Neoliberalismo y crimen organizado en México: El surgimiento del Estado narco

Neoliberalism and Organized Crime in Mexico: The Emergence of the Narco–State

José Luis Solís González

Universidad Autónoma de Coahuila jlsolisg@gmail.com

Fecha de recepción: 11 de septiembre de 2012.
Fecha de aceptación: 19 de febrero de 2013.

Resumen

Este trabajo estudia el surgimiento de una nueva forma de Estado capitalista periférico en México: el Estado narco, cuya manifestación externa es la de un régimen político neoliberal tecnocrático con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, la economía y las finanzas. Este fenómeno es parte de la crisis actual del capitalismo global, la cual ha tomado la forma, en el caso de la sociedad mexicana, de una profunda crisis orgánica constituida por un déficit de racionalidad (más de tres décadas sin crecimiento económico) y un déficit de legitimidad institucional. Esto ha llevado al país a altos niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia reciente de México, así como a la militarización del aparato de Estado, comprometido en una guerra fallida contra el narcotráfico.

Palabras clave: Estado, capitalismo periférico, crisis global, México, narcotráfico.

Abstract

This work studies the emergence in Mexico of a new form of peripheral capitalist State: the Narco–State, whose external manifestation is that of a technocratic neoliberal political regime with a strong presence of organized crime's representatives in its various governments as well as in the economy and in finance. This phenomenon is part of the current crisis of global capitalism, taking the form, in the case of Mexican society, of a major organic crisis consisting of a deficit of rationality (three decades without economic growth) and a deficit of institutional legitimacy. This has resulted in social violence and public insecurity at unprecedented levels in contemporary Mexico's history and in a growing militarization of the State apparatus, engaged in a failed war against drug trafficking.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunas décadas, en América Latina, y de manera particular en México, el crimen organizado ligado a las actividades del narcotráfico, así como a la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro y la extorsión, ha experimentado un crecimiento exponencial que lo ha llevado a tener una presencia muy significativa en la vida económica, política, social y hasta cultural en la región (Astorga, 2003). Este fenómeno, lejos de ser un hecho aislado, obedece a una serie de factores tanto internos como externos. A los factores endógenos de crisis del anterior modelo de acumulación, basado en la sustitución de importaciones, se han sumado los factores derivados de la crisis del capitalismo global y de la aplicación de las políticas neoliberales que la han acompañado. Esto ha conducido a México hacia una profunda crisis orgánica, constituida por un déficit de racionalidad en la intervención económica del Estado (más de tres décadas sin crecimiento económico, con aumento rampante de la pobreza y las desigualdades sociales) y un déficit de legitimidad del Estado y sus instituciones (Habermas, 1978).

Lo anterior ha desembocado en niveles de violencia e inseguridad pública sin precedentes en la historia contemporánea de México, y en una creciente militarización del aparato de Estado (Reveles, 2010). Tanto el modelo económico neoliberal vigente, basado en la apertura externa, como el sistema corporativo autoritario heredado de la época del "nacionalismo revolucionario" (el cual ha permanecido sin cambios mayores a pesar de la supuesta "alternancia en el poder"), han constituido el caldo de cultivo para el surgimiento de una economía, sociedad y gobiernos con una creciente penetración y control por parte del narcotráfico y de las distintas agrupaciones del crimen organizado (Smith, 1997). Esto ha llevado a que ciertos sectores de la opinión pública estadounidense hayan caracterizado al Estado mexicano como un "Estado fallido", así como a especular sobre la necesidad de intervenir militarmente en México con el pretexto de salvaguardar su seguridad nacional y sus fronteras.

Se está de hecho ante el surgimiento en México de una nueva forma de Estado capitalista periférico,¹ que hemos caracterizado como Estado narco, la cual se ha manifestado externamente (es decir, en tanto que forma fenoménica y, por lo tanto, específica del Estado mexicano) en la instauración de un régimen político neoliberal tecnocrático (Rodríguez Araujo, 2009) con una fuerte presencia de representantes del crimen organizado en sus distintos gobiernos, en la economía y las finanzas. Este fenómeno está indisolublemente vinculado con la emergencia, en los años noventa, de un nuevo régimen de acumulación, fuertemente trasnacionalizado y volcado hacia el exterior, con una participación creciente del narcotráfico como una de las fracciones más dinámicas y rentables del capital pero, desde luego, no la más importante.²

A nivel del régimen político, esto ha llevado al gobierno en turno a agravar la contradicción entre las exigencias derivadas de la reproducción del capital y las relativas a la legitimidad de las instituciones. Esta contradicción ha conducido a la agudización de las tendencias estancacionistas de la economía y a la militarización del aparato de Estado, cuyo subproducto más visible e inmediato ha sido una guerra fallida contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por el gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), la cual ha costado al país decenas de miles de muertos y desaparecidos (Martínez, 2012), amén de los cuantiosos recursos presupuestales usados para financiarla³ y de una creciente inseguridad pública a todo lo largo del territorio nacional.⁴

Dada la gravedad de la situación que vive actualmente México, hemos decidido emprender el análisis de la misma con un enfoque fundamentalmente genético–estructural que rebase los análisis y las explicaciones en boga marcados por su carácter parcial e ideologizado, cuando no francamente anecdótico. En una primera parte se revisará brevemente las consecuencias de la crisis de deuda externa en México, la subsecuente adopción de políticas neoliberales y la emergencia de un modelo de acumulación extrovertido, de enclave secundario–exportador. De la misma manera se analizará los efectos de la crisis internacional en la economía mexicana que ha llevado a la "financiarización" de la misma. En un segundo apartado, se abordará el surgimiento del Estado narco en México, en relación con la irrupción en fuerza de esta no tan "nueva rama de la industria" (Osorno, 2010): el narcotráfico. Así mismo, se abordará la alteración de las relaciones de producción y de dominación política de clase generada como consecuencia de la presencia omnímoda del narcotráfico en la sociedad mexicana.

MÉXICO EN LA CRISIS DEL CAPITALISMO GLOBAL

El alto dinamismo de las industrias y empresas con "vocación exportadora" contrasta así con una planta industrial doméstica aletargada, desintegrada hacia adentro, constituida mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (Pymes) con bajos niveles de competitividad y rentabilidad, cuya viabilidad económica se ha visto gravemente mermada por la estrechez del mercado interno y la imposibilidad de acceder a los mercados globales. Además, las políticas de ajuste impuestas a México por el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la década de 1980 impactaron negativamente sobre la balanza de pagos, la tasa de inversión productiva, el empleo y los salarios, lo que desembocó en un cuadro profundamente recesivo de la economía.

