Acciones colectivas de innovación democrática local en contextos de violencia

Collective actions of local democratic innovation in contexts of violence

Sandra Hincapié Jiménez*

* Doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México. Becaria del Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. Temas de especialización: Estado, conflictos sociales, democracia, construcción de paz, derechos humanos. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D.F.

Recibido: 23 de enero de 2014
Aceptado: 27 de octubre de 2014

Resumen

Este trabajo aplica una metodología de estudios de caso comparados para analizar la emergencia de acciones colectivas de comunidades locales en Colombia y México en contextos de violencia y expansión del crimen organizado. Plantea que las comunidades locales en Cherán y Urabá han configurado gobernanzas locales que se constituyen en innovaciones democráticas desde abajo, surgidas como resistencia a los contextos de violencia. Estas acciones colectivas evidencian la apropiación de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales, y se articulan con redes globales e inscriben sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural.

Palabras clave: gobernanza local, acción colectiva, crimen organizado.

Abstract

This paper applies a methodology of comparative case studies to analyze the emergence of collective action by local communities in Colombia and Mexico in contexts marked by violence and organized crime expansion. It argues that local communities in Urabá and Cherán have configured local governance systems that constitute democratic innovations from below and have emerged as forms of resistance in contexts of violence. These collective actions show the appropriation of institutional arrangements created in recent decades through government reforms by collective actors. These actions have been articulated with global networks and placed their particular conflicts into a broader discussion on rural territorial development.

El presente artículo analiza formas de acción colectiva innovadoras a través de dos estudios de caso en México (Michoacán) y Colombia (Urabá), con el argumento de que la emergencia de la acción colectiva de comunidades locales en contextos de violencia y resistencia a las dinámicas expansivas y extractivistas del crimen organizado, lejos de constituirse en una amenaza para la democracia, puede ser una oportunidad de configuración de nuevas prácticas democráticas de abajo hacia arriba, construcción de paz, restauración de capacidades para la gobernanza territorial, y resiliencias ambientales y sociales. Estas acciones que se enmarcan en conflictos sociales evidencian a su vez la apropiación de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales, y se articulan con redes globales e inscriben sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural.

En primer lugar, ubicamos la importancia de nuestra investigación dentro de las agendas de la ciencia política en América Latina, resaltando la ausencia de estudios de caso que relacionen las dimensiones de la gobernanza territorial, la innovación democrática y la acción colectiva frente a contextos de violencia y expansión del crimen organizado. En segundo, exponemos los casos de estudio de Michoacán y Urabá. En tercero, generamos conclusiones analíticas siguiendo una estrategia metodológica comparativa que resalta las diferencias y similitudes de los casos, extrayendo los factores explicativos de cada uno de los procesos y proponiendo hipótesis generalizables para posteriores investigaciones.

Gobernanza, innovación democrática y conflictos socioambientales: una agenda de investigación en América Latina

Después de la transición definitiva a la democracia en todo el continente latinoamericano, los estudios sobre la "calidad de la democracia" (Diamond y Morlino, 2005; O'Donnell et al., 2004; Morlino, 2009; Vargas, 2008), la "consolidación" o "profundización de la democracia" (Munck, 2010; Ackerman, 2006; O'Donnell, 1996), y "la gobernanza" (Aguilar, 2008), dominaron la agenda de investigación en las ciencias sociales, al identificar que la implementación exclusivamente procedimental de la democracia es en sí misma una versión limitada que legitima las fuertes "brechas de representación" y "déficits democráticos" (Mainwaring y Welna, 2003; O'Donnell, 2000).

A partir de allí, las reformas estatales en América Latina crearon diseños constitucionales de pesos y contrapesos, o "accountability horizontal" (O'Donnell, 2001; Peruzzoti y Smulovitz, 2006), con el objetivo de vigilar y controlar el ejercicio del poder político y darle mayor calidad y valor a la democracia. Asimismo, se instituyeron "de arriba hacia abajo" procesos de "accountability transversal" (Fox, 2006, 2007), "accountability social" (Peruzzoti y Smulovitz, 2002; Isunza y Olvera, 2006) o "interfaces socioestatales" con grados de "innovación democrática" (Welp y Whitehead, 2011; Gurza e Isunza, 2010) y "participación social" (Serafim y Moroni, 2009; Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Ziccardi, 2004).

