Educación superior y mercado laboral: vinculación y pertinencia social ¿Por qué? y ¿Para qué?
Beatriz Olivia Camarena Gómez* Delisahé Velarde Hernández*
* Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.
Dirección para correspondencia:
betica@ciad.mx
Resumen
En el ámbito internacional, los procesos de vinculación y pertinencia social entre universidad y mercado laboral no han sido muy halagüeños en las últimas décadas, principalmente en aquellos países que debido a sus deficiencias estructurales siguen centrando su política educativa en sólo elevar la matrícula y la eficiencia terminal. En el caso de México, a los problemas que de manera recurrente presenta el sistema educativo de nivel superior –deserción escolar, reprobación, baja eficiencia terminal, bajo rendimiento académico, cambios de carrera, entre otros–, se suman una deficiente calidad académica, desequilibrios en la composición de la matrícula por áreas del conocimiento y una excesiva concentración de la matrícula en pocas carreras con destinos laborales saturados, exacerbados todos ellos por la creciente demanda escolar de los últimos años. En tal contexto, el interés de este trabajo es mostrar algunos indicadores que dan cuenta de los problemas de vinculación y pertinencia social que muestra el sistema educativo en México con atención en el estado de Sonora, para destacar el manejo discursivo de dichos procesos según sea el propósito instrumental y las finalidades de la política económica en la que se inserta la política educativa nacional.
Palabras clave: educación superior, matrícula, desarrollo, mercado laboral, pertinencia.
Abstract
In the international field, the vinculation process and social pertinence between university and labor market have been very bleak in the last decades. It is even more in those countries with structural deficiencies that just focus their educative politics to increment the enrollment and conclusion of their studies. In Mexico, to the recurrent problems that the educative system of higher education (scholar drop out, failure, low conclusion efficiency, low academic performance, change career, and others) we have to add the one caused for the increment of the scholar demand, particularly, the academic quality deficient, unbalanced composition of the enrollment by area of knowledge, and the enrollment concentration in a few careers with saturated labor destination. In this context, the aim of this paper is to show some indicators that notice the vinculation and social pertinence problems in the educative system of higher education in this country, with special attention in Sonora, to emphasize the discursive manage of this process according on the instrumental and economic politic purpose in that to be insert the educative politic national.
Key words: higher education, enrollment, development, labor market, pertinence.
1. Introducción
]]> La sociedad actual se encuentra en proceso de cambios constantes que afectan e interaccionan con las costumbres, los patrones de conducta y los modos de vida de los grupos sociales (ANUIES, 2000). Esos cambios, en magnitudes y sentidos diversos, inciden y forman parte de la vida social, económica, política y cultural de los países. Entre los principales fenómenos detonadores de alteraciones en la vida social están la globalización económica, la mayor interdependencia mundial, la problemática cultural, política y ambiental; las bases técnicas de producción, distribución y consumo de bienes y mercancías; las nuevas formas de organización del trabajo; la presencia de innovaciones continuas; el valor estratégico del conocimiento y de la información; y la mayor participación de la dimensión intelectual del trabajo en una serie de actividades económicas; entre otros (UNESCO, 1995).En tal escenario, el dominio del saber se constituye en factor relevante del desarrollo. De tal forma que el tránsito de la sociedad hacia una etapa basada en el conocimiento, ofrece nuevos horizontes a las instituciones educativas de nivel superior tanto en su papel de formadoras de la planta de profesionistas, investigadores y técnicos especializados, como en su contribución a la generación, aplicación y transferencia de conocimientos; procesos fundamentales en el desarrollo económico de un país (Banco Mundial, 1995).
En este sentido, el propósito del trabajo es explorar tres aspectos básicos del proceso de vinculación y pertinencia social del sector educativo en México: i) el papel estratégico que desempeñan las instituciones educativas de nivel superior; ii) la capacidad de estos centros para formar profesionistas con las competencias y conocimientos requeridos por el mercado laboral; y iii) la evolución que presenta la estructura del mercado laboral y su relación con la composición de la matrícula a nivel superior en los últimos años. Lo anterior va en el afán de incitar a la reflexión en torno a tres frentes sustanciales de la política educativa de un país –Estado, mercado y escuela–, referentes básicos en el intenso debate internacional que ha delineado el rumbo de la política educativa en los últimos diez años (Narodowski, 2002).
