Los riesgos de cruzar. La migración centroamericana en la frontera México-Guatemala

Olivia Ruiz Marrujo*, Coautoría de la Red de las Casas del Migrante-Scalabrini**

* Profesora investigadora de El Colegio de la Frontera Norte. Dirección electrónica; oruiz@colef.mx.

* Para información se puede comunicar con el P. Ademar Barilli, de la Casa del Migrante-Tecún Umán, a adebar@concyt.gob.gt.

Resumen

La migración internacional en el espacio fronterizo México-Guatemala se ha vuelto en los últimos años de alto riesgo. En este artículo presentamos algunos resultados preliminares de un proyecto de investigación que tiene como objetivo documentar y analizar la situación de riesgo en la ruta principal que han utilizado los migrantes centroamericanos (en este caso, indocumentados) de paso en la costa chiapaneca, conocida como el Soconusco, en la frontera México-Guatemala. El análisis presenta los resultados del rastreo de registros en instituciones que tienen contacto con los migrantes, de las entrevistas en profundidad y de la observación participante. Se describen algunas de estas situaciones señalándolas en los mapas de riesgo, para elaborar un registro espacial de los peligros que permita explorar de qué manera el espacio refleja la situación de riesgo que viven los migrantes y cómo contribuye al fenómeno.

Abstract

In recent years, international migration along the Mexican-Guatemalan border has become increasingly dangerous. This article presents preliminary results of a research project which aims to document and analyze the risk-situation along die principal route used by Central American migrants (undocumented in this case) traveling through the Chiapan coast, known as the Soconusco, in Mexico's southern border. The analysis presents results gleaned from registers of institutions dealing with immigrants, in-depth interviews and participant observation. Some of these situations are described, pointing them out in risk maps, in order to make a spatial record of the dangers, thus permitting an exploration of the ways that geographical space reflects the risk situation lived by the immigrants and contributes to this phenomenon.

INTRODUCCIÓN

Como lo atestigua el rescate de más de 200 migrantes centroamericanos (con su saldo de cinco muertos) atrapados en dos vagones de tren cerca de Palenque, en abril de 2000, la migración internacional, especialmente en este espacio fronterizo, se ha vuelto de alto riesgo (La Jornada, 13 de abril del 2000, p. 49). Este incidente no es ni excepcional ni fortuito. Entre enero y diciembre de 1998, del total de las violaciones de los derechos humanos registrado por la Oficina de los Derechos Humanos de la Casa del Migrante (ODHCM) en Tecún Umán, Guatemala, el 69 por ciento ocurrió en México (Sin Fronteras, ODHCM, 1999, p. 8), una gran parte de ellas en los 64 kilómetros entre la frontera de Ciudad Hidalgo y Huixtia, Chiapas.

En este artículo presentamos algunos resultados preliminares de un proyecto de investigación que tiene como objetivo documentar y analizar la situación de riesgo en la ruta principal que han utilizado los migrantes centroamericanos (en este caso, los indocumentados) que están de paso por la costa chiapaneca, conocida como el Soconusco, en la frontera de México con Guatemala. Resultado del rastreo de algunos registros de instituciones que tienen contacto con o atienden a migrantes centroamericanos indocumentados (corno son, por ejemplo, la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante-Tecún Umán y los hospitales generales de Tapachula, Huixtia y Comitán), de entrevistas en profundidad y de la observación participante, lo que se presenta aquí es un primer acercamiento a la situación de riesgo en esa región. En este sentido, en el trabajo no nos proponemos abarcar el universo del fenómeno, sino comenzar a reconstruir el panorama de riesgo con la presentación de algunos datos existentes sobre el hecho.

Para enfatizar, se trata de empezar a describir algunas situaciones de riesgo para los migrantes en esta región. Con este fin, en esta fase descriptiva se diseñaron mapas de riesgo, como parte de un esfuerzo por elaborar un registro espacial de los peligros. Este registro ha llevado a la creación de un sistema de información geográfica (SIG) del riesgo en la rutas migratorias. El sistema de información geográfica y el uso de mapas se plantean, por una parte, como una herramienta ágil y accesible para documentar y responder a las muchas, continuas y agudas necesidades y precariedades que se experimentan en la travesía por el estado de Chiapas y el país. Por otro lado, se espera que los mapas ayuden a explorar de qué manera el espacio refleja la situación de riesgo que viven los migrantes y cómo contribuye al fenómeno.

El artículo está dividido en cinco secciones. En la primera se comienza con una descripción del lugar, esto es, de la ruta de la zona fronteriza del Soconusco; en la segunda se exploran los retos de documentar el fenómeno en la región, y en la tercera se hace una definición del riesgo adaptada a la migración y una clasificación basada en hechos sucedidos en la frontera sur entre enero de 1998 y marzo de 1999, el periodo del trabajo de campo de la investigación. En la cuarta sección se describen los riesgos experimentados y se les sitúa en la ruta costera por localidad. Uno de los propósitos de esta sección es identificar dónde se concentraron los daños, en otras palabras, dónde sufrieron los migrantes los agravios. Con esta clasificación y espacialización se intenta señalar los puntos de mayor amenaza para los indocumentados. La quinta sección constituye un resumen y una discusión donde se analizan los hallazgos presentados y, a través de algunas interrogantes, se hace una reflexión sobre la migración y el riesgo en la zona fronteriza.

Hay que anotar que, debido a la temporada en que se realizó la investigación, una parte del trabajo de campo y de la documentación revisada abarcó los meses en que el huracán Mitch asoló la zona, con la consecuente fuga de personas, especialmente de Honduras.

El análisis de los efectos del huracán, que fueron extensos, sobrepasa los alcances de este ensayo, pero merece hacerse una reflexión aparte. Aquí sólo se hará una mención breve de algunas secuelas del desastre relacionadas con el riesgo de migrar.

EL LUGAR: LA RUTA FRONTERIZA DEL SOCONUSCO

La frontera sur de México, vista con una perspectiva político-administrativa, está constituida por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que colindan con los países de Guatemala y Belice. Esta región, de múltiples expresiones culturales, sociales, económicas y políticas a nivel local, nacional e internacional, presenta un perfil heterogéneo, lo cual hace difícil generalizar para toda la zona. No obstante que los diversos puntos de cruce a lo largo de la línea internacional cumplen en distintos grados con las funciones básicas de frontera—regular el flujo de mercancías y de personas— (Alegría, 1989), la "línea de cruce" en sí es tremendamente desigual. Las puertas de entrada internacionales y los asentamientos permanentes, como lo son Ciudad Hidalgo en Chiapas y Tecún Umán en San Marcos, Guatemala (ver mapa 1), contrastan fuertemente con aquellas áreas despobladas, cubiertas de flora natural e incluso sin delimitaciones internacionales claras y fijas.

Las condiciones del medio natural, social, económico y poblacional tan desiguales a lo largo de la frontera han tenido un impacto directo en la migración centroamericana. Hay largos trechos donde la travesía es imposible, difícil o poco práctica, como son los casos, por ejemplo, de la parte oriental del estado de Chiapas (a la altura de la Reserva de la Selva Lacandona) y de las fronteras de Tabasco y Campeche con Guatemala y Belice. A la vez, hay otras subregiones donde la migración es una práctica común y establecida; una de ellas es la franja costera de Guatemala y Chiapas, la planicie conocida como el Soconusco, el área geográfica en que se enfoca este ensayo.

