Historia de la autonomía universitaria
en América Latina
RENATE MARSISKE SCHULTE*
El problema de la autonomía universitaria (Laguardia, 1977; Barquín, 1979; Levy, 1979), que en el fondo es el problema de las relaciones entre una corporación e instancias externas de decisión, es en sí muy complejo y delicado. Es el reclamo de la universidad corporativa de una independencia sustancial, es la condición necesaria para que la institución pueda cumplir con sus tareas. La universidad debe su existencia legal a un acto de una autoridad externa, normalmente el Estado; el instrumento de incorporación describe de manera detallada lo que la universidad puede hacer y lo que no puede hacer con sus propiedades, sus finanzas, en su relación con otras instituciones o con sus miembros.
Desde el punto de vista jurídico, autonomía universitaria significa la posibilidad que tiene una comunidad de darse sus propias normas, dentro de un ámbito limitado por una voluntad superior que para el caso sería la del Estado. Esta capacidad que permite a una comunidad ordenarse a sí misma implica la delegación de una facultad que anteriormente se encontraba centralizada en el Estado (Barquín, ibid., p. 3).
La autonomía universitaria tiene tres aspectos: el de su propio gobierno, el académico y el financiero. El primer punto permite que la universidad legisle sobre sus propios asuntos, se organice como le parezca mejor, elija a sus autoridades y al rector, según los requisitos que ellos mismos señalan. La parte académica de la autonomía universitaria implica que la universidad puede nombrar y remover su personal académico según los procedimientos convenidos, seleccionar a los alumnos según los exámenes que ella misma implanta, elaborar sus planes de estudio, expedir certificados, títulos etc. También garantiza la libertad de cátedra que no se debe confundir con la autonomía misma. El aspecto financiero permite la libre disposición que de su patrimonio tiene la universidad y la elaboración y el control de su propio presupuesto.
]]> De manera formal, una universidad es autónoma en la medida en que es libre de tomar dentro de su propia organización y por medio de sus propios procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración. Pero una autonomía efectiva necesita algo más que lo implicado en esta definición formal. Implica también que la organización de la universidad deba ser tal que asegure a sus miembros, sobre todo los miembros del personal académico, una parte reconocida e importante en la toma de decisiones, en especial en lo referente a las políticas académicas. Éste es el fondo de todo el asunto. Es decir, existe una interrelación forzosa entre la ciencia moderna y la democracia, como posibilidad permanente de cambio y ésta a su vez garantizada en las universidades por la autonomía universitaria (Sánchez, 1979, p. 275).Las universidades existen para servir a la sociedad de la que reciben el apoyo moral y material. Por ello son objeto de observación y crítica públicas y tienen que ser sensibles a la opinión fundamentada y responsable. Pero más allá de esto, la universidad tiene que servir a los intereses a más largo plazo del avance del conocimiento, y por ello tiene la obligación no sólo con su propia sociedad, sino con la comunidad mundial de la ciencia.
La esencia del asunto es que una buena universidad no es simplemente un agregado de agencias funcionales separadas, sino una comunidad en la que sus diferentes elementos se mantienen unidos y son inspirados por un solo fin intelectual, y la interacción es lo más libre posible de todas sus personalidades y disciplinas.
El conocimiento histórico debe ser el punto de partida para crear, mediante la reflexión rigurosa, racional, global y crítica, categorías y conceptos descriptivos, interpretativos y/o explicativos del fenómeno universitario latinoamericano y sus autonomías. La idea de la necesidad de dar autonomía a la universidad aparece como constante desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se repite en muchos discursos, congresos estudiantiles (Marsiske, 1998, p. 539), se manifiesta en diversos proyectos de ley y es parte de una demanda constante. Esta preocupación por la autonomía universitaria ha sido permanente:
Sin embargo, la autonomía no nace como un concepto acabado ni tiene una interpretación unívoca; su configuración es producto de situaciones y proyectos particulares en las diferentes universidades latinoamericanas, dependiendo también de los movimientos estudiantiles (Marsiske, 1989) que la logran. Estos movimientos estudiantiles fueron los parteros de la autonomía, pese a que en algunos casos no la demandaron explícitamente. Aún así y tomando en cuenta las diferencias podemos llamar a los años entre 1918 y 1929 como los de la reforma universitaria en América Latina, considerando que las formas de lucha estudiantiles fueron parecidas en todos países pero sus resultados diferentes. El movimiento de reforma iniciado en la Universidad Mayor de San Carlos y Montserrat de Córdoba, Argentina en 1918 proyectó su influencia a los centros universitarios de toda América Latina, rebasó los límites de las aulas universitarias en los movimientos estudiantiles de San Marcos en Perú y en la Universidad de la Habana, Cuba y terminó con la concesión de la autonomía universitaria en México en 1929. Esta configuración original da forma a la universidad latinoamericana de hoy y es una institución auténticamente latinoamericana.
