Factores de empoderamiento y protección de las mujeres contra la violencia

Factors of Women's Empowerment and Protection from Violence

Irene Casique*

* Doctora en sociología con especialización en Demografía por la Universidad de Texas en Austin. Investigadora titular, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM–UNAM). Temas de especialización: empoderamiento femenino, dinámica familiar, trabajo femenino, violencia de género. Dirección: Retorno Casahuate 39, Fracc. La Cañada, 3ª sección, Cuernavaca, Morelos, C. P. 62160. Tel.: (777) 329–1713. Fax: (777) 317–9581. Correo electrónico: irene@correo.crim.unam.mx.

Resumen

Este trabajo analiza la relevancia de la disponibilidad de recursos económicos, sociales y educativos en la definición de los niveles de poder de decisión de las mexicanas en el hogar. También explora la vinculación entre la posesión de estos recursos y el riesgo de violencia de pareja contra la mujer. El análisis se basa en información proveniente de la Hendiré 2003.

Palabras clave: propiedad y recursos, poder de decisión de las mujeres, violencia contra las mujeres.

Abstract

This article analyzes the relevance of the availability of economic, social and educational resources of Mexican women in their ability for decision–making in households. It also explores the link between the possession of these resources and the risk of partner violence against women. The analysis is based on information from the Endireh 2003.

Key words: property and resources, women's decision–making power, violence against women.

El empoderamiento de las mujeres es un proceso deseable, y sin duda necesario, que contribuye claramente al bienestar individual y familiar, a la salud y al desarrollo social (World Bank, 2000; sen y Batliwala, 1997; United Nations, 1995).

El empoderamiento se refiere "al proceso por el cual aquellos a quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de vida estratégicas adquieren tal capacidad" (Kabeer, 1999). Cuando hablamos de empoderamiento femenino, nos referimos "tanto al proceso, como al resultado del proceso a través del cual las mujeres ganan un mayor control sobre los recursos intelectuales y materiales, y desafían la ideología del patriarcado y la discriminación por género" (Batliwala, 1994). Por definición, debe proporcionar acceso y control de los recursos necesarios y poder, de tal manera que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y adquirir control sobre sus propias vidas (Kishor, 2000). La posibilidad de tomar estas decisiones se basa, según Kabeer (1999), en tres elementos, indivisibles e interrelacionados: recursos, agencia y logros. Los recursos son identificados no sólo como recursos materiales, sino también humanos y sociales.

Como bien señalan Deere y león (2002), el empoderamiento no es un proceso lineal, con un principio y un fin claramente definido y común para todos los individuos, en este caso las mujeres, sino que es un proceso que se experimenta de manera diferenciada y de alguna manera única por cada individuo, y se define y desarrolla en función de la historia personal y del contexto de cada quien. En tal sentido, podemos plantear que el empoderamiento puede ocurrir por efectos de experiencias diversas, tales como procesos educativos, organizativos, laborales, etcétera.

Uno de los elementos que puede ir asociado al empoderamiento de las mujeres¹ es la disponibilidad de recursos (económicos y sociales). La relación que se establece entre empoderamiento y recursos es en realidad bidireccional. Se presume que el acceso y disponibilidad de recursos facilita el empoderamiento de las mujeres, a la vez que el empoderamiento les da acceso a más y nuevos recursos.

Respecto del componente económico del empoderamiento, Stromquist (1995) plantea que si bien el trabajo fuera de la casa representa a menudo una doble carga, el acceso a este tipo de trabajo incrementa la independencia económica y, por tanto, la independencia en general.

La propiedad de la tierra, y en general de bienes económicos, por parte de la mujer no sólo mejora su capacidad de negociación en el hogar, sino también, potencialmente, fuera de éste, es decir, en la comunidad y en la sociedad (Agarwal, 1994; Deere y León, 2002). La propiedad de bienes económicos se relaciona con la capacidad y la habilidad de las mujeres de actuar de manera autónoma o de poder expresar sus propios intereses en las negociaciones que afectan sus propias vidas y/o las de sus hijos (Deere y León, 2002).

La posición de resguardo, término ampliamente utilizado en la economía feminista, se refiere a los recursos externos que dotan de poder de negociación a un individuo en una relación o asociación (Agarwal, 1994 y 1997). Se trata de las opciones (factores y recursos) externas que determinan, por ejemplo, qué tan bien estaría una persona fuera de la relación de pareja. La propiedad de la tierra por parte de las mujeres campesinas fortalece su posición de resguardo y su poder de negociación frente a sus parejas. En el caso de las mujeres urbanas, la vivienda aparece, según la bibliografía, como un bien de particular relevancia para su posición de resguardo (León, 2008). En la medida en que los bienes de propiedad son un elemento privilegiado para la definición del poder de negociación de los individuos, representan también un aspecto central en el proceso de empoderamiento de las mujeres (León, 2008).

Para Blumberg (2005) promover el control relativo de las mujeres sobre los ingresos y otros recursos económicos es una suerte de fórmula mágica que facilita tanto la igualdad de género como la riqueza y bienestar de las naciones. las mujeres con poder económico ganan mayor igualdad y control sobre sus propias vidas (Blumberg, 1984), contribuyen directamente al capital humano de sus hijos (nutrición, salud y educación) y a la riqueza y bienestar de las naciones e indirectamente al crecimiento del producto interno bruto de sus países a través de una reducción de su fecundidad y la de sus hijas educadas (Blumberg, 2005).

Sin embargo, las asociaciones que se establecen entre un mayor acceso a recursos económicos y sociales y el empoderamiento de las mujeres no son siempre favorables o claras. En el caso de México se han reportado hallazgos contradictorios respecto de los efectos del trabajo extra–doméstico de las mujeres y sus relaciones de poder en el hogar; mientras algunos estudios han reportado mayor poder en la toma de decisiones familiares de las mujeres que trabajan (García y Oliveira, 1994; Chant, 1991; Benería y Roldán, 1987), otros estudios no encuentran evidencias significativas de esa relación (Casique, 2001; Casique, 2003).

De ahí que, además de los vínculos que pueden establecerse entre recursos y poder de decisión de las mujeres, es también importante considerar las asociaciones potenciales que pueden establecerse entre recursos en manos de las mujeres y violencia de género. "Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado" (Convención de Belém do Pará, 1994).