Aunque las reformas estatales buscaron crear espacios de toma de decisiones públicas que permitieran construir formas novedosas a través de las cuales se complementaran los procesos de control político con la participación ciudadana, las investigaciones y evaluaciones sobre los mecanismos implementados han evidenciado cómo en dichos escenarios —lejos de convertirse en espacios alternativos de innovación democrática— se han reproducido las relaciones de jerarquía, clientelismo, disputas por recursos, control y corrupción, características de la trayectoria histórica que los antecedía (Cameron, Hershberg y Sharpe, 2012; Wampler, 2007; Pateman, 2012; Lissindi, 2011; Altman, 2010).

Unido a lo anterior, y de manera paralela a los procesos de reforma estatal, se ha presentado en países como Colombia y México un aumento en la capacidad de las organizaciones criminales para ordenar las sociedades locales y subnacionales desafiando el poder de los Estados. En ese sentido, los gobiernos no sólo siguen haciendo frente a los problemas asociados con la pobreza, el desempleo, la desigualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, sino también a los desafíos estatales relacionados con la actuación de las organizaciones criminales, cuya manifestación más evidente es el incremento de la inseguridad y la violencia.

En los países donde se han dado procesos de expansión del crimen organizado, como México y Colombia, estos conflictos se han agudizado ya que las comunidades locales, sin encontrar respuestas institucionales efectivas, no sólo hacen frente a las grandes empresas protegidas por los gobiernos centrales, sino también a las organizaciones criminales que convergen y refuerzan las dinámicas de extractivismo depredatorio de los recursos naturales en sus territorios. Aunque de manera diversa, tanto los conflictos sociales como las organizaciones criminales representan un desafío para la gobernanza territorial y la estructuración del orden estatal. Por una parte, las organizaciones criminales logran constituir órdenes que se yuxtaponen al estatal, desafiando la capacidad de las organizaciones estatales para llevar a cabo sus fines; en muchos casos, llegan incluso a suplir a las mismas organizaciones estatales en los territorios donde hacen presencia. Por otra parte, las comunidades locales y regionales, protagonistas de los conflictos sociales, ponen en cuestión las formas de ordenamiento y planificación económica de sus territorios por parte de los poderes centrales, que en contextos de violencia no han cumplido con las garantías mínimas de protección de la vida y la libertad de las comunidades frente a las organizaciones criminales.

Michoacán: soberanías en vilo y territorios en disputa

En México, la expansión del extractivismo depredatorio y el crimen organizado, ha llevado a comunidades locales a emprender acciones colectivas de resistencia e incluso a constituir organizaciones coercitivas de autodefensa (Tetreault, 2012; Paz, 2012; Sierra, 2012; Navarro, 2012; Delgado, 2010; López, 2010). Esta práctica se ha extendido en los últimos meses y algunos analistas la han considerado como una amenaza al Estado de derecho, cuestionamiento al orden estatal, evidencia de la "falla estatal" y sus organizaciones legítimas, y reclaman a su vez al gobierno nacional mayores capacidades en el ejercicio de la coerción y la recentralización de la autoridad y el mando. Sin embargo, estas respuestas ponen en el centro los peligros de regresión autoritaria (Salazar, 2012), donde las promesas de democratización que trajeron consigo la alternancia y el pluralismo electoral a escala nacional podrían desaparecer, para retomar el camino de la restitución del orden autoritario.

El suroeste de Michoacán ha sido un corredor estratégico habitual de tráfico de drogas. Por un lado, el tráfico que viene de Sudamérica (Colombia y Perú, entre otros países) hacia Estados Unidos; por otro, es la salida al Pacífico de mariguana y amapola, así como de diversas drogas sintéticas que se producen en la sierra, costa y Tierra Caliente. Durante las décadas de los ochenta y los noventa, tres organizaciones criminales fueron predominantes de manera alterna o en procesos de disputa por el control de la región: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Milenio. Este proceso de fragmentación, competitividad y violencia por disputa de territorios entre organizaciones criminales ha tenido una agudización en los últimos años. La Familia Michoacana surgió como organización criminal local que disputó su autonomía y territorios a sus antiguos aliados en 2006 (primero el Cártel del Golfo y después los Zetas), y logró un férreo control coercitivo, político, económico y social en gran parte del estado, que en Tierra Caliente —base de sus operaciones— llegó incluso a formas de legitimación social basadas en el fervor religioso (Hincapié, 2013: 256-289).

