Políticas sociales y ciudadanía. Diálogos entre la teoría feminista y el campo de estudios de infancia

Social policy and citizenship. Dialogues between feminist theory and childhood studies

Valeria LLOBET

Profesora–investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Dirección electrónica: valeria.s.llobet@gmail.com

Resumen

Este artículo señala algunos desafíos para los estudios de infancia en América Latina y la utilidad de los estudios feministas sobre el Estado. El argumento central propone que relaciones intergeneracionales y categorías etarias constituyen ejes de construcción y legitimación de la desigualdad social. Así, las políticas para la infancia no sólo son escenarios centrales a la construcción de la categoría "infancia", sino también un espacio donde las dimensiones culturales de las políticas desempeñan un papel en los mentados procesos de legitimación y producción de desigualdad infantil. Por ello, los aportes de las teóricas feministas del bienestar permiten una mejor comprensión de estos procesos.

Palabras clave: 1. bienestar infantil, 2. ciudadanía de la infancia, 3. agencia, 4. desigualdades categoriales, 5. teoría de género.

Abstract

This article indicates some of the challenges for childhood studies in Latin America and the usefulness of feminist studies on the state. The central argument posits that inter–generational relations and age categories constitute axes for the construction and legitimization of social inequality. Thus, childhood policies are not only central scenarios for the construction of the category of "childhood" but also a sphere where the cultural dimensions of policies play a role in the processes of the legitimization and production of childhood inequality. The contributions of feminist welfare theorists therefore provide a better understanding of these processes.

Keywords. 1. child welfare, 2. child citizenship 3. agency 4. categorial inequalities 5. gender theory.

INTRODUCCIÓN¹

El campo de estudios sociales de infancia, de gran desarrollo en el ámbito anglosajón a partir de posiciones constructivistas e interaccionistas (James y Prout, 1997; Corsaro, 1997; James y James, 2004, Mayall, 2002) presenta específicos derroteros latinoamericanos. éstos hacen converger las preocupaciones por los derechos de la infancia y su gobierno (Scheinvar, 2008 y 2009, Fonseca, 2004, Schuch, 2009) con preguntas por modalidades de socialización y prácticas políticas (Botero et al., 2008; Nuñez, 2008) y formas de producción de subjetividad (Rabello, 2001 y 2004). Ambos grupos de debates tienen en común una reacción a la sobreinstitucionalización de los sujetos, propia de los enfoques funcionalistas. Esta preocupación ha dado lugar muchas veces a un tratamiento del Estado como un escenario homogéneo, contexto de procesos que, en estricto sentido, no entran en diálogo con él. O bien se ha considerado al Estado centralmente en su faz de control social y represión (Guemureman y Daroqui, 2001; Larrandart, 1990). No obstante, en los últimos años vienen teniendo lugar nuevas reflexiones en torno a las políticas sociales (Rizzini et al., 2006; Peroni, 2010) de modo que los procesos y problemas iluminados por los derechos de niños, niñas y adolescentes se han ampliado en la dirección de incluir reflexiones sobre los derechos económicos, sociales y culturales, o en general, la "ciudadanía infantil", con tonos propios diferenciales respecto de los debates de la academia anglosajona (Lister, 2001 y 2003; Invernizzi y Williams, 2008). Los análisis relativos a las significaciones particulares que adoptan los derechos en contextos específicos de implementación cobran así especial relevancia (Fonseca y Cardarello, 2005; Villalta, 2010).

En este contexto, es de interés revisar algunas proposiciones que pueden hacer avanzar el debate en la dirección de problematizar de manera más específica el aporte de determinadas modalidades de abordaje del campo de políticas para la infancia. Se plantea entonces una discusión que contextualice las premisas centrales del campo de estudio de infancia, en especial que las relaciones sociales y culturas infantiles puedan ser estudiadas en sí mismas, y que los niños sean tratados como actores sociales per se (James y Prout, 1997; James et al., 1998; Corsaro, 1997). Es un punto en debate por parte de los críticos que pueda considerarse a los niños como actores, al menos en el sentido otorgado por Giddens (King 2007). No obstante, los promotores de esta idea sostienen una definición más acotada de "actor", limitada a la afirmación de que los niños tienen parte activa en la construcción de la vida social (James y James, 2008; Prout y James, 1990). Otros autores señalan que los niños "hacen la diferencia" a las relaciones sociales, decisiones, etcétera, de las que forman parte (Mayall, 2002). Por su parte, autores como Lee (2001) sostienen que es necesario revisar los modos en que se posibilita a los niños ser actores sociales. Ello deja sin discutir plenamente si es posible atribuir a "los niños" intereses como grupo social. Desde el punto de vista de autores con posiciones más ligadas al estructuralismo (Qvortrop, 2005) ello parecería posible. Aún así, vale recordar lo que la teoría crítica y el postestructuralismo han contribuido a dilucidar. Esto es que no es posible asumir que una categoría de diferenciación social sea a priori un basamento para totalizar la identidad. En este sentido es que es necesario considerar cómo se producen heterogeneidades y diferenciaciones entre los niños y cuáles de ellas conducen a desigualdades horizontales. Ello implica considerar que la edad es un factor de diferenciación con estatuto y funcionamiento similar al género, la etnia, la clase, si bien seguramente resultan secundarios en muchos contextos. La pregunta: ¿qué tienen en común niños de distintos sectores sociales, distintos grupos étnicos, distintos contextos culturales?, se contesta, desde el punto de vista de los estudiosos del campo, por el hecho de los procesos de construcción social de la infancia, es decir, la invisibilización de los aportes de los niños a la vida social, la restricción de su autonomía, la naturalización de formas de sometimiento con base en la edad, la falta de poder político y de acceso individual a recursos y otros procesos que dan cuenta del tratamiento de los niños con un estatus de minoría social, del mismo modo que se trató a las mujeres como menores (Ennew, 2002; James et al., 1998; James y James, 2008). Como señalara Mayall (2002) los niños son actores sociales pero pertenecientes a un grupo minoritario, en el sentido de carecer de poder para influir de manera taxativa en sus vidas.