La violencia contra las mujeres por parte de la pareja se manifiesta a través de cuatro formas fundamentales de violencia: la violencia emocional (que se refiere a todo tipo de violencia verbal o conductual —acción u omisión— ejercida con el fin de intimidar, controlar o desvalorizar a la mujer), la violencia física (toda acción que cause daño a la integridad física de la mujer), la violencia sexual (todo acto u omisión que amenaza o daña la integridad y la libertad sexual de la mujer) y la violencia económica (toda acción orientada a controlar el acceso a ingresos o recursos económicos de la mujer).

Existe abundante bibliografía que sostiene que el empoderamiento económico de las mujeres las protege de la violencia de género, lo que representaría otro beneficio derivado de dicho proceso (Ghuman, 2001; Kabeer, 1998; Rao, 1997; Koenig et al., 2003; Sa, 2004). la violencia de género encuentra su origen y razón de persistencia en el conjunto de normas y valores sociales que sustentan una prevalencia o dominación masculina y una asimetría institucionalizada de poder entre hombres y mujeres. La existencia de marcadas normas de género, las cuales establecen los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres, proporciona la justificación social para el uso de la violencia en la pareja, cuando alguno de sus integrantes —mayoritariamente la mujer— no cumple con dichos roles socialmente asignados, o de alguna manera trasgrede las normas ante los ojos de su compañero (Heise, Ellsberg y gottemoeller, 1999; García y Oliveira, 2006).

Desde hace tiempo se ha señalado que la violencia de pareja tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando la mujer está en una posición de dependencia y tiene opciones limitadas en términos de permanecer o terminar la relación (Gelles, 1974: Goode, 1971; Kalmus y Straus, 1982). La dependencia económica de las mujeres (medida a través de si la mujer está empleada o no, tiene hijos pequeños y gana 25% o menos del ingreso familiar) y la carencia de acceso a apoyo social están positivamente asociadas con violencia física severa (Kalmus y Straus, 1982; Yount, 2005). Existen además evidencias que sugieren que el control de las mujeres sobre los recursos financieros está negativamente asociado con la probabilidad de violencia sexual (Gage y Hutchinson, 2006). También la participación en programas de crédito en áreas rurales de Bangladesh se tradujo, para esas mujeres, en una reducción en dos tercios del riesgo de violencia física, comparado con las mujeres que no participaron en esos programas (Schuler et al., 1996).

Sin embargo, este control de recursos e ingresos por parte de las mujeres no está exento de conflictividades. Cuando la propiedad y los recursos en manos de las mujeres no encaja con las prescripciones sociales, pueden plantearse conflictos y tensiones dentro de los hogares y en las parejas. Ello es particularmente evidente en situaciones en las que los recursos de las mujeres exceden los de sus parejas, lo que puede ser interpretado por éstos como un desafío o una ruptura con su autoridad y poder, y tal situación puede incitar al recurso de la violencia para restablecer su dominio (García, 1998; Connell, 1995; Thoits, 1992; MacMillan y Gartner, 1999; Castañeda, 2000).

Es así que se han observado casos de violencia agravada entre las participantes de programas de micro–créditos (Schuler et al., 1998). También se ha planteado que la propiedad de la tierra por parte de la mujer puede, en determinadas circunstancias, convertirse en causa de conflicto doméstico porque es un desafío a las relaciones de poder (Deere y León, 2002).

A su vez, los incrementos en el poder de decisión de las mujeres se agregan como otro elemento que en un momento dado puede aumentar la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia de pareja. Desde las teorías feministas, se plantea que una mayor igualdad en cuanto a poder de decisión entre los cónyuges conlleva una reducción en el abuso hacia la mujer (sa, 2004), en tanto que el empoderamiento de la mujer presupone un proceso de cambio en las relaciones patriarcales, con lo cual la coerción (y la violencia) del hombre sobre la mujer dejaría de existir (Batliwala, 1994 citada en Magar, 2003; Morrison, Ellsberg y Bott, 2004). Pero desde la perspectiva de las teorías de inconsistencia de estatus, el poder de decisión es parte de los recursos de cada miembro en la pareja, y los cambios en la distribución tradicional del poder de decisión del hombre (al tener la mujer un mayor poder de decisión y dejar de ser absoluto el poder de decisión del hombre) pueden ser interpretados por los hombres como una amenaza a su estatus, amenaza ante la cual podrían reaccionar con violencia (yick, 2001; Anderson, 1997; García y Oliveira, 2008).

Para el caso de México, en trabajos previos (Casique, 2005; Casique, 2008) hemos documentado evidencias de una relación negativa (aunque no lineal) entre poder de decisión de las mujeres y riesgo de violencia, donde las mujeres con niveles intermedios de poder de decisión son las que registran los menores riesgos de violencia, en tanto que las de mayor nivel registran los mayores riesgos de violencia.

Presumimos entonces que la vinculación entre recursos y propiedad en manos de las mujeres con el riesgo de violencia de pareja puede darse por dos vías. Por un lado, tendríamos el efecto directo que ejercería la disponibilidad de determinados recursos sobre la posibilidad de sufrir violencia por parte del esposo o compañero. Dicho papel podría ser protector (posición de resguardo) y/o potenciador (cuando representa una ruptura o desafío con el orden imperante) de la violencia de género en la pareja. Por otro lado, la disponibilidad de recursos incrementaría potencialmente el poder de decisión de las mujeres que, a su vez, incide, positiva o negativamente, dependiendo del contexto cultural, en el riesgo de violencia de la pareja. Es decir, el empoderamiento de la mujer en un contexto patriarcal introduciría situaciones de inconsistencia entre la nueva relación de poder hombre–mujer en la pareja y las normas sociales prevalentes, lo que podría llevar a situaciones conflictivas y al uso de violencia por parte del hombre como medio de preservar el control.

