Alcabalas y presión fiscal en Acapulco, 1777-1809

Taxes and fiscal pressure in Acapulco, 1777-1809

Impôt sur les ventes et pression fiscal à Acapulco 1777-1809

Jesús Hernández Jaimés

Universidad Autónoma de Tamaulipas Correo electrónico: jjaimes@uat.edu.mx

Recibido: 14 de mayo de 2007
Aceptado 28 de julio de 2008

Resumen

Alcabalas y presión fiscal en Acapulco, 1777-1809, nos ofrece un análisis del complejo mundo de los intereses locales, sus elaboradas redes familiares y de funcionarios y su acentuada corrupción. El arribo a la Nueva España de José de Gálvez como visitador general permitió conocer casos como el del virrey Marquez de Cuillas, quien a través de su sobrino Fernando de Monserrat, gobernador del puerto de Acapulco, se beneficiaría del contrabando y de actividades comerciales sin pagar impuestos. Gálvez acaba con la corrupción del virrey e inicia una serie de drásticos cambios político administrativos, ordenó por ejemplo, aplicar el reglamento que regulaba el comercio con Asia, sancionó a funcionarios involucrados en malas conductas y tomó medidas para frenar el fraude a la Real Hacienda. El artículo estudia, además, las variadas formas de resistencia que estas medidas desencadenaron en los actores locales y sus aliados en la ciudad de México.

Palabras clave: Alcabalas, fisco, Acapulco, reformas borbónicas, José de Gálvez, Marqués de Cruillas, Fernando de Monserrat.

Taxes and Fiscal Pressure in Acapulco, 1777-1809 analyses the intricate world of private local interests, the complicated government officials' family nets and their deep corruption. José de Gálvez's arrival to New Spain as a general supervisor allowed people to know about some cases of corruption like the one Viceroy Marquis de Cruillas was involved in through his nephew Fernando de Monserrat, governor of Acapulco, who was benefited by commercial activities without paying taxes or by illegal trade. From that moment on Gálvez finished the Viceroy's corrupted career and he started drastic political and administrative innovations. He ordered trade regulations with Asia be applied, He punished the Authorities involved in misconduct and he took measures to stop fraud against the Royal Treasury Office. The article also studies the various forms of resistance that these measures broke out, the main local outlaws and their accomplices in Mexico City.

Keyboards: Taxes, corruption, commercial activities, bourbon reforms, Acapulco, José de Galvez, Fernando de Monserrat.

Résumé

L'impôt sur les ventes et la pression fiscal à Acapulco 1777-1809 nous offre une analyse du monde confus des intérêts locaux, de leurs réseaux compliqués entre les familles et les fonctionnaires et de leur profonde corruption. L'arrivée à la Nouvelle Espagne de José Gálvez comme visiteur général a permis de connaître quelques cas comme celui du vice-roi Marquis de Cruillas qui à travers son neveu Fernando de Monserrat maire du port d'Acapulco, a tiré profit des activités commerciales sans payer les droits. À partir de ce temps-là, Gálvez est arrêté la corruption du vice-roi et a commencé une série d'innovations politiques et administratives. Il a ordonné l'application des règles qui contrôlaient le commerce en Asie. Il a infligé des sanctions aux autorités involucrées et il a pris des mesures nécessaires pour freiner la fraude à la Réal Hacienda. Cet article étudie aussi les formes variées de résistance que ces décisions ont causée ; les actants et leurs alliés de la ville de Mexico.

Mots clés: Impot, corruption, activités commerciales, reformes bourbonniennes, Acapulco, José de Galvez.

En julio de 1764, Francisco Armona se embarcó en España con rumbo a América para cumplir la encomienda de visitador general de la Nueva España. Sin embargo, al poco tiempo de haberse hecho a la mar, enfermó y murió sin llegar a su destino. Por consiguiente, el Consejo de Indias tuvo que designar a un sustituto para llevar a cabo la visita. El nombramiento recayó esta vez en José de Gálvez, alcalde de Casa y Corte, quien partió rumbo a Nueva España a fines de abril de 1765 a donde arribo el mes de julio.¹ Al llegar a la ciudad de México le fue proporcionada una instrucción reservada que en la que se le instaba a "instruirse del manejo y gobierno" del virrey Marqués de Cruillas de quién se decía, entre otras cosas: "...que comercia[ba] sin pagar derechos por medio de su sobrino don Fernando Monserrat; que permit[ía] extraer por Acapulco grandes remesas de dinero además de las señaladas por el Rey, mediante un tanto por ciento que se le paga[ba]".² Monserrat era a la sazón gobernador y castellano del puerto de Acapulco, donde se realizaban los presuntos negocios ilícitos que involucraban a su tío el virrey.

El documento, además de aludir al grave problema de la corrupción que enfrentaría Gálvez, colocaba al puerto de Acapulco como una de las prioridades en el proyecto reformista que encabezaba el visitador. Al parecer, el visitador asumió este compromiso de manera rigurosa aunque ello lo confrontó con el Marqués de Cruillas a quien, logró sustituir en agosto de 1766 por el Marqués Francisco de Croix, hombre de su confianza. En Acapulco, Fernando Monserrat fue reemplazado como gobernador, castellano y alcalde mayor por Teodoro de Croix sobrino del nuevo virrey. Los Croix serían aliados útiles del visitador en la Nueva España en general y en Acapulco en particular.³

Como se puede comprender, la pretensión de los responsables de la aplicación del reglamento marítimo topó con una férrea oposición de los comerciantes afectados quienes alegaron que se estaba vulnerando una costumbre inveterada. Asimismo, adujeron que de ejecutarse la normatividad al pie de la letra se reduciría el comercio a niveles raquíticos, con el consecuente daño para ellos y la Real Hacienda. Con estos argumentos y mediante su red de influencias que llegaban hasta las más altas esferas de gobierno en la corte hicieron recular a Croix y, por tanto, también a Gálvez. El recién llegado gobernador del puerto tuvo que abandonar la rigidez y volver a la anterior relajación, cediendo así a la presión de los comerciantes filipinos, mexicanos y del propio Consejo de Indias, con sede en Sevilla y responsable del gobierno de las colonias.⁸

Este primer desencuentro entre algunos grupos de interés novohispanos y los funcionarios reales que buscaban erradicar las prácticas que minaban los ingresos de la real hacienda y desafiaban el poder regio sería un preludio de las tensiones que advendrían en algunos lugares de la Nueva España en la medida en que se insistiera en las reformas. Este artículo precisamente tiene como objeto de estudio la aplicación de las reformas fiscales en el puerto de Acapulco, para sopesar las dificultades afrontadas por los planes renovadores, así como para evaluar los resultados conseguidos. De manera concreta, nos centraremos en el análisis del cobro de las alcabalas que gravaba las transacciones mercantiles en el puerto y los incidentes propios del caso. A partir de los sucesos de 1767 vale la pena preguntarse si Gálvez fue derrotado por los grupos de poder novohispanos con intereses en el comercio asiático. ¿Cuál fue su actitud y de las autoridades hacendarias después de ese año? ¿Habrán aceptado la supremacía de los grupos de interés novohispanos, a pesar de que se hizo manifiesto que defraudaban a la Real Hacienda en grandes proporciones? En términos más generales se pretende contribuir al estudio del impacto de las reformas borbónicas, las fiscales en especial, y sus consecuencias en la Nueva España. Aunque todos los estudios afirman que hubo un aumento de los ingresos fiscales de la Corona a partir del reformismo, suponemos que el incremento debe tener matices y diferencias regionales que hay que estudiar.⁹ En este sentido nos proponemos analizar el comportamiento de los ingresos fiscales en Acapulco y su entorno, así como la reacción de las élites locales ante la presión fiscal.