II. Problemas de la educación superior: vinculación y pertinencia social
Se reconoce que la responsabilidad de los centros universitarios y de los futuros empleadores es diferenciada en lo que compete a sus respectivas prioridades y capacidades institucionales, ello es, a lo que deben y pueden hacer en sus particulares marcos de acción. En el caso del sistema educativo, las prioridades tienen que ver con los fines y propósitos de la educación –responden al qué y para qué de ésta–; y las capacidades con el cómo se concretan tales fines y propósitos. Desde una vertiente pragmática, técnica o instrumental, la prioridad se liga a su capacidad institucional para proveer una determinada plataforma de profesionistas adelantándose a los requerimientos del mercado laboral; y desde una vertiente ética, implica posicionarse en términos normativos ante los distintos problemas económicos, sociales y ambientales del país. Esto es, tiene que ver con "decidir sobre el cómo deben ser las cosas, no sólo en el ámbito de la educación sino en uno más general del tipo ¿qué sociedad queremos? ¿son igual de legítimas todas las desigualdades? ¿qué valores vamos a priorizar? ¿qué derechos consideramos más fundamentales, los relacionados con la libertad o con la equidad?" (Merino, Guillem, Troiano, 2003: 358–359).
Es obvio suponer que los objetivos de formación y capacitación en educación, los programas académicos, los procesos de vinculación social e institucional y, en suma, los perfiles profesionales de egreso están en sintonía con este tipo de posicionamiento ético y que si bien las capacidades institucionales no son un fin educativo en sí mismo constituyen medios sumamente importantes para hacer viable el porqué y para qué de la educación.
En el caso de los empleadores, la responsabilidad también toca criterios pragmáticos, instrumentales, sociales y/o éticos. Su orientación, en el marco de un determinado proyecto de desarrollo nacional y/o regional, dependerá de las prioridades establecidas en éste; de las directrices políticas y distribución presupuestal a favor de ciertos programas o proyectos. Un aspecto sustancial será si tal estrategia de desarrollo se delinea por criterios de libre mercado en un afán de lograr un mejor posicionamiento económico a nivel mundial o se perfila hacia una convergencia de intereses a favor del medio ambiente, la equidad y el desarrollo social.
Hasta hoy, en el esquema de prioridades de la estrategia educativa nacional prevalecen la competitividad, la modernización y el eficientismo de manera tal que incluso los llamados aprendizajes significativos y/o contextualizados tienden a orientarse por criterios instrumentales, pragmáticos o de mercado (Puebla, 2007); mientras que aquéllos de tipo axiológico –a favor del medio ambiente y la equidad social– apenas son tomados en cuenta olvidando que "la educación es una praxis humana donde más que hacer cosas se pretende construir bienes morales y humanos que implican reflexión, conocimiento y opciones de valor" (Fernández, 2003: 32).
Los centros universitarios, inmersos en un contexto social donde persisten las bajas tasas de empleo, pocas vacantes, sueldos escasamente competitivos y una sobre–oferta de profesionistas que terminan por subemplearse en actividades que poco o nada tienen que ver con su formación profesional, pretenden reforzar, en los programas que conforman su oferta educativa, la formación de cualidades y competencias profesionales que reclama el mercado de trabajo –principalmente privado–. No obstante, los empleadores tienden a valorar como deficiente la formación del profesionista universitario, es decir, a considerar que el perfil de egreso de los estudiantes universitarios carece de los conocimientos y las capacidades ligadas al aprendizaje de habilidades, razonamiento y solución de problemas que sus empresas requieren (De Corte, 1999).
]]> Por tanto, la problemática referida a la vinculación y pertinencia social de los centros universitarios viene a detonar dos problemas: por una parte, que las instituciones no incluyen la formación de conocimientos y capacidades que el desarrollo integral del país requiere; y, por la otra, que tampoco logran ajustarse a lo que el mercado empresarial demanda –conocimientos y capacidades técnicas flexibles a los requerimientos de la empresa–. En la perspectiva de los empleadores del mercado empresarial, la plataforma de profesionistas que egresan de la mayor parte de los centros educativos del país no les garantiza alcanzar los estándares de productividad, competitividad y eficiencia que, en la llamada sociedad del conocimiento, deberían lograr. Por lo mismo, quienes participan en el diseño y ejecución de la política educativa nacional se enfocan de nuevo al diseño de diagnósticos, reformas y/o nuevos planes y estrategias en un afán de subsanar tales limitaciones o incongruencias del sistema educativo con el mercado laboral. Se redunda entonces en una especie de círculo vicioso donde ni unos ni otros –empleadores e instituciones educativas–, se comprometen a trabajar en el diseño de un proyecto de desarrollo orientado por criterios axiológicos a favor de la equidad social que garantice empleos suficientes y competitivos a esa gran oferta de egresados universitarios; la solución se deja en manos del libre juego de la oferta y la demanda que presenta el mercado del trabajo. Hasta hoy, la política educativa nacional se mueve en ese mar encontrado de prioridades e intereses. Al igual y como sucede en otros campos sociales, todo parece indicar que también en educación, en los hechos y en el discurso, "...la modernización lleva a una progresiva colonización de la racionalidad por la empresa capitalista y el estado moderno" (Flecha y Serradell, 2003: 67).De ahí la conveniencia de impulsar procesos de reflexión y diálogo que permitan adentrarnos en el horizonte de retos y posibilidades que representa para las instituciones educativas y para las empleadoras la definición de prioridades y estrategias que faciliten avanzar hacia los propósitos ambientales y de equidad social que pregona el desarrollo sustentable.