El empoderamiento femenino es un proceso multidimensional y creemos que el hecho de que una mujer pueda tener un alto nivel de empoderamiento en uno(s) de tales elementos, por ejemplo en cuanto a libertad de movimiento, pero al mismo tiempo un bajo nivel en otro —como poco poder de decisión—, es un aspecto que sin duda contribuye a la dificultad para comprender los vínculos que se establecen entre los procesos de empoderamiento de las mujeres y sus recursos y propiedades. De ahí la necesidad de abordar esta relación distinguiendo entre los diversos indicadores del empoderamiento, a fin de establecer las particularidades de la relación que se da entre los recursos y cada dimensión específica del empoderamiento de la mujer. En el marco de este trabajo limitaremos el análisis de la relación entre recursos y empoderamiento de la mujer a una sola dimensión del empoderamiento: el poder de decisión de las mujeres en el ámbito familiar.

Consideramos además relevante indagar no sólo en lo tocante al papel de los recursos económicos (ingreso por trabajo, ingreso por otras fuentes, propiedad de la casa), sino también de los recursos sociales (como redes sociales que puedan proveer apoyo y ayuda a la mujer y grupos de pertenencia) como elementos facilitadores o no del empoderamiento de las mujeres.

Dos objetivos fundamentales orientan pues este trabajo:

1. Identificar el papel que juegan la propiedad y otros recursos en el nivel del poder de decisión de las mujeres mexicanas, e

2. Indagar el posible efecto que tienen los recursos y la propiedad en manos de las mujeres sobre su riesgo de experimentar diversos tipos de violencia por parte de la pareja.

DATOS Y MÉTODOS

El análisis desarrollado se fundamenta en datos provenientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2003), elaborada por el Instituto Nacional de las Mujeres en México, la cual recoge información sobre violencia en los hogares. Esta encuesta es representativa en el plano nacional y para 11 estados y estuvo dirigida a mujeres de 15 años y más, casadas o viviendo en pareja, con un total de 34 184 mujeres encuestadas. En este trabajo empleamos únicamente la submuestra de mujeres de 50 años o menos, quienes constituyen el grupo de mujeres en edad reproductiva y con mayor potencial de ser económicamente activas. Las características básicas de las mismas se resumen en el cuadro 1.

Para abordar nuestro primer objetivo —estimar el efecto de la propiedad y los recursos en manos de las mujeres sobre su poder de decisión— nos planteamos un análisis de regresión lineal, en el que el poder de decisión de las mujeres es la variable dependiente (a explicar), y junto con una serie de variables socio–demográficas y socio–culturales, se incorporan diversos indicadores de recursos económicos y sociales de las mujeres como variables explicativas.

El indicador para el poder de decisión de las mujeres es un índice de Poder de Decisión en el ámbito familiar de la mujer, que intenta medir su capacidad de injerencia en la toma de decisiones familiares, y está basado en 11 preguntas incluidas en la encuesta sobre "quién decide" a) cómo se gasta o economiza el dinero del hogar; b) qué se compra para la comida; c) sobre los permisos a los hijos(as); d) sobre la educación de los hijos(as); e) si se sale de paseo y a dónde; f) qué hacer cuando los hijos se enferman; g) compra de muebles; h) cambiarse o mudarse de casa y/o ciudad; i) si se usan anticonceptivos; j) quién debe usar los métodos anticonceptivos; k) cuántos hijos tener. Las posibles respuestas consideradas fueron: "esposo", "ambos" o "ella", que fueron recodificadas como 0, 1, y 2, respectivamente, asignando así un mayor poder de decisión en el ámbito familiar en la medida en que la mujer participa más claramente de las decisiones. Si bien entre las decisiones incluidas se encuentra la decisión sobre si se utilizan métodos anticonceptivos y quién en la pareja los emplea, decisiones que involucran aspectos personales, la mayoría de las decisiones se refieren a aspectos sobre el manejo de la familia, por lo que el indicador obtenido a partir de ellas se limita fundamentalmente en este caso al poder de decisión de la mujer en la esfera familiar.

Mediante análisis factorial se estableció que estas 11 preguntas representan cuatro diferentes factores o dimensiones del poder de decisión en la esfera familiar de los miembros de la pareja (decisiones en torno a la crianza de los hijos, a cuestiones reproductivas, de gastos mayores y de gastos cotidianos), que fueron ponderados según el porcentaje de varianza que cada uno de ellos explica, y agrupados en un índice estandarizado, cuyos valores van de 0 a 10 (véase el anexo 1); el valor promedio del índice para esta muestra de mujeres es de 4.8. La consistencia interna del índice es aceptable, aunque no muy alta, con un valor de alpha de Cronbach de 0.77.

Como variables independientes, a través de las cuales intentamos predecir el valor del poder de decisión en el ámbito familiar de las mujeres, distinguimos tres grandes grupos de variables: variables socio–demográficas (en los planos individual, de pareja y del entorno socio–económico), de recursos y propiedad de la mujer y socio–culturales.

Las variables socio–demográficas han sido documentadas en la bibliografía no sólo como de valor fundamental en los modelos estadísticos (en los que actúan como variables de control), sino que además constituyen factores explicativos de las relaciones de género (García y Oliveira, 2006). En este análisis incorporamos los siguientes indicadores socio–demográficos: edad de la mujer, escolaridad de la misma, diferencia de escolaridad entre los cónyuges, unión libre (dicotómica, igual a 1 si es unión libre), número de hijos, existencia de uniones previas para la mujer (dicotómica, igual a 1 si la mujer tuvo al menos otra unión), condición de trabajo del esposo (dicotómica, igual a 1 si el esposo trabaja), si la mujer administra los ingresos por trabajo del esposo (dicotómica, igual a 1 si es la mujer quien administra los ingresos del esposo), si la mujer gana más que el esposo (dicotómica, igual a 1 si el ingreso por trabajo de la mujer es mayor que el de su esposo), estrato socio–económico (esta variable fue estimada por Carlos Echarri, tomando en cuenta la escolaridad de los miembros del hogar, la ocupación y remuneración de aquéllos económicamente activos y la infraestructura y servicios en la vivienda; distingue cuatro categorías: muy bajo, bajo, medio y alto); residencia urbana (dicotómica, igual a 1 si residen en localidades con más de 2 500 habitantes).

