Antonio Escobar Ohmstede y Ana Ma. Gutiérrez Rivas, coords., Entretejiendo el mundo rural en el oriente de SLP, siglos XIX y XX

Yanga Villagómez Velázquez*

México, Ciesas, Colsan, 2009, 356 p.

* El Colegio de Michoacán. Correo e: yanga@colmich.edu.mx

El estudio de la sociedad rural y de los territorios campesinos en el país requiere de una revisión documental amplia que remite a periodos de análisis temporal de mediano y largo alcance. Es decir, para comprender el mundo rural actual, es necesario considerar la historia económica, social, política que subyace a la conformación de las sociedades regionales como la potosina, que es el tema de este volumen que ahora presentamos. Este libro, coordinado por Antonio Escobar Ohmstede y Ana Ma. Gutiérrez Rivas presenta un estudio introductorio y siete trabajos cuyos temas de investigación tienen como espacio común el oriente del estado de San Luis Potosí, en la zona donde se sitúan los valles rioverdenses y la Huasteca potosina. En los trabajos que integran el libro, desde una perspectiva comparativa se da cuenta de los procesos donde intervinieron actores sociales con alianzas comerciales, militares y familiares específicas y con propiedades ubicadas en diversas jurisdicciones político-administrativas y eclesiales. En el notable estudio introductorio, Antonio Escobar O. señala que los trabajos realizados a finales del siglo XX ya mostraban acciones colectivas no violentas de los indígenas para paliar o evitar el efecto de las leyes así como el accionar de las compañías deslindadoras de la década de 1890, aunque sigue faltando el análisis de los efectos de las leyes agrarias e hídricas en los propietarios privados. En las tres últimas décadas del siglo XIX, el Estado mexicano traslada bajo su dominio y autoridad gran parte de los recursos naturales. Esto no ocurrió sólo por la tendencia a la federalización o centralización, sino porque el Estado-gobierno enfrentó y negoció con los intereses y formas de organización de los actores sociales, como lo demuestran las negativas o los acatamientos a medias de las autoridades locales y estatales para poner en vigor muchas de las solicitudes y órdenes provenientes de la ciudad de México. Por su parte, los campesinos indígenas se opusieron a estas disposiciones mediante conflictos violentos, largos trámites judiciales o con otras formas pasivas de resistencia, no sólo en relación con la tierra, sino también con los bosques y el agua. Así, al lado de las haciendas y las comunidades indígenas, el ayuntamiento surge como un tercer actor, sobre todo dada su condición de poseer, administrar y usufructuar tierras y aguas en muchas partes del país. En el siglo XX, un cuarto actor irrumpe en la escena del campo mexicano, y es el ejido, que es una organización administrada por la asamblea e impulsada por las autoridades posrevolucionarias que buscaron establecer una nueva relación entre el campesinado mestizo e indígena y un nuevo Estado-gobierno y en este estudio introductorio se analiza la forma en la que los actores socioagrarios y sociohídricos en el oriente del estado de San Luis Potosí se enfrentaron y negociaron por el acceso, manejo y control de los recursos naturales durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Determinar esta periodización obedece a la aparición de la Ley del 25 de junio de 1856 que afectó de igual manera a comunidades indígenas y propietarios privados, para terminar en 1916, cuando se inician las primeras solicitudes de restitución de bienes comunales y una avalancha de restituciones y dotaciones a ejidos, lo que cambiará el paisaje hídrico, agrario, agrícola y humano de los valles y de la Huasteca potosina. Los autores resaltan los diferentes liderazgos y los personajes políticos y militares que hubo en la región de estudio, describiendo los procesos de entrelazamiento histórico reconstruidos gracias a un amplio y consistente trabajo de archivo. De esta forma, la convergencia de problemáticas en las que interviene la población mestiza e indígena es una constante y las poblaciones indígenas (nahuas, teenek, otomíes y pames) se integraban a las haciendas de la región mediante diferentes ocupaciones y trabajos que dependían de los contrastes del fenómeno climático asociado a la precipitación pluvial y a la disposición de agua en estas dos regiones (400 mm/ año en los valles y 1000mm/año en la Huasteca), lo cual provocó una rivalidad sempiterna por el control de las fuentes naturales del líquido (lagunas, manantiales, ríos perennes y torrenciales) mediante la construcción de una infraestructura hidráulica que facilitara su uso, conducción y retención. Esta competencia inicia a finales del siglo XVIII, cuando las haciendas situadas en los valles rioverdenses comenzaron a diversificar e incrementar su producción. De esta manera, las características y diferencias orográficas y climáticas se combinaron con los tipos de población, asentamientos indígenas y pueblos mestizos, ranchos mixtos, condueñazgos, dando origen también a una estructura diferenciada de las formas de propiedad agraria de las dos zonas. Es así como el aspecto conflictivo se hace cada vez más presente en la medida en que hay una reconfiguración de la territorialidad basada en la intensificación productiva de ciertas áreas y los requerimientos de recursos naturales que éstas exigían. Del mismo modo, la aplicación de avances técnicos para el transporte de mercancías en los mercados regionales transformó áreas importantes e influyó en el reacomodo de las mismas relaciones comerciales entre grupos sociales que se fortalecieron con el incremento de la actividad económica regional. Un ejemplo típico de ese proceso fue la ampliación de la vía del ferrocarril o el inicio de la elaboración de material cartográfico para situar espacialmente los límites de las propiedades y volver el trazo de las nuevas vías más riguroso y con fines legales de legitimar el reclamo de la propiedad en caso de litigio, herencia o compra venta. De esta forma se puede apreciar como la recomposición económica, los deslindes de las propiedades, el incremento de requerimientos de los recursos naturales y la redistribución de la población mestiza, campesina indígena, la presencia de las compañías deslindadoras, los denuncios, los contratos privados para explotación de recursos, entre otros aspectos generaron una presión sobre la propiedad agraria, nuevas alianzas en las elites político-administrativas, de tal forma que se dio la resistencia tanto de los pueblos indígenas, como de los ayuntamientos y los propietarios privados. Finalmente, con la Ley Agraria de 1915, ésta buscó solucionar las afectaciones de 1856 y distribuir la tierra mediante la dotación de ejidos a aquellas localidades que carecían de tierras y con la Constitución de 1917 se reestructuró la tenencia de la tierra, concediendo a los pueblos, condueñazgos, congregaciones y rancherías la restitución de sus terrenos perdidos previamente. Posteriormente, entre 1921 y 1938 se conforman cerca de 77 ejidos como consecuencia de este reparto agrario producto de la revolución de 1910.