Además parece necesario explorar las posibilidades que abre el análisis de las maneras en que se concibe la infancia y sus derechos en las políticas sociales no sólo como discursos y representaciones, sino también como decisiones administrativas; es decir, actos, intervenciones, negociaciones y como escenarios en los que se dirime la experiencia de infancia de los niños y niñas de sectores populares. Es decir, el propósito no es tanto hacer señalamientos analíticos sobre las políticas sociales en cuanto campo de estudio, sino enfocar en las políticas sociales porque se considera que la acción estatal es uno de los escenarios centrales en que se "produce infancia" en el ámbito latinoamericano, y deberá ser analizado para poder dar cuenta de la particularidad regional, a saber, la "persistencia de la desigualdad", parafraseando a Tilly (2004). De modo tal que se parte aquí de plantear que las políticas sociales no son meramente un efecto de las formas dominantes de concebir la condición infantil y adolescente, sino también son constructoras de imágenes y discursos sobre tales grupos sociales (Pontes y Corrochano, 2005), son capaces de influir en sus condiciones de existencia mediante tales universos simbólicos (James y James, 2004) y se constituyen en un laboratorio en el que se disputa un proyecto sobre la sociedad (Carli, 2002).

Los niveles en que las políticas sociales son conceptuadas e indagadas son varios. El más estudiado en nuestro ámbito es el de las prácticas y, en general, de la implementación, probablemente dada la centralidad que tal espacio de negociación de sentidos adquiere para comprender la implementación concreta y el valor que las políticas toman, en tanto programas, en la vida de las personas para las que son desarrolladas. No obstante, como gran parte de los textos de análisis feminista del Estado y la desigualdad ha mostrado, el análisis de los significados, valores y percepciones que sostienen las definiciones de problemas y poblaciones a asistir, son aspectos centrales en la determinación de los tipos de planes y programas, del tipo de servicio que los mismos proveen, de las necesidades y/o vulnerabilidades que son consideradas legítimas y, en última instancia, de quién es considerado y en virtud de qué características y calificaciones, ciudadana/o con derechos (Fraser y Gordon, 1994; Fraser, 1989, Adams y Padamsee, 2001; Haney, 1996, Padamsee, 2009, Beland, 2009). Un principio teórico básico es el supuesto de que el discurso que es usado para nombrar la vida social es una fuerza activa que le da forma, es una práctica social. Ello da cuenta de la importancia de analizar los procesos de significación (Williams, 1976, Mayer, 2008; Fraser, 1989; Williams, 2009; Padamsee, 2009). De modo tal que al enfocar en las prácticas sociales se puede observar que se trata de prácticas en las que las negociaciones de sentidos constituyen un espacio de actualización de las diferencias de poder, mediante el establecimiento de límites y fronteras que legitiman y reactualizan relaciones sociales.

EN LA BÚSQUEDA DE UN OBJETO

Para este artículo interesa reconstruir en la configuración de un objeto de indagación, los usos que es posible rastrear de algunos aportes de la(s) teoría(s) feminista(s). Básicamente, se trata de dos: la discusión respecto del Estado, la acción estatal y las políticas públicas, y respecto de la ciudadanía. Específicamente, la perspectiva es presentar el recorrido propio de quien escribe, es decir, una "teoría en uso", y no dar cuenta del extenso y riquísimo campo teórico de los estudios de género, siquiera en esos campos.

Optar por trabajar con las herramientas que provee la teoría de género para realizar un recorrido que no procura necesariamente aportar en primer lugar al debate en los estudios feministas del estado resulta importante, desde mi perspectiva, para superar algunas de las limitaciones de los estudios sobre políticas sociales en relación con los problemas de la niñez y, a la inversa, de los estudios de infancia cuyo escenario es el de las políticas sociales. En primer lugar, porque mayoritariamente estos estudios tienden a enfocar las desigualdades socioeconómicas y no las categoriales² relacionadas con los supuestos relativos al género,^{3, 4} la etnicidad, las relaciones interetarias. En segundo, porque dado el carácter muchas veces dramático de la situación social de las mayorías en América Latina las discusiones sobre los procesos simbólico–culturales en el estado de bienestar aparecen como elucubraciones ociosas, sin dimensionar su vinculación fuerte con las determinaciones de la desigualdad en un sentido pluralista (Kessler, 2011) y, en última instancia, con un debate sobre la justicia social; finalmente y más importante, porque el análisis de los problemas de la ciudadanía infantil y en general de la construcción social de la infancia está "fuera de foco" respecto del análisis de las políticas sociales, no obstante el giro a "la cuestión de la infancia" como epicentro de la protección social.⁵ En efecto, ha sido ampliamente señalado el hecho de que el estado social activo ha ubicado al niño como figura central de la protección social (Lister, 2006; Elizabeth y Larner, 2005), por ejemplo, mediante el recurso a las transferencias condicionadas de ingreso que se destinan a las familias pobres con hijos menores de edad. Pero ello ha dado lugar a enfatizar el desarrollo de capital humano y productividad futura (Miller, 2005) antes que a los niños en el presente (Lister, 2003) y menos aún, a esos mismos niños considerados en redes de relaciones (White, 2002).

Por otro lado, y considerando el enfoque de las investigaciones, si bien es posible y necesario revisar estas dimensiones representacionales en las prácticas, puesto que no se pueden deducir tales prácticas de la dimensión normativa, existe una tendencia tal vez demasiado generalizada en los estudios sobre infancia a la incorporación de perspectivas y marcos teórico–metodológicos microsociales y cualitativos. En un sentido similar, tanto Jude Fernando (2001) como Erica Burman (1996) señalaron el peligro implícito en las investigaciones que, enfocando en la vida cotidiana y las interacciones en el plano microsocial, toman a la categoría "niño" como un dato preexistente.

No obstante sus posibilidades, el foco micro a veces invisibiliza que no puede reconstruirse sólo en las prácticas sociales e institucionales la dimensión productiva y normativa de la realidad social, dimensión en la que se enfocan los estudios de género que estamos presentando. Para seguir con las paráfrasis, el todo es más que la suma de las partes.⁸ Dicho en otras palabras, el foco de las indagaciones no debería estar sólo en la interacción, cuando se procura indagar por la producción de categorías sociales y procesos de individuación.

Para Reynolds et al. (2006:300), ello implicaría pasar de la descripción y el análisis de las experiencias infantiles y la vida cotidiana a la descripción y análisis de las fuerzas, incluyendo las gubernamentales e institucionales en el proceso de formación de políticas, que deniegan la posibilidad de implementar los derechos. Desde mi punto de vista, implica integrar las condiciones en las que tal experiencia es construida, mediante el foco en las relaciones sociales y las negociaciones que en la misma se produce y la producen, y situarla en sus determinaciones institucionales, socioeconómicas, históricas.

