La transformación de Baja California en estado, 1931-1952

Lawrence Douglas Taylor Hansen*

* Investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, Correo electrónico: ltaylor@colef.mx

Resumen

Abstract

The article analyzes the most significant factors regarding to the process by which the northern region of the peninsula of the Baja California became a state during the period from 1931 —the year in which the Northern and Southern Territories of Baja California were established— and 1952 —when this transformation was consumated—. It also examines the historical background to the pro-State movement in the region throughout the second half of the nineteenth century and the first few decades of twentieth century. The article concludes that, while the federal government's initiatives were important for the realization of this goal, those of the regional administration also played a notable role in the sense, as well as the will of the region's own inhabitants to govern themselves.

Introducción

Si bien Baja California constituye uno de los estados más jóvenes de la república, la historia del proceso a través del cual se transformó en estado es, sin embargo, altamente significativa por lo que revela de la formación de la región fronteriza norteña y de la nación en general durante el periodo de consolidación posrevolucionaria.

Este proceso de transformación en estado ha sido tratado tradicionalmente por los historiadores y escritores del periodo —tanto nacionales como regionales— casi como un fait accompli. Según esta interpretación, cuando la entidad ya contaba con los criterios para ser incorporada a la federación con esta categoría, así se hizo. No se han tomado en consideración, empero, varios de los antecedentes importantes de este proceso evolutivo, así como de las tendencias hacia la autonomía y autodependencia existentes entre la población de la entidad, que se remontaron desde muchas décadas atrás.

Del mismo modo, existe un consenso entre los escritores del periodo de que la fuerza principal detrás del movimiento hacia la conversión del Territorio de Baja California en estado consistió en una serie de políticas y acciones ejercidas por el gobierno federal, sin una injerencia significativa por parte de la población nativa de la región. Esta visión puede ser atribuida, hasta cierto punto, al sentimiento nacionalista que ha sido difícil depurar en las obras históricas escritas en México. Asimismo, puede constituir, en parte, una derivación del culto en torno al legado histórico del cardenismo en sí mismo, en el cual la figura de este gran líder se ha visto tal vez, como la más dominante en la historia de la nación durante la primera mitad de este siglo.

El propósito del siguiente trabajo consiste en revisar este proceso por medio del cual la región norte de la península bajacaliforniana se convirtió en estado a la par de otros estados de la federación mexicana.

Antecedentes

A lo largo del siglo XIX, se había estado formando un sentimiento de identidad nacional entre los habitantes de la región frente al expansionismo estadunidense e intentos filibusteros provenientes de Estados Unidos (1851-1857) para apoderarse del territorio. Sin excepción, los invasores fueron derrotados por los mexicanos y expulsados de estas zonas.¹ salvo los intentos filibusteros infructuosos dirigidos por los estadunidenses J.K. Mulkey, B.A. Stephens, Augustus Merril, Edward Hill, J.F. Janes y otros de 1888 a 1890, cuyo objetivo consistió supuestamente en la anexión de Baja california a Estados unidos, la amenaza filibustera en México pareció haberse disipado.²

Las incursiones filibusteras en el noroeste de México y su legado acentuaron el odio y la desconfianza de los estadunidenses, sentimientos que habían surgido a raíz de conflictos anteriores, tales como la guerra de Texas (1835-1836) y la de 1846-1848. En la mente de los bajacalifornianos y sonorenses persistió el temor de una futura separación de estas regiones de México y su absorción a Estados Unidos. La preocupación estaba bien fundamentada, especialmente en el caso de Baja California.

A lo largo del porfiriato, a consecuencia de las fuertes inversiones extranjeras en la región, Baja California, al igual que en el caso del norte de México en general, se volvió cada vez más sujeta económicamente a la poderosa atracción gravitacional de Estados Unidos (Blaisdell, 1962:24-25; Mason, 1985:20-21, 34; Martínez, 1988:46).

Para principios del siglo XX, había cientos de estadunidenses que vivían en la península, además de la población mexicana de pequeños empresarios, comerciantes, rancheros y pescadores que vivían en Mexicali, Tijuana y a lo largo de la costa del Pacífico, y de los indios cucapás, guaicuras y yumas que habitaban las regiones montañosas.³

Todos estos factores hicieron patente, para muchos mexicanos, la necesidad de inculcar la unidad nacional, al mismo tiempo en que se desarrollaba entre ellos un fuerte sentido de xenofobia que serviría como un poderoso elemento unificador para las diferentes facciones revolucionarias que surgieron en las décadas subsecuentes al levantamiento de 1910 (Turner, 1971:54-65, 70-85, 259-322).

La idea de anexar la península a Estados Unidos llegó a echar raíces en la mente de muchos ciudadanos de aquel país, sobre todo de los que vivían en Texas y los estados del suroeste, cerca de la frontera. Estas personas opinaban que la Baja California tenía poco valor para los mexicanos y que, en cambio, podía ser de gran beneficio para la futura grandeza y prosperidad de su propio país.⁴

La necesidad de ejercer una vigilancia más estricta sobre la región bajacaliforniana, sobre todo respecto a las actividades de la Mexican Land and Colonization Company (Compañía Mexicana de Tierras y Colonización), la principal empresa extranjera de la zona, había motivado al gobierno mexicano a elevar, el 1 de enero de 1888, a los partidos Norte y sur de Baja California a la categoría de distritos, cada uno de los cuales tendría su propia cabecera y dependería directamente de la federación.⁵

Otra destacada propuesta de compra fue realizada por Charles Kramer, un congresista de California, quien presentó una iniciativa al respecto en la Cámara de Representantes en Wáshington.⁷

Después del ataque japonés contra Pearl Harbor en diciembre de 1941, el senador Robert R. Reynolds hizo una propuesta semejante.⁸

El gobierno mexicano rechazó tajantemente todas estas propuestas; de hecho, la Constitución prohibía cualquier venta del territorio nacional.⁹

Desde principios del siglo XX, el gobierno federal mexicano había hecho intentos para llevar a cabo una política dirigida hacia la "mexicanización" de la península bajacaliforniana y de unirla más estrechamente con el resto de la república. Estos esfuerzos —que se habían iniciado desde el porfiriato (1876-1911)—, comenzaron a cobrar especial importancia después de la fallida intentona rebelde magonista en el territorio durante la primera mitad de 1911.¹⁰ La revuelta llevada a cabo por fuerzas revolucionarias magonistas en el Distrito Norte de la península, del 29 de enero al 22 de junio de 1911, si bien terminó en una derrota, constituyó el acontecimiento más significativo en la historia de la región durante el siglo actual en términos de reforzar el sentido de identidad nacional entre la población local, que ya estaba en proceso de formación desde muchas décadas atrás (Taylor, 1995:25–47). Después de haber aplastado la rebelión, los gobiernos regional y federal comenzaron a adoptar una serie de políticas y medidas con el fin de integrar el territorio más fuertemente con el resto de la nación. Durante el verano de 1911, el presidente interino Francisco León de la Barra, había enviado a la región una comisión, encabezada por Y.S. Bonilla y F. Urbina, con el propósito de estudiar la manera de colonizarla con ciudadanos mexicanos, así como construir un ferrocarril a través del Río Colorado que permitiera mantener a los habitantes en un contacto más estrecho con el resto del país (Hendricks, 1971:180–181). En noviembre de aquel mismo año, el nuevamente constituido gobierno de Francisco I. Madero emprendió estudios más concretos, bajo la dirección del general Manuel Gordillo Escudero, para el cumplimiento del objetivo anunciado por la administración anterior.¹¹ Estos intentos iniciales, sin embargo, no dieron lugar a resultados tangibles, debido a las condiciones turbulentas que prevalecieron a lo largo del periodo de lucha armada de 1910-1920.

El movimiento hacia la soberanía estatal

Al mismo tiempo, durante el periodo de consolidación política en el Distrito Norte bajo la jefatura del coronel Esteban Cantú Jiménez y los gobiernos posrevolucionarios de la década de 1920, en la región se crearon ciertas bases para fomentar su desarrollo en general, así como estrechar sus lazos con el resto de la república.