Reorganización de la territorialidad fiscal

Uno de los imperativos inexcusables para transformar la estructura recaudatoria de la Real Hacienda novohispana y conseguir el apetecido incremento de los ingresos era la creación y reorganización de la territorialidad fiscal. La extendida práctica de encabezar o arrendar el cobro de algunos impuestos a corporaciones y particulares creó una territorialidad sumamente atomizada, dinámica y numerosa. En algunos lugares se responsabilizó a los alcaldes mayores de la recaudación de impuestos en sus respectivas jurisdicciones, no obstante este uso no era del todo regular y en ocasiones dentro de dichas territorialidades había otros agentes que también cumplían con la misma función.¹⁰

Hasta 1787, cuando se establecieron las intendencias en la Nueva España, el puerto de Acapulco había sido cabeza de una alcaldía mayor del mismo nombre. Por tratarse de un puerto autorizado para el comercio transoceánico con Asia, el alcalde mayor también tenía funciones de gobernador y castellano, en consecuencia debía poseer formación y grado militar. Durante las primeras décadas del siglo XVIII el alcalde-gobernador y castellano del puerto se tuvo que responsabilizar de la administración de la alcaldía vecina de Chilapa-Tixtla -que originalmente habían constituido dos alcaldías separadas debido a que no se pudo encontrar a un individuo dispuesto a ejercer el cargo a consecuencia de los bajos ingresos que generaba. No obstante, los gobernadores portuarios solían delegar la administración de ambas alcaldías en sendos tenientes, mientras que ellos trasladaban su residencia en la ciudad de México u otra ciudad del interior. Sólo permanecían en el puerto durante los meses que duraba la feria de la nao de China.¹¹

En 1777, cuando la Corona se hizo cargo directamente del cobro de los impuestos se les retiró a los alcaldes mayores la facultad de recaudar la alcabala -donde la tenían- y se nombraron administradores de dicha renta en cada territorialidad alcabalatoria que debía corresponderse con la de las alcaldías mayores, aunque no siempre se consiguió este objetivo. Como tampoco fue posible siempre encontrar administradores de alcabalas para cada una de las jurisdicciones, de ahí que a algunos de ellos les fue encomendada más de una territorialidad. En este contexto, el gobernador de Acapulco fue eximido de velar por la recaudación de las alcabalas en su jurisdicción y en la de Chilapa-Tixtla.

El administrador de alcabalas de Acapulco se tuvo que responsabilizar del ramo en la contigua provincia de Zacatula, que abarcaba toda la Costa Grande, al noroeste del puerto. Dicho territorio había perdido su estatus de alcaldía mayor a principios del siglo XVIII y por alguna razón desconocida como desconcertante se había anexado a la de León, en el distante Bajío. Con el afán de corregir semejante entuerto administrativo y con la convicción de que el administrador de rentas leonés no podía hacerse cargo de Zacatula, la Dirección General de Rentas la anexó a la alcaldía acapulqueña. Este estado de cosas se conservó después de 1787 cuando las alcaldías mayores se convirtieron en subdelegaciones. Chilapa, Tixtla y Zacatula volvieron a constituirse en jurisdicciones separadas, aunque, debido a su baja rentabilidad, las dos primeras siguieron unidas para efectos hacendarios y la última siguió formando parte de la territorialidad alcabalatoria de Acapulco, cuyo responsable la manejaba mediante un teniente. No obstante, Zacatula gozaba de cierta autonomía respecto a Acapulco. Usualmente los auxiliares de la administración de alcabalas recibían su salario de los ingresos concedidos al responsable de la renta, sin embargo, el teniente de Zacatula gozaba del usual 14% de lo recaudado en su territorio como si fuera titular del cargo y no subordinado del de Acapulco, más un apoyo extra. Más tarde, a partir de 1792 la Dirección General de Alcabalas le retiró al administrador de Acapulco la facultad de nombrar a su teniente en Zacatula asumiendo esa prerrogativa, es decir, que la caja de Acapulco se convirtió en un mero depósito de los ingresos de aquella provincia, como ya lo era de lo recaudado en Chilapa y Tixtla.¹²

Los grupos de presión y el cobro de alcabalas.

Según el informe de 1776 sobre los arriendos de alcabalas, previo al fenecimiento de este sistema, Acapulco estaba arrendado a Bartolomé Gómez en 1,700 pesos anuales. A principios de junio de 1777, Roque de la Maza, quien ya era administrador de la renta del tabaco, quedó al frente de la aduana de Acapulco por parte de la Real Hacienda.¹³ En los meses siguientes se hizo patente la inexperiencia de este funcionario en el manejo de las alcabalas, debido al desconocimiento del reglamento en sus aspectos específicos. Lo anterior se tradujo en constantes consultas a la Dirección General por no saber cómo actuar ante problemas concretos. Por ejemplo, en octubre preguntó si los eclesiásticos debían pagar la alcabala, debido a que algunos de ellos argumentaban que jamás se les había cobrado el impuesto. El Director General de Alcabalas, Antonio Páez de la Cadena, invocó la resolución que en 1770 dio a conocer el visitador Gálvez, según la cual, "ningún eclesiástico goza de libertad para no satisfacer el referido derecho de ventas que celebre por vía de negociación".¹⁴ Es decir, que sólo se exentaría a los clérigos del pago de alcabala cuando sus mercancías estuviesen destinadas al culto religioso o a satisfacer las necesidades básicas de alimentación y vivienda, pero no cuando hubiese afán de lucrar.

Las dudas del administrador se sucedían una tras otra; preguntó si debía pagarse la alcabala por la harina que entraba al puerto para la manutención de la tropa acantonada en el Fuerte de San Diego, ya que según el abastecedor, el impuesto nunca se había cobrado. Lo mismo hizo sobre si debía hacerlo el arrendatario del cobro de los diezmos de la iglesia del puerto por la venta que hacía de lo recaudado.¹⁵ También consultó si el cobro se debía tasar en función del precio de la mercancía en su lugar de origen o del puerto. Aquí vale la pena detenerse un poco ya que este punto fue motivo de constantes litigios. Los comerciantes que introducían mercancías en la jurisdicción pugnaban porque se les cobrase la alcabala de acuerdo al precio de origen asentado en la guía de salida, pero de acuerdo a la Dirección General se debía tasar el impuesto del seis por ciento sobre el precio de venta final. La pretensión de los comerciantes es comprensible ya que de acuerdo a Maza, la diferencia entre un precio y otro podía ser de más del 100 por ciento. Por ejemplo, un barril de 160 cuartillos de aguardiente costaba en la ciudad de México 58 pesos y se vendía en el puerto a peso el cuartillo, es decir, a 160 pesos el barril; descontados los seis del flete, quedaba una ganancia neta de 96 pesos, es decir, del 165.5 por ciento.¹⁶

Una dificultad más a la que se enfrentó Maza, fue la escasez de recursos para contratar personal que cuidara las muchas veredas por las cuales se podían introducir mercancías al puerto, evadiendo las dos garitas ubicadas en sendas entradas. Otro motivo de queja constante de los encargados de la recaudación de las alcabalas fue la insuficiencia de su salario. Situación que obligó a los funcionarios a realizar alguna actividad mercantil paralela, práctica que el visitador Gálvez había criticado y buscado desaparecer. Hasta dónde sería cierto que los salarios eran insuficientes y qué tanto fue un mero pretexto de los funcionarios para justificar sus actos, es algo que no podemos precisar, pero sí es evidente que en este sentido las reformas borbónicas no tuvieron el éxito anhelado.

