Espacio local y diferenciación social en la ciudad de México

Local Space and Social Differentiation in Mexico City

Patricia Ramírez Kuri*

* Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Temas de especialización: ciudad, espacio público, construcción de ciudadanía. Dirección: circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, México, D. F., C. P. 04510. Teléfono: 5622 7400, ext. 323; correo electrónico: patricia.ramirez@servidor.unam.mx.

Recibido: 11 de octubre de 2006.
Aceptado: 30 de julio de 2007.

Resumen

En este texto se reflexiona sobre lo local como escala de análisis estratégica de procesos sociales, económicos, culturales y políticos que se producen en el espacio urbano y modifican la imagen, los significados, los usos, las funciones y la estructura de la ciudad. La reflexión se sitúa en el ámbito local de la ciudad de México, capital del país, con base en la investigación realizada en Coyoacán, lugar histórico y centro geográfico del Distrito Federal, donde convergen procesos y problemas urbanos que subrayan las formas de segregación y de exclusión social, la desigualdad y la conflictividad derivada del nuevo orden económico.

Palabras clave: ciudad, espacio local, espacio público, segregación social, informalidad.

Abstract

This text reflects on local issues as a strategic scale of analysis for social, economic, cultural and political processes that are produced in the urban space and modify the image, meanings, uses, functions and structures of the city. The reflection is situated in the local sphere of Mexico City, the capital of the country, based on research undertaken in Coyoacan, a historic site and geographical center of the Federal District, where urban processes and problems converge that emphasize the forms of segregation and social exclusion, inequality and conflicts derived from the new economic order.

INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de la sociedad, del Estado y de la economía que marcan el tránsito del siglo XX al siglo XXI, provocan cambios sin precedentes en territorios, regiones y localidades. Estos cambios se condensan con diferencias y particularidades en las grandes ciudades en distintas partes del mundo, alterando las diferenciaciones socioespaciales preexistentes, las actividades humanas y el significado de los lugares y las localidades donde habita y se relaciona la gente. El concepto de local o localidad se ha definido como contexto de interacción social, de identificación simbólica y de actividad, producto de condiciones histórico-geográficas y de prácticas individuales y colectivas inscritas en el entorno construido (Soja, 2004).¹

Hablar de espacio local en la ciudad alude a lugares donde habita la gente y se construyen formas diferentes de relación y de organización de la vida social que trascienden los límites geopolíticos. En este proceso se desarrollan actividades cotidianas y rituales, se crean formas de intercambio, de cooperación, de participación y de representación, vínculos de pertenencia, lazos afectivos y de confianza. Con la trama de relaciones y códigos que cohesionan al interior a grupos distintos e incluso antagónicos, surgen necesidades, demandas e intereses diferentes, así como discrepancias, conflictos y fracturas entre actores sociales. Pero los elementos materiales y simbólicos que configuran el entorno urbano local y la trama de relaciones que en éste se construye, no son fijos, cambian de manera continua, dejando huella en la memoria y en la historia social de lugares, ciudades o regiones.

Con esta perspectiva, pensamos lo local como "un logro social inherentemente frágil" que requiere atención por ser la escala microgeográfica donde se crean comunidades situadas y sujetos locales, pero también debido a que se produce de manera conflictiva porque es el contexto donde convergen fuerzas antagónicas locales y translocales, y donde en la actualidad repercuten problemáticamente procesos regionales, nacionales y globales (Appadurai, 2001:188). En efecto, la condición relacional que define a lo local responde a procesos más amplios, económicos y de mercado; a relaciones de intercambio de bienes y servicios, así como a prácticas socioculturales y políticas que influyen en las formas de sociabilidad, de cooperación, de poder y de conflicto que unen o separan a los miembros de la sociedad local. Estas relaciones impulsan o limitan el desarrollo de formas organizativas que en unos casos generan acuerdos y compromisos en torno a asuntos de interés común entre actores diferentes que participan en el diseño de políticas, en decisiones públicas y en acciones orientadas a solucionar problemas compartidos. En otros casos, derivan en discrepancias de carácter irreconciliable resultado de concepciones, intereses y demandas contrapuestas, lo que tiende a erosionar los vínculos sociales, la comunicación entre ciudadanos y las relaciones de confianza entre éstos y las instituciones.

El debate sobre la importancia de la dimensión local de la vida urbana reemerge en las últimas tres décadas, asociado a los efectos segregadores y excluyentes de los "nuevos" procesos urbanos que reconfiguran el espacio de lugares e imponen la tendencia al predominio del espacio de flujos reales y virtuales (Castells, 1997). En este debate se distingue el énfasis en la espacialidad de los fenómenos sociales porque condensa configuraciones particulares de relaciones, de formas construidas y de actividades, pero también porque el espacio es resultado de dinámicas de cambios y de acciones intencionales, que producen contradicciones y conflictos y expresan el contenido político y cultural inherente a las prácticas humanas (Lefebvre, 1994; ibid., 1997; Harvey, 1997; Soja, 2004).² El territorio se valora como lugar de inscripción de la cultura y como "soporte de la memoria colectiva" que reúne elementos geo-simbólicos e identitarios inscritos en el entorno construido (Giménez, 2000). Estos elementos son expresión y resultado de concepciones y prácticas sociales localizadas que producen formaciones físico-sociales diferentes, que influyen en la experiencia cotidiana de la gente y en la construcción de distintos significados asignados a los lugares donde transcurre la vida social.

En la actualidad, la discusión teórico-metodológica en torno a los espacios locales y regionales, abre nuevas interrogantes que tienen que ver con la manera como los comprendemos y los representamos en circunstancias de articulación global y en el contexto de cambios en la estructura económica, en las formas de organización social, política y cultural. Podemos señalar que tanto el espacio local como la región son formas de representación espacial heterogéneas e interconectadas. Son contextos constituidos por realidades sociales, culturales e históricas diferenciadas, resultado de "la apropiación simbólico-expresiva del espacio", que en el caso de la región se construye con frecuencia superpuesta a delimitaciones geopolíticas y económicas (Giménez, 2000: 27). Pero mientras lo regional alude a escalas físico-sociales que abarcan diversas localidades y pueden cruzar espacios intraurbanos, intranacionales y transnacionales, lo local representa a la micro-sociedad, donde la proximidad física entre residentes y usuarios, como entre ciudadanos e instituciones es un atributo que propicia la existencia de relaciones cara a cara. Estas relaciones estimulan la participación ciudadana en asuntos de interés general como en la solución de problemas derivados de las diferencias e inequidades existentes en el acceso al sistema de recursos sociales y urbanos de la ciudad (Ziccardi, 1995; Safa, 1998; Ramírez, 2000).

En distintas ciudades capitales de América Latina, lo regional y lo local son contextos de escala muy diferente, que revelan realidades histórico-sociales y problemáticas complejas de la sociedad que las produce. En la ciudad de México, el espacio local tiene un papel activo en la experiencia cotidiana de la gente como proveedor de condiciones sociales específicas para la creación, la alteración o la disolución de lazos sociales, de identidades urbanas, de formas organizativas y participativas. En este contexto, la desigualdad en el ingreso y en el acceso a bienes públicos, la informalidad, la precariedad en el empleo y la inseguridad revelan tendencias fragmentadoras en la organización del espacio urbano. Las condiciones socialmente diferenciadas y conflictivas en que se produce y se transforma la ciudad, plantean desafíos a la investigación social, a la gestión urbana, a la ciudadanía y a las instituciones, así como al diseño y aplicación de políticas públicas.

Históricamente la ciudad de México se ha transformado de manera continua bajo el impulso de procesos locales, regionales y mundiales. En el curso de las últimas tres décadas, estos procesos provocan nuevas realidades que se yuxtaponen o reemplazan a las preexistentes y reconfiguran la imagen, la estructura y las funciones urbanas. Entre estas realidades se distingue la conformación de una megalópolis, el surgimiento de nuevas centralidades urbanas, la tendencia a la terciarización de la economía y la expansión de la pobreza urbana. La continuidad de la urbanización a gran escala en este periodo está asociada a interconexiones locales-globales, al resurgimiento de identidades locales, a la reemergencia de demandas ciudadanas y a cambios en la relación Estado-sociedad. Algunos de los efectos de estos procesos se expresan tanto en la morfología física y social, en los usos del entorno construido, en las actividades y prácticas cotidianas de los habitantes, como en la relación que éstos establecen con las instituciones.