Cantú, quien había sido nombrado como gobernador y comandante militar del distrito por la Convención revolucionaria a finales de enero de 1915, también fue posteriormente reconocido por Venustiano Carranza en este puesto después del triunfo de éste en la lucha de facciones.¹² Durante el periodo en que gobernó, Cantú adoptó varias medidas para fomentar el desarrollo del distrito y de sus poblados. Persuadió a Carranza para que declarara caducas las concesiones que el gobierno de Porfirio Díaz había otorgado a la Mexican Land and Colonization Company y a la Lower California Development Company (Compañía para el Desarrollo de Baja California), en 1888. Con la finalidad de crear una fuerza laboral para la industria agrícola en auge, invitó a asentarse en el valle de Mexicali a colonos chinos, japoneses e hindúes. Gradualmente, reemplazó a esta población foránea al invitar a asentarse a mexicanos refugiados de los trastornos de la guerra civil en otras regiones de México, o bien, aquéllos que habían regresado de Estados Unidos. De esta manera, se establecieron las colonias agrícolas Sonora, Herradura, Benito Juárez y Zaragoza (Carr, 1917:65; Cantú, 1956:65-66, Rolland, 1919:125-132; Keith, 1951:47). Esta política por parte de Cantú marcó el inicio del proceso de recuperar las tierras de la región en manos de los terratenientes extranjeros y de su colonización paulatina con mexicanos. Como resultado de esta política, la población del valle de Mexicali se incrementó de poco más de mil habitantes en 1910 a más de diez mil en 1920.¹³ El auge algodonero del valle de Mexicali y los ingresos provenientes de las casas de juego, tiendas de licores y cantinas, permitieron a Cantú emprender varias obras públicas, la más importante de las cuales fue el inicio del camino nacional. Esta carretera, que en su primer tramo conectaba a Mexicali con Tecate, fue extendida posteriormente a Ensenada y Tijuana, así como entre estos dos últimos puntos. Con el tiempo, el Camino Nacional se convirtió en una red que ligaba las poblaciones más importantes del distrito.¹⁴

A lo largo de la década de 1920, hubo un auge económico en la región como consecuencia de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos y la apertura de gran número de cantinas y restaurantes en las comunidades fronterizas mexicanas. Los impuestos provenientes de estas fuentes sirvieron para crear, por primera vez, una base sólida para el establecimiento de una economía regional que permitiría que la administración territorial se hiciera cargo de los gastos públicos y reducir las aportaciones federales.

Al darse cuenta de que la gran mayoría de empleados públicos, tanto del gobierno federal como de la región, residía en Estados Unidos, una de las primeras actas administrativas de Rodríguez consistió en prohibir tajantemente esta práctica. Se dio a los empleados gubernamentales que vivían en Estados Unidos un plazo razonable para fijar sus residencias en territorio nacional. Se hicieron préstamos en efectivo a los empleados gubernamentales para la construcción de casas-habitación. A través de la Secretaría de Hacienda, se llevó a cabo un acuerdo para la introducción de materiales para la construcción de viviendas y obras públicas (Rodríguez, 1993:55). Esta reforma tuvo el efecto de crear un núcleo administrativo propio del distrito, que serviría para la posterior creación del aparato gubernamental estatal.

El auge económico propiciado por la ley seca permitió la creación de un núcleo industrial y fuentes de trabajo en el distrito. Se establecieron, por ejemplo, varias compañías despepitadoras de algodón, que se dedicaban a producir productos derivados de las semillas, tales como el jabón, aceite, borra, harinolina y cascarilla. Otras industrias que tuvieron amplio desarrollo en el distrito en este periodo fueron la harinera y la cervecera. También notable fue la fábrica de aeroplanos, que se estableció en Tijuana en noviembre de 1927.¹⁵ Los ingresos al erario regional permitió al gobierno regional crear otras fuentes de trabajo en la forma de obras públicas.¹⁶ El gobierno también utilizó una porción de los ingresos para la compra de terrenos y su distribución entre pequeños agricultores, muchos de los cuales eran mexicanos repatriados de Estados Unidos, o para la formación de cooperativas agrícolas. A estos colonos les fue proporcionado crédito, así como facilidades para la adquisición de maquinaria y otras necesidades (Rodríguez, 1962:127-132 y 1993:122-140; Pérez Tejada, 1956: 116-126).

Esta prosperidad económica, a su vez, propició la actividad política al nivel regional, que incluía el surgimiento de movimientos dirigidos hacia la conversión de Baja California en estado. La manifestación formal más antigua probablemente sea el 26 de enero de 1917, cuando los ayuntamientos de San José del Cabo, Mulegé, San Antonio, Todos Santos y Santa Rosalía, solicitaron al Congreso de la Unión que se erigiera en estado todo el territorio o península de la Baja California.¹⁷

En 1929 se formó el primer Comité Pro-Estado de Baja California, integrado de la siguiente manera: presidente, Miguel Santacruz; secretario, Ricardo Romandía; tesorero y subtesorero, Alfonso Cota y Luis Vargas Piñera, respectivamente; y, como vocales, Luis Amador, H. Sotelo y F. Márquez. El movimiento estaba integrado por una mezcla de profesionistas, periodistas y personas de otras ocupaciones de la región. El comité logró entrevistarse con el secretario de Gobernación, Carlos Riva Palacio, quien prometió prestar su influencia en persecución de sus fines (Silva Cota, 1951:65; Sández Parma, 1979:135; Dueñas Montes, 1988:70; Aguirre Bernal, 1990:367).

Otro factor que estimuló la actividad política fue la derogación de los municipios libres. En 1925, el gobernador Rodríguez declaró disuelto el ayuntamiento de Mexicali y estableció en su lugar un concejo para administrar el municipio;¹⁸ lo mismo hizo en el caso de Tijuana, que tuvo efecto a partir del 1 de enero de 1926. En 1927, el congreso nacional expidió la Ley orgánica y reglamento de elecciones municipales del distrito y de los territorios federales, el artículo 113 del cual suprimió los municipios y estableció en su lugar delegaciones y subdelegaciones. Estas acciones tuvieron como resultado estimular la agitación política en la península y la organización de partidos políticos.¹⁹

El 30 de diciembre de 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó la creación del Territorio Norte de la Baja California, del Territorio Sur de la Baja California y del Territorio de Quintana Roo. La primera de las entidades quedaba dividida en tres delegaciones: las de Mexicali, Tijuana y Ensenada , que tenían sus cabeceras ubicadas en los pueblos del mismo nombre.²⁰

La elevación del Distrito Norte de Baja California a la categoría de territorio, constituyó un retraso de varias décadas. Como ya se indicó, a partir de 1888 la península se había quedado dividida en dos subregiones distintas que, debido a alguna anomalía, habían sido denominadas como "distritos". En 1920, el presidente Adolfo de la Huerta envió al congreso un proyecto de reformas a la Constitución nacional, con la recomendación de que se asignara la categoría de territorios a estos distritos. Aunque se aprobó el cambio, el asunto se quedó archivado y nunca adquirió la forma de disposición legal.²¹

Durante este mismo periodo, el gobierno federal reiteró su política referente a la "mexicanización" del territorio. En 1931, Juan Andreu Almazán, secretario de Comunicaciones, declaró: "ponerse en contra de tales obras [la construcción de caminos en Baja California con objeto de ligarla con el resto de la república] sería un desatendimiento absoluto del peligro verdadero e inmediato de una nueva mutilación de la patria."²² El objetivo de esta política consistió en terminar con el problema del aislamiento de la región, promover su poblamiento con mexicanos y prohibir la adquisición de terrenos por extranjeros. Se elaboraron propuestas fiscales para el desarrollo de las comunicaciones, la colonización y del turismo de la zona. Al considerar los fuertes nexos económicos entre la península y Estados Unidos, así como la fuerte influencia estadunidense en la región, también se consideraba preciso promover el sentimiento cultural y nacional entre los bajacalifornianos.²³

Muchos bajacalifornianos se sintieron ofendidos por la llamada política de mexicanización, pues se consideraban como mexicanos y no "terrinorteños", término utilizado por los políticos del centro para referirse a los ciudadanos de la región. Se sentían incomprendidos e ignorados por los ciudadanos del resto del país.²⁴ Durante las décadas de 1920 y 1930, en los libros y otras publicaciones en México y el extranjero , casi siempre se desprestigiaba a la región del norte y a sus habitantes.²⁵ Esta actitud tenía raíces muy hondas en el pasado; la cultura de la frontera norte siempre había sido considerada por muchas personas —tanto mexicanos como extranjeros—, de alguna manera distinta a la de otras regiones del país. Desde principios del siglo pasado, los mexicanos del interior de la república habían criticado a los fronterizos por su supuesto gusto de aprender el idioma inglés y su tendencia a adoptar hábitos de consumo, costumbres y estilos de vestir estadunidenses.²⁶

A pesar de los deseos por parte del gobierno federal de mexicanizar la península y de los movimientos regionales que abogaban en favor de la conversión del territorio en estado, existían graves problemas económicos que trabajaban en contra de su realización.

