La conformación de la inseguridad como cuestión social y las nuevas estrategias de control del delito en Argentina

Constituting Insecurity as a Social Issue and the New Strategies for Crime Control in Argentina

Florencia Beltrame¹

¹ Académica argentina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. Argentina. Correo electrónico: florenciabeltrame@gmail.com

Fecha de recepción: 12/09/13
Fecha de aceptación: 10/12/13

Resumen

En las últimas décadas el problema de la inseguridad se ha perfilado como uno de los temas prioritarios en las agendas nacionales de los países de América Latina. El incremento en las tasas de delitos y la elevada sensación de inseguridad han propiciado el desarrollo de políticas de control y prevención que ponen énfasis en el control de la "nueva delincuencia", vinculada a delitos contra las personas y la propiedad. El presente artículo analiza el estado actual del problema de la inseguridad a través de estas políticas y la forma como se vincula con la cuestión social.

Palabras clave: delito, seguridad ciudadana, inseguridad, políticas de seguridad, prevención, cuestión social.

Abstract

In recent decades, insecurity has emerged as one of the priority issues on the national agendas of different Latin American countries. Increased crime rates and the high levels of perceived feelings of insecurity have prompted the development of crime prevention and control policies that emphasize control of the "new crimes" against persons and property. This article analyzes how the problem of insecurity is presented today through these policies and how it relates to social issues.

Introducción 

La creciente centralidad que en las últimas décadas adquirió el problema de la inseguridad en Argentina, al igual que en el resto de América Latina, está vinculada con los procesos regresivos iniciados en los noventa como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales. El cambio en el modelo de acumulación supuso una serie de reformas estructurales que consistieron, principalmente, en la apertura de la economía, la privatización de empresas públicas y la desregulación de los mercados. Tales reformas provocaron profundos cambios en las estructuras económicas, políticas y sociales, las cuales –sumadas a las sucesivas crisis económicas– acentuaron los procesos de segmentación y exclusión social, aumento de la pobreza y del desempleo, e incremento en las tasas de delitos.

Desde entonces, tanto en América Latina como en el resto del mundo han aumentado las políticas tendentes a la prevención y el control del delito en un contexto de transformación del tradicional abordaje de dicha problemática y en el marco de una nueva forma de narrar el delito. En este sentido, las llamadas "olas de inseguridad" exhibidas constantemente por los medios de comunicación y la selección de los delitos que se exponen contribuyen a la producción de diagnósticos simplificadores y a la exigencia, por parte de la sociedad civil, de respuestas rápidas y efectivas. El problema de la inseguridad se enuncia como una nueva cuestión social y se diseñan objetivos específicos aplicados al control de la llamada nueva delincuencia. Como lo señala Máximo Sozzo (2000), la inseguridad comienza a ser entendida prioritariamente en relación con la criminalidad de la calle; es decir, vinculada con delitos contra las personas y contra la propiedad.

En este contexto, y principalmente a partir de la crisis del Estado de bienestar, se advierte un proceso de transformación tanto de las funciones como de las responsabilidades y competencias estatales en materia de seguridad. Ello se tradujo en una reducción del aparato del Estado y en la delegación a terceros de servicios y actividades que antes monopolizaba éste. El proceso se reflejó específicamente en la emergencia de nuevos espacios de seguridad, los cuales desarrollan sus competencias fuera de los límites estatales (Brunet, 2010), como lo muestran las experiencias que incluyen a la participación ciudadana en materia de prevención.