Gabriel Fajardo Peña aborda un tema que tiene como escenario el municipio de Aquismón como ejemplo para mostrar el proceso de privatización de la propiedad comunal, concretamente en la región centro-norte de éste ocupada por haciendas y condueñazgos, mientras que el centro-sur era propiedad comunal y mediante el arrendamiento de tierras a la población no indígena ésta estableció sus casas, sembradíos y agostaderos de ganado. En 1895, Miguel Lebrija (un político de la región que llegó a ser diputado) denunció las 4,461 hectáreas que pertenecían a los indígenas y se convirtió en el nuevo dueño de la tierra, aunque en realidad Lebrija nunca tuvo posesión de ésta, pues los indígenas se negaron a salir y fue hasta los años posteriores, en 1922, cuando dicha propiedad regresó a manos de los indígenas, quienes solicitaron la restitución de esas tierras a la Comisión Nacional Agraria. A propósito de las compañías deslindadoras porfirianas, se dice que éstas fueron una de las principales armas que el gobierno empleó para privatizar la tierra, pues no sólo se encargaron de medir y deslindar los terrenos "baldíos", sino que también se encargaron de titular las propiedades que carecían de escritura o título. En esta parte del oriente de SLP las dos compañías más activas fueron la Eisenmann-Urista y otra que representaba Cruz García, las que realizaron más de la mitad de los denuncios, titulando más de 30 mil hectáreas.