La depresión económica que se inició a finales de la década de los veinte afectó a todos los sectores de la región. La crisis provocó un aumento dramático en el número de mexicanos sin trabajo en Baja California y otras regiones de la frontera que, a su vez, creó una serie de dificultades sociales y económicas. Como doble agravio, se deportaron de Estados Unidos alrededor de medio millón de mexicanos. Hubo muchos desempleados que vagabundeaban en las áreas públicas de las ciudades y acampaban en los terrenos baldíos. A pesar de la gravedad de la situación, no ocurrió ningún levantamiento en armas entre los pobladores de la región.²⁸

El problema del colapso económico pronto desplazó la tarea de la mexicanización como prioridad del gobierno regional. Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, el primer gobernador del nuevamente constituido territorio, intentó avisar al gobierno nacional de los problemas de la región, así como resolver la situación de los bajacalifornianos que no tenían trabajo. Como medida de emergencia, prometió a los sindicatos la repartición inmediata de alimentos. También inició varias reformas administrativas, tales como un reajuste en los salarios, la supresión de plazas no consideradas indispensables, así como el establecimiento de un control en las compras y en los gastos públicos. A las personas que se encontraban sin trabajo, se les dio empleo mediante un programa limitado de obras públicas en Tijuana y Mexicali, que tenía la doble ventaja de proporcionar servicios que antes no tenían estas dos ciudades. Cientos de personas deportadas de Estados Unidos fueron enviadas al sur de México, donde existían más posibilidades para integrarlos a la economía (Navejas, 1993:37)

Arturo Bernal, el sucesor de Trejo y Lerdo de Tejada, quien tomó cargo del gobierno a partir del 26 de agosto de 1931, también intentó llamar la atención del gobierno federal en torno a los problemas, así como reducir la tasa de desempleo en la entidad. Intentaba fomentar las inversiones en la región, con la idea de crear fuentes de empleo. No obstante, a pesar de la necesidad de estimular el crecimiento económico de la zona, Bernal rehusaba permitir la venta de tierras a compradores extranjeros.²⁹

Hubo un aspecto en el cual la gran depresión sirvió para estimular el poblamiento del territorio y, de esta manera, su mexicanización. Con el apoyo de poco más de cien mil pesos proporcionados por el Comité Nacional de Repatriación, se establecieron colonias de mexicanos repatriados de Estados Unidos —muchos de los cuales habían sido deportados forzosamente—, en Mexicali, Tijuana, el valle de San Quintín, el valle de las Palmas (a unos 23 km al este de Ensenada), y en la antigua colonia Carlos Pacheco, sobre terrenos que ya ocupaban unos japoneses nacionalizados como mexicanos.³⁰ Aun cuando, además de estos inmigrantes, llegaron otros en la forma de refugiados republicanos españoles durante la segunda mitad de la década de los treinta,³¹ el número de estos colonizadores era reducido.

La recesión no disminuyó los esfuerzos de los movimientos que abogaban en favor de la creación de un estado. Aunque la crisis económica provocó un estancamiento en general respecto al desarrollo de la región y a la creación de una población estable, el malestar entre la gente fue uno de los factores principales que condujo, durante los años de 1931 a 1935, al surgimiento de otros movimientos pro estado.

En junio de 1931, un grupo de estudiantes, integrado por Braulio Maldonado Sández, Rafael Osuna, Guillermo Caballero, Francisco Dueñas Montes, Ángel Martínez y Domingo Carballo, fundó el Comité Pro Estado Libre y Soberano de Baja California. La membresía del movimiento era de carácter heterogéneo, al estar representada por empresarios, comerciantes, periodistas, dirigentes laborales, así como personas de otras profesiones y oficios. En 1936, el comité envió una petición a la Secretaría de Gobernación y al Congreso de la Unión, en la cual se sugirió la conversión de toda la península en un solo estado, dado que ni el Distrito Norte ni el Distrito Sur cubrían los requisitos constitucionales para ser elevados a la categoría de estados individualmente.³² Este movimiento fue frustrado por otro grupo de personas que apoyaba el cumplimiento de una propuesta realizada por la Secretaría de Gobernación ante la Cámara de Diputados en 1920, para que la península quedara dividida en dos territorios. Se consideraba que se establecerían dos estados independientes en cuanto estos dos distritos llenaran las condiciones legales (Silva Cota, 1951:65-66;Dueñas Montes, 1988:7; Walther Meade, 1991:148; Aguirre Bernal, 1990:366).

Durante este mismo periodo surgieron iniciativas llevadas a cabo por otras organizaciones políticas regionales. Una de las más importantes de éstas fue la Asociación Cívica Pro-Baja California que, desde la fecha de su establecimiento en Ensenada, en 1936, comenzó a trabajar en favor de la conversión del territorio en estado (Bonifaz de Hernández Araico , 1982:265).

El gobierno federal proporcionó alivio durante estos años difíciles en la forma de los "perímetros libres". El 31 de agosto de 1933, Abelardo L. Rodríguez, como presidente de la república y quien tenía un conocimiento de primera mano de las necesidades particulares de la región, aprobó la creación de la Ley de perímetros libres, que establecieron a Tijuana y Ensenada como zonas urbanas con la franquicia de introducir mercancías extranjeras sin pagar derechos.³³ Rodríguez contemplaba que la creación de los perímetros libres estimularía el desarrollo de la agricultura en la entidad, por medio de la importación de maquinaria agrícola. Opinaba que también permitiría una expansión del comercio y de las ventas, que resultaría en una economía mucho más diversificada que una que estaba basada esencialmente en los bares y casinos.³⁴ En 1935, Tecate y Mexicali también fueron designados perímetros libres con la inauguración de la carretera transpeninsular en aquel año. Estas áreas formaron la base para la zona libre de 1937 que, dos años más tarde (1939) fue ampliada para abarcar toda la península y el delta del Río Colorado en Sonora.³⁵ El legado principal de la zona libre consistió en aumentar el número y diversidad de los establecimientos comerciales en general en la región (pero no la industria pesada). Al mismo tiempo, sin embargo, creó la costumbre de importar bienes de consumo en cantidades cada vez más grandes.³⁶

El proyecto de la integración nacional cardenista

En forma previa al inicio de su régimen en diciembre de 1934, el presidente Lázaro Cárdenas había ideado una serie de proyectos para el desarrollo y la incorporación de los territorios federales a la nación. Estos proyectos, que llegaron a ser conocidos colectivamente como el Plan Pro-Territorios Federales, consistían en medidas para impulsar la economía, la organización política y la vinculación de estas regiones con el resto del país. Otro objetivo importante de dicho plan consistió en fortalecer el sentimiento nacional en aquellas regiones lejanas del país. En un discurso sobre la reconstrucción integral de los territorios Norte y Sur de Baja California y el de Quintana Roo, que pronunció el 28 de septiembre de 1936, Cárdenas declaró:

Baja California y Quintana Roo han tenido que luchar contra el aislamiento que se deriva de su situación geográfica especial y de la falta casi absoluta de medios de comunicación hacia el resto de la República [...] contribuyen a la gravedad de la situación porque despiertan con lógicas ambiciones, las inexplotadas riquezas de los territorios[...]

El primer mandatario agregó:

[...] por ello [El ejecutivo federal] ha decidido iniciar sin tardanza alguna un programa constructivo que sea factible y que esté trazado sobre la correcta estimación del problema[... ]

La transformación de las condiciones existentes en los territorios debe comenzar por los hechos fundamentales de su economía y de su vida pública [...] debe suscitar un estado de cosas en que ellos cuenten con población mexicana más numerosa, disfruten de protección más efectiva, vivan con el ritmo económico y social de nuestra nacionalidad, mantengan y afirmen las características de la cultura patria, en lugar de seguir luchando desventajosamente, como lo hacen, por neutralizar el efecto de los contrastes que establecen en los lugares inmediatos a comarcas extranjeras de estructura económica más evolucionada [...]³⁷

La primera fase del proyecto para mejorar las comunicaciones entre Baja California y el resto de la república consistió en la ampliación y el mejoramiento del sistema de caminos en la región. La aplicación de esta política constituyó un viraje decisivo para el desarrollo de la península. A lo largo del porfiriato y durante las dos primeras décadas revolucionarias, los residentes del Distrito Norte habían tenido más contacto con Estados Unidos que con su propio país. La única manera de mantener lazos de comunicación con el resto de México era por la vía marítima, o a través del golfo de Cortés con los puertos sonorenses, o por medio de una larga travesía por la costa occidental de la península en el caso de las comunidades ubicadas en aquella zona (Dirección General de Construcción de Ferrocarriles, 1948:24-25).

