Crimen y economía: una revisión crítica de las explicaciones económicas del crimen

Luis David Ramírez de Garay *

* Doctor en sociología con especialidad en crimen, violencia y estudios comparados por la Universidad de Bielefeld en Alemania. Maestro en sociología política en el Instituto Mora y es egresado de la licenciatura en sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A partir de enero de 2013 es profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Anteriormente trabajó como consultor para las Naciones Unidas y para el sector privado en México.

Resumen

Palabras clave: crimen, economía, criminología, sociología del crimen, economía política del crimen, privación económica.

Abstract

The link between crime and the economy is wide and with appealing theoretical and empirical problems. In view of this the present paper offers a review of the advantages and the limits of this almost traditional link. For this purpose, different approaches from the sociology, the economy and the criminology were selected and classified into three groups: rationality, political economy and economic deprivation. The review of each group included its origins and its basic arguments so as its more important theoretical limits and empirical problems. To gain a better insight, the applicability of each approach to the comparative study of crime was also considered. As a result this text presents a wider and critical view of the actual status of the economic explanations of crime and an accurate map of the most important research puzzles related with the economic characteristics of crime. It also offers an extensive bibliography to guide students’ interests and future research.

Key words: crime, economy, criminology, crime sociology, crime political economy, economic deprivation.

Introducción

Una revisión de la relación entre la economía y el crimen

El interés por explicar la criminalidad a partir de condiciones económicas ha estado presente desde hace mucho tiempo en la historia del pensamiento social. En el siglo XIX, antes de la aparición de las ciencias sociales, ya se puede encontrar una proto-acepción de la relación entre fenómenos económicos con la emergencia del concepto de comportamiento desviado. La desviación o el comportamiento anormal aparecieron como problemas sociales junto con los procesos de industrialización de la Europa occidental de los siglos XVIII y XIX. Los abruptos cambios en la estructura social y en la producción económica estuvieron acompañados por el rápido crecimiento de centros urbanos, la aparición de la criminalidad urbana y el crecimiento de las llamadas nuevas “clases peligrosas”. Estos productos subóptimos de la industrialización se convirtieron rápidamente en objeto de estudio del pensamiento social de la época, convirtiéndose así en el primer vínculo entre procesos económicos y la criminalidad.

La escuela positivista de criminología adoptó rápidamente los preceptos de la economía política clásica para trabajar con su objeto de estudio. Dicha idea incluía una definición amplia de la economía como: las interacciones económicas entre los individuos y el Estado y los correspondientes procesos de producción y distribución de bienes económicos (Jessop, 2006). A partir de esta definición la escuela positiva trabajó con el siguiente razonamiento para explicar las raíces económicas del crimen: “[...] una especie de relación axiomática entre factores económicos, ecológicos y el crimen”.¹ Esta aproximación clásica se convirtió rápidamente en la base conceptual de dos explicaciones posteriores sobre la relación economía-crimen: el ciclo económico y la privación económica.

En el caso de ciclo económico el supuesto básico dicta que las fases de la economía influyen al crimen de tal forma que las condiciones de precariedad asociadas con el declive económico están vinculadas positivamente con el incremento de la criminalidad.² Esta relación entre las fases del ciclo económico y la variación de las tasas de homicidio fue una idea prolífica que en su momento generó un número importante de estudios sobre el crimen (Neuman y Berger, 1988; Kick y LaFree, 1985; Messner, 1982; Barron, 1978). Sin embargo, con la aparición de nuevos métodos de análisis, su importancia ha disminuido debido a la falta de mayor soporte empírico.

Del otro lado se encuentra el concepto de privación económica cuya noción básica postula que la economía genera una diferenciación estructural en términos del acceso a oportunidades económicas. La asociación entre privación y crimen radica en que bajo contextos agudos de privación (absoluta y relativa) la tasa de criminalidad tiende a ser mayor. A diferencia de las ideas basadas en el ciclo económico, la relación entre una economía que sistemáticamente genera y distribuye desigualdad y la variación del crimen, se ubica como una de las más importantes y aceptadas en la criminología (Albrecht, 2001; Blau y Blau, 1982; Archer y Gardner, 1984; Messner y Golden, 1992; Hsieh y Pugh, 1993; Sampson et al., 1995; Currie, 1997; Taylor, 2000; Breen y Jonsson, 2005; Sampson, 2008).

Hacia finales del siglo XIX el enfoque clásico de la economía política fue sustituido paulatinamente por la escuela neoclásica de economía y con ello surgió una nueva forma de explicar el vínculo entre economía y crimen. El enfoque neoclásico arribó con tanta fuerza que prácticamente remplazó todos los conceptos derivados de la economía política. Movió, por ejemplo, a las nociones de ciudadano y Estado fuera de la discusión e introdujo un concepto aséptico de la economía, colocando el acento en la aproximación individualista alrededor del intercambio económico. Con respecto al crimen, esta nueva corriente introdujo el estudio económico del crimen (the economics of crime), el cual desplazó los elementos contextuales de índole económica, social, demográfica y política por el análisis de las interacciones económicas entre los individuos. Esta aproximación ha gozado de gran repercusión colocándose como una explicación sólida e introduciendo conceptos fundamentales para la criminología como: control-efectividad, costo diferencial, disuasión y racionalidad criminal (Parker y Dwayne, 1979; Nagin, 1998; Eide et al., 1994; Becker, 1968; Becker et al., 1974; Ehrlich, 1974).

Como se puede ver, la relación entre economía y crimen ha sido explicada de acuerdo con la concepción general de la economía que se adopte, en este caso las posturas determinantes han sido la economía política y la economía neoclásica. Cada una resalta un aspecto particular del proceso económico como un factor criminogénico: el ciclo económico y la distribución económica para las perspectivas influenciadas por la economía política y la racionalidad económica para la explicación neoclásica. Sin embargo, más allá del tipo de explicación, todas basan sus descripciones y análisis en una relación directa: mejores condiciones económicas están asociadas con menores tasas de criminalidad.

El estudio de la criminalidad desde distintas disciplinas ha generado nueva evidencia sobre una relación entre economía y crimen más compleja que una influencia positiva directa. Un ejemplo es la “clásica” relación entre clase social y crimen donde se asume que la criminalidad es característica de los sectores desaventajados y bajos de la estructura social (Cohen, 1955; Hirschi, 1969; Merton, 1968; Shaw y McKay, 1942; Shuterland, 1947), es decir, condiciones económicas precarias van acompañadas de incrementos en las tasas criminales. A pesar de su popularidad y destacado lugar en el sentido común, esta relación no se sostiene en varios estudios. Entre los más sobresalientes se encuentran dos trabajos de Charles Tittle (Tittle y Villemez, 1977; Tittle, Villemez y Smith, 1978) con resultados opuestos a lo que comúnmente se cree. Estos estudios identifican una relación marginal entre clase social, sin embargo, también descubren que las clases sociales bajas no tienen característica alguna que las haga más proclives a cometer crímenes. Por el contrario, es el sistema de justicia criminal el que es propenso a encontrar criminales en clases sociales desfavorecidas ya que: “Los actores en el sistema de justicia criminal son más proclives a arrestar, procesar y condenar a individuos de status socioeconómico bajo” (Crutchfield y Wadsworth, 2004:70). Esa fue la única relación estable entre clase y criminalidad que Charles Tittle logró encontrar.