En términos de Garland, lo novedoso no es la transformación o el desmantelamiento de las instituciones de justicia penal, sino más bien el desarrollo paralelo de una forma distinta de regular el delito. Este proceso se expresa –según el autor– en el desarrollo de un "tercer sector", representado por la proliferación de organizaciones de prevención del delito, por experiencias de participación comunitaria en diseño y control de políticas para el control del delito y por el desarrollo de prácticas que involucran a diversas agencias con el fin de abordar el problema de la inseguridad, entre otras (Garland, 2005). Así, se trata de un asunto que deja de ser competencia exclusiva de las instituciones públicas e incluye también a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales. En este marco se percibe un marcado incremento en los discursos –específicamente en seguridad– cuyo eje es la participación ciudadana, de acuerdo con la nueva planificación de las políticas públicas vinculadas a objetivos de eficiencia en la gestión estatal (Hener, 2004). Se busca, entonces, establecer canales entre el Estado e individuos u organizaciones. La participación comunitaria apela al accionar de individuos y colectivos en tareas y funciones que antes monopolizaba el Estado. De esta manera se logra reducir la necesidad de una intervención permanente de las instituciones estatales y se mejora la economía de su ejercicio.

Sin embargo, es relevante señalar que las nuevas políticas de prevención y la permanencia de prácticas punitivas en el tratamiento del delito no necesariamente son excluyentes, sino que redefinen, a través de nuevas articulaciones, el campo de intervención y las nuevas formas de abordar el crimen en las sociedades contemporáneas (Rangugni, 2004). En otras palabras: estas políticas no constituyen sólo un desplazamiento en la forma del modelo tradicional de tratamiento del delito, sino que articulan nuevas tácticas y estrategias en torno al fenómeno de la inseguridad. Como señala Garland, la paradoja que se presenta respecto de estos cambios es que si bien amplían los limites en la responsabilidad y multiplican a los actores involucrados, se recrudecen las prácticas punitivas a través de nuevas políticas impulsadas desde el Estado, a la vez que se enuncian discursivamente –desde el propio Estado– como medidas ineficaces para tratar el delito (Garland, 2005).

Nuevas estrategias de prevención y modelos de tratamiento del delito

En esta lógica, debemos pensar el concepto de prevención como elemento que funciona e influye en la producción social del delito; supone el encauzamiento de conductas (posiblemente) delictivas –según el control social del delito– y busca que no ocurran. De este modo, el tratamiento basado en la prevención actúa a través de estrategias que ponen atención particular en ciertos tipos de delito –como hurtos, crímenes contra la propiedad y violencia callejera, entre otros–; es decir, los que actualmente son considerados como productos de la nueva delincuencia y causa principal de la inseguridad social.

Conviene señalar brevemente la conceptualización, en el marco del debate académico, de los modelos de tratamiento del delito. Como señala Kessler (2009), si bien no hay dudas de que el tema de la inseguridad se ha instalado en el espacio público,² tampoco hay consenso ni claridad en las formas de legitimidad y en la lógica con que dicho fenómeno se expresa. Sin embargo, podemos advertir que durante la última década se ha producido un acuerdo en torno al fracaso del modelo tradicional de tratamiento del delito, vinculado con su represión y con el mantenimiento del orden social a través de acciones reactivas. A la vez, se advierte la emergencia de un modelo vinculado a prácticas y medidas preventivas, de carácter extrapenal, para tratar el problema de la inseguridad. Este último se inscribe en la línea de la llamada nueva prevención, paradigma que emerge en el mundo anglosajón en los años setenta, a raíz de los debates intelectuales sobre nuevas técnicas de prevención (Sozzo, 2000). Básicamente, éstas apuntan a que el o los delitos no se efectúen; es decir, al encauzamiento de conductas (posiblemente) delictivas para el control social del delito.

Este nuevo paradigma, basado en la utilización de recursos extrapenales, pone en práctica principalmente dos tipos de estrategia de intervención para la prevención: a) la estrategia situacional, "basada en intervenciones específicas que se dirigen sobre todo a las víctimas potenciales, a la seguridad de los edificios y al ambiente"; y b) la estrategia social o comunitaria, que "trata, en lugar de esto, de modificar con programas generales las condiciones de vida en ambientes determinados, por ejemplo en un barrio, de manera que se aumenten las oportunidades de comportamientos conformes a la ley y se disminuyan los comportamientos ilegales" (Baratta, 1997). En definitiva, de lo que se trata es de la puesta en práctica de un conjunto de intervenciones orientadas a impactar tanto en los aspectos situacionales como en los ambientales del escenario social, con el fin de reducir o transformar los ambientes o situaciones "proclives" a que se desarrollen conductas delictivas (Sozzo, 2000).