El gran reto del programa cardenista referente al mejoramiento de las comunicaciones en el noroeste, consistió en ligar a Baja California con el sistema ferroviario del resto del país. Cárdenas tenía conocimiento de primera mano de las dificultades en llevar a cabo tal empresa, que se anunció oficialmente en mayo de 1936, ya que había atravesado el desierto de Altar en una ocasión:

[...] para palpar más de cerca este problema, aceptando toda clase de incomodidades, más que todo las inclemencias del tiempo por las altas temperaturas de la estación calurosa, retirándose un poco del Palacio Nacional y de la Residencia Presidencial, se lanzó a cruzar el desierto [...] con una reducida comitiva pidió tres diligencias a los choferes del desierto; se le proporcionaron carracones anticuados, feos, incómodos, con choferes que no usaban corbata, uniforme ni librea ni sabían de cumplidos a tan distinguidos viajeros y altos mandatarios.⁴⁰

Una vez más, se pudo aprovechar de las obras de construcción realizadas anteriormente, en particular la vía de 17 km construidos durante la administración del gobernador Lugo como parte de un proyecto iniciado por Cantú con el propósito de conectar el valle de Mexicali con el puerto de San Felipe, y así darle una salida a los mercados mundiales. A diferencia de los anteriores proyectos, el objetivo de la construcción cardenista consistió no en reforzar las comunicaciones de la península y el estado de Sonora con Estados Unidos, sino con el resto de México.⁴¹ Para 1940, se habían terminado los trabajos entre Fuentes Brotantes (a 64 km al sureste de Mexicali) y Puerto Peñasco, en la costa noroccidental de Sonora. Debido a la suspensión de las obras ordenada por el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, así como la escasez de maquinaria y materiales en general provocada por la segunda guerra mundial, el tramo hasta las estaciones de Benjamín Hill y Santa Ana, en Sonora, se vio obstaculizado hasta 1947 cuando, por medio de un programa de trabajos intensivos, el proyecto se concluyó en aquel año.⁴²

Un tercer medio de comunicaciones se estableció con la inauguración, en 1934, por parte de la Compañía Mexicana de Aviación, de una ruta aérea que abarcaba las ciudades de Los Ángeles, Tijuana y México. Los vuelos de este tipo constituyeron todo un logro al tomar en cuenta la distancia involucrada, así como el estado incipiente de la aviación en aquella época. El servicio de esta compañía, empero, se suspendió en 1936, y no fue renovado sino algunos años después.⁴³

Como indicó Cárdenas en su discurso del 28 de septiembre, otro aspecto clave de su proyecto para Baja California consistía en su colonización por mexicanos. En vista de la importancia económica y laboral del sector agrícola en aquel tiempo, esto significó que se tendría que terminar con el control hegemónico de la tierra del cual, hasta entonces, habían disfrutado los terratenientes extranjeros. Los problemas de la región se habían agravado al iniciarse la depresión, debido a los miles de mexicanos que habían sido obligados a salir de Estados Unidos. De acuerdo con el contrato de colonización que la Colorado River Land Company había firmado con la Secretaría de Agricultura y Fomento el 14 de abril de 1936, dicha empresa se había comprometido a vender lo que quedaba de su propiedad del valle de Mexicali. Si bien se logró satisfacer las necesidades de un número reducido de colonos, así como formar algunos ejidos, el fracaso del plan de ventas en general, junto con la ocupación forzosa de los terrenos por la llamada Federación Campesina (integrado por cuatro comités agrarios), retardó el proceso de la redistribución de tierras. Finalmente, en marzo de 1946, el gobierno dispuso que Nacional Financiera comprara todas las acciones a la antigua compañía y se estableció una nueva empresa: la Compañía Mexicana de Terrenos del Río Colorado, con la responsabilidad de vender sus tierras a colonos mexicanos por cuenta de la nación.

Como consecuencia de esta reforma, tanto la agricultura como las actividades económicas de la región en general, experimentaron avances notables.⁴⁴ El censo de 1940 mostró el éxito de la meta cardenista en este aspecto, al mostrar un incremento poblacional de más de 30 500 habitantes en el Territorio Norte a lo largo de la década anterior.⁴⁵

Otra medida del proyecto cardenista de intensificar el proceso de mexicanizar la península y de lograr un control mucho más firme sobre las regiones fronterizas del país, consistió en el establecimiento de garitas aduanales y puntos oficiales de cruce entre un país y otro a lo largo de las fronteras norte y sur del país. En un reglamento publicado el 12 de abril de 1938, con objeto de formalizar el proceso de cruzar por las dos fronteras internacionales, Cárdenas instituyó la práctica de expedir pasaportes como requerimiento para los mexicanos quienes quisieran viajar al extranjero.⁴⁶

Al mismo tiempo en que llevaba a cabo este programa, el gobierno federal hizo algunas concesiones a las aspiraciones de los bajacalifornianos con respecto a la autonomía regional. Cárdenas dispuso que las autoridades de los territorios Norte y Sur de Baja California y Quintana Roo, —tanto las federales como las ejecutivas de la ciudad—, estuviesen integradas por personas nativas, o que por lo menos tuvieran ya cinco años de residencia (Walther Meade, 1991:135). Ya cierto antecedente había sido establecido en este sentido el 1 de octubre de 1920, cuando el ingeniero Manuel Balarezo, originario del Partido Sur de Baja California, relevó a Luis M. Salazar en el cargo de gobernador, siendo el primer intento para designar a un administrador que fuera de la región (Walther Meade, 1986:186-187 y 1991:95; Calvillo Velasco, 1994:52-54).

Repercusiones de la segunda guerra mundial y época de posguerra

El eslabón más importante en el proceso de la integración de Baja California con el resto de México, durante la década de 1940, ocurrió con la vinculación de México, de manera directa e indirecta, con la segunda guerra mundial. Aun cuando este gran conflicto constituyó un factor externo, influyó de manera decisiva en la conversión de Baja California en estado.

La influencia de la guerra fue de doble índole: por un lado, se estrecharon todavía más los lazos entre la región y el resto de la república, y por otro, se dio un enorme estímulo al crecimiento de la zona. El auge en el desarrollo de la región se debió a las demandas impuestas por la guerra en términos de alimentos y otros materiales, junto con la mano de obra mexicana para las industrias bélica y agrícola de Estados Unidos. El desarrollo económico que resultó de la guerra, a su vez, causó que la entidad experimentara un gran aumento poblacional, particularmente en los casos de Tijuana y Mexicali, que se transformaron en centros de servicios, diversión y comercio para miles de soldados estadounidenses apostados en las bases militares de California. El impulso económico proporcionado por el conflicto bélico, de hecho, estableció los cimientos de la zona económica binacional que existe actualmente en ésta y otras secciones de la región fronteriza entre México y Estados Unidos.⁴⁸

Probablemente la faceta más importante de esta etapa de desarrollo fue el Programa Bracero, el convenio entre los dos países firmado en agosto de 1942, que estableció la entrada legal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos para suplir una parte importante de la carencia de mano de obra provocada por la guerra. Para Baja California, una consecuencia de este programa fue, para finales del conflicto bélico, un incremento demográfico significativo. Los ingresos de los braceros que cruzaron la frontera para trabajar en California —tanto en forma legal como ilegal— dejó una derrama económica importante en el territorio.⁴⁹

El periodo fue testigo, por otro lado, de una reafirmación por parte de la población regional del sentimiento nacional que se había estado desarrollando desde mediados del siglo anterior. A lo largo del periodo de la segunda guerra mundial, hubo varias ocasiones en las cuales los sentimientos de identidad nacional y del patriotismo se manifestaron entre la población de la región (El Heraldo, 18 de diciembre de 1941, 14 de febrero y 11 de junio de 1942; Rendón Parra, 1972:117).

Probablemente el ejemplo más destacado fue el que comenzó en diciembre de 1942, después del ataque japonés contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, y la entrada de Estados Unidos al conflicto contra las potencias del eje. El teniente general John Lesesn De Witt, comandante del IV ejército y de la defensa occidental estadounidense, a instancias de su gobierno, propuso al gobierno mexicano el envío de una división de infantería y unidades motorizadas a la península, con el propósito de vigilar la costa contra una posible incursión o invasión por parte de las fuerzas japonesas. El alto mando estadounidense consideraba tal acción necesaria en vista del hecho que la península contaba únicamente con el Escuadrón Aéreo 202, varias unidades de la Armada mexicana, cinco batallones de tropa y uno de infantería de marina, una sección de ametralladoras antiaéreas y una sección de transmisiones —un total de aproximadamente 1 800 hombres— para su defensa. Como fuerzas adicionales, existía un cuerpo de milicia local dirigido por el doctor Avelino Gutiérrez Rigo (Soto Fuentes, 1990:292).