El gobierno del presidente Felipe Calderón decidió emprender una cruzada y declaró la guerra al crimen organizado; comenzó con el Operativo Conjunto Michoacán. Durante el operativo se realizó un gran despliegue militar con más de 7 000 agentes en la región, que realizaron incautaciones, arrestos, homicidios y destrucción de cultivos de marihuana (Maldonado, 2012: 33; Astorga, 2007: 184-210). La intensa actividad militar dejó un saldo muy alto de violaciones a los derechos humanos, con un incremento sin precedentes en las denuncias en contra de las organizaciones de coerción estatal por robo, detenciones arbitrarias, amenazas, uso indebido de la fuerza, entre otras; en sólo un año, entre 2007 y 2008, crecieron en 300% los casos de tortura denunciados, según lo ha documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (Maldonado, 2012: 32).

A pesar de la militarización, las organizaciones criminales consolidaron su capacidad de dominio y ordenamiento regional en total impunidad. El 26 de mayo de 2009, el gobierno federal, en el marco de su "guerra contra el crimen organizado" y del Operativo Conjunto Michoacán, con la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, detuvo a 16 servidores públicos de alto nivel y 11 presidentes municipales, acusados de tener vínculos con el crimen organizado. En el operativo que fue dado a conocer por los medios de comunicación como el "Michoacanazo", fueron violados la Constitución y los procedimientos del Estado de derecho; las aprehensiones fueron realizadas sin orden judicial, los arrestados fueron presentados mucho tiempo después ante el Ministerio Público, en la mayoría de los casos no se permitió que fueran asistidos por defensor particular, no se les informó sobre el contenido de las imputaciones, y no se respetó el fuero constitucional de diversos funcionarios; en general, las irregularidades fueron tan evidentes y flagrantes que finalmente todos los arrestados terminaron por ser liberados al poco tiempo (El Universal, 28 de septiembre de 2010, 12 de abril de 2011).¹

La estrategia militarista del gobierno de Felipe Calderón fracasó en su intento de romper con el predominio del crimen organizado en Michoacán, el cual en 2010 protagonizó otro proceso de disputa territorial tras la fractura de la Familia Michoacana y el surgimiento de los Caballeros Templarios. Sin embargo, el nuevo predominio de estos últimos no cambió en nada las relaciones de dominio, depredación y violencia en el sur michoacano, las cuales continuaron incluso de manera mucho más agresiva con la población.

Como resultado de los procesos de depredación y expansión del dominio del crimen organizado en la región, en las zonas boscosas de la Meseta Purépecha la tala ilegal de los bosques dio origen a intensos conflictos violentos que tuvieron como epicentro el municipio de Cherán. En este municipio la tala indiscriminada de bosques por parte del crimen organizado arrasó con más de 20 000 hectáreas de bosques (de 27 000 en total de tierras comunales). Asimismo, hubo secuestros y extorsiones, ante la total indiferencia de las autoridades estatales. El 15 de abril de 2011, la comunidad organizada se enfrentó a los comandos armados y expulsó a la policía y al alcalde municipal, acusados de ser cómplices de las organizaciones criminales.

Las visitas y el acompañamiento del proceso realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron fundamentales como recordatorio de la obligación estatal de respetar los derechos de los pueblos indígenas consignados en la legislación internacional (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011: 37; Cambio de Michoacán, 30 de noviembre de 2011). Las elecciones que se desarrollaron el 5 de febrero de 2012 permitieron establecer el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, compuesto por 12 personas, como la nueva estructura de gobierno del municipio, además de seis consejos y 20 comisiones. En palabras de Juan Navarrete, coordinador de Conciliación y Justicia del Concejo Mayor de Cherán: "Nuestra comunidad encontró en la figura de Usos y Costumbres el derecho legal para obtener nuestro reconocimiento como municipio autónomo y de esta forma poder autoorganizarnos y gobernarnos" (Amezcua, 2013).

El costo de enfrentar al crimen organizado, expulsar a las organizaciones de coerción estatal, al gobierno municipal y a los partidos políticos, así como elegir a sus propias autoridades en forma apartidista, ha sido muy alto, pues en año y medio fueron asesinados 15 comuneros a manos del crimen organizado, ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales (Román Burgos, 2012; Ventura, 2012). Asimismo, los comuneros de Cherán afirman que no ha sido fácil poner en marcha su nueva forma de gobierno, pues además de enfrentar a los organizaciones criminales, han encontrado desidia y negligencia en las dependencias gubernamentales, tanto estatales como federales, que se niegan a reconocer su gobierno comunal en los procesos administrativos ordinarios.

