios constructores de proyectos alternativos civilistas de sociedad.

Un vacío en los estudios acerca de las movilizaciones en defensa de los derechos humanos y luego, en las iniciativas ciudadanas por la paz, es que se centraron exclusivamente en el análisis de las acciones colectivas desde la modalidad de los movimientos sociales. Los estudios se refieren exclusivamente a acciones masivas o movimientos sociales que se manifiestan en determinados periodos, a modo de ciclos de protesta (Tarrow, 2004), sin tener en cuenta que pueden darse también muchas otras acciones colectivas, que si bien no tienen un carácter amplio y masivo, se manifiestan permanentemente en la vida cotidiana local, aunque de una forma más singular y disimulada para poder subsistir y sostenerse con cierta continuidad frente a la guerra. Este es un vacío analítico que ha comenzado a saldarse a partir de los primeros años de la década 2000. A continuación se hace una breve presentación de ellos.

3. Los recientes abordajes teóricos sobre las acciones colectivas frente a la violencia

En Colombia, a pesar de la fragilidad de muchos de los procesos sociales organizativos y la poca efectividad frente a los actores armados, hoy se puede hablar de acumulados sociales y políticos frente a los violentos. Es necesario incorporar a la reflexión, el planteamiento de la "multidimensionalidad" (Melucci, 1996) de la acción, en la cual no hay un proceso con desarrollo lineal y ascendente. En el camino de la movilización habrá momentos de efervescencia, otros de repliegue y, probablemente, cada momento habrá tenido aprendizajes, nuevos repertorios o el reacomodo de los ya existentes.

La década de los años ochenta fue particularmente activa para las organizaciones indígenas, los colectivos de campesinos afro–colombianos y las organizaciones de mujeres. Los dos primeros iniciaron procesos organizativos en torno a la posesión colectiva del territorio que han habitado durante generaciones. Produjeron un nuevo tipo de empoderamiento socio–cultural y el último colectivo: las mujeres, ha emprendido marchas y acciones en defensa de los derechos humanos y la paz. Así se ha generado una atención permanente de la comunidad internacional hacia las prácticas violatorias del derecho internacional humanitaria y de los derechos humanos por parte de los actores armados, como ya se mencionó. En los años noventa se vivieron diversas movilizaciones sociales y acciones multitudinarias que han buscado el respeto de la vida, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de la población civil por parte de los grupos involucrados en el conflicto armado.³

Todas las iniciativas, aunque masivas y de gran impacto público en su momento, no han redundado en propuestas concretas para la formalización de una solución al conflicto interno armado, ni siquiera fue posible un acompañamiento permanente por parte de los actores civiles al proceso de negociación iniciado entre la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno del presidente Andrés Pastrana en 1998. De forma tal, que la presión social que esas acciones multitudinarias generaron para iniciar un proceso de diálogo y negociación entre los actores armados ha sido fragmentaria y no ha logrado perdurar en el tiempo. Se ha producido así que no tenga un impacto efectivo ni en beneficio de un acercamiento entre los bandos enfrentados ni mucho menos en una atención a las demandas políticas de la población. La mayoría de estas propuestas son diversas y opuestas a los proyectos políticos de sociedad de los actores armados, como una de las razones que está en el centro del conflicto interno armado.

Como parte de un acumulado de los distintos movimientos sociales (campesinos, afro descendientes, indígenas, cívico–populares, obreros, estudiantiles, entre otros) se ha comenzado a afirmar en diversos estudios, la idea de un "proceso de madurez" de los actores sociales movilizados frente a la guerra, en la búsqueda de la paz y la defensa de los derechos humanos. Se dice que han pasado de la relación contestataria y de oposición frente al Estado a una acción que ha tendido a la formulación de proyectos y la elaboración de planes de desarrollo desde las necesidades de las propias comunidades (Aldana, 1998). En el estudio sobre el movimiento cívico–regional del Bajo Cauca antioqueño sobresale el proceso de aprendizaje que caracteriza a los movimientos sociales enfrentados a la coacción armada en contextos de conflicto armado, desplegando una "compleja combinación" de coacción, resistencia y autonomía (García, 1993: 158).