Entretanto, el gobierno mexicano había autorizado el paso temporal de San Diego a la península de algunos vehículos del ejército estadounidense, cuyo personal tenía órdenes de suprimir las actividades de supuestos agentes enemigos de la región, bajo la condición de que llevaran la bandera mexicana y que estuvieran escoltados por elementos de las fuerzas mexicanas.⁵⁰ Al llegar a Baja California, el general Cárdenas, el recién nombrado jefe de la región militar del Pacífico, se negó acceder a la petición del gobierno de Estados Unidos de colocar unidades de sus fuerzas militares en la península.⁵¹ Mientras tanto, el ambiente de tensión en la frontera entre Tijuana y San Diego se acrecentaba diariamente, a tal grado que existía peligro de una confrontación armada, en vista de las órdenes de Cárdenas de que los soldados mexicanos deberían disparar contra cualquier entrada al territorio nacional del personal militar estadounidense no autorizada. Mientras que se desplegaban columnas de soldados estadounidenses en San Isidro y a lo largo de la carretera costera rumbo a San Diego, en Tijuana se formaban grupos de ciudadanos voluntarios integrados por obreros, empleados de comercio, profesionistas, maestros de escuela y empleados de varias dependencias del gobierno, entre otros, todos dispuestos a pelear, como en otros tiempos, contra cualquier invasor de afuera (Rendón Parra, 1972:118-119; Ruiz, 1982:127-128, Salazar Rovirosa, 1980:375-376).⁵² Después de cinco semanas, Cárdenas logró convencer al comandante de la columna de vehículos —que mientras tanto había recorrido la península hasta llegar a Santa Rosalía—, de retirar a su grupo (Ruiz, 1982: 37-47).

En el transcurso de tres reuniones con De Witt, celebradas en el ex casino de Agua Caliente, junto con oficiales seleccionados de los mandos mexicano y estadunidense, Cárdenas insistió que cualesquiera instalaciones militares que se establecieran en la costa, estarían bajo la supervisión del ejército y gobierno de México, y que sólo se permitiría el paso a la península de un cuerpo reducido de oficiales extranjeros. Estos oficiales, junto con algunos oficiales y soldados seleccionados del ejército mexicano, construyeron tres campos aéreos en las cercanías de Ensenada: La Ventura y San Antonio del Mar, y dos aeródromos avanzados en las inmediaciones de Rosario y bahía Magdalena. También se ubicaron tres estaciones de radar en Salsipuedes, a 16 km al norte de Ensenada, cabo Colnet, cerca de San Quintín, y en la Punta Diggs (Estrella), a 22 km al sur de San Felipe. Asimismo, se desarrolló un programa conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para mantener las poblaciones de toda la costa, desde San Diego hasta Los Cabos, en estado de oscurecimiento durante las noches, y de disfrazar las instalaciones militares con camuflaje (Miller, 1944:133-134; Salazar Rovirosa, 1980:374-377; Ruiz, 1982:105, 139, 142-181).

A lo largo de la década de los cuarenta, el sector agrícola en particular, había experimentado un progreso notable. Esto se debió a varios factores fundamentales: el reparto ejidal, la agregación continua de nuevos terrenos a la agricultura, la política de la redistribución demográfica —es decir, en llevar familias enteras, de núcleos densamente poblados a regiones que contaban con números reducidos de habitantes—, así como los créditos otorgados a agricultores. Se proporcionaron estímulos a la siembra de cultivos más remunerativos, tales como el algodón, la aceituna y la uva. El cultivo del algodón en la región de Mexicali experimentó, con la excepción de un breve periodo entre 1945 y 1946 cuando se abatieron los precios en el mercado mundial, un auge particularmente fuerte durante los años de posguerra (Sánchez Ramírez, 1990:237-239; Anguiano, 1995:116-123).⁵³

El auge en la economía, a su vez, empujó la reanudación del movimiento pro estado. De hecho, dicho movimiento había seguido en pie a lo largo de los años de guerra, como había sido ilustrado por la propuesta que un tal Juan M. Carrasco Cuéllar presentó al Congreso de la Unión, en septiembre de 1943, para que el Territorio Norte de Baja California fuera convertido en estado. Carrasco Cuéllar argumentaba que la población combinada de los Territorios Norte y Sur era más que suficiente para cumplir con la cifra estipulada por la Constitución. También señalaba que el territorio Norte ya contaba con casi ese número de habitantes.⁵⁴

En 1948, durante la administración del gobernador Alfonso García González, se formó el Consejo Territorio del Comité Pro Estado (una reorganización de la asociación fundada en 1940), bajo la dirección de Gustavo Aubanel Vallejo, en Tijuana; Francisco Dueñas Montes, en Mexicali; Julio Dunn Legaspy en Ensenada, y Federico Appel, en Tecate (Silva Cota, 1951:66; Sández Parma, 1979:134-135; Dueñas Montes, 1988:22, 71-72; Aguirre Bernal, 1990: 368-369). El grupo establecido en Mexicali, en particular, indicó al gobierno federal que su territorio ya superaba e igualaba en potencialidad económica a los estados de Aguascalientes, Colima, Querétaro, Tlaxcala y Nayarit juntos. También hicieron notar la situación anómala de que, aun cuando Baja California debería contar con municipios libres (de elección popular), a razón de una disposición constitucional del 14 de diciembre de 1940 (artículo 73, fracción vi., II. parte), todavía no se había cumplido con esta disposición.⁵⁵

Mientras que, según el censo de 1940, Baja California contaba con una población de 78 907 habitantes, un poco menos del número mínimo necesario para convertirse en estado, para 1950, la cifra había ascendido a 226 967 habitantes. El creciente desarrollo en general de las actividades agrícolas, industriales y comerciales de la región, indicó que ya contaba con el segundo requisito constitucional: el de tener ingresos propios para cubrir los gastos implícitos en la organización y el funcionamiento del aparato estatal. El Territorio Norte no sólo contaba con los requisitos formales que se exigían para su conversión en estado, sino que su situación económica, así como las perspectivas para su futuro desarrollo, eran suficientes para asegurar la continuación de su existencia como estado de la federación. Esta tendencia en su capacidad para ser autosuficiente ya era evidente desde mediados de la década de los cuarenta.

Durante la campaña presidencial de 1945-1946, Miguel Alemán había prometido que, al llegar al poder, convertiría el territorio en estado federal (Walther Meade, 1991:148). Cumplió con esta promesa hacia finales de su administración cuando, a mediados de noviembre de 1951, envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley para la conversión del territorio en estado, que fue aprobada por las legislaturas nacional y estatales en enero del año siguiente.⁵⁶

La creación del estado de Baja California, inmediatamente puso en evidencia la anomalía en la situación de la administración a nivel local. Aunque la enmienda constitucional de diciembre de 1940 había declarado que los territorios deberían ser divididos en "municipalidades que tendrán la extensión territorial y el número de habitantes suficientes para subsistir con sus propios recursos y contribuir a sus gastos comunes [y que] cada municipalidad [...] estará a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa," se había hecho caso omiso de este reglamento. En 1945 se había elaborado un proyecto relativo a la restauración de los municipios de los territorios, sin que fuera aprobado (Silva Cota, 1951:56-57). La Ley orgánica municipal, promulgada por el Congreso estatal el 29 de diciembre de 1953, decretó el establecimiento de los municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, cuyas cabeceras consistían en las respectivas ciudades del mismo nombre. Esta disposición, sin embargo, creó nuevos problemas para los municipios bajacalifornianos al retirarse el apoyo económico de la federación. Las corrientes migratorias procedentes del interior del país, alentadas por los nuevos medios de comunicaciones, así como por el auge de la época de posguerra, provocaron un déficit considerable en los servicios públicos, problema que ha persistido hasta la actualidad (Silva Cota, 1951:56-57).

Conclusiones

El proceso por medio del cual la parte septentrional de la península de Baja California se convirtió en estado fue bastante complejo, al ser sujeto a fuerzas internas y externas que tenían sus raíces en los acontecimientos del siglo pasado.

Desde los inicios de este siglo, y particularmente después de la derrota de la revuelta magonista en la zona en la primera mitad de 1911, el gobierno federal comenzó a adoptar una serie de proyectos y políticas con el objeto de integrar la península más estrechamente con las demás regiones del país. Al mismo tiempo, la invasión magonista había servido para reforzar el sentido de identidad nacional entre la población local, que ya había estado en proceso de formación desde el siglo pasado.

Los primeros movimientos organizados dirigidos hacia la conversión de Baja California en estado datan desde 1917. Comenzaron a surgir formalmente a finales de la década de los veinte, y continuaron formándose a lo largo de las siguientes dos décadas, hasta ver realizada su meta a principios de los cincuenta.

La política de integración nacional cardenista, que tradicionalmente ha sido vista por los historiadores como una especie de parteaguas en la historia de Baja California en este siglo, sin duda mostró la determinación por parte del gobierno nacional de llevar a cabo los diversos proyectos de esta índole iniciados por las administraciones federales anteriores.

Aun cuando la demarcación de los límites entre este país y Estados Unidos data desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, el periodo en el cual se transformó el Territorio Norte de Baja California en un estado, también cabe dentro de la etapa en la cual la nación logró verdaderamente consolidar y extender su control y autoridad sobre sus regiones fronterizas en los extremos territoriales del noroeste y suroeste del país.