Desde el punto de vista empírico, esta integración se me aparece crucial. En efecto, las transformaciones de las políticas sociales en el ámbito latinoamericano avanzan en la dirección de colocar la pobreza infantil como un problema de derechos humanos a partir del cual reorganizar la protección social (Therborn, 1996). Al mismo tiempo, los sujetos construidos como mediadores en el bienestar de la infancia son, primordialmente, las mujeres, interpeladas por el Estado como madres (Molyneux, 2007; Tabbush, 2009). Para el ámbito anglosajón, varias analistas vienen indicando de qué modos particulares esta imbricación tiene consecuencias restrictivas en la reinterpretación del alcance y de los significados de los derechos tanto de niñas/os como de mujeres (Lister, 2006; Dobrowolsky y Lister, 2005; Dobrowolsky y Jenson, 2004).⁹ Convergentemente, la implementación en toda América Latina de reorganizaciones de los sistemas de protección de derechos de la infancia supone una transformación de las fronteras de lo que tradicionalmente ha sido identificado como el campo de asistencia de la minoridad (Villalta, et al., 2011). De modo tal que se considera aquí que los procesos en curso requieren de un ajuste de los instrumentos analíticos con los cuales sean abordados. Se examinará entonces algunos aportes que han realizado las estudiosas feministas que procuraron matizar, desagregar y analizar las particularidades actuales de la gestión del bienestar en distintos estados nacionales.

EL ESTADO HETEROGÉNEO

El principio básico compartido por estos estudios feministas sobre el estado de bienestar¹⁰ es que ni la reproducción del capitalismo ni el balance de fuerzas entre capital y trabajo pueden ser los principios explicativos últimos de las transformaciones del primero (Adams y Padamsee, 2001). La influencia de los estudios posestructuralistas obligó a replantear la tendencia inicial a reemplazar tales principios de manera directa por medio del equivalente concepto de patriarcado como principio último de determinación (Butler, 1995; Fraser, 1997; Adams y Padamsee, 2001). En este marco, conceptos tales como regímenes, paradigmas, matrices y modelos, resultan instrumentos heurísticos de importancia para dar cuenta de los modos específicos de articulación de distintas dimensiones ideológicas presentes en un arreglo concreto de política social.

Un desafío teórico específico en este recorrido es el de la definición de Estado, específicamente de regulación estatal y, consecuentemente, la unidad de análisis apropiada de las investigaciones empíricas. Para las teóricas feministas es necesario superar los marcos del institucionalismo y del interés racional para comprender las modificaciones en los regímenes de política social (Padamsee, 2009) y, consecuentemente, la incorporación de las discusiones sobre la dimensión cultural, tales como la propuesta inicialmente de Steinmetz (1993), constituyen una vía más rica. Así mismo, los modos de regulación del estado de bienestar no podrían ser explicados sólo por la relación entre capital y trabajo.

Haney, a este respecto, señaló que las variaciones sobre la concepción de estado de bienestar van, en los estudios feministas, desde régimen de políticas redistributivas a sitio nacionalmente definido de lucha política, pasando por ser tratado como sitio local de formación e implementación de políticas (Haney, 1998:750). Su propia definición es que el Estado es una entidad multifacética y compuesta por capas, que consiste en diferentes aparatos que pueden operar de maneras inconsistentes (Haney, 1996). De este modo, un uso de la noción de régimen es clasficatorio, tomando al Estado como tal unidad de clasficación.

Por su parte, posiciones feministas postestructuralistas aportan el planteo de que los significados culturales no pueden deducirse de posiciones sociales o intereses, y al mismo tiempo podrán movilizar a algunos actores y no a otros (Adams y Padamsee, 2001; Mouffe, 2001). Ello permite visualizar la contingencia de la significación, posibilita poner en cuestión el alcance del interés derivado de posiciones sociales como concepto explicativo e ilumina el hecho de que no existen homogeneidades necesarias o narrativas unívocas.¹¹

Estos planteamientos posibilitan derivar consecuencias para el campo de estudios de infancia. La primera, que el Estado es centralmente un intérprete, y como tal construye sujetos sociales infantiles mediante las maneras en que interpreta los problemas, las necesidades y consecuentemente las identidades. Un aspecto de ello abreva en el proceso de establecimiento de prácticas, valores e intercambios apropiados para los tipos de relaciones sociales involucradas. Por ejemplo, la necesidad de cuidados se particulariza en los niños como una necesidad diferente de la de los adultos, se le psicologiza (Woodhead, 1997) y se le "maternaliza", asumiendo que la relación entre madres e hijos debe consistir en un conjunto acotado de comportamientos mutuos para ser "satisfactoria". Todo un conjunto de regulaciones institucionalizadas se monta sobre esta construcción, dando lugar a, por caso, las condicionalidades de los programas de transferencias condicionadas de ingresos.

La segunda consecuencia es que el Estado no es unívoco, lo cual requiere repensar y resituar el extendido uso de la categoría "dispositivo" como herramienta de análisis en el campo de estudios de infancia para revisar las formas en que el Estado regula los sujetos infantiles. En efecto, tal categoría puede constituir un obstáculo epistemológico al inducir la integración, de manera consistente, de un conjunto de acciones estatales que pueden ser contradictorias o heterogéneas entre sí, dotando al Estado de una coherencia que es intrínseca sólo en apariencia, e invisibilizando las reacciones y resistencias que hacen a la naturaleza de tales dispositivos.

La tercera, que no es posible dar por sentado, a nivel teórico, que encontremos "intereses" que a priori se deriven del carácter supuestamente "infantil" de los sujetos. En efecto, necesidades e identidades serán constituidas de manera notable en las negociaciones con los agentes, como modo de acceder a derechos y/o beneficios. En ese sentido, resulta también conveniente resituar el uso del concepto de agencia infantil de modo tal que sus restricciones y límites no aparezcan invisibilizados.¹²

Otro planteamiento desarrollado por los estudios feministas, subyacente a los primeros, pero que es de relevancia considerar en su especificidad, es que los procesos de naturalización e institucionalización son importantes para explicar el poder relativo de los discursos o regímenes de significación en competencia. Las operaciones sociales de poder construyen activamente las categorías de la realidad social e individual que tomamos como dadas, excluyendo otros posibles significados, de modo que estas categorías aparecen como coherentes, naturales y fundamentales para la actividad y el pensamiento político (Butler, 1997:432). Si bien es probable que no sea necesario recurrir a la teoría feminista para dar cuenta de este proceso, suficientemente central a las ciencias sociales, no obstante las particularidades que adopta en el campo de estudios de la infancia se vinculan no sólo con la regulación de la infancia per se, sino también con la regulación y construcción paralelas de la maternidad y la familia.