En su texto sobre la revuelta del Valle del Maíz de 1882-1883, Clara García Sáenz analiza las circunstancias en las que dicha revuelta tuvo lugar utilizando como fuente documental la correspondencia escrita por uno de los líderes involucrados en ella, el cura Mauricio Zavala. El abordaje diacrónico de hechos explica los diversos brotes de violencia para comprender las conexiones y articulaciones entre los protagonistas de la rebelión. Se basa también en las proclamas y discursos, para entender las razones que cada grupo comprometido en el movimiento tuvo para rebelarse. La revuelta estudiada es consecuencia de una serie de conflictos de viejo cuño por tierras en el contexto de la consolidación de los grupos de poder en el estado y fue una respuesta a las políticas porfiristas de propiedad privada, desamortización de bienes y destrucción de la propiedad comunal. Pequeños propietarios y ejidatarios se organizaron alrededor de sus líderes, aglutinando hasta 500 miembros en poco tiempo. La acumulación de agravios y atropellos por parte de los grupos que se afianzaron en el poder estatal y que eran precisamente los dueños de las grandes haciendas de la región. Esto implicó una conjugación de factores de largo y mediano plazo cuyo contexto es el reacomodo constante de las fuerzas sociales frente a la aplicación de las leyes de Reforma, emprendida en el porfiriato. La región del valle del Maíz al oriente del estado posee una próspera agricultura fue durante siglos el paso obligado entre la capital estatal y el noreste mexicano. Su crecimiento como centro de desarrollo agrícola y comercial rivalizó con Rioverde por el control económico de esta zona media. La tierra pues era la base de las actividades económicas y los conflictos por ella eran parte de las relaciones entre grupos cuando alguno de éstos buscaba mejorar sus posiciones. La revuelta que estudia la autora se dio en unas cuantas haciendas del este partido, por lo que sofocarla fue fácil para las autoridades y sus líderes fueron el cura Mauricio Zavala, Celso Arisiaga y Felipe Cortina, quienes movilizaron a un sector de la sociedad, elaboraron leyes, emitieron proclamas y sostuvieron algunos enfrentamientos armados con el ejército. Los conspiradores eran personas letradas que aportaron sus propias ideas para desarrollar la revuelta, sabían de las necesidades e inconformidades de las comunidades agraviadas y tenían la tarea de reunir armas y comunicarse con personas de otras rancherías para que el plan rebelde tuviera éxito. Jesús B. Moctezuma, Pablo Rojas, Nicolás de Secia, Pedro Castro, entre otros, eran algunos de los que mantenía contacto epistolar con el cura Zavala, quienes contemplaron el comienzo de la revuelta y que propició que el ejército se posicionara en diversas haciendas, realizando detenciones, cateos violentos, persecución y represión en diversos ranchos, asesinatos y casas incendiadas. Esta violencia motivada por el abuso provocó que se fueran sumando adeptos a la causa rebelde, en pie de lucha contra los hacendados que se habían apropiado de tierras por las cuales exigían altas rentas a los campesinos pobres. Entre los alzados se pueden identificar a pequeños propietarios, labradores y jornaleros que compartían una idea específica: acceso a la propiedad de la tierra, aunque las motivaciones fueran distintas. La autora plantea que si bien los alzados, ya fueran arrendatarios, jornaleros o labradores, consideraban que su participación en la revuelta los llevaría a vivir de manera más justa, identificando al enemigo de forma inmediata como el administrador de alguna hacienda o las mismas haciendas de la región, en cambio, para los dirigentes su lucha era por la transformación y reorganización social.

En el caso que analiza, se menciona que las elites terratenientes eran el gobierno mismo, con lo cual, la revuelta se hallaba condenada al fracaso desde el inicio porque el gobierno federal no haría sino apoyar a dichas elites y no atender las demandas que se encontraban en el origen del alzamiento. En efecto, las grandes haciendas eran propiedad de las familias porfiristas que gobernaban en ese tiempo SLP y el campesino estaba solo a merced de los intereses de estos grandes propietarios. Aquí se identifica a dos grupos esencialmente: los alzados y el gobierno, aunque en el caso preciso del Valle del Maíz, el descontento no era con el gobierno, sino con los hacendados y sus administradores, ya que en repetidas ocasiones, los alzados acudieron al gobierno para pedir ayuda, defensa o protección, sin obtener respuesta.

