Desigualdad e injusticia social: los núcleos duros de las identidades sociales en México

Inequality and Social Injustice: The Central Cores of Social Identities in Mexico

Laura Loeza Reyes*

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: lrl.f50@gmail.com

Fecha de recepción: 24/10/14.
Fecha de aceptación: 23/02/15

Resumen

El artículo explicita un enfoque analítico para estudiar las relaciones entre las identidades sociales y la desigualdad y la injusticia social como procesos históricos de larga duración. Trato de dar cuenta de la influencia de dichos procesos en la dificultad para construir una identidad ciudadana que dé lugar a gobiernos y procesos políticos democráticos. El análisis se centra en lo que denomino matriz histórico cultural, fuente de discursos que dan forma a las identidades. Recurro a las teorías de la narratividad, la colonialidad del poder y la performatividad de los discursos con el fin de explicar el origen y operación de tal matriz.

Palabras clave: identidades sociales, narratividad, colonialidad del poder, desigualdad, injusticia social.

Abstract

This article presents an analytical approach for studying relationships among social identities and social inequality and injustice as long-term historical processes. It presents the influence of these processes in the difficulty of building a civic identity that will lead to democratic governments and political processes. The analysis centers on what is called the historical-cultural matrix, the source of the discourses that form identities. The author uses the theories of narrativity, the coloniality of power, and the performativity of discourses to explain the origin and operation of this matrix.

Keywords: social identities, narrativity, coloniality of power, inequality, social injustice.

El objetivo de este artículo consiste en explicitar un enfoque analítico que permita dar cuenta del proceso de formación y de los mecanismos que mantienen vigentes los núcleos duros –los rasgos más resistentes al cambio– de las identidades sociales en México. El énfasis está puesto en los fenómenos de la desigualdad y la injusticia social como procesos históricos de larga duración que la Revolución Mexicana no resolvió y que han regido las relaciones sociales en el país a lo largo de su historia. Para ello procedo de la siguiente manera: primeramente, caracterizo lo que he denominado matriz histórico cultural, fuente de discursos cargados de poder que contribuyen a dar forma a las identidades y, en consecuencia, a las prácticas sociales; sentido a la acción social, y lógica a las instituciones. Dicha matriz sólo puede entenderse como el resultado de procesos históricos de larga duración y está regida por una dinámica de continuidad y cambio contingentes. Con el fin de dar cuenta de sus rasgos principales recurriré a la noción de colonialidad del poder, acuñada por Aníbal Quijano, que servirá para explicar la manera como la matriz influye en la agencia, en la dificultad para la construcción de una identidad ciudadana y de un proyecto de nación viable. Finalmente, complementaré este enfoque analítico con el de la narratividad, que me permite dar cuenta de los aspectos subjetivos y de su influencia en los procesos políticos.

Parto del supuesto de que existe en la sociedad mexicana una matriz histórico cultural que nutre a las identidades de los diferentes actores sociales. Conceptualmente podemos representarla con lo que Somers y Gibson denominan "aparato relacional" y que caracterizan como "un patrón de relaciones entre instituciones, narrativas¹ públicas y prácticas sociales. Es una matriz similar a una red social" (Somers y Gibson, 1994: 70). La matriz histórico cultural influye en el proceso de construcción de las identidades y las dinámicas identitarias a través de las narrativas públicas, que son "las narrativas ligadas a formaciones culturales e institucionales que trascienden a los individuos, las redes intersubjetivas y las instituciones [...], y van desde la propia familia, el lugar de trabajo (mitos organizacionales), la iglesia, el gobierno y la nación" (Somers y Gibson, 1994: 62). Sin tener un carácter determinista ni permanente forman parte de los núcleos duros de las identidades de los actores sociales. "El núcleo duro se constituye por la decantación abstracta de un pensamiento concreto cotidiano práctico y social que se forma a lo largo de los siglos" (López Austin, 2001: 60). La matriz histórico cultural regula la continuidad y el cambio, haciendo que los nuevos elementos se adapten a los tradicionales. Evidentemente, todos estos procesos ocurren en el marco de las relaciones de poder vigentes en la sociedad en cada momento histórico dado.

Sostengo hipotéticamente que las narrativas públicas que dan contenido a la matriz han funcionado como inhibidoras del cambio social en diferentes sentidos, pero para los fines de este artículo exploraré sólo tres de ellos, que considero relacionados entre sí y mutuamente reforzados, lo que potencia su capacidad para dar sentido a la acción social y permitir la influencia de los núcleos duros en los procesos de cambio. He seleccionado estos tres fenómenos con fines analíticos, basándome en dos criterios: el primero obedece a que los resultados de mis propias investigaciones sobre la temática –en las que he recurrido también a los trabajos de otros especialistas– me han conducido a esta perspectiva analítica; el segundo responde a la imposibilidad de analizar la totalidad de los discursos públicos socialmente disponibles. Esto no significa que sean los únicos procesos importantes: lo son desde la perspectiva analítica que aquí expongo, pero otros investigadores podrían optar por algunos diferentes, si lo consideran pertinente. Apoyaré mi argumentación analizando narrativas contenidas no en un corpus de materiales homogéneos, sino en materiales diversos y producidos en diferentes coyunturas, tratando de extraer –como propone Hiernaux (2008: 74)– "los sistemas de sentido típicos que orientan el comportamiento de los sujetos y que son interiorizados y socialmente producidos, reproducidos o transformados", en el sentido de los tres fenómenos a los que me he referido, cuya explicación desarrollo a continuación.