En América Latina estas políticas adquieren importancia a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. En tal marco cabe mencionar: el Plan Nacional de Prevención del Delito en Argentina (2000), el Plan Nacional de Seguridad Pública en Brasil (2003), el Programa de Prevención de la Violencia y Reducción del Crimen en Colombia (1998) y el Programa Emergente de Acciones para Enfrentar el Fenómeno Delictivo en México (2004), entre otros.

La cuestión social y la cuestión de la inseguridad

Las transformaciones ocurridas en la sociedad argentina durante la década de los noventa configuran el problema de la (in)-seguridad de un modo hasta entonces inédito en la agenda pública, instalándose de allí en adelante como una problemática vinculada con la "cuestión social" (Pegoraro, 2003). No sólo se produjeron cambios en la magnitud en que se presentaba el fenómeno tratado (incremento en las tasas de delitos), sino que también se generó un cambio cualitativo, es decir, surgió la llamada "cuestión criminal" (Ayos y Pla, 2005) que, en tanto construcción social y política, se convirtió en el nuevo eje que atraviesa la relación seguridad-inseguridad (Sozzo, 2000).

Siguiendo a Estela Grasi podemos afirmar que la cuestión social se plasma y/o concreta –según cada época y la configuración histórica que adquiere– a través de problemas sociales específicos. Los mismos no son otra cosa que la expresión del modo en que se aborda, interpreta, resuelve y canaliza –entre otras cosas– la propia cuestión social. En esta línea, Ayos y Dallorso plantean que:

]]> En la última década se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la (in)seguridad como núcleo de esa tensión constante propia de las sociedades capitalistas, la cuestión social. Esta particular problematización de la cuestión social, que presenta al problema de la (in)seguridad como expresión hegemónica del modo en que es interpretada, diagnosticada y encauzada la potencial fractura social, brinda las condiciones de emergencia de nuevas intervenciones que construyen relaciones especificas entre la noción de "delito" y las "condiciones de vida" (Ayos y Dallorso, 2011: 3).

En la actualidad, si estudiamos la relación entre la cuestión social y el problema de la inseguridad observamos que la misma se articula bajo dos ejes. Por un lado, la cuestión social supone que la pobreza se constituye como elemento central que tiene que ser controlado. Por otro, deviene esencial la noción de espacio público, la cual remite a la categorización de sitios o lugares donde debe estar garantizada la circulación exclusiva de ciudadanos y exige regular o limitar la de la población excluida de tal condición (Ayos y Dallorso, 2011). Así, los nuevos modos de intervención en el problema de la inseguridad parten de la asociación entre el delito y las condiciones de vida. Las conductas que se presentan como "incivilizadas" se convierten en blanco de las nuevas políticas de prevención.

Como sostiene Pegoraro, el Estado de bienestar parecía haber eliminado aquellas inseguridades, incertidumbres y temores sociales, a través de la configuración de un modo particular de la relación Estado-sociedad civil, aglutinados bajo el paradigma de la seguridad a partir del cual se desarrolló todo un sistema que protegía al trabajador y a sus condiciones de vida. La posterior embestida neoconservadora, iniciada en los años setenta y profundizada en los noventa, desbarató las bases del paradigma de la seguridad, articulándose de este modo un nuevo paradigma, denominado paradigma de la inseguridad (Pegoraro, 1997). Este cambio supuso la emergencia de nuevas formas de control social. Específicamente nos interesa destacar aquellas vinculadas con la política penal y con las políticas de control del delito. La inseguridad se presenta actualmente como constitutiva del orden social y, asimismo, el delito contra la propiedad y las personas (como hurtos, robos de automóviles, etcétera) se considera el causante principal de la inseguridad.