La ruta del Soconusco es, a la vez, una continuación de la vía costera guatemalteca que está conectada a las de El Salvador y Nicaragua, dos países también expulsores de migrantes. Del lado mexicano, el camino de la costa se constituye desde dos puertas de entrada, Ciudad Hidalgo y Talismán, unidas, respectivamente, del lado guatemalteco, a Tecún Umán y El Carmen (ver mapa 1). Ambos pares de asentamientos viven un intenso tráfico de mercancías, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, y de personas, también mayoritariamente de origen centroamericano, que, pasando por México, se desplazan hacia los Estados Unidos. En este sentido, las ciudades gemelas de Ciudad Hidalgo-Tecún Umán y Talismán-El Carmen son cruces internacionales altamente activos, debido, por un lado, a la concentración de personas, grupos e instituciones que trabajan en los sectores administrativos, legales y políticos relacionados a las funciones básicas de una frontera y, por otro, al flujo permanente de gente de la región centroamericana y chiapaneca.

La importancia de la ruta del Soconusco se aprecia en la distribución espacial de las detenciones que registra el Instituto Nacional de Migración (INM), las que, a su vez, son un indicio de la intensidad de los distintos flujos migratorios que cruzan el estado. Durante el primer semestre de 1998, por ejemplo, la franja costera, donde se encuentran los puntos de revisión de Ciudad Hidalgo, Talismán, El Manguito, Tapachula, El Hueyate y Echegaray, concentró en promedio el 72 por ciento de las detenciones que se realizaron en Chiapas, y entre enero y diciembre de 1999, el 69 por ciento (IAA/INM, 1998 y 1999).

Ésta es la trayectoria costera, la principal para la población centroamericana cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, aunque de uso permanente y de bajo costo monetario (comparado con las otras rutas que atraviesan el estado), ha resultado ser un camino de riesgo, altamente costoso en vidas humanas.

DOCUMENTAR EL RIESGO

1. El reto de las fuentes de información

Si la enumeración y el estudio de los percances que enfrentan los migrantes en la frontera norte, donde el fenómeno ha sido documentado desde principios de los años noventa, padecen lagunas de información, la situación es todavía más aguda en la frontera sur donde el interés en el suceso es comparativamente reciente. Aunque la migración indocumentada en la región sureña ha dado lugar a una literatura especializada y ha generado un creciente interés, la frontera sur de México sigue siendo, en gran medida, una tierra incógnita en lo que respecta a las rutas y los riesgos, lo cual presenta desde el inicio un reto sustancial —esto es, captar una realidad social donde ha habido y sigue habiendo poco o nulo registro de los hechos que interesa explorar—.² Este caso se ve agravado cuando se trata de estudiar una parte de la población migrante: los indocumentados que tienen como fin ir al norte y están de paso por la región.

Aun reconociendo que este desafío marca el comienzo de casi cualquier proyecto, se agudiza en el caso de la frontera sur, dado que ahí, aunque frecuentemente mencionados de manera cotidiana e informal, los migrantes aparecen poco en la documentación oficial, a no ser los registros del INM y su equivalente en Guatemala, la Dirección General de Migración (DGM). A la vez, hasta recientemente existían pocos grupos, centros o instituciones que mostraran una preocupación por esta población o por el proceso mismo de la migración, una falta que se refleja en la ausencia de fuentes de información sobre estas personas y su camino. Dado el estado del conocimiento en la zona, por ejemplo, es todavía apresurado estimar cuántos centroamericanos indocumentados pasan al año por el cruce internacional entre Chiapas y Guatemala.

En este sentido, existe una visión fragmentada del universo a que nos referimos y, por consiguiente, cualquier aseveración acerca del comportamiento de esa población será también una visión fragmentada. Así, armar un cuadro de los riesgos a que se exponen los migrantes en la región es, obligatoriamente, una labor en proceso de hacerse, un análisis que se va construyendo por pedazos desde diversos ángulos, lugares y momentos. Es un trabajo que implica, siguiendo los consejos de Maffesoli, proceder por acercamientos, por "sedimentaciones sucesivas... que respetan las insuficiencias y las lagunas" que hay en la información, pero que no por eso no dejan de hablar de y reflejar la realidad (1993, p. 23). Nos enfrentamos desde un inicio al problema del subregistro.

El hecho de estar de paso por Chiapas (esto es, que cada individuo esté de paso), no obstante que siempre hay migrantes en la región, también dificulta cualquier documentación de las vivencias migratorias. La lógica que rige el comportamiento de esta población es —con tal de que tenga los recursos suficientes y la capacidad física— avanzar hacia el lugar de destino. Por lo mismo, debido a este deseo de y esfuerzo por sólo transitar por México lo más rápidamente posible, los migrantes dejan pocas huellas que puedan formar parte de un registro de sus experiencias. Es raro, por ejemplo, aun con el respaldo de las autoridades mexicanas (Beta Sur-Tapachula, verbigracia), que un migrante lleve a cabo un juicio contra alguien por un abuso. En los casos en que se hace una denuncia, ésta, por lo general, queda incompleta porque el perjudicado decide no permanecer en el lugar del hecho.

De la misma manera, algunas de las instituciones y organizaciones que han estado en contacto con los migrantes centroamericanos no han llevado un registro del fenómeno. Hubo instituciones (el caso de la Cruz Roja) que han atendido a los migrantes pero sin anotar los hechos. De hecho, una de las actividades que ocupó más tiempo al principio de la investigación fue indagar quiénes eran las personas y organizaciones que habían tenido y seguían teniendo contacto con los migrantes, rastrear alguna documentación de esos encuentros, buscar acceso a los registros, ver el estado en que estaban y empezar a organizar los datos en fuentes de información.

A la vez, los consulados, una fuente potencial para documentar las vivencias de los migrantes indocumentados, registran las percances de manera desigual. En primer lugar, sólo los guatemaltecos y salvadoreños tienen consulado en la región del Soconusco. Aunque la actividad de estas dos instituciones ha variado según la persona encargada, en general, ha habido un intento por documentar los percances de sus connacionales. Sin embargo, no existen organismos semejantes para los hondureños, uno de los grupos de migrantes que más ha crecido en los últimos años, ni para los nicaragüenses.

Habría que anotar que el estado y la ausencia de fuentes de información reflejan el hecho de que hasta recientemente se empieza a reconocer, por parte de las autoridades locales, la permanencia de esta población y la necesidad de documentarla, prestando especial atención a su dinámica social, demográfica y epidemiológica, por dar algunos ejemplos, como se atiende a cualquier grupo social que forma parte del entorno regional.

También, los datos que componen los registros presentan otros retos. Para empezar, su calidad, reflejo en gran medida del modo en que fueron anotados originalmente, suele ser desigual. Como es el caso de aquellos registros donde la información se basó en el llenado de formas oficiales de admisión; las de los hospitales generales, por ejemplo, cuya rigurosidad dependió del cuidado de la persona que entrevistó al paciente, del estado de conciencia de éste en el momento de la entrevista o de la presencia de algún acompañante que lo conociera. Otro tipo de información dependía del conocimiento de la región que tuviera la persona afectada. Al identificar el lugar de algún percance, sea por caso, los migrantes nombraban frecuentemente la localidad más cercana al hecho.

