La Universidad:
nacional y autónoma

GABRIELA CONTRERAS PÉREZ*

La condición autónoma de la Universidad Nacional ha sido uno de sus puntos más controversiales desde su reapertura en el año de 1910. Con dificultad se fueron dando las condiciones para que la reinaugurada institución pudiera adecuarse al proceso de reagrupamiento, no sólo en términos administrativos sino –desde luego– del concepto académico: la organización del currículo, la coordinación en los aspectos docentes, la disposición de espacios físicos, los alumnos inscritos, etcétera. Aunado a esto, como sabemos, el movimiento revolucionario condicionó otra serie de problemas que impactaron de lleno el desarrollo de este proyecto y que finalmente conseguiría cierta estabilidad hacia 1921, en el gobierno de Álvaro Obregón, cuando se aprobó la Ley de federalización de la enseñanza y la creación de la Secretaría de Educación, al frente de la cual se desempeñó José Vasconcelos, quien desde el mes de julio de 1920 había sido el rector de la Universidad Nacional.

La dinámica aceptada tanto en la educación primaria como en la universitaria se desarrollaba alrededor del proyecto vasconcelista y sus intentos por conseguir que la educación transformara a los grupos sociales, por diversos que éstos fueran. No había entonces diferencia entre el concepto del quehacer educativo entre los universitarios y la Secretaría de Educación Pública.

Estos tiempos acabaron con la renuncia de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación, a principios de 1924. Para entonces ya se habían dado algunos intentos de lucha por la autonomía de la Universidad.

El tránsito de una a otra instancia había sido hasta entonces normal, pero en la medida en que el proyecto educativo se vinculó con los intereses de impulsar la formación de técnicos, más que de humanistas, así como con los propósitos anticlericales, las diferencias entre la Universidad y la Secretaría empezaron a profundizarse. Por otro lado, en este periodo las relaciones con la Iglesia llegaron a uno de sus puntos más conflictivos ante el decreto que prohibía la celebración de cultos y que los religiosos interviniesen en el proceso de enseñanza. Se desató, a partir de 1926, la rebelión cristera que se prolongó por casi tres años, con la correspondiente ruptura de las relaciones entre el clero y el gobierno de Calles, quien no cesó en su política anticlerical.

El asesinato de Álvaro Obregón en julio de 1928 complicó todavía más la situación con la Iglesia, dada la implicación de católicos en este suceso. Pero la vida política debía seguir su vía institucional y, por acuerdo entre algunos políticos cercanos a Plutarco Elías Calles, se nombró como presidente provisional a Emilio Portes Gil (diciembre 1928-febrero de 1930), cuya labor más relevante sería, en principio, posibilitar el proceso de elección presidencial.

Un año fundamental en la vida política de México fue el de 1929. Llegaron meses en los que se fueron definiendo conflictos relacionados con el orden político nacional, lo que inició un proceso de institucionalización de la participación política, tratando de precisar los límites de cada uno de los actores sociales: los partidos políticos, la Iglesia católica y la educación, para mencionar sólo aquellos que en este año iniciaron un proceso de delimitación de sus posiciones y acciones en la sociedad.

Así, en este año el presidente provisional, Emilio Portes Gil, habría de establecer los lineamientos para tratar de solucionar el conflicto cristero, tendría que sostener una posición política que facilitase la actividad política y electoral del naciente Partido Nacional Revolucionario, así como definir las estrategias para el proceso electoral que se avecinaba.

Por otra parte, en lo que se refiere al sector educativo, a partir de mayo de ese año se había desbordado una movilización estudiantil cuyo resultado sería la obtención de la autonomía universitaria, movilización que expresó su fuerza y vitalidad continuando activa a lo largo de la campaña electoral de José Vasconcelos para la presidencia de la república en el año de 1929: la llamada “cruzada Vasconcelista” (véase Skirius, 1982).

En la Secretaría de Educación estaba entonces el maestro Ezequiel Padilla y en la rectoría uno de los ateneístas, Antonio Castro Leal. Sin embargo, el rector renunció ante el movimiento estudiantil de lucha por su autonomía, lo que presumiblemente permitiría a los universitarios definir sus propias líneas y criterios educativos. Entonces hubo acuerdo en la designación de Ignacio García Téllez como rector.