Los actores sociales, de acuerdo al contexto político, socioeconómico, cultural y de conflictividad armada en el que se han desenvuelto, han dado vía a distintas prácticas colectivas como un modo de enfrentar la guerra y construir la paz. Las prácticas incluyen las acciones contestatarias y de oposición, las constructivas, de integración regional y sociocultural, así como las negociadoras que intentan mediar entre una propuesta social autónoma y un marco de acción institucional ya establecido. Muchas de las experiencias colectivas, de carácter local y regional en Colombia, han comenzado a ser interpretadas como manifestaciones colectivas constructoras de paz y de resistencia civil frente al accionar violento.

Algunos estudios de casos afirman que las regiones han llegado a ser constituidas e integradas desde la misma acción colectiva y la consolidación de las identidades colectivas y culturales alternativas (Romero, 1998; García, 1993; García, 1998). Otros estudios realizan la descripción y análisis concretos de acciones colectivas en resistencia civil (Hernández, 2002 y 2004; Hernández, 2003 y 2004). También se presentan crónicas de experiencias de resistencia civil de distintos entornos culturales (Samper, 2002), y otros estudios son aportes de carácter teórico sobre la resistencia civil (Nieto, 2008). En este último caso, se realiza la revisión teórica y conceptual del término resistencia civil, argumentando a su vez, el desarrollo histórico y social de la idea y realizando una propuesta sobre el análisis de la resistencia civil contextualizada en la implementación del neoliberalismo y la guerra en Colombia y América Latina.

Hernández Lara hace un inventario de las manifestaciones y conjuntos de acción colectiva llevadas a cabo en municipios del sur–occidente del país en el año 2002. Analiza las modalidades de acción, los actores que la llevaron a cabo y los recursos utilizados para ello. Se pregunta frente a qué situación o actor armado realizaron su acción de resistencia (la mayoría contra las acciones armadas de las FARC). Frente a ese enfoque de las experiencias de resistencia civil, la perspectiva que adopta Hernández Delgado (2003) es que la resistencia civil se expresa en dos dimensiones; la política y la defensiva, la primera, la dimensión política "se entiende como una acción colectiva y que evita cualquier recurso sistemático a la violencia, y en una dimensión de defensa (...) debe estar acompañada por el desarme, al igual que la evaluación de métodos alternativos de prevención y solución de conflictos; y debe estar precedida por una preparación para la misma (Hernández, 2003: 4). Una de las conclusiones del estudio es que "las experiencias de resistencia civil, enseñan el gran potencial de las bases como constructoras de paz en Colombia (Hernández, 2003: 11). De acuerdo con los aportes de la autora, algunas de las características de las experiencias de resistencia civil en Colombia son, entre otras, su origen en las comunidades indígenas, afro–descendientes y campesinas,⁴ su constitución en experiencias silenciosas sin ningún acompañamiento estatal, su accionar, que ha sido en medio del fuego cruzado y frente a los actores armados en sus territorios y con la adopción de diversos recursos y repertorios han logrado construir territorios de autonomía y paz.

La tendencia emergente en la construcción de la acción colectiva en contra de la violencia ha tenido un carácter más regional y local que nacional, con la promulgación por parte de los habitantes de las localidades cansados de la guerra para constituirse en territorios de paz y neutralidad. Es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica (Chocó), el Comité Todos Unidos por la Vida y la Paz de Murindó, la Consulta Popular de Aguachica (Cesar), y las distintas experiencias de la alianzas entre los actores sociales, entidades de cooperación internacional, Organizaciones no gubernamentales nacionales y entidades públicas y privadas,⁵ entre otras. Así mismo, se han dado experiencias colectivas donde los ciudadanos de los municipios por su propia iniciativa han realizado Asambleas Municipales que buscan la participación de todos los integrantes de la comunidad en la resolución de los conflictos y la planeación de los proyectos de desarrollo económico y social de su región (Alzate et al., 2006).