Estas fuentes por lo regular presentan tres tipos de problemas. Primero, falta información; esto es, las formas de admisión (como en los hospitales generales) son llenadas de manera parcial y no llevan todos los datos que se piden. En general, la información sobre la edad y el sexo fue recabada en casi todos los casos; la información de otro tipo, sin embargo, apareció con menos frecuencia (aquella sobre el lugar del accidente o de la lesión, por ejemplo) .³ Segundo, aunque menos frecuentemente, hubo información contradictoria; el caso típico es el de dos edades distintas para la misma persona. Finalmente, aunque por lo regular, como explicaron en entrevista las trabajadoras sociales de los hospitales generales, es difícil que un centroamericano indocumentado "pase" por mexicano (algo deseable para no ser detenido por el INM), ya estando en el hospital no es imposible que alguno logre hacerlo y aparezca en el registro como mexicano; esto, según las trabajadoras sociales, sería más fácil para un guatemalteco que para un migrante de otra nacionalidad. Hay que mencionar también que ser indocumentado tampoco significa necesariamente estar de paso, esto es, formar parte de la población en camino por la ruta del Soconusco, el grupo de interés para este estudio. De hecho, estar "de paso" es un término complejo y relativo y su definición puede variar de persona a persona. Muchos indocumentados conciben su migración por fases, con estancias de duración variable en distintos lugares de la República. La necesidad o el deseo de quedarse unas semanas en Tapachula para trabajar y ahorrar dinero, por ejemplo, los "estaciona" en la ciudad, los hace tener una residencia, incluso una dirección, por muy temporal que ésta sea. Esa dirección, en el momento de ser registrada en una institución chiapaneca, puede colocar a un centroamericano como residente del estado cuando en realidad no lo es.

Las fuentes de información usadas en esta investigación incluyen registros de oficinas de los gobiernos de México (municipal, estatal y federal), Guatemala y El Salvador, de centros de salud, de ONGs de la región y de la Casa del Migrante en Tecún Umán, en el departamento de San Marcos, Guatemala. También se utilizaron fuentes secundarias y una revisión hemerográfica de periódicos. También se utilizó información recabada en una encuesta que se llevó a cabo en la misión scalabriniana de Tecún Umán en el otoño de 1998. Finalmente, se realizaron entrevistas en profundidad y discusiones en grupo con migrantes hospedados en la Casa del Migrante de Tecún Umán y en el Albergue Belén de Tapahula, ambas misiones scalabrinianas. Las organizaciones dedicadas a la protección de los migrantes —las misiones scalabrinianas, las ONGs y las instancias de los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras— fueron otra fuente de información y opinión.

2. Definir y clasificar el riesgo

En la literatura especializada sobre la migración es reciente la asociación entre la migración y el riesgo. Fue a principios de la década de los noventa, ante la creciente ola de muertes de migrantes en el cruce entre México y Estados Unidos, que comenzaron a aparecer los primeros estudios documentando las amenazas a la salud y a la vida misma de los indocumentados que iban rumbo a los Estados Unidos. Le siguieron las noticias sobre los atropellos a los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Dado el estado de la documentación y del análisis, este trabajo comenzó por explorar de qué manera se podría documentar el riesgo, tanto para enumerar los hechos con el fin de facilitar las respuestas inmediatas a las muchas, continuas y agudas necesidades que se viven en el camino, como para analizar las relaciones entre la migración (los migrantes), el riesgo y el espacio, en específico, las rutas de la travesía. Hubo un interés especial por ver si y de que manera el territorio, especialmente el fronterizo, refleja la situación de riesgo que viven los migrantes, por un lado, y dilucidar las características de ese espacio que contribuyen a la frecuencia e intensidad de los riesgos, por otro.

a) La definición del riesgo en la migración

Si el concepto de riesgo se asocia con la migración indocumentada de manera cotidiana en las notas rojas y crecientemente en los discursos académicos y políticos, el concepto en sí, visto a la luz del fenómeno migratorio, ha sido poco explorado. Ante esta ausencia, se procedió por adaptar el concepto de riesgo a la migración.⁴ Esto se hizo categorizando las opiniones tanto de los migrantes como de las personas que los atienden sobre los perjuicios que se experimentan en el camino. También, esa labor se nutrió de la revisión de periódicos y de la participación en una encuesta que se llevó a cabo en la Casa del Migrante de Tecún Umán en el otoño de 1998.

La noción de riesgo propuesta aquí se define, por un lado, como la exposición en el camino a una cosa o persona que es potencialmente una amenaza o un peligro, a tal grado que pueda perjudicar o dañar, a veces irreversiblemente, el proyecto de migrar o la integridad física del migrante si entra en contacto con esa cosa o persona. En otras palabras, el riesgo se concibe como un proceso que entreteje a los migrantes con personas y cosas (asaltantes, víboras, el tren carguero) en encuentros o situaciones (donde quedan expuestos a los peligros), que tienen el potencial de perjudicarlos físicamente o de frustrar su viaje. Implícitamente, el eje de la definición reside en el último eslabón de este proceso, esto es, la posibilidad de sufrir algún daño o perjuicio a la integridad física (lesiones o pérdida de bienes) o al proyecto de migrar (el atraso o la anulación del viaje); sin ese potencial no existe el riesgo (Leiss y Chociolko, 1994, p. 6, y Lupton, 1999, p. 9). En este ensayo, los alcances del concepto de riesgo se limitan a peligros y amenazas externas al migrante, a su persona; estos peligros, empleando la definición de Giddens, son "los eventos que pueden asaltar a los individuos inesperadamente (desde fuera), aunque ocurren con la suficiente regularidad y frecuencia en una población completa como para ser predecibles" (1998, p. 521). Por ende, se excluyen los aspectos afectivos y espirituales, por ejemplo, que, aunque de suma importancia, quedan fuera de los alcances de esta primera aproximación.⁵

El concepto de riesgo, por otro lado, conlleva la identificación de una amenaza o un peligro como tal por las personas y las comunidades, en este caso, principalmente por los migrantes mismos, aunque, en la realidad, en la elaboración de esa definición también participan otros —las personas y organizaciones dedicadas a la protección de los indocumentados, por ejemplo—. Así, se propone que las amenazas o los peligros (los "objetos riesgosos", en las palabras de Hilgartner) son cosas o personas a quienes se les atribuye esa característica (1992). En otras palabras, a la vez que existen cosas (víboras, el tren carguero) y personas (ladrones, asaltantes) que pueden perjudicar la posibilidad de migrar o la integridad física del migrante si éste está expuesto a ellas, estas cosas o personas pasan por filtros culturales, sociales y biográficos antes de que se les atribuya el perjuicio.

b) La clasificación del riesgo en la migración en la frontera sur

La clasificación o caracterización de los riesgos forma una parte prioritaria del análisis del mismo. Tradicionalmente, ha consistido en una descripción detallada, un resumen, de las características de la fuente del riesgo, una tendencia que predomina en el campo de la clasificación de los riesgos que son considerados "naturales" (MOPT, 1992, p. 551, y Leiss y Chociolko, 1994, p. 29). Otros han propuesto una aproximación expandida que media entre una descripción de los hechos, los intereses y las preocupaciones de los afectados y la necesidad de hacer que la información sea entendible y accesible para éstos y para aquellos que trabajan por su bienestar (Stern, 1996, p. 27).

La clasificación que sigue parte, en primer lugar, de una identificación de los daños sufridos que no permitieron que el migrante continuara con su proyecto de migrar o que comprometieron su integridad física. En un segundo momento, se organizó la información con base en los orígenes o causas de estos daños. Con esta clasificación se empezó a hacer una reconstrucción del proceso de riesgo. En otras palabras, se inició la reelaboración de los riesgos específicos con el seguimiento de los hechos antes y después de sufrir un percance en el camino. Por medio de este método se identificaron tres tipos de riesgo: las detenciones-expulsiones, los accidentes y las violaciones de los derechos humanos.