Otra grave consecuencia de la adopción del "dogma de la austeridad" fondo–monetarista y de la política de apertura comercial y financiera adoptada por el gobierno mexicano, fue la aparición de mayores niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y una mayor concentración de la riqueza, con el concomitante incremento de los niveles de pobreza⁷ de los sectores mayoritarios de la población. Las clases medias, que habían experimentado una sensible mejoría en sus niveles de bienestar durante el período del llamado "desarrollo estabilizador", sufrieron también a partir de los años ochenta el rápido deterioro de sus ingresos y de su nivel de vida.⁸

En la década de 1990, el Estado mexicano, bajo el influjo de las políticas neoliberales preconizadas por el llamado Consenso de Washington, y en el marco de una creciente dependencia económica y política respecto de Estados Unidos a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, renunció de hecho a su capacidad de intervención en la economía nacional. Al mismo tiempo, reorientó la misma a favorecer la reproducción del capital global a través de la adopción a ultranza de políticas de liberalización económica y financiera. Por otra parte, el enajenamiento del sistema bancario del país a la banca extranjera, permitió el surgimiento generalizado de una "economía casino"⁹ basada en el predominio del capital financiero y en el libre flujo de capitales internacionales de carácter especulativo, en detrimento del financiamiento a la inversión productiva.

Esta "financiarización" de la economía (Salama, 2007) que ha tenido lugar no sólo en México sino en el conjunto de países latinoamericanos en las últimas décadas, ha sometido a las empresas locales del llamado "sector real" al dominio de la finanza, con el consiguiente estancamiento productivo. Esto llevó, a partir de la década del 2000, a la acentuación de las tendencias recesivas de la economía, agravando la caída del empleo en el sector "formal"¹⁰ e incrementando concomitantemente el mismo en las actividades informales.

La crisis actual y la aplicación de políticas neoliberales bajo el signo de la austeridad, han afectado profundamente no sólo al sector formal, sino también al informal. La atrofia crónica de la economía campesina y la participación marginal del Estado en los procesos reproductivos de la fuerza de trabajo, han tenido como contrapartida la hipertrofia del sector informal (Solís, 1991).¹¹ Dicho sector configura de hecho una cierta "válvula de escape" frente a los conflictos sociales pero, paradójicamente, también representa la fuente de nuevos conflictos, sobre todo el relativo a sus estrechos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico.

Por otra parte, la adopción desde la década de 1980 de una política de estabilización macroeconómica con objeto de asegurar el libre flujo de capitales y frenar la inflación, se ha basado en una política de sobrevaluación del peso, que ha utilizado el tipo de cambio como "ancla" para impedir el incremento de los precios internos. Ello ha configurado una tendencia al déficit crónico en la balanza comercial, particularmente en la de bienes industriales, acentuando las tendencias recesivas de la economía. En suma, en un contexto de estancamiento económico generalizado, en la década del 2000 México entró en un proceso de "desindustrialización precoz" similar al experimentado por Brasil (Salama, 2012) en el mismo período.¹²

En el marco de la globalización económica y financiera, fenómenos como la deslocalización de segmentos enteros de ramas industriales de las economías centrales hacia algunas economías periféricas, han jugado un rol fundamental en la conformación de nuevos regímenes de acumulación en estas últimas, basados ya no en la sustitución de importaciones o en la exportación de productos primarios, sino en la exportación de manufacturas por parte de empresas multinacionales y de grandes conglomerados locales, así como en la exportación de bienes intermedios producidos por empresas "maquiladoras".

En el caso de México, el resultado ha sido la conformación de una planta industrial segmentada en dos sectores: uno constituido por pequeñas y medianas empresas domésticas de baja rentabilidad, orientadas hacia el estrecho mercado interno y poco integradas con el resto del aparato industrial, las cuales producen básicamente bienes de consumo de baja y mediana complejidad tecnológica, y algunos bienes intermedios, mediante técnicas intensivas en mano de obra; el otro sector está conformado por grandes conglomerados transnacionales y locales (generalmente en sociedad con los primeros y subordinados a éstos), que producen bienes de consumo durables y bienes de capital de alta complejidad tecnológica mediante técnicas ahorradoras de mano de obra, así como bienes intermedios de alta y mediana complejidad producidos por industrias "maquiladoras" bajo el control del capital transnacional e intensivas en mano de obra.¹³ Este último sector, que genera alrededor de 90 por ciento del valor agregado industrial pero que responde por sólo 20 por ciento del empleo, es altamente dinámico aunque ha sufrido los efectos de la crisis global particularmente en la esfera financiera.¹⁴

Se trata básicamente de un sector industrial desnacionalizado, desintegrado hacia adentro (enclave secundario–exportador) pero integrado hacia afuera, cuyas principales ramas, las más dinámicas y rentables, forman parte de cadenas productivas situadas al exterior de la economía nacional, en los países centrales. El capital transnacional, principalmente estadounidense, se ha convertido así en la fracción hegemónica del capital en la estructura industrial de México.

NEOLIBERALISMO Y CRIMEN ORGANIZADO: EL SURGIMIENTO DEL ESTADO NARCO EN MÉXICO

En economías periféricas como la mexicana, la legitimación del Estado no se desprende del fetichismo de la mercancía y el dinero como en los países del capitalismo central; la difusión de las relaciones de cambio es incompleta y específica. A diferencia del centro, la penetración de las relaciones mercantiles y la dominación del modo capitalista de producción no implicaron necesariamente la disolución o la eliminación de las relaciones sociales de producción preexistentes (Assadourian et al., 1973). Éstas fueron sometidas a un proceso de desestructuración/adaptación en función de las exigencias impuestas por la valorización del capital, pero sin transmutarse necesariamente en relaciones mercantiles capitalistas.¹⁷ El campo histórico de clases sociales es así profundamente heterogéneo. El fetichismo mercantil no opera plenamente, por lo que no permite (más que en cierta medida) que las relaciones de explotación capitalistas aparezcan y se realicen como relaciones de cambio de equivalentes. La "interiorización" de las relaciones de cambio en los agentes sociales es, en consecuencia, parcial y defectuosa (Solís, 1980).