Luz Carregha Lamadrid en su trabajo sobre la tierra y el agua para ferrocarriles en los partidos del oriente potosino, plantea que con la introducción del ferrocarril como medio de transporte privilegiado para el transporte de personas y la comercialización de productos agrícolas, durante el porfiriato se utilizaron mecanismos para dotar a las empresas constructoras de las vías férreas, los recursos naturales que requerían para lograr su objetivo, es decir, la tierra y el agua. En el partido del oriente potosino, hacia donde se dirigió y realizó la construcción del ferrocarril, se encontraban varias de las haciendas más productivas del estado, cuyos propietarios tenían gran influencia en las decisiones políticas y la vida económica regional. El primer ferrocarril que tocó el estado de SLP fue el que comunicó a la ciudad de México con Nuevo Laredo, Tamps., en 1888. A partir de 1890 corrió por ahí el Ferrocarril Central Mexicano que cubría el trayecto Aguascalientes-San Luis Potosí-Tampico y en 1902 el ramal San Bartolo-Rioverde. En SLP, los propietarios afectados por la construcción de la vía del tren fueron los primeros en ofrecer condiciones ventajosas a las compañías ferroviarias para adquirir los materiales necesarios, que en ocasiones eran entregados de manera gratuita. De esta forma, para la instalación de la infraestructura ferroviaria, las concesiones y los contratos otorgaron a las constructoras la posibilidad de ocupar, sin costo alguno, tierras propiedad de la nación así como la posibilidad de solicitar la expropiación de terrenos particulares por causa de utilidad pública. En los contratos se obligaba a las constructoras ferrocarrileras a respetar el cauce de las aguas, incluidos ríos, acequias o canales de riego y desagües, con lo cual éstas se veían en la obligación de construir puentes, alcantarillas o las obras necesarias para no interrumpirlo. Si en alguna propiedad se encontraban un pozo, estaban forzadas a pagar la indemnización correspondiente, sin embargo, las compañías fueron autorizadas a usar el agua necesaria para el servicio de su línea gratuitamente. Al igual que el agua, la madera estaba relacionada con la cesión y venta de terrenos, pues se requería de durmientes para la vía férrea. Los hacendados procedieron a este intercambio mediante intermediarios, quienes cerraban operaciones de compra de 100 mil durmientes de madera de encino a un precio de veinte centavos la pieza. La situación ahora es que las concesiones ya se vencieron y varios ramales del ferrocarril se han cerrado y en algunos casos, los rieles han sido levantados, además de que poco más de noventa estaciones ya no dan servicio. Al desaparecer las haciendas y con el advenimiento del ejido, esto no afectó a los terrenos ocupados por las vías férreas, propiedad de Ferronales, aunque el uso del agua ya fue reglamentado por la legislación correspondiente respecto a las presas y obras hidráulicas que construyeron las empresas ferrocarrileras.

Miguel Ángel Solís Esquivel, aborda el tema del impacto de los ferrocarriles en los recursos naturales en el ramal San Bartolo-Rioverde y la afectación de la propiedad agraria asociada al impulso que se le dio a la construcción del ferrocarril durante el porfiriato, época en la que se busca integrar al país al capitalismo mundial. Pronto dicho interés provocaría la instalación de capitales extranjeros en actividades industriales desconocidas hasta entonces en el país. Ése es el caso del ferrocarril que, desde la década de 1830, buscó instalarse en México, y sólo durante el porfiriato se establecieron las bases para la modernización de México y, como símbolo inequívoco de ella, la construcción del ferrocarril. De esta manera, las concesiones para las principales vías ferroviarias se dieron durante el primer periodo de Porfirio Díaz (1877-1880). En San Luis Potosí, el trayecto San Luis-Tampico empezó a construirse en 1881 para finalizarse en 1890, lo cual sirvió para alentar las actividades económicas en el estado. El paso del ferrocarril por Rioverde fue promovido principalmente por el jefe de la obra, el ingeniero James Harrington, quien condicionó el paso de la obra por el lugar a la entrega de terrenos para la estación y derecho de vía gratuito y 10 mil pesos como subvención. En el trayecto de la construcción de la vía, los terrenos serían otorgados gratuitamente por los propietarios de las haciendas correspondientes cuyo ancho era de 30 metros —15 metros de cada lado de la vía—, siempre y cuando que en lugar considerado se colocara una estación. Con ello se da testimonio del interés de las autoridades por realizar todo tipo de gestiones encaminadas a la extensión de la vía férrea, pues ellas mismas serían las principales beneficiarias, ya que al mismo tiempo eran los propietarios de haciendas con una producción agrícola que requería del transporte ferroviario para desplazar las mercancías a diferentes puntos de la región. Un dato importante consiste en que para hacer posible la construcción de los 20 mil kilómetros de vías férrea fueron necesarios entre 40 y 60 millones de durmientes, lo que afectó de manera importante a la zona agrícola de Rioverde y a la agricultura mexicana sin duda, debido sobre todo a la concesión de bosques para la obtención de la madera necesaria para su fabricación.