Trabajos como el de Tittle son un buen ejemplo de la complejidad que hay detrás de la relación economía-crimen. Por ello en este texto revisaremos las explicaciones más socorridas, sus orígenes, sus principales argumentos y sus ventajas o límites empíricos para el estudio de la criminalidad desde la criminología y la sociología. A lo largo del texto nos encontraremos con algunos puntos claves que caracterizan la relación economía-crimen independientemente de la postura teórica que se adopte: los efectos diferenciales de la pobreza en los crímenes violentos y los patrimoniales; la diferencia entre privación absoluta y relativa; la variación diferencial acorde con el tamaño de la unidad de análisis; entre otros.

El Homo Economicus y la racionalidad criminal

El pensamiento neoclásico cambió el foco de atención de una concepción amplia de los fenómenos económicos, como eventos incrustados en estructuras económicas y políticas, hacia el estudio del homo economicus.⁴ Para el estudio del crimen esto implicó que una conducta criminal no sería más un asunto de contextos socioeconómicos sino un asunto de racionalidad económica, es decir, del análisis de los costos y beneficios de verse involucrado en una conducta criminal. Esta aproximación es resultado de una mezcla sui generis entre el individualismo metodológico y el atomismo. Los supuestos del individualismo metodológico⁵ están representados por la importancia atribuida a la acción individual como una explicación viable para una conducta criminal. Por el otro lado, el atomismo⁶ está presente en una teoría psicológica de la conducta criminal que propone una noción homogénea de las preferencias individuales. Esta amalgama entre individualismo metodológico y atomismo es la base sobre la cual la elección racional se erige como propuesta metodológica para estudiar el crimen.

El análisis a partir de los preceptos metodológicos de la elección racional tiene grandes ventajas ya que mediante un número limitado de presupuestos y variables alcanza altos niveles de generalización y formalización, manteniendo viabilidad técnica y sin perder parsimonia. Aplicado al crimen se concentra en analizar la consistencia entre preferencias y elecciones sin preguntarse por la influencia que factores estructurales podrían tener en el origen de las preferencias. Sólo se interesa por la forma en que las preferencias pueden influir en la toma de decisiones y no el origen de las mismas. En otras palabras, es una práctica aproximación metodológica para estudiar la forma en que ocurre la toma de decisiones que resulta en conductas criminales.

La aparición de esta perspectiva ha tenido un importante impacto en la investigación sobre el crimen. Los enfoques que anteriormente dominaban el panorama con una concepción amplia de la economía política fueron prácticamente reemplazados por la pujante popularidad de las nociones de costo y disuasión. Los trabajos fundacionales de la elección racional aplicada al crimen son: Crimen y castigo: una aproximación económica de Gary Becker (1974) y La participación en actividades ilegales: un análisis económico de Isaac Ehrlich (1974). Para comprender mejor la forma en que la elección racional se ha aproximado al problema del crimen, veamos sus supuestos básicos en nueve puntos: ⁷

• Preferencias. Es el supuesto más importante para el modelo racional y establece que la gente tiene claras preferencias por resultados específicos como: bienes, servicios, estados de bienestar, etcétera.

• Propiedades de las preferencias. Completas: porque el individuo tiene la habilidad de ordenar posibles combinaciones a partir de resultados viables y de acuerdo con su valor. Transitivas: el individuo muestra consistencia en sus preferencias.⁸ Estables: las preferencias son exógenas e inmutables durante la decisión.

• Tiempo. Las preferencias se orientan hacia los resultados presentes contra los futuros. Es decir, que las preferencias del presente pueden ser evaluadas en relación con la posibilidad de obtener resultados futuros mayores: una persona siempre aceptará un benefició subóptimo en el presente con miras a obtener un mayor beneficio en el futuro.

• Riesgo e incertidumbre. Dada la existencia de incertidumbre ante la obtención de resultados, las preferencias reflejan aversión al riesgo e incertidumbre. Esta relación está representada en los tres elementos del teorema de utilidad esperada de Neumann-Morgenstern (1944:1) las preferencias de los individuos están influenciadas por los resultados potenciales y no por los asegurados en relación con su costo; 2) todos los costos y beneficios potenciales pueden ser calculados con valores monetarios; 3) las actitudes hacia el riesgo pueden influenciar tanto a las preferencias como al cálculo de la utilidad esperada de un resultado.

• Información incompleta. Esta propiedad está relacionada con el costo asociado que genera la obtención de la información necesaria para tomar decisiones. El supuesto básico dicta que el individuo siempre tratará de obtener la mayor información posible para guiar la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de que la información recolectada siempre será insuficiente, las decisiones futuras serán tomadas suponiendo que suficiente información ha sido recolectada.

]]> • Maximización de utilidad. La racionalidad de una decisión no siempre es consistente con la noción de maximización. Maximizar requiere escoger comportamientos consistentes con la propia función de utilidad esperada. Por ello es imposible determinar a priori la racionalidad de una acción, porque para hacer dicha evaluación todos los supuestos anteriores (precedentes) tendrían que ser verifi­cados en el proceso de toma de decisión. Por lo que dos situaciones idénticas podrían producir resultados distintos debido a diferentes cálculos provenientes de los supuestos originales.⁹ De acuerdo con ello existen dos formas de calculo racional: a) egocéntrico (self-interest) donde el individuo persigue únicamente su propio interés económico (costo-beneficio); b) estándar de objetivos presentes (present-aims standard) donde con menos restricciones sobre sus preferencias los individuos actúan eficientemente (calculan) de acuerdo a un número mayor de intereses u objetivos (cultural, social, psicológico o emocional). En este caso una conducta es racional si fue calculada para atender las preferencias ordenadas del individuo.

• Irracionalidad. El enfoque racional considera a la existencia de la no-racionalidad en la toma de decisiones.¹⁰

• Analizable. Prácticamente cualquier decisión puede ser analizada a partir de la teoría de las decisiones y la teoría de juegos.

• No es una teoría cognitiva. Finalmente, la elección racional no es una explicación de la cognición humana, sino una perspectiva metodológica que intenta analizar decisiones en razón de su congruencia entre preferencias. Es más una herramienta analítica que hace uso de procesos estocásticos que una teoría en sí misma ya que “[...] contempla que podemos hacer útiles predicciones sobre el comportamiento humano al asumir que la mayoría de la gente actúa ‘como si’ hubieran hecho cálculos de costo-beneficio” (McCarthy, 2002:422).