La autonomía universitaria así como la Ley Orgánica que entonces se aprobó, permitieron el funcionamiento estable de la institución, por lo menos hasta el año de 1933.

Para entonces la política radical en materia educativa no pasaba de ser un proyecto. Durante los dos años en que fue presidente Pascual Ortiz Rubio, en la Universidad no hubo cambios; en Educación se contó con el trabajo del general Aarón Sáenz y, a partir de octubre de 1931, de Narciso Bassols.

Tras la renuncia de Ortiz Rubio, en 1930, asumió el cargo presidencial Abelardo L. Rodríguez, quien ratificó a Bassols en la SEP. En la rectoría de la Universidad se había elegido a Roberto Medellín Ostos.

Por su parte, el arzobispo Pascual Díaz había declarado que únicamente los padres de familia podían decidir la educación que sus hijos debían recibir, alentando así a las familias católicas a tomar cartas en el asunto, y resolviendo entonces realizar sus actividades religiosas con extremo sigilo y, también, implementando pequeñas escuelas en casas particulares, en las cuales los maestros eran religiosos y, desde luego, la enseñanza no era la que establecía la SEP, que además ya incorporaba en sus programas la “educación sexual”. El escándalo y la oposición a Bassols fue en aumento.

El 9 de mayo de 1934 Narciso Bassols renunció a la SEP. En su carta, agradece al presidente:

por la forma enérgica en que me sostuvo usted a través de numerosas dificultades suscitadas por los católicos, por la prensa reaccionaria, por antiguos elementos de la propia administración, por los políticos oposicionistas, por unos cuantos líderes magisteriales, que se decían ser el magisterio mismo, y por falsos estudiantes universitarios animados de tendencias mezquinas y por supuestos padres de familia que no actúan por cierto como tales, sino como simples hijos de la “iglesia” y, naturalmente, por el desvirtuado y corrompido asunto de la educación sexual.2

Entre mayo y octubre de 1933 y ante la posibilidad de que el proyecto de educación socialista se impusiera también en los estudios universitarios, se desarrolló un proceso mediante el cual se le confirió a la Universidad su autonomía absoluta, entregándole una cantidad de dinero equivalente a los gastos de tres años. El proyecto de educación socialista establecido, como se pretendía, en la Universidad Nacional Autónoma implicaba un golpe a la recién ganada autonomía, la de 1929, y esto derivaba en un problema mucho más profundo sobre el futuro de la institución, con consecuencias e implicaciones políticas precisas.

Estos puntos fueron discutidos ampliamente por Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso en septiembre de 1933.

Esta segunda manifestación en defensa de la autonomía universitaria llevó a una resolución presidencial en la que se establecía que la autonomía, para ser completa, debía concebirse también en el sentido de independencia económica del Estado, con lo cual se le asignó un monto –que entonces se consideró como pago único– y, además, se definió que una institución educativa que rehusase impulsar el proyecto educativo nacional no podía concebirse como representante de la expresión de lo nacional. Por lo tanto, la institución perdía en este proceso su carácter de Nacional.

No se oculta al Gobierno que desde ciertos puntos de vista importantes y conforme al criterio de algunos sectores de la opinión pública, la experiencia de los cuatro años de régimen autónomo de la Universidad parece indicar que es imposible que el mejoramiento pueda alcanzarse por el camino de la autonomía y que, más bien, evidenciados los inconvenientes de tal sistema, la solución consiste en que el Estado rescate de modo íntegro la responsabilidad de gobernar y dirigir los planteles universitarios.

La ruptura de las relaciones entre la Universidad y el gobierno era evidente.

La jerarquía católica pudo haber sentido por un momento que estaba por ganar la partida. Los intereses ahora no sólo giraban en torno a la Autonomía de la universidad sino también a su condición Nacional, es decir, la institución universitaria como portadora y conductora del saber, con capacidad para definir las líneas del conocimiento, la investigación, con posibilidad de influir en el resto de las instituciones de educación superior del resto del país. Por un breve periodo, unos once años, este proyecto esbozó sus posibilidades.