Fraser (1989) ve las estructuras sociales como patrones institucionalizados de interpretación, a través de los cuales ciertos significados adquieren una estabilización temporaria y una hegemonía relativa. Plantea que la contestación entre discursos es un proceso positivo que ofrece el potencial de desestabilizar los patrones existentes y crear otros emancipatorios. Esta capacidad de desestabilización del discurso es iluminada mediante el concepto de multiplicidad discursiva (Fraser, 1989; Padamsee, 2009:433).

La institucionalización de programas que relejan los paradigmas dominantes hace fácil articular nuevas soluciones que sean variaciones menores de las viejas. Un universo de discurso, entonces, no alude sólo a lo que somos capaces de entender, o a las condiciones de comprehensibilidad, sino también al poder de determinar qué ideas pueden ser expresadas, empoderadas e institucionalizadas (Padamsee, 2009:432).

No obstante, muchos de estos desarrollos aún descansan en la prioridad dada al género como principio explicativo, en lo que se ha denominado una forma de retificación (Adams y Padamsee, 2001). Para mi análisis, interesa resaltar la tendencia restrictiva presente en estos estudios, a considerar al género como una instancia "aetaria" o identificada directamente con las mujeres, si no adultas, por lo menos en edad reproductiva. No obstante, esta tendencia no minimiza la potencialidad de la incorporación crítica de las herramientas teóricas desarrolladas por estos estudios. Ello no para explicar cómo y porqué se forman las políticas sociales, sino para iluminar cómo, en el Estado, los agentes toman decisiones sobre el bienestar infantil a partir de la reinterpretación del discurso de derechos de niñas/os junto con asunciones de género, clase y generación específicas, así como sobre necesidades e identidades de los "sujetos del bienestar" (Haney, 1998:749).¹³

Si en cada sociedad, al decir de Fraser, "encontramos en competencia una gran diversidad de formas de hablar sobre las necesidades de las personas", que serán articuladas desde diversas posiciones, pero integradas y legitimadas en las políticas sociales, una peculiaridad que revisten las políticas destinadas a la infancia y la adolescencia está dada por el hecho de que de sus necesidades suelen hablar "otros": adultos cuyo vínculo de representación (padre, madre, maestra/o, benefactor) es naturalizado y legitimado per se. Para Pinkney (2000), esa es la diferencia entre los niños y otros grupos sociales desaventajados; por ejemplo, las mujeres, las personas con capacidades diferentes, los grupos étnicos minoritarios. En efecto, estos últimos pueden articular desafíos a las relaciones sociales de bienestar dominantes, que se refieren centralmente a la necesidad de cambiar los términos mediante los cuales son reconocidos como categorías oiciales de políticas sociales, propiciando de este modo su inclusión.

LA CIUDADANÍA CONTESTADA

En el nivel sustantivo, la ciudadanía es un concepto contestado y contextualizado (Siim, 2000:1). Los señalamientos feministas han permitido ubicar la centralidad analítica de tales procesos de contestación política, dado el carácter excluyente de la categoría de ciudadanía con base en un ideal universalista abstracto. Este universalismo abstracto en realidad se sostiene en la invisibilización de las diferencias (Lister, 2006, Hobson y Lister, 2001, Young, 1989) y en la naturalización de la dependencia de las mujeres (Fraser y Gordon, 1994, Lister, 1997).

En efecto, lejos de naturalizar su carácter normativo y su supuesta intrínseca bondad, las teóricas feministas han demostrado la capacidad de naturalización y reproducción de la desigualdad que ha tenido el universalismo abstracto que se encuentra en la base de la definición normativa de ciudadanía. Más aún, las teóricas posestructuralistas han planteado cómo la "ciudadanía" tampoco es un equivalente de la categoría de "identidad", y no adquiere ni significaciones totales, ni prioritarias ni estables, en la organización de la experiencia de los sujetos, sino más bien señala una forma de articulación de demandas; es decir, de constitución de agrupamientos, de prácticas sociales y de interpelación al Estado, a la vez que señala la vinculación de los arreglos de políticas sociales con la consecución de la ciudadanía social (Lister, 2003, Hobson y Lister, 2001).

La definición de "ciudadanía" es en lo absoluto sencilla puesto que mediante el acto de su definición "se distribuyen derechos económicos y políticos valiosos, y estatus social valorados" (James y James, 2008:31). Las definiciones de ciudadanía son, por lo tanto, debatidas de hecho y relejan una variedad de posiciones sociales y políticas en relación con lo que constituye la membresía a una comunidad dada y qué derechos y obligaciones están asociados con tal membresía. Como consecuencia, estas diferentes perspectivas determinan asuntos de inclusión y exclusión social. Incorporadas en la mayoría de las definiciones de ciudadanía se encuentran nociones de independencia, madurez, competencia y pertenencia (James y James, 2008; Lister, 2008).

La noción de ciudadanía infantil se ha tornado una vía para repensar la posición de las/os niñas/os como miembros de la comunidad y como detentadores de derechos. De este modo se vinculan con el lenguaje de ciudadanía en general, que ha sido denominado como el vehículo principal para la inclusión y la generación de nuevas demandas de derechos, a partir del reenmarcamiento de asuntos sociales en términos de derechos y obligaciones (Invernizzi y Williams, 2008). Este "giro hacia la ciudadanía" en el campo de estudios de infancia estuvo presidido por la sanción de la Convención de Derechos del Niño como un hito normativo con consecuencias para la infancia.

Para quienes se interesan en dar cuenta de la desigualdad y la transitoriedad del estatus de ciudadanía infantil,¹⁴ sin enfocarse sólo en la participación política, parece presentar más ganancia teórica tomar como punto de partida el feminismo antes que los cercanos estudios de juventud. Ello porque en los estudios de juventud parece darse una tendencia a totalizar las manifestaciones políticas y culturales que son nombradas como ciudadanía, y a dotarlas de una estabilidad en el tiempo o bien de una atemporalidad, que hace muy difícil la apreciación de su relacionalidad.¹⁵ Así mismo, parecería que se tiende a tratar la desigualdad como "contexto",¹⁶ y los esfuerzos analíticos no se dirigen de lleno a considerar cómo se reproducen tales desigualdades, más allá de las trayectorias educativas y laborales, excepto como despliegue de participación política (Botero et al, 2008). Por otro lado, los aportes de los estudios basados en una comprensión social y cultural de la ciudadanía hallan que si para niñas/os y jóvenes la ciudadanía no es una significación ausente de sus vidas y experiencias, la misma raramente se extiende a los derechos sociales (Vargas et al., 2007; Engo et al, 2009). De modo tal que es necesario recordar que si discursos y prácticas infantiles son tratados desde la perspectiva de la ciudadanía social se está dando un paso normativo.