La lista propone categorías discretas, pero esto se hizo para fines heurísticos; en la realidad, las distintas clases de riesgos pueden traslaparse: un accidente puede, por ejemplo, terminar en una violación de los derechos humanos.

El riesgo no explorado en este artículo lo constituyen las detenciones-expulsiones, la aprehensión de los migrantes por las autoridades mexicanas y su expulsión del país por las fronteras con Guatemala. De hecho, la detención-expulsión, al poner en peligro el proyecto de migrar, es un riesgo permanente en las conciencias de los migrantes desde que salen de sus lugares de origen. Ser detenido por las autoridades mexicanas interrumpe, atrasa y posterga la migración, en el mejor de los casos, y la anula, en el peor. A la vez, la detención se convierte en un potencial riesgo mayor para los migrantes, en tanto que quedan expuestos al robo, al cohecho y al maltrato físico y verbal por parte de las autoridades.

Las violaciones de los derechos humanos, uno de los mayores riesgos para los migrantes por la frecuencia con que ocurren y lo perjuiciosas que son tanto para el proyecto de migrar como para la integridad física de la persona, se circunscriben a los abusos de los derechos civiles. Incluyen tanto las violaciones de las autoridades como las de los particulares.⁶ Los datos para la reconstrucción del cuadro de los derechos humanos se tomaron esencialmente de los registros de la Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante en Tecún Umán, Guatemala (el mayor en la región), que documentan las violaciones en Centroamérica y en México; de Beta Sur-Tapachula (en específico, su registro de asistencia social a migrantes), y, en menor medida, de los consulados de Guatemala y El Salvador. También los periódicos regionales fueron otra fuente de información.

LOS HECHOS

1. Los accidentes⁷

En la frontera sur, los medios físico-natural y social presentan una gran cantidad de peligros potenciales. Algunas veces encontrarse con ellos desemboca en lesiones; otras, en la muerte. Aunque es imposible saber cuántas personas se lesionan o mueren en su camino, las estimaciones que han hecho algunas organizaciones nos dan una idea aproximada de los sucesos. Según el anterior coordinador del Grupo Beta Sur-Tapachula, esta organización atendió mínimamente a un muerto y a un lesionado al mes en 1998^.8 Otro cálculo de las muertes registradas en la región en 1998 las estimó en dos por semana (El Orbe, 4 de diciembre de 1998). En entrevistas con migrantes en Tapachula y Tecún Umán se mencionó de manera frecuente el encuentro con cuerpos muertos abandonados en el camino, lo cual indica que probablemente exista un subregistro significativo de las víctimas. Uno de los siguientes pasos será determinar cuántas de estas muertes se deben a accidentes.

Al mismo tiempo, para apreciar la gravedad de los hechos habría que ver no solamente el número de acaecidos sino la severidad de los atropellos. En los registros de Beta Sur-Tapachula los lesionados frecuentemente perdieron algún miembro, un pie o una pierna. Algo semejante se observa en los registros de los hospitales generales de Tapachula y Huixtia, donde de manera regular los accidentados atendidos sufrieron amputaciones y policontusiones, y otras heridas y fracturas graves.

Para enfatizar, la documentación de los accidentes apenas se empieza a construir. Los registros de los hospitales dibujan sólo una parte del cuadro total. Habrá que recordar que los migrantes que llegan a los centros de salud que registran los hechos son aquellos que sufrieron atropellos graves que imposibilitaron su camino e hicieron necesario que se internaran; en este sentido, los registros se basan en aquellas personas que fueron encontradas y atendidas por alguna autoridad local. La mayoría de los migrantes que sufren accidentes, cuando su padecimiento lo permite, continúa su camino.

Los registros consultados para el periodo de la investigación muestran una población predominantemente masculina, en más del 85 por ciento. Casi el 61 por ciento es guatemalteca, el 21 por ciento es nicaragüense.

Los datos de los 116 casos analizados presentan una población que queda accidentada por una variedad de razones. La fauna natural de la región —las víboras y los insectos venenosos, además de otros animales—, un peligro potencial permanente en el camino, puede causar desde malestar físico hasta la muerte. En las entrevistas en profundidad fueron frecuentes las quejas de piquetes y mordidas de animales e insectos, especialmente en la noche, cuando los migrantes duermen a la intemperie. Sin embargo, son pocos los que buscan ayuda profesional para atender estos malestares. De igual forma, la geografía natural en sí, muchas veces desconocida por los indocumentados, presenta otras amenazas. Los grandes cuerpos de agua —presas, ríos, lagos y mar— que las personas atraviesan en su camino, o donde se paran para bañarse o beber agua, también son lugares donde se ahogan.⁹ Asimismo, los migrantes mueren de insolación y deshidratación al cruzar lugares despoblados de la costa, especialmente en tiempo de mucho calor. Éste fue el caso de un salvadoreño que en mayo de 1998 murió de un shock hipovolémico (RASCES, 1998-1999). Sin embargo, en la ruta del Soconusco, en su mayoría (más del 63%), los accidentes y las lesiones registradas se debieron a vehículos de transporte, especialmente camiones de carga y el tren carguero.

Por lo general, los migrantes suben y bajan del tren cuando está en marcha, lo cual los expone al peligro de caer bajo las ruedas del ferrocarril. Cualquier debilidad por la falta de alimentación o de sueño o por alguna enfermedad, privaciones que vive la mayoría de los migrantes, los expone a una mayor posibilidad de sufrir un accidente. Por esta razón, como ya se dijo, con la excepción de un caso, todas las amputaciones de miembros registradas ocurrieron por caídas del tren carguero.

Los accidentes de carretera, que constituyeron el 43 por ciento de los 116 percances registrados y que son otra causa de heridas graves, presentan un riesgo adicional para los indocumentados. Es común que los migrantes pidan permiso a los camioneros para transportarse en los vehículos de carga; lo cual resulta de manera frecuente en caídas de alturas de dos metros o más de los camiones en marcha. En otras ocasiones son atropellados al cruzarlas carreteras. De hecho, los accidentes de carretera son los percances que se registran de manera más frecuente en todo el año, especialmente en el Hospital General de Tapachula.¹⁰

La población migrante hospitalizada en los meses inmediatamente posteriores al huracán Mitch no creció. Entre diciembre y febrero no se dio un cambio sustantivo en el ingreso de pacientes centroamericanos. Sin embargo, en marzo de 1999 hubo un marcado salto en el número de atendidos. Mientras que en enero y febrero los hospitales recibieron un total de cinco migrantes, en marzo hubo 18, la enorme mayoría de ellos víctimas de accidentes de automóvil o del tren. De igual forma, se modificó la composición de la población, ya que creció el número de pacientes hondureños.

Los registros de accidentes, como se ha descrito, sugieren una particularidad geográfica.¹¹ En general, los eventos se concentran en áreas rurales, en las entradas y salidas de las ciudades y en las carreteras. Fuera de las ciudades, se localizan alrededor de los cuerpos de agua —presas y mar—y en planicies despobladas y de intenso calor. Los daños debido a piquetes o mordidas de animales e insectos ocurren en los caminos de terracería, que usan los indocumentados cuando se internan al campo para evitar a los agentes del INM y a las bandas de asaltantes, o simplemente para buscar un mejor camino hacia el norte.

Los accidentes se concentran, también, en las vías de transporte. Ocurren, como se mencionó, cerca de las líneas del ferrocarril y alrededor de las estaciones ferroviarias, y también en las entradas a las ciudades donde se para el tren; esto es, donde los migrantes se bajan para no ser detectados por las autoridades, los agentes del INM, principalmente. Pero, de igual manera, se llevan a cabo en las salidas de las ciudades donde los migrantes se suben al tren en marcha y en las redes carreteras, especialmente en las que conectan a la frontera con Tapachula y en los caminos a Motozintla y Comitán.