La historia de Baja California es semejante a la de Quintana Roo en este sentido en que, aun cuando alcanzó la categoría de estado dos décadas antes que éste, experimentó varios aspectos del mismo proceso de desarrollo e integración llevado a cabo al nivel nacional durante las diferentes administraciones presidenciales de este periodo, particularmente la de Lázaro Cárdenas.

No obstante, cabe señalar que, al poner en práctica su Plan Pro–Territorios Federales, Cárdenas pudo aprovecharse del aparato de infraestructura que las administraciones regionales —principalmente las de Cantú y de Rodríguez— habían construido tan laboriosamente en los años anteriores. Aunque Cantú y Rodríguez no eran originarios de Baja California, conservaron, a lo largo de sus vidas, un gran afecto hacia la región, y han sido recordados por muchos de sus habitantes como los dos gobernantes que aportaron más para la entidad durante el periodo preestatal.⁵⁷

La política de mexicanización, que era parte integral de la política cardenista respecto a Baja California y a las anteriores políticas de integración federales, tuvo un éxito limitado. Desempeñó un papel importante en la devolución a los mexicanos de las grandes extensiones de terrenos de la entidad que anteriormente pertenecían a los terratenientes extranjeros, así como para colonizar la zona con inmigrantes de otras partes de México y de Estados Unidos. Sin embargo, referente a su propósito de estimular los sentimientos nacionales y culturales entre los bajacalifornianos, éstos aseveraban que ya eran mexicanos y que habían dado muestras de su espíritu de patriotismo en repetidas ocasiones en el pasado.

Si existe un periodo en particular que fue crucial para el proceso de la transformación del Territorio Norte en estado es el de la segunda guerra mundial, el cual creó las condiciones necesarias para que esto pudiera ocurrir. No obstante, al mismo tiempo que estimuló grandemente el desarrollo en general de la entidad, la guerra también estableció la base para la zona económica binacional que ligó la franja fronteriza del norte de Baja California con la economía del sur del estado de California.

Aunque el gobierno mexicano había dedicado considerables esfuerzos a lo largo de la historia de la frontera desde su creación para fortalecer los nexos entre sus regiones fronterizas y el resto de la república, la guerra —mucho más que en el caso de los perímetros libres— permitió que los fronterizos mexicanos vieran que su futuro económico se situaba en gran parte hacia el norte, a través de la frontera, condición que ha prevalecido hasta la fecha.

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Notas

¹ Sobre los ataques filibusteros contra Baja California y Sonora, véase Joseph Allen Stout, The Liberators: Filibustering Expeditions into Mexico, 1848-1862, and the Last Thrust of Manifest Destiny (1973: 37-168) y Charles Harvey Brown, Agents of Manifest Destiny: The Lives and Times of the Filibusters (1980: 147-218).

² The San Diego Union, 21-26, 28 de mayo de 1890; The San Francisco Chronicle, 21-24, 28 de mayo; 7, 12-13, 18-21, 24-25, 29 de junio de 1890; Eugene Keith Chamberlin, "United States Interests in Lower California," (1949:147-155); Andrew F. Rolle, "Futile Filibustering in Baja California, 1888-1890," en The Pacific Historical Review, (1951: 161-164). El problema en torno al filibusterismo en la frontera entre las dos Californias persistió hasta bien entrado el siglo XX. En mayo de 1932, por ejemplo, el estadunidense Paul Lincoln Copeland intentó organizar en Sacramento, California, una expedición de aproximadamente mil hombres armados para cooperar con una contemplada revuelta armada en el norte de Baja California. Manuel C. Téllez, secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Gobernación, 19 y 20 de mayo de 1932. Archivo General de la Nación, México, D.F. (de aquí en adelante citado como AGN), fondo Dirección General de Gobierno, serie 2.319.2(30)1, caja 4, exp. s.n; en el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, B.C. (de aquí en adelante citado como IIH-UABC), caja 19, exp. 37.

³ Los estadunidenses que radicaban cerca de la costa del Pacífico eran trabajadores agrícolas, rancheros y mineros, con la excepción de algunos grandes inversionistas en las cercanías de Tijuana. (Blaisdell, 1962:24-25; Dueñas, 1978:70-71).

⁴ En 1894, por ejemplo, james Knapp Reeve concluyó, después de realizar un estudio de las condiciones de la península, que la única solución para el desarrollo adecuado de la región consistiría en anexarla a Estados Unidos. (Knapp Reeve, 1894: 71-78). otro de los escritores influyentes en este sentido fue Arthur walbridge North, quien realizó un viaje a lo largo de la península de 1905-1906. North escribió dos libros, The Mother of California (1908), y Camp and Camino in Lower California, (1910), así como varios artículos, sobre sus experiencias.

⁵ Las dos entidades, a pesar de su considerable extensión territorial, fueron denominadas a partir de entonces como "distritos" en lugar de territorios distintos. Decreto del 14 de diciembre de 1887 del Congreso de la Unión relativo a la división del territorio de la Baja California en dos distritos políticos. AGN, Archivo General de la Nación, caja 315, en IIH-UABC, fondo Pablo Herrera Carrillo, caja 3, exp. 55. Véase también la propuesta de Torres de que el paralelo 28° fuera la línea de demarcación entre los dos distritos. AGN, Gobernación, vol. 276, sección 2a., exp. 1, en IIH-UABC, caja 28, exp. 21; y AGN, Archivo General de la Nación, caja 315, en IIH-UABC, Fondo Pablo Herrera Carrillo, caja 4, exp. 12. Es posible que en la decisión del gobierno central hayan influido las recomendaciones expresadas por el coronel Andrés L. Tapia, jefe político del territorio, de julio de 1877 a enero de 1878, en favor de elevar la categoría política de la entidad. (walther Meade, 1986:33, 91-97, 120-121).

⁷ Protestas de diversas organizaciones civiles y laborales de la república mexicana ante la iniciativa presentada en el Congreso de los Estados Unidos por el senador Charles Kramer referente a la compra de Baja California, 29 de mayo al 6 de septiembre de 1936. AGN, Lázaro Cárdenas, exp. 572/1; en IIH-UABC, caja 18, exp. 53.

⁸ "Pacific and Alaskan Defense," en The Congressional Record, 77o. Congreso, 2da. sesión 1942, pp. 1624-1626; Randolph Leigh, Forgotten Waters: Adventures in the Golf of California (1941: 311-318).

⁹ Tampoco han corrido mayor suerte aquellas propuestas de compra que han surgido hasta la fecha. Aun cuando parezca increíble, las propuestas estadunidenses referentes a la compra de la península nunca han cesado. Con respecto a una de las más recientes, véase Sandra Dibble, "Idea of US buying Baja insults Mexicans," The San Diego Union Tribune, 24 de marzo de 1995, p. A-3; y Peter Brimelow, "A Modest (?) Proposal," (1995: 58).

¹⁰ Sobre las operaciones revolucionarias magonistas en el Distrito Norte de la Baja California del 29 de enero al 22 de junio de 1911, véase Blaisdell, The Desert Revolution (1962); así como Lawrence Douglas Taylor, La campaña magonista de 1911 en Baja California ( 1992).

¹¹ Informe del general Manuel Gordillo Escudero sobre comunicaciones marítimas, ferrocarriles, caminos carreteros, comunicación fluvial, telégrafos, teléfonos y obras portuarias, del Distrito Norte de Baja California, 30 de noviembre de 1911. AGN, Revolución, caja 1, carpeta 1, s.n. en IIH/UABC, expediente 40. Este informe, junto con otros respecto a la situación política y militar de la península después de la derrota de la revuelta magonista, también se encuentran en Isidro Fabela y Josefina E. Fabela, (eds.). Documentos históricos de la Revolución Mexicana, (1960-1973: X:403-441).

¹² The Calexico Chronicle, 21 de agosto de 1914; The San Diego Union, 2, 8-10, 18 de diciembre de 1914; Nombramiento de Esteban Cantú como comandante militar y jefe político del Distrito Norte, en Periódico oficial del Distrito Norte de Baja California, 21 de enero de 1915; Esteban Cantú Jiménez (1956: 66-67); Juan Julio Dunn Legaspy, (1956: 72-80).

¹³ Aproximadamente la mitad de este total eran mexicanos, mientras que la otra mitad provenía de otros países: 4000 eran chinos y el restante estadunidenses. The San Diego Union, 1 de enero de 1920. Véase también The Calexico Chronicle, 24 de octubre de 1919; Rolland, (1919:132, 153-155); y Eugene Keith Chamberlin (1951:46-49).

