Katya Somohano y Pablo Yankelevich (coords.), El refugio en México. Entre la historia y los desafíos contemporáneos

Mónica Toussaint

COMAR–SEGOB, México, 2011, 101 pp.

Instituto Mora

A mediados de 2010, un grupo de especialistas fue convocado para dar cuenta del pasado y el presente del refugio en México y su impacto en el diseño de una política humanitaria. Las preocupaciones comunes de los participantes en este encuentro de saberes tenían que ver con la existencia de una serie de movimientos migratorios en el mundo globalizado de hoy, los cuales se enfrentan a las políticas de los gobiernos que, si bien están a favor del libre tránsito de mercancías, suelen imponer una serie de restricciones al libre tránsito de las personas. Es por ello que en el mundo actual las demandas de protección no sólo se han multiplicado, sino que también se han diversificado en sus causas y en sus alcances.

Resultado de esta reunión es el libro coordinado por Katya Somohano y Pablo Yankelevich, el cual reúne textos de varios autores: Fernando Serrano Migallón, que analiza el caso de México y el derecho de asilo; Pablo Yankelevich, que habla acerca de las reglas y excepciones del asilo y el refugio en México; Clara Lida, que hace referencia a la solidaridad del gobierno cardenista frente a la guerra civil española; Luis Ortiz Monasterio, que explica las lecciones del refugio guatemalteco; Manuel Ángel Castillo, en torno a temas como refugio, protección, asistencia e integración; Ernesto Rodríguez Chávez, que aborda el asilo, el refugio y otras formas de protección humanitaria, y por último, Katya Somohano, que hace referencia a la iniciativa de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Especial atención recibió en este grupo el tema de los ajustes que el marco normativo ha experimentado como producto de los procesos de asilo y refugio a lo largo del siglo XX, periodo durante el cual México se constituyó históricamente como lugar de refugio.

Fernando Serrano Migallón plantea que el asilo se consolida como una institución americana a partir de las Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954), de las cuales México es signatario. En su opinión, resulta fundamental analizar las crisis internas que dieron origen a la expulsión; la opción del asilo como única manera de salvar la vida; el impacto de los asilados y refugiados en la sociedad a la que llegan y la imposibilidad de participar políticamente en el país de acogida; la facultad de un Estado de proteger a individuos de otros Estados; la ruptura personal, social y cultural que significa abandonar el país de origen; el vínculo entre refugio y derechos humanos, y, finalmente, los procesos de retorno.

Uno de los argumentos centrales de este libro tiene que ver con la manera en que distintos gobiernos mexicanos ofrecieron apoyo y solidaridad a las víctimas del autoritarismo y la represión a lo largo del siglo XX. Clara Lida señala cómo México destacó en el ámbito diplomático por medio de la aplicación de las normas emanadas del derecho internacional humanitario. Así, la ayuda otorgada a los asilados y refugiados tuvo como base la protección a las víctimas de la persecución, la defensa de los derechos humanos, la solidaridad internacional y la ética política.

En el texto se marcan las principales oleadas de exiliados que arribaron a México a lo largo del siglo XX: a fines de los años veinte, los refugiados provenientes de la naciente URSS; en 1937, los republicanos españoles que huían de la guerra civil y, un poco más adelante, los perseguidos por el franquismo; en 1954, tanto los guatemaltecos que debieron abandonar su país a la caída del gobierno de Arbenz, como los estadunidenses que escapaban de la intolerancia desatada por McCarthy; en los años setenta, la llegada a México de argentinos, chilenos, uruguayos, peruanos, colombianos y brasileños; al empezar los años ochenta, los refugiados urbanos procedentes de la guerra civil en El Salvador que se asentaron sobre todo en la ciudad de México, y, finalmente, el refugio masivo de guatemaltecos en Chiapas.

Es así como México se convirtió en el lugar donde miles de hombres y mujeres hicieron sus vidas después de ser expulsados de sus países a consecuencia de las crisis sociales, la falta de libertades, la represión y porque, en muchos casos, estaba en riesgo la propia vida. Sin embargo, Yankelevich señala los contrastes existentes entre la reforma agraria, el activismo obrero y campesino, las políticas nacionalistas y el establecimiento de una serie de derechos constitucionales, por un lado, y una serie de mecanismos jurídico/políticos que frenaron el reparto agrario, la falta de distribución de la riqueza y la existencia de una sociedad inequitativa, por otro.

En su opinión, la contradicción principal tiene que ver con la consolidación de un régimen que, si bien se proclamaba revolucionario y era visto como vanguardia continental en asuntos económicos, políticos y culturales, al mismo tiempo reprimía a sus opositores y acogía a los opositores de otros gobiernos. De este modo, se hace evidente la existencia de un país con dos rostros: una política exterior que se proclama defensora de la paz, la soberanía nacional y la lucha contra la opresión, y una política interna caracterizada por la exclusión; una política exterior basada en los principios de autodeterminación y no intervención, los cuales eran defendidos en los distintos foros internacionales, frente a un régimen en el cual el autoritarismo y la represión con frecuencia hacían su aparición en la escena política.

Paradójicamente, a pesar de que México es un país de emigrantes, su política migratoria es una de las más restrictivas del continente. Sin embargo, la excepción la constituyen a lo largo del siglo XX los asilados y refugiados aunque, según el caso, encontramos políticas diferenciadas que van desde la generosidad ilimitada hacia los republicanos españoles, pasando por las resistencias frente a los judíos perseguidos por el nazismo, hasta la apertura a intelectuales, políticos y dirigentes universitarios de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.