Según Roque de la Maza, era imposible para un administrador sobrevivir y pagar el salario de sus ayudantes con el catorce por ciento de lo recaudado que les correspondía, a menos que se practicase algún comercio. De ahí que él mismo se haya visto en la necesidad de poseer un "tendajoncito" en Acapulco. Claro, informó al director general, que no se valía para ello del dinero de la Real Hacienda, sino sólo del propio. Además, lo mismo hacían otros colegas de la región; el de Tixtla, por ejemplo, administraba el repartimiento de mulas de un acaudalado comerciante; el de Chilapa tenía una tienda a cargo de un dependiente. En Zacatula, Tecpan y Atoyac, no había sujeto al que se le pudiera encargar una subreceptoría que no realizara algún comercio. Ante semejante escenario a la Dirección General no le quedó más recurso que aceptar el hecho con la aclaración de que los funcionarios debían dar ejemplo, pagando puntual y debidamente la alcabala correspondiente.¹⁷ Aunque las evidencias sugieren que confiar en la buena fe de los burócratas no fue un buen negocio para la Real Hacienda.

El administrador de alcabalas de Acapulco recibía 250 pesos anuales como salario, además de su catorce por ciento. De esta cantidad debía pagar los haberes de sus subordinados, razón por la cual, según dijo, tampoco le era suficiente. Tenía receptores en Coyuca, Tixtlancingo, Texca, Cacahuatepec, Tecoanapa, las estancias de San Marcos y San Antonio, rancherías de San Marcos y San Isidro en la Sabana. Por ello pidió un aumento o bien que se le eximiera del cobro de alcabalas a las mercancías llegadas de Asia y Sudamérica, petición que no fue atendida favorablemente. Esta situación obligó a Roque de la Maza a habilitar como receptores de alcabalas a individuos que estarían dispuestos a no cobrar sueldo alguno, pero que esperaban obtener alguna ventaja del cargo, un ejemplo fue el administrador de la hacienda de San Marcos.¹⁸

La introducción del nuevo sistema de recaudación de las alcabalas, también implicó una ampliación de la base de contribuyentes al volverse más estricta la recaudación y hacerse efectivos impuestos en desuso. De esta manera, muchas personas que habían estado evadiendo el pago del impuesto fueron presionadas para hacerlo y el comercio de ciertos artículos por el que no se cobraba el arancel también fue gravado. Ello no significó necesariamente la modificación de las leyes, sino sólo una aplicación más rigurosa de las ya existentes. Evidentemente, esto provocó un profundo malestar entre todos los comerciantes y la población en general. De Chilapa y Tixtla solían llevarse al puerto de manera furtiva considerables cantidades de mezcal, anomalía que Maza se propuso erradicar. De la misma zona se llevaban al puerto petates para el embalaje de las mercancías llegadas de Asia y Guayaquil, así como del algodón. Dichos envases habían estado exentos del pago de la alcabala, pero a partir de entonces no hubo más remedio que pagarla.¹⁹

La oposición que encontró Maza para su trabajo fue feroz, pues enfrentaba a las familias más opulentas del lugar, quienes gracias a su poder habían estado evadiendo el pago del impuesto durante muchos años o por lo menos pagando cantidades inferiores a las estipuladas. El rival más poderoso lo encontró Maza en Antonio Mendívil y Cisneros, teniente del gobernador del puerto. La mayor parte del tiempo el gobernador radicaba en la ciudad de México, Tixtla o Chilapa y dejaba en su lugar a su teniente, quien solía comerciar con mezcal que hacía llevar de Chilapa y Tixtla. Asimismo, tenía tratos con el administrador de la renta del tabaco de Chilpancingo, Juan Antonio Gómez de Pielago, quien abastecía la harina para la manutención de la tropa acantonada en el Fuerte de San Diego. Por supuesto, dicho teniente se escudaba en su cargo para no pagar la alcabala.

Cuando la Dirección General de Alcabalas dictaminó que el teniente del gobernador debía pagar la alcabala y Roque de la Maza intentó cobrarle, aquél reaccionó de manera violenta y puso en arresto domiciliario al funcionario de la Real Hacienda. El teniente adujo que el dinero era insuficiente para pagar la harina encarecida por la alcabala, razón por la cual la tropa comía maíz en lugar de pan. Asimismo, acusó a Maza de cobrar la alcabala a los indios, a pesar de que éstos no debían hacerlo.²⁰ Maza fue liberado en breve, gracias a una orden que recibió el teniente de sus superiores. No obstante, esto preludiaba ya las dificultades a las que Maza se enfrentaría si insistía en su propósito recaudatorio.²¹

Cuando el suelo alcabalatorio de Zacatula se agregó al de Acapulco en 1778, los problemas para Maza se duplicaron. Las quejas contra los evasores del pago de la alcabala continuaron, lo mismo que el malestar por la insuficiencia de su sueldo. Al sentirse impotente para cumplir con su trabajo en estas condiciones, Maza optó por pedir su sustitución en noviembre de ese mismo año, a sólo 17 meses de haber asumido el cargo, pues, según dijo, quería trasladarse a Filipinas, además de que se hallaba enfermo de "hinchazones en las piernas".²³ En marzo del siguiente año se le comunicó a Maza el nombramiento de José Gómez de Pielago para que lo sustituyera en la administración de la renta del tabaco y en breve se le proporcionaría su relevo para el ramo de las alcabalas. En esta ocasión Maza manifestó su deseo de trasladarse al Nuevo Santander donde, aseguró, le habían ofrecido un empleo. Obviamente, no le advirtieron que el clima de esa región era al menos tan insalubre como el que pretendía abandonar, a menos que el calor no fuera el principal móvil de su afán por dejar el cargo. Sin embargo, ante la parsimonia de las autoridades para sustituirlo de tan poco grato empleo, la muerte se mostró más diligente y un mes después lo liberó definitivamente de sus fatigas.²⁴

Lo anterior refleja una carencia de cuadros externos a la región y experimentados para hacerse cargo de la administración de alcabalas. Roque de la Maza ya estaba en el puerto como responsable de la renta del tabaco cuando se hizo cargo de la administración de alcabalas. Su sustituto en la renta del tabaco, Juan Gómez de Pielago, era un comerciante de la región y el hombre que se hizo cargo interinamente de las alcabalas, Luis Moreno, era también un comerciante local. En consecuencia, era muy difícil que estos hombres pudieran ejercer su trabajo con rigor y probidad; libres de intereses económicos personales, vínculos de amistad o familiares.²⁵