De acuerdo con estos puntos básicos una conducta criminal puede estudiarse desde la postura egoísta o con el estándar de objetivos presentes. El primero de ellos (Becker) vincula directamente la racionalidad de una conducta criminal con el beneficio esperado, por lo que su predicción básica es: el crimen se reduce disminuyendo las ganancias monetarias derivadas del crimen o incrementando la probabilidad o severidad del castigo estatal (Schmidt y Witt, 1984; Becker, 1968:169-217). Esta es la idea que más se ha extendido en la investigación y se encuentra bien representada en la teorías criminológicas de la disuasión y del control. En lo que concierne al uso del estándar de objetivos presentes (Eide, 1994) éste no ha sido aplicado extensamente ya que es difícil reunir la información necesaria para valorar todos los componentes (intereses-objetivos presentes) del proceso de decisión.

Aunque la aplicación de la elección racional se ha hecho mayoritariamente en el ámbito micro, también se pueden extrapolar hipótesis para el análisis del crimen a nivel agregado. Dado que el crimen se puede observar como una decisión que sigue los criterios de una lógica racional, se espera encontrar niveles bajos de criminalidad en unidades donde el costo del crimen y los riesgo potenciales de ser castigado sean más altos que los beneficios proyectados. Es decir, si las condiciones de disuasión (tasas de encarcelamiento, estrategia policial, número de policías, endurecimiento de la política criminal, etcétera) son fuertes, las tasas criminales serán menores, independientemente de otro tipo de procesos macrosociales.

Las hipótesis de la elección racional son de gran utilidad en comparación con otro tipo de aproximaciones. La estrategia metodológica de centrarse exclusivamente en cómo las decisiones son determinadas por las preferencias, y no por el origen de estas últimas, implica ventajas metodológicas y técnicas que otras propuestas no tienen. Sin embargo, estas virtudes explicativas también vienen acompañadas con importantes límites que vale la pena mencionar. Al respecto, existen numerosas críticas desde diversas posturas teóricas y metodológicas¹¹ pero las limitaciones más importantes pueden ser resumidas en tres puntos: 1) la falta de capacidad para explicar conductas criminales que no están relacionadas con ganancias pecuniarias, como es el caso de los llamados crímenes expresivos (violencia familiar, sexual, cierto tipo de homicidios); 2) una limitada efectividad para explicar fenómenos criminales agregados y la variación diferencial entre tipos de crímenes (crimen patrimonial y homicidio); 3) técnicas de análisis sofisticadas sin el correspondiente acompañamiento teórico.

En cuanto al primer punto los proponentes de la elección racional han respondido que la aplicación de una diferenciación entre crímenes instrumentales y expresivos no sólo implica muchas dificultades técnicas sino que tampoco tendría mucho sentido. Desde este punto de vista, el origen de las preferencias no afectaría en lo más mínimo la racionalidad detrás de la decisión ya que las emociones no son independientes del esquema básico de preferencias y elección racional (Elster, 1999). Sin embargo, se ha encontrado una diferencia cuantificable entre tipos de crimen (crimen patrimonial y crimen expresivo) y se ha reconocido que, más allá de lo nominal, dicha diferencia importa (Bijleveld y Smith, 2006; Pizarro, 2008; Kubrin, 2003).

Sobre el segundo punto, a pesar de que la metodología de la elección racional ha sido exitosa sus logros se concentran en un tipo específico de crímenes. Por ejemplo, Gary LaFree (1999) en una revisión de los estudios transversales de tasas criminales realizados de 1960 a 1990 encontró que en comparación con las teorías estructurales, la teoría de la disuasión no ha tenido buenos resultados para explicar crimen violento (homicidio) y crímenes patrimoniales a nivel agregado. Otro ejemplo interesante es el metaestudio de Pratt y Cullen (2005), el cual compara los resultados empíricos de distintas macroteorías del crimen de 1960 a 2004. El artículo respalda los hallazgos de LaFree pero con la ventaja dada por la metodología de los metaestudios al ofrecer una evaluación estadística de la fuerza y estabilidad de los indicadores. El artículo mostró nuevamente que los indicadores representando a las hipótesis de la teoría de la disuasión obtuvieron niveles bajos de soporte empírico. Al mismo tiempo sus capacidades explicativas de los fenómenos agregados también fueron menores en comparación con las teorías estructurales.

Finalmente, un tercer problema está conectado más con las prácticas de investi­gación que con la teoría en sí misma. Muchos de los límites que la elección racional tiene para explicar crímenes no patrimoniales se derivan de su interés por mejorar las técnicas existentes y desarrollar nuevas para hacer un mejor análisis de conductas criminales específicas, por lo que ampliar su marco explicativo a otros crímenes (expresivos) no es prioritario. Esta crítica está muy bien desarrollada en un texto de Ted y Benjamin Goertzel (2008). El argumento central establece que las prácticas actuales de investigación se están interesando excesivamente en el desarrollo y aplicación de técnicas econométricas para el análisis de alguna relación causal entre disuasión y crimen. El principal problema es que el excesivo interés por la técnica ha dejado de lado la argumentación teórica que debería acompañar y, más importante aún, guiar los problemas técnicos. Esta es una práctica muy extendida y no se reduce al estudio del crimen, es más bien un síntoma general de la relación entre ciencias sociales y modelación estadística de relaciones estimadas entre variables independientes y dependientes (Freedman, 1991).

La economía política del crimen

Las explicaciones económicas del crimen basadas en una concepción más amplia de la economía son un derivado directo de las nociones clásicas de economía política cuya principal característica es que los procesos económicos se encuentran entreverados con la estructura social. Sobre esta base, la explicación del crimen se ha generado en dos vertientes: desde la perspectiva del ciclo económico y desde el desarrollo económico. Cada una de ellas especifica un mecanismo en particular y un grupo de variables independientes para explicar la variación del crimen: desempleo en el caso del ciclo económico e índices de crecimiento y riqueza para el desarrollo económico.

El ciclo económico: desempleo

El desempleo ha sido uno de los indicadores utilizados con mayor frecuencia para dar cuenta de la relación entre ciclo económico y crimen. Sin embargo, al revisar la literatura sobre el tema, rápidamente aparecen problemas relacionados con la viabilidad teórica y empírica del desempleo como un buen indicador.