El rector designado por una Asamblea Constituyente en octubre de 1933 fue, por unanimidad, Manuel Gómez Morín. Se dijo, a partir de entonces, durante varios años, que en esos años en que la institución se había negado a incorporar la educación socialista en sus lineamientos académicos había sido convertida en el reducto de los católicos.

En 1934 los problemas por la defensa de la autonomía se entrecruzaban con los problemas económicos de la institución y de alguna manera la lucha por estos dos puntos definía las estrategias a seguir, consiguiendo de muchas maneras que la Universidad aparentemente fuese, como lo había dicho el maestro Antonio Caso, una comunidad de cultura.

No obstante, a fines de ese año el panorama en la institución no parecía tener horizontes claros: el rector Gómez Morín presentó su renuncia como consecuencia de la grave crisis económica y de las críticas que, desde el seno del propio Consejo Autónomo le hicieran. Por su parte, las distintas organizaciones estudiantiles debatían intensamente no sólo en términos académicos sino políticos, derivando en enfrentamientos violentos.

En diciembre de 1934 tomaba posesión como presidente el general Lázaro Cárdenas. El proyecto educativo estaba delineado ya como “socialista”. El secretario de Educación era el licenciado Ignacio García Téllez. El mes anterior había presentado su renuncia a la rectoría Manuel Gómez Morín y en sustitución, por acuerdo de la comunidad universitaria, se designó a Fernando Ocaranza. Los periodos críticos en la Universidad se desataban constantemente a causa de dos problemas: el lamentable estado financiero y la presión que ejercía el gobierno para obligar a la institución a integrarse en el proyecto de educación.

En cuanto al alumnado, en 1935 la Federación de Estudiantes se encontraba bajo la dirección de los jóvenes defensores de la autonomía, contrarios a Vicente Lombardo Toledano, aunque algunos jóvenes partidarios de este personaje aún tenían cierta presencia no muy significativa dentro de la institución.

Por el contrario, esta organización quedó representada por jóvenes católicos de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, con Daniel Kuri Breña en la presidencia de la organización; es decir, eran grupos cercanos a la Asociación de Jóvenes Católicos Mexicanos (ACJM) que seguían las directrices de los jesuitas de la Acción Católica Mexicana.

La Federación de Estudiantes se convertiría en una organización importante, en disputa permanente. Las elecciones de los presidentes de Sociedades Estudiantiles eran muy importantes porque los ganadores quedaban en la Federación y, a su vez, tenían derecho de voz en el Consejo. Los estudiantes católicos, los independientes, los que apoyaban a Lombardo o los que apoyaban a Cárdenas, querrían estar al frente de la Federación. Además, quienes estaban en la FEU designaban al delegado en la Confederación Nacional de Estudiantes.

Las condiciones para la gestión de Chico Goerne eran favorables. Finalmente no se impulsaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Universidad anunciadas por el presidente Cárdenas, simplemente porque la atención gubernamental se orientó hacia otros proyectos: en 1935 se creó el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica y en febrero de 1936 se inauguró la Universidad Obrera. Al año siguiente se creó el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología; asimismo, se votó la Ley de inamovilidad del profesorado de escuelas secundarias, con lo que restringían las posibilidades del proyecto de Extensión Universitaria que se ocupaba de la educación secundaria.

A pesar de las buenas relaciones del rector Chico Goerne con el presidente Cárdenas, la situación económica de la Universidad no mejoró de inmediato. Sin embargo, bajo la supervisión del jefe de Acción Social, Salvador Azuela, se puso en marcha un proyecto multidisciplinario en el Valle del Mezquital, un proyecto que se consideraba el inicio de un plan de acción política, bajo la idea de que: “La investigación científica no será más ni deberá ser más, el patrimonio de unos cuantos poderosos.”, según había señalado el rector Chico Goerne.4 Fue ésta una política académica de acercamiento al proyecto social del cardenismo y rindió sus frutos.