En noviembre de 1779 tomó posesión como titular de la administración de alcabalas Miguel José Cabrera, español peninsular. No obstante, el clima insalubre tuvo menos clemencia con él que con Roque de la Maza. Sólo dos meses después de su llegada al puerto de Acapulco falleció de "severas calenturas", por lo que la aplicación de la nueva política fiscal tuvo que postergarse. Interinamente se hizo cargo de la recaudación Rafael Cañizares y luego Isidro Ferrer de las Casas, quién estuvo en el cargo hasta diciembre de 1780, cuando por fin se encontró a una persona dispuesta a reemplazarlo. El nuevo titular, Isidro González Taboada, se enfrentó a los mismos problemas que sus antecesores: resistencia al pago e insuficiencia de recursos para hacer cumplir la ley. Para colmo, también se enfermó al poco tiempo de su llegada, por lo que pidió autorización para pasar a la ciudad de México. Se le contestó que escogiera otro lugar más cercano como Tixtla y Chilapa, pero replicó que en esos lugares no había médico alguno que lo curara. Finalmente, se le permitió que pasara a la ciudad de México, dejando a un responsable durante el tiempo que durara su ausencia. No obstante, no alcanzó a salir del puerto, pues la muerte le cerró el paso y falleció en octubre de 1781. Menos de un año sobrevivió al dañino clima acapulqueño.²⁶

De manera interina fue nombrado responsable del cobro de las alcabalas un sobrino de González Taboada, sin embargo, sólo cuatro días estuvo en el cargo antes de dejar presuroso el puerto y trasladarse a la ciudad de México. En este caso le correspondía al teniente del ausente gobernador nombrar a un funcionario interino. El teniente, de nombre Juan Francisco Regis, tuvo muchos problemas para encontrar, ya no a la persona ideal, sino a cualquier persona que aceptase asumir la responsabilidad. Según su informe, la mayor parte del vecindario se componía de gente pobre que subsistía mediante tendajones miserables. Había dos sujetos de mediano caudal, mas uno de ellos no sabía leer y el otro era demasiado viejo y enfermo. Así que no le quedó más recurso que designar al mulato Antonio Piza, quien no era un hombre pobre; por el contrario era uno de los nativos del puerto más ricos. Existieron algunas objeciones para su nombramiento debido a su color, ya que supuestamente estos cargos estaban destinados exclusivamente a la gente de razón. Sin embargo, en la localidad no había individuos blancos idóneos ni siquiera para un interinato y fuera de ella tal parece que nadie estaba dispuesto a ir a arriesgar su vida en un clima tan insalubre.²⁷ Es probable que la presencia de Piza en el puesto de recaudador de alcabalas haya desagradado a algunos individuos, pues al poco tiempo se le nombró sustituto de la ciudad de México, aunque en calidad de interino. Más tarde, Piza fue nombrado administrador de la renta del tabaco.²⁸ No obstante, el nuevo funcionario, de nombre Matheo Gutiérrez, sólo estuvo en el puesto unos meses antes de abandonarlo por razones que se desconocen pero que podemos imaginar a partir de las experiencias de sus predecesores.²⁹

Al fin, en diciembre de 1782, llegó a Acapulco un individuo con un poco de mejor suerte. Bernardo Antonio de Herrera y Campos, español peninsular de la provincia de Málaga y con una larga trayectoria como funcionario de la Real Hacienda, al tomar posesión de su nuevo empleo encontró la administración de alcabalas en un estado deplorable, según su primer informe. La casa que debía servirle como oficina se hallaba en ruinas, sin muebles y con goteras por todos lados. La Dirección General le indicó que se dirigiese al gobernador del puerto para solicitarle una nueva casa. No obstante, parece que el gobernador tomó con ligereza esta petición, pues tiempo después Herrera insistía en su queja.³⁰ El nuevo funcionario llegó pletórico de buenas intenciones y deseos por hacer más eficiente y lucrativo para la Real Hacienda el cobro de las alcabalas. Aunque no tardó mucho en percatarse de lo difícil que sería su trabajo y al año de haber llegado comenzó a solicitar su relevo, petición que repitió en reiteradas ocasiones sin éxito alguno.

En 1784 Herrera solicitó a la Dirección General que también pusiera bajo su responsabilidad el suelo alcabalatorio de Chilapa-Tixtla, con el fin de subsanar la insuficiencia de sus ingresos personales. Argumentó que la mayor parte del comercio de esta jurisdicción se realizaba con la de Acapulco a través de un solo camino, lo que facilitaba su control mediante una aduana ubicada de forma estratégica en el paraje de Dos Caminos, por donde pasaban también las mercancías con destino al centro de la Nueva España.³¹ La afirmación de Herrera no era del todo precisa, pues si bien la ruta que pasaba por Dos Caminos era la más importante, había varias sendas secundarias de difícil control. De cualquier manera su propuesta no tuvo una buena acogida en la Dirección General.

Los principales oponentes de Herrera, incluso por encima de los comerciantes locales de la región, fueron las autoridades políticas y militares, en especial el gobernador y castellano del puerto, Rafael Basco. Uno de los primeros ramos que Herrera quiso poner en orden y el más rentable para la Real Hacienda era el que tenía que ver con el cobro de alcabalas por las mercancías que llegaban de Asia y Sudamérica. Cada vez que arribaba el galeón procedente de Filipinas o un barco guayaquileño, había un funcionario llamado guarda mayor, que tenía la misión de verificar in situ que la mercancía traída fuera la misma que se declaraba en los documentos presentados por el capitán. Al mismo tiempo un escribano tomaba nota detallada del cargamento mientras que el romaneador se encargaba del pesaje. Es decir, el administrador de alcabalas se limitaba a esperar en su oficina a que los comerciantes fuesen a declarar las mercancías vendidas y a pagar la alcabala correspondiente. Como los funcionarios citados eran designados por el gobernador del puerto, no le rendían cuentas al alcabalero, de modo que éste no tenía manera de evitar el fraude.³² Si hubiese habido una relación armoniosa entre guarda mayor, escribano, romaneador y funcionario fiscal tal vez no hubiese habido problema alguno ya que habría un intercambio de información entre ellos. Por desgracia para el funcionario de la Real Hacienda las cosas no eran así. Los primeros, tal parece que se empeñaban en obstaculizar el trabajo del alcabalero con la condescendencia del gobernador y su teniente. La razón era muy simple: éstos estaban involucrados en el comercio, tanto de géneros asiáticos como en el de cacao de Guayaquil, ya fuera como dueños de la mercancía, compradores a título personal o como agentes de los grandes comerciantes de la Ciudad de México.