El estudio del desempleo y sus efectos en la aparición de conductas desviadas y criminales ha estado presente en la criminología (particularmente la estadounidense) desde 1930. Uno de los argumentos más famosos pertenece a un estudio clásico realizado en la primera mitad del siglo XX por Georg Rusche y Otto Kirchheimer (1939) Castigo y estructura social. El estudio estaba enfocado a escudriñar el impacto de los cambios en el ciclo económico en los niveles de encarcelamiento. Para ello llevaron a cabo un innovador trabajo comparado entre Inglaterra, Francia, Alemania e Italia para identificar la relación entre el incremento en las poblaciones carcelarias nacionales y los periodos de recesión económica. El argumento central del estudio propone que cuando las sociedades capitalistas entran en fase de recesión, un número considerable de personas perderán sus trabajos incrementando drásticamente la tasa de desempleo. Subsecuentemente, y en respuesta a la pérdida de recursos económicos, grandes sectores de la sociedad se verán obligados a realizar actividades ilícitas para hacerse de los recursos económicos perdidos en la crisis económica e incrementarán los niveles de encarcelamiento.¹² Sobre la misma línea argumentativa, está el trabajo de Gloria T. Lessan (1991) donde se acentúan los efectos de las crisis inflacionarias como factor que limita las capacidades estatales para aminorar las tensiones generadas por un periodo de crisis. Dicha ausencia empeora los efectos que el desempleo tiene en los niveles de encarcelamiento.

Estos estudios representan muy bien a los argumentos que identifican una relación positiva entre desempleo y crimen. No obstante existen trabajos con una vinculación diferente. Taylor (1945) encontró en Wiers uno de los primeros estudios donde se explora una relación contraintuitiva entre desempleo y crimen. En su trabajo, al estudiar la relación entre un grupo de condiciones económicas y el número de casos en una corte juvenil de un condado en Detroit, el autor encuentra una relación más fuerte y estable entre crimen y los indicadores de prosperidad económica que con los de problemas económicos. Sin embargo, el estudio más famoso en la criminología donde se identifica una relación muy similar es el trabajo de Cantor y Land (1985) Desempleo y tasa criminal en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial: un estudio empírico y teórico. El argumento básico del estudio postula que los efectos del desempleo sobre el crimen pueden ser analizados desde dos perspectivas a saber: por sus efectos en la motivación y por la variación de las oportunidades criminales. El modelo de Cantor y Land especifica que los efectos de las condiciones económicas (medidas a partir de desempleo) en el crimen son tanto positivas como negativas. Condiciones económicas deterioradas pueden ayudar a reducir la incidencia criminal al incrementar la disposición (o necesidad) de la gente para proteger sus propiedades, lo que se traduce en un menor número de oportunidades criminales. Por el contrario, también puede existir una influencia positiva generada por las dificultades económicas al incrementar la motivación para realizar conductas ilegales que ayuden a mejorar la precaria situación económica.¹³

En lo concerniente a los estudios con diseños comparados el indicador desempleo no ha mostrado resultados regulares. El principal problema radica en que su capacidad explicativa se ve rápidamente alterada por cambios en los niveles de observación. En la revisión de estudios comparados hecha por Pratt y Cullen (2005:373-450) se identifican claramente dichos cambios. Por ejemplo en algunos estudios a nivel nacional se encuentran resultados a favor de los efectos del desempleo, mientras que en niveles de agregación menores dicha influencia tiende a desaparecer.

Finalmente, otro problema con la idea de ciclo económico y la aplicación de des­empleo como variable explicativa es el indiscriminado uso que se le ha dado como variable para otro tipo de explicaciones. De hecho, distintas medidas de desempleo son tan comúnmente usadas como variables que prácticamente se ha convertido en una variable para controlar aspectos económicos generales. Por ejemplo, esta variable se puede encontrar como indicador de declive económico, mercado laboral, desigualdad, desarrollo económico y riqueza. Práctica que ayuda muy poco a esclarecer la relación desempleo-crimen.

Desarrollo económico

Otro de los supuestos más exitosos en toda la literatura es aquel que vincula economía y crimen a partir de la hipótesis de desarrollo económico. El argumento central postula que el crecimiento económico estable y de largo plazo genera riqueza material y mejores condiciones de vida que, a la larga, están asociados con bajos índices de criminalidad. Esta arraigada relación comparte orígenes con la economía política y con el pensamiento modernista en la sociología. El adjetivo modernista se refiere a un grupo de explicaciones que adoptan una visión de largo plazo de los procesos sociales como fases de un desarrollo social progresivo. Al interior de dichas teorías es común encontrar un uso recurrente de conceptos como: progreso, desarrollo, modernización y urbanización. Cuyas raíces intelectuales se localizan en la filosofía y el pensamiento social de la Ilustración europea y en la fértil combinación entre dos ideas rectoras del Siglo de las luces: providencia y progreso (Frankel, 1948; Sampson, 1956).

Ahora bien, los representantes más visibles de esta relación entre desarrollo y com­portamiento desviado son Emile Durkheim y Norbert Elias. Estos autores definieron dicho vínculo a partir de tres hipótesis. Las primeras dos le corresponden a Durkheim: primero, modificaciones graves en la estructura económica (como los generados por los procesos de industrialización) son acompañados por una ruptura en los ejes de regulación social e integración social lo cual afecta directamente el alza en las tasas crimin Ortega et al., 1992). La segunda hipótesis ve al desarrollo económico como un factor decisivo para la generación e incremento del individualismo moral y la solidaridad orgánica, factores que coadyuvan para incrementar el control social de la criminalidad (De, 1995:361-382; Huang, 1995; Messner, 1982:225-240). Es decir, las hipótesis que Durkheim propone para entender la influencia del desarrollo económico en el comportamiento desviado postulan tanto una relación positiva (a mayor desarrollo económico más crimen) y una negativa (a mayor desarrollo económico más controles sociales que pueden desincentivar la aparición de conductas desviadas).

Vale la pena hacer notar que existe un pequeño debate sobre si las hipótesis de Durkheim se encuentran basadas en explicaciones desarrollistas (que contienen una perspectiva progresiva o evolucionista de la sociedad) o en las nociones de diferenciación, interdependencia y complejidad (Dicristina, 2004; 2006; Messner, 1982:225-240). No obstante, las aplicaciones más usuales de las hipótesis de Durkheim están claramente basadas en una concepción desarrollista de las sociedades donde el crecimiento (en términos de bienestar y mejores condiciones de vida) en las sociedades occidentales tendría que ser acompañado con la homogeneización de menores tasas criminales.

La hipótesis de Norbert Elias plantea que procesos macrosociales de largo alcance, como la regulación de prácticas cotidianas, conllevan una reducción de los niveles de agresión y violencia en las sociedades. Esta concepción se encuentra ampliamente desarrollada en sus obras más conocidas: El proceso civilizatorio (1994) y La sociedad cortesana (1983). La idea general de un proceso civilizatorio fue creada para explorar los vínculos entre los procesos sociales de largo alcance y los cambios en los atributos psicológicos y formas de comportamiento. Dos fueron los principales descubrimientos de Elias: primero, a través de los siglos se ha llevado a cabo un cambio verificable en la personalidad de los individuos por medio del incremento de las capacidades individuales de autocontrol; segundo, se ha incrementado el control social externo mediante la formación del Estado nación, la monopolización del poder centralizado y la violencia en manos del Estado. El corolario de estos procesos macrosociales de largo alcance en la configuración psicológica del individuo es la pacificación gradual de la interacción cotidiana y el consecuente declive del comportamiento violento.