Hay indicaciones de que existe una concentración espacial de los accidentes con relación a la distancia de la línea internacional. La gráfica 1 es una representación de los accidentes por zonas, en trayectos de 40 kilómetros partiendo de la línea internacional, y muestra que los percances tienden a ocurrir con más frecuencia en los primeros 80 kilómetros de la ruta costera, entre Ciudad Hidalgo y Villa Comaltitlán. Esta tendencia, planteada como hipótesis, resalta, como se verá más adelante, en el caso de las violaciones de los derechos humanos.

1. Las violaciones de los derechos humanos¹²

Como lo resumió un coordinador de Beta Sur-Tapachula, desde que salen los migrantes de sus lugares de origen hay quienes los buscan para sacarles alguna ventaja.¹³ Entre los que abusan de ellos se encuentran autoridades —municipales, estatales y federales— y particulares.¹⁴ Aunque ambos grupos comparten la responsabilidad por los agravios, a veces de manera bastante pareja, tiende a ser mayor el número de particulares. De los 1 487 abusos contra los migrantes centroamericanos en Chiapas anotados entre enero de 1998 y marzo de 1999, el 56 por ciento fue responsabilidad de particulares y el 41 por ciento de autoridades. Sin embargo, la relación proporcional entre los dos grupos varió de manera significativa en el tiempo. En febrero de 1998 y 1999, y entre abril y agosto de 1998, por ejemplo, las autoridades fueron responsables de más de la mitad de los agravios.

Los registros presentan una población con algunas características que son similares al grupo de migrantes que sufre accidentes. Está compuesta, en su gran mayoría, en un 93 por ciento por hombres. En cuanto a la nacionalidad, el 70 por ciento es hondureña, el 17.5 por ciento es salvadoreña, el 10 por ciento es guatemalteca y el 2 por ciento es nicaragüense.¹⁵

Entre los particulares hay dos tipos de responsables. Por una parte, se encuentran aquellos que se dedican exclusiva o principalmente a acosar y atacar a los migrantes, como es el caso de las pandillas y maras (como se nombra a las bandas de asaltantes de centroamericanos, especialmente las de El Salvador), y, por otra, los delincuentes circunstanciales. En los maras pueden militar hasta 300 personas, distribuidas en ambos lados del territorio fronterizo; sin embargo, sus miembros, siguiendo una organización casi militar, se agrupan en vanas bandas pequeñas dedicadas, de manera independiente, al asalto y al robo. Aunque los maras, siendo uno de los más famosos los maras salvatruchas, han sido señalados por la prensa como los principales responsables de los ataques a migrantes centroamericanos, no son, según los registros oficiales, los que más acosan a los indocumentados, no obstante su actividad delincuencial en contra de sus compatriotas. En Chiapas, las pandillas que asaltan a los migrantes están compuestas básicamente por mexicanos, en grupos de tres o cuatro integrantes, aunque hay pandillas de hasta 20 personas.

Los delincuentes circunstanciales tienen otro perfil. Casi siempre de origen local, muchos viven en las afueras de los poblados; algunos son campesinos, por ejemplo. Por lo general son personas que aprovechan el encuentro con un migrante en un lugar aislado para robarle los bienes —dinero, ropa, zapatos— que lleva para solventar los gastos y mantenerse en el camino.

Habría que añadir que el tráfico de indocumentados ha generado otros riesgos. La estafa y el incumplimiento de servicio (no llevar a la persona al lugar concordado) se han vuelto comunes. Los coyotes también han sido implicados en robos, asaltos y violaciones sexuales. En este tráfico de humanos, los menores y las mujeres son los más expuestos al riesgo; son las principales víctimas de las migraciones forzosas, algunas de ellas iniciadas por el secuestro. En este caso se encuentran los niños que son arrancados de sus lugares de origen para ser adoptados ilegalmente en, por ejemplo, Estados Unidos, Europa y Canadá (La Jornada, 22 de septiembre de 1997, p. 42). En estos casos también se incluye la inducción forzada, casi siempre de muchachas y niñas, a la prostitución, que se nutre regionalmente de la población centroamericana (Monge, 2000, pp. 34-39).

Los efectos del huracán Mitch en el fenómeno migratorio se sintieron casi inmediatamente después del acontecimiento. A finales de noviembre, el mes del desastre, empezó a aumentar el número de violaciones de los derechos humanos. Si en Talismán-El Carmen, la principal puerta para la expulsión de indocumentados hacia Guatemala entre enero de 1998 y marzo de 1999, la población detenida y expulsada creció un 184 por ciento entre octubre y noviembre de 1998 (EPD/DGM, 1998-1999) y el número de migrantes perjudicados se incrementó en un 173 por ciento, dos meses después, entre diciembre de 1998 y enero de 1999, las expulsiones crecieron en un 236 por ciento y las violaciones de los derechos humanos en un 334 por ciento. Tomando en cuenta que Honduras, junto con un sector de Nicaragua, fue el país más afectado por el desastre, no sorprende que una gran parte de los agraviados fueran hondureños. Entre octubre de 1998 y enero de 1999 constituyeron más de la mitad de éstos, y llegaron a representar el 92 por ciento en diciembre y el 80 por ciento en enero. En este marco de referencia, creció el número de las violaciones cometidas por las autoridades. En los dos meses anteriores al desastre, estos actos constituyeron alrededor del 27 por ciento, para diciembre representaban el 36.8 por ciento y en febrero aumentaron a más del 50 por ciento.

Como en el caso de los accidentes, las violaciones tuvieron una clara ubicación espacial (ver el mapa 2).¹⁶ En general, se centraron en lugares donde los migrantes se congregaban o donde se ocultaban. Las estaciones del tren de Ciudad Hidalgo y de Tapachula, por ejemplo, fueron frecuentemente lugares de abuso. Al mismo tiempo, algunas de las áreas de mayor amenaza fueron los alrededores de las casetas migratorias permanentes del Instituto Nacional de Migración. Para evitar la detección y aprehensión de parte de los agentes de esa entidad federal, los migrantes daban la vuelta a la caseta por el monte, donde se ocultaban los delincuentes para atacarlos. También, los lugares cercanos a las estaciones ferroviarias de Ciudad Hidalgo y Tapachula y el tren mismo eran los lugares predilectos de los asaltantes.

De igual forma, hubo una concentración regional de las violaciones de los derechos humanos. Ya se mencionó su frecuencia en territorio chiapaneco y la concentración de ellas en el trayecto del Soconusco. La gráfica 2, que es una zonificación de las violaciones en la ruta costera, muestra que a mayor distancia de la línea internacional menor es la proporción de los abusos. De hecho, el 76 por ciento de ellos aconteció en los 64 kilómetros de terreno que siguen a la línea internacional; esto es, entre Ciudad Hidalgo y Huixtia.¹⁷ En contraste, en los siguientes 191 kilómetros, entre Huixtia y Arriaga, sucedió el 24 por ciento restante. Visto de otra manera, ocurrieron 15.5 violaciones por kilómetro en los primeros 64 kilómetros y 1.6 por kilómetro en los siguientes 191.