Así, el fetichismo de la mercancía no es susceptible de representar una base sólida y homogénea de legitimación del poder. A esta interiorización parcial y defectuosa de las relaciones de cambio en los agentes sociales corresponde entonces una interiorización frágil y superficial de la democracia formal burguesa: los agentes sociales no se realizan ni se reconocen entre sí en su supuesta calidad de "ciudadanos libres y jurídicamente iguales" (Mandel, 1974:14–20). El Estado capitalista periférico deberá buscar en su propio fondo cultural (en la tradición, la religión, el nacionalismo e incluso en la violencia) los contenidos legitimantes necesarios a un mínimo consenso social. Paralelamente, los procesos de acumulación del capital en estas sociedades se basan generalmente en modalidades extensivas de explotación de la fuerza de trabajo (plusvalía absoluta) asociadas a bajos niveles de remuneración salarial y a mecanismos de pauperización (no sólo relativa, sino también absoluta) tendientes a debilitar aún más el fetichismo mercantil: el trabajo no aparece como una mercancía enteramente pagada por el salario y, en consecuencia, la naturaleza explotadora del sistema queda al desnudo.

Además, en el caso de México, los efectos deslegitimantes de la crisis económica y el fracaso de los "automatismos del mercado" preconizados por la ideología neoliberal, profundizan el déficit de legitimidad del Estado, constituyéndose en un obstáculo para lograr la esperada reactivación de la economía y agravando mayormente su déficit de racionalidad. En el mismo sentido actúa la ausencia relativa de un Estado del bienestar que al menos pudiera paliar los efectos de la desigualdad social y la pobreza.¹⁸ De hecho, la liberalización de la economía ha erosionado la capacidad del Estado para intervenir en la reproducción del capital nacional, situación que se ha agravado a raíz de la inserción de México en el esquema de integración regional del TLCAN. A diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador, que han avanzado a lo largo de la primera década del siglo XXI en la búsqueda de proyectos de desarrollo nacional alternativos,¹⁹ el Estado en México se ha convertido sobre todo en un vector de la reproducción del capital de los países centrales, particularmente del de Estados Unidos, por medio de la instauración de un nuevo régimen de acumulación secundario–exportador bajo la hegemonía del capital transnacional estadounidense.

En consecuencia, la falta de legitimidad del Estado no puede ser resuelta por la acción de un régimen político que, dominado por la ideología neoliberal y los intereses del gran capital transnacional (incluidos los del narcotráfico), ha renunciado a intervenir activamente en la economía nacional. El Estado en México enfrenta así la profundización del déficit de racionalidad que atraviesa desde hace más de tres décadas. No es de extrañar que sectores cada vez más importantes de la población vean en la economía de la droga una alternativa para obtener una fuente de ingresos que les permita acceder a mejores condiciones de vida, así sea al precio de su propia vida o de su libertad. Este fenómeno está configurando una tendencia hacia una cierta legitimación de las actividades del narcotráfico, lo que corroe aún más los resabios de legitimidad que le restan al Estado y alienta el surgimiento de anti–valores que debilitan la cohesión social.

Por otro lado, la corrupción y la impunidad, endémicas en México a lo largo de su historia, han alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e institucional del país. Se ha operado de hecho una interiorización del fenómeno de la corrupción por parte de los agentes sociales, que la viven como algo normal, como un elemento más de su existencia cotidiana. Además, la hasta ahora fallida transición a la democracia formal burguesa y la crisis de representatividad que vive el sistema político, han ocasionado en la población la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto por los partidos políticos de cualquier signo. Así, el "Estado de derecho" es sólo una ficción en la actual sociedad mexicana, la cual es testigo y víctima a la vez de un Estado que se expresa a través de un régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad.

A ello abona la percepción, generalizada entre la población, de la reiteración del fraude electoral y el uso faccioso de los mass media (principalmente del duopolio Televisa–TV Azteca) como mecanismos para mantener en el poder a los representantes de la oligarquía dominante, a través de la alianza PRI–PAN.²⁰ El Estado aparece así, sin mediaciones, como un instrumento directo del capital y de la oligarquía en el poder.²¹ A ello se suma el hecho de que la crisis económica ha ejercido su efecto desfetichizador sobre una población con niveles de desocupación crecientes y una pérdida del poder adquisitivo de su salario sin paralelo en la historia económica reciente del país.²²

La consecuencia de este vacío de legitimidad es que el ciudadano mexicano no se reconoce a sí mismo como parte del Estado (es decir como miembro de una comunidad —aunque ilusoria— de ciudadanos libres y jurídicamente iguales entre sí), sino como sujeto pasivo de explotación económica y sometido a una relación coercitiva y arbitraria de dominación política de clase, que se le impone caprichosamente como un poder fáctico por encima de la ley y las instituciones. Esta falta de legitimidad se ha agravado por el hecho de que el régimen neoliberal en vigor no ha resuelto (al menos para los sectores mayoritarios de la población) los efectos derivados de la crisis del anterior modelo económico sustitutivo de importaciones, a los cuales se han sumado los efectos perversos del propio modelo neoliberal instaurado en la década de 1990.

A partir de la década de 1980 se han agravado las tendencias hacia la hipertrofia del llamado sector informal²³ y hacia el crecimiento de los flujos migratorios de mano de obra indocumentada hacia América del Norte; fenómenos que constituyen hoy por hoy las únicas válvulas de escape para una economía mexicana sin perspectivas de crecimiento en el corto y mediano plazos. Sin embargo, la contrapartida de estos fenómenos de informalidad y migración ha sido muy alta: México ha experimentado la pérdida de una parte importante de su fuerza de trabajo, registrándose en las últimas décadas una ola migratoria compuesta ya no solamente por migrantes rurales de bajo nivel educativo y escasa capacitación laboral, sino también por jóvenes de clases medias urbanas con niveles educativos universitarios. Así, la "fuga de cerebros" se ha venido a sumar a la tendencia crónica de expulsión de mano de obra fuera del país. El TLCAN, al no contemplar mecanismos equitativos y justos para hacer frente a las corrientes migratorias existentes en la región, ha abonado a la criminalización de la migración indocumentada.

En las últimas décadas, el crecimiento de la informalidad ha ido de la mano del crecimiento exponencial del crimen organizado. Los cárteles del narcotráfico, esparcidos en todo el territorio nacional, controlan por igual, además del tráfico de estupefacientes y armas, la trata de personas (prostitución, trabajo forzado, trabajo infantil), el secuestro, la extorsión, el juego, el contrabando de artículos "pirata", el robo de vehículos, etcétera. Su enorme capacidad de corrupción y penetración de los aparatos e instituciones del Estado a nivel local y nacional, así como el control que ejercen sobre regiones y zonas enteras del país, han significado un enorme desafío al Estado mexicano. La presencia del crimen organizado en la vida político–administrativa de México, queda de manifiesto en las alianzas y complicidades que los cárteles mantienen con funcionarios gubernamentales del más alto al más bajo nivel, en todos los poderes públicos y en todas las instancias de gobierno (Rodríguez García, 2012).