La aportación de Elias sirvió de base teórica para una gran cantidad de trabajos que se interesaron en explicar la variación histórica de los niveles de agresión en sociedades occidentales, en otras palabras, el desarrollo de largo plazo de la violencia social y su relación con procesos sociales de gran escala. El representante más importante de esta línea de investigación sobre la historia del crimen es Ted Robert Gurr. Con su artículo Tendencias históricas del crimen violento: una revisión crítica de la evidencia y con la publicación de Violencia en América, realizó un atractivo examen de las tendencias seculares de la violencia letal en el mundo occidental desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Su principal descubrimiento fue la identificación de una curva de crecimiento en forma de S para ilustrar el desarrollo de las tasas de violencia letal. Los análisis de Gurr verificaron el declive constante de los niveles de violencia y agresión: partiendo de estimaciones que ubican la tasa de homicidio en la Edad Media en 20 homicidios por cada 100 000 personas, a una tasa promedio de 1 por cada 100 000 personas en el siglo XX. La explicación de Gurr propone que esta tendencia es el producto de un incremento en la sensibilización de las sociedades ante la violencia (y sus consecuencias) y el correspondiente incremento en los controles internos y externos de la agresividad (Gurr, 1981; 1989).

Así, estas tres hipótesis conforman el corazón de la explicación del crimen a partir de las variaciones en el desarrollo económico. El trabajo empírico basado en esta perspectiva se ha enfocado en el uso de medidas económicas como indicadores de desarrollo social como: producto interno bruto (PIB), desarrollo de medios de comunicación, consumo de energía, distribución del empleo, mortalidad infantil, desempleo, entre otros. Son muchos los estudios que hacen uso de este tipo de características económicas como aspectos del desarrollo social y la modernización,¹⁴ en ellos:

[...] la modernización de las naciones debe estar positivamente asociada con crimen patrimonial y negativamente asociada con crimen violento. Para la perspectiva de la modernización todas la naciones transcurren por las mismas etapas de desarrollo y los mismos cambios en los patrones de criminalidad. Los cambios que han ocurrido en las naciones desarrolladas son propuestos como el modelo para la relación entre desarrollo y el crimen para todas las naciones. Las fuerzas de la modernización como la industrialización y la urbanización son propuestas para explicar más a cerca del crimen que los factores únicos propios de cada nación individual (Neapolitan, 2003:78; también pueden verse: Heiland y Shelley, 1992; Moniruzzaman y Andersson, 2005; Shelley, 1981).

Estas versiones tienen algunas debilidades para ser consideradas como explicaciones satisfactorias de la dimensión económica del crimen. La primera, y quizá la más importante, es que las medidas de desarrollo económico han sido usadas con mayor frecuencia como un indicador económico per se y no como un componente de una explicación sociológica y criminológica del crimen como las propuestas de Elias y Durkheim. Esto genera que los mecanismos causales especificados en la teoría sean ignorados y se privilegien relaciones sin base teórica. Un segundo problema tiene que ver con la evidencia empírica que se obtiene al aplicar los indicadores de desarrollo económico y sus resultados heterogéneos. Por ejemplo, éstos son muy sensibles a la presencia de factores sociales como estatus económico y grupo étnico, elementos que no encajan fácilmente en la teoría detrás de desarrollo económico, planteando serias dificultades para ser explicadas a partir de su esquema (De, 1995:361-382).

Para la perspectiva comparada el panorama es todavía más complicado,¹⁵ ya que las medidas de desarrollo económico tienen serios problemas para captar las intrincadas diferencias económicas y sociales entre sociedades occidentales y no occidentales, donde la interrelación entre distintos factores sociales puede llegar a ser tan compleja que una perspectiva unidimensional y lineal, como puede llegar a ser un concepto de desarrollo económico exclusivamente basado en el bienestar material, no aporta gran cosa a la explicación del crimen (Horwitz, 1984).

Privación Económica

Tanto para la literatura sociológica como para la criminológica, el concepto de privación ha sido aplicado con bastante éxito para describir la dimensión económica del crimen. Privación se entiende como la pérdida repentina o sistemática de condiciones materiales y subjetivas de bienestar (Stones, 2006). Tanto su emergencia como su permanencia son vistos como factores criminogénicos ya que la privación es un proceso que merma las condiciones de bienestar de personas, grupos, comunidades, ciudades y naciones.

La conexión entre privación económica y crimen ha sido explicada a partir de los efectos generados por la experiencia individual de vivir en privación. En la literatura se identifican dos formas en las cuales la pérdida de bienestar económico puede estar vinculado con la aparición de conductas desviadas o criminales: privación absoluta (o material) y privación relativa (o subjetiva). La privación absoluta refleja el nivel más ríspido de presiones económicas donde la ausencia permanente de bienestar económico incrementa las distancias entre clases económicas. La medida más usual de privación absoluta es pobreza y la experiencia de pobreza es observada como criminogénica al asumir que la falta de recursos económicos incita a los individuos a cometer conductas ilegales para hacerse de los medios necesarios para sobrevivir. Por el otro lado, privación relativa no se basa en procesos de estratificación económica sino en el acceso diferencial de sectores sociales o grupos a oportunidades económicas. Cuando este diferencial de acceso se percibe como muy grande, entonces se inicia un proceso de comparación social con otros grupos o personas, generando sentimientos de frustración que tienden a ser canalizados a partir de agresividad y comportamientos ilegales. En la investigación el indicador más comúnmente usado para medir privación relativa son los indicadores basados en el ingreso.

Privación absoluta: pobreza

Después de la década de 1970 el vínculo entre pobreza y crimen fue sujeto a una exhaustiva reexaminación. El principal objetivo no sólo era resolver las críticas sino proponer una visión más amplia del vínculo con los procesos sociales, más allá de la experiencia personal de vivir en pobreza. Para Crutchfield aparecieron dos posturas: los efectos diferenciales entre pobreza absoluta y relativa (Blau y Blau, 1982:114-129; Messner, 1982:225-240; Williams, 1984) y los efectos de la pobreza en combinación con procesos de estratificación y desigualdad (Anderson, 1999; Wilson, 1987). El objetivo era diversificar el foco de atención e incluir los efectos que otros procesos económicos y sociales, en combinación con la pobreza, pueden tener en la generación de contextos sociales con alta incidencia criminal. Esta postura combina argumentos estructurales (pobreza, desigualdad y estratificación) con argumentos culturales (subculturas criminales), para pasar de explicaciones normativas, culturales y conductistas como soluciones adaptativas, a situaciones de privación estables y de largo plazo, como condición necesaria para que la probabilidad de ser parte de una conducta criminal y/o violenta se incremente (e.g. Wilson, Anderson, Hagan, Peterson, Short).