La edad de la mujer se introduce como variable continua, pero se asume que la relación entre la misma y el poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres no es estrictamente lineal, sino más bien curvilínea (tal y como lo sugieren las gráficas de poder de decisión según la edad); de ahí que se introduzca también un término cuadrático de esta variable, a fin de estimar con mayor precisión la relación entre la edad de la mujer y su poder de decisión en la familia.

Como indicadores de los recursos y propiedad de las mujeres —variables explicativas de interés central en este trabajo— se incorporan diversos indicadores que intentan dar cuenta de algunos recursos económicos y sociales con los que cuentan las mujeres: mujer propietaria de la casa (dicotómica, igual a 1 si la mujer es la única propietaria), la mujer es titular de cuenta bancaria (dicotómica, igual a 1 si la mujer es titular de alguna cuenta de ahorros o cuenta corriente), la mujer tiene ingresos por trabajo (dicotómica, igual a 1 si la mujer devenga ingresos por trabajo), la mujer recibe otros ingresos (dicotómica, igual a 1 si la mujer recibe ingresos por jubilación o pensión, por ayuda de familiares, por becas o rentas, o por programas del gobierno), la mujer tiene con quien platicar (dicotómica, igual a 1 si la mujer tiene vecinas, amigas y/o familiares con quien platicar), la mujer tiene a quién pedirle dinero prestado (dicotómica, igual a 1 si la mujer tiene vecinas, amigas o familiares a quienes pedir dinero prestado), la mujer tiene quien la ayude a cuidar a los hijos (dicotómica, igual a 1 si tiene vecinas, amigas o familiares que le ayuden a cuidar de los hijos), la mujer asiste a reuniones religiosas (dicotómica) y la mujer asiste a reuniones de otras organizaciones (dicotómica).

Finalmente incorporamos algunas variables de lo que sería el macrosistema, es decir, variables indicativas de la cultura y normas sociales: la mujer puede decidir si trabaja o no (dicotómica), la mujer puede decidir cuándo tener relaciones sexuales (dicotómica),² ideología de roles de género de la mujer (índice) y carga de trabajo doméstico realizado por la mujer (índice).

Es importante señalar que si bien estas preguntas de alguna manera nos permiten distinguir entre mujeres más o menos conformes con los roles para hombres y mujeres, y las inequidades que dichos roles resguardan, este instrumento no está exento de limitaciones. Al basarse en un número reducido de preguntas, muchos aspectos relevantes de la ideología de género (tales como otras capacidades y derechos inherentes a hombres y mujeres) no quedan recogidos en estas preguntas. Por otra parte, las preguntas presentadas no están exentas de ambigüedades en sus planteamientos y, por tanto, en lo que miden. Por ejemplo, la pregunta acerca del derecho de la mujer a decidir si trabaja o no condiciona dicho derecho a la circunstancia de que el sueldo del marido alcance (presuponiendo quizá que el derecho a trabajar de la mujer casada está atado a la (in)suficiencia del ingreso laboral del compañero); también la pregunta acerca de si la responsabilidad de los hijos debe ser compartida entre hombre y mujer está condicionada al hecho de que ambos trabajen (asumiendo tácitamente que si sólo el hombre trabaja, esa responsabilidad no tiene que ser compartida). En síntesis, hacemos uso de estas preguntas para construir un indicador de ideología de roles de género, en el afán de examinar la poca información disponible al respecto, pero asumimos las limitaciones inherentes a un indicador construido con base en preguntas bastante restringidas.

El otro índice incluido es el de carga de trabajo doméstico realizado por la mujer. Este índice fue estimado a partir de información incluida en la Endireh 2003 en torno a la participación de distintos miembros del hogar en la realización de cinco tipos de tareas en el hogar: 1) tareas domésticas como lavar, planchar y cocinar; 2) cuidado de los niños; 3) cuidado de ancianos; 4) hacer trámites (pago de luz, teléfono, ir al banco, etc.), y 5) hacer reparaciones de la casa.³ Al consider la frecuencia de la participación de cada individuo en las diversas tareas (que es medida en la Endireh 2003 con tres categorías que para efectos de este análisis recategorizamos con valores del 1 al 3, indicando 1 cuando los individuos participan sólo de vez en cuando, 2 cuando participan alguna vez y 3 cuando siempre participan) se obtiene un indicador de la magnitud (o nivel) de participación de cada uno de ellos. Mediante análisis factorial, la participación de las mujeres en cada una de las cinco tareas es ponderada y adicionada en un índice final que representa la carga de trabajo en el hogar que cada uno de ellos realiza (véase el anexo 3).

Se estiman tres modelos de regresión para predecir el poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres, en los que se incorporan, progresivamente, las variables incluidas en los tres grandes bloques de variables ya mencionados: variables socio–demográficas, de recursos y propiedad de la mujer y socio–culturales. De esta manera es posible observar la contribución que hace cada uno de ellos al alcance explicativo del modelo.

Para abordar nuestro segundo objetivo —examinar el posible efecto que tienen los recursos y la propiedad en manos de las mujeres sobre el riesgo de las mismas de experimentar diversos tipos de violencia por parte de la pareja— estimamos diversos modelos de regresión logística en los que intentamos predecir el riesgo de cuatro tipos de violencia que experimentan las mujeres por parte de su pareja: emocional, física, sexual y económica. Se introducen indicadores (dicotómicos) para cada uno de estos tipos de violencia como variables dependientes (alternativamente) en las regresiones.

Para medir la violencia emocional, la Endireh 2003 incluye 13 ítems, a través de los cuales indaga si en los últimos 12 meses la pareja de la mujer ha actuado de cierta manera o realizado diversas acciones que se consideran como violencia emocional (le ha dejado de hablar, la ignora, la ha amenazado con un arma, etc.) a las que la mujer responde sí o no, y además indica la frecuencia de esas conductas. Se consideró que existe violencia emocional si varias de estas conductas ocurrieron una sola vez o si cualquiera de estas conductas ocurrió más de una vez, excepto para dos ítems, que se refieren a actitudes tan graves que con sólo una vez que ocurrieran se consideró suficiente evidencia de violencia emocional: amenazas con armas o amenazas de muerte.