Mención especial merecen los vínculos del crimen organizado con representantes de la clase empresarial en los diversos sectores de la economía y las finanzas (Pérez, 2011), y en todas las regiones y ciudades del país, así como con representantes de la llamada "clase política",²⁴ independientemente de su filiación partidaria. Es precisamente a través de las estructuras corporativistas y clientelistas heredadas del viejo régimen, que se procesa la colusión de poderes públicos y privados (funcionarios gubernamentales/clase "política"–clase empresarial/banqueros) con el narcotráfico y el crimen organizado. No es aventurado afirmar que en ambos lados de la frontera y más allá de la misma dichos agentes sociales, independientemente de su nacionalidad u origen social, participan y se benefician de este rentable negocio global que es la economía de la droga (Vellinga, 2004).

Esta relación simbiótica entre el régimen político neoliberal y el crimen organizado ha alterado las relaciones sociales de producción en el seno del actual régimen de acumulación, dando paso al surgimiento de una nueva forma de Estado: el Estado narco,²⁵ cuya expresión fenoménica como régimen político neoliberal, autoritario y clientelista, ha sido penetrada en todos sus gobiernos por el narcotráfico (Smith, 1997:135–136). Esta presencia omnímoda del crimen organizado en los distintos niveles de la sociedad mexicana se ha traducido también en una alteración de las relaciones de dominación política de clase, modificando al mismo tiempo las relaciones de dependencia/dominación que vinculan al Estado–nación mexicano con el conjunto de Estados–nación en la escena internacional y debilitando su posicionamiento en la misma.

Así, el actual régimen político mexicano²⁶ puede ser visto como el vector resultante tanto de las contradicciones encerradas en la presente dinámica (nacional y global) de la acumulación de capital como de las contradicciones derivadas de la esfera de la dominación política de clase. El régimen político neoliberal, al negar en los hechos la universalidad del Estado, conlleva al mismo tiempo una tendencia a su desintegración en tanto que Estado capitalista, dado que impide la continua recreación de su forma general como poder abstracto e impersonal, es decir, de todos y de nadie (Pasukanis, 1970), constituyéndose, en cambio, en una forma aberrante (Estado narco) al servicio de una economía mafiosa (Buscaglia et al., 2006).

El desgaste del viejo régimen nacionalista revolucionario, así como una correlación de fuerzas sociales de clase desfavorable a los trabajadores a raíz de la crisis, permitieron la entronización de un grupo de tecnócratas ("educados" en universidades anglosajonas y permeados por la ideología neoliberal) en las más altas esferas del gobierno, convirtiéndose en operadores de una "modernización" del país acorde con los intereses del capitalismo global y de la plutocracia mexicana. Sin embargo, lejos de avanzar hacia una democratización de la vida pública (por lo menos, de acuerdo con los cánones de la democracia liberal burguesa), el nuevo régimen adoptó sin empacho las prácticas autoritarias y represivas del viejo régimen.

La differentia specifica entre el anterior y el nuevo régimen político en México, reside fundamentalmente en sus respectivas concepciones de Estado y su intervención en la economía, así como en los intereses de clase ocultos en los discursos político–ideológicos que les sirven de soporte. Sin embargo, su común denominador lo constituye el corporativismo, el autoritarismo y el clientelismo heredados del viejo régimen, pero refuncionalizados de acuerdo con las exigencias de la liberalización económica y de la valorización del capital transnacional, incluido el del narcotráfico (Rivelois, 1999:16–17). El corporativismo y el clientelismo han sido también reestructurados de acuerdo con una redistribución más o menos organizada de las ganancias de la droga entre los actores involucrados en la cadena de corrupción sistémica: narcotraficantes, funcionarios públicos, caciques regionales, empresarios y banqueros vinculados al "lavado" de dinero (Morris, 2010), miembros de la "clase política", etcétera, pero bajo la sombra de las contradicciones que oponen a los cárteles en su despiadada lucha por los mercados dentro y fuera del país.

El nuevo régimen político que se instaura en México a raíz de la quiebra del modelo sustitutivo de importaciones y de la subsecuente crisis de deuda externa, estigmatizó al Estado como el causante principal de la crisis, dado su peso, considerado excesivo, sobre la economía y dadas sus intervenciones, en el régimen nacionalista revolucionario anterior, contrarias al dogma del laissez faire. Así, el Estado pasó de héroe a villano teniendo, a partir de la década de 1980, una reducción considerable de su tamaño y un retiro masivo de su intervención en la economía.²⁷ Este nuevo relacionamiento entre la esfera económica y la esfera política en México ha llevado a una aparente dualidad en el patrón de supuesta "racionalidad" del Estado neoliberal. Por una parte, ha coadyuvado a la valorización y regeneración del capital global, particularmente del capital transnacional instalado en el país, apuntalando la emergencia del nuevo modelo de acumulación basado en la apertura externa; pero, por otra, ha erosionado las bases de la economía nacional, estrechando aún más el mercado interno y conduciendo al país a un estancamiento productivo crónico. El predominio de la finanza internacional, particularmente a raíz de la desnacionalización de la banca, no ha hecho sino agravar el déficit de racionalidad en la intervención económica del Estado.

En suma, los rasgos más sobresalientes del actual régimen político mexicano son:

1) La omnipresencia del narcotráfico y del crimen organizado en los diversos aparatos e instituciones del poder público, principalmente en el sistema judicial,²⁸ los cuerpos policíacos²⁹ y el ejército,³⁰ así como en los distintos niveles de gobierno (nacional, estatal y local). Los nexos del narcotráfico con la clase empresarial y la "clase política" se expresan también en la dualidad de roles y funciones de sus respectivos agentes sociales y representantes. El régimen político constituye así el lugar de articulación del poder del narco.

2) Como resultado del déficit de legitimación existente, el régimen político neoliberal mexicano mantiene una autonomía relativa restringida con relación a la oligarquía dominante, particularmente frente a su fracción hegemónica, el capital transnacional, y frente a Estados Unidos y su gobierno, el cual ha impuesto al gobierno mexicano los términos de su política contra el tráfico de drogas. En consecuencia, el poder público y las instituciones aparecen ante los agentes sociales como instrumentos al servicio del bloque en el poder (incluido el crimen organizado como fracción del capital total) y no como un aparato de poder público e impersonal al servicio de la sociedad entera.