Ana Gutiérrez Rivas en su contribución sobre el condueñazgo de los Moctezuma analiza la propiedad privada de la tierra en el oriente potosino, considerando sobre todo la producción y los trabajadores, pero también desde la perspectiva familiar; otros estudios ponen el acento en la figura del hacendado, la expansión de las haciendas y su posterior fragmentación y fundación de pueblos en haciendas. En relación con el condueñazgo en San Luis Potosí, éste nació después de la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia del crecimiento de los herederos de una propiedad individual. Este trabajo se propone indagar sobre la fragmentación del condueñazgo de los Moctezuma entre las última tres décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX. Los orígenes del condueñazgo señalan que éste ya existía como forma de propiedad colectiva desde la colonia y en la que cada accionista se unía de manera libre y voluntaria y donde las tierras proindivisas eran divididas y repartidas en el oriente del estado basándose en leyes estatales, lo que motivó que a finales del siglo XIX, el gobierno estatal se esforzara en fragmentar los condueñazgos y la razón entre otras era que para el estado éstos provocaban numerosos conflictos y producían una escasa recolección fiscal. La primera parte es una panorámica general del condueñazgo en SLP; en la segunda parte se desarrolla una visión resumida de las relaciones de parentesco de la familia Moctezuma; la tercera consiste en una visión del condueñazgo como propiedad colectiva y en la última parte muestra los conflictos que se derivan del intento de conservación de la propiedad del condueñazgo. La propiedad conocida como condueñazgo se caracteriza por mantener características comunales y privadas. En los partidos de Tancanhuitz y Tamazunchale, si bien hubieron haciendas y ranchos, algunas de ellas se localizaban dentro de tierras de propiedad indígena. En estos partidos había condueñazgos, ya que los terrenos a pesar de tener dueño, no se encontraban delimitados por cercas ni estaban claramente marcadas las divisiones en su interior lo cual creaba conflictos pero también solidaridad entre sus miembros. También se definía al condueñazgo como una forma de propiedad de pueblos, ranchos o haciendas que se disfrutaban en "comunidad", sin reconocer la propiedad particular. Según los datos aportados por la investigadora, el origen de este condueñazgo se relaciona con linajes tan importantes como el de los descendientes del propio Moctezuma Xocoyotzin, en persona de la princesa Tecuichpótzin quien naciera en 1509. A partir de ahí y después de generaciones de descendientes de ella, la propiedad permaneció en poder de la familia durante los últimos 140 años en forma indivisa hasta 1880. En esa época pastaban en tierras de esa propiedad cerca de tres mil cabezas de ganado vacuno y al inicio del siglo XX los bosques y sus maderas se usaban en la construcción de casas y para combustible. En este condueñazgo vivían cerca de 5 personas en total con 800-900 condueños. Después de una serie de circunstancias que debió enfrentar el condueñazgo, entre las que podemos mencionar juicios por cobro de préstamos, denuncia de baldíos, invasión de tierras, atropellos por parte del ayuntamiento y el prefecto en funciones, o los contratos de arrendamiento a favor de Félix Díaz, con quien los representantes legales del condueñazgo mantuvieron una serie de litigios por no perder la propiedad, provocó que en el oriente potosino la lucha por la tierra se hiciera cada vez más difícil, pues los últimos años del siglo XIX estuvieron caracterizados por el despojo a indígenas y pequeños propietarios por parte de miembros de grupos de poder local. En este contexto, se evidenciaron las formas en las que los hacendados y sus administradores impartían justicia apoderándose de comunidades, ejidos o tierras colindantes a las de su propiedad. Ya con la revolución, gavillas de cedillistas y carrancistas invadieron las tierras del condueñazgo, pero hacia 1929, una resolución presidencial restituyó 94,068 ha a 1,199 individuos de nueve núcleos integrantes del condueñazgo.