III. Marco internacional que condiciona el rumbo de la educación
El proceso de globalización económica y la mayor interdependencia mundial constituyen el marco internacional en el cual las instituciones educativas están operando con todos los desafíos y oportunidades que tales procesos representan (Piña, 2006). La educación superior debe tomar en cuenta esos procesos que los sistemas de comunicación han fortalecido en los últimos años (ANUIES, 2000), pero también los escenarios de crisis recurrentes que siguen presentes o latentes y, por ende, las sombrías perspectivas de trabajo que tiene esa potencial oferta de egresados universitarios. Su reto es hacer viable un desarrollo integral que considere ese escenario económico sin obviar la problemática social y ambiental de nuestro tiempo.
Ante esta situación, la UNESCO (1995) destaca como una prioridad educativa trabajar por el crecimiento económico, social y cultural en el marco del desarrollo humano sostenible y reforzar el papel de la universidad para fomentar tal desarrollo a través de programas emergentes en términos de pertinencia, calidad e internacionalización. Postula ampliar y diversificar la oferta educativa; actualizar periódicamente los contenidos educativos y la forma de organizar y operar la currícula resultante; sustentar los programas académicos en la pertinencia, la cooperación con el mundo del trabajo y la innovación en los métodos educativos. Es decir, encauzar a ciertos fines la relación existente entre la educación superior y el mercado laboral.
En los países de América Latina, los retos en educación superior son mayores por las limitaciones estructurales que los caracterizan (Andere, 2003). Persisten los referidos a elevar la matrícula, la eficiencia terminal y mejorar la calidad, junto con aquéllos que plantean desarrollar conocimientos y habilidades específicas a los requerimientos del mercado laboral, diversificar los perfiles profesionales de egreso e idear mecanismos viables que permitan la inserción eficiente de los egresados universitarios en la economía nacional.
Pero también, en un nivel paralelo de prioridad por lo que representan para el proyecto de desarrollo económico del país, está una serie de definiciones pendientes de tomar. En particular, hace falta encontrar un equilibrio entre la inserción en la comunidad internacional y la atención a las circunstancias propias; entre la búsqueda del conocimiento por sí mismo y la atención a necesidades sociales; entre fomentar capacidades genéricas o desarrollar conocimientos específicos; entre responder a demandas del empleador o adelantarse y descubrir anticipadamente el mundo del trabajo futuro, entre otros (Flores, 2005).
En ese proceso de definiciones y prioridades educativas está en juego el éxito o fracaso "del proyecto progresista que supone la educación obligatoria universalizada" (Gimeno, 2005:67) que, como señala el autor citado, tiene mucho que ver con el
]]> ...hasta hoy vago cumplimiento de sus grandes objetivos y con las desigualdades que el logro de éstos ha provocado en diferentes colectivos humanos: la eficacia de la modernidad.. . se vive como una distancia entre las promesas realizadas y las incumplidas. Distancia entre el desarrollo material, científico y tecnológico, por un lado, que necesita de la educación y presiona fuertemente sobre ésta; mientras que, por otro, distan de cumplirse satisfactoriamente las promesas de libertad, autonomía y mejora de la condición humana.
En esa perspectiva crítica y reflexiva se propone pensar la educación, en general, y la referida a los sistemas de educación superior, en lo particular, como parte de un proyecto nacional que contemple diferentes aspectos del ser humano, de la cultura y la sociedad a la hora de seleccionar sus contenidos sustantivos, la especialización, las prácticas o actividades a realizar, su vinculación social, los perfiles profesionales, etcétera. De proceder así, la significancia de los criterios económicos y de mercado reside en que son parte de la plataforma productiva que generan los recursos que pueden facilitar la consecución de tales fines y no al revés, como sucede en el diseño y planeación de las políticas educativas en la mayor parte de los países cuyos proyectos educativos terminan supeditados a los fines del mercado.
IV. La educación superior en México y Sonora: oferta y pertinencia social
Los impactos crecientes que esos procesos de interdependencia puedan tener en las economías nacionales hacen difícil prever el comportamiento que en los próximos años tendrá el desarrollo económico y social de México (Andere, 2006). En todo caso, la característica central de la economía mexicana será su aún mayor interdependencia en el contexto económico global, es decir, la evolución de los mercados de los países desarrollados y de los principales bloques económicos (Norteamérica, Europa y Asia) incidirán en nuestro país con mayor fuerza de la que hoy se observa. Su crecimiento económico estará altamente influenciado por factores externos pero no hay una certeza si éste garantizará un desarrollo equilibrado en lo ambiental, social y económico. Habrá que ver si persiste, como se ha apreciado en los últimos años, el interés y preocupación por las tendencias que exhibe el crecimiento de la matrícula, la diversificación de las opciones educativas y el número de programas que el sistema de educación superior ofrece (Ibarra, 2006).