Los mapas no sólo muestran una distribución desigual de las violaciones; también indican una división territorial de los responsables de los atracos (ver mapa 2). Los abusos de las autoridades se concentraron en los grandes centros urbanos (Tapachula y Arriaga, por ejemplo) y en la parte occidental y noreste del estado. Las autoridades compartieron con los particulares la responsabilidad por los atropellos en los asentamientos pegados a la línea internacional, aunque cometieron un menor número de violaciones en Ciudad Hidalgo. Por su parte, los abusos por particulares se concentraron en el tramo entre la frontera y Huixtia y, junto con los cometidos por las autoridades, en la frontera misma.

Esta distribución no fue estática (ver los mapas 3 y 4). Al desglosar los datos por trimestre, aparecen transformaciones en esta división territorial según el responsable del atropello. Entre enero y marzo de 1998 las autoridades y los particulares compartieron la responsabilidad por los abusos de manera más paralela a lo largo de la ruta migratoria, mientras que entre julio y septiembre de 1998 fue apareciendo la división anotada arriba.

Tomando como caso la población centroamericana en la frontera sur de México, este ensayo ha consistido en presentar algunos hallazgos de una investigación sobre el riesgo en la migración internacional. Para este fin se propuso una definición del riesgo y una clasificación para documentar el fenómeno, y se plantearon las bases para crear un SIG del riesgo en la región.

En primer lugar, se definió un concepto de riesgo adaptado específicamente a la migración. Se propuso ver el riesgo como un proceso en que se entrelazan migrantes y peligros (tren, asaltantes, víboras, etc.), encuentros entre los dos y la vulnerabilidad de los migrantes. Con la conceptualización se clasificaron preliminarmente tres clases de riesgo que caracterizaron a la migración que pasa por el Soconusco de Chiapas, y el análisis se enfocó en dos de ellas: los accidentes y las violaciones de los derechos humanos.

Enseguida, con el objetivo de ubicar en el futuro los "objetos riesgosos" en el territorio y explorar las maneras en que los migrantes quedan expuestos a ellos, hubo la necesidad de incluir el espacio como un factor del análisis. Así, una de las propuestas fue crear un instrumento para integrar al análisis el lugar (esto es, el trayecto y sus componentes sociales y geográficos), como constructor de la experiencia migratoria y, a la vez, como reflejo de la misma. De esta manera se empezó a armar un registro permanente de los riesgos y un SIG que fueran de utilidad para la investigación sobre el fenómeno en las rutas migratorias y, además, de fácil acceso tanto para las personas y organizaciones que se dedican a atender a los migrantes y a responder a sus necesidades como para los migrantes mismos.

En lo que sigue se exploran algunas de las implicaciones del panorama de riesgo dibujado en el texto y, en particular, se indaga sobre el elemento del espacio.

Una de las conclusiones más obvias de este artículo es que la migración indocumentada es una actividad de riesgo en sí, puesto que los y las migrantes enfrentan una multiplicidad de peligros. También se infiere que la situación de riesgo es una consecuencia de la manera en que la población migrante se inserta en los sistemas socioeconómicos y políticos de los países de origen, de paso y de destino. Por su falta de recursos, es imposible que el migrante consiga visa para ir a los Estados Unidos, tome transportes seguros en vez del tren carguero o tenga lugares invulnerables donde hospedarse al cruzar una frontera internacional. Por ello, los migrantes están expuestos al ataque de grupos que sobreviven ilícitamente en la economía subterránea; de aquellos, por ejemplo, que viven de robarles o de traficar con ellos. Debido a su posición subordinada dentro de estos sistemas, los migrantes internacionales sufren una falta de protección y se enfrentan al ejercicio inequitativo y desigual de la ley y de la justicia, lo cual crea una situación en la que estas personas de menores recursos se encuentran más vulnerables al abuso y menos protegidas por las autoridades.

Habría que matizar que el grado de riesgo varía según el espacio y el tiempo. Se notó en el texto que los riesgos tienen patrones espaciales en esta región. No ocurren de manera aleatoria en la ruta; más bien se concentran en puntos específicos del Soconusco. Hay lugares que por lo general son riesgosos: los caminos de extravío alrededor de las casetas del Instituto Nacional de Migración y los puntos donde los migrantes suben y bajan del tren carguero. Hay otros que se vuelven más o menos riesgosos dependiendo de la hora, del día, del mes y del año; de la noche a la mañana las operaciones impuesta por las autoridades locales, estatales y federales pueden convertir a distintas colonias o diferentes barrios de una ciudad en puntos de riesgo. (En el otoño de 1998, por ejemplo, en un intento por desalojar a los migrantes del centro de la ciudad de Tapachula y de los alrededores de la estación ferroviaria, las autoridades locales implementaron una operación llamada "Escoba".) De igual forma, habría que ver de qué manera los peligros son distintos en el campo y en la ciudad y varían entre ciudades y entre regiones rurales.

Al examinar la frecuencia y la concentración de los accidentes y las violaciones de derechos humanos por localidad, aparece una relación entre el número de acontecimientos y el tamaño del lugar. Tapachula, por ejemplo, resalta por la cantidad de percances que ocurren ahí. Esto también explica por qué Amaga y Tonalá, aunque en menor medida, registran altos números de siniestros a pesar de estar a más de 200 kilómetros de la línea internacional, pues, como se describió, la distancia está relacionada con el número de perjuicios. Para comenzar a explicar esta relación habría que recordar que estas localidades, a la vez que funcionan como "centros de abastecimiento" —tanto para los migrantes, que van en búsqueda de hospedaje, comida y medios de transporte, como para los residentes de la región—, también concentran peligros, "objetos riesgosos". Entre estos peligros se encuentran los que roban y estafan, los trenes cargueros y las autoridades que extorsionan, por ejemplo.

Otra propuesta del trabajo es que los "objetos riesgosos" y la posibilidad de encontrarse expuesto a ellos cambia según la cercanía o lejanía de la línea internacional, lo cual se notó en particular en el desglose de las violaciones de los derechos humanos. Los datos indican que la frontera, especialmente los 64 kilómetros entre Ciudad Hidalgo, de donde sale el tren carguero, y Huixtia, constituye un trecho de alto riesgo. El siguiente paso será explorar el porqué del aumento del riesgo en esta zona propiamente fronteriza. En pocas palabras, habría que explorar qué ocurre en este espacio que permite que los peligros se junten, se multipliquen y permanezcan, que los migrantes se encuentren con ellos y que sean vulnerables a ellos.

Dicho de otro modo, proponer que la frontera es un lugar de alto riesgo nos empuja a examinar la manera en que la construcción del espacio entendido, en las palabras de Soja, como "formas sustanciales (espacialidades concretas) y como un conjunto de relaciones entre individuos y grupos"— refleja la situación de riesgo que viven los migrantes y contribuye a ella (1990, p. 120). Esta proposición remite al análisis de las cualidades del espacio (lo que caracteriza a los 64 kilómetros entre Ciudad Hidalgo y Huixtia, por ejemplo) que contribuyen a la producción y reproducción de los peligros, al encuentro con ellos y a la vulnerabilidad a ellos. Aunque una respuesta va más allá de los alcances de este texto, aquí se hacen algunas anotaciones.

En la frontera se localizan los riesgos. Como lugar de cruce internacional y aduana, la frontera atrae a camiones de carga y es la sede del tren carguero de Ciudad Hidalgo, vehículos de transporte para los migrantes y, a la vez, peligros potenciales. Muchas bandas que persiguen a los migrantes centroamericanos restringen su actividad al trayecto entre Ciudad Hidalgo y Huixtia.¹⁸ De hecho, algunas pandillas tienen su base de operaciones en el lado guatemalteco y cruzan la frontera a diario o semanalmente para asaltar. La frontera también es la sede de traficantes de migrantes indocumentados. Allí también, por ser lugar de paso internacional de mercancías (de importación y exportación) y de personas (migrantes internacionales, residentes locales transfronterizos, turistas), se encuentran agentes de casi todas las corporaciones de gobierno (local, estatal y federal), algunos de los cuales han sido inculpados en los percances que experimentan los centroamericanos indocumentados.