3) Una política sistemática de traslación de riqueza nacional y recursos públicos al llamado "sector privado" mediante (corrupción de por medio) diversas vías, de las cuales las más importantes han sido: la privatización, abierta o disfrazada, de las empresas públicas; el rescate bancario a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y su sucesor, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); la reprivatización de la banca; el desmesurado crecimiento de la deuda pública, externa pero, sobre todo interna;³¹ la bursatilización de pasivos gubernamentales; la creación de múltiples fideicomisos alimentados con recursos públicos, pero sustraídos a todo intento de auditoría y supervisión, así como la enajenación de la riqueza pública y los recursos naturales de la nación a manos privadas, particularmente extranjeras (petróleo, gas natural, minería, paraísos turísticos, etcétera).

4) Una política de desvalorización acelerada del capital variable (en el sentido que le da Marx a la masa salarial), con el objetivo de contrarrestar la caída de la tasa media de ganancia por vía de trasladar el costo de la crisis a los trabajadores. Esta política ha incluido entre sus componentes principales la precarización del empleo, la contención salarial, el desempleo masivo, la represión laboral y sindical, así como la extracción de plusvalía absoluta mediante una mayor intensidad del trabajo.

5) El uso de la corrupción y la impunidad (Beittel, 2012) como mecanismos regulares y cotidianos de acumulación del capital y de redistribución del ingreso en favor de la alianza oligárquica de clases dominantes, incluido el narco y todos los partidos políticos existentes en México, independientemente de su filiación político–ideológica.³²

6) El predominio de la finanza internacional y de las actividades financieras especulativas legales e ilegales (el "lavado" de dinero en primer término), en detrimento del crédito para financiar la inversión productiva, así como el desarrollo de economías rentistas como las relativas a la explotación de los recursos petroleros³³ y el narcotráfico.

Las relaciones sociales de producción han sido profundamente alteradas por la presencia actuante del narcotráfico y del crimen organizado en la vida económica, política y social del país. El secuestro, la extorsión y la inseguridad han afectado gravemente la relación entre los capitales numerosos, dañando particularmente a las pequeñas y medianas empresas, de las cuales depende el grueso de la creación de empleos. El desaliento a la actividad económica en regiones como la del noreste del país, que incluye el área metropolitana de la ciudad de Monterrey, la segunda en importancia nacional, ha ocasionado una fuga masiva de empresarios locales que han cambiado su lugar de residencia a Estados Unidos o a otros países, llevándose en muchos casos sus capitales (Campos, 2008). A pesar de las declaraciones oficiales en contrario, lo cierto es que la "narcotización" de la economía y la política en México ha desalentado la inversión productiva, lo que ha agravado los niveles de desempleo e informalidad existentes. Además, las extorsiones a empresas han elevado sus "costos de transacción", lo que ha repercutido negativamente en su rentabilidad económica. A nivel de la relación salarial, la baja en el empleo y la caída en el poder adquisitivo de los salarios han deteriorado las condiciones de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, obligándola a migrar al país del norte o a ubicarse en la informalidad, engrosando muchas veces las filas de los cárteles de la droga.

Actividades como el turismo, en donde México es altamente competitivo, han sido afectadas por la violencia generalizada del narcotráfico (Ríos, 2011) y la ofensiva gubernamental en contra del mismo. Paraísos turísticos como Acapulco o Cancún han experimentado el descenso dramático de sus niveles de actividad, sin que la presencia de numerosos contingentes militares y policíacos haya logrado reducir o parar esta tendencia. Por otra parte, el crimen organizado en contubernio con altos funcionarios de Pemex y su sindicato ha logrado establecer una red paralela de comercialización ilegal de hidrocarburos cuya magnitud, según algunos expertos, se equipara de hecho con los volúmenes de comercialización legítima de los mismos (Pérez, 2011; Ravelo, 2011). Esta depredación de los recursos naturales no renovables del país es inédita y sin paralelo en la historia nacional.

En el caso del sector agropecuario (Maldonado, 2010), la siembra de opiáceas (amapola) y de mariguana en grandes extensiones de tierra bajo la protección del narco, así como el clima de inseguridad que la presencia de éste genera, han afectado la producción de otros cultivos como los granos básicos, coadyuvando así a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria del país (institucionalizada de hecho por la política neoliberal aplicada al campo en las últimas décadas). Aunque los campesinos dedicados al cultivo de estupefacientes reciben ingresos por hectárea muy superiores a los generados por los cultivos "lícitos", muchas veces se trata de mano de obra secuestrada y esclavizada por los propios cárteles.³⁴

El análisis de los circuitos monetario–financieros del narcotráfico revela así el carácter rentista de la economía de la droga. Además, el Estado narco erosiona la situación internacional de México y debilita su modo de inserción en la economía mundial, así como su articulación con el conjunto de Estados–nación, aumentando el grado de dependencia y subordinación del país con relación a los países centrales, particularmente Estados Unidos. Finalmente, el combate al narcotráfico a partir de 2006 ha significado un enorme quebranto para las finanzas públicas, dada la enorme cantidad de recursos presupuestales involucrados (Astorga y Shirk, 2010)³⁵ y su consecuente desvío en detrimento del gasto "social" y "económico" del Estado. Pero al mismo tiempo, ha significado una fuente de corrupción y enriquecimiento ilícito para algunos funcionarios públicos y empresarios vinculados con el ejercicio de este tipo de gasto público.

Así, a finales de 2006 emerge a plena luz, ante la desconcertada población mexicana, la verdadera dimensión del fenómeno del narcotráfico y del crimen organizado en el país. En este proceso varios factores convergieron. Por una parte, la urgente necesidad de Felipe Calderón de construirse artificialmente, por medio de la violencia institucional, una legitimidad que no obtuvo en las urnas (Alonso, 2012) debido a la percepción, muy extendida entre la población, de la naturaleza fraudulenta de la elección presidencial de julio de 2006; por la otra, la presión del gobierno estadounidense de sumar a su política antinarcóticos al nuevo gobierno federal, para combatir a los cárteles de la droga lejos de sus fronteras, en el propio territorio mexicano, y "protegerlas" del llamado "narcoterrorismo".