En la actualidad la ciudad de México representa un territorio urbano-regional sin límites precisos que rebasa las dimensiones metropolitanas y se interconecta de manera segmentada con otras regiones y ciudades del país y del mundo. Al constituirse en el último cuarto de siglo en un subsistema urbano en la región centro del país, la ciudad se ha transformado en una megalópolis que abarca el Distrito Federal y diversos municipios de los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Morelos (Garza, 2000).³ Esta megaciudad se encuentra estructurada por un complejo entramado de lugares, de redes sociales, de interacciones y actividades locales y mundiales, de flujos de población, de capital, de comunicación, de información y de imágenes. En este universo urbano, social y espacialmente diferenciado, la metrópoli se extiende en una superficie estimada que rebasa los 4 500 kilómetros cuadrados, donde en la mitad de la primera década del siglo XXI habitan 18 millones y medio de personas (cuadro 1). En el interior de este territorio pueden identificarse subregiones y microrregiones que se superponen a las delimitaciones formales y que no coinciden con las fronteras políticas interiores. Estos espacios comparten rasgos histórico-geográficos, cambios introducidos por la urbanización, conflictos por el uso y control del espacio y problemáticas socioculturales y ambientales específicas.

El Distrito Federal, capital del país y sede del gobierno federal, ocupa aproximadamente la tercera parte del territorio metropolitano y concentra poco menos de la mitad de la población. Ésta se distribuye diferenciadamente en 16 delegaciones que representan las subdivisiones político-jurídicas básicas de la organización territorial de la capital del país. La mayoría de las delegaciones comienzan a constituirse en 1928 a raíz de la reforma constitucional que en ese año suprimió el régimen municipal en la ciudad de México, asignando el gobierno de este territorio al Ejecutivo federal y desapareciendo con esta medida el poder local representativo de la capital y de los ayuntamientos (Ziccardi, 1993; Perló, 2003). Éste es el caso de la delegación Coyoacán, creada en el mismo año en la periferia sur de la capital del país. Su ubicación fuera de los límites de la entonces ciudad central, se mantiene formalmente durante las siguientes cuatro décadas de expansión urbana acelerada. En estas circunstancias, la delegación Coyoacán transita de espacio periférico a centro geográfico de la capital del país.

Esta situación se formaliza en la década de los setenta, cuando se reconoce de manera oficial que los límites de la ciudad de México coinciden con los del Distrito Federal, y cuando la Ley orgánica establece la creación de cuatro nuevas delegaciones, integrando así el núcleo central de la capital a las doce delegaciones ya existentes y trazando con estos cambios la división política actual (Garza, 2000).⁴

En la forma de organización territorial del Distrito Federal que prevalece de 1928 hasta la última década del siglo XX, los representantes políticos del Distrito Federal al igual que los de las delegaciones, en lugar de ser elegidos localmente por los habitantes, fueron electos por el presidente de la República. En ese periodo, a diferencia de las ciudades y municipios de los estados, en la capital destaca la ausencia de "gobernador, ayuntamientos y representación directa", lo que refleja la existencia de un "vacío constitucional" que entre otras cosas impuso limitaciones a las formas participativas orientadas a generar vínculos entre ciudadanos y autoridades (Martínez Assad, 2004:136). A partir de entonces esta situación comienza a mostrar cambios notables que se expresan en la primera elección democrática, en 1997, del jefe de gobierno de la capital, y en 2000 con la elección de los delegados políticos de las 16 delegaciones, en circunstancias de alternancia en el gobierno federal (Ziccardi, 1998; Martínez Assad, 2004).

Estos cambios son resultado de procesos participativos y de apertura institucional, que desde los años ochenta muestran la presencia en la vida pública de la ciudadanía organizada en demanda de "un gobierno propio y de la ampliación de los derechos políticos" (Sánchez-Mejorada y Álvarez Enríquez, 2002: 532). Representan logros significativos en la construcción aún incipiente de una vida pública democrática y en la ampliación de espacios de cooperación entre organizaciones sociales e instituciones, en cuestiones de desarrollo social. Sin embargo, sus alcances son limitados al concentrarse en la cuestión electoral, mientras permanece inconclusa la reforma política, y se desplaza a segundo plano la necesaria transformación de la estructura centralizada de gobierno y la creación de una política integral de participación ciudadana, entre otros temas (ibid., 2002). El diseño y la puesta en práctica de políticas sociales reemergen orientados a contrarrestar los efectos fragmentado-res y excluyentes de los procesos urbanos recientes, que han subrayado las desigualdades en el acceso a los bienes públicos.

En este contexto se debaten los problemas de la organización político-territorial del Distrito Federal, que establece la delimitación de las 16 delegaciones que lo integran. Se destaca, de una parte, que las delegaciones, al estar delimitadas y formalmente establecidas con criterios político-administrativos, han actuado como ámbitos locales de gobierno, pero desprovistas de las condiciones político-jurídicas de autonomía asignadas a los municipios en el país. Por ello, se reconoce que como organismos desconcentrados del gobierno central de la capital, las delegaciones "asumen un amplio número de funciones de gestión urbana, aunque en general presentan grandes carencias en términos de disponibilidad de recursos humanos y financieros", lo que limita su constitución en "auténticos gobiernos locales". Esta situación, asociada al predominio de una estructura vertical y burocrática en el gobierno de la ciudad, restringe la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas y la construcción de formas de gobernabilidad democrática (Ziccardi, 1998: 81).

Las diferencias que se expresan en el espacio local de cada delegación reflejan la diversidad cultural y política, la desigualdad socioeconómica que distingue a la ciudad de México y las consecuencias directas o indirectas de procesos urbanos translocales que no sólo provocan interconexiones e intercambios, sino también desconexiones materiales y virtuales. Estos procesos son resultado de relaciones de producción y de consumo; de prácticas sociales, económicas, políticas, institucionales y mediáticas; de formas de organización, de comunicación y de información; así como de formas de gobierno, de gestión urbana y de distribución de recursos y bienes públicos. Las condiciones desiguales de desarrollo urbano y de bienestar social producidas por estas relaciones generan diferenciaciones sociales, formas distintas de inclusión para unos sectores de la población; mientras que para otros, provocan experiencias de segregación, de exclusión, de aislamiento y/o dispersión de las comunidades y microsociedades que los habitan.

Las delegaciones políticas que integran el Distrito Federal son espacios locales donde convergen modernización urbana y terciarización económica con formas de segregación, con fenómenos de informalidad, de migración, de pobreza, de inseguridad y violencia, entre otros factores que trascienden los límites geográficos y político-administrativos locales, regionales y nacionales. Estos fenómenos se inscriben en el nuevo orden económico y reflejan formas cada vez más diversas y segmentadas de interconexión entre realidades micro, meso y macro sociales. Son realidades urbanas que se producen localmente y adquieren visibilidad en los espacios públicos, donde aparecen formas muy distintas de apropiación del espacio urbano y de construcción de ciudadanía.

COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Interesa aproximarse a la delegación Coyoacán como espacio local producido socialmente que revela, en su forma urbana, diferentes estructuras, jerarquías y divisiones resultado de prácticas individuales y colectivas. En la producción social del espacio en Coyoacán se distingue su origen prehispánico,⁵ su configuración urbana colonial y sucesivas transformaciones impulsadas por la modernidad del siglo XIX y por la modernización urbana del XX. De manera esquemática destacan dos cuestiones en este proceso. La primera es que en la época prehispánica Coyoacán fue un importante centro de población, de producción agrícola y de intercambio comercial con la ciudad de Tenochtitlán, que sostenía a través de una incipiente estructura urbana.⁶ Durante los tres siglos del periodo colonial, conserva esta función que se desarrolla a través de haciendas y ranchos, unidades productivas principales, entre las que destacan las de Coapa y San Antonio, que abastecían de diversos productos (cereales, frutas, flores y legumbres) a la capital de la Nueva España. La segunda cuestión es que la localización estratégica de Coyoacán al sur de la ciudad antigua favoreció que su territorio fuera sede de los poderes coloniales, estableciéndose el cuartel general de Hernán cortés en 1521 y el primer ayuntamiento de la cuenca de México. Coyoacán se consolida como lugar de residencia de la élite española y como proveedor e intermediario en la comercialización de sal y productos agrícolas con la capital (Díaz del Castillo, 1944; Orozco y Berra, 1973; Sosa, 1984).

A partir de entonces, Coyoacán adquiere importancia jurídico-política frente a la capital y se configura el perfil arquitectónico colonial, que se superpone a los elementos prehispánicos. Más de un siglo posterior a la conquista, a partir de la segunda mitad del siglo XVII y durante el siglo XVIII, fue cuando Coyoacán adquirió la traza y arquitectura colonial que distinguen en la actualidad a su centro histórico y a los pueblos y barrios antiguos⁷ (ibid., 1973 y 1984).