En un primer sentido, las narrativas que dan contenido a la matriz histórico cultural difunden ideas acerca del mexicano, las cuales históricamente han dado forma a la "identidad nacional" y, eventualmente, podrían haber contribuido a explicar la dificultad para construir una identidad ciudadana, la agencia y un proyecto de nación viable. Estas nociones son fundamentalmente negativas y se justifican discursivamente como un legado de la experiencia de la Conquista.² Al difundirse la idea de que son "adquiridas" nos exoneran de toda responsabilidad al respecto y limitan nuestra posibilidad de cambiarlas. Con ellas se caracteriza al mexicano como fatalmente corrupto, perezoso, tramposo, irresponsable, indolente, sumiso, cínico, etcétera. Esto se expresa claramente en los refranes que, en tanto expresiones del saber popular, operan como sistemas de sentido típicos que orientan el comportamiento de los sujetos, según propone Hiernaux (2008). Es el caso de aseveraciones como: "el que no transa no avanza", en la que se asocian (legitimándolas) las prácticas ilícitas con la única manera de progresar. "Vivir fuera del erario público es vivir en el error", en la que se vincula a la función pública con el provecho personal (presentándolo como algo correcto, "no erróneo") y no con una actitud de servicio a la ciudadanía. "El que nace pa' maceta no pasa del corredor", significa que cuando se nace en un medio social y económicamente desfavorecido no se pueden cambiar las condiciones adversas del entorno. Con "Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan" se reconoce que se está incumpliendo con las obligaciones laborales bajo la justificación de que el salario que se recibe es injusto. Lo contrario sería reivindicar el derecho a un salario justo, pero esto implicaría demostrar que se es merecedor de él. Estas supuestas características del mexicano, que terminan traduciéndose en prácticas sociales, son incompatibles con la noción liberal de ciudadano –sujeto de derechos y obligaciones–; históricamente han dado lógica al modo de operar de las instituciones y fueron funcionales para un sistema de dominación con un partido hegemónico: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La supuesta identidad del mexicano se ha estereotipado y normalizado; se repite y asume socialmente de forma casi mecánica,³ de manera que aun terminada la hegemonía del PRI sigue siendo funcional para cualquier partido político en el poder, y se reproduce de modo consciente o inconsciente en casi cualquier relación de poder, tanto en el ámbito privado como en el público, incluso por actores que se autodefinen como impulsores del cambio social: sindicatos, organizaciones, movimientos sociales, etcétera. Quizás el caso más emblemático sea un sector del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que recurriendo a la violencia se opone a la reforma educativa, rechaza ser evaluado para demostrar sus competencias profesionales, se resiste a adquirirlas y exige como un derecho que se mantengan vigentes las prácticas ilícitas por medio de las cuales durante décadas los profesores han contribuido a engrasar el sistema de corrupción que ha mantenido a sus líderes en posiciones importantes de poder, obteniendo a cambio prebendas como puestos laborales al concluir sus estudios sin pasar por evaluaciones profesionales.⁴

En un segundo sentido, las narrativas públicas difunden el temor respecto del cambio social, de manera que se percibe como una amenaza a la estabilidad política. Durante el largo periodo de la hegemonía del PRI, por ejemplo, se propagó la idea de la inviabilidad de un gobierno de izquierda por las sanciones que podría imponer a México el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y a pesar de que representantes de los diferentes partidos de izquierda han ocupado posiciones de gobierno durante las tres últimas décadas, el miedo a los cambios que podría instrumentar un presidente de esta tendencia sigue siendo un factor que los otros partidos movilizan exitosamente durante las campañas electorales. Durante la contienda por la Presidencia de la República en 2006, por ejemplo, la Coalición por el Bien de Todos –de izquierda– presentó ante las autoridades electorales de la federación el mayor número –catorce– de procedimientos especializados⁵ para denunciar el contenido de promocionales difundidos por los partidos oponentes y otros actores políticos, en los que se demeritaba la imagen de su candidato y sus propuestas políticas. El Partido Acción Nacional (PAN) presentó nueve y la Coalición Alianza por México cinco. El PAN, el Consejo Coordinador Empresarial y el candidato del PRI difundieron en los medios de comunicación spots cuyas narrativas presentaban al aspirante de la Alianza por el Bien de Todos como "un peligro para México"; lo calificaban de "intolerante" y apoyaban el discurso con imágenes de Hugo Chávez, afirmando que su eventual triunfo entrañaba riesgos para el patrimonio de la población y para la economía del país.⁶ Ambos procedimientos especializados fueron declarados infundados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y posteriormente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó los fallos dictaminándolos como fundados; sin embargo, no toda la audiencia que estuvo expuesta al contenido de los, spots se enteró de esta resolución. Como lo afirma Juárez (2007: 72): "Los spots son producciones destinadas a persuadir al electorado, más que a informarlo objetivamente", y en el caso de esta campaña el 96.1% de los introducidos por del PAN –que en ese momento ocupaba la Presidencia de la República– estuvieron basados en una argumentación emocional (Juárez, 2007: 75).