El hecho es que el sistema educativo se ha visto afectado por las crisis recurrentes y una serie de dificultades inherentes a los esfuerzos realizados para impulsar escenarios estables de crecimiento económico a mediano y largo plazos que han hecho difícil alcanzar los niveles de calidad y eficiencia terminal deseados por lo que los problemas persisten. A nivel nacional, la matrícula creció de 28,100 a 2'156,470 alumnos de 1960 al 2001 y para el ciclo escolar 2005–06 llegó a 2'446,726 estudiantes (SEP, 2001, 2007), y la tasa media de crecimiento de la educación superior de 1994 al 2004 fue de 5.5% anual (ANUIES, 2006). En Sonora, la matrícula de educación superior fue de 64,368 para el año 2002 y de 67,292 estudiantes en el 2003 (ANUIES, 2002, 2003) en el ciclo escolar 2004–05 se inscribieron 70,669 alumnos y 74,043 en el 2005–06 (SEP, 2005, 2007).
Los cambios en la matrícula han afectado en forma directa e indirecta la calidad del sistema educativo aunado a problemas de deserción escolar, reprobación, bajos índices de egreso y de titulación, entre otros (González, Valenzuela y Maytorena, 1999). También, se han incrementado y diversificado la oferta de programas académicos –en licenciatura y posgrado– al ampliarse las carreras y programas de formación en casi todas las áreas del conocimiento. Cómo se ha ligado ese crecimiento de la matrícula y opciones educativas con el desarrollo económico del país y de la entidad, es el aspecto a destacar a continuación.
Uno de los criterios que ha orientado en los últimos años el diseño de las políticas educativas en el nivel superior ha sido el de la pertinencia social. Ésta se evidencia en la correspondencia entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los distintos planes y programas académicos con las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, sea éste el mercado de trabajo y/o proyectos de desarrollo local, regional y nacional. También, la pertinencia social de la educación superior se expresa en la apertura de nuevas opciones educativas que respondan o sean congruentes con las opciones profesionales que demanda el tipo de desarrollo que el país requiere.
Asociada entonces a la pertinencia social, está la distribución de la matrícula por áreas del conocimiento, relación que hasta hoy muestra grandes desequilibrios: prevalecen tendencias preocupantes relacionadas con el desempleo y subempleo de profesionales en diversas disciplinas. Ello apunta tanto a deficiencias en la formación proporcionada y a una oferta excesiva de egresados de ciertos programas respecto a la demanda del mundo del trabajo al prevalecer una concentración de la matrícula en pocas carreras con destinos laborales saturados (SEP, 2001). Hasta hoy, persiste una alta concentración de estudiantes en un pequeño número de opciones profesionales cuyo destino final no asegura empleos competitivos ni bien remunerados. Lo evidente es que los programas nacionales de desarrollo para este nivel educativo no presentan una política clara al respecto (ANUIES, 2000).
Veamos el comportamiento nacional y estatal de los indicadores citados. A nivel nacional, las áreas de estudio con una mayor concentración de estudiantes son las correspondientes a Ciencias Sociales y Administrativas (47.9%) e Ingeniería y Tecnología (33.7%) mostrando respecto al resto de las áreas una demanda notable; mientras que las áreas de Ciencias de la Salud (9%), Educación y Humanidades (5.3%), Ciencias Agropecuarias (2.2%) y Ciencias Naturales y Exactas (1.9%) son las menos demandadas (ANUIES, 2004).
]]> En el estado de Sonora, la distribución de la matrícula por áreas de estudio exhibe un comportamiento similar del 2001 al 2004 (cuadro 1). En este último año, las áreas de Ciencias Sociales y Administrativas captaron 52.3% de la matrícula y las de Ingeniería y Tecnología 36.6%, una demanda muy alta respecto al resto de la oferta educativa (ANUIES, 2004). Predominan también incongruencias entre la composición de la matrícula por áreas del conocimiento y la participación de los diferentes sectores o actividades en la vida económica del país. En este sentido, es interesante observar la relación entre el valor porcentual de la matrícula por áreas del conocimiento a nivel nacional y estatal, con el respectivo valor porcentual de la población ocupada por sectores económicos.Para ligar tales variables se partió de los siguientes criterios con base en la ANUIES (2000): la matrícula comprendida en el área uno, Ciencias Agropecuarias, se relacionó con el sector primario; la matrícula de las áreas tres y seis, Ciencias Naturales y Exactas, e Ingeniería y Tecnología, respectivamente, se vincularon al sector secundario; y la matrícula de las áreas dos y cuatro, Ciencias Sociales y Administrativas, y Educación y Humanidades, fueron asociadas al sector terciario o de servicios.