Sin embargo, esta aproximación todavía no es considerada como el estándar en las explicaciones sobre crimen y privación absoluta. A pesar de su extendida presencia, el espectro todavía está dominado por el argumento conductual donde la experiencia individual de pobreza se mantiene como el mecanismo inductor de conductas criminales. Es precisamente en este punto donde varios problemas teóricos y empíricos aparecen, ya que es particularmente difícil saber cómo una característica estructural puede influenciar la motivación de los individuos para cometer un crimen. A pesar de ello la relación pobreza-crimen sigue dependiendo de la experiencia individual de privación.

Al revisar los estudios más citados de esta perspectiva es difícil hacer una declaración definitiva sobre el vínculo pobreza-crimen, ya que nuevamente la evidencia empírica no es contundente. Por ejemplo, existen estudios con soporte empírico a favor de la relación (Kim y Pridemore, 2005; Messner, 1982:225-240; Messner et al., 1999; Pratt y Cullen, 2005:373-450; Pridemore, 2002:127-156; 2008), en contra (Blau y Blau, 1982:114-129; LaFree, 1999:124-148; Messner y Rosenfeld, 1997); y con efectos “relativos” mediados por relaciones entreveradas con otro tipo de elementos (Beeghley, 2003; Archer y Gartner, 1984; Shott, 1997; Sampson et al., 1995).¹⁷

Estos resultados ponen en dificultades a cualquier argumento teórico. Una de las principales causas de esta disparidad es la falta de homogeneidad en la definición de pobreza y los indicadores que le corresponden. Por ejemplo, pobreza puede ser definida a partir de consumo, ingreso o no-ingreso, y a cada definición le corresponde un grupo específico de indicadores.¹⁸ No obstante en varios estudios no hay una correspondencia entre definición e indicador aplicado. Error que genera importantes inconsistencias en los resultados (Pridemore, 2008:127-156).

Otro interesante problema son los efectos heterogéneos de la pobreza dependiendo de factores como tipo de crimen y nivel de observación. Previamente, la literatura ha identificado que los efectos de pobreza pueden diferir de acuerdo con el tipo de crimen. Por ejemplo, el efecto de la privación absoluta es mayor para los crímenes patrimoniales que para los violentos y en algunos casos la relación (con crimen violento) tiende a ser negativa (Kelly, 2000:530-539; Neckerman y Torche, 2007). En lo que concierne al nivel de observación, hay evidencia de pequeñas divergencias entre los efectos de pobreza y el nivel de agregación de la unidad de análisis (Pridemore, 2008:133-154). Existen resultados que van desde una asociación estable entre pobreza y homicidio al nivel comunidad hasta una relación débil o en sentido contrario a nivel nacional. El caso paradigmático es la ausencia de relevancia estadística de pobreza como indicador para los Estados Unidos a nivel nacional, comparado con una covarianza estable y robusta a nivel transversal.¹⁹ Este problema también existe a nivel comparado ya que en los pocos estudios entre naciones es común encontrar covarianzas entre pobreza y crimen patrimonial y violento, lo que haría suponer que países pobres son contextos favorables para el crimen (Fajnzylber et al., 1998; 2002). No obstante, este descubrimiento no se encuentra con la misma claridad cuando se comparan unidades de análisis más pequeñas como ciudades, condados o comunidades. Las razones detrás de este diferencial sugieren que la relación entre factores económicos y homicidio es de naturaleza cambiante, es decir, que sus efectos son sólo visibles en unidades de análisis de cierto tamaño. Sin embargo, este tema todavía tiene que ser explorado con suficiencia en la literatura.

Como hemos visto en esta revisión se ha clarificado que la relación pobreza-crimen no sólo es interesante sino que tiene algunos problemas que resolver para constituirse como parte de una explicación más sólida y robusta. El estatus de la pobreza como factor criminogénico es poco convencional. Mientras que se ha convertido en una asociación directa (casi de sentido común) donde es difícil negar que vivir en condiciones de pobreza puede llegar a favorecer conductas criminales, todavía hay muchos problemas para especificar los mecanismos causales y su correspondiente verificación empírica. No obstante, como hemos visto en la revisión de los otros componentes de la dimensión económica del crimen, estas dificultades son más bien una característica común que la excepción. El balance entre argumentos teóricos satisfactorios y el soporte empírico necesario es desafortunadamente una rara circunstancia en la dimensión económica del crimen, particularmente (pero no exclusivamente) para los niveles agregados.

Privación relativa: desigualdad

Privación relativa es la dimensión subjetiva de la privación y se define como el resultado de un proceso (individual) de comparación entre el nivel de acceso a oportunidades económicas que un grupo social tiene en relación con otro. Cuando la distribución de oportunidades es desigual (o se percibe como tal) entonces aparecen sentimientos de injusticia, frustración y hostilidad. Para captar las diferencias en la distribución se suelen emplear medidas de desigualdad económica como referentes empíricos de privación relativa: “[...] en las ciencias sociales, el interés en la desigualdad socioeconómica se enfoca en las consecuencias de la diferenciación jerárquica de atributos. Desigualdad implica que categorías sociales y grupos de personas están categorizados y ordenados en relación el uno con el otro y las categorías de individuos están estratificadas socialmente en grupos superordinados y subordinados” (Hagan y Peterson, 1995).²⁰

Estos tres argumentos sobre los efectos de la desigualdad económica en el crimen se encuentran fuertemente basados en la experiencia de privación relativa como un factor suficiente para la emergencia de las conductas criminales. Como en el caso del vínculo entre pobreza y crimen, desigualdad depende enormemente de un catalizador para adquirir sus propiedades criminogénicas: sentimientos de frustración y hostilidad. En consecuencia también aparecen dos problemas en relación con desigualdad económica: primero, el inferir estados psicológicos individuales a partir de características macrosociales (King et al., 1994); segundo, la falta de datos para obtener una prueba satisfactoria ya sea de los procesos individuales (frustración y hostilidad) o para los elementos macro de la relación (Chamlin y Cochran, 2006).

La privación relativa también está vinculada con varios problemas conceptuales propios de los estudios que utilizan desigualdad económica como indicador. Es usual, por ejemplo, encontrar problemas sistemáticos alrededor de la diferencia entre pobreza y desigualdad. Mientras que existen trabajos que reconocen una clara diferencia entre los conceptos y sus efectos (Kubrin, 2003:139-170; Short, 1997; Williams, 1984:283-289), también hay interesantes ejemplos donde desigualdad es adoptada como un dimensión de la pobreza (Krahn et al., 1986; Krahn, 1978:654-670). Ésta se basa en la idea de que pobreza es un periodo de adversidad económica que puede ser experimentado en dos formas mutuamente excluyentes, a saber, la experiencia absoluta o relativa de pobreza. La primera se centra en el deterioro constante y absoluto de las condiciones materiales fundamentales; mientras que la segunda depende de la existencia de un umbral predefinido (línea de pobreza o nivel de ingreso) para ilustrar la ausencia de oportunidades económicas y recursos en comparación con otros sectores de la sociedad.