A pesar de lo anterior, la acción colectiva innovadora de la comunidad de Cherán ha dado lugar a diversas estrategias de movilización y articulación de repertorios que exceden el ámbito local y las reivindicaciones de las comunidades indígenas para inscribirse en procesos contenciosos más amplios. En noviembre de 2012 fueron realizadas la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán.² En este encuentro fueron presentados más de una decena de casos regionales de conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con la expansión de la agroindustria aguacatera y la acción del crimen organizado, como en el caso de las comunidades indígenas de Patamban y Tengüencho, en la defensa de sus bosques contra las plantaciones agroindustriales de aguacate; asimismo, se denunció la contaminación de las aguas y la tierra debido a los pesticidas y herbicidas utilizados en la producción industrial de aguacates y otros cultivos de exportación en el estado de Michoacán. Por otro lado, las comunidades de Cherán, Charo, Angangueo y Cherantzicurin están resistiendo la explotación forestal ilegal por parte de grupos de talamontes del crimen organizado, que además ocasionan un gran daño ambiental, pues la depredación de los bosques ocasiona pérdida de manantiales y zonas de recarga.

En el dictamen presentado como resultado de la Preaudiencia fueron denunciadas las autoridades estatales por la falta de respuesta a las iniciativas de la población para frenar la depredación de los bosques. Se consideró que "hay una violencia palpable ejercida por el Estado, secundado por algunas empresas y personas particulares, en contra de los pobladores", en la medida en que

se ha negado el acceso a la justicia, se ha permitido el despojo de bienes comunales, entre ellos la tierra, los bosques y el desmantelamiento de los derechos colectivos, se ha permitido el acoso, la persecución y la criminalización de los defensores de la comunidad, entre otros (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2012).

Estos conflictos ecológicos distributivos han logrado insertarse en las redes de movilización de un debate más amplio nacional e internacional; en ese sentido, las acciones colectivas de las comunidades purépechas, al movilizarse en resistencia activa, están cuestionando las formas de ordenamiento regional que hasta ahora han sido impuestas desde el gobierno central y que han facilitado la depredación, el daño a los sistemas naturales como fuente y condición de sustento, así como la pérdida de seguridad en general provocada por la agroindustria y el crimen organizado. Del mismo modo, el reclamo de autonomía por parte de las comunidades purépechas reabre una discusión por el lugar de las comunidades locales en la planeación y ordenamiento de sus propias sociedades.

En contraste con Cherán, que ha fortalecido la acción colectiva como innovación democrática de un gobierno colectivo, en los demás municipios michoacanos se vivió durante 2013 y 2014 una guerra a muerte entre autodefensas comunitarias y diversas organizaciones criminales que se disputan los territorios de siembra, transporte, comercialización y extracción de rentas en el estado. La situación de ingobernabilidad fue reconocida por autoridades de los diferentes niveles de gobierno, las cuales aceptaron públicamente el control que las organizaciones criminales lograron en la región.³ Dicho reconocimiento, unido a los enfrentamientos abiertos entre organizaciones armadas privadas que amenazaba con colapsar el gobierno estatal, obligó al gobierno federal a plantear una estrategia de intervención directa diseñada "desde arriba" que ha logrado hasta el momento coordinar las organizaciones armadas consideradas "autodefensas" e incorporarlas en un esquema de policías comunitarias bajo la supervisión estatal.

En Colombia, las dinámicas de expansión del crimen organizado del paramilitarismo durante las últimas décadas crearon las condiciones de reordenamiento territorial que hicieron posible el desarrollo de mega-proyectos extractivos y agroindustria de exportación, entre otros. La nueva territorialidad rural capitalista en buena medida fue configurada gracias a la acumulación por desposesión de las tierras de cientos de campesinos, y persecución y aniquilación de organizaciones sociales por medio de la expansión del crimen organizado en un proceso de contrarreforma agraria y control territorial (Fajardo, 2009; Reyes Burgos, 2008; Mondragón, 2002). A pesar de la pacificación lograda a través del copamiento territorial, el incremento de nuevos conflictos socioambientales en los últimos años ha estado asociado con los procesos de resistencia y movilización de las comunidades locales en la defensa de sus territorios (Centro de Investigación y Educación Popular, 2012; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2012; Escobar, 2010).