El cuadro 2 refiere el ejercicio realizado con datos nacionales. En el periodo comprendido del 2001 al 2004, se observa que la proporción de la población ocupada en el sector primario es bastante reducida comparada con la proporción de estudiantes inscritos en alguna de las carreras de Ciencias Agropecuarias. De esta manera, las carreras del área de Ciencias Agropecuarias asocian su comportamiento a los indicadores económicos correspondientes al sector agropecuario. Esto permite apreciar que la disminución de la demanda de tales carreras refuerza una tendencia de largo plazo iniciada desde los ochenta que está ligada al descenso de la importancia económica de este sector económico desde entonces (Mungaray, Ocegueda y Moctezuma, 2006). En el sector secundario, el porcentaje de la matrícula asociada en relación con el porcentaje de la población ocupada es bastante equilibrado. De igual forma, en el sector terciario se observa una tendencia similar a la anterior entre la matrícula correspondiente a las carreras que tienen como destino este sector y la población ocupada. Sin embargo, la variación entre la matrícula y la población ocupada para ambos sectores es un precedente de los problemas de empleo que tendrán algunos egresados de las carreras relacionadas con las actividades de este sector.
Otro aspecto que interesa subrayar es que, tanto para el sector primario como para el secundario, resulta mayor el número de estudiantes inscritos en alguna de las carreras vinculadas a ellos en comparación con la población ocupada dentro de tales sectores. En contraste, en el sector terciario se aprecia la situación opuesta, es mayor la proporción de la población ocupada en alguna actividad dentro de este sector en comparación con la matrícula en áreas afines.
Así, en el periodo comprendido del 2005 al 2007 se observa una recomposición de tal indicador: el sector primario muestra un repunte notable respecto al periodo 2001–2004 en cuanto a la proporción de la población ocupada en actividades primarias; el sector secundario registra una tendencia sostenida; y el sector terciario un decremento considerable en el porcentaje de la población ocupada pero sigue concentrando 60% de la población económicamente activa.
En lo que respecta al estado de Sonora, también el sector terciario ha mostrado un mayor crecimiento o participación en el desarrollo económico de la entidad (Camberos y Yañez, 2003). No obstante, la composición de la matrícula por áreas de estudio y su relación con la participación de los diferentes sectores económicos, deja ver un comportamiento un tanto diferente al nacional, como se puede observar en el cuadro 3.
Durante el periodo del 2005 al 2007, el sector primario experimentó una pequeña variación en el porcentaje de la población ocupada respecto al periodo anterior (2001–2004) y la proporción de la población económicamente activa a lo largo de ambos periodos fue muy estable para los sectores secundario y terciario, es decir, hubo cambios mínimos de un año a otro.
En síntesis, se observa que al igual que a nivel nacional, en Sonora también el sector terciario es el que ha ostentado un mayor crecimiento o participación en el desarrollo económico de la entidad.
En términos generales, la distribución de la estructura de la población económicamente activa en el estado de Sonora y a nivel nacional es muy similar a la que guardan los países desarrollados. Por lo que ese proceso de terciarización de la economía ha tenido un impacto en los perfiles de formación de técnicos y profesionales. La forma de organización económica y la evolución de los indicadores macroeconómicos se reflejan no sólo en el crecimiento del sector servicios, el cual constituye el principal destino laboral de los profesionistas; sino también en una creciente importancia del conocimiento técnico y ligado a la información no únicamente en este sector sino en la totalidad de las actividades económicas.
De mantenerse el mismo comportamiento de la economía tanto a nivel nacional como estatal, la mayoría de los aspirantes continuará demandando carreras del área de Ciencias Sociales y Administrativas como son Contaduría, Derecho y Administración, lo que en cierta medida es coherente con la evolución y distribución porcentual de los sectores económicos que las absorben. En concreto, el empleo en el sector agrícola ha disminuido, en el sector industrial ha crecido moderadamente y en el sector de servicios ha aumentado en forma notable. A nivel nacional, tan sólo en el 2007 la población ocupada por sector fue de 13.7% en el primario, de 25.7% en el secundario y de 59.8% en el terciario. Y a nivel estatal, el sector primario representó 9%, el secundario 30% y el terciario 59.3%.
El carácter cíclico del mercado laboral que en momentos puede expandirse, pero en ocasiones reducirse, deja sin oportunidades de empleo a grandes proporciones de gente preparada y genera, entre otros fenómenos sociales, que las empresas eleven sus requisitos de selección, provocando una "inflación de títulos". Ello hace que la gente tienda a valorar más un certificado de estudios que el proceso mismo de educarse y por el cual puede adquirir conocimientos, habilidades y modificar sus actitudes. Asimismo, los empleadores podrían seleccionar candidatos con grados altos de escolaridad para realizar trabajos de baja especialización, subutilizando sus habilidades, es decir, al desaprovechamiento de las destrezas de la fuerza laboral (Flores, 2005).
