El mito, la tierra , el Príncipe*

Rhina Roux

Doctora en Ciencias políticas por la UNAM. Profesora - Investigadora titular adscrita al departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. Miembro del sistema nacional de Investigadores. Es autora del El príncipe mexicano subalternidad, historia y estado, Era. México. 2005.

No hay oposición de principio entre principado y república, ]]> sino que se trata más bien de la hipóstasis de los dos momentos
de autoridad y universalidad.

ANTONIO GRAMSCI

Resumen

Este texto analiza la conformación del Estado surgido de la Revolución Mexicana. Se sostiene en la comprensión del Estado como un proceso relacional entre seres humanos: una forma de la vida social que no está dada de antemano, que se realiza en el conflicto, en cuya configuración participan también las clases subalternas y cuyos fundamentos inmateriales se tejen en los tiempos largos de la historia. Esta interpretación, recuperando la lectura gramsciana de Maquiavelo, encuentra en el mito de la comunidad agraria enraizado en el imaginario popular, la clave para entender la legitimidad del Estado posrevolucionario.

Palabras clave: Gramsci, Estado, Revolución Mexicana.

Abstract

This paper analyzes the formation of the State emerged from the Mexican Revolution. It rests on the understanding of the State as a relational process: a form of social life which takes place in the struggle and resistance, in which configuration the subaltern classes also participate, and whose foundations are woven intangible long time in history. Recovering the Gramscian reading of Machiavelli, this paper find in the myth of the agrarian community the key to understanding the Mexican Revolution State's legitimacy.

En 1932, preso en las cárceles mussolinianas, Antonio Gramsci comenzó la redacción de su cuaderno de notas sobre Maquiavelo. Comentando el estilo literario de El Príncipe, obra inaugural del pensamiento político moderno, Gramsci anotaba:

La característica fundamental de El Príncipe es la de no ser un tratado sistemático sino un libro "vivo", en el que la ideología política y la ciencia política se fusionan en la forma dramática del "mito". Entre la utopía y el tratado escolástico, las formas en que la ciencia política se configuraba hasta antes de Maquiavelo, dieron a su concepción la forma fantástica y artística, por la que el elemento doctrinal y racional se encarna en un condottiero, que representa plástica y "antropomórficamente" el símbolo de la "voluntad colectiva".

Y más adelante, reflexionando sobre los motivos de la redacción del célebre tratado, Gramsci apuntaba:

El Príncipe de Maquiavelo podría ser estudiado como un ejemplo histórico del "mito" de Sorel, es decir, de una ideología política que no se presenta como una fría utopía, ni como una argumentación doctrinaria, sino como la creación de una fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva.¹

La reflexión gramsciana sobre El Príncipe de Maquiavelo, que encontró en la obra del florentino no un recetario de consejos para príncipes sino un manifiesto político dirigido al pueblo, apuntaba así al núcleo frágil y delicado implicado en la conformación de una relación estatal: el que deriva de que el Estado no es una asociación natural o un epifenómeno de la economía, sino un artificio humano.

No era en la voluntad arbitraria o en el deseo sino en el arte de la política donde Maquiavelo encontraba la clave de la intervención humana fundadora de Estados: el único capaz de crear, domeñando la fortuna y siempre en el terreno de la realidad efectiva, las relaciones de fuerzas sociales necesarias para la construcción de un orden político nuevo.² Ese arte no se reducía, como en el caso de los principados hereditarios, al frío cálculo de saber gobernar una ciudad ya constituida. Suponía también, en la lectura de Gramsci, la capacidad de suscitar y conducir una voluntad colectiva: motivo y pasión de Maquiavelo en la Italia de su tiempo, fragmentada y sometida por poderes extranjeros.

"Mito" no quería decir en este caso, como en el lenguaje habitual, una leyenda o narración falsa. Significaba más bien la existencia, en el imaginario colectivo, de representaciones acerca de un futuro indeterminado en el tiempo que motivaban a los seres humanos a la acción. "Los hombres que toman parte en los grandes movimientos sociales se imaginan su acción inmediata en forma de batallas que conducen al triunfo de su causa", escribía Sorel explicando la fuerza y realidad de los mitos como impulso vital de las grandes acciones humanas, cuyos ejemplos encontraba en la imagen cristiana de la redención, la renovación del cristianismo en la Reforma protestante, la Revolución Francesa, la idea de la revolución en Marx y la huelga general del sindicalismo revolucionario. Y alertando al historiador sobre la necesidad de considerar esas representaciones colectivas para la comprensión de los movimientos sociales, Sorel advertía:

No hay que tratar de analizar esos sistemas de imágenes, tal como se descompone una cosa en sus elementos, sino hay que tomarlos en bloque en cuanto fuerzas históricas, y sobre todo hay que guardarse de comparar los hechos consumados con las representaciones que habían sido aceptadas antes de la acción³.

Mito, pasión y deber ser, a contrapelo de la lectura convencional, aparecían entonces a los ojos de Gramsci entrelazados en El Príncipe como los resortes subjetivos que podían impulsar a la acción, suscitando esa voluntad nacional-popular de la que el Príncipe, el condottiero, era solamente una representación simbólica. "El límite y la angustia de Maquiavelo", concluía el sardo, "consisten sólo en haber sido una ‘persona privada', un escritor y no el jefe de un Estado o de un ejército, que es también una persona individual, pero que tiene a su disposición las fuerzas de un Estado o de un ejército y no sólo ejércitos de palabras".

En México ese mito, "fantasía concreta que actúa en un pueblo disperso y pulverizado para suscitar y organizar su voluntad colectiva", estuvo ligado a la tierra.

CULTURA MATERIAL, EXPERIENCIA, HISTORIA

Desde tiempo inmemorial el territorio mexicano fue patrimonio de sus comunidades originarias, la prenda de su relación sagrada con la naturaleza, con los dioses, con los antepasados y los descendientes. Esa noción de un patrimonio común —tierras, aguas, montes, pastos, bosques, ríos, lagos— persistió en el imaginario de las comunidades aun en los siglos del virreinato colonial, sobreviviendo en el derecho indiano y en los mitos, los rituales, las fiestas y el resguardo de los títulos primordiales sobre la tierra que Enrique Florescano analizó como reservorios de la memoria indígena.⁴

Ese antiguo sustrato cultural de la sociedad mexicana, negado en las constituciones liberales, resistió en la cascada de rebeliones indígenas y campesinas que atravesó la historia poscolonial: en la defensa de la tierra y los bienes comunales con que más de un centenar de insurrecciones enfrentaron en el siglo XIX el ciclo de acumulación por despojo abierto con las reformas borbónicas, continuado en el juarismo y acelerado en los años de "modernización" porfirista.