Por último, un tercer mecanismo –estrechamente relacionado con los dos anteriores– es la normalización de la injusticia social en las diversas formas de relaciones sociales, que se vincula discursivamente –para justificarla– con la experiencia de la Conquista y se reproduce y actualiza hasta nuestros días. Esta normalización se halla presente en todas las formas de ejercicio del poder –desde el Estado hasta las variantes más privadas de las relaciones sociales–, y permite que el agente activo de la relación de injusticia se legitime y el pasivo la asuma como algo incambiable. En noviembre de 2013, por ejemplo, se impidió el acceso a una cafetería en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a una estudiante indígena guatemalteca, Ali Roxox, en virtud de su condición étnica y porque portaba la indumentaria maya. A pesar de ser profesora en Guatemala y estudiante de doctorado en Chiapas, no fue ella quien denunció este hecho racista, sino una amiga que la acompañaba en ese momento (Pérez, 2013; SinEmbargo, 2013). Sólo en las acciones colectivas se llega a poner en cuestión los fundamentos de tales injusticias, aunque paradójicamente los actores colectivos, en su interior, reproduzcan las lógicas que están cuestionando.

A pesar de que los discursos que difunden ideas adversas acerca del mexicano inciden negativamente en la capacidad de agencia de la población, el hecho de que las relaciones sociales y los procesos políticos se rijan por injusticias provoca que la sociedad civil esté constantemente movilizada. Cabe preguntarse entonces por qué no siempre es capaz de llevar más lejos logros previamente alcanzados y evitar regresiones, pues aun cuando tales logros se institucionalicen, concretándose muchas veces en leyes, éstas son susceptibles de reformas regresivas. Dado que la matriz histórico cultural es dinámica, en su interior circulan narrativas en competencia; existen narrativas alternativas a las hegemónicas, pero su capacidad para imponerse dando lugar a nuevas prácticas sociales y cambios institucionales depende del poder de los actores que las promueven. Igualmente, existen narrativas hegemónicas que se propagan con fines de legitimación cuando las diferentes coyunturas lo reclaman. Es el caso de algunos discursos nacionalistas que enaltecen las características positivas de la mexicanidad, que los gobernantes llegan a utilizar para denunciar algunas injusticias sociales como las que sufren los mexicanos migrantes en Estados Unidos. Al poner en circulación dichas narrativas para contestar a los imaginarios sociales negativos acerca de los trabajadores migrantes, promovidos por las autoridades y por algunos sectores de la población estadounidense, las autoridades nacionales buscan legitimarse presentándose como defensoras de los coterráneos en el exterior, evadiendo así su responsabilidad respecto de las causas que los llevaron a emigrar. Exigen a las autoridades del país vecino un trato digno para este sector de la población que ellos mismos no les dan. Cuando retornan a México son víctimas de abusos y violación de derechos por parte de las autoridades migratorias, otros funcionarios públicos y la población en general, a tal punto que ha sido necesario instrumentar campañas de defensa y concienciación de sus derechos, como el Programa Paisano.⁷

La influencia de las narrativas públicas se explica en buena medida por el carácter prescriptivo de la memoria colectiva ⁸ y por el carácter performativo de las narrativas, al que me referiré más adelante. Por el momento es importante abordar el origen y proceso de formación de la matriz histórico cultural, generadora de narrativas como las que acabamos de mencionar.

A partir de una reflexión iniciada por el sociólogo mexicano Pablo González Casanova durante los años setenta, en su obra La democracia en México, donde señalaba la paradoja de la existencia de Estados nación modernos con relaciones sociales coloniales en su interior, Aníbal Quijano desarrolló la noción de colonialidad del poder, que define como "un modelo hegemónico global de poder localizado desde la Conquista que articula raza y trabajo, combinando así los dispositivos epistemológicos para la dominación colonial y las estructuras de relaciones sociales y de explotación que emergieron con la Conquista y continuaron en los siguientes periodos de la historia de América Latina" (Moraña, Dussel y Jáuregui, 2008: nota 11).

De acuerdo con este autor, el nuevo modelo de poder posterior a la Conquista se estructuró sobre la base de dos ejes: la idea de "raza", una estructura biológica supuestamente diferente en la que los rasgos fenotípicos se asumieron como las características emblemáticas, la cual colocó a unos en una situación natural de inferioridad respecto de otros; y la constitución de una nueva estructura de control del trabajo y sus recursos y productos (Quijano, 2008: 182).

Esa idea de raza sentó las bases para las nuevas relaciones sociales y dio origen a nuevas identidades: indios, negros y mestizos. Las élites gobernantes establecieron ambos elementos –raza y nuevas identidades– como instrumentos de clasificación social básica que definieron las jerarquías, roles sociales y lugares asignados a los individuos. De esta manera, los pueblos dominados y conquistados fueron situados en una posición natural de inferioridad, al igual que sus rasgos fenotípicos y culturales; al mismo tiempo, raza y división del trabajo permanecieron ligadas estructuralmente y mutuamente reforzadas (Quijano, 2008: 182-184).