Urabá, región ubicada en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país, ha sido considerada en los procesos de planeación territorial gubernamental como "la mejor esquina de América", al ser un territorio agroindustrial por excelencia, con una ubicación privilegiada para las nuevas exigencias económicas globales. Además, sus recursos hídricos (cuenca de los ríos Atrato, Sanjuán, Baudó y Patía), su diversidad de flora y fauna y sus recursos minerales hacen de ésta una zona de gran riqueza natural y epicentro de megaproyectos como el canal interoceánico y la red de gasoductos entre Panamá, Colombia y Venezuela, así como potencial de conexión vial con Centroamérica.

En las últimas tres décadas, esta misma región fue uno de los escenarios de disputa y reordenamiento territorial más violentos del país, lo que generó una verdadera crisis humanitaria (Suárez, 2007; García y Aramburo, 2011). A partir de la década de los ochenta el ordenamiento regional estuvo orientado a la expansión y consolidación agroindustrial bananera, y posteriormente palmera, a través de estrategias de acumulación por despojo, gracias al desplazamiento forzado masivo, desaparición, exterminio de la oposición política y proscripción de las expresiones contenciosas que reivindicaran el reconocimiento de derechos políticos y laborales, entre otros. Dicha transformación regional violenta, orientada al mercado externo, fue posible gracias a los procesos de militarización y dominio del crimen organizado del paramilitarismo (Hincapié, 2013: 291-329).

Durante la década de los años noventa, a pesar de las denuncias por las graves violaciones de derechos humanos en la región, hechas por diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales, los denunciantes y las víctimas del crimen organizado fueron perseguidos y estigmatizados sin encontrar ninguna respuesta efectiva de protección de sus derechos (Giraldo, 2010: 27). El desplazamiento aluvial continuó sin dar tregua, lo que hizo crítica la situación de los campesinos, que abandonaban la región o se sometían a una muerte inminente. En este contexto, acosados por el hambre y el horror, el 23 de marzo de 1997, acompañado por la Iglesia católica, parlamentarios de Holanda y delegados de diversas organizaciones nacionales de derechos humanos, el corregimiento de San José de Apartadó se declaró como Comunidad de Paz, una comunidad civil neutral a todos los actores armados, estatales, paraestatales e insurgentes (Uribe, 2005; Giraldo, 2010).

La declaración de neutralidad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó la puso en la mira de las organizaciones criminales paramilitares, que dieron plazo perentorio a los campesinos para abandonar el corregimiento. La posibilidad de supervivencia de la Comunidad de Paz fue posible gracias a la movilización de recursos por parte de organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica. Las agencias de cooperación internacional fueron fundamentales para proveer de recursos económicos a la Comunidad de Paz en un contexto de aislamiento. En 1998, ésta recibió el Pfeffer Prize Peace de la Fellowship of Reconciliation, que la consideró un ejemplo de construcción para la paz en el mundo, lo que, sumado a invitaciones internacionales de algunos líderes, le dio mayor visibilidad internacional (Uribe de Hincapié, 2005).

A pesar de los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (resoluciones del 24 de noviembre de 2000 y del 18 de junio de 2002), así como diversas organizaciones internacionales a favor del respeto por la Comunidad de Paz, en los primeros ocho años de existencia de ésta fueron asesinados 152 de sus miembros. Los hostigamientos y persecuciones fueron constantes, así como el desplazamiento forzado.

La estrategia de denuncia y movilización internacional de la Comunidad de Paz, así como los numerosos litigios estratégicos interpuestos ante instancias judiciales para exigir verdad y justicia, llevaron a la Corte Constitucional, en la Sentencia T-1025 de 2007, a aceptar que:

En relación con los hechos sucedidos en San José de Apartadó, es evidente que el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir que la Comunidad haya sido víctima de tantos crímenes. Faltar al deber de protección es muy grave. Pero igualmente grave es la falta de resultados en las investigaciones penales iniciadas con ocasión de esos crímenes.

A pesar de la persecución y el exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, las comunidades del sur de Urabá, de los corregimientos de Curvaradó y Jiguamiandó, víctimas de desplazamiento forzado, decidieron en 2005 retornar al territorio en una acción colectiva de resistencia activa a través de la estrategia de Zonas Humanitarias, como se estaba llevando a cabo en San José de Apartadó con el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La creación de Zonas Humanitarias buscó prevenir los ataques contra la vida y la integridad de los integrantes de las 14 familias que inicialmente decidieron retornar. Con base en el Derecho Internacional Humanitario, fueron delimitadas y señalizadas las áreas de ocupación de las familias y se prohibió el ingreso de cualquier actor armado —estatal y no estatal—, de acuerdo con el II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, que distingue combatientes y no combatientes y reivindica el respeto a la vida de los civiles, así como a la tierra, a la verdad, la justicia y la reparación integral frente a los crímenes cometidos. Esta estrategia de movilización fue reconocida por la CIDH en la Resolución del 12 de marzo de 2005, en la que exigió al gobierno nacional otorgar protección especial a las "zonas humanitarias de refugio" establecidas por las comunidades y "garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios sin ningún tipo de coacción o amenaza" (CIDH, 2005).