¹⁴ La red de caminos también se conocía popularmente como el Camino Militar, por haber sido trazada y construida por los ingenieros militares adscritos al gobierno de Cantú y para ser utilizada para el rápido desplegamiento de tropa en caso de un ataque por parte del gobierno de Carranza (Carr, 1917:65; walther Meade, 1986:180). Se contemplaba la extensión del camino en el futuro a lo largo de toda la península. Walter F. Boyle, el cónsul estadunidense en Mexicali, al Departamento de Estado, 25 de agosto de 1920, en US Department of State, Record Group 59, file 812.00, Records of the Department of State Relating to the Internal Affairs of Mexico, 1910-1929, Microcopy 274, National Archives and Records Service, Wáshington, D.C., documento núm. 24495; Rolland, 1919:155-156, 160; Carr, 1917:33, 67; The San Diego Union, 1 de enero de 1920; Jay S. Stowell, 1921:27-29; Cantú Jiménez, 1956:66; González Encinas, 1991: 1:260-262; Anguiano, 1995:49-56). El gobierno cantuista tenía otra fuente de ingresos importante en la forma de los permisos y cuotas cargados a las casas de prostitución y de apuestas en Tijuana y Mexicali, cantinas, salas de billares, la corrida de toros, el teatro, etcétera. (Rolland, 1919:160; Stowell, 1921:29-30).

¹⁵ La fábrica de aviones, posteriormente, fue trasladada a México para continuar la construcción de aparatos para usos militares. Correspondencia relacionada con la propuesta de Abelardo L. Rodríguez, fechada en 1928, para la compra de 20 aviones y que sugiere el establecimiento de una fábrica de aeroplanos. AGN, Obregón-Calles, exp. 713-B-19, en IIH-UABC, caja 8, exp. 7;Además Pérez Tejada G. (1956:133-137); Abelardo L. Rodríguez (1962: 136-137); Estrada Lozano (1983: 391-394).

¹⁷ Pedro Pérez Ramírez, "Diputados únicos hasta la creación del Estado," en Archivo Histórico del Estado de Baja California, Colección Pedro F. Pérez y Ramírez (de aquí en adelante citado como AHEBC/ CP), documento núm. 139, 3 de diciembre de 1978; Caballero Sosa (1953:10); Sández Parma, (1979:134); Dueñas Montes, 1988:69); Aguirre Bernal (1990, I:366).

¹⁸ Decreto del gobernador Abelardo L. Rodríguez referente a la desintegración del ayuntamiento de Mexicali y el nombramiento de un Concejo Municipal Provisional, 8 de abril de 1925. AGN, Obregón-Calles, exp. 428-M-33, en IIH-UABC, caja 4, exp. 3.

¹⁹ Pedro Pérez Ramírez, "Enrique de la Chausée", en AHEBC/ CP, doc.núm. 200, febrero de 1975; Walther Meade, 1986:197 y 1991:107; Aguirre Bernal, 1990:272-276, 367.

²⁰ El decreto a tal efecto no se publicó oficialmente hasta el 7 de febrero de 1931. Véase el Diario oficial de la federación, v. 64, núm. 31, 7 de febrero de 1931; Walther Mede, 1986:210.

²¹ El decreto a tal efecto no se publicó oficialmente hasta el 7 de febrero de 1931. Véase el Diario oficial de la federación, v. 64, núm. 31, 7 de febrero de 1931; walther Meade, 1986: 210.

²² Informe que el C. general de división, Juan Andreu Almazán, secretario de Comunicaciones y obras Públicas, rinde al C. presidente de la república, en relación con su viaje por el noroeste de México, México, julio de 1930, en AHGE, exp. 30-26–54, sección de concentración. Almazán hizo esta declaración después de haber regresado de su recorrido por el Distrito Norte el año anterior. Véase también Keith Chamberlin, 1949:52; Alfonso Salazar Rovirosa, 1980: 362.

²³ Ingeniero Aurelio Leal Treviño, del Distrito Federal, al secretario de Gobernación, 13 de enero de 1931; Cristófero Ibáñez, secretario particular del presidente, al secretario de Gobernación, 16 de febrero de 1931. AGN, Dirección General de Gobierno; en IIH-UABC, serie 2.000 (30) 11, caja 57, exp. 22; "Proyectos para la mexicanización de Baja California." AGN, Dirección General de Gobierno, en IIH-UABC, serie 2.000 (30) 11, caja 9, exp. 38. Algunos bajacalifornianos concordaron hasta cierto punto con estas opiniones. Véase las propuestas sometidas a la consideración del gobierno federal a lo largo del año de 1938 por parte de Luis Urbina, vecino de Ensenada, referentes a la construcción de una presa en San Quintín y caminos en la región como medidas para contrarrestar la influencia estadunidense en la zona. AGN, Pascual Ortiz Rubio, vol. 1930, exp. 260/10376; en IIH-UABC, caja 2, exp. 4.

²⁴ Pedro Pérez Ramírez, "El estado norte de Baja California", en AHEBC/CP, documento núm. 54, junio de 1972.

²⁵ Pedro Pérez Ramírez, "Baja California incomprendido en el interior del país", AHEBC/ CP, documento núm. 39, noviembre de 1971.

²⁷ Pedro Pérez Ramírez, "Condecoraciones de los defensores de Baja California en 1911," en AHEBC/CP, documento núm. 14, noviembre de 1968.

²⁸ Hubo, empero, casos de saqueo de algunas tiendas de abarrotes. José Raúl Navejas Dávila, "Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, primer gobernador del Territorio Norte", Calafia (1993: 37); Ver también Oscar Sánchez Ramírez, Crónica agrícola del valle de Mexicali (1990:49).

²⁹ Carlos Pérez Ramírez, "La llamada "mexicanización' de la Baja California," en AHEBC/ CP, documento núm. 17, febrero de 1967.

³⁰ El excélsior, 24 de octubre de 1931; El universal, 5 de marzo, 10 de octubre de 1931, 2 de marzo de 1933, 18 de septiembre de 1934, 29 de septiembre de 1936, 3 y 8 de marzo de 1937; Jack Starr-Hunt, "The Mexicans Who Went Home," en The Los Angeles Times, 26 de marzo de 1933, suplemento dominical, p. 20; Salvador España, del Club Nacionalista Pro-Baja California, Los Ángeles, Cal., al general Abelardo L. Rodríguez, 7 junio de 1934. AGN, Abelardo L. Rodríguez, exp. 181/14, en IIH-UABC, caja 1, exp. 80; Diario oficial, 12 de marzo de 1935; Carta de Cárdenas a la Confederación de Uniones de Campesinos y Obreros Mexicanos del Estado de California, 14 de julio de 1939, reproducida en Jorge A. Bustamante (1986: 18-19).

³¹ El Universal, 12 de agosto de 1939; Ascensión H. de León-Portilla, "La inmigración que trajo la guerra civil española", en David Piñera Ramírez y Jesús Ortiz Figueroa, coords. (1989, i:147-148, 157).

³² "Petición que hace el Comité Pro-Estado Libre y Soberano de la Baja California al H. Congreso de la Unión relativa a la erección en estado libre y soberano de los Territorios de Baja California, en cumplimiento de la fracción II del artículo 73 de la Constitución general de la república, 24 de septiembre de 1936, en Guillermo Caballero Sosa (1953:11-17); Francisco Dueñas Montes (1988: 6-7).

³³ Solicitud del general Agustín Olachea, gobernador del Territorio Norte de Baja California, al secretario de Gobernación, para que se establezcan zonas libres en Tijuana y Ensenada, 31 de julio de 1933. AGN, Dirección General de Gobierno, serie 2.233(30)4, caja 9, exp. 15, en IIH/UABC, caja 15, exp. 10; Ulises Irigoyen (1935, II:379-382).

³⁴ Propuestas de Julián Velarde al presidente Rodríguez, 3 de febrero de 1934, referentes a la construcción de obras de irrigación en Santo Domingo, B.C., y para aprovechar el desarrollo de los perímetros libres. AGN, Abelardo L. Rodríguez, exp. 106/32, en IIH, caja 1, exp. 30. Queja de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana al secretario de Comunicaciones y obras Públicas por las acusaciones de la compañía Ferrocarril de Tijuana y Tecate a causa del establecimiento del perímetro libre, 23 de mayo de 1934. AGN, Abelardo L. Rodríguez, exp. 571.4/11; en IIH-UABC, caja 6, exp. 45.

³⁵ Periódico oficial del Territorio de Baja California, 30 de junio de 1937; Propuesta para el establecimiento de un perímetro libre en Mexicali, y una zona libre en el Territorio Norte de Baja California, s.f. AGN, Dirección General de Gobierno, serie 2.382(30)24554, tomo I, caja 70, exp. 19/7, en IIH-UABC, caja 26, exp. 59. Cárdenas al secretario de Hacienda y Crédito Público para que se extienda la zona libre a toda la península, 14 de julio de 1939. AGN, Lázaro Cárdenas, exp. 564.1/26, en IIH-UABC, caja 16, exp. 3. Ampliación de la vigencia del régimen de zona libre en el Territorio Norte de Baja California y parte de Sonora, 29 de diciembre de 1945. AGN, Dirección General de Gobierno, serie 2.300(29)2321, en IIH-UABC, caja 15, exp. 36.