El siglo XIX condensa cambios profundos que tienen que ver con la formación del Estado moderno y su impacto en la organización político-territorial del país y de la ciudad de México. Ésta fue declarada en 1824 residencia oficial de los poderes federales y desde entonces forma parte del Distrito Federal, creado en el mismo año por el congreso constituyente. En el curso de la segunda mitad del siglo XIX y en un contexto de inestabilidad política, los límites y la división territorial del Distrito Federal se encuentran sujetos a una serie de cambios dependiendo del sistema de gobierno imperante. Se ha señalado que entonces la ciudad de México estaba dividida en cuarteles y el distrito, mientras que su régimen interior se dividía en prefecturas, siendo Coyoacán una de ellas. Estas prefecturas estaban integradas por municipalidades, pueblos, villas, congregaciones, haciendas y ranchos (De Gortari y Hernández, 1988). En este periodo, la ciudad de México recupera su poder centralizador y de dominio en el territorio nacional; además se establecieron las bases de un poder fuerte que impulsa una nueva reordenación del país a partir del centro, primero con el liberalismo de Juárez y posteriormente con la dictadura de Porfirio Díaz, respaldada en el discurso modernizador asumido en gran medida como sinónimo de progreso social (Moreno Toscano y Florescano, 1977). La capital se consolida además como el centro económico más importante del país, en términos de producción, circulación y consumo de mercancías (Garza, 2000).

En este periodo comenzó la expansión urbana de la ciudad, absorbiendo el entorno rural que rodeó a la capital desde la Colonia hasta las tres primeras décadas del siglo XX. En Coyoacán este proceso se expresa con la creación en 1890 de la Colonia del Carmen, en el centro histórico de la delegación. A partir de entonces comienza ya en el siglo XX la dinámica de poblamiento, pero la ocupación intensiva es posterior a la Revolución de 1910. La etapa de mayor crecimiento urbano fue desde los años cuarenta y hasta finalizar la década de los setenta, como resultado de la incorporación al proceso de urbanización de espacios que previamente formaron parte de pueblos, ejidos, tierras comunales, haciendas y barrios, cuya extensión en algunos casos incluso rebasaba los límites político-administrativos de la delegación.

La disputa por el espacio emerge en estas circunstancias como uno de los elementos fundamentales en la definición del orden social urbano al interior, mostrando la yuxtaposición de tradición y modernidad y la convergencia de modernización y precariedad. En este proceso intervienen distintos actores que modifican el entorno construido y los usos públicos, privados y sociales: instituciones centrales y federales; agentes inmobiliarios y financieros; organizaciones sindicales, migrantes rurales y pobres urbanos; sectores populares y grupos sociales medios y altos; profesionales, urbanistas y planificadores.

La transformación urbana de Coyoacán en espacio de lugares de residencia de individuos y grupos provenientes de distintas localidades o regiones de la ciudad y del país, ha estado estrechamente asociada a la creación de comunidades locales diferentes. Éstas han generado vínculos de apego y pertenencia hacia los espacios que habitan, a partir de la construcción y/o apropiación simbólica de referentes históricos e identitarios inscritos en el entorno local y en la memoria de generaciones distintas de residentes (Safa, 1998). Se distingue con esto tanto el surgimiento de formaciones físico-sociales específicas, como tensiones, movilizaciones y conflictos inherentes al desarrollo tanto de diversas actividades como de formas organizativas y participativas: estudiantiles, laborales, vecinales, condominales, ambientales y patrimoniales, entre otras. Éstas se han pronunciado en favor de la reivindicación de demandas ciudadanas, impulsando la apertura de espacios de participación en la vida pública de la ciudad, lo que ha influido –en unos casos más que en otros– en el diseño e instrumentación de políticas urbanas. El Coyoacán contemporáneo está configurado predominantemente por las formaciones socioespaciales producidas en la segunda mitad del siglo XX, siendo expresión y resultado de intervenciones y acciones públicas, privadas y sociales. con estas formaciones urbanas coexisten en la actualidad lugares y fragmentos espaciales dispersos –pueblos, barrios y colonias antiguas–, entre los que destaca el centro histórico de Coyoacán, que evoca el pasado prehispánico, colonial y preindustrial que antecedió a los cambios sucesivos impulsados por la urbanización del último siglo.

DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO LOCAL

En la segunda mitad del siglo XX se distinguen dos procesos sociales que transforman la estructura social y la morfología urbana de la ciudad de México y de Coyoacán. El primero está representado por la industrialización que desde la década de los cuarenta y hasta finales de los años setenta impulsó el crecimiento urbano acelerado de la capital del país, en el contexto de fortalecimiento del Estado social y corporativo (Garza y Damián, 1991, y Ziccardi, 1998). El segundo está representado por la terciarización económica, en circunstancias de articulación global y de capitalismo flexible del último cuarto de siglo, asociado a la transformación de la relación Estado-sociedad (Beck, 1998; Castells, 1997; Sennett, 2000). Se presentan de manera esquemática algunos de los fenómenos derivados de estos procesos que en Coyoacán alteran el orden social preexistente e impulsan nuevas diferenciaciones y apropiaciones espaciales.

En el primer proceso que podemos situar entre 1940 y 1980, el papel del Estado fue fundamental en la reproducción de funciones del núcleo central hacia la periferia. Distintos autores explican que el Estado, al actuar como impulsor y promotor de infraestructura y servicios, crea condiciones favorables para el desarrollo urbano y para la expansión territorial, en los que intervienen fenómenos especulativos y mecanismos legales e ilegales en el acceso al suelo, vivienda y servicios urbanos (Garza y Damián, 1991; Duhau, 1991; Schteingart, 1991; Ziccardi, 1991). La urbanización acelerada impulsada por la industrialización en la ciudad de México, marca la pauta para la articulación socioterritorial de Coyoacán a la dinámica expansiva y modernizadora de la ciudad. Destaca, de una parte, la ampliación de grupos de ingresos medios con mayor capacidad de consumo, lo que jugó un papel relevante en la ampliación del mercado urbano del suelo y, de otra parte, la participación de migrantes rurales y pobres urbanos en procesos autogestivos y acciones colectivas de acceso a suelo, vivienda y servicios públicos, impulsó la urbanización popular (Azuela, 1989 y 1997; Duhau, 1991). Frente a esta forma de urbanización se origina una política de apoyo a los asentamientos irregulares por medio de la creación, en la década de los setenta, de instituciones responsables de regularizar la tenencia de la tierra (Duhau, 1994; Schteingart, 2001).

En la reconfiguración de la delegación Coyoacán convergen estos aspectos que se expresan en la apropiación del espacio local para usos y funciones predominantemente habitacionales. De manera paralela, se desarrollan proyectos urbanísticos de carácter público, que se materializan en conjuntos plurifamiliares de vivienda de interés social, en la expansión de la infraestructura vial, de abasto, de salud y de educación pública. Se distingue la creación de sedes de funciones educativas y culturales a nivel medio y superior, de alcance regional en la ciudad y en el país. Éste es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México (1953), en el sur poniente de la delegación, que traslada a este espacio local actores, actividades y prácticas socioculturales previamente concentrados en el centro histórico de la entonces ciudad interior. Estos cambios en la fisonomía urbana están estrechamente asociados al acelerado crecimiento demográfico en el Distrito Federal, impulsado por el fenómeno migratorio rural-urbano e intraurbano. En Coyoacán éste es el principal generador del incremento ocurrido entre 1940, cuando habitaban la delegación 35 248 personas, en su mayoría concentradas en aproximadamente la quinta parte del territorio actual, y 1980, año en que la delegación registra cerca de 600 000 habitantes en un espacio completamente urbanizado (Ramírez, 2007).

En la gráfica 1, se observa que en las últimas dos décadas del siglo XX comienza a revertirse este fenómeno, mostrando en la primera década del XXI una clara tendencia decreciente al registrar un incremento notablemente menor en comparación con las décadas anteriores. Coyoacán comparte esta tendencia con las cuatro delegaciones centrales del Distrito Federal, que incluso registran crecimiento negativo y que en las últimas tres décadas del siglo XX perdieron 41.8% de su población (Duhau, 2003). Coyoacán en este periodo se distingue por dos cuestiones específicas que influyen en la producción del espacio local y en la vida urbana del Distrito Federal. La primera es que emergen formas de participación y de organización que tienen impacto más allá de las fronteras delegacionales.