En el escenario de ocupación internacional, la mayoría de los trabajadores se emplean en el mercado laboral estructurado en los países industrializados y fuera de ese mercado en los países en desarrollo. No obstante, la sobreeducación y el subempleo son fenómenos presentes tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados lo que resalta la incapacidad de sus economías para crear las ocupaciones necesarias a sus trabajadores instruidos.
Los problemas de empleo y subempleo aunados a tal situación impactan la economía nacional pero también la vida cotidiana de las personas. Hay indicios de que cuando una persona instruida se siente "subutilizada" o está subempleada, es posible que aunque estudie y obtenga un salario se ocasionen efectos regresivos en la economía toda vez que ese trabajador experimentará frustración en su ocupación laboral y tenderá a bajar su productividad. De predominar esta situación, se puede afectar la estructura económica de cualquier país (Flores, 2005).
En México y en Sonora, el proceso de terciarización de la economía ha propiciado una sobreoferta educativa que ha detonado los problemas de vinculación y pertinencia social de las instituciones de nivel superior. Esto ha llevado a cuestionar la capacidad de sus economías para crear fuentes de ocupación a sus plataforma de trabajadores instruidos y a cuestionar si la educación superior por sí sola es un medio estratégico para acrecentar el capital humano y social que contribuya al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento (Ibarra, 2006).
De hecho, hay quienes atribuyen la persistencia de esos problemas a la falta de un programa nacional en materia de orientación vocacional que considere la oferta y demanda laboral. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Educación 2001–2006 (SEP, 2001), se plantea que la baja calidad en materia de educación superior, así como los problemas de pertinencia y de vinculación social, son resultado de la falta de planeación educativa en México. Entre las tareas que se proponen a las universidades en dicho documento están: tomar en consideración las necesidades del desarrollo nacional, regional y estatal; identificar la situación actual y los retos que enfrentan como institución para mejorar y asegurar la calidad de los programas educativos y servicios que ofrecen; tomar las medidas necesarias para superar las problemáticas que detecten; pertinencia de su oferta educativa y de sus servicios; promover procesos de actualización y flexibilización de planes y programas de estudio; promover el mejoramiento de los mecanismos de vinculación de las instituciones con el sector productivo y con la sociedad en su conjunto; estimular programas que vinculen a las instituciones con su entrono regional para contribuir al mejor conocimiento y comprensión de sus procesos de desarrollo cultural, social y económico; crear mecanismos de vinculación con los sectores sociales y económicos de la región, entre otras propuestas más (Rubio, 2006).
]]> En vinculación social proponen intensificar el proceso de diversificación de los perfiles institucionales y la oferta educativa; diseñar programas que atiendan el déficit de profesionales en las diversas áreas del conocimiento; que se orienten a satisfacer necesidades regionales; lograr una mayor coherencia entre la oferta educativa, las preferencias de los estudiantes y los requerimientos del desarrollo; y a difundir entre alumnos y padres de familia, las áreas que requieren un mayor número de profesionistas para impulsar el desarrollo sustentable del país (SEP, 2001).Ahora bien, respecto a la pertinencia –relacionada de manera fundamental con los contenidos curriculares y con los programas de estudios ofrecidos por las instituciones de educación superior– la mayor parte de las instituciones se han aproximado a la revisión y reorientación de su oferta educativa pero persisten múltiples problemas de articulación entre la formación profesional y el mundo del trabajo como son la escasa consideración de las necesidades sociales y las tendencias de los mercados de trabajo regionales, la distancia entre el proceso formativo y las prácticas laborales; proceso que además, es acentuado por la rapidez de los cambios científicos y tecnológicos limitándose aún más la incorporación de los egresados al mercado laboral.
Lo anterior, ha llevado a revisar y adaptar en forma constante los contenidos educativos y diseñar nuevos planes curriculares para ofrecer una mejor formación que responda a la economía abierta que impone una competencia nacional e internacional, tanto de servicios profesionales como de bienes y servicios. Así, entre las actividades que efectúan las instituciones de educación superior para cumplir con los objetivos encomendados están las encaminadas a estrechar los vínculos con los sectores social y productivo en función de que permiten captar con mayor claridad las necesidades de la sociedad a la que sirven; se ha hecho hincapié en ampliar su sensibilidad respecto a la dinámica de los acontecimientos económicos y sociales que se registran actualmente en el país y en el mundo.