Una vez establecidas en la Zona Humanitaria, las comunidades se enfrentaron con los dilemas asociados con la recuperación de la tierra que había sido sembrada con extensos cultivos de palma africana, por lo cual se hacía perentoria la recuperación de su entorno, la fauna y la flora del territorio, para la supervivencia. Al hacerse evidente la necesidad de proteger y recuperar el medio ambiente, en una región de inmensa biodiversidad amenazada por la agroindustria y el saqueo de los bosques, se decidió la creación de Zonas de Biodiversidad. Como estrategias de innovación y acción colectiva, éstas surgieron amparadas en la legislación internacional de protección ecológica, como el Convenio sobre Diversidad Biológica de la ONU 1992 —ratificado por Colombia a través de la Ley 165 de 1994—, el Convenio 169 de la OIT gracias al cual se establecieron los Títulos Colectivos de Comunidades Negras de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Asimismo, las Zonas de Biodiversidad se afirman en los preceptos de la función ecológica de la propiedad desarrollada en la legislación colombiana según la Ley 2 de 1959 y el decreto 1745 de 1995 sobre conservación de recursos naturales y Zonas de Reserva Forestal, la Ley 99 de 1993 sobre gestión y conservación del Medio Ambiente, la Ley 70 de 1993 sobre los títulos Colectivos de Comunidades Negras, y el Decreto 1996 de 1999 sobre Reservas Naturales de la Población Civil. En medio de la acción colectiva, las Zonas de Biodiversidad se han ido perfilando como

áreas de protección, conservación y de recuperación de ecosistemas nativos en territorios colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimentación y vivienda familiar digna, cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura o explotación de recursos naturales (Bouley y Rueda, 2007).

La acción colectiva innovadora de las comunidades locales también ha sido objeto de persecución por parte de las organizaciones criminales paramilitares. La CIDH ha ratificado las medidas provisionales a estas comunidades a través de resoluciones en 2008, 2009 y 2010. Ante esta situación, las comunidades, apoyadas en organizaciones de derechos humanos, han utilizado el litigio estratégico como medio para lograr el pronunciamiento de altas cortes. Gracias a dichas estrategias, la Corte Constitucional, en los Autos de Seguimiento a la Sentencia T-025 sobre la situación de las comunidades desplazadas (Autos 005 de 2009 y 384 de 2010), retomó como casos paradigmáticos la situación de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó, debido a la gravedad de la situación y a la vulnerabilidad que enfrentan. Asimismo, exhortó al gobierno nacional a dar cumplimiento a la restitución efectiva de las tierras a las comunidades desplazadas y a establecer un programa de atención integral a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado en el país (Corte Constitucional de Colombia, 2009, 2010).

El 18 de mayo de 2010, la Fiscalía General dictó medida de detención en contra de 28 empresarios palmeros (de empresas creadas directamente por paramilitares) en los territorios pertenecientes a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, argumentando que dichas empresas palmeras se correspondían con "verdaderas empresas criminales" y confirmando las denuncias e informes presentados desde 2004, en los que se relacionaban los procesos de militarización, la expansión del crimen organizado, la estrategia de tierra arrasada, el desplazamiento forzado, el despojo, la venta ilegal con la amenaza de "o vende la tierra usted o se la compro a la viuda" y la reconversión agroindustrial de palma de aceite en la región de Urabá (Mingorance et al., 2004; Franco y Restrepo, 2011).

Las Zonas de Biodiversidad en la región se han ido extendiendo al interior de los Títulos Colectivos de Comunidades Negras de Curvaradó, Jiguamiandó, Vigía de Curvaradó y Santa Rosa del Limón, Cacarica y Pedeguita y Mancilla. Esto es una acción colectiva que se constituye en una estrategia de innovación democrática para reivindicar un proyecto de vida civilista que afirma el derecho a la vida digna, el retorno de los desplazados a sus comunidades, la restitución frente al despojo, pero también la construcción propia del ordenamiento territorial, de un proyecto enmarcado en la protección del medio ambiente y la recuperación de los ecosistemas nativos, dado el impacto depredador de la explotación a gran escala de maderas y la agroindustria de palma africana.