La segunda cuestión es la configuración de una geografía social desigual y heterogénea, que se distingue por un centro geográfico que se consolida como periferia social, mientras que en los límites geopolíticos se desarrollan espacios socialmente centrales. Me refiero con esto a que, por una parte, se desarrollan nuevas centralidades urbanas en las fronteras políticas al poniente, norte y sur, en colindancia e interconectadas con las delegaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez y Tlalpan respectivamente. Estas fronteras son más heterogéneas que otros espacios de Coyoacán, por el continuo movimiento y actividad translocal, aún circunscritos fundamentalmente a las delegaciones del Distrito Federal, y por estar habitadas por una mezcla tanto de grupos medios, medio-altos y altos como por sectores populares. Por otro lado, se distingue un centro geográfico socialmente periférico, en la zona de los Pedregales, que se prolonga hacia el sur concentrando a los sectores populares y a los grupos sociales más pobres.¹⁰ Éste presenta hasta entonces mayor homogeneidad social y comparte con las colonias populares ubicadas en la franja oriente en la zona de los Culhuacanes –en límites con la delegación Iztapalapa–, irregularidades en la propiedad del suelo, precariedad en la vivienda y grandes carencias en la provisión de infraestructura y servicios públicos. Entre unas y otras se extienden colonias nuevas y antiguas como algunos pueblos y barrios históricos dispersos, habitados predominantemente por sectores populares y por grupos sociales medios (véase mapa de referencia).

El segundo proceso se sitúa en el contexto de la globalización de las últimas décadas y está representado por modificaciones estructurales en la economía y por cambios en el papel del Estado frente a la sociedad. En el espacio urbano de la ciudad de México convergen las consecuencias sociales de las políticas de ajuste estructural inscritas en el nuevo orden económico neoliberal, destacando además de la proliferación de actividades terciarias, la privatización en las formas de acceso a bienes públicos y el desarrollo de la informalidad (Ziccardi, 1995 y 1998). En el periodo que abarca de 1980 a 2005, la terciarización de las actividades urbanas y la expansión de la economía de mercado se desarrollan de manera paralela a la tendencia a la desindustrialización de la capital del país, en unos casos a través de la relocalización de sedes industriales fuera del Distrito Federal y en otros a causa de la desaparición de industrias manufactureras.

En este periodo surgen nuevas formaciones físico-sociales y se amplían otras preexistentes como resultado de prácticas sociales, de estrategias y de actividades urbanas asociadas a la expansión selectiva, diferenciada y segmentada del comercio, de los servicios y del consumo. Destacan, por un lado, aquellas formaciones impulsadas por estrategias económicas y de trabajo promovidas y desarrolladas por empresas corporativas, por actores monopólicos, por agentes privados comerciales, financieros e inmobiliarios y por acuerdos público-privados. Éstos se concentran en las centralidades modernas así como en los centros urbanos tradicionales de la metrópoli, donde se desarrollan servicios profesionales especializados, vinculados no sólo a las nuevas tecnologías de la información y a los medios de comunicación, sino también a diversas actividades comerciales. En contraste y coexistiendo con las anteriores, se distingue la expansión de formaciones físico-sociales producto de un amplio repertorio de estrategias alternativas de trabajo, de ocupación, de búsqueda de ingreso y de formas de sobrevivencia impulsadas por actores en condiciones sociales desventajosas, de subempleo, de desempleo, y de pobreza urbana. El ejemplo más visible es la informalidad y el ambulantaje en el espacio público urbano: calles, avenidas, plazas públicas, parques, paraderos y estaciones de transporte colectivo.

El modelo de ciudad que emerge a partir de los años ochenta y durante la década de los noventa, pretende responder a la disminución de la acción estatal y al nuevo orden económico, estableciendo condiciones de apertura al libre mercado del suelo urbano. Este modelo se apoyó en estrategias de reordenamiento urbano resultado de negociaciones, acuerdos y acciones público-privados entre el gobierno de la ciudad, los empresarios privados y en algunos casos con la participación de diversos grupos de ciudadanos –principalmente de niveles de ingreso medio y alto– que se pronunciaron en oposición a estas estrategias y en defensa de sus intereses patrimoniales y de calidad de vida en el entorno local. Esta política urbana tuvo como prioridad la búsqueda de solvencia del gobierno de la ciudad y la reactivación de la economía urbana. De manera explícita los objetivos de esta política fueron los siguientes: a) sanear las finanzas públicas; b) redensificar los espacios a través de acciones de renovación, modernización y refuncionalización; c) limitar la expansión horizontal de la ciudad y, d) equilibrar las condiciones desiguales de infraestructura y de inversión en la ciudad.¹¹

Entre las estrategias para lograr estos objetivos destacan tres: la primera es la flexibilización en los usos del suelo y en el otorgamiento de licencias de construcción. Se orientó a convencer al capital inmobiliario de invertir no sólo en áreas nuevas sino también en localidades tradicionales con potencial para incorporarlas a la dinámica de renovación y modernización urbana. Esto, con objeto de redensificar zonas habitacionales en entornos urbanos consolidados, propiciando una oferta adicional de vivienda así como un aumento en la utilidad de los promotores inmobiliarios.¹² Esta medida fue central en la reactivación del mercado del suelo y actuó como motor dinamizador de la economía urbana. La segunda estrategia es el sistema de transferencia de potencial, que se aplicó fundamentalmente a proyectos de regeneración urbana y consistió en la autorización a inversionistas privados y desarrolladores inmobiliarios para construir niveles por encima de las normas de uso de suelo establecidas. Este mecanismo se llevó a cabo mediante un "pago compensatorio" que el gobierno de la ciudad destinó a la renovación de entornos urbanos cuya reconstrucción exigía y exige grandes inversiones de capital. El plan de rescate y restauración del centro histórico de la ciudad de México se apoyó en la aplicación de este sistema.¹³ La tercera estrategia fue la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo controlado, que ya se habían incluido en el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal 1987-1988. Se trata de acuerdos que son resultado de decisiones negociadas entre organizaciones sociales de la comunidad participante y el gobierno de la ciudad, orientadas a conservar el uso habitacional en localidades específicas, con el objeto de limitar y controlar el desarrollo urbano durante 10 o 15 años. Los 62 acuerdos existentes adquieren en 1997 el carácter de Programas Parciales y son incorporados a los Programas de Desarrollo urbano de las delegaciones donde se constituyeron.¹⁴ Estos instrumentos de planeación local, en la década de los noventa actuaron con alternativas para canalizar los conflictos de intereses surgidos entre vecinos, inversionistas e instancias gubernamentales, a raíz del auge de proyectos transformadores y de acciones directas en el entorno construido de la ciudad.

En particular la flexibilización del uso del suelo y la transferencia de potencial, además de proporcionar recursos a la ciudad, resultaron en un auge inmobiliario sin precedentes. A través de inversiones directas de capital privado en el entorno urbano e incorporando operaciones de financiamiento bancario mediante créditos hipotecarios, se incorporó a una parte de la ciudad y a las localidades que la integran al impulso modernizador. Estas estrategias atrajeron capitales especulativos y comprometieron intereses privados en lugares centrales y estratégicos, de fácil acceso, comunicación y con atractivo potencial inmobiliario. Una consecuencia fue que los nuevos proyectos urbanos, particularmente los comerciales, reforzaron el modelo concentrador y generaron una descentralización de funciones y actividades muy relativa. Los lineamientos del libre mercado se impusieron en este proceso que ha tenido un impacto innovador pero también fragmentador en la capital del país (Ramírez, 2007). Las estrategias urbanas de densificación, regeneración, renovación y refuncionalización fueron las más debatidas porque facilitaron el papel del libre mercado como conductor de la organización del territorio urbano y tuvieron un impacto directo en la imagen, en la forma y en la función urbana con el desarrollo de grandes proyectos urbanísticos para la creación de espacios residenciales, corporativos y comerciales. Entre estos destaca Santa Fe, en la delegación Cuajimalpa, y los cerca de 25 grandes centros comerciales que se construyen en este periodo, concentrados principalmente en siete delegaciones del Distrito Federal.¹⁵

ALGUNOS EFECTOS DE LOS NUEVOS PROCESOS URBANOS

Entre los fenómenos derivados de los cambios urbanos se distingue la recomposición del mercado de trabajo en términos de ocupación, empleo e ingreso en el Distrito Federal.¹⁶ Esta situación se expresa, de una parte, en la reorganización de las actividades urbanas en el Distrito Federal y en Coyoacán, a través del notable incremento de la proporción de la población ocupada en el sector terciario, frente a una marcada disminución de la población ocupada en actividades industriales-manufactureras. Se puede observar en el cuadro 2 que, mientras el sector terciario aumentó en el Distrito Federal de 17% en 1980, a 75% en 2000, el sector manufacturero decreció de 35% en 1980, a 21% para 2000. Coyoacán comparte esta tendencia a la terciarización de las actividades económicas, que al iniciarse esta década concentraban cerca de 80% de la población ocupada.