Cuando en abril de 1784 falleció el guarda mayor en turno, Bernardo Antonio de Herrera solicitó a la dirección general que se le adjuntase el cargo con el fin de que pudiera verificar que lo declarado en los documentos traídos por los comerciantes correspondiera con la realidad. Incluso, se manifestó dispuesto a recibir un salario de 500 pesos anuales como guarda mayor a pesar de que debían ser 2,000.³³ Su petición fue atendida favorablemente. Unos meses después demandó también que se le otorgase un grado militar y se le permitiera usar uniforme, ya que era objeto de desprecio por parte de los comerciantes y del mismo gobernador del puerto. Para su desgracia en esta ocasión no tuvo éxito.³⁴

Las iniciativas de Herrera no sólo buscaban ampliar sus prerrogativas fiscales sino que también pretendió modificar los procedimientos administrativos con el fin de ponerle dique al fraude. Para evitar que los compradores en primera venta evadieran el pago del gravamen propuso a sus superiores que se le permitiera exigir a los comerciantes que llegaban en el galeón que entregaran relaciones con las mercancías vendidas y los nombres de los compradores, que luego serían confrontadas con lo declarado por éstos. Los afectados elevaron sus quejas a las autoridades aduciendo que la medida se prestaría a abusos. En respuesta, la Superintendencia de la Real Hacienda se negó a condescender con la sugerencia del administrador de alcabalas de Acapulco.³⁵

Durante todo el periodo de su administración Herrera mantuvo una actitud consecuente en su lucha por acabar con la corrupción que afectaba los ingresos de la Real Hacienda, pues no hay indicios de que haya entrado en componendas con los comerciantes y funcionarios del puerto. Fue un hombre comprometido con los intereses de la Corona, no obstante, pudieron más los intereses creados en la región a lo largo de muchos años. Quizá esa impotencia motivó que durante todo este tiempo haya estado pidiendo con insistencia que se le relevase del puesto. Para ello adujo reiteradamente cuestiones de salud y de familia, aunque no fue fácil conseguir su anhelo. Argumentó que necesitaba viajar a España, en concreto a Málaga su lugar de origen, donde acababa de fallecer su padre. Por consiguiente, sus hermanas habían quedado solas y necesitaban de su presencia, además, necesitaba cumplir con un compromiso de matrimonio contraído antes de venir a América. Al fin, en marzo de 1785, cuando por enésima ocasión presentó su solicitud, la renuncia le fue aceptada. Las autoridades le autorizaron el retorno a su tierra natal, mientras tanto pidieron al gobernador del puerto que nombrara a un administrador interino.³⁷

Es de notar que durante la administración de Herrera hubo un incremento notable en la recaudación de las alcabalas, a pesar de que no contó con el apoyo logístico ni político para someter a los evasores fiscales. La fuerza pública de que Herrera podía echar mano para hacer respetar las leyes estaba en su contra. Tanto las fuerzas del ejército regular acantonadas en el fuerte de San Diego, como las milicias y los alguaciles estaban bajo las órdenes del gobernador y castellano quién tenía interés en preservar la red de corrupción de la que él mismo se beneficiaba. Todo lo cual sugiere que dicho aumento obedeció en gran medida a la labor desplegada por Herrera. Este supuesto es reforzado por el hecho de que entre 1785 y 1786, cuando la recaudación quedó en manos de un funcionario interino puesto por el gobernador los ingresos se desplomaron (gráfica I).

La Real Hacienda carecía de brazos lo suficientemente largos y fuertes para imponer en esta región las reformas proyectadas por la Corona y en especial por José de Gálvez. Como se ha visto hasta aquí, la principal fuerza opositora venía de dentro del mismo gobierno virreinal. Hacer efectivo el cobro de las alcabalas implicaba atentar contra los intereses de los mismos funcionarios que se ostentaban a la vez como comerciantes o por lo menos eran amigos o familiares de éstos.

Al paso del tiempo los funcionarios fueron adquiriendo más pericia y capacidad de negociar con los comerciantes de su región. Los que asumían los puestos ya no eran los inexpertos de 1777, pues algunos habían trabajado ya en alguna dependencia de la Real Hacienda. En noviembre de 1786, por ejemplo, tomó posesión como administrador de alcabalas y guarda mayor de Acapulco, Pedro Antonio de Salcedo quien había estado encargado en la renta del tabaco en Yucatán, había sido interventor en la de Campeche y se había desempeñado también como oficial sexto de la Contaduría General de Alcabalas de Nueva España. Su salario sería el usual, catorce por ciento sobre lo recaudado más otros 250 pesos anuales. Asimismo, recibiría 500 pesos por el empleo de guarda mayor. A pesar de ser originario de España, para 1782 ya estaba más o menos familiarizado con el clima novohispano o por lo menos vivió más tiempo que algunos de sus antecesores en el puerto.³⁸

A medida que los funcionarios peninsulares se fueron adaptando a las prácticas políticas novohispanas y que el espíritu reformista perdió enjundia, en parte a causa de la muerte de José de Gálvez quien se había convertido en Ministro de Consejo de Indias, muchos de ellos encontraron más cómodo y rentable contemporizar con los grupos de interés novohispanos. Al mismo tiempo que se volvían más hábiles para el oficio se fueron dejando atrapar en la maraña de los intereses creados y de corrupción que frenaban las reformas fiscales emprendidas. Al sentirse impotentes para aplicar la ley y tal vez también por ambición, algunos funcionarios de la Real Hacienda se dejaron seducir por la posibilidad de enriquecimiento fácil a través de su puesto. Es probable que el raquítico sueldo que recibían, o que por lo menos era insuficiente para satisfacer sus expectativas de enriquecimiento, haya contribuido a la relajación de los funcionarios. Al iniciarse como comerciantes en el suelo alcabalatorio a su cargo, establecían de inmediato vínculos mercantiles y/o de amistad con los grupos de poder regionales y con los de la ciudad de México, pero con negocios en la zona. Esto fue lo que le ocurrió a Pedro Antonio Salcedo.

El administrador de las alcabalas en Acapulco presentó como sus fiadores en el cargo a dos de los hacendados y comerciantes locales más influyentes: Juan José Galeana de Tecpan y Víctor Bravo de Tixtla. Este vínculo probablemente intervino para que fuera condescendiente con la familia Galeana a la hora de cobrar la alcabala. Si bien no existe la certeza, es probable que también haya comerciado algodón, pues mantuvo relaciones muy estrechas con las élites nativas de Zacatula, donde se cultivaba la mayor parte de la fibra. En general, su actitud hacia la población de la jurisdicción de Zacatula, que también estaba a su cargo, fue muy favorable. Con frecuencia intercedió ante la Real Hacienda para que se les prorrogase el pago de la alcabala a los pueblos afectados por alguna sequía.³⁹

No obstante, Salcedo evitó entrar en componendas con todos los grupos de poder, por el contrario, hubo algunos con los que mantuvo una constante confrontación y a los que trató de hacer pagar la alcabala de manera estricta. Tal fue su actitud hacia los comerciantes del puerto de Acapulco, quienes siempre tuvieron en Salcedo a un enemigo. Mantuvo una relación ríspida tanto con el teniente del gobernador y castellano del puerto, Antonio de Mendívil y Cisneros, como con los dueños de tiendas del puerto. En abril de 1788, los principales tenderos de Acapulco se quejaron ante la Real Hacienda de que se les estaba cobrando un impuesto excesivo por las mercancías que llevaban al puerto desde la ciudad de México. En su defensa Salcedo aseguró que, gracias a la ausencia de poblaciones importantes en las cercanías y a su enorme distancia de la capital, las ganancias de estos individuos eran tan exorbitantes que el puerto se había convertido en uno de los lugares más lucrativos de toda la Nueva España. Acusó a los tenderos de monopolizar las mercancías, incluyendo las de uso común, lo que les permitía elevar sus ganancias hasta en un 200 por ciento, sobre todo durante la época de lluvias cuando los caminos se volvían intransitables para los comerciantes ambulantes. Además, defraudaban a la Real Hacienda de manera constante al no declarar las mercancías vendidas o al hacerlo de manera parcial.⁴⁰