]]> Grupos nuevos en la sociedad latinoamericana, anticlericales y nacionalistas, trataron de romper con el poder de las oligarquías buscando una modernización de la sociedad. La presencia todavía limitada del imperialismo estadounidense en la mayoría de los países del área parecía permitir un nuevo despertar del nacionalismo latinoamericano (Ariel contra Calibán) (Rodó, 1975 ). Los universitarios habían resentido las influencias de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa. La Primera Guerra Mundial había destruido entre ellos la imagen de una Europa pacífica y ejemplar, cuyo desarrollo económico llevaría a un bienestar para las mayorías y las revoluciones mexicana y rusa abrieron nuevas alternativas para los países en desarrollo. La dimensión latinoamericana del programa reformista, así como las acciones concretas de los líderes estudiantiles, implicaron una coherencia antes no conocida. Los líderes estudiantiles no pensaron en categorías de estados nacionales, sino consideraron a las universidades como pilares de una nueva latinoamericanidad (Pontantiero, 1978, y Cuneo, s.f.). El Manifiesto Liminar, documento clave de la reforma de Córdoba, se dirigió a los hombres libres de Sudamérica y decía:Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana (La juventud argentina, en Portantiero, 1978, p. 131; Roig, 1981; Funes y Caldelari, 2001).
Los estudiantes reformistas concibieron la autonomía en estrecha relación con una dirección democrática de las universidades que sumaba la participación de los estudiantes en las decisiones universitarias.
La autonomía de la reforma de Córdoba consistió en el cogobierno de profesores, estudiantes y graduados, a fin de participar en el gobierno universitario y asegurar la renovación pedagógica, profesional y científica, en un ámbito de libertad docente y de investigación, con la finalidad de extender la cultura, democratizar la educación y responsabilizar socialmente a la universidad. La democratización del gobierno universitario, la libertad académica, la crítica y la responsabilidad social son los componentes fundamentales de la autonomía, razón por la cual se trasforma en principio consustancial del quehacer universitario (Villarreal, 1999).
El movimiento de reforma universitaria se apropió de la exigencia de la autonomía universitaria y llevó ésta, en muchos casos, a un ordenamiento legal.
En Argentina, el movimiento estudiantil de Córdoba (Sanguinetti, 1980, p. 111; Kaplan, 1979, p. 12; Tünermann, 1978; Roig, 1981, p. 131), en 1918, fue un acontecimiento más bien universitario. La realidad sociopolítica y socioeconómica, la ascensión al poder de Hipólito Irigoyen en 1916 y con ello de las nuevas clases medias producto de la inmigraciones masivas a finales del siglo XIX, la economía de exportación de productos primarios que engendró rápidamente un mercado interno de manufacturas y un proceso de industrialización, tuvo su reflejo en las universidades argentinas que igual que muchas de las otras universidades latinoamericanas estaban lejos de responder a lo que los países necesitaban para un desarrollo propio y para hacer frente a la nueva problemática planteada por los cambios en la estructura social. A finales de 1917 ya había expresiones de descontento en algunas facultades de la universidad de Córdoba, pero es en marzo de 1918 cuando los estudiantes de las facultades de derecho, de medicina y de ingeniería decidieron ir a la huelga porque las autoridades no accedían a sus peticiones de reformar el sistema vigente de provisión de cátedras y de levantar la supresión del internado para los alumnos de medicina en el Hospital de Clínicas. En julio se organizó el Primer Congreso Nacional de Estudiantes que formuló un Proyecto de Ley Universitaria y Bases Estatutarias (Proyecto de ley, en Portantiero, op. cit., p. 152). Gran parte de este proyecto entró a los nuevos estatutos de la universidad aprobados por el gobierno y los estudiantes lograron así que se incorporaran muchas de sus demandas a una amplia reforma universitaria, incluyendo:
En el movimiento de reforma universitaria en Córdoba en 1918 apareció la autonomía universitaria como elemento de lucha contra una sociedad oligárquica con apoyo de un gobierno representante de las clases medias. Sin embargo, la relación de los estudiantes con la autonomía fue contradictoria; por un lado se referían a la experiencia histórica del desarrollo de las universidades y legitimaron su propuesta de una autonomía de la siguiente manera: el estado debía limitar su intervención en la universidad al otorgamiento del presupuesto y a la lucha en contra de influencias dañinas, es decir, clericales a la vida universitaria. Por otro lado, no tuvieron dudas en llamar al gobierno para imponer sus fines: la rebelión estudiantil en Córdoba llegó a su victoria por medio de la intervención gubernamental. El presidente Hipólito Irigoyen, representante de las fuerzas sociales emergentes, asumió una posición conciliadora tratándose de los asuntos universitarios y contestó afirmativamente a las demandas estudiantiles.