En el Distrito Federal (1990-2000) se registra un decremento de 75% a 59% de la población ocupada, situada en los niveles de muy bajo ingreso menores a tres salarios mínimos. Mientras los grupos de bajo ingreso registraron un incremento de 3%, aquellos situados en los niveles más altos superiores a diez salarios mínimos, se incrementaron de 3.5% a 6.4%. En Coyoacán, en esta misma década, la población ocupada que percibe los ingresos más bajos —menores a tres salarios mínimos— decreció de 66% a 49%. En contraste, se duplica la proporción de los grupos de ingresos medio-altos y altos —superiores a diez salarios mínimos—, al aumentar de 5.5% a 11%. A esto se agrega que los grupos con niveles salariales bajos (de tres a cinco salarios mínimos), permanecieron prácticamente igual en la delegación, registrando un ligero incremento de 0.5%; mientras que aquellos grupos ubicados en el nivel medio-bajo y medio (de cinco a diez salarios mínimos), se incrementaron notoriamente tanto en la delegación como en el Distrito Federal (cuadro 3).

¿Qué puede significar esta tendencia en la estructura social urbana? De una parte, las cifras muestran que prevalece una estructura polarizada en la que se observa una mayor concentración del ingreso en los grupos sociales altos y marcadas disparidades particularmente entre éstos y los que se sitúan en niveles bajos y muy bajos, menores a cinco salarios mínimos, quienes aún representan más de la mitad de la población en Coyoacán y en el Distrito Federal. De otra parte, es notable en las cifras censales la reducción de los grupos sociales más pobres que perciben ingresos, frente a un leve incremento de aquellos en condiciones de pobreza moderada. Esta tendencia en apariencia podría indicar la disminución de las desigualdades en el ingreso, como consecuencia de la inclusión de algunos segmentos de los grupos en condiciones más desventajosas, en niveles menos precarios de ingreso, a través de oportunidades de ingresos adicionales por medio de la obtención de empleo o subempleo en actividades formales o informales.

Los resultados de un estudio reciente sobre la incidencia de la pobreza en el Distrito Federal, muestran que mientras 38.1% de la población total (3.3 millones) no son pobres, 61.9% de los habitantes son pobres, lo que equivale a 5.4 millones de personas (Damián y Boltvinik, 2006: 25).¹⁷ De esta última proporción, 4.1 millones (47%) son grupos sociales muy pobres (15.6%) y pobres moderados (31.2%), mientras que el 15% restante equivalente a 1.3 millones de personas se encuentra en condiciones de indigencia, es decir, en condiciones de carencia extrema. La clasificación de la incidencia de la pobreza en las delegaciones políticas presenta cuatro estratos y muestra que en Coyoacán, 57% de la población vive en condiciones de pobreza mientras que 43% representa a las clases medias y altas. con base en estas condiciones, que contrastan con delegaciones como Milpa Alta o Iztapalapa (donde la suma de pobres asciende a 91.60% y a 82.50% respectivamente del total de los habitantes), Coyoacán se ubica en el nivel de pobreza baja, compartiendo esta característica con las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Benito Juárez (Boltvinik y Estevez, 2000).

Las marcadas desigualdades que expresan las cifras aluden a las condiciones de segregación, de exclusión social, de formas diferentes y desiguales de ciudadanía que se inscriben en el espacio local y se exhiben en el espacio público de cada delegación. En estas condiciones influyen dos fenómenos relacionados: el primero se expresa en las formas de segregación derivadas de la reubicación continua de distintos sectores de la sociedad urbana, dentro y fuera del Distrito Federal, impulsados por la búsqueda de oportunidades de empleo y de mejores condiciones de calidad de vida, como por el incremento en el costo de los servicios urbanas y en el valor del suelo, entre otros aspectos. Esta situación tiende a expulsar y a segregar hacia localidades periféricas a los grupos en condiciones sociales y económicas desventajosas y de pobreza; mientras, por otra parte, atrae hacia lugares centrales de la ciudad —como Coyoacán—, a sectores medios, medios-altos y altos, con mayor capacidad económica para acceder a los recursos urbanos. Se afirma al respecto que la segregación en las metrópolis se ha incrementado como consecuencia de la suburbanización impulsada por grupos sociales diferentes y numerosos que se establecen en espacios distantes del centro de la ciudad (Schteingart, 2001; Sabatini, 2003).

En las últimas décadas el patrón tradicional de segregación ha comenzado a modificarse impulsado por nuevos procesos y realidades urbanas, lo que tiene que ver, entre otras cuestiones, tanto con la apertura de espacios de residencia, de comercio y de servicios para grupos medios-altos y altos fuera de las centralidades tradicionales, como con la elevación del precio del suelo, con dinámicas de renovación urbana y de cambios en los usos residenciales (ibid., 2003). En el caso de la segregación residencial, en términos socioeconómicos se expresa en formas distintas destacando, por un lado, la autosegregación de sectores de altos ingresos, en lugares cerrados o semicerrados, donde habitan grupos en condiciones de afluencia económica, quienes eligen esta forma de vida urbana en entornos protegidos que brindan accesibilidad, seguridad y mejor calidad de vida. Y, por otro, los espacios segregados donde habitan grupos en situaciones socioculturales y económicas desventajosas y de pobreza urbana. Pero en particular aquellos entornos habitados por los más pobres condensan múltiples carencias en el acceso y provisión de bienes, servicios e infraestructura urbana, así como dificultades trazadas por las largas trayectorias cotidianas a los lugares de trabajo, de estudio y de recreación, asociadas a condicionantes del transporte público que hace posible los desplazamientos en la ciudad (ibid., 2001 y 2003).

El segundo fenómeno se refleja en el desarrollo de la informalidad inscrita en las modificaciones ocurridas en el mercado de trabajo y de empleo formal e informal, asociadas a la expansión del subempleo. si las actividades informales de distinto tipo proveen ingresos adicionales al absorber en el sector comercio y servicios a diversos grupos sociales que habitan la ciudad, entonces la incorporación de segmentos de sectores de niveles medio-bajos y bajos en estas actividades puede ser un factor de influencia en la recomposición del ingreso tanto en el Distrito Federal como en Coyoacán. Pero la informalidad no es un fenómeno marginal o desarticulado del sector formal, sino un conjunto de actividades en que diversos grupos sociales "participan de manera plena en el orden económico existente" (Portes, 1995: 26). Con base en esta perspectiva, se trata de actividades inscritas en un mercado laboral segmentado, que representan tipos diferentes de empleo no contractual, donde no están explícitos los derechos y obligaciones laborales y en las que es posible ser empleado en el sector formal e informal de manera simultánea.

En ciudades de América Latina la economía informal es un proceso político-económico generador de ingreso, caracterizado fundamentalmente por no estar regulado por las instituciones de la sociedad, en un contexto legal y social donde actividades similares están reguladas (Portes, Castells y Benton, 1989; ibid., 1995). Este enfoque destaca que la ausencia de regulación institucional afecta elementos del proceso de trabajo en términos de beneficios sociales, de salarios, de condiciones laborales y de gestión de firmas en aspectos tales como evasión fiscal y la circulación de flujos monetarios. En esta línea de discusión se subraya que la informalidad, además de generar ingresos que devalúan a unos sectores y sobrevalúan a otros, produce una narrativa acerca de la naturaleza de las grandes ciudades, la cual tiende a marginar o a excluir la economía y la cultura de grupos sociales no dominantes, considerados no pertenecientes a la economía avanzada. De aquí la importancia de examinar las complejas interconexiones entre las distintas organizaciones, actores, prácticas y actividades urbanas en apariencia desconectadas (ibid., 1989; Sassen, 1996).