En tal escenario se privatizan, principalmente a partir de los años noventa, gran parte de los servicios públicos y estatales que tenían una larga tradición de prácticas solidarias con vistas a la equidad. En efecto, es a partir de esta década que muchos autores (Castel, 2010; Rosanvallon, 1995) proponen el concepto de la nueva cuestión social como un modo de diferenciar el proceso social y político de la cuestión social clásica. Este concepto emerge como respuesta a las consecuencias que trajeron aparejadas las políticas neoliberales, las cuales pusieron nuevamente en debate las problemáticas sociales y la emergencia de nuevos conflictos. El neoliberalismo no es tan sólo una reactualización del liberalismo tradicional, sino una nueva forma de ejercicio del gobierno –que supone, además de un cambio en la relación entre el Estado y la sociedad civil, una nueva relación entre el derecho y la economía.

En términos de políticas sociales este proceso supuso el paso de las políticas orientadas a regular el sistema de protecciones jurídicas a través de intervenciones sobre las relaciones salariales –en tanto base fundamental de integración social– a políticas destinadas solamente a convertirse en subsidiarias de situaciones de pobreza (Ayos y Dallorso, 2011). Tal carácter subsidiario implicó un desplazamiento del interés sobre las causas que provocan los procesos de exclusión social.

En este contexto se perfila una idea paradigmática, la cual postula que la causa de los problemas sociales se encuentra en que los Estados resultan ineficaces, corruptos e ineficientes para la resolución de los conflictos y el aseguramiento del orden social. En tal línea comienzan a emerger propuestas para el control del Estado a través de –a modo de ejemplo– el control civil, la participación ciudadana o la comunitaria como formas de empoderamiento de los individuos. En el caso de la inseguridad en Argentina –y específicamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires– podemos observar este proceso en iniciativas como "Vecinos en alerta" y "Mesas barriales de participación comunitaria en seguridad", programas que tienen como eje involucrar a la ciudadanía y apuntan a la instrumentación de medidas dirigidas a disminuir los delitos callejeros y la sensación de inseguridad asociada con ellos.

De este modo se genera una sobrevulneración de los sectores marginales de la sociedad, en tanto se depositan en ellos las causas de la inseguridad y de la forma como se la percibe. La asociación refuerza una simbolización negativa hacia los otros vulnerables que pueden ser "potenciales ofensores". Se refuerza también la idea de que la culpa del problema de la inseguridad radica en otros, representados mayormente por los jóvenes varones de barrios humildes; es decir, en aquellos que están excluidos del orden social. En efecto:

Los grupos que han visto desestructurados sus sistemas de protecciones sociales y, especialmente, los jóvenes de sectores populares, son aquellos que concentran en sí todas las percepciones de amenaza y son los grupos que, en el mejor de los casos, se constituyen en poblaciones-objetivo de intervenciones asistenciales y reciben prestaciones sociales en tanto son caracterizados como grupos "en riesgo" (Ayos y Dallorso, 2011: 7).

Las intervenciones sobre estos grupos generan consensos sociales y legitimidad a partir de que son identificados no sólo desde la esfera gubernamental, sino también desde la opinión pública fomentada por los medios de comunicación, como los principales causantes del problema y la sensación de inseguridad. Este proceso resquebraja la garantía de derechos de todos los individuos que componen la sociedad y fomenta procesos de exclusión, como la criminalización de la pobreza.