El indicador de violencia económica está basado en seis preguntas referidas a conductas o actitudes del esposo relacionadas con la disputa o exclusión del acceso al dinero o bienes en los últimos 12 meses. Para este indicador se empleó un criterio similar al de violencia emocional, asumiendo que existe violencia económica si se registran dos o más de estas conductas o si una de ellas se da repetidas veces; sin embargo, en el caso de apropiación de los bienes de la mujer o de prohibición a la mujer de estudiar o trabajar, una sola vez se consideró suficiente evidencia de violencia económica.

En el caso de la violencia física, recogida a través de seis ítems en la Endireh 2003 (la ha empujado, la ha pateado, le ha agredido con arma, etc.), y de la violencia sexual sobre la cual indagan tres preguntas en la encuesta (le ha exigido tener relaciones sexuales, la ha obligado a hacer actos sexuales que no le parecen, etc.), no se aplicó ningún filtro o jerarquización de la gravedad de las distintas situaciones recogidas; un sí a cualquiera de las preguntas de cada grupo nos lleva a otorgar un valor positivo para el indicador correspondiente.

La frecuencia relativa de estos cuatro indicadores en la muestra de mujeres analizada señala los siguientes valores de prevalencias de cada una de ellas: violencia emocional: 37.1%; violencia física: 10.6%; violencia sexual: 8.3%, y violencia económica: 29.3%.

Como variables independientes o explicativas se introducen los tres grupos de variables empleados previamente para predecir el poder de decisión familiar de las mujeres (variables socio–demográficas, de recursos y propiedad de las mujeres y socio–culturales). Además, se incorporan cuatro indicadores sobre antecedentes de violencia durante la infancia y en la familia de origen, tanto para el hombre como para la mujer: golpes en la familia de origen de la mujer (variable dicotómica), golpes en la familia de origen del esposo (variable dicotómica), mujer golpeada cuando niña (variable dicotómica) y esposo golpeado cuando niño (variable dicotómica). Finalmente, agregamos también el indicador de poder de decisión en el ámbito familiar de la mujer (índice).

RELACIÓN ENTRE RECURSOS Y PROPIEDAD EN MANOS DE LAS MUJERES Y PODER DE DECISIÓN EN LA ESFERA FAMILIAR

En el cuadro 2 se presentan los resultados de regresión para predecir el poder de decisión en el ámbito familiar de las mujeres. El modelo 1 incorpora sólo las variables socio–demográficas. Casi todas las variables introducidas en este modelo resultan significativas, a excepción de tres: la diferencia en años de escolaridad entre los miembros de la pareja, la unión libre y la condición de trabajador del esposo, que no evidencian relación alguna con el nivel de poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres. Diversos factores socio–demográficos muestran un efecto significativo y positivo sobre el poder de decisión en la familia de las mujeres: la residencia urbana; mayor edad de la mujer; mayores niveles de escolaridad; un mayor número de hijos; el hecho de haber tenido uniones previas; que sea la mujer quien administra los ingresos por trabajo de su esposo, y que la mujer gane más que su esposo son todos factores que contribuyen a incrementar el poder de decisión en el hogar de las mujeres.

El efecto positivo de la edad de la mujer se revierte a partir de un determinado punto, tal como lo indica el coeficiente negativo obtenido para la expresión cuadrática de este indicador. De hecho, el cociente entre el coeficiente del indicador simple y el indicador cuadrático de la edad nos señala que, a partir de los 64 años, el poder de decisión de las mujeres sobre la familia comenzaría a reducirse a medida que aumenta la edad de la mujer. Este resultado parece congruente con la posición subordinada o marginal que tienen muchas mujeres mayores en los hogares mexicanos.

La pertenencia a un estrato socio–económico muy bajo aparece como un factor asociado de manera significativa y negativa con el poder de decisión de las mujeres en la esfera familiar: las mujeres pertenecientes a este estrato tienen menor poder de decisión que las mujeres en el estrato alto (categoría de referencia), resultado que no sorprende en tanto que estas mujeres están inmersas en una situación de mayores carencias (no sólo económicas), de mayor dependencia y, por tanto, con menores posibilidades y recursos para desarrollar una mayor capacidad de negociación frente a la pareja y de injerencia en las decisiones familiares.

El modelo 2 incorpora aquellas variables relacionadas con la propiedad y los recursos en manos de las mujeres. Al hacerlo, se observa que el modelo mejora su capacidad explicativa, pero sólo ligeramente, a pesar de que la mayoría de variables de recursos muestra un efecto significativo y positivo sobre el poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres. De las variables de recursos incluidas en este modelo únicamente dos de ellas no muestran un efecto significativo sobre el poder de decisión en el ámbito familiar de las mujeres: el hecho de que la mujer reciba otro tipo de ingresos (no laborales) y que tenga alguien con quien platicar. Por otra parte, sólo un indicador de recursos evidencia una relación negativa con el poder de decisión familiar de las mujeres: la participación de éstas en reuniones religiosas, lo cual posiblemente se explique por la naturaleza conservadora de las posturas religiosas frente a los roles de género y el papel subordinado de las mujeres que desde ellas se fomenta.

Los valores estandarizados de los coeficientes de regresión (no incluidos en el cuadro) evidencian que de las variables de recursos, las que tienen un mayor efecto son, en primer lugar, contar con apoyos para el cuidado de los hijos (beta= 0.0905) y, en segundo lugar, ser propietaria de la casa que habita (beta= 0.0660). No obstante, no son estos recursos, sino tener de uno a seis años (beta= 0.1873) y de siete a 12 años de escolaridad (beta= 0.1013), las variables que ejercen el más amplio efecto sobre el poder de decisión de las mujeres en la esfera familiar en el modelo 2.