UNA MIRADA DESDE COYOACÁN A LAS REALIDADES URBANAS

¿Cómo se manifiestan los nuevos procesos urbanos en Coyoacán? En el último cuarto de siglo y en el contexto de terciarización de la economía urbana, surgen en el ámbito local del Distrito Federal formaciones espaciales y prácticas sociales de distinta naturaleza. Éstas impulsan el redimensionamiento de los espacios públicos y privados, pero también subrayan las disparidades en los modos de apropiación y de organización del espacio urbano. En la delegación Coyoacán se hacen evidentes los cambios recurrentes en el uso del suelo asociados a la tendencia a la disminución del espacio destinado a usos habitacionales. Los estudios más recientes señalan que en 2002 el uso habitacional ocupaba 40.6% de la superficie total de la delegación.¹⁸ Esta cifra muestra un notable decremento respecto a los años anteriores, ya que mientras en la primera mitad de los noventa la superficie destinada a esta función era de 54.1%, al iniciarse la década de los ochenta la proporción del territorio habitacional era de 58%.¹⁹ De manera paralela, las actividades comerciales y de servicios formales e informales proliferan en el espacio local, desarrollándose como un fenómeno expansivo que abarca desde empresas grandes y medianas, hasta una multiplicidad de micronegocios familiares y diversas formas de autoempleo en espacios privados y en espacios públicos. En particular estas últimas aluden a la búsqueda de oportunidades personales y sociales ante diversas condicionantes derivadas de los cambios estructurales en la economía y de las políticas de ajuste, tales como insuficiencia en el ingreso, vulnerabilidad en el empleo, subempleo, desempleo y crisis de actividades tradicionales vinculadas fundamentalmente a la producción manufacturera.

En estos procesos, el consumo juega un papel central en la reestructuración de las prácticas socioculturales y económicas de los distintos sectores y grupos que constituyen la sociedad urbana. Al ser un elemento activo de interacción y distinción, permite pensar la vida social en la ciudad desde las diferentes formas en que la gente se apropia y usa los bienes, mercancías y objetos que circulan en el mercado (García Canclini, 1995). Consumir es una manera de participar "en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de usarlo". En este sentido, se plantea la importancia de vincular el consumo tanto con la manera en que distintos grupos tienen acceso a los recursos urbanos, como con la formación de ciudadanía y de comunidades segmentadas de consumidores. Esto debido a la influencia de procesos globalizados de consumo en la socialidad y en la manera de consumir, alterando con esto "las posibilidades y las formas de ser ciudadano" (ibid., 1995:40).

El consumo cruza la diferenciación social que emerge en este periodo en el que se distinguen al menos tres tipos de formaciones y apropiaciones espaciales muy distintas que coexisten de manera conflictiva en el espacio local de Coyoacán. El primero es el surgimiento de sedes privadas de actividades locales-globales y de lugares destinados a funciones habitacionales en colonias y fraccionamientos cerrados, protegidos de los riesgos que representa el entorno urbano exterior. El segundo es el perfil físico-social y las nuevas problemáticas de la urbanización popular, en localidades segregadas donde tienden a agravarse algunas de las consecuencias negativas de la nueva economía. Y el tercero alude a las apropiaciones urbanas producidas por la informalidad en los espacios públicos, exhibiendo diversas prácticas sociales representadas por el comercio ambulante. Estas prácticas del espacio condensan fenómenos problemáticos derivados de los procesos urbanos recientes, expresándose de manera específica tanto en las colonias populares como en los barrios antiguos que integran el centro histórico de Coyoacán.

La primera formación reúne un conjunto de imágenes de modernización, abundancia y desarrollo económico y tecnológico, materializado en formas espaciales donde se ubican funciones articuladas a redes y flujos de capital regional y mundial.²⁰ Entre estas formaciones destacan los macrocentros comerciales, proyectos urbanísticos localizados estratégicamente, resultado de la articulación entre el comercio organizado, el capital financiero e inmobiliario y la industria de la construcción (Ramírez, 1998). En los límites de Coyoacán, donde habitan predominantemente grupos de ingresos medios-altos y altos, se ubican algunos de estos espacios privados de uso colectivo: Perisur, Cuicuilco, Gran Sur, Galerías Coapa y centro Coyoacán (véase mapa de referencia). Estos lugares cumplen funciones económicas regionales a nivel intraurbano y metropolitano; articulan formas de producción y de consumo; generan empleo formal en el sector terciario, y distribuyen productos globales. Promueven para distintos tipos de consumidores —niños, jóvenes, adultos, géneros, grupos familiares y profesionales—, una amplia oferta comercial, cultural y de servicios que convoca fundamentalmente a sectores locales y de la ciudad en condiciones de afluencia económica. Las grandes tiendas departamentales actúan como anclas y como empresas promotoras y desarrolladoras de estos proyectos. Tal es el caso de Liverpool, Palacio de Hierro, Sanborns, Cinemex o Cinemark, entre otras. A éstas se agregan bancos, compañías telefónicas y diversas franquicias y tiendas especializadas en la venta de productos nacionales e internacionales, que incluyen librerías, áreas de comida rápida, cafés, bares, restaurantes y estéticas. Los modelos más recientes como Cuicuilco y Loreto incorporan, además, áreas o foros abiertos para espectáculos gratuitos y para exhibiciones de objetos artísticos, y en el caso de Loreto incorpora un museo y una discoteca para entretenimiento nocturno de grupos juveniles.

Los centros comerciales contribuyen de manera activa a la reproducción de relaciones sociales y de formas de vida pública inscritas en la cultura del consumo. Recrean y difunden elementos de la globalidad contemporánea, representados social y simbólicamente en el ámbito local por medio de diseños arquitectónicos; de la venta de objetos procedentes de localidades cercanas y lejanas; de la organización de actividades socioculturales, y de la circulación de flujos de información e imágenes que recorren el mundo. Estos aspectos en continua renovación responden a códigos de comportamiento, a gustos e intereses de segmentos de la población urbana que se identifican con estos lugares y los legitiman socialmente. Por su ubicación, estas formaciones físico-sociales han convertido las fronteras transdelegacionales en zonas de interacción, de intercambio y de sociabilidad. Además, han jugado un papel importante en la consolidación de centralidades urbanas "modernas", concentradoras de funciones económicas, culturales y de servicios a nivel intraurbano y metropolitano. sin embargo, estos espacios semipúblicos no están desprovistos de los problemas de la ciudad exterior: en años recientes expresan formas de inseguridad a través de robo a usuarios, de secuestros y de asaltos a establecimientos comerciales, lo que ha generado inconformidad y protestas públicas organizadas por grupos de ciudadanos que los frecuentan.²¹ A esta situación se agrega la crisis en las actividades comerciales que promueven, debido al debilitamiento del poder adquisitivo, particularmente en los grupos medios de consumidores, lo que ha provocado la redefinición de estrategias orientadas a impulsar el consumo masivo. En el contexto urbano actual tanto de Coyoacán como de la ciudad de México, los centros comerciales son más representativos de tendencias fragmentadoras y menos de formas de modernización impulsadas por políticas social y territorialmente integradoras.

El perfil planificado de los nuevos espacios corporativos, comerciales y residenciales, contrasta con el segundo tipo de formación espacial representada por la urbanización popular, que reúne imágenes de desorden urbano y de atraso socioeconómico. Éste es el caso de las colonias donde habitan sectores populares, surgidas en la delegación como asentamientos irregulares producto de invasiones de terrenos en la zona central conocida como Los Pedregales. La colonia Ajusco (1948) y Santo Domingo de los Reyes (1971),²² son emblemáticas de formas participativas y demandas reivindicativas inscritas en un largo proceso de regularización de la propiedad del suelo que se concreta en buena medida en la década de los años noventa, asociado al mejoramiento en la provisión y la calidad de servicios públicos básicos: agua, drenaje, pavimentación e infraestructura vial. Estas colonias forman parte del conjunto de localidades vecinales contiguas ubicadas en el centro-sur de Coyoacán. Al iniciarse la primera década del siglo XXI, representan en la ciudad de México lo que podría considerarse una microrregión habitada por alrededor de la tercera parte de la población de la delegación, que concentra la proporción más elevada de los grupos sociales con niveles bajos de ingresos, menores a cinco salarios mínimos.²³

En esta microrregión se producen en la actualidad tendencias contrapuestas. Por un lado, una mayor heterogeneidad social y la emergencia de formas institucionalizadas de participación vecinal orientadas a contrarrestar los problemas persistentes de la urbanización popular e influir en políticas y decisiones públicas (Ziccardi, 2002). Por otro, la agudización de los efectos negativos derivados del empobrecimiento en la calidad del trabajo, del empleo, de la educación y del espacio vivido. El predominio de condiciones socialmente desventajosas en escala distinta se inscribe en el entorno físico-social, revelando precariedad en la calidad de vida de los habitantes. Las nuevas problemáticas socioculturales que se condensan en el interior de algunas de estas microlocalidades, generan experiencias de disolución social que emergen a través de formas de violencia intrafamiliar y en el espacio público; de deserción escolar, de adicciones, de informalidad, desempleo y subempleo, entre otras cuestiones que debilitan al lugar y aluden a fenómenos de segregación, de exclusión y de inseguridad, que rebasan las fronteras locales y de la ciudad. En el contexto de la ciudad de México, se ha señalado que la problemática derivada de esta forma de urbanización aún no ha sido claramente incorporada en el orden legítimo de los planes urbanos, quedando sujeta fundamentalmente a decisiones burocráticas (Duhau, 1994).