En México, en cambio, el movimiento estudiantil de 1929 no incluyó a la autonomía universitaria como punto central de sus demandas, sino habló como último punto del pliego petitorio sobre la autodeterminación de la universidad; sin embargo ésta era una idea que estaba en el ambiente universitario. Desde el proyecto de ley para una Universidad Nacional de México que presentó Justo Sierra en 1880 al Congreso de la Nación, pasando por la Ley Orgánica de 1910 hasta el movimiento estudiantil de 1929, hubo muchos proyectos de autonomía universitaria, elaborados por grupos estudiantiles, por los rectores o por la Secretaría de Educación Pública (después de 1921, de Educación Pública). La idea de dar autonomía a la Universidad Nacional surgió cada vez que había un problema en la relación del gobierno con la universidad. Sin embargo, el concepto de autonomía se interpretó de muy diversa índole: como independencia de la Secretaría de Educación Pública, pero dependiente directamente del Ejecutivo Federal, como privatización de la enseñanza profesional, como abstención de la Universidad de la política militante y también como libertad de cátedra. También al final del rectorado de Alfonso Pruneda en 1928 se discutió la reforma de la Ley Orgánica de la universidad, incluyendo una cierta autonomía. Este proyecto se puede considerar como antecedente más inmediato de la nueva Ley Orgánica de 1929.
Las formas de lucha y el lenguaje estudiantil fueron muy parecidos en Argentina y en México, pero el entorno político y social del problema universitaria en México fue diferente. Fue un movimiento universitario dentro de un ambiente de ideas revolucionarias, un movimiento de hijos de las clases medias, olvidadas en el discurso de los gobiernos de la revolución mexicana, que había insistido en una política educativa (Marsiske, 1988) a favor de la clase obrera y campesina. Los estudiantes mexicanos no lucharon contra gobiernos dictatoriales y/o estructuras universitarias decimonónicas.
En México, la Universidad Nacional se había inaugurado en septiembre de 1910 por medio de la unión de las Escuelas Nacionales. La lucha armada revolucionaria, que estalló dos meses después, hizo desaparecer el estado porfirista para dar lugar a gobiernos revolucionarios pero dificultó el desarrollo y la consolidación de la institución universitaria recién fundada.
A partir de 1920 formó parte del proyecto educativo del estado posrevolucionario, primero del de José Vasconcelos, rector entre medianos de 1920 y medianos de 1921, cuando se le nombró secretario de Educación Pública, institución impulsada y creada por él, quien utilizó la universidad, institución mas importante en este momento del sistema educativo mexicano para organizar las campañas de alfabetización. Después, a partir de 1924, durante el gobierno de P. E. Calles la universidad tuvo problemas para encontrar su lugar dentro del nuevo proyecto educativo cuyo centro de atención eran la escuela rural y la educación popular, sin embargo la universidad seguía siendo la institución de formación profesional y de discusión intelectual más importante del país. En los cuatro años del gobierno de P. E. Calles, los inmediatamente anteriores al movimiento estudiantil de 1929, la Universidad Nacional solo pudo superar los problemas en las relaciones con el gobierno gracias a la participación decidida de sus miembros, encabezados por el rector Alfonso Pruneda, en las tareas de extensión universitaria. Esta demostración de lo útil de sus conocimientos universitarios acercó a la universidad a las clases populares y con ello al nuevo proyecto educativo de Moisés Sáenz.
]]> Sin detenerme en los detalles del movimiento, hay que decir que los estudiantes declararon la huelga en mayo de 1929, por el problema de la aplicación de un nuevo sistema de exámenes en la Facultad de Derecho, extendieron el movimiento a la mayoría de las escuelas de la ciudad de México y accedieron a terminar la huelga cuando el presidente Emilio Portes Gil ofreció la autonomía universitaria. Esta autonomía limitada, todavía con ingerencia de la Secretaría de Educación Pública, siguió vigente hasta 1933, cuando la nueva Ley Orgánica separó la Universidad del Estado y encontró su forma actual en la Ley Orgánica de 1945.En comparación con los movimientos de reforma universitaria en Argentina y México, los movimientos estudiantiles en Perú y Cuba rebasaron los límites de las aulas universitarias y estaban ligados desde un principio a movimientos políticos. En la Universidad de San Marcos en Lima el movimiento (1919-1923) estaba ligado al incipiente movimiento sindical que cobraba cada vez más fuerza en la lucha por el día laboral de 8 horas y en esta lucha participaron Raúl Haya de la Torre, líder estudiantil y otros estudiantes. En el grupo obrero más fuerte, el de los textileros de Vitarte, predominaron las ideas anarco-sindicalistas, influenciadas por las ideas de González Prada, todo lo cual atraía fuertemente a los estudiantes. Por ello, se vuelve importante para ambos institucionalizar sus relaciones por medio de las universidades populares, donde los estudiantes daban clases y los obreros, ávidos de una mejor formación, eran los alumnos.