El apoyo financiero por parte del gobierno cardenista durante este periodo sumaría la cantidad de dos millones de pesos. El déficit presupuestal de los primeros años de la gestión de Chico Goerne lo habían superado medianamente gracias a la venta de los primeros terrenos de lo que pensaban sería la Ciudad Universitaria, gracias a lo cual se contaba con una reserva de medio millón de pesos.6 Si bien es cierto que la situación financiera podría haber dejado de ser un obstáculo para la Casa de Estudios, lo cierto es que hubo falta de experiencia que culminó en acusaciones de malversación de fondos lo cual derivó, finalmente, en la salida de Chico Goerne de la rectoría.

En cuanto a la problemática de la autonomía, desde el interior de la Universidad los grupos críticos de Chico Goerne y opositores del proyecto cardenista no dudaron en acusar al rector de entregar la Universidad al gobierno. Así quedaba hecho el señalamiento de que la autonomía estaba condicionada al subsidio gubernamental.

La orientación de estudios sociales impulsada durante estos años daría un sentido específico a la institución universitaria y, además, el pacto no enunciado entre el gobierno cardenista y la jerarquía católica contribuyó a que esta orientación continuara desplegándose en otros campos y áreas de investigación, como sucedería con el proyecto de los “médicos descalzos” del doctor Gustavo Baz.

En junio de 1938, tras un proceso paulatino de deterioro económico y conflicto entre diferentes grupos estudiantiles, Luis Chico Goerne, tercer rector en este breve periodo, renunció a la rectoría de la Universidad.

Nuevamente se nombró una Asamblea Constituyente que propuso como rector a Gustavo Baz Prada, en momentos en que la correlación de fuerzas al interior del Consejo Universitario no era favorable del todo a aquellos grupos que apoyaban la política cardenista.

Al constituirse el Consejo Universitario presidido por Baz, el grupo católico de los Conejos consiguió ocupar una cantidad considerable de puestos de representación, pues no sólo se debía contar entre otros a los estudiantes, sino también a algunos profesores, e incluso directores. Así, entre 1939 y 1948, este grupo de jóvenes católicos, independientes de la UNEC, se sostuvo en el Consejo Universitario como mayoría, dando espacio a una orientación específica en la vida académica de la universidad, defendiendo la autonomía, la libertad de cátedra y la entrega del subsidio para la institución y, desde luego, las posibilidades de que la Universidad siguiera siendo Nacional, asunto que les mantenía aún inquietos.6 El decreto emitido por el entonces presidente así lo establecía y esta situación no se había resuelto. Algunos universitarios nunca habían dejado de considerar a la institución universitaria como Nacional, de modo que sometieron a profunda discusión este punto pues hubo algunos, cercanos al rector Baz, que insistían en que la institución podía seguir siendo la Universidad Autónoma de México.

En una sesión del Consejo Universitario, el 25 de julio de 1938 se aprobó la supresión de este adjetivo por considerar que éste había sido el resultado de ganar la autonomía absoluta en el año de 1933. Sin embargo, la discusión se prolongó de tal modo que se propuso la creación de una Comisión que estudiara este punto. En el mes de septiembre la comisión propuso lo siguiente:

La Universidad Nacional Autónoma de México, como realidad histórica nacional, probada constantemente en las luchas de sus últimos años, no está ligada a ninguna persona, grupo o forma política. Como institución que vive en la Nación, es el refugio augusto de todas las corrientes del pensamiento, es el centro donde tienen cabida todos los hombres, cualquiera que sea su ideología, con tal que sean puros y sepan recoger el ansia nacional de cultura. Podrán existir otras universidades en México, podrán adoptar los mismos principios de la nuestra o una ideología determinada; ni serán instituciones nacionales, y sólo representarán a los hombres que las crearon, a los grupos políticos que las mantengan, a la tendencia ideológica que las alimente o a la aspiración local de una región del país. Pero en este último supuesto, que será el mejor, vivirán estas instituciones dentro de nuestra Casa de Estudios, porque la Universidad Nacional Autónoma de México, a la vez que representa, recoge todas las aspiraciones de la auténtica cultura nacional, generales o locales.7

La propuesta se aprobó sin modificaciones. La Universidad era la institución desde la cual se definían los proyectos educativos, de difusión, de investigación. En ese sentido, la Universidad quedaba situada muy por encima de la Secretaría de Educación Pública, instancia que se desgastaba en las disputas sindicales del magisterio, sin llegar a establecer líneas educativas congruentes para todo el país. La Universidad sí se había propuesto esta labor, y al parecer había ganado el punto al gobierno en esta materia. No lo había hecho imponiendo una sola línea o perspectiva de estudio o análisis, lo había conseguido a partir de la defensa de la autonomía, de la defensa de la libertad de cátedra y del rechazo al condicionamiento del subsidio.