Frente a la fría utopía liberal de una sociedad atomizada de individuos abstractos unida por los lazos invisibles del mercado, esas rebeliones antepusieron una y otra vez el mito redentor de una comunidad cuya representación simbólica fue la tierra. En esa construcción simbólica la tierra no significaba solamente un bien natural garante de la autosuficiencia material o un "modo de producir". En la conservación de la tierra y de los bienes comunales que impulsó las rebeliones agrarias del siglo XIX estaba contenida la resistencia de un mundo de la vida que se negaba a ser disuelto: con su entramado de costumbres y reglas morales, su relación sagrada con la naturaleza, una vivencia lúdica del trabajo ajena al ethos puritano y una noción del tiempo ligada más a los ritmos de la cosecha que al tiempo lineal del "progreso". Pero estaba también contenida una lucha de las comunidades agrarias por derechos y jurisdicciones.

En el violento proceso de centralización política y eliminación de fueros y autonomías que estaba inscrito en la conformación de una forma estatal, las comunidades peleaban también la conservación de las jurisdicciones político/territoriales que les permitían controlar sus territorios, administrar sus bienes e impartir justicia. No fue casual que la defensa de derechos comunales sobre tierras, montes y aguas estuviera innumerables veces acompañada de demandas de autonomía política.

Ante la desaparición de las "repúblicas de indios", forma con que la monarquía española reconoció derechos territoriales de las comunidades, la recuperación del ayuntamiento de raigambre liberal fue un ejemplo temprano de los recursos utilizados por las comunidades agrarias para preservar sus identidades, derechos territoriales y formas de gobierno.⁶ En esa confrontación política, en que no dejaron de invocar derechos originarios y títulos de propiedad amparados por la legislación colonial, las comunidades agrarias no sólo adoptaron para su sobrevivencia el discurso y las instituciones liberales (como la autonomía municipal, que acompañó durante la Revolución Mexicana la expedición de las leyes agrarias zapatistas promulgadas en Morelos). Llegaron también a imaginar, abrevando del pensamiento ilustrado y aun de los ecos que llegaban de la Comuna de París, la construcción de una república confederada de pueblos y comunidades autónomas, en la que el consejo municipal, la rendición de cuentas y la revocación del mandato serían los instrumentos de ejercicio de la función gubernativa y de intervención de los pueblos en los asuntos públicos.

El Plan Socialista con que los pueblos rebeldes de Sierra Gorda declararon en 1879 la guerra al gobierno porfirista fue un ejemplo ilustrativo de esa imagen mítica. Considerando que "Dios creó la tierra para todos los hombres, y por lo mismo todos deben ser dueños del suelo", el Plan otorgaba a la nación la propiedad original del territorio, contemplaba el reparto, deslinde y restitución de tierras a los pueblos, las tierras comunales como bienes no enajenables administradas por consejos municipales, la gratuidad de los productos naturales del suelo común y una reforma política que daba a los consejos municipales sostenidos en los pueblos en armas las funciones de administración y gobierno de los pueblos.⁷

Si los fenómenos culturales, como sugiere John B. Thompson, deben ser entendidos no como un conjunto estático de creencias y costumbres, sino como formas simbólicas producidas y transmitidas en contextos y procesos históricos socialmente estructurados,⁸ entonces la defensa de los bienes comunes expresaba no sólo el entramado material y simbólico que daba identidad a las comunidades agrarias. Expresaba también los significados conflictivos y divergentes que, en el contexto de relaciones de dominación, tenían para sus actores el trabajo y el tiempo, el bien común y la autoridad política, la moral y el derecho, la justicia y la injusticia. A ese proceso dinámico de conformación y transmisión de la cultura popular, constituida en relación con la cultura de las élites, se refirió Gramsci cuando reflexionando sobre la compleja relación entre la dominación, el Estado y la política de las clases subalternas, sugería considerar el "folklore", la religión y las corrientes populares del "derecho natural": "aquel conjunto de opiniones y creencias sobre los 'derechos propios' que circulan ininterrumpidamente en las masas populares, que se renuevan de continuo bajo el impulso de las condiciones reales de vida y de la espontánea confrontación entre el modo de ser de las diversas capas".⁹

La noción de la tierra y los bienes naturales como patrimonio común, que persistió en el imaginario colectivo siendo uno de los resortes populares de la Revolución Mexicana, reapareció transfigurada en el artículo 27 de la Constitución de 1917.

EL TRIUNFO DE LOS VENCIDOS

"No es en la economía ni en la política sino en la historia (en cada historia específica), en sus tiempos largos y en su complejo entramado de relaciones de dominación y dependencia, donde se puede descifrar el código genético de cada revolución", escribió Adolfo Gilly reflexionando sobre esas violentas rupturas de formas políticas de la dominación que en la historia moderna se llaman "revoluciones". Y más adelante, tratando de descifrar las claves de una revolución victoriosa, el historiador apuntaba:

[...] una rebelión, que para sus participantes es un acontecimiento peligroso y cuidadosamente meditado, presupone un imaginario común entre aquellos que se rebelan. Este imaginario no proviene de las teorías o los programas de las élites cultas. Es un racimo de ideas, creencias y sentimientos enraizados en la historia. Las élites, si van a desempeñar el papel de tales, están obligadas a comprender y a poner en conexión con ese racimo sus propias ideas y visiones, sean éstas religiosas, políticas o utópicas, acerca de la reorganización de la sociedad y del poder.

Lo que entonces sobreviene no es una simple adaptación de ideas, sino un diálogo implícito, una negociación y una creación dentro de la intensa actividad espiritual e intelectual de cada revolución. Así se conforma el discurso propio y novedoso de cualquier movimiento rebelde, viejo y nuevo a la vez y por todos compartido: no la conservación del pasado, sino la redención de sus esperanzas en la novedad de la revolución, en sus discursos y en sus actos.¹⁰

En esa conexión de ideas, creencias y sentimientos, que en una revolución genera encuentros inéditos como el de Felipe Carrillo Puerto con los zapatistas o el de Villa y Felipe Ángeles en la Revolución Mexicana, se va también fermentando lo que Gramsci llamó hegemonía: ese marco común material y significativo que, enlazando a élites dirigentes y clases subalternas, permite que la dominación sea consentida y establecida en una relación perdurable de mando/obediencia.¹¹ Sin esa conexión es imposible comprender las razones de Lucio Blanco o Francisco J. Mágica, jefes militares del constitucionalismo, para desafiar al carrancismo ocupando haciendas y restituyendo tierras en los estados que sus tropas iban ocupando; las de Felipe Carrillo Puerto para organizar, después de su encuentro con el zapatismo, las ligas de resistencia campesina en Yucatán; las que hicieron del general Álvaro Obregón jefe militar de la coalición revolucionaria triunfante apoyado por el ala sobreviviente del zapatismo o las de los veinte mil campesinos armados que siguiendo al coronel Adalberto Tejeda y a contracorriente de la tendencia nacional, lograron arrancar entre 1929 y 1932 el mayor reparto de tierras registrado en la historia veracruzana.