Por otro lado estaba José Carlos Mariátegui (1969; Mainhold, 1988), eminente personaje de izquierda de estos años, quien aunque sin estudios formales universitarios y por ello un poco alejado de la universidad, siempre apoyó las causas de los estudiantes desde el partido comunista, los sindicatos y la prensa. Así como en Argentina hubo una apertura política, el gobierno de Augusto B. Leguía (Cotler, 1982) era el trasfondo sobre el cual se pudo desarrollar el movimiento de reforma universitaria en el Perú entre 1919 y 1923. Estallado por un problema insignificante de los estudiantes con sus maestros, se resolvió por una reforma a la Ley Orgánica de Enseñanza, que incluía las cátedras libres, la representación estudiantil en el Consejo Universitario, la supresión de las listas de asistencia y la autonomía para la Universidad de San Marcos. Esta autonomía era concebida [...], como un requisito y un instrumento de defensa contra la interferencia del Estado oligárquico y la forma como usualmente se había manipulado la Universidad para ponerla al servicio de los intereses políticos de la oligarquía en el poder (Zolezzi y Bernales, 1979, p. 448) Pero poco después Haya de la Torre fue deportado del Perú y con ello el pilar de las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, como el movimiento universitario de reforma universitaria iba más allá de un simple incidente universitario, abriendo la discusión política sobre el futuro de Latinoamérica, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui orientaron su discusión antiimperialista y antioligárquica hacia la formación de partidos políticos para las clases medias y el proletariado, el APRA y el partido comunista respectivamente.
En Cuba el movimiento estudiantil (1922-1925 ) no se limitó a reformar las estructuras universitarias, sino estuvo relacionado por medio de la persona de Julio Antonio Mella (Mella, 1978, 1975 ) en todo momento con un anhelo de profundos cambios sociales en la sociedad cubana. Él sabía demostrar a los estudiantes que la lucha por la reforma universitaria era inseparable del combate por la plena independencia de Cuba y por radicales cambios en la estructura social y política del país. Esto lo llevó a una estrecha relación con las organizaciones obreras y sus líderes, a fundar instituciones antiimperialistas y anticlericales, y finalmente junto con otros el Partido Comunista de Cuba. Durante los conflictos (Cabrera y Almodóvar, 1975; González, 1974) entre los estudiantes y autoridades universitarios por el otorgamiento del doctorado honoris causa a Enoch Crowder, delegado del presidente de Estados Unidos, el Directorio de la Federación de Estudiantes presentó sus exigencias más importantes: autonomía universitaria, entrega de un patrimonio propio a la universidad y participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Decía Mella al respecto,
La autonomía universitaria [...] es nuestra finalidad inmediata [...] Queremos una autonomía total, en lo político, en lo administrativo y en lo económico. Mientras la Universidad esté supeditada a dependencias superiores, su marcha no se puede regular con esmero (Roselló, 1924, pp. 10 y 30).
El gobierno liberal de Alfredo Zayas se vio obligado a ceder, a reformar los estatutos universitarios, a dar a los estudiantes representación en la asamblea universitaria, a reconocer a la Federación Estudiantil Universitaria y a separar a algunos profesores de sus cargos, pero la principal demanda, la autonomía universitaria, no se logró en este movimiento. Antonio Mella se preocupó sobre todo por dos cosas: la organización de los estudiantes para convertirlos en grupo de presión en el ámbito nacional y la extensión de la cultura a los obreros y el pueblo en general. Así en noviembre de 1923 se abrió la Universidad Popular José Martí en La Habana. La preocupación de Mella por extender la universidad hacia otros sectores sociales era muy similar a la que llevó a Haya de la Torre, en Lima, a organizar la Universidad Popular González Prada. Sin embargo, los estudiantes cubanos, bajo la influencia de Mella, reconocieron el papel de vanguardia que debía desempeñar el proletariado en las luchas populares y la consiguiente subordinación del estudiantado; Haya en cambio había resaltado el liderazgo de la clases medias. Dice el primer estatuto de la Universidad Popular: La clase proletaria cubana funda, profesa y dirige la Universidad popular José Martí (Estatutos de la Universidad, en Portantiero, op. cit., p. 210). En 1925 José Antonio Mella fue expulsado de la universidad por el gobierno cubano, encarcelado y finalmente exiliado a México en 1926. En 1927 la dictadura de Machado declaró ilegales a la Universidad Popular José Martí, muchas organizaciones obreras y la organización estudiantil.
Con esta pequeña historia de la autonomía universitaria en América Latina en la época de la reforma he querido mostrar lo siguiente:
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* Investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad. marsiske@servidor.unam.mx
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