Desafortunadamente, los indicadores contenidos en este apartado, evidencian el hecho de que la educación superior carece en la actualidad de ciertos atributos deseables y necesarios (Andere, 2003). Son limitados los esfuerzos realizados hasta hoy para conducir ciertos lineamientos de política que permitan superar los problemas de vinculación y pertinencia social. No se destinan los apoyos ni los recursos suficientes para diseñar e instrumentar programas que permitan a los jóvenes tomar las elecciones educativas y profesionales adecuadas a sus intereses y capacidades personales con base en las necesidades y demandas de su contexto regional. Urge, por tanto, diseñar políticas públicas que logren mejorar esos procesos y resultados educativos. En la base de esto, está la comprensión de los propósitos y fines educativos y por ende, la identificación de los factores sociales, económicos y culturales que intervienen en tales procesos. Se redundará en más de lo mismo si en el proyecto económico los criterios axiológicos y de equidad siguen subordinados a los del libre mercado y la estrategia educativa nacional sigue constreñida por tales criterios.
La cuestión es que las propuestas educativas que postulan planteamientos alternativos a los que se decantan por la solución de mercado –como lo sugiere y hace el Banco Mundia– son sistemáticamente marginadas en coherencia con la nueva ortodoxia. En esta lógica, es común observar que la educación, en palabras de Ball (2002:119), tiende a quedar cada vez "más sujeta a criterios de 'valor de intercambio', se modele con los métodos y valores del capital y sea, en sí misma, trasladada al concepto de mercancía". No obstante, en el discurso reciente de la política económica y educativa nacional:
los temas referidos al desarrollo social y a la equidad no desaparecen totalmente, son 'ubicados y reubicados' [..] los planteamientos a favor de propósitos sociales y de bienestar son tomado en préstamo, aplicados y adoptados según variados modelos y requerimientos de las agencias mercantilistas nacionales y/o supranacionales...[]... discursos antagónicos son 'pegados' a las nuevas políticas (Taylor, 1995, en Ball, 2002: 119).
V. Comentarios finales
La pertinencia de la oferta educativa y las bondades que representan los procesos de vinculación social que han privilegiado los centros universitarios han sido los puntos desarrollados en este trabajo.
]]> Los datos muestran que el proceso de terciarización presentado por la economía mexicana en los últimos años ha propiciado una fuerte concentración de la matrícula en unas cuantas carreras, una mayor sobre–oferta educativa, insuficiente formación de profesionistas en ciertas ramas y especialidades, problemas de calidad y eficiencia terminal, mayor subempleo y en general, una gran cantidad de profesionistas subempleados.Hay quien señala que la escasa planeación educativa ha sido la principal causa de los problemas (SEP, 2001) aun y cuando también se reconocen como parte de los resultados del agresivo programa económico neoliberal instrumentado en el país en las últimas tres décadas, es decir, buena parte de los problemas de vinculación y pertinencia social del sistema educativo derivan del modelo de desarrollo económico nacional.
El discurso a favor de propósitos sociales y de equidad si bien tiende a ganar adeptos en el terreno académico y da sentido a distintos procesos de lucha social, en el proyecto de desarrollo nacional y en las políticas sectoriales derivadas –la educativa entre ellas–, tal discurso es subsumido por el del libre mercado, la competitividad y el crecimiento económico.
No obstante, un estudio recientemente realizado para analizar los resultados de las políticas de desarrollo regional que han vertebrado en sus propuestas a las instituciones de educación superior (OCDE, 2007), ha puesto en evidencia que, en general, las políticas que han contribuido a reforzar la relación entre la educación superior y sus regiones en el contexto de una economía globalizada del conocimiento han sido incapaces de sostener el despegue económico y lograr la redistribución de los recursos para reducir las disparidades regionales. En general, se reconoce el fracaso de las políticas centradas en apoyar a las regiones más desfavorecidas y se propone centrar la atención en las regiones con mayor potencial de desarrollo con base en criterios de competitividad más eficaz y a las ventajas comparativas. El nuevo discurso destaca que "las instituciones de educación superior van a jugar un papel cada vez más importante aportando el saber, facilitando un desarrollo concentrado y siendo principales actores en los sistemas regionales de innovación" (OCDE, 2007: 33). De un apoyo generalizado a las regiones desfavorecidas se eligen ahora sólo aquéllas que contengan ciertos atributos potenciales para el desarrollo de alguna ventaja competitiva vía procesos de innovación –en esto último es donde intervienen las instituciones de educación superior– y de nuevo, la apuesta económica y educativa tiende a orientarse por criterios mercantilistas.