Una relación estatal no surge de las leyes escritas o de la cabeza de los gobernantes. No se reduce a promulgar una constitución o a organizar un aparato de administración pública, un ejército y una burocracia. Si el Estado es un concepto que refiere a un proceso relacional entre seres humanos (y no un aparato o conjunto de instituciones), entonces la relación estatal se conforma en el conflicto y la negociación entre élites dirigentes y clases subalternas, cuyas acciones están modeladas por la experiencia y encuadradas en entramados simbólicos cultivados en la historia. Comprender el modo de estructuración y funcionamiento de una forma estatal específica implica analizar cómo, por qué y desde dónde, en una configuración del mundo, se tejen los lazos materiales e inmateriales que unen a dominadores y dominados en una comunidad estatal: el tejido de vínculos que reproducen ese orden en la mente y en la conducta de los individuos consigo mismos y en sus relaciones con los otros, así como el conjunto de derechos, obligaciones y restricciones que, de hecho o de derecho, constituyen y recrean un modo de mandar y de obedecer, un modo de sujetarse y de insubordinarse y una forma de politicidad.¹²

La Revolución Mexicana interrumpió el proceso desatado en el siglo XIX y acelerado en los años de la "modernización" porfirista. Comprender el alcance de esa revolución agraria victoriosa requiere redimensionar el abrupto golpe dado en diez años a lo que constituía una tendencia secular: el despojo de bienes comunales y la desintegración de la comunidad agraria. Tan sólo entre 1883 y 1907, años del torbellino "modernizador" porfirista, un cuarto de la superficie del territorio nacional (49 millones de hectáreas) pasó a manos privadas.¹³ La insubordinación campesina de 1910-1920 frenó esa tendencia.

La Revolución no sólo destruyó un ejército, derrumbó un aparato estatal y remplazó a una élite gobernante. Puso diques a la destrucción de un mundo de la vida con raíces antiguas e impuso en el orden jurídico del Estado dos principios provenientes de la tradición de derecho público de la monarquía española que serían constitutivos de la relación estatal mexicana y fundamento de la legitimidad de sus élites dirigentes: la preservación de las comunidades agrarias y el reconocimiento de su derecho al usufructo de la tierra (bajo la forma del ejido) y el dominio primigenio de los bienes naturales comprendidos en el territorio nacional como patrimonio del pueblo mexicano: tierras, aguas, bosques, costas, salinas, minerales y petróleo.

Lo que esos principios significaban para las élites externas quedó registrado en los informes diplomáticos de la época. "No creo que sea necesario comentar el artículo 27", escribía Joseph Couget, encargado de la legación francesa en México, a pocos días de promulgada la Constitución mexicana:

Basta con leerlo para ver que justifica, con anticipación, los atentados más arbitrarios contra la propiedad y despoja a ésta de toda seguridad: ese artículo amenaza gravemente los intereses de las sociedades francesas propietarias de México.¹⁴

Graves abusos surgirán probablemente en relación con la división de tierras y los propietarios estarán a merced de las autoridades designadas para llevar a cabo esa división. A los pueblos y aldeas que no tienen suficiente tierra les serán otorgadas a expensas de los propietarios de grandes extensiones [...] Uno de los más importantes puntos en este artículo es que el petróleo es declarado propiedad de la Nación. Hasta ahora el petróleo ha sido propiedad de los dueños de la superficie del suelo, y los subditos británicos han gastado grandes sumas comprando o rentando derechos petroleros de los propietarios de la superficie. Ahora "el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible". El agua que se toma afuera de las minas es ahora propiedad de la Nación y los propietarios de minas serán probablemente obligados a pagar al gobierno por el uso del agua que ellos han bombeado desde sus propias minas.¹⁵

La guerra campesina no devolvió la autonomía a los pueblos, como planteaba el Plan de Ayala, pero levantó diques protectores de las comunidades agrarias, puso cercos al capital y, sin que sus actores se lo propusieran, forzó el establecimiento de principios constitucionales que sustentarían la existencia de una comunidad estatal. Ese marco constitucional definió el campo contencioso en que se estableció durante las décadas de 1920 y 1930 una relación estatal de mando/obediencia: el proceso disputado y conflictivo de conformación de un mando nacional y de una hegemonía.

La promesa de reparto agrario contenida en el artículo 27 constitucional abrió un nuevo ciclo de organización y movilización campesina que prolongó en la década de 1920, en regiones que habían permanecido inactivas durante la Revolución, los años de violencia agraria, modelando en el proceso la politicidad campesina. Fue en ese nuevo ciclo de movilización campesina, articulada en torno a caudillos y jefes militares regionales, en que se selló la derrota política del carrancismo y se definió la fracción militar triunfante de la Revolución bajo la jefatura del general Álvaro Obregón: una coalición frágil e inestable de jefes militares encabezados por los rancheros sonorenses, nutrida de figuras provenientes del ala izquierda del constitucionalismo (los llamados "jacobinos") y sostenida en las fuerzas sociales del zapatismo sobreviviente y el Partido Laborista de Morones.

La rebelión de Agua Prieta, acta sangrante de bautismo de la élite gobernante posrevolucionaria, confirmó así lo anunciado desde 1914 en la Convención de Aguasca-lientes: que en las nuevas reglas del régimen posrevolucionario la jefatura de ejércitos —no las elecciones o los partidos políticos— sería un requisito indispensable para acceder al mando. Reveló además que el reconocimiento de un mando supremo transitaba todavía por la negociación con caudillos y jefes militares regionales y reveló por último que la legitimidad de la nueva élite gobernante había quedado condicionada en sus orígenes al cumplimiento de los compromisos inscritos en el artículo 27 constitucional.

Víctor Ayguesparsse, encargado de la legación francesa en México, describía en 1921 en un informe a sus superiores el "escandaloso" fraccionamiento de grandes propiedades y la afectación de "derechos de legítima propiedad" desencadenados con el reparto de tierras ejidales iniciada por el general Álvaro Obregón:

La cuestión agraria está, se puede decir, a la orden del día desde hace más de un siglo en México. La gran propiedad, en efecto, ha estado siempre desde la Independencia más o menos amenazada, y todas las revoluciones han siempre inscrito la cuestión agraria a la cabeza de sus programas. El gobierno del general Obregón, que comprende en su seno elementos ultra radicales, busca él también dar prioridad a esta cuestión sobre todas las otras. En efecto, uno de los primeros actos de este gobierno ha sido la restitución de "ejidos" a los pueblos. Desde el mes de mayo pasado, fecha del triunfo de la última revolución, han sido restituidos a más de 2 mil pueblos las tierras de propiedades circundantes; estas restituciones han provocado naturalmente los abusos más grandes y los fraccionamientos más escandalosos de algunas grandes propiedades. En la mayor parte de los casos estas "restituciones" han sido hechas sin que ningún título serio de propiedad se haya producido. De eso resulta, en las regiones más pobladas de México, particularmente en los estados de Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán la mayor confusión. Los extranjeros, poseedores de propiedades agrícolas, no han obviamente escapado a la amenaza común. Americanos, franceses, españoles y británicos se han visto amenazados en sus derechos de legítima propiedad. Una decena de nuestros compatriotas ha venido a informarme de decisiones, o a veces solamente amenazas, de comisiones agrarias tendientes a despojarlos de sus bienes, bajo el pretexto de la "restitución de ejidos".¹⁶