Finalmente, en el modelo 3 incorporamos variables socio–culturales, las cuales reflejan el orden cultural que rige las relaciones entre hombres y mujeres, así como lo que socialmente está dictado que pueden o deben hacer éstas, en virtud de ser mujeres. Incorporamos aquí sólo cuatro indicadores de esta naturaleza, pero su inclusión redunda en una evidente mejora del modelo. y los cuatro indicadores agregados arrojan asociaciones altamente significativas y positivas con el nivel de poder de decisión en la familia de las mujeres: el poder de decisión se incrementa en la medida en que las mujeres pueden decidir si trabajan o no, si pueden decidir cuándo tener relaciones sexuales, si tienen una ideología de género más igualitaria y si realizan una mayor carga de trabajo doméstico. El efecto de este último indicador resulta particularmente interesante. Mientras que los tres primeros indicadores parecen mostrar que son aquellas mujeres que de alguna manera han desafiado o dejado atrás algunas de las pautas tradicionalmente asignadas a las mujeres, y se han movido en dirección de una mayor igualdad frente a los hombres, las que alcanzan mayores niveles de poder de decisión en el ámbito familiar, el significado de que las mujeres que realizan mayores cargas de trabajo doméstico alcanzan mayor poder de decisión parece apuntar en una dirección contraria. ¿Es la ruptura y el desafío a los roles tradicionales de género o el cumplimiento cabal con éstos lo que potencia un mayor poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres? Quizá no se trate de rutas excluyentes del todo, sino de alguna manera paralelas.

Es importante en todo caso reconocer también que la distribución de tareas en el hogar entre los miembros de la pareja no sólo puede ser visto como un indicador de poder entre marido y mujer, sino que también refleja y responde a los valores e ideas que sostienen los miembros de la pareja respecto de lo que debe ser el papel de cada uno en la familia. En tal sentido, diversos estudios cualitativos realizados en México han señalado que hay ciertos aspectos del cuidado de los hijos y de la casa que las mujeres no necesariamente desean compartir con sus parejas, en tanto encuentran en ellos "espacios de poder femeninos" a la vez que fuentes de satisfacción emocional (De Oliveira, 1998; Benería y Roldán, 1987).

Para examinar las relaciones que se establecen entre recursos y propiedad en manos de las mujeres y el riesgo de sufrir alguno de los cuatro tipos de violencia de pareja, estimamos cuatro modelos de regresión logit, empleando alternativamente, como variable dependiente, los indicadores de violencia emocional, violencia física, violencia sexual y violencia económica. El cuadro 3 presenta los resultados de los cuatro modelos de regresiones.

Como factores explicativos del riesgo de violencia se incorporaron los indicadores previamente empleados en la predicción del poder de decisión familiar de las mujeres: variables socio–demográficas, indicadores de recursos en manos de las mujeres y variables socio–culturales. También incorporamos algunos indicadores de antecedentes de violencia en la familia de origen de la mujer y del hombre y de experiencias de violencia en la infancia por cada uno de ellos: golpes en la familia de origen de la mujer, madre del esposo golpeada por su pareja, mujer golpeada cuando niña y hombre golpeado cuando niño.

Finalmente, dadas las evidencias empíricas existentes que respaldan una asociación significativa y positiva entre el poder de decisión de las mujeres y el riesgo de las mismas de sufrir violencia por su pareja, incorporamos el indicador del poder de decisión en el ámbito familiar de la mujer como otro factor explicativo del riesgo de violencia. y como, además, presumimos que la relación entre recursos y riesgo de violencia puede darse tanto por un efecto directo como a través de la relación que se da entre recursos y empoderamiento, revisamos cuáles interacciones entre indicadores de recursos y empoderamiento resultaban significativas e incorporamos en la regresión las tres que lo eran: interacción entre ingresos por trabajo de la mujer y poder de decisión, interacción entre la propiedad de la casa y poder de decisión e interacción entre la ideología de roles de género de la mujer y poder de decisión.

Resulta muy interesante ver cómo, si bien existen elementos comunes, cada tipo de violencia muestra un conjunto particular de factores explicativos que resultan importantes. Así, una misma variable independiente puede vincularse mucho con algún(os) tipo(s) de violencia y no guardar relación alguna con otros.

Las mujeres que pertenecen a un estrato socioeconómico muy bajo o bajo tienen un riesgo de violencia física, violencia sexual y violencia económica significativamente mayor al de las mujeres del estrato alto. Esto coincide con hallazgos de investigaciones previas; una posible explicación es que estos estratos socioeconómicos más bajos se caractericen por mayores carencias, las cuales propician una mayor aceptación y un mayor recurso a la violencia. Respecto del riesgo de violencia económica, también las mujeres en un estrato medio presentan un mayor riesgo que el de las mujeres en el estrato alto. Finalmente, no se observa una relación significativa entre la variable estrato socioeconómico y la violencia emocional.

La residencia urbana aumenta de manera significativa el riesgo de violencia emocional y de violencia económica, sin mostrar efectos significativos sobre la violencia física y la violencia sexual.

De manera similar, un mayor número de años de escolaridad de la mujer incrementa el riesgo de violencia emocional y de violencia económica, frente al riesgo de las mujeres sin escolaridad alguna. Por otra parte, cuando la escolaridad de la mujer es mayor en cinco o más años a la escolaridad de su pareja, el riesgo de violencia física es 1.2 veces mayor que cuando ambos miembros de la pareja tiene los mismos años de estudio. Estos resultados sustentan la hipótesis de que cuando la escolaridad de la mujer alcanza niveles por encima de lo normado socialmente, o cuando es significativamente mayor a la de su pareja, se torna en un elemento de desafío a la norma social tradicional y de potencial conflicto en la pareja.

Respecto de las variables incorporadas sobre antecedentes de violencia durante la infancia y en la familia de origen, se observa que todos ellos (golpes en la familia de origen, madre del esposo golpeada por su pareja, mujer golpeada cuando niña y hombre golpeado cuando niño) se asocian de manera significativa y positiva con el riesgo de los cuatro tipos de violencia; estos resultados son consistentes con la bibliografía e investigación existentes, que repetidamente señalan los antecedentes de violencia en la niñez como un factor de riesgo de violencia de pareja en la vida adulta.

Las variables de recursos incorporadas muestran un comportamiento más particular, con efectos bastante diferenciados dependiendo del tipo de violencia de que se trate.

La propiedad de la casa en manos de la mujer disminuye de manera significativa el riesgo de violencia física y de violencia económica, lo que plantearía la propiedad de la vivienda como un factor protector frente a estos dos tipos de violencia. Sin embargo, la interacción de esta variable con el poder de decisión en la familia de la mujer muestra un efecto positivo, que incrementa el riesgo de violencia física, económica, e incluso sexual. Ello evidencia una relación compleja entre propiedad y riesgo de violencia.