María del Carmen Salinas S. en su texto sobre la vida agraria y la demanda social en el sur de la huasteca potosina muestra la influencia de la reforma agraria en la organización de las comunidades y ejidos, donde se registra 43% de la población de origen nahua y su influencia con el municipio de Tamazunchale y los retos que actualmente se plantean para la población y sus autoridades municipales en términos del ejercicio de la autoridad, la gestión de recursos y la mediación para la solución de conflictos. Se pregunta ¿cómo gobierna un ayuntamiento donde hay que hacer cumplir la normativa estatal, donde hay presencia de los poderes federales y donde los habitantes tienen sus propias autoridades? Tamazunchale es el caso del municipio cuya cabecera municipal con población no indígena buscó negociar con las autoridades comunitarias del resto de la población del municipio, al mismo tiempo que trataba de articular a toda esta población a las políticas agrarias federales. Los 32 núcleos agrarios entre ejidos y comunidades indígenas tienen sus propias autoridades y representantes electos por las comunidades para tratar los cambios producidos por la reforma agraria. En el trabajo se plantean reflexiones acerca de tres ideas básicas: las expectativas que se generaron a partir de la aplicación de la reforma agraria entre la población rural, la aplicación de la reforma agraria vista a la luz de los indicadores de medición de pobreza y su situación frente a la población beneficiada, y finalmente los mecanismos que permiten la convivencia entre sistema de cargos, tradición colonial y disposiciones agrarias federales para alcanzar beneficios circunstanciales. Según la autora, el Estado ha buscado que con la reforma agraria, las poblaciones demandantes de tierra permanezcan en paz social, sin involucrarse en movimientos y revueltas sociales, de tal forma que éstos pudieran constituirse en unidades económicas de producción para, obedeciendo a la dirección del Estado y en virtud de los apoyos financieros y técnicos de éste, aseguraran la producción de productos agrícolas para la población nacional. Para ello, se pusieron en marcha los mecanismos de regulación, control y organización del sector ejidal estipulados en el Art. 27 constitucional y que conciernen a la elección, representación, legitimación o remoción de las autoridades agrarias. Frente a esto, al parecer la dinámica en este municipio de Tamazunchale es permanecer con las determinaciones de la política agraria que datan de los años cuarenta, cuyo código permite la titulación, reconocimiento y confirmación de la propiedad comunal, y los derechos y costumbres agrarias que las comunidades poseían desde tiempo inmemorial. Reivindicar esta situación permitía obtener cierta autonomía respecto de la cabecera municipal y el respeto a sus recursos, lo cual no se reflejó necesariamente en una mejora en su nivel de vida. Expone en su trabajo la situación de 32 núcleos agrarios del municipio de Tamazunchale, donde la tenencia de la tierra es comunal, ejidal, privada y pública, que en total representan en 2004 cerca de 27 mil 700 hectáreas, es decir, 79.14% del territorio municipal. En 1991, la comunal, que es la mayoritaria con poco más de la mitad del territorio del municipio, se halla en los cerros situados al occidente y sur del municipio; la propiedad ejidal, con 27.5% del territorio municipal, se sitúa entre el río Moctezuma y el municipio de San Martín, la propiedad privada, con 14.4% de las tierras, se distribuye a lo largo del río Moctezuma, al este y norte de la cabecera municipal y entre los ejidos al este del territorio. Finalmente, la propiedad pública, que no alcanza 1% del total de la superficie municipal.

En efecto, según la autora, con el incremento de la población se ejerce una presión sobre la tierra y la pulverización del padrón de producción del sector social difícilmente permite la subsistencia de una familia. El promedio de extensión de una parcela de naranjal es de menos de dos hectáreas, de caña de menos de una hectárea y la de café entre una y dos hectáreas. La agricultura es campesina, con un sistema de producción de traspatio en las unidades de producción familiares para satisfacer parte de sus necesidades de alimentación que se complementan con la recolección. Refiere que en comparación con el estado de San Luis Potosí y la Huasteca, los ingresos de estas familias en el municipio de Tamazunchale son bajos, ya que 55.6% de éstas viven con menos de un salario mínimo y 85.6% de los trabajadores del municipio viven con menos de dos salarios mínimos. Cifras que en el nivel estatal corresponderían a 36.2% y 71% estatal, respectivamente. Además, no puede ser que en un país moderno más de tres cuartas partes de la pea del municipio viva con menos de dos salarios mínimos. En el municipio de Tamazunchale resulta más aguda la marginación social que la existente en promedio en toda la Huasteca potosina. En más de 50% del total de las localidades de este municipio se dan condiciones de pobreza y de marginación. La activación de la producción promovida por la reforma agraria no se realizó en el municipio y las personas subsisten porque hay una unidad económica activa no moderna que combina la tenencia de la tierra con el tipo de producción. Frente a la pobreza, los habitantes se organizan en forma colectiva para satisfacer sus necesidades más urgentes, estableciendo relaciones mediante el sistema de cargos, y vínculos con autoridades municipales y estatales para formular sus demandas. Concluye que éstas expresan las expectativas de desarrollo a la que los habitantes aspiran y que tienen que ver con el aprovechamiento comunal de los recursos naturales, la importancia del liderazgo local, la apatía por experimentar nuevos tipos de producción y tradicionalismo en las formas de trabajo. Además, plantea que el beneficio de la reforma agraria ha sido básicamente consolidar la fuerza social de los ejidatarios y comunidades, pero no el mejoramiento de su nivel de vida. Sin embargo, el acceso a la propiedad comunal, la elección de autoridades políticas y judiciales, impartir justicia con sus propios valores, dar seguimiento a sus demandas a través del sistema de cargos, les permite reproducir su forma de vida, sin plantearse un cambio radical y sin manifestar descontento social.