La comunidad como objeto de gobierno y los nuevos riesgos sociales

A partir de la década de 1970, con el resquebrajamiento del sistema de protecciones como consecuencia de la caída del Estado de bienestar, se advierte un incremento de las incertidumbres y la inseguridad social (Castel, 2010). Junto a ello se intensifica el proceso de promoción del individuo moderno, dando paso a lo que algunos autores han caracterizado como "sociedad de individuos", en reemplazo de la sociedad salarial de antaño. Los individuos cada vez más son impulsados a fungir como actores sociales responsables y autosuficientes, que se autoproveen de bienes y recursos; Castel los caracteriza como "individuos por exceso". Del lado opuesto, se encuentran aquellas personas que carecen de los apoyos necesarios para sostener una independencia social, a quienes el autor denomina "individuos por defecto" (Castel, 2010). En el proceso de aumento de las desigualdades sociales éstos son "arrojados" a formas inferiores e insuficientes de protección, quedando tanto fuera del régimen de empleo –y, en consecuencia, de la integración y protección que éste supone– como aislados de los dispositivos para sobrellevar la carencia de trabajo y la ausencia del sistema de protecciones que brinda.

Castel da cuenta de un ascenso de las incertidumbres sociales como resultado de la ausencia de regulaciones colectivas para paliar los avatares de la existencia. A partir de ello argumenta que "la referencia al riesgo se vuelve omnipresente y desemboca en una representación totalizadora de la sociedad contemporánea como una sociedad del riesgo' " (Castel, 2010: 30). Según plantea el autor, razonar en términos de factores de riesgo en tanto anticipación de un hecho indeseable para evitar su ocurrencia promueve una nueva modalidad de vigilancia y gestión de las poblaciones, la cual implica una transformación de los modos de intervención sobre el otro. La emergencia de nuevas políticas de control del delito define, bajo el paradigma de la prevención, no sólo nuevas formas de intervención sobre un otro delincuente, sino también los nuevos objetos y objetivos de la política penal. La prevención supone evitar la ocurrencia de hechos delictivos y, bajo esta perspectiva, parte de una determinada definición sobre las causas de la inseguridad y las conductas delictivas que habría que prevenir. En la actualidad la noción de inseguridad está asociada exclusivamente con el delito. Cualquier situación interpretada como una amenaza al orden público es calificada como inseguridad. La delimitación de dicha noción, referida a la ocurrencia o no de delitos, es asentada a través de los discursos que se emiten desde los medios de comunicación, agentes e instituciones afines a la reproducción de ese discurso.

O'Malley sostiene que la categoría de riesgo ha devenido un elemento central en la conformación de la subjetividad moderna. De esta manera, el riesgo puede ser entendido como una modalidad de gobierno a partir de la cual se desarrollan determinadas tecnologías y estrategias para la prevención y predicción de posibles amenazas, identificando a los colectivos que pueden resultar vulnerados por tales amenazas y, en ese sentido, influyendo directamente en la formulación de políticas públicas de prevención del delito (O'Malley, 2006). Castel también da cuenta de la explosión de la noción de riesgo en las sociedades contemporáneas, donde la búsqueda desenfrenada de seguridad desencadena –paradójicamente– una mayor inseguridad:

Las sociedades modernas están construidas sobre un terreno fértil para la inseguridad porque son sociedades de individuos que no encuentran, ni en ellos mismos ni en su medio inmediato, la capacidad de asegurar su protección. Si bien es cierto que estas sociedades se han dedicado a la promoción del individuo, promueven también su vulnerabilidad al mismo tiempo que lo valorizan (Castel, 2004: 13).

La vulnerabilidad y la sensibilidad respecto de los posibles riesgos nunca cesan debido a que la aspiración a estar protegido siempre se desplaza hacia nuevas exigencias que hacen que el individuo moderno nunca se sienta realmente seguro. La emergencia del riesgo como aspecto central de la subjetividad moderna, sumada al ascenso de las incertidumbres y de la sensación de inseguridad, condicionan la permanente búsqueda y demanda de seguridad y protección mayores. Ello permite entender la creciente importancia del desarrollo de estrategias de prevención para abordar la criminalidad a partir de un énfasis en los factores de riesgo que, en cierta medida, se encuentran latentes (Crawford, 1997).