Los derechos de niños, niñas y adolescentes definen tanto inclusiones como exclusiones, y la ciudadanía es restringida o parcial (Roche, 1999). De este modo, las formas de inclusión social de la infancia y la adolescencia, consideradas desde el punto de vista normativo, resultan cuando menos problemáticas. De hecho, como señala Lister, si para Marshall las cuatro dimensiones centrales de la ciudadanía eran la membresía, los derechos, deberes e igualdad de estatus, el respeto y el reconocimiento, desde la perspectiva de estudios de la infancia y la adolescencia vale la pena recuperar las lecciones del feminismo y revisarlas a la luz de las definiciones de capacidad, competencia y dependencia, división público–privado y tensión entre diferencia e igualdad (Lister, 2008).

Varias nociones están incorporadas en los discursos y teorías de la ciudadanía. éstas incluyen derechos y obligaciones, igualdad y diferencia, estatus y práctica, membresía, dignidad, competencia, autonomía, dependencia, independencia y participación. Existe el riesgo de confundir o totalizar alguna de ellas con la concepción de ciudadanía. Y la ciudadanía, advierten las feministas, no es un fenómeno homogéneo.

Por su parte, el proceso por el cual los propios niños, en especial quienes son beneficiarios de asistencia, adoptan el lenguaje de derechos para hablar de sí mismos es puesto a la luz del hecho de que tal lenguaje de derechos es "el camino legítimo para acceder a la ayuda" (Reynolds et al, 2006:296), de modo tal que la vinculación específica con el Estado y las políticas sociales aparece como central. Esta situacionalidad del lenguaje de derechos, que da cuenta de que es enmarcado en órdenes morales dominantes, requiere pasar de la descripción y el análisis de las experiencias infantiles y la vida cotidiana a la descripción y análisis de las fuerzas, incluyendo las gubernamentales e institucionales en el proceso de formación de políticas, que deniega la posibilidad de implementar los derechos (Reynolds et al, 2006). Para estas autoras, se requiere avanzar en la investigación crítica en dos niveles; en primer lugar, para desentrañar los discursos sobre la ciudadanía infantil que excluyen a grupos marginados y privados de sus derechos; en segundo lugar, para examinar los aspectos performativos de la ciudadanía, es decir, para ver cómo las personas se posicionan a sí mismas como ciudadanas y cómo son tratadas por otros en tanto tales.

Siguiendo a Foucault, muchas feministas han advertido sistemáticamente que los derechos son efectivos en y a través de prácticas sociales, en contextos particulares y en marcos temporales determinados. Por ello, no necesariamente siempre tiene el mismo significado, ni las consecuencias de los usos particulares de los derechos de los niños necesariamente coincidirán con sus objetivos iniciales. De hecho, los desarrollos de Villalta (2010) y Fonseca (2004), así como Llobet (2009a) en el campo de estudios de infancia son particularmente ilustrativos de este principio básico.

De todas maneras, el planteo presenta el riesgo de un cierto "estadocentrismo"; no obstante, se sostiene aquí que hacer operativos estos debates en un campo de investigación permite hacer luz sobre las estrategias de producción de infancia, sobre las formas de clasificación y regulación de la existencia infantil, y sobre las formas de contestación que niñas/os y adolescentes (y agentes del Estado) despliegan frente al "accionar estatal". Ello tiene siempre el riesgo de privilegiar una mirada institucional por sobre una mirada de las formas relacionales en que los sujetos sociales son constituidos y se constituyen en estos escenarios. Es decir, presenta el desafío de la incorporación al análisis tanto del aspecto dinámico del poder —al enfocar en las relaciones— junto con el aspecto institucionalizado del mismo, que le otorga cristalizaciones en las que se explica parcialmente la reproducción. A su vez, la pregnancia del Estado puede solapar la existencia de otras instituciones igualmente centrales, así como puede imponer la lógica normativa de la acción estatal como la lógica racional, desconsiderando tanto las interfases e intercambios entre el Estado y otros escenarios, cuanto la complementariedad, tensión y funcionalidad de la alternancia de lógicas. Finalmente, sigue dejando en la sombra aquellas formas de participación infantil que no se expresan en este escenario estatal. Los estudios sobre el Estado en América Latina han abonado suficientemente el conocimiento sobre la no exclusividad del mismo en la regulación social y en las vías de inclusión como para que se desconsidere la función de las zonas no estatales, paraestatales y, en general, "informales".¹⁸

POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INFANCIA, SUJETOS Y PRÁCTICAS INSTITUCIONALES

Inspiradas en la clásica definición de política social desarrollada por Fleury (1997), como "red especial de micropoderes [...] por medio de la construcción de campos disciplinares, instituciones prestadoras de servicios, un cuerpo de técnicos calificados y un conjunto de prácticas normalizadoras" parece posible tratar a las políticas sociales para la infancia como procesos de institucionalización, es decir, de producción de un conjunto de reglas, normas, valores y restricciones objetivadas, proceso éste que surge de la negociación de sentidos enmarcada en relaciones de dominio y ejercicio de violencia simbólica. De ese modo se transforman en contextos de disputa por la interpretación de identidades y derechos de niños, niñas y adolescentes. En estos escenarios, en tanto concretados en una dimensión relacional, se pone de relieve el problema del reconocimiento (Fraser, 1997) entre generaciones, como discurso y como acción sobre el otro. Se trata de negociaciones de lo que será interpretado como nosotros o como alteridad, como normalidad o anormalidad, y que constituyen las cláusulas subjetivas de inclusión (Llobet, 2006). Es decir, las formas subjetivas que serán interpretadas y consecuentemente "legisladas" como normales y socialmente incluibles en y por las instituciones. Si bien es posible pensar que estos procesos son más bien genéricos, el aporte que procuran es situar en perspectiva histórica y, al mismo tiempo, desnaturalizar el proceso de construcción de un "niño universal" (Schuch, 2009), mediante el cual se crea un modelo típico de niño y un tipo de relaciones sociales específicas, familiares, generacionales, de género, con base en el cual se diseñan las políticas sociales. De este modo, se intenta establecer los supuestos que, sin dejar de lado la agencia de los distintos sujetos involucrados, recuperen la dimensión del poder constitutiva de la institucionalidad y de la diferencia generacional.