Desde luego, caso especial fue el éxodo masivo de decenas de miles de indígenas guatemaltecos a México que, a partir de 1980, encontraron refugio en nuestro territorio a lo largo de la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala. En particular, Luis Ortiz Monasterio sostiene que el refugio guatemalteco tuvo un fuerte impacto en el desarrollo posterior de la política de derechos humanos en México ya que, a lo largo de más de quince años, el gobierno mexicano se enfrentó al reto de atender las necesidades de protección y asistencia humanitaria de cerca de 100 000 refugiados que escaparon de Guatemala debido a la violación masiva de los derechos humanos y la represión generalizada.

Además, el carácter masivo del refugio guatemalteco contribuyó a hacer visible la frontera sur de México, hasta entonces bastante olvidada, al tiempo que generaba una fuerte preocupación por la seguridad en la región, derivada de la presencia de los kaibiles y las incursiones a los campamentos de refugiados. De ahí que años más tarde se llevara a cabo el traslado de una parte de estos refugiados a Campeche y Quintana Roo, lo cual constituyó un nuevo desafío para las autoridades estatales y municipales de dichas entidades.

Como consecuencias de este proceso, Ortiz Monasterio subraya la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 1980, y la fundación de la Comisión Nacional de Derecho Humanos, en 1990, a lo cual se sumaron la apertura en México de una oficina de representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 1982, la incorporación del régimen de refugio a la legislación mexicana en 1990, y la ratificación por parte de México, diez años más tarde, de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, suscrita en el marco de las Naciones Unidas.

Por otra parte, destaca el hecho de que, sin importar la condición migratoria de los diferentes grupos de asilados o refugiados que arribaron a México en el siglo XX, todos ellos son un factor constitutivo de algunas de las comunidades de extranjeros que radican hoy en el país. Asimismo, en opinión de Ernesto Rodríguez Chávez, en el proceso de aceptación y recepción de los perseguidos prevalecieron mucho más la solidaridad y las decisiones políticas de acuerdo a las coyunturas y a las consideraciones geopolíticas de los gobiernos en turno. De ahí que, hasta el día de hoy, México haya sido siempre creativo para encontrar los caminos dentro de la legislación migratoria vigente para dar cabida a aquellos que requieren protección. Esto le ha permitido, en la última década, atender los compromisos internacionales llevando a la legislación lo que históricamente realizó a partir de decisiones fundamentalmente políticas.

Los años del refugio guatemalteco en México dejaron una serie de lecciones que no debemos olvidar. Desafortunadamente, afirma Manuel Ángel Castillo, los países de la región pueden estar en riesgo de recibir nuevamente demandas de protección, por lo que la capacitación y sensibilización de las autoridades migratorias en materia de derechos humanos resultan indispensables. Del mismo modo, para lograr la canalización de recursos a una atención eficiente de individuos y familias en condiciones de vulnerabilidad, se impone una coordinación eficaz de instituciones gubernamentales, internacionales o de la sociedad civil, basada en la observancia de principios humanitarios. Castillo señala también un problema fundamental para el gobierno mexicano: el de la necesidad de desarrollar una postura coherente entre principios de ayuda humanitaria a los refugiados y el manejo de sus relaciones diplomáticas con el gobierno del país de origen de los refugiados, situación que se puso de manifiesto de manera clara en el caso del refugio guatemalteco de los años ochenta del siglo pasado. Además, remarca un tema de preocupación de la comunidad internacional: la manera de encarar los procesos de refugio que adquieren una duración indefinida, indeterminada o prolongada, lo que supone contemplar las posibles acciones de apoyo al retorno, el cual, en última instancia, constituye un derecho de la población refugiada.

Quizá uno de los elementos más valiosos en este proceso, sostiene Castillo, fue la organización del retorno voluntario una vez alcanzada la paz en Guatemala a mediados de la década de los noventa, asegurando las condiciones de seguridad que garantizaran el respeto a la dignidad de quienes tomaran la decisión de retornar a su país. De igual forma, para resolver el dilema entre retorno o permanencia, el gobierno mexicano ofreció el llamado Programa de Estabilización Migratoria, el cual daba la posibilidad de regularizar la situación de quienes optaran por permanecer en México, facilitando su integración progresiva. Al mismo tiempo, se buscó evitar la generación de situaciones de desigualdad en el trato a la población local, lo que se logró por medio de acciones de beneficio colectivo de manera equitativa.

Hoy en día, concluye este grupo de especialistas, resulta de especial relevancia el análisis de las diversas experiencias de asilo y refugio en México a partir de nuevas fuentes, lo cual es posible gracias a la apertura de archivos tanto documentales como orales que ahora pueden ser consultados por los estudiosos del tema. A partir de ello se podrán reconstruir múltiples historias dentro de la propia historia mexicana, en particular lo relacionado con los derechos políticos y sociales de los exiliados. Lo anterior será particularmente importante en un contexto en que la gestión de los movimientos migratorios ocupa un lugar preponderante en los debates y las agendas políticas de los países de origen, de tránsito y de destino de migrantes, movimientos propiciados en parte por las carencias en sus países de origen, pero atraídos también por la demanda de las naciones desarrolladas.

En suma, en este libro sobre el pasado y el presente del refugio en México y los desafíos hacia el futuro se establece de manera contundente cómo la política de asilo y refugio en México ha reflejado el sentido humano y hospitalario hacia las víctimas de las persecuciones, las guerras y la violencia generalizada. Pero, al mismo tiempo, tal como afirma Katya Somohano, plantea el reto de la necesidad de construir en la sociedad oportunidades para los recién llegados y, sobre todo, la elaboración de una legislación acorde con las necesidades de protección y defensa de los derechos humanos.