No solamente se localizan estos peligros potenciales en la zona fronteriza, también se concentran allí, lo cual aumenta la posibilidad y probabilidad de que un migrante se encuentre con uno de ellos. Por el gran número de vehículos de transporte que llegan a la región (y por ende, numerosos camiones en que pueden transportarse los migrantes), hay una mayor posibilidad de que se de un accidente en carretera. Para repetir, las bandas de asaltantes, con miras de agarrar a los migrantes en sus primeros pasos por la región, concentran sus esfuerzos y a sus miembros en el espacio entre la frontera misma y Huixtia. A la vez, la gran diversidad de corporaciones representadas en la zona limítrofe multiplica el número de autoridades.

Existe, además, una mayor vulnerabilidad del migrante centroamericano al cruzar la frontera a México, lo cual aumenta la posibilidad de que se exponga a uno de los múltiples peligros de manera perjuiciosa. La vulnerabilidad, la incapacidad de una persona de un grupo para anticipar, manejar, resistir y recuperarse, (Blakie et al, 1994, p. 9), en gran medida es lo que "une", de manera perjuiciosa, un peligro potencial con un daño. Esto enfatiza la necesidad de delimitar en qué consiste la vulnerabilidad, tomando en cuenta que puede variar entre personas y grupos migratorios.

Se sugiere que el estado de vulnerabilidad se debe a varias condiciones. Para empezar, al ser indocumentado el migrante centroamericano no solamente puede ser detenido y expulsado del país por las autoridades sino ser buscado por ellas. Esto tiene diversas y agudas consecuencias. Hace que los indocumentados eviten las vías públicas y que transiten por lugares marginales y despoblados (los alrededores de las casetas migratorias, por ejemplo) donde hay peligros. En el momento de enfrentar algún peligro y de sufrir algún percance, los indocumentados no buscarán, por temor a ser aprehendidos, la ayuda de las personas, grupos o instituciones locales que tengan la capacidad para auxiliarlos.

La manera en que los y las migrantes asumen su condición de indocumentados también los vuelve más vulnerables. En las entrevistas era común que hablaran de la sensación de sentirse criminales —sin derechos—al entrar al territorio mexicano.¹⁹

Entre los residentes de las localidades fronterizas, esta sensación es correspondida por una visión de vivir en la línea, en el frente de "invasión" de personas que entran "ilegalmente", una imagen que subordina y denigra al indocumentado (Cadena, 1999, Cruz López, 1999). En el peor de los casos, esta visión facilita, si no es que permite, transformar al migrante en un objeto de cacería y presa.

La vulnerabilidad también aumenta o disminuye, dependiendo de la información que cada migrante tiene del camino que atraviesa. Como queda implícito en la discusión de arriba, los indocumentados, a menos que ya hayan pasado por la región varias veces, no conocen el lugar y tienen poca información al respecto. La falta de este recurso, del conocimiento, aumenta la probabilidad de que se encuentren con algún peligro y de que el encuentro los perjudique. Por lo general, no saben qué lugares evitar por los peligros que hay, ni a quién recurrir en caso de sufrir algún accidente o violación de sus derechos humanos; de hecho, la mayoría, no sabe que tiene derechos en México, o no sabe cuáles son.

De igual manera, hace falta situar los peligros, los encuentros con ellos y la vulnerabilidad de los migrantes dentro del contexto fronterizo. Empecemos por recordar que las dos funciones principales de las fronteras, en su sentido político-administrativo, son regular, y también prohibir, el cruce de mercancías y de personas. Las demarcaciones de los suelos son mecanismos creados para administrar y defender los territorios delimitados jurídicamente. En su esencia, las fronteras, al ser concebidas como lugares de defensa donde la integridad del Estado-nación podría estar en riesgo, son, en los términos de Bhabha, espacios de ansiedad, claves para asegurar la soberanía del país (1994, pp 149 y 216). El cruce de personas, de migrantes, históricamente ha acentuado la atención en las demarcaciones fronterizas bajo el cobijo discursivo de la defensa nacional. Incluso, se puede argumentar que "la segundad del Estado ha sido siempre una cuestión del control de personas" (Bigo, 1997, p81). Los traslados reales, potenciales, sospechados y temidos de personas van transformando las fronteras en puntos neurálgicos de riesgo, lugares donde se implementan políticas (las operaciones) y se concentran organizaciones (fuerzas de segundad local, estatal y federal) dedicadas a controlar el cruce de personas, si no de detenerlas. Esto, en parte, explica por qué en la línea divisoria entre Guatemala y México se concentran agentes de todas las corporaciones policiacas y militares. Así, los cruces terminan siendo tierras en riesgo y el migrante, una de las principales amenazas. Como consecuencia, las zonas fronterizas pueden llegar a constituir no sólo lugares sitiados, sino regiones al margen de la cotidianidad, donde la ley y la extralegalidad pueden converger, dando permiso, de manera explícita e implícita, a la búsqueda y persecución de los indocumentados.

La creciente globalización, al acelerar e intensificar los movimientos transnacionales, ha agudizado una de las tensiones inherentes a la constitución de las líneas divisorias, esto es, su función como puntos de intercambio de mercancías y personas y de la defensa de la soberanía nacional. Así, a la par con la paulatina apertura ante los flujos internacionales de bienes y capitales, la fuerza motriz detrás del tratado de libre comercio entre México, Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, se llevan a cabo operaciones como Sellamiento de la Frontera en la línea divisoria entre México y Guatemala, que tienen como uno de sus fines cerrar la frontera a los flujos de centroamericanos indocumentados que buscan atravesar el país.²⁰

Los ciclos migratorios, el retorno al lugar de origen antes de la Navidad y el regreso al norte en los primeros tres meses del año, al estar correlacionados con aumentos o disminuciones de los flujos, también modifican la posibilidad de sufrir algún atropello. Aunque los migrantes aparecieron en los hospitales todo el año se internaron en mayor número en los primeros dos meses. Por la misma razón, una de las épocas en que los hospitales de Tapachula y Huixtia registraron un mayor número de amputaciones fue entre enero y marzo. El cuadro de los accidentes por caídas de automóviles reflejó una dinámica parecida; el hospital general de Tapachula atendió ocho casos en enero de 1998 (RACHGT, 1998).

Como se mencionó, también cambia la distribución espacial de los responsables de los agravios. Esta mutable división del territorio en el tiempo puede transformar la ruta, haciendo que los migrantes enfrenten distintos tipos de riesgo en lugares diferentes y en momentos específicos. Los lugares donde prevalecen los agravios de las autoridades en un momento dado, esto es, donde los migrantes sufren una mayor incidencia de cohecho, podrán, en otro momento, convertirse en espacios donde predominan las pandillas que roban y asaltan.

Finalmente, habría que tomar en cuenta las características de los migrantes mismos, rasgos que pueden hacer que el trayecto fronterizo, durante cierta época o por un tiempo, se convierta en un lugar de mayor riesgo. El caso más claro fue el de los hondureños quienes, huyendo con poca preparación, poco conocimiento y recursos mínimos después del huracán Mitch, llegaron a la frontera en gran número y fueron víctimas del abuso de manera desproporcional.