Con base en la noción de raza, "la intersubjetividad y las relaciones culturales entre Europa occidental y el resto del mundo fueron codificadas en un fuerte juego de nuevas categorías: oriente-occidente, primitivo-civilizado, mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno" (Quijano, 2008: 190).

Sobre la base de estas dicotomías se han construido múltiples narrativas conceptuales y metanarrativas que dan forma a las identidades sociales, inciden negativamente en la agencia y sobre las cuales se estructuran las relaciones de poder, tanto al interior de las antiguas colonias, como entre ellas y las viejas metrópolis o, de una manera más general, entre países en vías de desarrollo y países desarrollados. Volveremos sobre esto más adelante.

El concepto de raza también tuvo una justificación científica, sustentada en la filosofía de Descartes y basada en la razón, que no es sólo una secularización de la idea del alma en el sentido teológico, sino una mutación en una nueva entidad: la razón-sujeto, la única entidad capaz de conocimiento racional. El cuerpo se asumió como incapaz de razón construyéndose una nueva dicotomía: sujeto humano-razón y cuerpo humano-naturaleza. Bajo esta lógica, los pueblos originarios que desde el primer contacto con los colonizadores habían sido declarados no poseedores de alma fueron considerados carentes de razón, y siendo el cuerpo humano parte de la naturaleza, devino susceptible de dominación y explotación (Quijano, 2008: 203).⁹

A pesar de que las bases científicas de este supuesto han sido recusadas desde principios del siglo XX y se promueve el uso del término "etnia" en lugar de "raza", la política lingüística no ha impedido que el racismo como práctica social siga existiendo (Lamus, 2012). El sistema de valores y las representaciones que sustentan las prácticas racistas se reproducen y transmiten discursivamente, manteniéndolas vigentes a pesar de que se haya legislado al respecto. La asociación del cuerpo humano de las personas consideradas "razas inferiores" con la naturaleza sigue vigente y se expresa en la discriminación de sus rasgos fenotípicos, en la división social del trabajo y en el no reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Se da por supuesto que se les puede hacer trabajar hasta el agotamiento; se violan sistemáticamente sus derechos laborales, manteniéndolas en la categoría de trabajos informales para legitimar jurídicamente su situación de exclusión. De hecho, se juega con esta situación jurídica: se les mide estadísticamente como empleadas, pero se les trata como desempleadas para excluirlas de los derechos laborales: pensión, seguridad social, salud, maternidad, vacaciones, formación continua, etcétera. Siempre que es posible se les utiliza como clientela movilizando su apoyo político en coyunturas específicas y se les somete ilegalmente al pago de cuotas a cambio de exonerarlas del pago de impuestos.

De acuerdo con Quijano, los procesos de independencia de los países latinoamericanos, sin descolonizar las sociedades, no dieron lugar al desarrollo de Estados nación modernos, sino a una rearticulación del poder colonial sobre nuevas bases institucionales. La colonialidad del poder sigue ejerciendo su dominación en la mayor parte de América Latina, contra la democracia, la ciudadanía y el Estado nación moderno (Quijano, 2008: 216).

La colonialidad del poder se ha mantenido vigente, sustentándose en discursos de exclusión y subordinación que se concretan en prácticas sociales, dan forma a las identidades y limitan la capacidad de agencia de la población para revertir las relaciones de poder. Con el fin de explicar estos procesos recurriré a la teoría de la performatividad del discurso de Austin (1970) y algunos desarrollos posteriores (Butler, 2003 y 2004). Para ello trataré los discursos racistas y de exclusión como formas de "discurso de odio" o "discurso injurioso", y consideraré de ese modo no sólo las adjetivaciones y etiquetas con esta carga semántica, sino también los silencios y las omisiones (cuando se ignoran los reclamos de justicia de algunos sectores de la población o se les invisibiliza en los discursos, prácticas sociales y políticas públicas); la asociación de atributos denigrantes con marcadores identitarios socialmente atribuidos o libremente elegidos por los propios portadores; y los actos de exclusión social, pues todos ellos son actos discursivos empleados a menudo como formas de ejercer la violencia objetiva y simbólica. Según afirma Tony Morrison, el lenguaje de la opresión es violencia: no es simplemente su representación ni un sustituto de la experiencia de la violencia: pone en obra su propia forma de violencia (apud Butler, 2004: 32).

De acuerdo con el "modelo performativo ilocutorio"¹⁰ (Austin, 1970), "el discurso de odio constituye a su destinatario en el momento de la enunciación; basta con pronunciarlo para cumplir una injuria en sí misma, entendida ésta como una subordinación social" (Butler, 2004: 46). La autora propone "distinguir las injurias socialmente contingentes, que pueden ser evitadas, de las formas de subordinación que son, por decirlo así, la condición de la constitución del sujeto. Esta distinción no es fácil de realizar, aunque tampoco sea imposible, porque parece que las injurias socialmente contingentes explotan las posibilidades ofrecidas por las segundas" (Butler, 2004: 57).