Los mercaderes acapulqueños, como ya se ha señalado, mantenían por lo general buenas relaciones con el teniente del gobernador y castellano quien es probable que haya hecho suya la causa de aquéllos en contra de Salcedo. La confrontación se volvió directa y constante. En 1791 los acapulqueños obtuvieron un punto a su favor cuando se encontró en Guayaquil un contrabando en un barco procedente de Acapulco. No había ninguna prueba de que Salcedo hubiese permitido el ilícito, no obstante, fue encarcelado y acusado de fraude. Provisionalmente el teniente del gobernador nombró como administrador de alcabalas a uno de sus incondicionales: el mulato Francisco Eustaquio Tabares quien también era administrador de correos.⁴¹

A fines de 1791 se hizo cargo de la administración de alcabalas del puerto, Juan Bautista Martija, aunque no se sabemos si lo hizo en calidad de interino o como titular. Este individuo se distinguió por su honestidad y orden en el manejo de las cuentas, sin embargo, fue una víctima más del mortal clima porteño, pues murió en septiembre de 1792.⁴² De inmediato la Dirección General de Alcabalas dispuso que José María Salcedo, hermano de Pedro Antonio, sucediera en el cargo. El grupo del gobernador no quedó satisfecho con el nombramiento y comenzó a maniobrar para destituirlo. La nueva confrontación no tardó en llegar; para ello el pretexto fue una nimiedad. En abril de 1792 el nuevo administrador de alcabalas se dirigió al correo para depositar una carta. Cuando Salcedo llegó a la oficina del administrador, llamado Francisco Eustaquio Tabares y paniaguado del gobernador, el estafeta se aprestaba a salir rumbo a la ciudad de México con la correspondencia. Salcedo le pidió que lo esperara, pero tal parece que Tabares le hizo una seña para que se fuera sin la carta del funcionario fiscal. En este momento los rijosos sólo intercambiaron algunos insultos, pero se generó un resentimiento más para futuros conflictos.⁴³ La oportunidad de vengarse llegó a los pocos días para José María, cuando Tabares intentó obtener un pase de salida para enviar a la ciudad de México 29 tercios de algodón para Isidro Antonio de Ycaza, de quien era agente comercial. En esta ocasión fue Salcedo quien no otorgó el servicio que se le pedía y se negó a expedir el pase de salida, argumentando que no estaba pagada la alcabala y que debía darse el nombre de los vendedores.⁴⁴ De aquí en adelante el conflicto fue en ascenso.

Al intervenir la Dirección General de Alcabalas en las investigaciones no pudo demostrarse nada en contra de Pedro Antonio, incluso, todo parece indicar que la dirección avaló su trabajo aunque él ya estaba al otro lado del Pacífico. Se ordenó la liberación inmediata de José María, al demostrarse su total inocencia y fue ratificado como administrador de alcabalas en 1793, tal vez como una forma de reivindicar al ausente Pedro Antonio y para enviar un mensaje de desaprobación a los comerciantes locales y al gobernador. Así que la lucha entre los intereses locales y los de la Real Hacienda continuaba.

La actitud de José María parece haber sido de confrontación con los grupos económicos locales a los cuales presionó para que pagaran los gravámenes correspondientes a su comercio. En enero de 1796, José María se quejaba de que los arrieros y dueños de mercancías defraudaban de manera constante a la Real Hacienda, amenazaban a los guardas encargados de revisar las mercancías que ingresaban y salían por las garitas, por lo que éstos preferían no revisar las cargas por el temor a ser agredidos. El administrador de alcabalas, sugirió que se colocase un soldado armado en las garitas para auxiliar a los guardas a hacer efectiva la ley, aunque no se sabe si se atendió su sugerencia.⁴⁶

El desprecio hacia la autoridad de José María continuó e, incluso, se incrementó por parte de la gente del puerto incluyendo a la población de más bajo rango social. En abril de 1795 el funcionario pidió a unos remeros que lo llevaran hasta la fragata guayaquileña Nuestra Señora de la Soledad para inspeccionarla, pero éstos se negaron de manera insolente. Uno de ellos, incluso, lo retó a golpes. José María mandó que lo pusiesen en la cárcel y avisó al gobernador, sin embargo, éste mandó liberar al remero de inmediato lo que enfureció a Salcedo.⁴⁷

Los comerciantes se quejaron en abril de 1797 de que el empleado de la Real Hacienda, había trastocado la ley y la costumbre de muchos años. Lo acusaban de tratarlos como viles esclavos, de ser prepotente y de cobrar impuestos por cualquier menudencia. En respuesta, José María dijo que las pequeñeces por las cuales cobraba impuestos, eran sandías, cocos y plátanos que los afectados compraban para revenderlas en sus tiendas. Éstos, además, eran unos voraces agiotistas, pues prestaban dinero al corto plazo con un interés de hasta el 25 por ciento. A los campesinos les pagaban por adelantado sus cosechas de algodón a un precio de cuatro o cinco reales la arroba que luego vendían a catorce o dieciséis. El funcionario fiscal dirigió la acusación en particular contra Pedro de Jesús Piza, Francisco Eustaquio Tabares y Francisco Tellechea entre otros. El virrey encargó entonces la investigación, nada más y nada menos que al gobernador del puerto.⁴⁸ No sabemos el fin del conflicto, pero es difícil creer que el funcionario de la Real Hacienda haya salido bien librado con semejante fiscal.

La labor debe haber resultado bastante molesta para José María, pues desde 1796 estuvo insistiendo ante su superior, el director general de alcabalas, para que lo relevase del cargo; el argumento fue el mismo de siempre: cuestiones de salud. Se le ordenó que se mudase a Chilapa o Chilpancingo, pero José María replicó que en estos lugares no había médico ni botica por lo que al final se le autorizó su traslado a la ciudad de México por dos meses siempre y cuando dejase a un encargado.⁴⁹ Más tarde regresó al puerto y se mantuvo en el cargo hasta 1803 cuando fue relevado.

No fue posible consultar la correspondencia entre el administrador de alcabalas de Acapulco y la Dirección General de Alcabalas a partir de 1801, pues en ese año, por alguna razón que ignoramos, la administración del puerto pasó a depender de la Aduana de México y ya no de la Dirección General. Por tal razón desconocemos el rumbo que tomaron los conflictos en estos años, así como el nombre de los funcionarios que estuvieron en el puerto. Lo cierto es que la recaudación disminuyó a partir de 1803, aunque sin llegar a los niveles previos a 1794 (ver gráfica I).