Desde otra lectura de los estudios recientes sobre las acciones colectivas frente a la violencia en Colombia, M. V. Uribe plantea,

Estas reflexiones hacen parte de un proyecto que pretende reseñar, sistematizar y analizar los procesos de construcción y formalización de memorias acerca del conflicto armado que se gestan desde la sociedad colombiana, los actores involucrados y las modalidades regionales y locales de dichos procesos. Se trata de iniciativas que emanan de las organizaciones no gubernamentales, de los movimientos por la paz, de las asociaciones de víctimas, de las organizaciones de base y de los teatros y espacios de la memoria. La urgencia de trabajar sobre la memoria surge en el contexto de un conflicto interno prolongado que ha sido marcado recientemente por el desarme y la desmovilización de los grupos paramilitares (...) (Uribe, 2008: 171).

Esta es una perspectiva de análisis en construcción, que ha buscado explicar cuáles han sido las acciones colectivas gestadas para enfrentar la violencia en el ámbito local y contrarrestar los efectos de un conflicto interno armado tan prolongado como el que vive Colombia. Quedan por explorar muchas otras formas de mitigar y transformar el dolor y el sufrimiento vivido en el fragor de la guerra que todavía padecen los pobladores locales, relacionadas con las prácticas rituales de religiosidad popular (los cultos de la iglesia católica y protestantes, pero también el recurso a la magia y el esoterismo, entre otras), además de éstas, las prácticas de autogestión económica, de economía basadas en la informalidad y la solidaridad incrustadas en redes sociales de apoyo, entre otras. A su vez, de nuevo son escasos los análisis comparativos entre distintas comunidades que han sufrido los rigores de los conflictos internos armados y la violencia en otras partes del mundo. La investigación de M. V. Uribe (2008) ha iniciado esta labor. En sus palabras,

(Es el análisis a través de) algunos procedimientos mediante los cuales aquellos que han sido violentados, excluidos y marginados por acción de la guerra y el conflicto armado se valen de recursos materiales y simbólicos con el fin de llevar a término la violencia que ha desgarrado sus vidas. A partir de una comparación inicial entre las tecnologías del terror que campean tanto en Sri Lanka como en Colombia, (...) (la autora analiza) dos casos colombianos que ilustran de qué manera los sectores rurales populares, que han sido los más duramente golpeados por la guerra, resisten y transforman la violencia que los circunda mediante tácticas de resistencia que buscan volver humanizar a seres humanos que fueron asesinados en el curso del conflicto armado y condenados al olvido (Uribe, 2008: 172).

En esta propuesta de análisis se hallan articulados dos escenarios: uno de ellos se pregunta qué ha producido la violencia y el conflicto interno armado (consecuencias y efectos), y el otro es el de cuáles han sido esas experiencias colectivas y sus estrategias de acción creadas por los actores sociales para resistirla, contrarrestarla y transformarla. M. Jimeno, dando cuenta de la recepción de las investigaciones de la antropóloga V. Das, plantea estos dos escenarios del siguiente modo,

¿Qué hacen las experiencias de violencia al cuerpo de las personas, a la comunidad y a la nación? Veena Das, en Language and body. Transactions in the construction of pain', expresa estos interrogantes que bien pueden ampliarse hacia como afecta la experiencia de violencia la participación ciudadana y cómo puede esta reconformarse. (...) ¿Qué ocurre después de la acción violenta? ¿Podemos los científicos sociales comunicar tal experiencia o nos enfrentamos a lo inefable, a lo inenarrable? (Jimeno, 2008: 262).