Para analizar la performatividad de los discursos de exclusión supondré a los individuos cultural e históricamente situados en un conjunto de narrativas a través de las cuales transcurre la vida social. Somers y Gibson (1994) las identifican como narrativas ontológicas, públicas, conceptuales y metanarrativas.¹¹ A partir de ellas los individuos dan forma a sus identidades y deciden sus acciones, gracias al carácter performativo de las narrativas. Sin embargo, ello también las hace susceptibles de reapropiación y resignificación, de manera que los actores pueden revertir sus efectos y enfrentar las relaciones de poder. Esta dinámica nos permite explicar la continuidad y el cambio social.

¿Cómo es que los individuos resignifican las narrativas que los reducen a una situación de súbditos, con el fin de devenir sujetos y encarar las relaciones de poder?; ¿por qué algunos actores portadores de identidades socialmente devaluadas o estigmatizadas logran movilizarlas para reivindicar derechos políticos y reconocimiento social, y otros no?; ¿por qué los resultados de estas reivindicaciones son más o menos durables dependiendo del actor en cuestión?; ¿por qué a pesar de que en México existen actores colectivos permanentemente movilizados que reclaman derechos políticos no se ha logrado consolidar una identidad ciudadana?

Siguiendo mi hipótesis, buscaré explicaciones en dos hechos. Primero, en que la idea de nación se construyó sobre una forma de alteridad basada en marcadores identitarios asociados con la variable étnica, que de facto excluyó inicialmente de la ciudadanía a los pueblos originarios y posteriormente a amplios sectores de la población depauperada. Esta forma de alteridad opera como una fuente de discursos, imaginarios y prácticas sociales que excluyen de manera constante a estos sectores de la población, colocándolos históricamente en una posición de subalternidad o de súbditos en relación con la otra parte de la alteridad: la población mestiza y los sectores con mayores recursos económicos y de poder. Cuando a la variable étnica se suman otras –marcadores identitarios– que también son factores de exclusión o de privación de derechos, como el ser pobre –que en muchas ocasiones está de por sí asociado con la variable étnica– o ser mujer, esta suma de atributos desprovee a sus portadores prácticamente de todo poder y reduce su capacidad de agencia.¹² Lo anterior no ha impedido que los pueblos originarios se organicen y movilicen para reivindicar derechos, pero a pesar de ello no han logrado modificar esta forma de alteridad.¹³ A diferencia de lo que ocurre en países como Canadá, donde operan simultáneamente políticas de exclusión y políticas de identidad basadas en la discriminación positiva, en México sólo se les ha excluido, limitando así su capacidad de agencia. El sesgo que tienen las políticas públicas se expresa en los siguientes datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México: 39.1% de la población indígena entrevistada respondió que es más difícil conseguir trabajo para ellos que para la población no indígena; 33% contestó en el mismo sentido respecto de la posibilidad de recibir apoyos del gobierno; 27.1% lo hizo a propósito de obtener servicios de salud; y 26.2% acerca de recibir educación (Conapred, 2010).

Sin embargo –como señala Butler– los discursos performativos injuriosos no provienen necesariamente de un sujeto identificable o de un representante del aparato del Estado: "La asignación de una raza o de un género a un sujeto o, más generalmente, su humillación [o su exclusión] social, son inducidas performativamente por discursos a la vez diversos y difusos, que no siempre operan como discursos oficiales" (Butler, 2004: 242-243).

En 2007, por ejemplo, el vigilante de un hotel de cinco estrellas en la ciudad de Cancún, México, trató de impedir el acceso a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992. La ciudadana guatemalteca participaba como invitada oficial del entonces presidente de México, Felipe Calderón, en una Asamblea Nacional de Agua Potable y Saneamiento que tuvo lugar en dicho hotel. El argumento del guardia fue que pensó que se trataba de una indígena mexicana dedicada al comercio ambulante, pues como es habitual en ella, portaba la indumentaria maya. De acuerdo con la cadena mexicana Unión Cancún Radio, Rigoberta Menchú ya había vivido esta experiencia en otras ocasiones (El País, 2007). El hecho se repitió de manera idéntica en 2013 con Ali Roxox, a quien también "se le confundió con una vendedora ambulante" (Pérez, 2013; SinEmbargo, 2013). Ambos casos muestran que marcadores identitarios como el fenotipo y portar la indumentaria propia de población socialmente excluida hacen presumible que la gente esté fuera del mercado laboral formal, en virtud de lo cual no se reconoce su derecho a la libre circulación y al trato digno como personas.

Podemos decir, entonces, que la suma de marcadores identitarios denigrantes, de subordinación y/o de exclusión contenidos en diferentes dimensiones de las narrativas –ontológicas, públicas, conceptuales y metanarrativas– los reafirma y refuerza, derivando en la privación de derechos de los individuos e incidiendo negativamente en su capacidad de agencia. Por ejemplo, cuando a las narrativas públicas que atribuyen un valor denigrante al marcador identiario étnico se suman narrativas conceptuales que asocian lo étnico con el subdesarrollo y lo oponen al progreso, así como metanarrativas que lo vinculan con lo premoderno. Dicho con otras palabras: la posibilidad que tienen los individuos para crear formas de resistencia que reviertan la desigualdad de poder y las diferentes formas de exclusión que se derivan de los atributos denigrantes que les son socialmente imputados es inversamente proporcional a la cantidad de dimensiones de las narrativas en las que aparecen dichos atributos.