³⁷ Lázaro Cárdenas del Río, "Exposición del presidente de la república sobre la reconstrucción integral de los territorios de Baja California y Quintana Roo, en México, D.F.", 28 de septiembre de 1936, en Palabras y documentos públicos de Lázaro Cárdenas, 1928-1940 (Cárdenas del Río, 1978, I:215). Véase también Lázaro Cárdenas del Río, El problema de los Territorios Federales, un llamamiento al patriotismo y al sentido de responsabilidad del pueblo mexicano ( 1936:3-4, 15). Para una discusión interesante de la reacción por parte del público mexicano al discurso, véase El nacional, México, D.F., 30 de septiembre de 1936.

³⁸ Informe sobre la construcción de la carretera Tijuana-Ensenada, B.C., 1932. AGN, Dirección General del Gobierno, Serie 2.300(30)11; en IIH/UABC, caja 157, exp. 21.

³⁹ Informe sobre la construcción de la carretera Tijuana-Ensenada, B.C., 1932. AGN, Dirección General del Gobierno, Serie 2.300(30)11; en IIH/UABC, caja 157, exp. 21.

⁴⁰ El primer mandatario bautizó estas diligencias con el nombre de "vitrinas", porque eran, en las palabras de Valdemar Barrios Matrecito — quien trabajaba como chofer de carros en esta ruta— "unos viejos y destartalados armatostes". Otro factor influyente en este sentido fue el hecho de que el general Francisco J. Mújica, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gabinete cardenista, también realizó este mismo viaje en otra ocasión (Barrios Matrecito, 1996:242, 253-254).

⁴¹ El proyectado punto terminal de la línea se iba cambiando a través del tiempo. Durante un periodo, por ejemplo, se pensaba construir la línea hasta Santa Isabel (conocido como Port Isable o Port Otis, por los magnates ferroviarios estadunidenses) o Puerto Peñasco, entre otros puntos considerados, sobre el litoral sonorense. Pedro Pérez Ramírez, "Apuntes sobre la construcción del Ferrocarril Mexicali-Puerto Peñasco," en AHEBC/CP, documento núm. 27, abril de 1971. Además véase: Rodríguez (1993: 273); Dirección General de Construcción de Ferrocarriles (1948:3132, 66-67); Hendricks (1971:180); Walther Meade (1985:6-7 y 1986:181-182, 192-193); Barrios Matrecito (1996:241).

⁴² Correspondencia e informes referentes a los proyectos, presupuestos y problemas generados en torno a la construcción del ferrocarril de Mexicali a Puerto Peñasco, 1935-1940. AGN, Lázaro Cárdenas, exp. 545.3/63; en IIH/UABC, caja 13, exp. 8. Ulises Irigoyen (1943, 1:195-204, II:175); Dirección General de Construcción de Ferrocarriles (1948: 34-50); Barrios Matrecito (1996:242-243, 255).

⁴³ El cronista Alfonso Salazar Rovirosa, indica que el servicio se renovó en 1949, pero Ulises Irigoyen revela que existían vuelos entre Tijuana y la capital durante el periodo de la segunda guerra mundial. (Irigoyen, 1943, 11:168-169); Salazar Rovirosa, 1980:365, 369, 382). Existían por lo menos dos compañías competidoras, las Líneas Aéreas Occidentales y la Varney Airmail Service, que también realizaban vuelos a la ciudad de México en ese tiempo. Arturo Cubillas, presidente de la compañía Líneas Aéreas Occidentales, al presidente Rodríguez, 23 de febrero de 1934; y correspondencia entre varios particulares con Rodríguez referente al servicio proporcionado por la Varney Airmail Service, 21de febrero al 7 de marzo de 1934. AGN, Abelardo L. Rodríguez, exp. 574.7/4-2; en IIH/UABC, caja 7, exp. 9. En el ramo de las telecomunicaciones, fue hasta octubre de 1947 cuando se estableció una línea telefónica directa con la ciudad de México y el resto del país. El heraldo, Tijuana, B.C., 11 de octubre de 1947.

⁴⁴ Informes de Dionisio O. Mercado relativos a los problemas y avances del proyecto de colonización del valle de Mexicali, varias fechas, 1935-1937. AGN, Lázaro Cárdenas, exp. 534.3/41, en IIH/UABC, caja 11, exp. 27; Solicitudes de organizaciones agrícolas y personas de diversos estados de la república y de California, de facilidades para trasladarse al Territorio Norte de la Baja California, varias fechas, 1936-1939. AGN, Lázaro Cárdenas, exp. 503.11/212, en IIH/UABC, caja 9, exp. 35; Informe del gobernador Rodolfo Sánchez Taboada, gobernador del Territorio de Baja California, sobre la terminación de la entrega de las dotaciones de tierras en el valle de Mexicali, 13 agosto de 1937. AGN, Dirección General de Gobierno, serie 2.382(30)24554, tomo I, caja 70, exp. 19/3, en IIH/UABC, caja 26, exp. 55; Testimonio del ingeniero Esteban Gómez Pelayo.

⁴⁵ Mientras que el censo de 1930 mostró una cifra de 48 327 personas, el de 1940 registró un total de 78 907. Peter L. Reich (1984:4); INEGI (1994: 15).

⁴⁷ Pedro Pérez Ramírez, "El Estado Norte de Baja California," en AHEBC / CP, núm. 54, junio de 1972; Dueñas Montes (1988: 71); Aguirre Bernal (1990:367-368); Sánchez Ramírez (1995:23).

⁴⁸ Entrevistas con Rubén D. Luna, realizadas por Guillermo Santana de Bareneche, s.f, y con René Ortiz Campo, realizada por Rigoberto Marín del Campo y Jesús Ortiz Figueroa, 1981, en CHO-IIH-UABC; Jorge Soto Fuentes, 1990: 291-292; T.D. Proffitt, III, 1994: 299.

⁴⁹ También hubo un programa bracero informal durante la primera guerra mundial, cuando algunos contratistas particulares suministraron a los granjeros californianos con trabajadores mexicanos temporales. Otey M. Scruggs (1960: 140-149); N. Ray Gilmore y Gladys Gilmore (1963:265-282); Aguirre Bernal (1990: 56); Sánchez Ramírez (1990:51-52). Como ejemplo del desarrollo demográfico de la entidad, durante la década de 1940-1950 la población de Mexicali se cuadruplicó, mientras que la de Tijuana casi se triplicó. Piñera Ramírez y Ortiz Figueroa (1989: I:334, Apéndice VI: "Estadística de Tijuana").

⁵⁰ El historiador militar Ángel Hermida Ruiz, atribuye la decisión del presidente Miguel Alemán, de permitir la entrada de las fuerzas estadounidenses al país a la influencia del general de brigada J. Salvador S. Sánchez, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de Ezequiel Padilla, secretario de Relaciones Exteriores. (Ruiz, 1982:52).

⁵¹ The San Diego Union, 21 de enero de 1942; Lázaro Cárdenas, 1972: II:82; Testimonio del coronel Federico Montes Espinosa de los Monteros, miembro del estado mayor en Tijuana y posteriormente en Ensenada durante la guerra, reproducido parcialmente en Piñera Ramírez, 1987,III:230-231; Ruiz, 1982: 22-36.

⁵² "Repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en Tijuana," testimonio del veterano militar mexicano José Luis Flores Silva, en El Mexicano, 6 de septiembre de 1992 (Suplemento Cultural "Identidad", no. 718). Este testimonio también ha sido publicado en Piñera Ramírez, 1987, III:229-230, 243-244.

⁵³ Para estadística sobre la producción del algodón, véase Irigoyen, 1943:136-138; así como Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California, Estadísticas generales de Baja California (1983: 80-81).

⁵⁴ Propuesta de Juan M. Carrasco Cuéllar para la conversión del Territorio Norte de Baja California en estado, presentada inicialmente el 22 de mayo de 1943, y sometida a la consideración del Congreso de la Unión el 1 de septiembre del mismo año. AGN, Dirección General de Gobierno, serie 2.000(30)27420, caja 58, exp. 18, en IIH-UABC, caja 9, exp. 69.

⁵⁵ Véase en especial el artículo "Pro Estado Libre", sin firma, así como el poema "A la Baja California (Pro Estado Libre)", de Pablo Amores Quintana, en la revista Minerva, Mexicali, B.C., febrero de 1949: 8).

⁵⁷ Cantú falleció en Mexicali en 1966, en donde había radicado durante muchos años, después de su regreso del exilio en los Estados Unidos. Rodríguez murió un año después en La Jolla, California, y fue sepultado en su finca de El Sauzal, cerca de Ensenada. (Ricardo Romero Aceves, 1985: 365; Aguirre Bernal, 1990, I:472-475).