Asociado a los efectos de los cambios urbanos señalados en esta localidad, el estudio mencionado permite observar que 35% de los habitantes llegaron a establecerse en la década de los noventa y que han vivido en la colonia entre uno y diez años como máximo (ibid., 2002). Este fenómeno es indicativo de la recomposición de la estructura social, asociada a la reubicación de la población fuera de la zona, no obstante que al menos la mitad de los habitantes aún son aquellos que llegaron en las primeras etapas de su formación o bien sus descendientes. Es evidente la tendencia a la venta o renta de las propiedades, a la salida de antiguos residentes y a la llegada de grupos sociales con mayor capacidad, o bien en condiciones menos desventajosas, para absorber el incremento en los costos del suelo urbano y de los servicios públicos. Esta situación aparece sobre todo en las vialidades que delimitan a las distintas colonias populares donde han surgido, en la última década, formaciones espaciales de distinta calidad, materializadas en viviendas unifamiliares y conjuntos plurifamiliares para grupos medios, así como en viviendas con comercio o servicios ocupadas en unos casos por sectores populares y en otros casos por sectores medios.

El tercer tipo de apropiación es producido por el crecimiento del sector informal en el espacio público urbano de la ciudad de México, donde aparecen cotidianamente las formaciones generadas por la informalidad, vinculadas al desarrollo del comercio semifijo, móvil o ambulante que promueve una oferta muy diversa de bienes y artículos de consumo a bajo costo. El desarrollo de este tipo de comercio informal en vía pública, plantea la importancia de comprender las características y dinámicas propias de esta actividad con relación a los actores, al producto y al lugar donde se vende. También la necesidad de identificar los vínculos de oposición o de complementariedad entre el comercio considerado "formal" y el "informal", ya que los conocimientos y conceptos utilizados por las fuentes oficiales aún son insuficientes para comprender la complejidad de este fenómeno en el que "la calle representa una opción duradera de trabajo" (Williams, 2003:11). El fenómeno del ambulantaje en sus distintas modalidades, es particularmente representativo de los problemas político-económicos de la informalidad, asociados a formas de irregularidad e ilegalidad que requieren solución. La complejidad de estos problemas se expresa quizá sobre todo tanto en los "beneficios" que —como se afirma— genera al abrir oportunidades de trabajo, empleo e ingreso para amplios sectores de la sociedad urbana, como en la difusión de productos globales a través de la piratería (Cross, 2005).

En los espacios públicos del Distrito Federal, de acuerdo con cifras oficiales, trabajan poco más de 100 000 personas consideradas en la categoría de "ambulantes", de los cuales aproximadamente 40% está integrado por mujeres.²⁴ Estimaciones de la cámara Nacional de comercio establecen que los comerciantes en vía pública se han incrementado de cerca de 180 000 en 1994, a 500 000 en el año 2000.²⁵ Particularmente en el centro histórico de la capital, el gobierno del Distrito Federal estimó en 2003 la existencia de 12 000 personas tan sólo en el perímetro A, agrupadas en 38 organizaciones, con quienes han establecido mesas de diálogo orientadas al reordenamiento, reubicación y regulación inicial de 6 000 vendedores.²⁶ sin embargo, la ocupación de las calles por el comercio ambulante continúa, con acotados intentos de reordenar estas actividades que se desarrollan de manera discrecional, asociadas a la creación de grupos corporativos y a formas de corrupción no erradicadas (Castillo Berthier, 2005 y 2002).

En la delegación Coyoacán se estima que existen 7 000 comerciantes informales en la vía pública y que cerca de la mitad carecen de permiso para el desarrollo de sus actividades. De aquellos que cuentan con permiso, sólo alrededor de 60% paga las cuotas.²⁷ Las instancias locales y centrales han reconocido la necesidad de reordenar este tipo de actividad, sin embargo, aún son de alcances limitados los intentos para la introducción de acciones transformadoras necesarias para la regulación de estas actividades. El programa que traza lineamientos, normas y acciones para este propósito en el Distrito Federal,²⁸ no ha sido aplicado en la delegación donde, entre otras cuestiones, aún no se dispone de información censal completa de los actores de la informalidad en relación con las prácticas situadas en lugares, tiempos y horarios diferentes.

Las prácticas de trabajo o empleo informal en los lugares públicos de la ciudad de México se distinguen por la heterogeneidad de los actores que las promueven, por la irregularidad en el cumplimiento de la normatividad y por la existencia de vacíos normativos que regulen las formas de uso. El cúmulo de irregularidades tiene que ver con el otorgamiento de permisos temporales y con su renovación trimestral, con la definición de espacios y tiempos autorizados y no autorizados para el desarrollo de estas prácticas, con las formas de ocupación, con el tipo de giro y con las mercancías que se intercambian, así como con el pago de cuotas establecidas por el gobierno del Distrito Federal y con la evasión fiscal.

En Coyoacán se ubican en la actualidad dos contextos microlocales estratégicos en la ciudad, donde aparecen de manera recurrente y con distintas especificidades actividades informales. Uno es la colonia Ajusco, donde se estima que tan sólo el Mercado de la Bola ha incrementado el número de oferentes de 3 000 a 5 000 en los últimos años, ocupando distintas calles de la localidad y "conducido por un liderazgo casi único" (Zermeño y Galicia, 2002:4). El otro es el centro histórico de Coyoacán, donde si bien se encuentran registrados poco más de 500 comerciantes y artesanos que ocupan las plazas públicas extendiéndose hacia las calles aledañas, se estima que en realidad se concentran cerca del doble, agrupados en alrededor de 20 asociaciones civiles (Ramírez, 2003).

Esta situación nos lleva a pensar tanto en la relación entre normatividad y prácticas sociales como en lo que significa en el caso de la informalidad el cumplimiento de la norma, cuya transgresión no sólo ha sido legitimada socialmente por los consumidores. También ha sido tolerada por las autoridades locales de las delegaciones y del gobierno central. En las ciudades mexicanas la informalidad, y particularmente el ambulantaje, es un fenómeno escasamente estudiado, que requiere tanto de ampliar la investigación e información empírica —cualitativa y cuantitativa— como de profundizar en el debate y el análisis conceptual. En la ciudad de México y en Coyoacán estas actividades socioeconómicas se han constituido en las formas de apropiación de los espacios públicos más problemáticas y conflictivas que coexisten con usos y prácticas ilegales. Éstos son llevados a cabo por actores provenientes de sectores populares y de grupos sociales medios quienes por cuenta propia, a través de redes, organizaciones sociales, asociaciones civiles y/o grupos de corte corporativo, usan calles, avenidas, parques y plazas públicas promoviendo el consumo masivo de mercancías accesibles a grupos de ingresos medios y bajos. En distintos lugares de la ciudad estas actividades informales emergen como representaciones socioespaciales de desorden urbano, de condiciones de atraso económico y sociocultural; de limitaciones en la gestión político-administrativa, y de omisiones en las políticas y acciones de planeación urbana. Pero al representar prácticas y estrategias socioeconómicas generadoras de ingresos, muestran formas de inscripción de distintos sectores de la sociedad en procesos urbanos de flexibilidad e incertidumbre laboral que han dado lugar a fenómenos de segregación, de pobreza y de exclusión social.

NOTA FINAL

Coyoacán muestra algunas de las especificidades del proceso de urbanización que en el último siglo produce un espacio local diferenciado, heterogéneo y fragmentado, donde convergen fenómenos distintos, contradictorios y cambiantes. Las formaciones físico-sociales abarcan desde pueblos y barrios históricos, colonias populares, unidades habitacionales, colonias antiguas, fraccionamientos modernos, colonias cerradas, hasta centros comerciales semicerrados y espacios públicos abiertos con usos sociales y actividades del comercio formal e informal. Estas formaciones han generado divisiones, estructuras y jerarquías que expresan fronteras sociales y simbólicas inscritas en el entorno construido. En la imagen del espacio local estas formaciones evocan modos de vida y formas organizativas diferentes, que revelan relaciones de cooperación o de conflicto entre sociedad e instituciones, así como problemas del orden social urbano.