Sin embargo, en algunos casos ciertos tipos de interpelación injuriosa producen identidad a través de la herida, pero esto no significa que dicha identidad permanezca para siempre enraizada en su herida, sino que las posibilidades de resignificación volverán a trabajar y desestabilizarán el lazo a la sujeción sin el cual la formación del sujeto –y su reformación– no serían posibles (Butler, 2003: 164).

Narratividad y subjetivación

Para tratar de mostrar la manera como las narrativas que dan contenido a la matriz histórico cultural inciden en la capacidad de agencia de la población y en la formación de una identidad ciudadana me referiré, primero, a la manera como la agencia está asociada con el autorreconocimiento de los individuos y con su capacidad para hacerse reconocer por los otros; y posteriormente, a la agencia asociada con el autorreconocimiento de la sociedad organizada como capaz de hacer valer los derechos políticos y de admitir dicha capacidad en las narrativas públicas.

Los nombres injuriosos tienen una historia, que es invocada y reforzada en el momento de su enunciación, pero no es explícitamente formulada. No es simplemente la historia de sus usos, de sus contextos y de sus fines; es la manera como esas historias se inscribieron y detuvieron en el nombre y por él. La historicidad del nombre puede ser entendida como la historia interiorizada en él, que vino a constituir su significación contemporánea: la sedimentación de sus usos, que han sido asimilados por el nombre, el cual se fija y les da fuerza (Butler, 2004: 71). La capacidad evocadora que tienen las apelaciones se explica porque forman parte de las memorias individual y colectiva. De ahí su facultad para actualizar relaciones de poder (de subordinación, de exclusión, de alteridad).

De acuerdo con Butler, debemos comprender la historia del nombre injurioso como un efecto de su historicidad; no se trata del simple efecto causal de un golpe dado, sino que funciona en parte gracias a una memoria cifrada o a un trauma que vive en el lenguaje y es vehiculado por él. La fuerza del nombre injurioso depende no sólo de su iterabilidad,¹⁴ sino de la repetición ligada al trauma –del cual uno, estrictamente hablando, no se acuerda, pero que es revivido en y por lo que ocurre en la sustitución lingüística del evento traumático. Este último es una experiencia prolongada de la representación y la propaga simultáneamente (Butler, 2004: 71-72).

En el caso de México, la colonialidad del poder es constitutiva de la historicidad de las categorías injuriosas de exclusión y de subordinación; las prácticas que en ellas se sustentan y las narrativas que sostienen algunas políticas de memoria¹⁵ han reforzado dichas relaciones de poder. Con excepción de los casos en que son movilizadas con fines de legitimación, las narrativas públicas relativas al pasado colonial de los pueblos originarios –lejos de orientarse a preservar sus culturas, historias, memorias, y a reparar los daños infligidos a su población–los representan como "los vencidos", "las minorías". Estas categorías, frecuentes en el lenguaje de la democracia procedimental, prácticamente los desproveen de voz y de representación en los espacios de toma de decisiones. Al asociarlos con el pasado oponiéndolos al progreso niegan su presencia actual, los invisibilizan. Una forma de objetivación de estas políticas es la omisión sistemática de sus demandas en defensa de sus territorios, que históricamente ha sido una de sus principales reivindicaciones.

Bajo la lógica de la colonialidad del poder estas atribuciones no se aplican exclusivamente a los pueblos originarios sino, por extensión, a todos aquellos que se les asemejen. Ello se expresa en algunos resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Conapred, 2010), según los cuales el 75.4% de los encuestados respondió que en el país se respetan poco o nada los derechos de los indígenas, y el 71.4% dio la misma respuesta respecto de las trabajadoras del hogar. Cuando se les presentó a los entrevistados una gama de tonos de piel para que señalaran con cuál de ellos se identifican más, el 53.5% de las mujeres optó por los más claros. Cuatro de cada diez entrevistados respondió que en México se trata a la gente de forma distinta según el tono de su piel. De acuerdo con el documento, "El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación; seguido de la pobreza y el apoyo del gobierno. Es importante destacar que este grupo opina que la lengua representa uno de sus principales problemas" (Conapred, 2010: 52).

Sin embargo, los marcadores identitarios que han sido utilizados para excluir y denigrar a determinados sectores de la población pueden ser movilizados por ellos mismos con el fin de reivindicar reconocimiento y derechos, es decir, la inclusión. Para ello es preciso reconocerse como lo que realmente se es. El hecho de que para ser dependamos de que los otros nos reconozcan permite romper el efecto de las injurias, pues el reconocimiento puede ser conferido pero también rechazado como parte de los rituales sociales de interpelación. Los nombres injuriosos representan también "poder de actuar"; además, los sujetos están constituidos no sólo por los nombres injuriosos que les son atribuidos, sino por muchos otros que pueden reivindicar y legitimar (Butler, 2004: 57).