Ello dio origen a una abierta declaración de guerra del gobierno de Calderón contra las diversas agrupaciones del crimen organizado. De hecho, se trata de una verdadera guerra civil contra aquella parte de la población vinculada con el tráfico de drogas. Desafortunadamente, la emprendió sin la más elemental concepción estratégica, privilegiando el frente militar pero descuidando el frente financiero: el "lavado" de dinero (Morris, 2010), que es donde se encuentra el verdadero poder del narco, así como el frente político, marcado por la corrupción y la impunidad sistémicas, protegidas por el propio régimen (Buscaglia et al., 2006). El resultado ha sido desastroso: 70 mil muertos a noviembre de 2012 (Esquivel, 2012), más de 25 mil desaparecidos y 250 mil desplazados a lo largo de este sexenio, así como el debilitamiento del tejido institucional y la erosión del prestigio de las fuerzas armadas,³⁶ acusadas de numerosas violaciones de derechos humanos y de involucramiento con el narcotráfico, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de éxito a mediano y largo plazos. Esto ha llevado a la condena casi unánime de la población de la "guerra de Calderón" contra el narco, habiéndose presentado una demanda en su contra ante el Tribunal de Justicia Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por su gobierno (Camacho, 2011; Carrasco, 2011). A pesar de estas consideraciones, es muy probable que el nuevo gobierno mexicano no cambie la estrategia contra el crimen organizado, puesto que la guerra ha resultado un jugoso negocio para actores públicos y privados vinculados con la cadena de corrupción sistémica. Por consiguiente, en la medida que dicha estrategia genere pingües beneficios a los intermediarios (funcionarios públicos y "gestores" de la llamada "clase política") que intervienen, corrupción mediante, en la asignación de contratos públicos sin licitación (o con licitaciones amañadas), así como a los empresarios proveedores ede bienes y servicios (con precios artificialmente elevados) para la policía y las fuerzas armadas, es de esperar que la misma se mantenga (Alonso, 2012:6).

El gobierno de Calderón desató fuerzas que han terminado por sustraer del poder del Estado a regiones enteras del país, donde los cárteles del narcotráfico imponen su ley, cobran impuestos bajo forma de "protección" o "derecho de piso" a empresas e individuos y ponen o quitan de grado o por la fuerza a alcaldes, jefes de policía, diputados, etcétera. Actualmente se reconoce, más o menos abiertamente, que los gobiernos del PRI mantenían acuerdos secretos con el crimen organizado (Beittel, 2012:4). A cambio de mantener las ciudades limpias de droga y en paz el tejido social, el gobierno en turno (corrupción mediante) aseguraba la protección de los criminales en las actividades de producción local y trasiego de droga (cocaína sudamericana) con vistas al mercado de Estados Unidos, así como en el "lavado" de dinero.

Hasta la década de 1990, México fue básicamente un país de paso del narcotráfico en su camino hacia el norte, y de producción de algunas drogas como la mariguana y los opiáceos. Pero a partir del año 2000, con la falta de gobernabilidad en que cayó el país durante el sexenio de Vicente Fox y hasta la actualidad, la producción (incluidas las sintéticas) y el consumo de drogas en México se ha incrementado de manera alarmante, sobre todo en las grandes ciudades con alto poder adquisitivo, que se han convertido en importantes centros de consumo. Así, la situación actual del país en materia de seguridad pública no podría ser más dramática. A pesar de la detención y/o la muerte de numerosos líderes y miembros del crimen organizado en el marco de la llamada guerra contra los cárteles, este negocio aparece más boyante que nunca, con una cantera inagotable de recursos humanos surgidos de las filas de los millones de desempleados (Villalobos, 2011:11) y jóvenes marginados sin empleo ni educación,³⁷ así como de elementos policiales y militares de todos los grados y niveles que actúan más o menos encubiertos al servicio de los cárteles, brindándoles protección y participando en los crímenes cometidos por éstos.

Por otra parte, algunos grupos de interés empresariales y/o políticos en Estados Unidos han favorecido hipócritamente el tráfico de armas, negocio más rentable incluso que el del propio narcotráfico, facilitando la venta de las mismas al crimen organizado.³⁸ Estos fenómenos han abonado de manera significativa al desarrollo de una guerra terriblemente sangrienta entre los propios cárteles (Rodríguez et al., 2010) y de éstos contra el gobierno, con altos costos en vidas humanas para la población civil. Las organizaciones criminales se disputan no solamente los mejores y más seguros pasos fronterizos, sino también las ciudades y regiones del país con alto poder adquisitivo o con suelos apropiados al cultivo de mariguana y amapola. Sin embargo, desde el momento en que los cárteles mexicanos han ampliado su radio de operaciones al propio territorio estadounidense y a Centro y Sudamérica, la seguridad nacional de México se ha visto seriamente amenazada por la creciente injerencia en sus asuntos internos de las agencias estadounidenses encargadas de la lucha contra las drogas y el terrorismo internacional.

CONCLUSIÓN

El Estado periférico mexicano, a diferencia de los Estados del capitalismo central, no refleja la universalidad de intereses que funda el carácter abstracto e impersonal del Estado capitalista en general (Pasukanis, 1970), sino que aparece como el instrumento particular de grupos de poder fáctico que se disputan la hegemonía al interior de una oligarquía facciosa y voraz, de la cual forman parte, desde luego, los diferentes cárteles de la droga. En consecuencia, su legitimidad no descansa, como en los países del capitalismo desarrollado, en la generalización de las relaciones de cambio (fetichismo de la mercancía y del dinero) ni en el ejercicio de la democracia formal representativa asociada a la generalización mercantil, sino en contenidos políticos, sociales y culturales muy heterogéneos, desprendidos del pasado histórico y/o del campo inmediato de fuerzas sociales de clase, pudiendo apoyarse incluso (como en la coyuntura actual) en la violencia y la represión institucionales.

Así, México se encuentra en la década de 2010 en una encrucijada: en un contexto de neoliberalismo rampante y de crisis económica nacional y global, la parálisis funcional que sufre el Estado le impide coadyuvar eficazmente a la regeneración del capital nacional (aunque no del capital global), lo cual agrava su déficit de racionalidad y socava aún más su legitimidad. En este sentido, en septiembre de 2012, una vez más, la elección presidencial le fue adjudicada por las autoridades electorales al candidato de la derecha (esta vez priísta), conspicuo representante de la oligarquía dominante. El Estado narco se reprodujo así en la continuidad de un régimen político neoliberal autoritario e ilegítimo, ajeno a los intereses nacionales y ciego ante las apremiantes necesidades de las grandes mayorías de la población mexicana.