La investigación realizada en Coyoacán mostró algunos procesos urbanos que han transformado el significado de los lugares como proveedores de bienestar, al introducir cambios en la forma urbana, en los usos habitacionales, industriales, comerciales y en las prácticas socioculturales; en las relaciones de trabajo, en las condiciones laborales, en las oportunidades de empleo y en la generación de ingresos. Esta situación ocurre de manera paralela al desarrollo de formas de masificación, de inseguridad, de informalidad, de deterioro de la calidad de vida y del medio ambiente, de degradación del entorno urbano y patrimonial. La existencia de distintas formas de irregularidad, de ilegalidad y de violencia urbana, generan desconfianza y temor en la ciudadanía. Estos fenómenos sociales se producen localmente, exhibiendo las estrategias de distintos actores urbanos ante las oportunidades y limitaciones que impone el nuevo orden económico. La conflictividad sociocultural derivada de esta situación se expresa en disputas por el uso y control del espacio urbano y en los discursos y prácticas sociales que reflejan condiciones y reacciones de malestar de unos grupos frente a otros, la defensa de identidades locales, así como formas de exclusión social y de segregación urbana.

Las diversas formas de participación ciudadana que emergen en las últimas décadas, abren el debate público sobre los problemas compartidos que se producen en este espacio local. No obstante que las propuestas y acciones de la sociedad y de las instituciones tienden a ampliarse, es aún incipiente la participación de la ciudadanía tanto en decisiones públicas como en estrategias y acciones orientadas a construir políticas de carácter integral con capacidad de contrarrestar, desde el ámbito local, las tendencias fragmentadoras que afectan la calidad del espacio urbano y a la vida pública ciudadana. Entre otras cuestiones, destaca la necesidad de introducir reformas institucionales, mecanismos de coordinación entre instancias locales y centrales, al igual que cambios en las prácticas sociales e institucionales, que no sólo muestran la existencia de formas de corrupción no erradicadas, sino también inconsistencias normativas e incluso omisiones en el marco legal que afectan los usos y apropiaciones de los espacios públicos y privados. Los programas de desarrollo urbano y los programas parciales aún no contemplan de manera explícita estos aspectos, como tampoco incorporan formas de inclusión social y política, fundamentales para la construcción de ciudadanía y de relaciones democráticas. Las nuevas realidades urbanas reclaman la creación de nuevas políticas e instrumentos jurídico-normativos, así como de una política del espacio público que regule y equilibre distintos intereses, demandas y necesidades que se ponen en juego en los lugares compartidos por una sociedad urbana cada vez más diferenciada y desigual.

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Notas

¹ El concepto de localidad y local ha sido desarrollado, entre otros autores, por Giddens, 1995; Borja y Castells, 1997; Appadurai, 2001.

³ De acuerdo con Gustavo Garza (2000: 755), este subsistema urbano incluye 1) el AMCM que incluye las 16 delegaciones del D. F., 40 municipios del Estado de México y 1 de Hidalgo; 2) Puebla-Tlaxcala, conformada por 22 pequeños municipios, 14 de Puebla y ocho de Tlaxcala; 3) Toluca (AMT), con seis municipios; 4) Cuernavaca, con tres municipios; 5) Pachuca, compuesta por el municipio del mismo nombre y Mineral de la Reforma.

⁴ El núcleo central de la capital, definida hasta los años treinta como "ciudad central" y a partir de entonces hasta 1970 como "ciudad interior", estaba subdividido políticamente en 12 cuarteles, que en esta última década se transforman en las cuatro delegaciones centrales: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Venustiano Carranza (Garza y Damián, 1991).

⁵ Fundado por los toltecas a finales del siglo VII, se incorpora en el siglo XV, junto con otros pueblos indígenas –chichimecas y tepanecas, entre otros– al imperio mexica. Al iniciarse la conquista en el siglo XV, estaba constituido aproximadamente por cinco pueblos, 6 000 casas, edificios y teocallis.

⁶ La estructura urbana estaba representada en un eje que unía Churubusco con Chimalistac, conectándose por vía fluvial y terrestre –Mixcoac e Iztapalapa– con la ciudad de Tenochtitlán.

⁷ En este periodo, el antiguo camino que unía a Coyoacán con Churubusco recibe el nombre de Calle Real de Santa Catarina (hoy Francisco Sosa), donde entonces habitaron familias ricas españolas y en la actualidad los grupos sociales de ingresos más altos.

⁸ Observamos diferencias en las cifras, ya que en la misma fuente se enlistan 142 localidades y se indica que existen 138 colonias (SCINCE, INEGI, 2000). En contraste, en el Censo General de Población y Vivienda del mismo año se mencionan 140 colonias, cifra que se registra en el mapa de referencia. La superficie para la delegación también aparece como de 53.61 km².

⁹ Superficie estimada para la zona Metropolitana de la ciudad de México (ZMCM). Comprende la población del D. F., de 40 municipios del Estado de México y 1 de Hidalgo. La proyección que contempla 58 municipios presenta una cifra de 18 652 habitantes para el mismo año (Garza, 2000).

¹⁰ Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Nueva Díaz Ordaz, Adolfo Ruíz Cortines, Huayamilpas, Santa Úrsula Coapa, Pedregal de Santa Úrsula, ex ejido de Santa Úrsula Coapa.

¹¹ Con objeto de limitar la expansión horizontal y controlar las zonas consideradas críticas que rodean al área urbana, se propuso la creación de un "cinturón verde, propiedad de la ciudad". Para esto se planteó como necesaria la expropiación de 30 000 hectáreas. Hasta 1993 se habían llevado acciones de expropiación en un total de 4 370 hectáreas en el Ajusco, Xochimilco, sierra de Guadalupe, Chapultepec y Cerro de la Estrella (Gamboa de Buen, 1993).

¹³ Este proyecto aún en proceso incluye 500 obras de rescate en el centro histórico, entre las que se encuentra el Club de Banqueros, la catedral Metroplitana, el Palacio Nacional, el Museo Cuevas, etcétera.

¹⁴ Estos programas existen en 13 de las 16 delegaciones del D. F. Las delegaciones donde no existen son Iztacalco, Milpa Alta y Venustiano Carranza.

¹⁵ Alvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Gustavo A. Madero.

¹⁶ Esta entidad, al comenzar la primera década del siglo XXI, reúne poco menos de 11% de la población ocupada del país y 22% del PIB nacional. Destaca la concentración en este territorio de casi 15% de la población a nivel nacional ocupada en actividades terciarias —comercio y servicios—, en contraste con 8.5% de la población que absorbe el empleo industrial en el país. Cifras obtenidas del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, y del Sistema de Cuentas Nacionales de México, "Producto Interno Bruto por entidad federativa", Diario Oficial, 27 de marzo, 2002.

¹⁷ En este estudio se destaca que en el país 81.3% de la población vive en condiciones de pobreza y 39.1% vive en la indigencia (ibid., 2006: 28).

¹⁸ Programa de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán, 2005, PUEC-UNAM-SEDUVI. En proceso de revisión para su aprobación.

¹⁹ Programa de Desarrollo Urbano, Delegación Coyoacán, 1997, y Atlas de la Ciudad de México, El Colegio de México, 2000, p. 558.

²⁰ Algunos ejemplos son las grandes cadenas de supermercados (Sam's Club, Price Club, Comercial Mexicana); las empresas y organizaciones comerciales y de servicios (Palacio de Hierro, Liverpool, Sears, Sanborns, Cinemex, Cinemark); las agencias inmobiliarias (Fondo opción, Grupo Sare, Grupo Carso, Grupo Cabsa, Grupo Damuns, Century XXI, Grupo Escorpión, Grupo Reichmann, JMB Realty bienes raíces, Nueva York); las empresas de la construcción y los corporativos de arquitectos y desarrolladores (ICA, Sordo Madaleno Arquitectos, Grupo Arquitec, Promotora Bosques); agentes del capital financiero (Banamex-Citybank, Bancomer, Comermex, J.P. Morgan Nueva York, HSBC).

²¹ Periódico Reforma, sección B, Ciudad y Metrópoli, martes 8 y miércoles 9 de junio, 2004.

²³ En el año 2000, la población de las siete colonias populares era de 190 979 habitantes, sin considerar los cinco pueblos urbanos —Los Reyes, La Candelaria, Copilco el Alto, San Pablo Tepetlapa—, que colindan con estas localidades habitadas en su conjunto por 40 588 personas (INEGI-SCINCE por colonias, 2000).

²⁴ INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000.

²⁵ Canaco, agosto, 2004.

²⁶ Véase "En marcha el reordenamiento del ambulantaje en el centro", La Jornada, 8 de enero de 2003.

²⁷ Esta cifra no incluye a los tianguis ni a las ferias periódicas. Datos proporcionados por la delegación Coyoacán, subdirección de Mercados y Giros Mercantiles, septiembre de 2004.

²⁸ Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública, Gaceta Oficial, 5 de enero de 1998.