En contraparte a esas transformaciones económicas que han tenido lugar en la sociedad en los últimos años, se ha reforzado la necesidad de abordar la educación como un proceso social complejo –orientado por fines y propósitos axiológicos– que tiene que ver con el tipo de sociedad y ser humano que interesa formar. En este caso, se reconoce que el papel de los centros escolares rebasa la simple generación de conocimiento útil en términos instrumentales o pragmáticos y que su tarea fundamental tiene que ver con la formación de un sujeto moral con capacidad de elección. De ahí la necesidad de que las instituciones escolares brinden conocimientos significativos adecuados a cada contexto social y comunidad educativa. Se trata de ligar la educación a un proyecto social que brinde la posibilidad de dignificar a los seres humanos –a todos y cada uno de ellos–, al tiempo que contribuya a la mejora de la sociedad (Gimeno, 2000: 20).
En lo que respecta a los centros universitarios, en una situación hipotética –que elude la compleja gama de intereses económicos y políticos involucrados en la definición de un proyecto de desarrollo– se supone que si el programa político pretende el desarrollo equilibrado del país –en lo económico, social y ambiental–, hará falta una plataforma de profesionistas que posea los conocimientos, las habilidades y las capacidades suficientes para sumarse al diseño y puesta en práctica de estrategias integrales de planeación en ese sentido. En el mercado de trabajo, seguirá presente la necesidad de contratar a quienes sean capaces de afrontar el contexto de interdependencia económica mundial y aprovechar mejor los retos y oportunidades que brindan los procesos de comunicación y globalización actual. Por tanto, el reto de las instituciones educativas como el de los empleadores será sumar esfuerzos para trabajar en el diseño, definición, planeación y apoyo de los programas que garanticen tal formación profesional con la salvedad que ambas tomarán en cuenta los lineamientos establecidos en la agenda política nacional.
Entre los desafíos que la universidad tendrá que enfrentar para cumplir con sus funciones y responsabilidades sociales, destaca su potencial contribución en la formación de individuos sensibles y socialmente comprometidos con las problemáticas del país, capaces de responder con firmes criterios axiológicos a favor de la equidad, en las transformaciones que el país experimenta. Las exigencias apuntan a dar un sentido más integral a la política económica nacional que consideren los criterios sociales y de equidad que se han dejado de lado y que redunden en una mejoría en las expectativas de trabajo que tienen los jóvenes que egresan del sistema de educación superior en la medida que se concrete en una política educativa que facilite diversificar la matrícula, actualizar los contenidos y la calidad de los programas que se ofrecen.
La planeación del sistema de educación superior lleva a preguntar ¿Con qué fin? ¿Por qué? ¿Para qué? y ¿Para quién? Establecidas las metas de desarrollo social y económico se puede prever qué tipo de recursos humanos es necesario formar para alcanzar esos objetivos y derivar entonces de tales directrices la respuesta que hasta hoy ha brindado el proyecto económico nacional en general y la política educativa en particular, a las interrogantes anteriores. Las prioridades nacionales se han ajustado a las necesidades que establece el libre mercado en un ambiente de competitividad y globalización económica sin lograr mejorar de manera significativa la situación económica nacional ni acortar las brechas y desigualdades sociales. A la par, se han exacerbado los problemas de pertinencia y vinculación de las instituciones educativas con tales sectores por estar cada vez más alejadas de los objetivos. Sigue ausente un interés claro y decidido en la política económica nacional por impulsar un desarrollo equilibrado que armonice criterios sociales, ambientales y económicos que tome en cuenta a las instituciones de educación superior como bastiones importantes en la planeación, ejecución y logro de tales propósitos.
No debe extrañar entonces que, lo que se plantea de manera parcial y esporádica en la política educativa a favor del desarrollo sustentable, la equidad y justicia social por un lado, así como en lo que respecta a la pertinencia y vinculación social de las instituciones de educación superior por el otro, no deriven en procesos claros de planeación estratégica ni en recursos o apoyos concretos en el corto, mediano o largo plazo para tratar de impactar las actuaciones concretas de los diferentes órdenes y grupos de participación referidos al gobierno, los estados, los sistemas e instituciones educativas, los patronatos e instituciones empresariales, las distintas asociaciones de profesionistas, etcétera.
En ese mundo de definiciones que tienen que ver con la pertinencia y vinculación social de los centros universitarios, los intereses económicos y políticos involucrados se polarizan cada vez: está en juego el futuro de las universidades pero también, el desarrollo del país. En ello residen las dificultades de instrumentar lineamientos de política que prioricen criterios de equidad encaminados a mejorar las expectativas de trabajo a los jóvenes egresados del sistema de educación superior. Los problemas ligados a la globalización que enmarcan y producen los problemas contemporáneos de educación "...han resultado en un conjunto de soluciones genéricas expresadas en distintas reformas y procesos de reestructuración educativa que al final de cuentas siguen desempeñando la 'función ritual' de conseguir seguridad por medio del discurso y de restringir posibilidades de respuesta más integrales que prioricen criterios de equidad y justicia social" (Ball, 2002:124).
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