En efecto, hemos hallado que estrategias tales como la psicologización de lo social; la regulación normalizante de la infancia y la adolescencia, la familiarización de los conflictos y la naturalización de las necesidades (Llobet, 2006 y 2009a) estructuran y hacen eficaz la matriz simbólica desde la cual se "psicologiza" la cuestión social de la infancia.¹⁹ A través de ello, el discurso de derechos y los significantes "ciudadanía infantil" y "niño–sujeto–de–derechos" adquieren significados específicos (Llobet y Litichever, 2008; Llobet, 2007 y Llobet, 2009a), y pueden servir para excluir a los sujetos que no se "acomodan" a ellas. Al articular estos hallazgos con los aportes feministas, tales matrices simbólicas toman cuerpo como una dimensión institucional del proceso de configuración del bienestar infantil que se concreta en las "arquitecturas de necesidad" (Haney, 2002). En efecto, cierto peso propio de las cristalizaciones precedentes a la acción en el presente es recuperado en esta conceptualización, lo que permite, a su turno, dimensionar las negociaciones y batallas retóricas (Rodríguez, 2008) mediante las cuales se concreta el acceso o no a la garantía y protección de derechos sociales.

Así, la agencia de los sujetos es reinscripta en relaciones sociales institucionalmente situadas, lo que permite que no se pierda de vista que en tales escenarios, los sujetos adquieren un poder relativo tanto en función de tales relaciones como en virtud de sus posiciones institucionales. Al mismo tiempo, tal institucionalidad será eventualmente también transformada por actores sociales reflexivos, que no se limitan en absoluto a los agentes institucionales, en procesos complejos.

Por otra parte, el estudio sobre las transferencias condicionadas de ingresos (TCI)²⁰ dirigidas a adolescentes parece indicar que es necesario especificar las formas de participación promovidas en tales programas, así como las concepciones específicas de riesgo, vulnerabilidad y seguridad que construyen en la definición de problemas (Llobet y Minujin, 2011). En efecto, si bien la "participación" forma parte del horizonte normativo, en combinación con las reinterpretaciones de la ciudadanía infantil y adolescente, da lugar a mecanismos específicos de regulación y exclusión en el nivel de las micro–prácticas. Estos se vinculan con expresiones legítimas y sancionadas de las identidades de género, con las relaciones sociales entre agentes y adolescentes, con las formas específicas de resistencia de los sujetos. Así mismo, las formas de universalismo que se construyen a partir de los espacios y modalidades de acceso y egreso de los programas forman parte de un eje determinante del tipo o los tipos de ciudadanía social que será interpretada por las políticas sociales (Llobet, 2009b), con consecuencias diferenciales para varones y mujeres, niñas/os y adolescentes.

CONSIDERACIONES FINALES

Las limitaciones de los marcos exclusivamente interaccionistas²¹ para analizar los procesos latinoamericanos resultan, creo, bastante evidentes. En especial, aquellas dos premisas centrales del campo de estudios de infancia mencionadas al inicio, es decir, el carácter de actor social que pueden adquirir las/os niñas/os en las interacciones e instituciones y la validez y extensión del principio de autoexplicación de las prácticas y relaciones sociales infantiles. Ello no implica considerar que estos dos principios teórico metodológicos sean erróneos, sino establecer que no permitirán exploraciones sistemáticas de la situación social de la infancia en el ámbito latinoamericano que integre la desigualdad social como una dimensión que no es meramente contextual sino que se reproduce también en los mismos discursos e instituciones mediante los cuales se construye a la infancia como una institución social.

De modo tal que otros caminos deberían seguirse; por ejemplo, los enfoques relacionales tendrían la ventaja de permitir incorporar tanto los procesos de construcción de categorías y sujetos sociales cuanto la inscripción del poder y la desigualdad en estos procesos. Tal perspectiva incorpora las relaciones sociales que enmarcan las interacciones y subyacen a las políticas sociales, así como hace luz sobre el hecho de que las categorías sociales son también constituidas relacionalmente; por ejemplo, pierde sentido considerar la categoría "infancia" si no es en relación con las categorías "adultez" o "juventud". Finalmente, permite sostener el principio metodológico de que eventos y procesos adquieren sentidos específicos en virtud de las relaciones sociales en las que tienen lugar (Zelizer, 2002)²² y ello puede explorarse en perspectiva histórica. Por su parte, perspectivas post–estructuralistas aportarán luz sobre los procesos de construcción de hegemonía en los cuales los sujetos sociales son constituidos aún, teóricamente, a priori de la acción o el comportamiento.

Se mantiene, no obstante, presente el peligro de enfatizar demasiado en los procesos de institucionalización de la infancia, exagerando las dinámicas que se dan al interior de las políticas sociales, o bien tratándolas como específicas de estos escenarios, cuando pudieran ser intrínsecas a las relaciones generacionales, de clase o de género y no a las relaciones institucionales per se. Es necesario poner de manifiesto que, por un lado, la conceptualización de "matriz simbólica" permite cernir y justipreciar algunos de los procesos específicamente institucionales y, por otro, que el avance de las investigaciones empíricas permite afirmar, nuevamente, el carácter situado de los procesos de negociación, contestación e interpretación. De este modo, será posible avanzar en comprender cómo, de qué maneras y hasta qué punto, los arreglos de políticas sociales en lo concreto actúan respecto de las categorías de diferenciación social y qué impactos tiene ello en términos de reproducción, o no, de la desigualdad.

Creo que este recorrido, no obstante sus riesgos, permite tener a la vista un conjunto de problemas que se vinculan, como se ha señalado, con las formas de regulación y de reproducción de las desigualdades categoriales, asumiendo que las diferencias intergeneracionales pueden constituir, si no una desigualdad categorial de pleno derecho, al menos una relación que las vehiculiza y reorganiza de modos equivalentes a las de género y raza. Al mismo tiempo, los procesos de construcción social de sujetos infantiles encuentran en el Estado un escenario particular, y en la categoría de "ciudadanía" una lente para tratar de capturar las dialécticas en las que estructura y agencia cobran cuerpo y se dirime el problema de la reproducción de la desigualdad.