En Morelos el pacto con Obregón fue vivido por las comunidades agrarias no como una derrota, sino como un triunfo de la guerra campesina. En 1923 se habían repartido tierras a 115 de los 150 pueblos que entonces tenía el estado, lo cual significó en los hechos romper las estructuras de poder local de la oligarquía agraria: "mientras que los hacendados", relató Womack, "habían perdido más de la mitad de su territorio, alrededor de 16 800 ejidatarios habían tomado posesión definitiva de más de 120 mil hectáreas en forma de dotaciones de tierras y restituciones. Provisionalmente, por lo menos 80% de las familias campesinas del estado tenían ahora tierras propias, que en total ascendían a cerca del 75% de las tierras labrantías".¹⁷

LA LEY DE LA TIERRA

El golpe de Estado del general Alvaro Obregón definió en 1920 a la fracción militar triunfante de la Revolución, pero no resolvió el núcleo conflictivo implicado en el restablecimiento de una relación estatal: la suspensión de la violencia y el reconocimiento de una autoridad suprema en todo el territorio nacional. La fragmentación del país en múltiples poderes locales y regionales articulados en torno a caciques y caudillos militares, la dispersión de las armas en ejércitos autónomos cohesionados por lealtades personales, las escisiones y rebeliones de caudillos y generales de la "familia revolucionaria" y la extensión de la violencia agraria a regiones que habían permanecido inactivas durante la Revolución dejaron ver que la rebelión de Agua Prieta había sellado la derrota política del carrancismo, pero no garantizado el establecimiento de un mando supremo por todos reconocido.

Esa relación debió aun construirse en un campo de fuerzas multicolor y dinámico: en la confrontación y negociación entre las distintas fracciones de las clases dominantes, las que dividían internamente a la élite gobernante posrevolucionaria y las clases subalternas, pero también en las grandes batallas culturales emprendidas por la iglesia, los intelectuales, los dirigentes posrevolucionarios y, durante el cardenismo, por los maestros rurales. En ese proceso violento y conflictivo, cuyos resultados no estaban definidos de antemano, se fue conformando un pacto no escrito entre gobernantes y gobernados: un vínculo de mando/ obediencia recíprocamente negociado cuyo fundamento último estaba en la tierra.

Un reporte de Cunard Cummins, encargado de la legación británica en México en los años de la rebelión delahuertista, ilustra los complejos equilibrios tejidos entre el poder central, los caudillos regionales y los movimiento campesinos durante la década de 1920 y, como en imagen especular, la política autónoma de las clases subalternas y su conciencia de su papel decisorio en el escenario en que se iba disputando la existencia de un mando nacional. Su texto decía:

Lamento reportar la actividad renovada del gobierno mexicano en la expropiación de las propiedades agrarias. Parece que para obtener en los distritos rurales el número suficiente de reclutas para la campaña contra las fuerzas en rebelión, las promesas de gratificación en forma de tierras fueron otra vez empleadas como medio de persuasión, y ahora muchos de esos hombres armados regresaron a sus pueblos decididos a obtener —dicen que por la fuerza si es necesario— el cumplimiento de esas promesas hechas a nombre del gobierno que, afirman, ellos han mantenido en el poder.¹⁹

La rebelión delahuertista de 1924, cuya onda expansiva abarcó varios estados del centro y sur del país y atrajo a casi la mitad de las tropas del ejército federal, no sólo fue reveladora de las alianzas en que debió sostenerse la dinastía sonorense para conservar el mando, además del apoyo estadounidense para la regulación del tráfico de armas. Reveló también que las fisuras en la "familia revolucionaria" eran aprovechadas por los campesinos para imponer sus propias reivindicaciones. Participaban en las milicias que, a cambio de promesas de tierra, eran organizadas por los caudillos regionales. Luego regresaban a sus pueblos y se servían de esas mismas armas para cumplir directamente y por sí mismos lo prometido. Por supuesto, en las condiciones de fragilidad en que había nacido la élite gobernante posrevolucionaria, lograban lo que se proponían. Era esa estrategia de los subalternos, utilizada innumerables veces en la historia mexicana, la que sin proponérselo describía el encargado de la legación británica. En el proceso, que resultaba en constelaciones de fuerzas inéditas, las comunidades intervenían en el escenario en que se iba definiendo un mando nacional y condicionaban la obediencia. A un mes de sofocada la rebelión, desconcertado, el diplomático británico informaba a sus superiores sobre las ocupaciones de tierras por bandas campesinas que iban armadas... ¡con rifles americanos!:

]]> Inquieta observar que el pago a ciertos regimientos del ejército, como a miles de empleados civiles del gobierno, ha sido retrasado. Por otra parte, un gran número de soldados "agraristas" (indios sin uniforme o sin otra insignia que una banda roj a en sus sombreros) ha hecho su aparición en los pueblos o, al menos, en el estado de Veracruz —se dice también en otros estados— llamando a incrementar las filas "agraristas" [...] Durante las últimas semanas la invasión y fraccionamiento de propiedades en varios lugares del país y el asesinato de propietarios por bandas de agraristas armados ha provocado indignación contra el gobierno; indignación sentida por la gente más educada y culta que no encuentra expresión en esta clase que a través de la infeliz historia de los últimos años ha demostrado invariablemente una completa carencia de valor moral y físico. Numerosos casos en que los agraristas, ahora armados con rifles americanos, han asesinado a sangre fría a civiles que intentaron resistirlos, se han registrado en los estados de Jalisco, Veracruz y Puebla.²⁰

Imágenes similares aparecieron en la rebelión cristera y durante los levantamientos de los generales Gómez y Serrano (1927) y Gonzalo Escobar (1929). El reparto de tierras ejidales no fue una concesión "desde arriba" a una masa de campesinos pasiva o solamente "utilizada". La organización y movilización campesina, muchas veces organizada en milicias agrarias, no sólo era el soporte material de la autonomía de los caudillos regionales frente al poder central, sino la clave del acceso campesino a la tierra. De hecho, como dio cuenta Heather Fowler, fue durante los gobiernos de Tejeda y Cárdenas (1928-1932) y a contracorriente de la tendencia nacional, cuando las organizaciones campesinas de Veracruz y Michoacán lograron arrancar la distribución de tierras más rápida de la República.²¹

Era ese proceso de conformación de una relación de mando/obediencia en el que también participaban las clases subalternas el que, desde sus códigos, intentaba definir Jean Périer en 1927, en medio de la campaña para la reelección del general Obregón, en un informe en el que el diplomático galo revelaba también la frontera de clase, estilo de vida, educación y hasta racial que, en su mirada, separaba a la élite gobernante posrevolucionaria de su antecesora porfirista:

El general Obregón, fortalecido por su largo pasado político y el poderío de su clan, hizo una gran manifestación: el domingo 24 de julio llegó a México proveniente de su "fortaleza" Sonora, y casi 100 mil hombres, casi todos indios del campo conducidos por sus "caciques" desfilaron delante de él en las calles de la ciudad. Es viendo espectáculos de este tipo que se comprende hasta qué punto México es un "Estado indígena" gobernado, desde la caída del Antiguo Régimen, sobre todo por indios o mestizos o algunos raros blancos (de origen muy modesto, como el general Obregón) que han defeccionado de la raza blanca y adoptado una mentalidad cuasi-indígena.²²

Lo que todas esas cartas e informes diplomáticos iban mostrando era una imagen del país, de sus clases subalternas y sus élites políticas, de las formas de confrontarse y de negociar en una sociedad que iba surgiendo de una guerra campesina. Esa élite política no sólo registraba hechos que los protagonistas no se atrevían a documentar por escrito. Consignaba con mayor desenvoltura, pues se trataba de informes privados, lo que no aparecía en los registros públicos. Lo que ese discurso oculto iba revelando no sólo eran las grandes disputas jurídicas que atravesaron aquellos años, sino una trama humana y un retrato de época.