Además del problema semántico, también existen dificultades sustantivas en la operacionalización de desigualdad particularmente por el tipo de referencias empíricas usadas con el concepto. El procedimiento estándar es definir desigualdad desde una perspectiva basada en la distribución del ingreso, como una ilustración del acceso desproporcional a oportunidades económicas entre personas y grupos. Sin embargo, existen otras versiones donde la medida de desigualdad se basa en diferencias en la distribución de riqueza como una mejor ilustración de desigualdad y su extensión (Cagetti y De Nardi, 2008).

Al igual que privación absoluta, el problema más relevante es el peso de la experiencia ya que las conexiones con el crimen son establecidas a partir de elementos pertenecientes a la esfera psicológica. La definición básica de privación relativa está tan estrechamente conectada con la experiencia que el proceso de comparación social es considerado como una condición necesaria, casi suficiente, para la ocurrencia de la privación relativa y sus características criminogénicas. En vista de ello es pertinente preguntarse si es posible mantener el eslabón entre desigualdad y crimen sin recurrir a inferencias basadas en la aparición de sentimientos de frustración y hostilidad. Una probable respuesta sería mediante la inclusión de preguntas sobre los patrones de distribución de desigualdad de acuerdo con características socio-demográficas.

Una interesante alternativa en este sentido proviene nuevamente de Judith R. Blau y Peter M. Blau (1982:114-129). Su trabajo es un muy buen ejemplo de cómo pueden incorporarse ese tipo de preguntas para explicar la vinculación entre privación relativa y estratificación social. El trabajo de los Blau puede ser apreciado como una reformulación de elementos clásicos de la etapa tardía de la teoría de la anomia (Merton) o de algunos elementos de la teoría marxista clásica, ya que en ellos se encuentra claramente sugerido que la desigualdad tiene (independientemente de características sociodemográficas) efectos criminogénicos. Sin que esto deje de ser cierto, la propuesta de los Blau también representa un mejoramiento del entendimiento sobre cómo las interacciones entre procesos económicos y sociales pueden influenciar la variación del crimen. Esta relativamente nueva tendencia en el estudio del crimen comenzó en la década de 1980 con la publicación del artículo “El costo de la desigualdad: estructura metropolitana y crimen violento” (Blau y Blau, 1982). El artículo representó un cambio importante en la manera de examinar la relación desigualdad-crimen a la luz de variables que no habían sido consideradas anteriormente. El nuevo elemento era la asociación entre la distribución de desigualdad y la atribución a un grupo étnico particular. La principal implicación de este cambio propone que los efectos de la desigualdad en el crimen pueden ser mejor evaluados al estudiar la desigualdad atribuida a la raza, porque la desigualdad económica, particularmente en Estados Unidos, no está distribuida aleatoriamente.

El trabajo de los Blau también representó el reforzamiento de la perspectiva sociológica en la explicación del crimen. Su perspectiva no sólo se enfocaba en los procesos conducentes a la modificación de controles internos o hacia la débil asimilación de valores o normas. Más bien su principal interés estaba ubicado en descubrir hasta qué punto los procesos sociales generados por la desigualdad económica eran más intensos con la aparición de desigualdades económicas atribuidas.

El argumento detrás de los efectos criminogénicos de la desigualdad atribuida se basa en la idea de sociedades democráticas occidentales que, al hacer suyos los ideales de legalidad y equidad, hacen que la desigualdad económica sea reconocida como algo injusto. Cuando esas desigualdades incrementan como resultado de la pertenencia a un grupo étnico o racial particular, la percepción de injusticia no sólo será más fuerte, sino que también generará “alienación, desesperación y conflicto” (Blau y Blau, 1982:126). Esta forma de desigualdad es un contexto propicio para la continua aparición de conflictos interpersonales con una alta probabilidad de terminar en actos de violencia criminal. En este caso, los efectos de la desigualdad atribuida no están dirigidos hacia el individuo sino hacia el nivel agregado, ya que minan la interacción social, fomentan la desorganización social, la aparición de animosidades subyacentes y un alto grado de desorientación en la forma de no-regulación de pasiones y la falta de integración de valores y normas (Blau y Blau, 1982).

En otras palabras, la propuesta de los Blau llama la atención sobre la distribución heterogénea de la pobreza y la desigualdad como el resultado de un patrón de distribución por atributos basados en características sociodemográficas específicas. Tales patrones estarían en consecuencia vinculados estrechamente con la variabilidad de la tasa criminal. ¿Cómo se tiene que describir, explicar y probar dicho proceso? Es una de las preguntas más importantes que la investigación contemporánea tiene que resolver. Al respecto aparecen ciertos problemas al plantear preguntas complementarias como: ¿hasta que punto esta conexión entre desigualdades atribuidas y crimen se limita a algunos contextos?, ¿es esta interacción exclusiva de un contexto histórico particular de discriminación y desigualdad como el estadounidense?, ¿es posible encontrar relaciones similares en naciones occidentales con otros patrones históricos de desarrollo?, ¿son efectos de la desigualdad atribuida mediados o moderados por algún tipo de configuración institucional?

Antes de la aparición del concepto de desigualdad atribuida ya se sabía que procesos económicos que derivan en privación relativa tienen un impacto positivo en la variación del crimen, es decir, es usual encontrar que naciones, ciudades y comunidades con altos niveles de privación relativa tienen una probabilidad mayor a tasas criminales altas. No obstante, la aparición de desigualdades atribuidas representa un mejoramiento en la explicación del mecanismo detrás del vínculo entre privación relativa y crimen. Al desagregar o romper la desigualdad económica en sus patrones diferenciales de distribución e identificando los factores que determinan dicha distribución, el concepto de privación relativa gana en complejidad y capacidad explicativa. El punto central es el rol del contexto social y las desigualdades adscritas como una estructura históricamente determinada. Es decir, existen patrones de distribución que pueden variar de acuerdo con características históricas de tipo local o nacional. La sola inclusión de este punto representa por sí misma una ganancia para las explicaciones ecológicas del crimen.

Conclusiones

A lo largo de este artículo se ha revisado cada una de las formas en que el vínculo economía-crimen ha sido tratado en la literatura. Ahora podemos decir que las propiedades criminogénicas de los procesos económicos son dos: la alteración de procesos psicológicos (creación de motivaciones) y la transformación de procesos sociales que afectan la variación del crimen. De igual forma hemos visto que la única “perspectiva” basada en los efectos de las condiciones económicas que puede ser calificada como un explicación económica del crimen sería la propuesta basada en los supuestos de: racionalidad, motivaciones hacia el crimen, efectos disuasivos y la aplicación de modelos econométricos. Sin embargo, a pesar de su éxito en explicar ciertas conductas criminales también resultan inapropiados para el estudio del crimen violento.