Hay que destacar que a pesar de las dificultades con que se enfrentó José María para cumplir con su encomienda, a partir de 1794 hubo un aumento considerable de los ingresos. La tendencia, aunque muestra oscilaciones, se mantuvo al alza hasta 1803, cuando Salcedo dejó el cargo (gráfica I). Las fluctuaciones en los ingresos pueden obedecer a otras razones como un incremento en el flujo comercial, de hecho es probable que a partir de 1794 haya aumentado el comercio con Sudamérica, al levantarse la prohibición que había en ese sentido. Aunque tampoco debe perderse de vista que en la mayoría de las veces las mercancías que ingresaban al puerto por vía marítima, venían a consignación para los grandes comerciantes de la ciudad de México.⁵⁰ Esto significa que no eran vendidas en el puerto, salvo pequeñas cantidades y, por lo tanto, no pagaban alcabala. Además, llama la atención que las variaciones en lo recaudado se corresponden más o menos con los cambios de administradores y el desempeño de estos en su función. Por tales razones, es dable suponer que el incremento obedeció fundamentalmente aunque no exclusivamente a la eficiencia en su cobro, es decir, a un aumento de la presión fiscal.

Para tener una visión más clara del comportamiento de los ingresos alcabalatorios del puerto de Acapulco, y quizá del nivel de presión fiscal, hemos comparado el índice de crecimiento del puerto con el de la Nueva España en su conjunto. En ambos casos tomamos como año base 1778, es decir, cuando ya la administración real se había establecido. Lo que la gráfica II muestra es ilustrativo. Lo ingresos de la Nueva España observan una gran estabilidad, pues crecieron a un promedio anual del 10%, mientras que los de Acapulco lo hicieron en un 286.6%. ¿Qué podría significar esto? Quizá un incremento en las transacciones mercantiles, sin embargo, como ya mencionamos, la mayoría de las mercancías marítimas arribaban ya vendidas por lo que no generaban alcabala en el puerto. Por lo tanto, es difícil creer que el comercio haya crecido en ese porcentaje. Por otro lado, la producción agraria mercantil de la zona era escasa, básicamente se limitaba al algodón, el cual dependía de la demanda, por demás fluctuante de las zonas textileras del centro del virreinato. Tampoco tenemos noticias de que la población del puerto haya experimentado un crecimiento extraordinario que aumentara las necesidades de abasto, y por tanto la venta de mercancías.

Aunque los factores señalados pudieran haber incidido en el incremento de la recaudación de las alcabalas, creo que el factor determinante fue la actitud de las autoridades fiscales. El incremento anual de 286.6% tomando como año base 1778, refleja, pues, fundamentalmente una gran presión fiscal que contrasta con el resto de la Nueva España y con las administraciones alcabalatorias vecinas del puerto. Asimismo, también sugiere que, en efecto, antes de 1778 Acapulco y su entorno habían estado muy al margen del régimen hacendario novohispano. El crecimiento experimentado refleja que había un gran potencial fiscal que fue aprovechado por las autoridades reformistas, aunque a costa de la resistencia y malestar de la población en general, empezando con las autoridades políticas y militares del lugar.

Comentarios finales

Los obstáculos a los que se enfrentaron las reformas fueron muchos y la mayoría de ellos no pudo ser eliminada del todo. Desde 1777 se afrontó la escasez de hombres nuevos para hacerse cargo de la administración de alcabalas, por lo que se tuvo que echar mano de antiguos funcionarios que ya residían en la región. En Acapulco, la Real Hacienda necesitaba hombres nuevos que le garantizaran una captación de impuestos eficiente, no obstante, el clima insalubre fue un enemigo implacable. Varios funcionarios murieron al poco tiempo de haber asumido el puerto por lo que se tuvo que recurrir varias veces, aunque sea de manera interina, a individuos arraigados en la región, afectándose así la aplicación de las reformas. Hubo cambios constantes de administradores de alcabalas de tal manera que entre 1777 y 1803 se sucedieron catorce funcionarios. Resulta bastante ilustrativo comparar con lo que ocurrió en las provincias contiguas de Chilapa-Tixtla e Igualapa en las cuales hubo sólo dos administradores respectivamente en más o menos el mismo periodo.⁵¹ Esos relevos continuos en el cargo debieron haberle restado continuidad a la aplicación de las reformas. De esta circunstancia se desprende que si a pesar de todo hubo un incremento significativo de la recaudación, atribuible en gran medida a la actividad de varios de los administradores de alcabalas titulares, el potencial fiscal del puerto de Acapulco debió haber sido mucho mayor al desplegado.

Otro problema fue la insuficiencia de los salarios de los nuevos funcionarios fiscales, ya que no satisfacían sus expectativas de enriquecimiento. Del catorce por ciento que les correspondía como salario debían pagar a sus auxiliares, quienes eran indispensables si se quería llevar a cabo una fiscalización rigurosa de las transacciones mercantiles. Al no haber dinero suficiente, tampoco había ayudantes lo que sin duda incidió negativamente sobre la recaudación de alcabalas. Los funcionarios fiscales se tuvieron que enfrentar al gobernador del puerto y su teniente que estaban implicados en las redes de comercio y corrupción. Los comerciantes del puerto se escudaron en el gobernador para obstaculizar el trabajo de los administradores de alcabalas, quienes eran incapaces de hacer cumplir la ley, pues carecían de la fuerza para ello. Las milicias, el ejército y los alguaciles dependían del gobernador, por lo que los funcionarios fiscales estaban prácticamente solos tratando de hacer su trabajo.

A pesar de todas las dificultades para aplicar el nuevo sistema de recaudación de alcabalas, hubo un incremento, aunque desigual, de los ingresos de la Real Hacienda. En la gráfica III se muestra el índice de crecimiento de las tres administraciones; Acapulco, Igualapa y Chilapa-Tixtla, tomando como año base 1778. Mientras Acapulco creció a un 286.8%, Igualapa lo hizo a un 46% y Chilapa-Tixtla a un modestísimo 7.8%. A pesar de las diferencias porcentuales entre Igualapa y Acapulco, ambas contrastan de manera notable con Chilapa-Tixtla. Esto sugiere que el potencial fiscal de las costas era mayor al de Chilapa, lo que a su vez puede ser consecuencia del aislamiento en que habían estado aquéllas hasta 1777, asunto que ya ha sido analizado.⁵² Por consiguiente, la presión fiscal y el malestar fueron mucho mayor en las costas y casi inexistente en Chilapa-Tixtla. Todo esto nos permite confirmar lo que ya Carmen Yuste ha destacado en sus trabajos, que en efecto, el puerto ocupaba un lugar prioritario en los intereses de la Real Hacienda, debido al comercio que ahí se realizaba y a los niveles de corrupción existentes.⁵³ Y que en efecto, las autoridades reales ejercieron una presión fiscal para recuperar el control con un éxito significativo, si bien no el deseado, pero a costa de muchas tensiones políticas con los actores locales que desplegaron una variada serie de estrategias para mitigar los proyectos generados desde España.

Notas

¹ Informe del marqués de Sonora al virrey don Antonio Bucareli y Ursúa, México, CIESAS, Miguel Ángel Porrúa, edición facsimilar, Estudio introductorio de Clara Elena Suárez Argüello, 2003, pp. XXXI, XXXII, XLI y XLIV.         [ Links ]

² Ibid, p. XLIV.