En este marco, a través de la gestión y la regulación de los nuevos riesgos la comunidad comienza a adquirir un papel central. La cada vez mayor preeminencia de la figura de la comunidad en los discursos políticos refleja un nuevo modo de abordar el problema de la inseguridad:

]]> [...] estos [nuevos] lenguajes políticos moldean las estrategias y los programas que se dirigen hacia tales problemas, tratando de actuar sobre la dinámica de las comunidades. Configuran el territorio imaginado sobre el cual estas estrategias deberían actuar. Y se extienden hasta especificar los sujetos de gobierno como individuos que son también [...] sujetos de lealtades para un conjunto particular de valores comunitarios (Rose, 2007: 118).

Sin embargo, debemos señalar que el desarrollo y despliegue contemporáneo de la nueva idea de comunidad³ no es homogéneo y está atravesado por las diversas formas de pensar e intervenir en las problemáticas sociales. Más aún: la noción de comunidad ha devenido objeto de gobierno en tanto que se hizo técnica o, en otras palabras, en tanto que se comenzaron a desarrollar diversas técnicas, estrategias y acciones dirigidas principalmente a la intervención del objeto "comunidad" (Rose, 2007). Asimismo, las comunidades fueron constituidas como objetos de estudio de disciplinas expertas a través de la clasificación, la investigación, la documentación, etcétera. Tal como expresa Dammert: "La consolidación de la comunidad es vista como un proceso ligado a la disminución del delito y de las oportunidades para cometer delitos, a la defensa frente a los extraños o a la formación de un espacio social homogéneo y por ende seguro" (Dammert, 2006: 3).

Siguiendo el análisis propuesto por Rose identificamos ciertas características especificas en la reconfiguración del territorio de gobierno en términos de comunidad. La primera de ellas posee carácter espacial: se trata de una "des-totalización" de la comunidad que da cuenta de la diversidad y proliferación que actualmente caracterizan a la vida cotidiana, en oposición al predominio de lo social como espacio unitario, con principios compartidos de solidaridad.

En segundo lugar, el carácter ético de la idea de comunidad, manifiesto en la interpelación del individuo como sujeto moral con lazos de obligación y responsabilidad, comienza a estar organizado y regulado bajo una nueva forma.

El tercer aspecto lo constituye el desarrollo de ciertas prácticas que implican nuevos modos de identificarse, caracterizados por un acceso más directo a esas redes de solidaridad, de identificación y emocionales, en las cuales el individuo se encuentra inmerso en tanto miembro de una comunidad.

Estas características describen el proceso del llamado "gobierno a través de la comunidad", el cual supone una serie de estrategias para "inventar e instrumentalizar [las] dimensiones de lealtad entre los individuos y las comunidades al servicio de proyectos de regulación, reforma o movilización" (Rose, 2007: 122). En un contexto de deslegitimación de las instituciones tradicionales y de resquebrajamiento de lo social, la comunidad representa el rol de agrupamiento de individualidades (De Marinis, 2005). Este proceso se puede resumir a partir de un doble juego: por un lado "el Estado apela a las comunidades, se dirige a ellas y de algún modo promueve su constitución y su participación en tareas de gobierno, y por el otro lado, las comunidades se auto(activan) para conformar sus perfiles identitarios, recrearlos a través de diversidad de prácticas y articular sus demandas a autoridades de diverso tipo" (De Marinis, 2005: 23).

La noción de participación comunitaria

Según señala Sain, el enfoque con el que se trató tradicionalmente en Argentina la seguridad pública estuvo estrechamente vinculado con el sistema policial. En este sentido, se interpretó que la seguridad ciudadana debía ser garantizada principalmente por tales instituciones. Ello, sumado a una carencia de respuestas y políticas integrales en materia de seguridad, contribuyó a generar amplios márgenes de autonomía de las fuerzas policiales frente a los órganos de gobierno (Sain, 1998).