La modernización del ejército, la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR,1929) y el desarme de las milicias campesinas contribuyeron a disciplinar a los caudillos militares y a desbrozar el camino para emprender, al comenzar la década de 1930, el viraje "modernizador" del callismo clausurando el reparto de tierras y parcelando ejidos. No lograron, sin embargo, suspender la violencia ni realizar ese atributo sin el cual no existe poder estatal: la supremacía de un mando en el territorio nacional. El resurgimiento de los caciques, la persistencia del poder local de los hacendados con sus cuerpos armados privados (las "guardias blancas"), así como de jurisdicciones territoriales de compañías extranjeras (como las ejercidas de facto por las empresas petroleras en la Huasteca), todos amparados en alianzas con jefes militares regionales, prolongaron la fragmentación política y la violencia agraria. Terminar de disciplinar a caciques y jefes militares regionales, centralizar las armas, subordinar a la iglesia, eliminar poderes territoriales ejercidos fuera de la jurisdicción estatal y suspender la violencia pasaban por la afirmación de un mando nacional cuyo fundamento último no estaba en los aparatos sino en la tierra.

EL DOBLE CUERPO DEL PRÍNCIPE

Entre 1936 y 1938 la interrupción del despojo lograda por los ejércitos campesinos de Villa y Zapata se volvió auténtica inversión, en sólo tres años, de lo que había sido una tendencia secular. La reforma agraria cardenista, sostenida en una milicia rural de 60 mil campesinos, logró entonces modificar aquella tendencia y desarticular el poder de la antigua oligarquía agraria, cuyas propiedades después de la Revolución se habían mantenido prácticamente intactas. Los datos registran, en frío, lo que significó aquella inversión en caliente de una tendencia histórica: si en 1930 el latifundio seguía representando más del 80% de la tierra en propiedad privada, en 1940 casi la mitad de la tierra cultivada era propiedad ejidal. El real alcance de la reforma cardenista se revela más fielmente, sin embargo, al ponderar la proporción de tierras ejidales en relación con las tierras de labor y de riego, es decir, las más fértiles y productivas: entre 1930 y 1940 los ejidos habían pasado del 13 al 47% de las tierras de labor y del 13 al 57% de las tierras de riego censadas.²³

"Hay quienes ven en el ejido una forma primitiva o anacrónica o un simple grupo de peones incapaz de crear una agricultura moderna", apuntaba el general Cárdenas treinta años después reafirmando las razones y convicciones que sustentaron aquella empresa. Y como en lejano eco de las ideas vertidas en el intercambio epistolar entre Marx y Vera Zasúlich sobre el porvenir de la comuna rural rusa, el general mexicano agregaba:

Esta es una visión falsa e interesada que generalmente se dirige a lograr objetivos de especulación y lucro con el patrimonio y el trabajo de los campesinos. La organización del trabajo y de la producción ejidales puede lograr todas las ventajas que se atribuyen a la explotación particular en cuanto se refiere al empleo racional de los recursos humanos y los elementos técnicos modernos para aumentar la productividad. Es más, los ejidatarios, por su propia condición social, pueden adaptarse y cooperar con mayor eficacia en el desarrollo de una planeación agrícola nacional que les proteja y al mismo tiempo, fortalezca la posición del país en el mercado internacional.²⁵

La reforma agraria cardenista no sólo significó para miles de campesinos el cumplimiento de la promesa de reparto agrario contenida en el artículo 27 constitucional. Amplió el mercado campesino de bienes de consumo y renovó la malla hereditaria de costumbres y derechos contenidos en la tenencia de la tierra y en su transmisión de padres a hijos y nietos. "El nombre del general Cárdenas lo tenemos todos los campesinos porque cuando él fue presidente hasta los pajaritos cantaban alegre", escribía medio siglo después un campesino del norte resumiendo con lenguaje sencillo los significados profundos de aquel proceso en términos de la persistencia de la tierra como entramado hereditario y de la configuración hegemónica correspondiente: "nosotros de chamacos oíamos decir a nuestros padres que decían que mejor siguiera 20 años más de presidente".²⁶

El concepto hegemonía, que en el mundo griego aludía a la conducción política y militar suprema, no significa la imposición desde arriba de una ideología dominante sobre una sociedad pasiva y resignada. En su elaboración gramsciana aludía en cambio a esa dimensión material e inmaterial de un ordenamiento político que lo hace capaz de reproducirse en la vida cotidiana desde la subjetividad y las creencias colectivas. Ni establecida desde arriba ni impuesta desde abajo, la construcción de una hegemonía es en realidad un proceso en disputa: se conforma en la interacción conflictiva entre dominadores y dominados, obligando a las élites dirigentes a gobernar incorporando reivindicaciones de los grupos subalternos y a ejercer el poder político en las coordenadas del discurso público resultante.

La conformación de la relación estatal mexicana alcanzó su momento culminante en 1938, con la expropiación de la industria petrolera. Ese acontecimiento, sin precedente en los territorios que habían sido del imperio español, no sólo significó la reafirmación de uno de los principios de la legitimidad política mexicana desde tiempos inmemoriales: el derecho originario del pueblo sobre la tierra, los bienes naturales y el subsuelo. Significó también la afirmación de un mando nacional y que el control estatal de la renta petrolera quedara resguardado en el ámbito del derecho público como uno de los soportes materiales del equilibrio en la relación con Estados Unidos en las siguientes décadas.

El reparto ejidal cardenista y la expropiación petrolera fueron los fundamentos materiales de afirmación del poder estatal mexicano: con ellos el cardenismo terminó de desmantelar el poder de caciques y caudillos regionales, eliminó el poder detrás del trono, disciplinó al ejército y al partido, afirmó la existencia de un mando nacional, suspendió la violencia y convirtió la institución presidencial en depositaria exclusiva del mando supremo del Estado en todo el territorio nacional (y todo ello sin las purgas, asesinatos y juicios sumarios que habían caracterizado en la década de 1920 los "ajustes de cuentas" de la "familia revolucionaria").