⁴ Existe una amplia producción sobre las reformas borbónicas, no obstante, por ser de mayor utilidad para el aspecto que aquí se analiza se recomienda la lectura del trabajo clásico de Horst Pietschmann, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España: Un estudio político-administrativo, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.         [ Links ] Así como el artículo de Linda K. Salvucci, "Costumbres viejas, 'hombres nuevos': José de Gálvez y la burocracia fiscal novohispana, (1754-1800)", en Historia Mexicana, Vol. XXXIII, Núm. 2, 1983, pp. 224- 264.         [ Links ]

⁵ El comercio entre Manila y Acapulco ha sido ampliamente estudiado por Carmen Yuste; para una visión amplia se sugiere la lectura de su libro El comercio de la Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, SEP, 1984.         [ Links ] Así como sus varios artículos sobre el tema: uno de ellos es "El eje comercial transpacífico en el siglo XVIII: la disolución imperial de una alternativa colonial", en Carmen Yuste y Matilde Souto Mantecón (coordinadoras), El comercio exterior de México, 1713-1850, México, Instituto Mora, UNAM/Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Veracruzana, 2002, pp. 21-41.         [ Links ]

⁶ Hasta 1769 los comerciantes de la nao de China pagaron un impuesto único del 17 por ciento, pero en ese año se elevó al 33.33 por ciento. Ante el malestar de los comerciantes, el gravamen se redujo al 18 por ciento en 1779, sin embargo, tres años después volvió a elevarse al 33.33 por ciento y tal parece que así se mantuvo hasta 1815. Carmen Yuste, El comercio de la Nueva España... Op. Cit., pp. 17-19.

⁷ Ibid, p. 53.

⁸ Ibid, p. 55.

⁹ Los estudios sobre la fiscalidad en la Nueva España en el contexto de las reformas borbónicas son abundantes. Entre ellos hay que destacar la publicación de las cuentas reales de Herbert Klein y John Te Paske, Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España, México, INAH, 2 vols., 1986;         [ Links ] pero sobre todo los trabajos llevados a cabo por Carlos Marichal, en especial su libro La bancarrota del virreinato: Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999.         [ Links ]

¹⁰ Para el asunto de las alcabalas existen numerosos trabajos monográficos, empero, para una buena visión general se recomienda el libro clásico de Juan Carlos Garavaglia y Juan Carlos Grosso, Las alcabalas novohispanas: 1776-1821, México, Archivo General de la Nación, BANCA CREMI, 1987.         [ Links ]

¹¹Jesús Hernández Jaimes, "Élites, reformismo borbónico e insurgencia en las Cordilleras y Costas de la Mar del Sur, 1776-1810", tesis de maestría en historia, México, Instituto Mora, 2000, capítulo 4.         [ Links ]

¹² Idem.

¹³ Archivo General de la Nación de México (en adelante AGNM), General de parte, Vol. 57, Exp. 233, fol. 204.         [ Links ]

¹⁴ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 34        [ Links ]

¹⁵ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 34.         [ Links ]

¹⁶ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 38.         [ Links ]

¹⁷ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 45.         [ Links ]

¹⁸ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fols. 15-17.         [ Links ]

¹⁹ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 100.         [ Links ]

²⁰ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 106.         [ Links ]

²¹ AGNM, Alcabalas, Vol. 59, Exp. 5, fol. 202.         [ Links ]

²² AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 228.         [ Links ] Los abusos cometidos por y con los indios en el cobro de alcabalas fue causa de numerosas disputas que motivaron que en abril de 1787, el director general de alcabalas aclarara que no se exigiese a los que "notoriamente son indios justificaciones de su calidad o de que son suyos los efectos y fruto del país; bastando para lo primero que lo manifieste su aspecto y para lo segundo que los frutos o efectos sean de las especies que acostumbran criar, sembrar o en que ejercitan por lo regular su industria" Circular de 25 de abril de 1787" y "Circular de 14 de febrero de 1791" en Garavaglia y Grosso, Op. Cit., pp. 178.179.

²³ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fols. 110-112.         [ Links ]

²⁴ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 127.         [ Links ]

²⁵ Entre Gómez de Piélago y Moreno surgieron una serie de enconos que quizá afectaron sus respectivas obligaciones. A sólo unos meses de que asumieran sus respectivos puestos, tuvieron el primer enfrentamiento. Resulta que el primero comerciaba en el puerto con panocha y garbanzo que le enviaba su hermano, Antonio Gómez de Piélago, de Chilpancingo, pero quería pagar la alcabala por el precio a que dicho hermano le vendía la mercancía y no por el de venta en el puerto, como debía hacerse. Moreno consultó a la Dirección General de Alcabalas que dictaminó que el administrador de la renta del tabaco pagara la alcabala por el precio a que vendía su mercancía en el puerto, lo que por supuesto molestó a éste. AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 128.         [ Links ]

²⁶ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fols. 250, 273 y 299.         [ Links ]

²⁷ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 299.         [ Links ]

²⁸ AGNM, Alcabalas, Vol. 261, Exp. 1.         [ Links ]

²⁹ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 310.         [ Links ]

³⁰ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 330.         [ Links ]

³¹ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 420.         [ Links ]

³² AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 348.         [ Links ]

³³ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 348.         [ Links ]

³⁴ AGNM, Alcabalas, Vol. 400, fol. 351.         [ Links ]

³⁵ AGNM, Alcabalas, Vol. 49, Exp. 4, fols. 97-207.         [ Links ]

³⁶ AGNM, Alcabalas, Vol.414, Exp. 17, fols. 108-141.         [ Links ]

³⁷ AGNM, Alcabalas, Vol. 303, Exp. 12, fols. 106-112.         [ Links ]

³⁸ AGNM, Alcabalas, Vol. 414, Exp. 14, fols. 71-72; y Vol. 492, fol. 492 y General de parte, Vol. 67, Exp. 147, fol. 62.         [ Links ]

³⁹ AGNM, Alcabalas, Vol. 104, fols. 11-12.         [ Links ]

⁴⁰ AGNM, Alcabalas, Vol. 189, Exp. 7, fols. 137-154.         [ Links ]

⁴¹ AGNM, Alcabalas, Vol. 266, Exp. 9, fols. 221-268.         [ Links ]

⁴² AGNM, Alcabalas, Vol. 104, fol. 279.         [ Links ]

⁴³ AGNM, Alcabalas, Vol. 104, fol. 250.         [ Links ]

⁴⁴ AGNM, Alcabalas, Vol. 104, fol. 250.         [ Links ]

⁴⁵ AGNM, Alcabalas, Vol. 104, fol. 299.         [ Links ]

⁴⁶ AGNM, Alcabalas, Vol. 204, Exp. 1, fol. 106.         [ Links ]

⁴⁷ AGNM, Alcabalas, Vol. 204, Exp. 1, fol. 51.         [ Links ]

⁴⁸ AGNM, General de parte, Vol. 77, Exp. 175 y Vol. 73, Exp. 280.         [ Links ]

⁴⁹ AGNM, alcabalas, Vol. 262, Exp. 2, fols. 23-33.         [ Links ]

⁵⁰ Para una ampliación sobre el asunto de la introducción en Acapulco del cacao guayaquileño véase a Hernández Jaimes, Op. Cit., Cap. 3.

⁵¹ Hernández Jaimes, Op. Cit. Cap. 3.