Con respecto al no reconocimiento del protagonismo de la sociedad organizada en algunos eventos históricos que han contribuido a la democratización del régimen en la historia oficial y su incidencia negativa en la formación de una identidad ciudadana y, por lo tanto, en la capacidad de agencia de la población, podemos mencionar el movimiento estudiantil de 1968. Éste culminó en una masacre ordendada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y constituye un parteaguas en la historia política mexicana porque dio lugar a una serie de cambios conocidos como la reforma política, que permitieron, entre otras cosas, la pluralidad en la competencia electoral. Sin embargo, en la historia oficial tal avance se presenta como producto de la apertura democrática del presidente sucesor, Luis Echeverría Álvarez, y no como una conquista de la lucha de la sociedad organizada. Ello no impidió que el día de la masacre se convirtiera en una fecha icónica, la cual sigue inspirando las luchas de diferentes actores sociales en la actualidad y contribuye a dar forma a sus identidades de resistencia.

En la literatura sobre el tema con frecuencia se da por sentado que las políticas de memoria tienen a priori una orientación injusta respecto de la versión de los vencidos sobre los eventos traumáticos. Ahora bien, si en una sociedad existen diferentes versiones de lo que realmente sucedió que compiten en un campo de fuerzas políticas donde se dirime su capacidad para difundir socialmente las narrativas a través de las cuales transmiten dichas versiones, entonces la circulación social de las narrativas depende de la fuerza de los grupos que las sostienen (por haber sido protagonistas, testigos o por ser conocedores de los hechos); es decir, del poder que tengan para lograrlo. Esto significa que quienes ponen en marcha las políticas de memoria, o bien la orientación de las mismas, cambian dependiendo de la correlación de fuerzas en un momento histórico dado.

En efecto, tanto las memorias como la historia son procesos dinámicos enmarcados en un campo de fuerzas políticas donde compiten narrativas acerca del pasado, del presente y de los futuros posibles, y ahí se define el orden social. La memoria es el vector a través del cual se relacionan dichas versiones y, por lo tanto, está asociada con la agencia y en este sentido es productora del orden social.

Al igual que todas las narrativas, las que sustentan políticas de memoria –como la del pasado colonial y la del movimiento del 68– tienen una narratividad que convierte los eventos en episodios gracias a la trama o puesta en intriga que les da sentido a las partes independientes. La puesta en intriga causal nos lleva a probar una serie de "hipótesis trama" contra los eventos actuales y, en consecuencia, a examinar cómo y bajo qué condiciones los acontecimientos se intersectan con dichas hipótesis (Somers y Gibson, 1994: 59).

La contestación de las narrativas que sustentan las políticas de memoria implica entonces poner en cuestión su puesta en intriga, promoviendo tramas alternativas o versiones de "lo que realmente sucedió" en las que uno de los elementos en juego son las identidades de los vencedores y los vencidos, pues "el sí mismo y los propósitos del sí mismo son construidos y reconstruidos en el contexto de relaciones internas y externas de tiempo, lugar y poder que están en un flujo constante, pero también porque las identidades sociales son constituidas a través de la narratividad" (Somers y Gibson, 1994: 65).

Cuando los individuos o grupos sociales crean narrativas ontológicas que les permiten contestar las demás narrativas –públicas, conceptuales y metanarrativas– que los privan de poder y los excluyen, discriminan o estigmatizan, apropiándose de las categorías injuriosas que les son atribuidas, sacándolas de su contexto original y resignificándolas, logran cambiar el sentido de su performatividad, verbigracia, el temor del cambio social. El movimiento zapatista, por ejemplo, logró contestar narrativas del pasado colonial reivindicando la ciudadanía de los pueblos originarios a partir de una identidad étnica que los presentaba como "iguales pero diferentes" al resto de los mexicanos. Es también el caso de algunos grupos de jóvenes que adoptan marcadores identitarios estéticamente desafiantes para amplios sectores de la sociedad y reivindican derechos grupales, y otros que conciernen a la sociedad en su conjunto.

Por el contrario, ciertos grupos de población, como las trabajadoras del hogar –portadoras de marcadores identitarios socialmente devaluados: étnicos, de género, de clase social, originarias del medio rural o de zonas urbanas marginadas, con escasa o nula escolaridad–, no han logrado formar organizaciones amplias que les permitan formular reivindicaciones identitarias y luchar por el reconocimiento de sus derechos laborales, de género y ciudadanos. En este caso, narrativas como las que promueven el temor al cambio social, las que normalizan la injusticia social, en fin, las que sustentan la colonialidad del poder estarían operando performativamente en sus identidades, pero también en la otra parte de la alteridad, pues es difícil reconocer al otro como igual cuando su imaginario se ha construido sobre la base de connotaciones negativas, denigrantes, injuriosas, excluyentes, a través de categorías asociadas con diferencias socialmente construidas en las relaciones hombre-mujer, étnicas, de poder económico, de saberes socialmente valorados, etcétera.

Evidentemente, la valoración negativa del otro o del subalterno no puede adquirir una carga positiva subrepticiamente. Esto requiere de transacciones identitarias relacionales que en un primer momento sólo pueden ser puestas en marcha a partir de la circulación de narrativas dirigidas a este fin. El surgimiento de prácticas más justas sería el resultado de la apropiación social de dichas narrativas, y políticas de memoria como las que hemos mencionado podrían orientarse con la intención de apuntalar tales procesos.