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Notas

¹ Siguiendo a Salama (1979), analizamos la instancia estatal en tres diferentes niveles de abstracción/ concreción: a) como forma general del Estado capitalista; b) como régimen político o forma fenoménica (exterior) del Estado; y c) como gobierno concreto de un régimen político determinado. La unidad de estos tres niveles de existencia del Estado constituye su realidad concreta en tanto que relación social de dominación política de clase.

² El tráfico de drogas, según algunas estimaciones, representa 3.6 por ciento del PIB en México (Zúñiga, 2012). Pero, al mismo tiempo, se ha convertido en un obstáculo para la reproducción de los capitales numerosos y del capital en general, dado su comportamiento rentista, el carácter especulativo de sus flujos de inversión (lavado de dinero) y el clima de inseguridad pública y violencia engendrado por su ilegal modus operandi.

³ Para 2012, el presupuesto federal destinado a seguridad (gasto ejercido por las secretarías de Seguridad Pública, Defensa, Marina y Procuraduría General de la República) aumentó 10.7 por ciento con respecto a 2011, en tanto que el presupuesto de egresos de la Federación en su conjunto sólo registró un incremento de 2.5 por ciento para el mismo período (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2012).

⁴ Según el ICESI (2011: 4–5), el costo de la inseguridad en México ascendió en 2009 a 1.16 billones de pesos, equivalente a 8.9 por ciento del PIB.

⁵ Se estima que los conglomerados transnacionales en México tienen una carga impositiva de alrededor de 1.7 por ciento de sus ingresos, en tanto que la carga fiscal para el resto de contribuyentes se ubica entre 25 y 30 por ciento de los mismos.

⁶ La contrapartida de esta política de estabilización reside en que ha permitido el libre flujo de capitales necesario a la valorización y repatriación de las ganancias de la inversión extranjera directa (IED) y de portafolio.

⁸ Según el Banco Mundial, durante la década del 2000, la clase media en América Latina experimentó una mejoría en sus niveles de vida. Sin embargo, en México, la clase media se estancó e incluso se rezagó (Morales, 2013; Redacción Aristegui Noticias, 2013).

⁹ El Banco de México ha coadyuvado a la consolidación de esta "economía casino", al mantener un altísimo nivel de reservas internacionales (161 319 millones de dólares al 31 de agosto de 2012), con el objetivo de "darles certidumbre" a los capitales atraídos por este creciente mercado especulativo.

¹⁰ Según el Inegi, para 2011 la generación de empleos informales superó la generación de empleos formales, alcanzando la ocupación en el sector informal la cifra de 13.5 millones de trabajadores y en el sector formal de 13.2 millones.

¹¹ El inicio de la industrialización en México durante los años cuarenta, trajo consigo una intervención muy importante del Estado en la creación de infraestructura productiva y una participación estatal directa en el sector industrial (sector paraestatal). El presupuesto público fue canalizado prioritariamente hacia el "gasto económico" e impuso límites a la socialización estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo ("gasto social"). En consecuencia, el "Estado del Bienestar" careció de una base material lo suficientemente amplia para poder realizarse. La contradicción entre el debilitamiento de la reproducción "privada" de la fuerza de trabajo (economía campesina, modo de producción doméstico) y la incipiente socialización estatal de dicha reproducción, fue resuelta parcialmente por la emergencia del sector informal, verdadera excrecencia del capitalismo subdesarrollado.

¹² No obstante, las diferencias entre México y Brasil son importantes. Aunque las dos economías han sido expuestas a la apertura externa, la "desindustrialización precoz" de Brasil se ha acompañado de un crecimiento económico relativamente elevado, mientras que en el caso de México la economía ha permanecido prácticamente estancada. Brasil pudo contrarrestar el impacto negativo de su "desindustrialización precoz" a través de una mayor producción y exportación de materias primas agrícolas con precios internacionales a la alza en los años recientes. México, en cambio, con una agricultura sumida en la crisis desde los años sesenta, no pudo aprovechar el boom de los precios agrícolas, antes, al contrario, lo perjudicó.

¹³ Estos sectores no son, como lo afirman los teóricos del "dualismo estructural", compartimentos estancos, sino que existe entre ellos una relación simbiótica de subordinación/dominación, lo que permite la transferencia de valores del primero hacia el segundo a través de los diferenciales de precios y salarios, así como por medio del trato, también diferencial, del Estado frente a los mismos.

¹⁴ Uno de los principales problemas que enfrenta el sector industrial en México es el del endeudamiento, lo que ha forzado a los grandes conglomerados nacionales a buscar "alianzas estratégicas" con el capital transnacional para poder sobrevivir, pero a costa de su subordinación a éste y de la desnacionalización de la planta productiva. Los casos de Cemex, Vitro y, más recientemente, de la Cervecería Modelo son emblemáticos.

¹⁵ De acuerdo con cifras oficiales del Inegi, en los últimos años la tasa de desocupación se incrementó 40 por ciento.

¹⁶ Jaime Serra Puche, a la sazón secretario de Comercio y Fomento Industrial del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988–1994), declaró que la mejor política industrial para México era la de no tener ninguna.

¹⁸ Desde luego, ello no excluye la operación en México de algunos mecanismos de "bienestar social" (seguridad social, educación, salud pública, etcétera) y de normatividad jurídica (legislación del trabajo, arbitraje). No obstante, estos mecanismos, limitados estructuralmente, no alcanzan a cubrir más que una parte de las clases trabajadoras, introduciendo diferenciaciones en el seno de éstas que acentúan su fragmentación política e ideológica y, en consecuencia, su dependencia frente al Estado y el capital.

¹⁹ Estos proyectos se han basado en correlaciones de fuerzas sociales de clase favorables a los trabajadores y en una menor dependencia frente a Estados Unidos, lo que ha llevado al surgimiento de nuevos regímenes políticos, relativamente más nacionalistas y democráticos que el régimen mexicano.

²⁰ Las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, percibidas en su momento como fraudulentas por amplios sectores de la población, han abonado de manera importante a la actual situación de ilegitimidad e ingobernabilidad que sufre el país. La reciente elección presidencial de julio de 2012 corre un alto riesgo de ser percibida de igual manera por la ciudadanía, dadas la indecisión, parcialidad y falta de transparencia de las actuales autoridades electorales ante la supuesta compra de votos a favor del candidato del PRI, el uso de recursos ilícitos ("lavado" de dinero) y el rebase de los gastos de campaña. De hecho, es un conflicto que, lejos de haberse resuelto, previsiblemente continuará y, con ello, la falta de legitimidad seguirá pesando sobre el nuevo gobierno.