Paralelamente a la creciente autonomía de las fuerzas policiales y a la exacerbación en el uso de la fuerza, la falta de estrategias integrales para el tratamiento de la inseguridad contribuyó a poner en cuestión los modos habituales de tratamiento del delito. La crisis de legitimidad de las instituciones policiales, el aumento del mercado privado de seguridad y las limitaciones de las políticas públicas para dar respuesta al problema pusieron la problemática tanto en el orden del día de las agendas política y estatal como en el centro del debate público.

Este proceso se traduce, en términos discursivos, en un cambio de paradigma de la seguridad pública a la seguridad democrática o ciudadana; y en la práctica, en una búsqueda de mayor participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad para, por un lado, ejercer mayor control de la policía y, por otro, consolidar espacios de participación comunitaria (Dammert, 2004).

La convocatoria a la participación ciudadana por parte del Estado en tareas de prevención del delito y control de las fuerzas policiales se presenta como un mecanismo novedoso respecto de cómo ha sido tradicionalmente abordado el tema de la seguridad. Ello implica una expansión de la responsabilidad que coloca la problemática de la inseguridad no sólo en la esfera gubernamental, sino también en la esfera pública (Dammert, 2006). Más precisamente, el control del delito deviene en una responsabilidad no sólo referida a la justicia penal, sino que también comienza a incluir a otros actores y agencias de la sociedad civil (Garland, 2005).

Palabras finales

Las políticas de control y prevención del delito emergen en la Argentina fundamentalmente a mediados de la década de 1990. Desde entonces la problemática de la inseguridad se instala tanto en la agenda política como en la opinión pública. El llamado problema de la inseguridad aparece en el escenario social de un modo inédito respecto de otras épocas de la sociedad argentina.

A partir de dicha etapa se produce un cambio en las políticas de control del delito, el cual ha dado lugar a la asimilación de las nociones de seguridad ciudadana y urbana o, para expresarlo en otros términos, se ha generado un pasaje de la noción de "orden público" a la de "seguridad ciudadana" (Dammert, 2006).

La intervención social de las nuevas políticas de seguridad rompe con las estrategias aplicadas durante el Estado de bienestar y se orienta a objetivos de control y gestión del conflicto social. El problema de la inseguridad es enunciado como nueva cuestión social y se elaboran diseños y objetivos específicos aplicados al control de la nueva delincuencia. La cuestión social se encuentra en la actualidad atravesada por la problemática de la inseguridad, en tanto expresión bajo la cual es encauzada la potencial fractura social y a través de la cual se asientan nuevos modos de intervención sobre el otro y se legitiman nuevas políticas de prevención del delito. El énfasis de estas políticas en la prevención supone, por un lado, el ingreso de la comunidad como actor y sujeto activo en el desarrollo y puesta en práctica de estrategias preventivas, y por el otro, la extensión y desarrollo de acciones preventivas (Ayos y Dalloroso, 2011) que hacen foco en los grupos de riesgo considerados potencialmente amenazantes para el orden público y la seguridad ciudadana.

Este proceso implica una priorización de la garantía de seguridad dirigida a determinados grupos sociales en detrimento de otros que encarnan las potenciales amenazas de ocurrencia de delitos. Conlleva, asimismo, la criminalización de la pobreza, en tanto que estos grupos se vuelven objeto de políticas y son integrados directamente en la definición actual de la noción de inseguridad.

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Notas

² "Hoy, en la Argentina, la inseguridad ligada al delito es sobre todo una prenoción sociológica; esto es, una forma de explicar la realidad del sentido común antes que un concepto desarrollado por las ciencias sociales" (Kessler, 2009: 11).

³ La noción de comunidad no es nueva, pero aquí nos interesa destacar cómo en las sociedades contemporáneas ha sido resignificada, convirtiéndose en objeto de gobierno y campo de intervención.