En efecto, en el Estado se construyen sujetos infantiles como sujetos del bienestar y la protección. En este sentido, se establecen parámetros normativos respecto de las relaciones intergeneracionales, los comportamientos de género e infantiles, estableciendo pautas básicas de distribución del poder en las relaciones sociales. Pero no se detiene allí su eficacia, sino que usa y reconstruye categorías específicas mediante las cuales tales sujetos infantiles serán nuevamente clasificados. La categorización de distintos tipos de niños es la manera en que el Estado, priorizando su función reproductora, construye categorías diversas y desiguales de niños. La particularidad es que no son los niños per se quienes actúan en tal reproducción, si bien es posible visualizar que tempranamente aprenden a lidiar con las exclusiones que tales categorías generan. Al contrario, niños, niñas y adolescentes son sujetos de las políticas sociales previamente a su capacidad de demanda, de modo que los asuntos de visibilidad, voz, participación y representación son específicos.

En su crítica revisión sobre la sociología de la infancia, King (2007) remarca el hecho de que este campo científico tiene grandes dificultades para establecer una clara demarcación entre su reclamo de ser una nueva comprensión teórica de la infancia y el discurso de derechos de los niños. Critica los fines instrumentales que ha adoptado tal sociología así como el supuesto de que, a través de la deconstrucción de la construcción social de la infancia, en su artificialidad y relación con intereses de poder, la nueva sociología plantea la posibilidad de ganar acceso a las verdaderas relaciones sociales infantiles, independientemente de las perspectivas adultas. Si bien no es posible garantizar que King (2007) sea justo con los postulados generales de la sociología de la infancia ni, más ampliamente, de lo que se ha dado en llamar el campo de estudios sociales de infancia, quiero señalar aquí los débiles supuestos de la bondad intrínseca del enfoque de derechos que aparece infundiendo a muchas de las investigaciones en el campo, así como el tratamiento desanclado de la agencia infantil. En este sentido, el recorrido que se intentó aquí hacer se plantea como una perspectiva alterna,²³ que procura incorporar analíticamente los problemas del poder y la desigualdad en tal campo de estudios.

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NOTAS

¹ Una versión anterior de este artículo fue presentada como conferencia en el Posdoctorado en Infancias y Juventudes de la Red clacso en el mismo tema, que tuvo lugar en Santiago de Chile el 5 de abril de 2011. El recorrido refleja parte de las discusiones y profundización teórica desarrollada en la estadía posdoctoral en el Observatorio Latinoamericano de la New School University, apoyada con beca posdoctoral de Conicet.

² Tilly (2005) definió a las categorías como límites colectivos negociados entre redes interpersonales, que producen desigualdad cuando a su capacidad sustantiva de producir diferencias se agrega la producción de ventajas para uno de los "lados" y la reproducción de la frontera.

³ La definición que se adopta en este trabajo es que "género" es una categoría social que implica símbolos culturales y significados normativos, los que descansan en la represión de significaciones alternativas. Ayuda a crear y mantener las diferencias mediante la construcción de relaciones de poder, y legitimando las desigualdades inherentes a ellas. Funciona como un conjunto de significaciones culturales centrales para organizar las relaciones de poder, y permite que los actores de las políticas sociales signifiquen el mundo social en el que operan (Scott, 1998:42).

⁵ Con la relativa excepción del campo de estudios históricos sobre las políticas sociales, en el que las preocupaciones sobre la construcción de sujetos sociales y de modos específicos de regulación ha comenzado a estar más y más presente. Véase Zapiola (2006): "¿Es realmente una colonia? ¿Es una escuela? ¿Qué es?" Debates parlamentarios sobre la creación de instituciones para menores en la Argentina, 1875–1890"..

⁶ Valga como ejemplo las diversas formas en que la categoría "pobres" primero y "exclusión" después fueron siendo articuladas de maneras diversas en las respuestas estatales, combinadas de manera diferente y dando lugar a matices particulares en función de si se despliegan territorialmente o no, si se enfocan a mujeres, jóvenes, niños u hogares, de las tradiciones culturales e institucionales del Estado en cuestión, en in, de una variedad de aspectos. Para una apreciación general del uso del primer término en las políticas sociales véase el trabajo de Merklen (2005). Para una consideración de los usos del segundo, véase Kessler (2011).

⁷ Esta conceptualización de la justicia de Fraser es, como ella misma lo indica, heredera de una fructífera reunión y relectura de Bourdieu con Bajtin, habiendo pasado por Foucault.

⁸ Lo complementario también es válido: no pueden deducirse las prácticas de la dimensión de "la política de infancia" (Therborn, 1996). Desde ese nivel, las dimensiones negociadas de las relaciones de generación, género y clase, así como la experiencia de las/os beneficiarias/os de programas sociales, desaparecen del panorama iluminado por tal marco teórico–metodológico (Haney, 1998). Un programa completo de investigación señala la necesidad de indagar en ambos niveles (Llobet, 2009b).

⁹ La relevancia de este modelo de protección social está dada por compartir los principios básicos con las transferencias condicionadas de ingreso dominantes en América Latina.

¹⁰ Parcialmente deudores de la inclusión de Foucault y el "giro discursivo" en el estudio de las políticas sociales (Watson, 2000).

¹¹ En nuestro ámbito de discusión, los estudios de la intervención estatal respecto de la infancia, son particularmente importantes, dada la tendencia a suponer que existen sólo dos posiciones: "tutelares", para nombrar aquellos que propondrían la protección a la infancia con base en su minorización, y "garantistas", quienes abogarían por su incorporación como ciudadanos. Como se ha notado en otro lugar, ninguno de esos tipos ideales corresponde con posiciones políticas "realmente existentes" (Llobet, 2009a).

¹² Considerando el campo conexo de estudios de juventudes interesa realizar un señalamiento. Es una discusión no saldada saber si es posible plantear el mismo papel del Estado que estoy planteando para el campo de infancia, al analizar sujetos sociales "juveniles". En principio, e inspirada por el texto de Perea (2007) parece sugerente tomar en cuenta que haya más vinculaciones que las esperadas al considerar a las pandillas y culturas juveniles en sí. En efecto, al hacer foco en el tratamiento por parte de las políticas sociales del "delito juvenil" parece posible preguntar por los modos de relación social e interpelación subjetiva y sus resonancias en la temporalidad y trayectorias juveniles.