²¹ La reducción del Estado a la mera expresión de los intereses de la alianza de clases dominantes es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la emergencia del narcotráfico y del crimen organizado. El término "oligarquía en el poder" es usado aquí en el sentido que Gramsci le da a la alianza de clases dominantes dentro de un bloque histórico determinado (Portelli, 1973:84–89). Los sindicatos, algunas ONG o los movimientos sociales pertenecen, por el contrario, a instituciones asociadas a las llamadas "clases subalternas" o a sus organizaciones de lucha en defensa de sus intereses de clase.

²² El informe de 2011 del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana, titulado "Cálculo del salario en México", señala que: "El salario mínimo actual en México equivale a la cuarta parte de este salario en 1976, es decir, hace tres décadas y media un obrero que percibía esta remuneración podía adquirir 75 por ciento más productos o servicios que en 2011" (Muñoz Ríos, 2011).

²³ Diversas estimaciones señalan que el sector informal representa entre 40 y 50 por ciento del PIB en México, proporción que está en progresión de forma alarmante. Un análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey indica que el número de empleos formales permanentes creados entre 2006 y 2011 fue de apenas 899 mil, en tanto que más de dos millones de personas ingresaron al sector informal en este mismo período (Rodríguez, 2012).

²⁴ Defino la "clase política" como el conglomerado social compuesto por los legisladores y los miembros de los diversos partidos políticos, algunos de los cuales adquieren, mediante el tráfico de influencias y el clientelismo, poder político y económico que no se explican solamente por sus capacidades o méritos personales. El entrecomillado obedece a que no se trata de una clase social estrictamente hablando, dado que no existe un vínculo unívoco común de sus distintos miembros con el proceso de producción capitalista, ni como empresarios ni como trabajadores asalariados directa o indirectamente productivos.

²⁵ Desde esta perspectiva, la alteración o trastrocamiento de las relaciones sociales de producción y de dominación de clase constituye el criterio teórico fundamental para caracterizar el surgimiento de una nueva forma de Estado.

²⁶ El carácter de un régimen político determinado obedece, según Salama (1979:246), a tres factores interdependientes: a) la dinámica del régimen de acumulación en vigor, tanto a nivel nacional como global; b) la correlación existente de fuerzas sociales de clase; y, c) la expresión a nivel político de las diferentes fracciones del capital. Sobre esta base, podemos caracterizar al actual régimen político en México como un régimen neoliberal, tecnocrático, autoritario y corporativista.

²⁸ La corrupción generalizada en el sistema judicial mexicano se agrava en relación con el tráfico de drogas, donde la impunidad es casi absoluta. Sólo uno de cada tres "narcos" capturados durante el sexenio de Calderón recibió una sentencia condenatoria (Milenio, 2012).

²⁹ Este es el caso, entre otros, de Noé Ramírez Mandujano, subprocurador de Justicia (con rango de subsecretario de Estado) encargado de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que en noviembre de 2008 fue detenido y acusado de connivencia con el narcotráfico (González, 2008).

³⁰ Este fenómeno, de conocimiento público de larga data, volvió a salir a la luz con la detención, en mayo de 2012, del General de División, Tomás Ángeles Dauahare (Subsecretario de Defensa durante los dos primeros años del gobierno de Calderón) y otros tres oficiales militares de alto rango, acusados de colusión con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva (Carrasco, 2012).

³¹ Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2013), en junio de 2006, la deuda neta total (interna y externa) del sector público federal era equivalente a 20 por ciento del PIB, pasando a representar, en junio de 2012, 32 por ciento del mismo (estimado para ese año). En 2006 la deuda pública interna representaba 63 por ciento de la deuda total, pasando a 69.5 por ciento de la misma en 2012.

³² La corrupción se ha manifestado también, aunque con menor frecuencia e intensidad, en el seno de los partidos de izquierda como el PRD, lo que se evidenció, entre otros casos, en el affaire Bejarano.

³³ Fenómeno que ha conducido a la "petrolización" de las finanzas públicas (40 por ciento de los ingresos públicos provienen de los impuestos a Pemex) y a un déficit fiscal crónico, ante la incapacidad o la negativa del régimen de gravar de manera progresiva a los estratos más ricos de la población y a los grandes conglomerados empresariales, particularmente los transnacionales.

³⁴ Tal fue el caso en la década de 1980 del famoso rancho El Búfalo, en el estado de Chihuahua, y más recientemente, el ocurrido en el estado de Durango durante 2009 y 2010.

³⁵ La publicitada Iniciativa Mérida no ha representado más que un marginal monto de recursos estadounidenses (entre 450 y 500 millones de dólares anuales, la mayor parte en especie) para "ayudar" al gobierno mexicano en su lucha contra las drogas, el cual gasta anualmente entre cuatro mil y cinco mil millones de dólares en este rubro.

³⁶ A pesar de que se sabía, por lo menos desde los años cuarenta, del involucramiento del ejército con el narcotráfico (Resa, 2002:3–4), las fuerzas armadas constituían una de las instituciones de mayor prestigio ante la ciudadanía y la opinión pública en el país. Sin embargo, la exposición y el riesgo al que fueron sometidas durante el sexenio de Calderón han trocado su prestigio anterior por abierto desprestigio, como lo atestiguan las miles de denuncias contra miembros de esta institución por violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Calderón, así como la declaración que hizo el pasado 7 de febrero de 2013 el mismo Secretario de Defensa del nuevo gobierno, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ante integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en donde reconoció que el Ejército Mexicano se ha desgastado en los años recientes por su participación en tareas de combate a la delincuencia organizada (Méndez y Garduño, 2013).

³⁸ Tal es el caso de la llamada operación "Rápido y Furioso", en el cual la agencia estadounidense encargada de evitar el tráfico de armas facilitó de manera encubierta la venta de miles de fusiles de asalto a los cárteles de la droga mexicanos, con el pretexto de "seguirles su ruta" y poderlos atacar más eficazmente. Además del hecho de que, al parecer, las autoridades mexicanas no fueron informadas de esta medida, el asunto ha polarizado a la opinión pública estadounidense y ha introducido conflictos internos en el seno de la administración Obama, avivando el debate sobre la necesidad de regular la producción y venta libre de armas de asalto en el vecino país, abrumado actualmente por una ola de asesinatos masivos, realizados con este tipo de armas, en escuelas y sitios públicos.