En este punto, el proceso de autonomía iniciado en 1929 mostraba ya indicios de madurez estructural en donde las reglas internas se habían ido definiendo, donde había capacidad para que distintas tendencias de pensamiento coexistieran; asimismo, había ido madurando ese sentido de servicio a la sociedad sin que fuese necesario someterse a los lineamientos de la llamada educación socialista. La Universidad crecía en materia de investigación y difusión; se tenía ya la Radio Universitaria, algunos locales más, algunos apoyos en cuanto a exención de pagos de luz y otros.

En 1940 asumió la presidencia Manuel Ávila Camacho. El secretario de Educación fue Luis Sánchez Pontón, después Octavio Véjar Vázquez y finaliza el sexenio Jaime Torres Bodet. En la rectoría de la Universidad estuvieron durante este periodo Gustavo Baz, quien renunciaría para incorporarse al gabinete presidencial a fines de 1940; le sustituyó como rector interino Mario de la Cueva, hasta julio de 1942. Se eligió entonces a Rodulfo Brito Foucher, quien renunció dos años después. Por muy breves periodos siguieron José Aguilar Álvarez, Manuel Gual Vidal, una junta de ex rectores y, finalmente, de agosto de 1944 a marzo de 1945, Alfonso Caso Andrade, quien a su vez dejó el cargo en manos de Genaro Fernández Mac Gregor. Fue en 1945 cuando la Universidad empezó a funcionar con otra Ley orgánica, con la idea de que el enfrentamiento entre el gobierno y la Casa de Estudios quedara atrás.

NOTAS

1. En la Universidad se designó como rector a Alfonso Pruneda García, quien permaneció en ese cargo los mismos cuatro años que Calles. En Educación se nombró a José Manuel Puig Casauranc y en la subsecretaría a Moisés Sáenz, quien antes había sido Director de la Escuela Nacional Preparatoria.

2. Mauricio Magdaleno, Narciso Bassols. Notas para una fisonomía política, México, s.p.i., p. 9, citado por Monroy, 1985, p. 39.

4. Archivo Histórico del Consejo Universitario/UNAM, caja I/I, 1936, carpeta 1. Sesión del Consejo Universitario, 24 de marzo de 1936.

5. Estos terrenos se habían obtenido gracias a las gestiones de Pedro de Alba, en 1930. La venta de los mismos se hizo a la Secretaría de Guerra. AHCU/UNAM, caja I/I, carpeta 1, 1936.

6. En sus memorias, el general Abelardo L. Rodríguez (2003, p. 121) simplemente señala: “Se propugnó por la expedición de la ley que creó la Universidad Autónoma de México, dotándola de un patrimonio y se continuó auxiliándola para su sostenimiento”.

7. AHCU/UNAM, caja 1938 II/II, carpeta 33, Dictamen de la Comisión, septiembre 26 de 1938. En esta comisión participaron los conejos y algunos católicos: Charvel, Christlieb, Laborde Cancino, Oñate Saleme, Castro Estrada, Maíz Mier, Bello y Bello, Sáyago, Cossío y Cossío, entre otros.

REFERENCIAS

Monroy Huitrón, G. (1985), Política educativa de la revolución, 1910- 1940, México, SEP.         [ Links ]

Rodríguez, Abelardo L. (2003), Autobiografía, México, Senado de la República.         [ Links ]

Skirius, John (1982), José Vasconcelos y la cruzada de 1929, México, Siglo XXI.         [ Links ]

* Profesora e investigadora, Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco. Profesora invitada, CESU-UNAM.