En 1938, con la derrota de la fugaz revuelta del general Saturnino Cedillo, el cardenismo terminó de desarticular el último cacicazgo regional, cuyas bases materiales de autonomía habían sido ya quebradas con el reparto de tierras ejidales en San Luis Potosí. A fines de mayo, registró Romana Falcón, "mientras se anunciaba que continuarían los repartos y se entregaban 150 mil hectáreas a casi 40 mil campesinos potosinos, muchos de ellos acababan de entregar sus armas. No es, pues, de extrañar que desde el 18 de mayo [fecha del alzamiento cedillista] un buen número de las comunidades agrarias organizadas por la Central Campesina Cardenista pidieran a Cárdenas ser incorporadas al ejército como reservas para combatir al cedillismo".²⁷

En esos años se establecieron también las bases de un acuerdo definitivo con la iglesia (cuya oposición al régimen había sido reavivada por Calles en 1934 con el "Grito de Guadalajara"). El gobierno cardenista no dio marcha atrás en ninguno de los artículos constitucionales impugnados por la iglesia, pero cesó la campaña anticlerical que había impulsado el callismo, tolerando la educación católica impartida en colegios privados. En 1938 la iglesia respaldó al gobierno mexicano en la expropiación petrolera y exhortó a sus feligreses a contribuir en la indemnización de las compañías expropiadas.

EL PACTO DE SUJECCIÓN

Un pacto de protección y lealtad se tejió en las décadas de 1920 y 1930 en los códigos ocultos de mando/obediencia entre élites dirigentes y clases subalternas. Esos lazos de protección y lealtad, heredados de formas muy antiguas de la politicidad mexicana, amparados en las normas jurídicas del Estado y remodelados en los procesos cotidianos del litigio y la negociación, condicionaron en México todas y cada una de las dimensiones de reproducción del poder estatal: la suspensión de la violencia, la conservación en el mando de la élite gobernante posrevolucionaria, el establecimiento de reglas de transmisión pacífica del mando, la afirmación del mando estatal en todo el territorio nacional y la reproducción estable de la dominación.

Revueltas de caudillos militares, organización de milicias campesinas, una larga disputa jurídica con Estados Unidos, la guerra cristera, el reparto de tierras y la organización de ejidos, la formación de sindicatos nacionales de industria (mineros, ferrocarrileros, petroleros), la conquista de contratos colectivos de trabajo por rama industrial y la expropiación de la industria petrolera fueron, en las décadas de 1920 y 1930, los momentos álgidos de construcción de una hegemonía. En ese proceso fue restableciéndose también, en las prácticas cotidianas, en los rituales del mando y en el imaginario colectivo, la figura del Príncipe: una figura protectora con hondas raíces en la historia mexicana.

En su triada constitutiva, el andamiaje institucional de la constitución estatal mexicana cristalizó el complejo de controles, acuerdos y equilibrios que fueron característicos de una forma política de la dominación: la estructura corporativa de regimentación/ negociación con sindicatos, ejidos y organizaciones populares; el partido del aparato estatal (PNR/PRM/PRI) como mecanismo de circulación ordenada del mando entre los miembros de la "familia revolucionaria" y en la cúspide, coronando la articulación interna de las instituciones del Estado y representando el mando supremo en tanto garante y protector de una constitución estatal, el Príncipe, símbolo del poder soberano y de los lazos unificadores de una comunidad estatal.

Único legislador, jefe máximo de la burocracia estatal y comandante supremo de las fuerzas armadas, a la figura presidencial estaban subordinados todos los poderes e instituciones del Estado: los poderes Legislativo y Judicial, los cuadros de la élite gobernante, las gubernaturas de los estados, el partido, el ejército y la estructura corporativa de representación/regulación de intereses privados. Y a la institución presidencial, limitada en su mandato sólo por el tiempo, pertenecía también con exclusividad la facultad que resumía, como en la ficción jurídica de "los dos cuerpos del Rey" divulgada en la Europa de las monarquías absolutas, el carácter supremo de la soberanía y la sacralización del cuerpo político del Estado: la designación del sucesor.

Lo que dio su peculiaridad a esa constitución estatal fue que sacó la tierra de los circuitos del mercado: un derecho protegido durante siglos por el manto protector de la Corona española, peleado en las rebeliones indígenas y campesinas que atravesaron el siglo XIX y arrancado por la Revolución Mexicana. Al Doble Cuerpo del Príncipe, persona natural y representación simbólica del Estado, correspondió en la realidad de las relaciones sociales materiales el ejido, el resguardo de los bienes naturales como patrimonio del pueblo mexicano, la educación pública laica y gratuita y el control estatal de la renta petrolera.

EL PRINCIPE Y LA REPÚBLICA

La reproducción del poder estatal no se funda únicamente en los medios coactivos del derecho o en el uso de la fuerza. Se sostiene en esa red de "significaciones imaginarias sociales", como las definió Castoriadis,²⁸ que constituyen lo que puede llamarse la dimensión simbólica del Estado: el entramado inmaterial desde el cual se reproduce una relación de mando/obediencia en las creencias, imágenes y representaciones colectivas acerca del bien común y el significado de la autoridad política, la validez del mando y el deber de obediencia, la justicia y la injusticia.

En aquella tradición, para la que "república" y "monarquía" no eran términos jurídicamente incompatibles, la noción de cuerpo político, anclado materialmente en la existencia de bienes comunes, definía el lazo sagrado de protección y lealtad que vinculaba a gobernantes y gobernados. "El Príncipe recibe sus poderes por elección de la república; luego hace sus veces y posee su autoridad", escribía también Vitoria argumentando la unidad indivisible de la República y su Príncipe y agregaba: "cuando en una república hay un Príncipe legítimo, toda la autoridad reside en él, de tal modo que nada puede hacerse en paz o en guerra tocante al interés público, sin contar con él".³¹

Un pacto de sujeción vinculaba al monarca con sus vasallos definiendo las razones de la obediencia y los límites del mando. Ese pacto de sujeción, por el cual la comunidad política otorgaba al Príncipe el derecho de gobernarla, obligaba a éste a ejercer el mando ajustándose al derecho natural, las costumbres y la justicia. En contraste con el pacto hobbesiano, fundado en el miedo a la muerte y creador de un poder soberano absoluto e irresistible, en este caso el pacto de sujeción tenía un fundamento moral y su violación por parte del gobernante podía incluso significar, como en la doctrina de Francisco Suárez, el legítimo derecho de resistencia de los gobernados.³²

Aquella antigua representación de la autoridad política, limitada por la costumbre y ligada al resguardo de bienes comunes, reapareció transfigurada en la Constitución de 1917. "La nación, como antiguamente el Rey, tiene derecho pleno sobre tierras y aguas; sólo reconoce u otorga a particulares el dominio directo y en las mismas condiciones que en la época colonial", estableció en su exposición de motivos el artículo 27 restableciendo un principio de derecho público que regulaba no solamente el régimen de propiedad, sino el ejercicio de la autoridad política.

La recuperación de esa tradición política por los constituyentes mexicanos no fue producto de la persistencia de una inmutable tradición cultural. Fue resultante de un largo y conflictivo proceso histórico en el que se entrecruzaron la resistencia de socialidades comunitarias que se negaron a ser disueltas, la formación de una tendencia jacobina gestada en una revolución y empeñada en construir un mando nacional, una politicidad conformada en los tiempos largos de la historia y la política: la política de las élites dirigentes, la política autónoma de las clases subalternas y a veces, como en las jornadas de la expropiación petrolera, la que enlazó a ambas frente a adversarios comunes.