Comparando escenarios de innovación

Al analizar los casos anteriores en Colombia y México, se puede evidenciar cómo las acciones colectivas de comunidades locales en contextos de violencia por la presencia del crimen organizado se constituyen en escenarios de construcción y apropiación desde abajo de mecanismos de innovación democrática para la gobernanza territorial. Estas nuevas prácticas democráticas de abajo hacia arriba son, además, formas de construcción de paz local, restauración de capacidades para la gobernanza territorial y resiliencias ambientales y sociales. Estas dinámicas de acción colectiva, que emergen como estrategias de resistencia local a contextos violentos, nos señalan diversas maneras de apropiación de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales descentralistas, que se articulan con redes globales e inscriben sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural y las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Tanto en el caso de Cherán como en las Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Urabá observamos las relaciones entre diferentes actores colectivos: a) Actores nacionales y transnacionales interesados desde afuera; b) nivel institucional formal, tanto nacional como regional, donde aparecen los gobiernos y las organizaciones estatales implicadas con sus trayectorias de gobernanza territorial desde arriba; c) Empresas y/o organizaciones extractivas; d) comunidades locales desde abajo; e) un contexto de violencia por la expansión del crimen organizado (Gráfica 1).

Como se observa en la Tabla 1, en el caso de Cherán la acción colectiva de la comunidad indígena se apoyó en la legislación nacional e internacional como estructuras de oportunidad que permitieron utilizar el litigio estratégico como mecanismo efectivo para la reivindicación de sus demandas. Aprovechando y articulando las estructuras de oportunidad que la misma Constitución Política ofrece, con el reconocimiento de Usos y Costumbres como forma legal de autodeterminación de las comunidades indígenas, la comunidad encontró posibilidades para la legitimación, rutinización e institucionalización de su propuesta innovadora de gobernanza local, reconocida como un caso sui géneris por la Corte Suprema de Justicia en 2014. Asimismo, la exitosa utilización de la consulta previa deja un precedente fundamental de la importancia de este mecanismo de participación para que las comunidades puedan ser partícipes efectivas en la toma de decisiones del poder local. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento legal del Consejo Mayor de Gobierno Comunal como una nueva forma de gobernanza local permite no sólo la apropiación social, sino también la apropiación institucional de una organización política novedosa inscrita en el engranaje estatal.

Asimismo, la acción colectiva innovadora con efectos locales inmediatos logró articulaciones con múltiples redes y con actores locales, regionales e internacionales, al inscribir sus demandas en repertorios de confrontación más amplios de conflictos socioambientales, defensa de recursos naturales y bienes comunes, afectados por las dinámicas extractivistas y depredadoras de diversos actores legales e ilegales.

En el caso de las Comunidades de Paz, las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad, la articulación con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, así como con comunidades eclesiales, ha sido fundamental para lograr visibilidad, acompañamiento internacional, legitimidad y financiamiento. A diferencia del caso de Cherán, que encontró en el litigio estratégico a nivel nacional (desde arriba) la posibilidad del reconocimiento legal y la institucionalización del proceso innovador local (desde abajo), en Urabá las comunidades encontraron en la articulación con la redes y tribunales internacionales (desde afuera) la oportunidad de reconocimiento de su estrategia innovadora ante la oposición, en primera instancia, del gobierno estatal. (Tabla 2)

En un contexto de escalonamiento y consolidación del dominio de las organizaciones criminales en la región, las Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad se constituyeron en un espacio de encuentro y organización de víctimas para la acción colectiva, la reconstrucción de solidaridades, oportunidades de vida en comunidad desde la no violencia, el respeto por los derechos humanos y la recuperación de capacidades sociales y ambientales para la vida en común.

En ambos casos, la articulación en diversas redes de demandas y reivindicación de derechos fue fundamental para promover y replicar este tipo de acciones colectivas innovadoras, como sucede con las Zonas de Biodiversidad; del mismo modo, es constante en los dos casos, además de nuevas formas de gobernanza local, la defensa de los bienes comunes desde propuestas de recuperación medioambiental que surgen en condiciones de desprotección estatal inicial, sin mayores recursos disponibles, pero aun así logrando constituirse en alternativas efectivas y visibles que promueven desde abajo procesos comunitarios sostenibles, pacíficos, en armonía con el medio ambiente y prácticas horizontales de organización de la vida en común.