¹³ Como señala Haney (1998), el concepto de relación social es usado para significar varias cosas en los estudios feministas sobre el Estado de bienestar: las diferencias en la distribución de recursos entre mujeres y varones, los procesos políticos en los que se ponen en juego visiones y guiones de género, disputas políticas sobre los roles y posiciones apropiados, o las dinámicas de poder entre mujeres y varones en sus hogares, vida sexual o laboral.

¹⁵ Por ejemplo, en su interesantísimo análisis sobre los déficits del Estado neoliberal respecto de los jóvenes, Reguillo (2003) avanza su conceptualización de "ciudadanía juvenil" desde una perspectiva pragmática que considera la dimensión performativa de la práctica ciudadana. La autora propone "avanzar en las fases nominativas de la ciudadanía como principio político de definición" (p. 27), lo cual parece vincular ciudadanía con identidad colectiva, en un deslizamiento de la idea de membresía. Reguillo (2003) plantea que la ciudadanía entonces deja de ser un principio sociopolítico para pasar a ser acción. Su planteo avanza a considerar la ciudadanía cultural, policéntrica, como categoría de síntesis, capaz de superar la insuficiencia de las dimensiones clave de la ciudadanía moderna para incorporar la "multidimensionalidad y complejidad de los procesos de pertenencia en las sociedades contemporáneas" (p. 28). Otro aporte interesante de destacar ha sido Alejandro Monsiváis (2002), quien ha procurado desarrollar una conceptualización de la ciudadanía juvenil desde la teoría de la hegemonía tal como ha sido remozada por Laclau (1996) y Mouffe (1994). En especial, su preocupación está dada por el carácter transitorio de la juventud, lo cual constituiría, desde su punto de vista, en un obstáculo ontológico. Otros desarrollos significativos son aquellos que se enmarcan en la socialización política, tales como Botero et al. (2008) y Núñez (2008). Este tipo de estudios empíricos, a diferencia de los dos planteamientos teóricos antes mencionados, hace énfasis en las experiencias y significaciones que adopta la ciudadanía, como articulador político, desde la experiencia de los sujetos.

¹⁶ El problema de lo contextual en las ciencias sociales ha sido explorado largamente en la historia y la antropología. En "Microanálisis y construcción de lo social", Revel (2005) ofrece un interesante repaso de los usos de la noción de "contexto" señalando la rareza de su utilización interpretativa y proponiendo un proceso investigativo en el que el contexto sea producto de la reconstrucción del investigador y no un dato global desde el cual se parte.

¹⁷ Según este autor, la "liberación" social y política de los niños de las clases trabajadoras británicas del siglo XIX "came at the cost of economic compulsion under the forced yoke of capitalist social relations" (p. 148). De modo que la regulación y abolición del trabajo infantil de muchos sectores de empleo significó una victoria importante para los niños y sus familias.

¹⁸ Por ejemplo, ¿cuáles son las vinculaciones entre los programas de inclusión social para adolescentes y jóvenes, tales como el ProJovem Adolescente brasileño, el mercado de trabajo formal y la economía informal, desde el punto de vista de las trayectorias de los sujetos y sus "lugares" de inclusión?

¹⁹ La noción de matriz simbólica recupera las operaciones interpretativas de los agentes y su vinculación con las resistencias y contestaciones de niñas/os y adolescentes, así como permite enfocar en los fenómenos de conservación institucional y de interpretación de sus metas y funciones, ubica los discursos psi como ejes ordenadores de la reconstrucción de la ciudadanía infantil en clave singular y psicosocial. Esta matriz se despliega en los siguientes momentos: la definición de la vulnerabilidad, las estrategias de transformación —psicologización, normalización, familiarización y naturalización— y su estabilización en virtud de su eficacia centralmente afectiva para ocultar el carácter productivo de la interacción. De este modo, permite visualizar que las prácticas institucionales de los agentes no son meramente estratégicas y cognitivas, sino también involucran dimensiones afectivas y simbólicas.

²⁰ Los programas de transferencias condicionadas de ingresos, entre los que se cuentan como más conocidos el Progresa–Oportunidades de México y el Bolsa Familia de Brasil, constituyen para muchos analistas la forma dominante de reorganización de la protección social en América Latina. Debido a su meta de interrumpir el denominado "ciclo intergeneracional" de la pobreza, mediante un foco en la promoción del "capital humano" de niñas/os de hogares pobres por ingresos, y redefiniendo al mismo tiempo a la pobreza como un problema de derechos humanos, estos programas han sido analizados también en función de su colocación de 'los niños" como el sujeto central del bienestar.

²¹ Es interesante resaltar la crítica de Tilly (2000) respecto de la ahistoricidad intrínseca de los planteamientos interaccionistas. Así mismo, ello recupera el planteamiento básico de Bourdieu (2004), respecto a que la "verdad" de una interacción no se encuentra en ella, puesto que oculta y/o naturaliza las formas en que es determinada, y el de Harold Garfinkel (1967), quien planteó que el contexto no puede aprehenderse meramente en el orden de la interacción por sí sólo, porque el ordenamiento simbólico lo excede.

²² Por ejemplo, la autora halla que el trabajo infantil obtendrá diferentes valoraciones morales y económicas centralmente a partir del tipo de relaciones sociales, tanto familiares como vecinales, económicas, etcétera.

²³ Si bien es la autora quien se responsabiliza de los desarrollos aquí presentados, muchas de las ideas desplegadas en el texto han sido enriquecidas y afinadas en largas conversaciones y trabajo investigativo con colegas, con lo cual la autoría es, siempre, relativa y colectiva. Entre ellas, por la cercanía de los planteamientos, vale destacar a Carla Villalta, Ana Laura Rodríguez Gustá, Constanza Tabbush. Así mismo, el trabajo desarrollado en el Seminario de estudios sobre infancias y políticas públicas y en el grupo de investigación que lo motoriza (Cecilia Litichever, Marina Medan, Florencia Gentile, Gabriela Magistris, Catarina Vilanova, María Consuelo Gaitán Clavijo), del cual formo parte, ha permitido consolidar planteos y visualizar contradicciones, debilidades y fortalezas del planteo. Finalmente, un agradecimiento a las conversaciones y disponibilidad intelectual de Sandra Carli y Alberto Minujin, quienes también han influido en muchas de las ideas presentadas.