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Notas

² Sobre el tema de la migración centroamericana en la frontera sur, ver Castillo, 1995 y 1993; CNDH, 1995, y Kobrak y Palencia, 1998.

³ Dado que uno de los propósitos de este ensayo es registrar espacialmente estos atropellos, la falta de información sobre el lugar del acontecimiento hizo necesario crear dos bases de datos: uno del total de los casos, personas, que sufrieron algún agravio y una submuestra de los casos donde aparece el lugar de acontecimiento. Esta distinción de fuentes será indicada en la sección donde se describen los hechos.

⁴ Para un examen más amplio de la asociación entre la migración y el riesgo, ver Olivia Ruiz, "Migración, riesgo y fronteras: una reflexión", en Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 47, mayo-junio de 2001.

⁵ Tampoco se trata de negar la relación entre el mundo exterior y la propia subjetividad del migrante. Un asalto, por ejemplo, puede dejar cicatrices emocionales, a veces profundas, que posiblemente comprometan la salud mental de la persona y bloqueen su capacidad física para salir adelante y continuar su camino.

⁶ Hasta la fecha, el concepto de los derechos humanos ha señalado a las autoridades, casi de manera exclusiva, como responsables de las violaciones de estos derechos; sin embargo, existe una propuesta expandida que incluye a agentes no gubernamentales dentro del rubro de los responsables de violaciones. En otras palabras, esta nueva visión admite que los particulares también pueden ser considerados violadores de derechos humanos. Entre estos agentes no gubernamentales se encuentran, por ejemplo, los traficantes de migrantes indocumentados.

Esta propuesta parte del principio de que "los gobiernos están obligados, en virtud de las normas internacionales, a garantizar el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción... Esta obligación incluye también la protección de las personas contra abusos de similar naturaleza y gravedad cometidos por particulares, grupos e instituciones" (Amnistía Internacional: 17, 2000-2001). Es a esta falta de protección, que permite que algunos particulares abusen de otros, a la que se refiere José Antonio Bernal Guerrero, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al declarar que "no sólo se violan los derechos humanos por acciones, sino también por omisiones" (La Jornada, 26 del enero 2001:15). En este sentido, los actos abusivos contra los migrantes indocumentados en la frontera sur de México, hechos que presumiblemente pueden ser considerados como delitos, son violaciones en tanto que el Estado no ha garantizado la segundad del migrante, no obstante su nacionalidad, dentro del país.

⁷ A menos que se especifique lo contrario, la fuente de información está compuesta por los siguientes registros en las proporciones indicadas: Beta Sur-Tapachula (40%), Hospital General de Tapachula (27.9%), Hospital General de Huixtia (18%), Hospital General de Comitán (11.5%) y Consulado de El Salvador (2.5%).

⁸ Comunicación personal de Hugo Ayala, coordinador de Beta Sur-Tapachula entre 1996 y 1999.

⁹ La ruta migratoria por el océano Pacífico, una vía alternativa a la del Soconusco, por ejemplo, ha resultado ser peligrosa debido a las condiciones marítimas, al mal estado de las lanchas, a la falta de medidas de seguridad y a la práctica de sobrecargar las lanchas de personas. El cónsul de El Salvador en Tapachula ha registrado varios naufragios en los que han muerto, en cada ocasión, cuatro o cinco personas (RASCES, Consulado de El Salvador 1998-1999).

¹¹ Los registros sobre accidentados fueron los que con mayor frecuencia no incluyeron el lugar del acontecimiento. La base de 101 casos, que se usó para la localización de los hechos, constituye el 83 por ciento de la muestra total.

¹² A menos que se especifique lo contrario, la fuente de información está compuesta por los siguientes registros en las proporciones indicadas: Oficina de Derechos Humanos de la Casa del Migrante de Tecún Umán (77.3%), Beta Sur-Tapachula (19.3%), Hospital General de Huixtia (1.2%), Hospital General de Tapachula (.7%), Consulado de El Salvador (.6%) y Consulado de Guatemala (.5%).

¹³ Comunicación del Lic. Hugo Ayala, coordinador de Beta-Sur-Tapachula entre 1996 y 1999.

¹⁴ Sobre responsabilizar a particulares por violaciones de los derechos humanos, ver la nota 6.

¹⁵ Aunque los dos registros anotan porcentajes semejantes para los salvadoreños y nicaraguenses, ofrecen datos contrastantes en cuanto a las poblaciones guatemaltecas y hondureñas. La baja incidencia de guatemaltecos en los registros de violaciones de derechos humanos, contrastada con su presencia dentro del grupo de accidentados, y la alta presencia de hondureños entre la población que ha sufrido algún abuso de sus derechos (y su baja visibilidad entre los accidentados) pueden deberse a varias razones. Aquí sólo se mencionan algunas, habría que ver si y hasta que grado hacemos referencia a dos poblaciones distintas de agraviados; esto es, si los que sufren accidentes son también propensos a las violaciones de los derechos humanos. Esto implica contrastar, entre otras cosas, en que consiste la vulnerabilidad de ambos grupos de migrantes.

Al mismo tiempo, habría que ver los medios para registrar las vivencias de los migrantes guatemaltecos y hondureños. El consulado de Guatemala en Tapachula era, en el momento de la investigación, uno de los más activos para movilizar recursos humanos y materiales para atender a sus connacionales. Por consiguiente, llevaba una documentación de los perjuicios. Al mismo tiempo, movilizaba a otros grupos. El grupo Beta Sur-Tapachula, por ejemplo, llego a atender a muchos guatemaltecos debido a peticiones del consulado. No existía una organización parecida para atender a los migrantes hondureños que hubieran sufrido algún accidente y documentar el hecho. Habría, también, que recordar que el registro de la ODHCM, que constituye alrededor del 77 por ciento de la fuente de datos en que se basaron estas estimaciones, por estar localizada en Guatemala, atraía a pocos guatemaltecos en comparación con los migrantes de otras nacionalidades centroamericanas.

Finalmente, algunos guatemaltecos que vivían en la frontera con México, como una parte de sus estrategias de reproducción (tanto personal como familiar), usaban los servicios médicos del lado mexicano. Con la revisión de los lugares de residencia, de origen y del acontecimiento y del tipo de padecimiento (las caídas de árbol, por ejemplo, son percances frecuentes entre la población guatemalteca documentada que trabaja en las fincas del café) se hizo un esfuerzo por no incluir a estos pacientes dentro del grupo de indocumentados centroamericanos que están de paso; sin embargo, por la falta de información en las formas de admisión, o por el deseo de ocultarla, es posible que hubiera casos en que no file posible excluirlos.

¹⁶ La submuestra que se elaboró para describir la localización de las violaciones de los derechos humanos y construir los mapas de riesgo constituye el 93 por ciento de la fuente total de violaciones de derechos humanos.

¹⁷ Las violaciones en la localidad de Montecristo, justo al oeste de Huixtla, están incluidas en los datos para los primeros 64 kilómetros.

¹⁹ Esta falta de conocimiento no es particular de la población indocumentada de Centroamérica. Como observa Cáceres, en América Latina en general existe un conocimiento deficiente de los derechos; son considerados "la propiedad de algunos, no de todos —conquistas que deben ser celosamente guardadas por grupos específicos" (2000, p. 22).

²⁰ De manera semejante, en 1994, cuando se inició el TLCAN, entró en vigor la Operación Guardián, uno de los más costosos y concentrados esfuerzos por sellar el cruce entre Tijuana y San Diego a los migrantes indocumentados.