(...) la comunicación de las experiencias del sufrimiento –las de violencia entre éstas–permite crear una comunidad emocional que alienta la recuperación del sujeto y se convierte en un vehículo de recomposición cultural y política. Con recomposición política quiero decir, ante todo, la recomposición de la acción de la persona como ciudadana, como partícipe de una comunidad política. Es conocido que uno de los efectos de la violencia, sea doméstica o de otro orden, es que afecta la confianza de la persona en sí misma y en los otros y por ello la violencia lesiona las redes sociales. Propongo que el proceso que permite sobrepasar la condición de víctima pasa por la recomposición del sujeto como ser emocional, y esto requiere la expresión manifiesta de la vivencia y de poder compartirla de manera amplia, lo cual a su vez hace posible recomponer la comunidad política (Jimeno, 2008: 262).

Reflexión final

Frente al poder real de los actores colectivos en las transformaciones hacia la democratización social y política, las opiniones son variadas y las perspectivas de análisis así las recrean. Las acciones colectivas, sin embargo, que se producen para enfrentar las situaciones de violencia en las comunidades de Colombia, están generando prolijamente las condiciones para el cambio frente a los proyectos autoritarios, violatorios y excluyentes de la sociedad. Son procesos que están ocurriendo a expensas de la gran política respecto a la sociedad en el ámbito global, lo que ha implicado un trabajo silencioso pero arduo; de remoción de barreras culturales frente a los "imposibles" políticos, hacia la democratización real de la vida, a partir de la construcción de estructuras abiertas de oportunidades económicas y políticas.

Las experiencias colectivas cotidianas permiten apreciar la concreción de las transformaciones políticas dominantes, al decir de Giddens "la transformación local es parte de la mundialización" (Giddens, 1993: 68) y también las formas en las que se afirma, se cuestionan y se alteran las relaciones desiguales de poder en las prácticas sociales y culturales locales. Esta es una perspectiva analítica que busca ahondar en la lectura singular desde el estudio etnográfico de casos. Sirve éste como referente de las condiciones locales de la participación política y la organización social. Esto es con el conocimiento de la relación estrecha producida en las dinámicas locales de las acciones colectivas, con la violencia que estas acciones buscan afrontar. Lo anterior obliga a concebir nuevas formas de enunciar y entender, tanto las relaciones de poder en contextos de conflicto armado, como la generación de nuevas estrategias y formas de movilización. Éstas van creando los distintos sujetos colectivos, produciendo y renovando, a su vez, las estrategias de acción para contrarrestar los efectos destructivos y desarticuladores de las relaciones de dominación autoritaria y de violencias de distintas procedencias.

Las distintas categorías teóricas para entender la conformación de la acción colectiva permiten conocer los procesos más amplios y contradictorios que conducen a su realización, más allá de la satisfacción o insatisfacción política con un sistema u orden social. Si la movilización y acción colectiva se da a pesar del sistema político relativamente cerrado o, precisamente, motivado por la existencia de condiciones de dominación coercitivas, lo que está ocurriendo es algo más importante que los alcances inmediatos de la movilización política. Los actores colectivos se movilizan, pese a las amenazas latentes y manifiestas en contra de la vida y la integridad física, se evidencia que el poder potencial de cambio y renovación lo expresa la ciudadanía, subordinada sólo de un modo relativo y momentáneo, ante la dominación por más opresiva y violenta que esta última se exprese.

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Notas

¹ Este artículo es parte de la revisión bibliográfica y reflexión desarrollada en el marco de la tesis doctoral defendida por la autora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de la doctora Marisa Revilla Blanco en junio de 2009.

³ Entre muchas otras de estas acciones colectivas se destacan: el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, el Movimiento "No Más", la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Colectivo de Objeción de Conciencia, Redepaz, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la Alianza Nacional de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz y la Red de Universidades por la Paz.

⁴ Y han tenido un acompañamiento tradicional de la iglesia católica a través de las llamadas Comunidades Eclesiásticas de Base.

⁵ Casos que han sido documentados por la Fundación Corona, en www.fundacioncorona.org.co