Conclusiones

A través del análisis de estudios de caso en México y Colombia explicamos cómo comunidades locales en Cherán y Urabá han logrado configurar gobernanzas locales que se constituyen en innovaciones democráticas desde abajo, surgidas como resistencia a un contexto de violencia por el dominio del crimen organizado en sus respectivas regiones. En las diversas interacciones de las acciones colectivas pudimos determinar que la acción colectiva innovadora de las comunidades se constituye en sí misma en dispositivo de organización, de nuevas formas de relación con el poder central, de renovación en los mecanismos de planeación del territorio y gobernanza territorial que surgen desde abajo, incluso aprovechando y reactualizando estructuras de oportunidad implantadas desde arriba por los gobiernos centrales en los procesos de reformas estatales de las últimas décadas y desde afuera en la legislación internacional y las Convenciones de derechos humanos.

Lo anterior evidencia que estas acciones colectivas innovadoras locales se estructuran también en un nuevo contexto de internacionalización de conflictos en el proceso de globalización, con la incursión de nuevos agentes transnacionales con sus respectivos recursos y probabilidades de poder; en ese sentido, las comunidades locales que ya no se conciben como comunidades autocontenidas llevan a cabo su acción colectiva aprovechando recursos desde afuera al tejer redes de solidaridades y apoyos con agentes, organizaciones y comunidades transnacionales, acentuando las dinámicas de deslocalización y relocalización de la relación Estado-territorio. En los contextos de violencia por la expansión del crimen organizado es fundamental la organización que surge de las propias comunidades para crear lazos de confianza y solidaridades que les permitan tener alternativas para la construcción de paz y alternativas de futuro frente a la depredación de recursos y oportunidades que las organizaciones criminales ejercen; en ese sentido, más que una amenaza, pueden ser una vía de construcción de nuevas prácticas de gobernabilidad territorial en contextos de violencia.

Por su parte, las Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Urabá colombiano ofrecen salidas concretas frente al enorme reto de crear condiciones de paz territorial duraderas y sostenibles en el tiempo. En estos momentos, cuando parece converger la intención por parte de los actores armados y del gobierno nacional de concretar acuerdos de paz, y cuando existe el desafío de reparar a más de 4 millones de personas (más de 10% de la población total), la gran mayoría de ellas víctimas de desplazamiento forzado, estas acciones colectivas locales son la semilla de reconstrucción de tejidos sociales y medioambientales, ejemplos replicables de organización de la acción colectiva local que puede hacer viable el retorno de comunidades desplazadas por la violencia a sus territorios, y como nuevas alternativas de construcción democrática local.

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Notas

¹ La relación entre el crimen organizado y la representación política en Michoacán ha sido ampliamente ventilada en la arena pública. Un ejemplo de ello ocurrió en octubre de 2010, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) reveló la grabación de una llamada en la que Julio César Godoy, diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, dialoga con Servando Gómez, alias "La Tuta"; en esta conversación realizada en el primer semestre de 2009 afirma el hoy jefe de los Caballeros Templarios: "Compa, primeramente, le deseo que gane, cuente con todo el apoyo, usted va a ganar, cuente con todo el apoyo, muy discretamente con los locales, le hicieron por abajo, todo mundo pa' usted, y sin amenazar a ningún culero de los otros partidos [...], usted gana, compa, primeramente Dios, usted va a ser, no hay vuelta" (El Universal, 14 de octubre de 2010).

³ El propio presidente Enrique Peña Nieto reconoció en julio: "Han existido espacios que se han dejado o que ha ganado lamentablemente el crimen organizado" (Excélsior, 25 de julio de 2013). En noviembre de 2013, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, declaró que en el estado de Michoacán "nadie se salva" de pagar las extorsiones al crimen organizado, al cual considera "un gobierno paralelo" (Excélsior, 10 de noviembre de 2013).

⁴ Diversas comisiones de investigación internacional, entre ellas una Comisión del Congreso de Estados Unidos, han documentado la responsabilidad del ejército en los hechos (Giraldo, 2010: 189-206); sin embargo, sólo en abril de 2013 la justicia colombiana llamó a rendir indagatoria a los generales retirados del ejército Luis Alfonso Zapata Uribe y Héctor Jaime Fandiño para que aclararan su presunta participación y responsabilidad en los hechos ocurridos, al ser denunciados de manera reiterada por paramilitares desmovilizados (Verdad Abierta, 17 de abril de 2013).