El hecho de que la mujer reciba ingresos por trabajo incrementa de manera significativa el riesgo de violencia sexual, en tanto que reduce mucho el riesgo de violencia económica. Al mismo tiempo, su interacción con el poder de decisión evidencia efectos positivos y significativos con el riesgo de violencia emocional, física y económica. Cabría pensar que, si bien el aporte económico (o contribución) que hace la mujer a la economía del hogar puede ser bien recibido, no por ello deja de plantear motivos de conflictos que, más allá de lo meramente económico, pueden manifestarse en otras esferas de la vida conyugal, como pueden ser la relación emocional o la sexual.

Cuando la mujer tiene con quien platicar se evidencia un aumento en el riesgo de violencia física, lo que posiblemente está relacionado con situaciones de celos y sospechas de infidelidad al mantener amistades propias. y cuando tiene a quién pedirle dinero prestado se observa un mayor riesgo de violencia económica. A su vez, cuando la mujer tiene quién la ayude a cuidar a los hijos, ello representa un factor protector que reduce el riesgo de violencia física, sexual y económica.

Finalmente, un solo indicador de recursos muestra el mismo efecto sobre los cuatro tipos de violencia: la asistencia a reuniones religiosas disminuye de manera significativa el riesgo de violencia emocional, física, sexual y económica. Esto, como ya señalábamos, podría responder al cultivo de actitudes más tradicionales de la mujer respecto de su pareja y al papel de estas actividades religiosas en la familia.

Por otra parte, cuando las mujeres tienen una ideología de roles de género más igualitaria, se incrementa el riesgo de sufrir todos los tipos de violencia, pero es particularmente importante el incremento que se observa en el riesgo de violencia económica: por cada incremento unitario en el valor del índice de roles de género, se incrementa 5.16 veces el riesgo de violencia económica.

En cuanto al papel de poder de decisión de las mujeres y la diferencia de hallazgos previos en torno al papel de este factor (Casique, 2008), los resultados en este caso apuntan a que un mayor poder de decisión en la esfera familiar incrementa de manera significativa sólo el riesgo de violencia económica, pero no se relaciona mucho con el riesgo de los otros tres tipos de violencia. la inclusión en este análisis de indicadores de recursos en manos de las mujeres, así como de la interacción entre algunos recursos y el poder de decisión en la esfera familiar, es posiblemente la causa del nuevo matiz que encontramos ahora en la relación entre poder de decisión en el ámbito familiar de las mujeres y riesgo de violencia. El efecto que antes atribuíamos al poder de decisión de las mujeres como factor que incrementaba el riesgo de los cuatro tipos de violencia, es ahora atribuido a la posesión o acceso a ciertos recursos, como el ingreso por trabajo y la propiedad de la vivienda, así como a la interacción de tales recursos con el poder de decisión familiar de las mujeres.

Por otra parte, la interacción entre el índice de roles de género y el índice de poder de decisión en la familia sólo es significativa, y positiva, para el caso de la violencia emocional. Es decir que, además del efecto directo que ejerce la ideología de roles de género (al incrementar el riesgo de los cuatro tipos de violencia), la interacción que se establece entre la misma y el poder de decisión familiar de las mujeres ejerce también un efecto positivo en el caso de la violencia emocional.

CONCLUSIONES

Es evidente que este trabajo deja muchas preguntas pendientes. Aun así, consideramos que aporta algunos hallazgos interesantes y sugiere algunas rutas a seguir para el análisis y comprensión de procesos sociales como el empoderamiento de las mujeres y la violencia de género.

Los resultados en torno a la vinculación entre recursos y poder de decisión en la familia de las mujeres evidencian el potencial de diversos recursos económicos y sociales como elementos que definitivamente favorecen un mayor poder de decisión de las mujeres. En particular destaca la relación positiva de la mayoría de los indicadores de recursos incluidos, siendo especialmente notable el efecto positivo de la propiedad de la vivienda y el contar con alguien que ayude a cuidar a los hijos. Ello subraya la importancia de promover políticas y legislaciones que favorezcan el acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos, y de la disponibilidad de indicadores que den seguimiento a esta situación.

Y si bien los resultados constatan una importante relación entre disponibilidad de recursos y poder de decisión respecto de la familia de las mujeres, también es cierto que son las variables de naturaleza socio–cultural planteadas las que parecen desempeñar el papel más determinante en la definición del poder de decisión de las mujeres. De los cuatro indicadores incluidos como factores socio–culturales (la mujer puede decidir si trabaja o no, la mujer puede decidir cuándo tener relaciones sexuales, ideología de roles de género de la mujer y carga de trabajo doméstico realizado por la mujer), los efectos más amplios corresponden a la ideología de roles de género y a si la mujer decide cuándo trabaja. Estos dos factores sobresalen por encima del conjunto de variables explicativas incorporadas en el análisis (sólo superados por el efecto de la edad de la mujer), con betas de 0.1696 y 0.1413, respectivamente, lo que evidencia la elevada relevancia de la dimensión socio–cultural en la definición del proceso de empoderamiento de las mujeres.

En cuanto al papel de los recursos y propiedad en manos de las mujeres respecto del riesgo de violencia en la pareja, los resultados evidencian que a veces éstos pueden desempeñar un papel protector frente a la violencia; pero en otras ocasiones, tanto en su efecto directo como en su interacción con el poder de decisión en la esfera familiar de las mujeres, pueden incrementar el riesgo de sufrir algunos tipos de violencia. En mi opinión, este doble papel denota la ambigüedad y contradicción que rodea muchas de las experiencias que se han ido incorporando en la vida de las mujeres, tales como el trabajo extradoméstico que, a pesar de ser frecuentes, no por ello están legitimadas en el sistema prevalente de géneros. y esto nos plantea la profunda necesidad de acompañar los procesos y políticas de empoderamiento de la mujer con campañas masivas de reeducación de hombres y mujeres en una cultura equitativa de género. Sólo así es posible crear un marco cultural en el cual los cambios hacia la equidad tengan una valoración positiva, permitiéndoles así ejercer efectos claros y definitivos en aras del bienestar de la mujer y de la familia.