Lo que queda es un grupo heterogéneo de explicaciones que parece estar mucho más interesado en la validación empírica del vínculo entre algunos indicadores económicos (p.ej. desempleo, crecimiento económico, pobreza y desigualdad) que en la variación de las tasas criminales. Estas explicaciones están caracterizadas por cuatro tipos de problemas: primero, sus argumentos vinculan una característica x de la economía con el crimen a partir de una relación directa entre la variable independiente y la dependiente. Segundo, están enfocados en la explicación de los efectos a nivel individual: la motivación criminal a partir de sentimientos de frustración, coraje, estrés, etcétera. Tercero, las explicaciones económicas se encuentran fragmentadas por lo que limitan la construcción de un enfoque más amplio de la dimensión económica del crimen, donde diferentes aspectos de la economía pudieran ser integrados en un concepto amplio que reflejara la complejidad de los diferentes tipos de factores económicos involucrados en la variación del crimen y su distribución. Cuarto, todo esto ha redundado en la depreciación del contexto social como un factor relevante en la explicación del vínculo entre condiciones económicas y el crimen.

Una posible respuesta a estas deficiencias tiene que estar dirigida hacia la reva­luación de la forma en que variables económicas y no económicas interactúan en un contexto, incrementando la probabilidad de que las personas que lo habitan se vean involucradas en comportamientos desviados y conductas ilegales. Estos esfuerzos son importantes para recobrar terreno de frente a otro tipo de explicaciones donde el acento ha sido puesto en la racionalidad económica o en definiciones mínimas de la economía. La investigación contemporánea (sobre todo la comparativa) necesita hacer un gran esfuerzo por reafirmar la influencia de las condiciones económicas desde un punto de vista más amplio. Esta reformulación y ampliación del contexto tiene que estar enfocada a resolver dos preguntas fundamentales sobre la dimensión económica del crimen que, a pesar de décadas de investigación, no han encontrado una respuesta satisfactoria: ¿cómo las dificultades económicas afectan el incremento de actividades criminales?, ¿de qué forma los procesos económicos pueden llegar a tensar un contexto social? Son preguntas que la investigación futura en la criminología y la sociología del crimen tendrán que resolver.

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Notas

¹ Posteriormente esta tendencia se fortaleció con la aparición de estadísticas sociales y económicas: […] en el siglo XIX, la proliferación del interés por la reproducción de estadísticas sociales y económicas, también dio lugar a una serie de estudios sobre la relación entre el ‘ciclo económico’ (entendido, tentativamente, como un aspecto inevitable de las sociedades industriales capitalistas) y las tasas de crimen” (Taylor, 1997:267).

² Este razonamiento también es parte medular de la relación entre desarrollo económico y crimen donde: indicadores positivos de desarrollo económico están relacionados con índices bajos de criminalidad.

³ A través del utilitarismo de Jeremy Bentham y James Mill, de la teoría clásica de la disuasión de Cesare Beccaria y de la escuela positiva de Lombroso, la elección racional comparte orígenes intelectuales con secciones clásicas del pensamiento criminológico como la teoría del control. Por ejemplo, Paul Rock define a la elección racional como una perspectiva “[...] cada vez más importante, pero no un elemento fundacional indispensable de las teorías del control” (Rock, 1997:243).

⁴ También se puede considerar como una mezcla particular entre el individualismo metodológico y el atomismo.

⁵ Con raíces intelectuales en el pensamiento de Max Weber, el individualismo metodológico identificó el origen de los fenómenos sociales en las acciones de los miembros de la sociedad y dichas acciones sólo pueden ser explicadas haciendo referencia a los estados intencionales que motivaron la acción del actor individual.

⁶ La diferencia entre el individualismo metodológico y el atomismo radica en que para el primero la explicación de los fenómenos sociales está en la acción del individuo y las referencias sociales que lo motivaron para actuar, mientras que el atomismo está interesado en los motivos psicológicos del individuo. El primero está vinculado con una teoría de la acción social, mientras que el segundo trabaja con teorías del comportamiento.

⁷ Basado en la síntesis de Bill McCarthy (2002).

⁸ Si una persona prefiere a sobre b y b sobre c, entonces también prefiere a sobre c.

¹⁰ Para McCarthy (2002) el problema es que el economista promedio no está muy interesado en desarrollar una distinción entre comportamiento racional e irracional.

¹¹ Para una lista detallada consúltese Nagin (1998:1-42).

¹² Los autores no sólo proponen una relación directa entre cambios en el ciclo económico y el crimen sino que también introducen una clara crítica contra el sistema capitalista de producción y su dependencia con la inestabilidad crónica en el mercado laboral.

¹³ Otra interesante aportación de este estudio fue la forma en que los efectos de las fluctuaciones en la economía también están afectados por desfases temporales (time lags), por ejemplo, los efectos de la crisis económica en la motivación están sujetos a desfases mientras que los relacionados con la protección de bienes son presentes.

¹⁴ Para revisiones detalladas sobre esta perspectiva consultar: Shelley (1981); LaFree y Kick (1986); Messner (2003).

¹⁵ Por ejemplo, existen países con altos altos niveles de bienestar y bajas tasas de criminalidad. Sin embargo, hay casos paradigmáticos con una relación inversa: altos niveles de desarrollo y altas tasas de violencia criminal como Estados Unidos y Finlandia. Neuman y Berger (1988:281-313) y Neapolitan (2003:79-89).

¹⁶ Estas ideas recibieron muchas críticas hacia final de la década de 1970 debido a algunas debilidades teóricas y empíricas, las más importantes son: la relación entre crimen y pobreza es resultado de la parcialidad del sistema de justicia hacia los pobres (Tittle et al., 1977:474-502); y los efectos diferenciales de pobreza dependiendo del tipo de crimen (Elliott et al., 1985); Tittle, Villemez, y Smith, 1985).

¹⁷ Los indicadores más usados para estudiar la relación pobreza-crimen son ingreso medio, porcentaje de familias bajo la línea de pobreza, distribución de ingreso, proporción de afroamericanos y proporción de familias con un solo hijo Land, McCall y Cohen (1990).

¹⁸ Por ejemplo: consumo: gasto y riqueza; ingreso: producto interno bruto, PIB per cápita y producto nacional bruto; no-ingreso: esperanza de vida, educación, mortalidad infantil.

²⁰ La primera vez que se asoció el término privación relativa con la aparición de conductas y fenómenos sociales fue en libro The American Soldier de Samuel Stouffer, Studies in Social Psychology in World War II (1949).

²¹ Esta clasificación difiere levemente con la propuesta por Neckerman y Torche sobre los tres mecanismos que conectan desigualdad y crimen: 1) la explicación económica donde las dificultades y las carencias generadas por la desigualdad económica incrementan los beneficios calculados y/o esperados de una acción criminal; 2) la explicación psicosocial que ilustra los efectos criminogénicos de los sentimientos de frustración y hostilidad engendrados por las percepciones de privación relativa; 3) el argumento de la organización social donde las características comunales como el capital social y la eficacia colectiva son vistas como mediadores de los efectos de la desigualdad económica (Neckerman y Torche, 2007:335-357).