EPÍLOGO

Los fundamentos de la relación estatal mexicana, tejidos en la experiencia y la mentalidad de los seres humanos antes que en los textos escritos, comenzaron a resquebrajarse en la segunda posguerra. La difusión de relaciones salariales, la penetración del mercado en las tierras ejidales, la desintegración de los ejidos colectivos, la proletarización campesina y la apropiación privada de la renta de la tierra ejidal minaron lentamente y desde dentro el entramado social en que se había sostenido una comunidad estatal, haciendo de los rituales de exaltación de la figura presidencial la imagen invertida de lo que fue convirtiéndose en un Príncipe en harapos. La desaparición jurídica del ejido, aprobada en 1992 con la reforma del artículo 27 constitucional, fue en realidad sólo el último acto de varias décadas de difusión de relaciones capitalistas en el campo. Cuando el Congreso mexicano aprobó la iniciativa presidencial de reforma del artículo 27 los ejidos no eran más que una cáscara cuyo fruto se lo había comido el dinero desde dentro. Y sin embargo, como apuntaba E.P. Thompson en su análisis de la disgregación del derecho consuetudinario sobre bienes comunales en Inglaterra, la conservación jurídica de la forma ejidal era en este caso también importante.³³

La relación estatal surgida de la Revolución no se destruyó, pero se vació de sus nutrientes vitales. La forma cristalizada, solidificada, de ese proceso fue el régimen del Partido Revolucionario Institucional, con sus redes clientelares, su exaltación de la figura presidencial y sus secrecías. Ese régimen, aun vaciado de sus nutrientes vitales, se conservó en México en el mundo de la segunda posguerra. No sólo porque, como observó François Chevalier, detrás de la fachada urbana y de la industrialización en 1960 más de una tercera parte de la población mexicana seguía viviendo directa o indirectamente de los ejidos, sino porque la relación estatal surgida de la Revolución y anclada en las corrientes subterráneas de la historia se recreaba cotidianamente en las prácticas, los rituales y las mentalidades:

]]> Incluso pobres y a menudo sin otro crédito que los recursos esporádicos del bracero, los ejidatarios que han recibido sus lotes de tierra a título permanente (lo que no es siempre el caso) tienen la impresión de que la tierra es de ellos [...] En cuanto al gobierno, hace constantemente declaraciones a favor de los campesinos, evocando los resultados de la Revolución y la distribución de tierras a los ejidos; promete agua, carreteras, escuelas —y de hecho algunas promesas son cumplidas—, jura que está a punto de eliminar a los grandes explotadores enemigos de la revolución [...] Los campesinos son muy pobres pero permanecen ligados a esa Revolución que les ha dado lo que más deseaban: un pedazo de tierra. Cuando se les pide, dan su voto al partido que se reclama de ella (salvo a veces cuando el cura les dice lo contrario). Ellos se acuerdan de Cárdenas y esperan pacientemente mejores días. Como dice Moisés de la Peña, que los conoce bien: "ellos conservan la esperanza".³⁴

La conversión de la Revolución en mito estatal y su sacralización en los rituales del poder mantuvieron la comunidad imaginaria entre élites dirigentes y clases subalternas. El papel de la Revolución Mexicana en la conformación del imaginario estatal no fue, sin embargo, producto solamente de la elaboración de una historia oficial o de la apropiación del acontecimiento en el discurso del poder. Si la importancia de un mito no radica en la veracidad de lo narrado, sino en ser un relato transmitido de generación en generación sobre un acontecimiento significativo para un grupo humano, entonces la incorporación de la revolución en el entramado simbólico del Estado expresó también lo que en el acervo de la memoria colectiva quedó sedimentado, para decirlo con Mircea Eliade, como una historia ejemplar_: la hazaña de unos ejércitos campesinos, nutrido de peones, aparceros, mineros, maestros rurales y ferrocarrileros, que con la rabia acumulada en décadas de despojo, humillación y desprecio habían destruido un ejército, ocupado haciendas, repartido tierras, restaurado el control de sus territorios y el autogobierno de sus pueblos, se habían apropiado de la capital del país y habían restablecido, en los textos jurídicos y en la realidad de la vida material, el derecho a la tierra y el patrimonio de bienes comunes heredados de sus antepasados.

La reforma del artículo 27 constitucional, aprobada junto con cambios en la legislación nacional sobre la propiedad y usufructo de bosques y aguas, significó un quiebre profundo en los fundamentos históricos, jurídicos y culturales del Estado mexicano: sancionó jurídicamente la disolución de la comunidad agraria, abrió el ingreso formal de la tierra en los circuitos del mercado capitalista y formalizó la ruptura del pacto entre el Príncipe y su pueblo.³⁵

Liberada de los diques construidos por la Revolución Mexicana, una nueva marea de despojo comenzó a crecer restableciendo no sólo el dominio del capital sobre la tierra, sino sobre los bienes naturales comunes: aguas, costas, playas, bosques, ríos y lagunas. En este conflictivo proceso, cuyo desenlace sigue abierto, no asoma una república de ciudadanos autónomos regida por el gobierno impersonal de la ley, sino la desintegración del mando estatal y el desmoronamiento del andamiaje en que se sostenía la unidad política. Desamparo, inseguridad, migraciones, la fragmentación del territorio nacional múltiples señoríos regionales controlados por caciques y bandas del narcotráfico y una espiral de violencia descontrolada se apoderan entonces de la escena.

Si el torbellino de este cambio de época logra arrasar los fundamentos de una forma estatal conformada en un largo y conflictivo proceso histórico, sólo la experiencia de la nueva forma de dominación en turbulenta gestación podrá terminar de revelarlo. Pero los mitos, esas fantasías concretas ancladas en la experiencia histórica que en un pueblo son resorte y sustancia de la política, perduran en el imaginario colectivo nutriendo las nuevas formas de organización, resistencia y rebelión que en este proceso también se están gestando.

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NOTAS

* Texto presentado en el coloquio internacional "Miradas sobre la historia. Historiadores, narradores y troveros", Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México/El Colegio de México, del 17 al 19 de noviembre de 2009.

¹ Antonio Gramsci, "Notas breves sobre la política de Maquiavelo", en Cuadernos de la cárcel, vol. 5, Era, México, 1999, p. 13.

² Sobre la cuestión de la innovación política, tema central de El Príncipe, véase el clásico estudio de J.G.A. Pocock, El momento maquiavélico. El pensamiento político florentino y la tradición republicana atlántica, Tecnos, Madrid, 2002, capítulo VI. Véanse también, Yves Charles Zarka y Thierry Ménissier (coords.), Machiavel, le Prince ou le nouvel art politique, PUF, París, 2001.

⁴ Enrique Florescano, Memoria mexicana, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.

⁵ Friedrich Katz, Nuevos ensayos mexicanos, Era, México, 2006, p. 155.