Por último, en cuanto a los hallazgos en torno al papel de poder de decisión en la familia de las mujeres y su relación con el riesgo de sufrir violencia por la pareja, es importante la nueva visión que obtenemos de esta relación cuando en el análisis controlamos simultáneamente el efecto de los recursos en manos de las mujeres. Al hacerlo, se observa que un mayor poder de decisión de las mujeres efectivamente incrementa mucho el riesgo de violencia económica, pero no evidencia una relación importante con el riesgo de violencia emocional, física o sexual.

Este trabajo tiene limitaciones relevantes que es necesario mencionar. la primera de ellas es que la información analizada es de corte transversal, esto es, está referida a un solo momento en el tiempo, y no nos permite explorar los cambios que se dan a lo largo de la vida en la experiencia de los individuos. Otra gran limitante es que la encuesta empleada (Endireh 2003) sólo recoge información proporcionada por las mujeres, pero no incorpora a los hombres —sus reportes y sus interpretaciones—, ausencia que claramente afecta las posibilidades de un análisis más integral y completo en torno a las vinculaciones entre recursos, empoderamiento de las mujeres y violencia de género.

Otro aspecto que inevitablemente afecta los alcances de este trabajo es la calidad de los indicadores estimados para representar procesos de naturaleza tan compleja como el poder de decisión de las mujeres y su ideología de roles de género. aunque existen algunos problemas con las preguntas planteadas para medir cada uno de estos aspectos en la Endireh 2003, éstos son particularmente obvios en el caso de las preguntas planteadas para medir la actitud de las mujeres frente a los roles de género,⁴ lo que limita la capacidad explicativa de los indicadores estimados.

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Anexo 1 ESTIMACIÓN DEl ÍNDICE DE PODER DE DECISIÓN (ENDIREH 2003)

1) Basado en 13 preguntas En la pareja quién decide…

a) si la mujer debe o puede trabajar
b) Cómo se gasta o economiza el dinero del hogar
c) Qué se compra para la comida
d) sobre los permisos a los hijos(as)
e) sobre la educación de los hijos(as)
f ) si se sale de paseo y a dónde ]]> g) Qué hacer cuando los hijos se enferman
h) Comprar muebles, electrodomésticos o coche
i) Cambiarse o mudarse de casa y/o ciudad
j) Cuántos hijos tener
k) si se usan anticonceptivos
l) Quién debe usar los anticonceptivos
m) Cuándo tener relaciones sexuales

Posibles respuestas: sólo el esposo, ambos, sólo la mujer Valores asignados : 0 1 2

2) Resultados de análisis factorial (componentes principales):

Cuatro diferentes dimensiones representadas ]]> Dimensión 1: Decisiones sobre la crianza de los hijos (d) (e) (f) (g)
Dimensión 2: Decisiones reproductivas (j) (k) (l)
Dimensión 3: gastos mayores (h) (i)
Dimensión 4: gastos cotidianos (b) (c)
Dos variables se eliminan por baja comunalidad: (a) y (m)

3) Índice de poder de decisión=

0.50 (Factor 1) + 0.20 (Factor 2) + 0.16 (Factor 3) + 0.14 (Factor 4)

Valores del índice: 0 to 10 — Media= 4.80 — Alpha= 0.77

Anexo 2 ESTIMACIÓN DEl ÍNDICE DE ROLES DE GÉNERO (ENDIREH 2003)

a) ¿Una buena esposa debe obedecer a su marido en todo lo que él ordene?
b) ¿Una mujer puede escoger sus amistades aunque a su esposo no le guste?
c) si el sueldo del esposo alcanza, ¿la mujer es libre de decidir si quiere trabajar?
d) ¿El hombre debe responzabilizarse de todos los gastos de la familia?
e) ¿Una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para ganar dinero?
f) ¿Es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera?
g) ¿la responsabilidad de los hijos e hijas debe compartirse si los dos trabajan?
h) Cuando la mujer no cumple con sus obligaciones, ¿el marido tiene derecho de pegarle?

Posibles respuestas: sí, no, depende. ]]> Valores asignados: 1 a la respuesta que subordina la mujer al hombre, 2 para "depende" (respuesta intermedia), 3 para la respuesta que otorga similar valor al hombre y la mujer.

2) Análisis factorial:

Dos variables deben ser eliminadas por baja correlación con el factor: (d) y (g)

Un solo factor o dimensión representa a los ítems.

3) Índice de roles de género = suma de valores en (a), (b), (c), (e), (f) y (h)

Rango de valores: 0 a 18 Media = 15.20 alpha de Cronbach = 0.66

Anexo 3 ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE GENERAL DE PARTICIPACIÓN EN El TRABAJO DEL HOGAR DE LA MUJER

2. Estimación del índice parcial de trabajos de cuidados y mantenimiento

Índice de cuidados y mantenimientos (individuo xi)=
Cuánto participa en cuidado de los hijos (individuo xi)+
Cuánto participa en cuidado de ancianos (individuo xi)+
Cuánto participa en realización de trámites (individuo xi)+
Cuánto participa en reparaciones (individuo xi). Media de las mujeres = 3.39

Índice general de participación en el trabajo del hogar (mujer)=
0.65 [Cuánto participa en tareas domésticas (mujer)(estandarizado)]+
0.35 [índice de cuidados y mantenimiento de la mujer (estandarizado)]
Rango de valores del índice: de 0 a 1
Media (mujer)=0.73

Notas

² Tanto el indicador de si la mujer puede decidir si trabaja o no, como el de si la mujer puede decidir cuándo tener relaciones sexuales fueron considerados para su inclusión en el índice de poder de decisión de la mujer (Casique, 2005), pero el análisis factorial los ubica como ítems conceptualmente distanciados del conjunto de elementos que integran dicho índice, por lo cual son planteados como variables diferenciadas.

³ Originalmente la Endireh 2003 indaga sobre ocho tareas domésticas, pero tres de ellas (acarreo de leña, limpieza del corral y atención del huerto o animales) sólo son propias del ámbito rural, por lo que no existe información al respecto para 77% de la muestra. De ahí que el índice estimado de participación en el trabajo doméstico sólo considere las cinco tareas comunes a hogares urbanos y rurales, en aras de evaluar con un marco común a todos los individuos.

⁴ Véase Casique, 2008.