Reflexión final

Un enfoque como el que aquí propongo supone que la acción social sólo puede ser inteligible si reconocemos que la gente es guiada para actuar a través de las relaciones en las que se encuentra involucrada y por las historias con las que se identifica (Somers y Gibson, 1994: 67). Una manera como las memorias del pasado conducen la acción es su orientación intencionada a través de las narrativas que sustentan políticas de memoria como las del pasado colonial y las que se refieren a los procesos de cambio que han resultado de la acción política de la sociedad organizada. Sin embargo, a pesar de que estas interpretaciones del pasado pueden ser contestadas a través de narrativas alternativas a las versiones oficiales de lo que realmente sucedió, no existe una narrativa del pasado colonial socialmente disponible que reconozca las causas del estado de exclusión y privación al que han estado sujetos amplios sectores de la población; narrativas en las que la pobreza no se explique necesariamente porque la población es perezosa y conformista o que difundan los supuestos de que los pobres están destinados al fracaso escolar o a ocupar posiciones determinadas en las escalas más bajas y peor remuneradas de la calificación laboral; o bien que pongan en cuestión las tramas causales de la distribución desigual de la riqueza sin una intencionalidad de manipulación política sino con el fin de dotarla de poder –capacidad de agencia–, haciéndola partícipe y responsable de políticas distributivas más justas. Esto implicaría romper con el modelo excluyente en vigor con el que se diseñan e implementan políticas públicas para algunos sectores de la población y programas compensatorios para los marginados, sustituyéndolos por programas integrales dirigidos al conjunto de la población.

Al respecto, coincido con Velasco cuando sostiene que: "La pobreza generalizada y la desigualdad socioeconómica extrema son las principales causas de la supervivencia de las prácticas autoritarias y [...] estas prácticas no son necesariamente impuestas desde arriba sino una respuesta racional de los actores políticos en condiciones de extrema desigualdad" (Velasco, 2005: 61).

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Notas

² Respecto de la impronta de la Conquista en las identidades, sostengo que la experiencia colonial permitió la construcción de una forma de alteridad que sentó las bases de la desigualdad y la injusticia social que la Revolución Mexicana no suprimió, y que rigen las relaciones sociales y políticas aún en la actualidad. Las narrativas públicas a las que aquí me refiero contribuyen a normalizar y legitimar dichas relaciones. Más adelante desarrollaré este argumento con base en la noción de colonialidad del poder, acuñada por Aníbal Quijano.

³ Al respecto, en una investigación que buscaba demostrar que los mexicanos son capaces de autodefinirse al margen de dichos estereotipos, Juárez Romero (2004) encontró que sus entrevistados se los apropiaban para referirse al "nosotros" cuando les pedía que caracterizaran al mexicano, pero se distanciaban de ellos para referirse a sí mismos diciendo: "pero yo no soy así".

⁴ Para mayor información sobre estas prácticas véase Coatecatl (2013).

⁵ Recurso legal que se interpone ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con el fin de "prevenir o corregir conductas ilícitas, así como para tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden válido y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral" (IFE, 2006: 27).

⁶ En uno de los spots se afirmaba: "López Obrador es un peligro para México. Si gana habrá devaluación y crisis". En otro un actor decía preocupado y en actitud reflexiva: "López Obrador va a endeudar a México, voy a perder mi patrimonio como lo perdieron mis papás". Spots disponibles en: <http://www.youtube.com/watch?v=aV0geZPxpwE> y <http://www.youtube.com/watch?v=CpLgb33oSZo>.

⁷ A cargo de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Migración. Véase al respecto <www.paisano.gob.mx>.

⁸ Páez, Basabe y González (1997) demuestran que la memoria colectiva de eventos traumáticos provoca una evaluación negativa del presente, en el sentido de asumir que el estado de cosas no puede cambiar.

⁹ El neurocientífico Antonio Damasio demuestra que Descartes se equivocó, pues no puede existir la razón sin el cuerpo: en circunstancias normales ambos permanecen ligados desde el nacimiento hasta la muerte (Damasio, 2010: 113-114).

¹⁰ Se refiere a las acciones que se cumplen en virtud de las palabras.

¹² La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) se refiere a los escenarios de la "pobreza dura", como la que se expresa no sólo por medio de los indicadores económicos, sino a través de la vía política, que reduce a la exclusión social algunas categorías socioculturales, como la dimensión étnica, la edad y el género (Reguillo, 1998: 6).

¹³ A diferencia de otros actores sociales que buscan cambiar situaciones de poder que les son adversas, las múltiples desventajas derivadas de la situación de exclusión de los pueblos originarios –por ejemplo sus deficiencias en el uso del español– limitan sus capacidades para reivindicar derechos por sí mismos, de manera que a menudo requieren la intermediación de otros actores como las organizaciones de derechos humanos. Ello refuerza su situación de subordinación respecto de la población no indígena e incide negativamente en su capacidad de agencia.

¹⁴ Capacidad de repetición.

¹⁵ "La política de memoria sería el marco del poder dentro del cual (o contra el cual) la sociedad elabora sus memorias y olvidos, y la construcción colectiva de la memoria operaría entonces en una doble tensión: la relación entre pasado y futuro, y la relación entre la construcción política y la elaboración social" (Lechner y Güell, 2006: 22-23).