⁶ Sobre la apropiación indígena de las instituciones liberales en el México del siglo XIX, véase Enrique Florescano, Etnia, Estado y nación. Ensayo sobre las identidades colectivas en México, Aguilar, México, 1996; Michael T. Ducey, "Hijos del pueblo y ciudadanos: identidades políticas entre los rebeldes indios del siglo XIX", en Brian Connaughton et al., Construcción de la legitimidad política en México, Colmich/UAM/UNAM/Colmex, México, 1999; Steve Stern, "La contracorriente histórica: los indígenas como colonizadores del Estado, siglos XVI al XX", en Leticia Reina (coord.), Los retos de la etnicidad en los Estados-nación del siglo XXI, Ciesas/Porrúa, México, 2000.

⁷ El plan íntegro de la rebelión de Sierra Gorda, así como otros documentos y proclamas de las rebeliones agrarias del siglo XIX, se encuentran en: Leticia Reina, Las rebeliones campesinas en México 1819-1906, Siglo XXI Editores, México, 1988, pp. 317-321.

⁸ John B. Thompson, Ideología y cultura moderna, UAM-Xochimilco, México, 1998.

⁹ Antonio Gramsci, "Observaciones sobre el 'folklore'", en Cuadernos de la cárcel, vol. 6, Ediciones Era, México, 2000, p. 207.

¹⁰ Adolfo Gilly, Historia a contrapelo. Una constelación, Ediciones Era, México, 2006, pp. 27-28.

¹¹ Para una lectura procesual y dinámica del concepto gramsciano de hegemonía, véase William Roseberry, "Hegemony and the Language of Contention", en Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), Everyday Forms of State Formation. Revolution and the Negotiation of Rule in Modern Mexico, Duke University Press, Durham/Londres, 1994.

¹² Se entiende aquí por Estado una forma de la vida social perdurable en el tiempo como instituciones. El Estado es el proceso de unificación, por medios políticos, de una sociedad desgarrada por vínculos de dominio/subordinación: relaciones de poder, asimétricas, fundadas en la apropiación de trabajo ajeno mediada (y ocultada) por el dispositivo del intercambio mercantil entre voluntades jurídicamente iguales. La comunidad estatal, asentada en un territorio, ordenada jurídicamente y cuya unión está sancionada por rituales y mitos compartidos, se encuentra bajo el mando de una autoridad suprema que detenta con exclusividad el uso legítimo de la violencia. La ordenación de los poderes públicos, el modo de gobernar, las fuentes de legitimidad, los mecanismos de selección de la élite gobernante, así como las formas de intervención de los gobernados en la esfera pública definen, en cada caso, la constitución estatal, también llamada forma de Estado o régimen político.

¹⁴ Joseph Couget al Ministère des Affaires Étrangères (MAE), México, 8 de febrero de 1917. Citado en Pierre Py, Francia y la Revolución Mexicana o la desaparición de una potencia mediana, FCE, México, 1991, pp. 198-199.

¹⁵ De E.W.R Thurstan a la Foreign Office, México, 31 de marzo de 1917. Archivos de la Foreign Office, The National Archives, Kew, Londres, FO 371/2960, folios 190-198.

¹⁶ Víctor Ayguesparsse al Ministère des Affaires Étrangères (MAE), México, 26 de abril de 1921. Archivos del MAE (Quai d'Orsay), París, Correspondencia política general/B-América, vol. 6, folios 195-196.

¹⁷ John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, Siglo XXI Editores, México, pp. 368-369.

¹⁸ José Rivera Castro, "Política agraria, organización, luchas y resistencias campesinas entre 1920 y 1928", en Historia de la cuestión agraria mexicana, vol. 4, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 29.

¹⁹ Cunard Cummins a la Foreign Office, México, 18 marzo de 1924, British Documents on Foreign Affaires. Reports and Papers fom the Foreign Offce Confidential Print, Part II, Series D: Latin America, 1914-1939, vol. 3, University Publications of America, 1989, Doc. 144, pp. 307-308 (cursivas mías).

²⁰ Cunard Cummins a la Foreign Office, México, 3 mayo de 1924, British Documents on Foreign Affaires, Doc. 153 [A 3164/12/26], pp. 322-323.

²¹ Heather Fowler, Movilización campesina en Veracruz 1920-1938, Siglo XXI Editores, México, 1979, p. 129.

²² Jean Périer al Ministère des Affaires Étrangères, México, 4 agosto de 1927, Archivos del MAE (Quai d'Orsay), Corrrespondencia política general/B-América, México, 1918-1940, vol. 11, folios 215-221.

²⁴ Adolfo Gilly, El cardenismo, una utopía mexicana, Ediciones Era, México, 2001.

²⁵ Discurso de Lázaro Cárdenas a los alumnos de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, 10 agosto de 1969 en Leonel Durán (selec.), Lázaro Cárdenas. Ideario político, núm. 17, Serie Popular Era, México, 1984.

²⁶ Adolfo Gilly (comp.), Cartas a Cuauhtémoc Cárdenas, Ediciones Era, México, 1989, p. 238.

²⁷ Romana Falcón, Revolución y caciquismo. San Luis Potosí 1910-1938, Colmex, México, 1984, pp. 266-267.

²⁸ Cornelius Castoriadis, L'institution imaginaire de la société, Éditions du Seuil, París, 1975.

²⁹ En la cultura jurídico-religiosa de la monarquía española, explicó Annick Lempérière en su análisis del imaginario político novohispano, la "constitución de la monarquía" incluía la malla de deberes y derechos que vinculaban al monarca con las representaciones colectivas organizadas de la sociedad. En esa cultura el cuerpo político así constituido era llamado "república". Annick Lempérière, Entre Dieu et le Roi, la République. Mexico, XVIe-XIXe siècles, Les Belles Lettres, París, 2004.

³⁰ Francisco de Vitoria, "De la potestad civil", en Vitoria, Relecciones, Porrúa, México, 1974, p. 19.

³¹ Francisco de Vitoria, "De los indios o del derecho de guerra de los españoles contra los bárbaros", en Francisco de Vitoria, Relecciones, op. cit., p. 80.

³² Sobre la fundamentación del pacto estatal y del derecho de resistencia en Francisco Suárez véase Antonio Gómez Robledo, El origen del poder político según Francisco Suárez, FCE/UDG, México, 1998. Sobre el vínculo moral entre el monarca y el pueblo inscrito en el Derecho Castellano véase, Mario Góngora, El Estado en el Derecho Indiano. Época de fundación, 1492-1570, Instituto de Investigaciones Histórico-Culturales, Universidad de Chile, 1951.

³⁴ François Chevalier, "Ejido et stabilité au Mexique", en Revue Française de Science Politique, vol. 16, núm. 4, París, 1966, pp. 746-748.

³⁵ En el momento de la reforma, 15 millones de campesinos mexicanos y sus familias (cerca del 20% de la población nacional) eran ejidatarios. La tierra ejidal abarcaba entonces 103 millones de hectáreas: 52% del territorio nacional, 55% de las tierras agrícolas y 70% de los bosques. Pedro Olinto et al., Land Market Liberalization and the Access to Land by the Rural Poor: Panel Data Evidence of the Impact of the Mexico Ejido Reform, Basis Working Paper, World Bank, 2002.