La vida democrática que busca preservarse y ampliarse en el país tiene en las universidades públicas una férrea base. En ellas se cultiva la libertad, la crítica, la construcción de nuevos conocimientos y se forman ciudadanos responsables con el fin de que, en el ejercicio de sus tareas, se transforme el medio político y social para alcanzar una sociedad más justa, equitativa, igualitaria y participativa. Reconocer el trabajo que realizan las universidades en favor de la libertad, respetar su autonomía y fortalecerla, ampliar sus posibilidades con recursos adecuados suficientes para el pleno desempeño de sus funciones, son reflexiones y acciones que conducen al robustecimiento de la democracia.

Esta sustancia autonómica que favorece a la sociedad y al Estado, y que se expresa en la Universidad, es tradición, presente y futuro. Desde sus orígenes, la Universidad se organizó como un espacio de libertad que a menudo fue calificado como autárquico o extraterritorial, desde las nociones de claustro o de “torre de marfil”; adjetivos que no alcanzaron a valorar la magnitud y la prominencia de sus funciones intelectuales y culturales más importantes.

El reconocimiento a la particularidad de una institución universal se expresó en derechos especiales hacia los universitarios que luego se formalizaron desde el precepto de autonomía, misma que garantizó la capacidad de la institución universitaria para autogobernarse y ejercer sus decisiones con la mayor y la más absoluta independencia. Pocas entidades sociales gozaron y gozan de tales prerrogativas.

En el proceso de definición de la autonomía universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más emblemática de nuestro entorno, el referente central fue encontrar una clara e inequívoca definición de su importancia histórica, siempre en relación con el poder público, con los diferentes gobiernos y con el Estado.

Entre 1929 y 1933, es decir, durante el periodo en el que ocurrieron los grandes debates sobre el otorgamiento de la autonomía, el esfuerzo de los universitarios se concentró en avizorar un ordenamiento jurídico que hiciera posible ejercer su derecho de nombrar a sus autoridades. Poco más tarde, en 1945, se dispuso de preceptos y normas que garantizaron este derecho a lo largo del tiempo, como ha ocurrido con la Ley Orgánica de la UNAM hasta nuestros días, siempre para evitar la intervención directa de la autoridad gubernamental, muy en particular la presidencial, en los órganos de gobierno de la Universidad.

La expresión más definida de autonomía se alcanzó en 1980, cuando fue elevada a rango constitucional como parte del artículo tercero, y pasó a ser un ordenamiento del más alto rango. Con ello, la noción de autonomía se transmuta en un referente primordial para garantizar la actividad académica e institucional de una Universidad que reproduce de forma multiplicada sus preceptos y sus condiciones de trabajo.

Después de todo este trayecto, el debate sobre la vigencia de la autonomía hace ahora referencia a un nuevo contexto, en el que se prescribe su responsabilidad en la rendición de cuentas ante la sociedad y el Estado, pero también su pertinencia para mantenerse inserta en la problemática y en la construcción del futuro del país, siempre y cuando la universidad moderna se asuma como pieza clave en la producción y transferencia de conocimientos, vitales para alcanzar un nuevo desarrollo.

La Universidad tiene un papel social esencial que emprender, el cual realiza desde posturas críticas y de promoción del cambio político y económico, desde una dialéctica de autogestión y autonomía, como lo escribía desde sus alturas José Revueltas:

La autogesión académica representa y proclama [...] una libertad más allá de la libertad de cátedra y una autonomía –una independencia– más allá de la autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la autogestión es una autocrítica dirigida en todas las direcciones hacia aquellos puntos donde la crítica se ha inmovilizado ante la necesidad de los cambios y las transformaciones, y no es capaz ni de verlos ni de aceptarlos, ya sea en el terreno del conocimiento científico o en el de las relaciones sociales y la estructura de la sociedad (Revueltas, 1978, p. 107).

Esto se expresa en la sociedad contemporánea y frente al nuevo siglo en que el conocimiento producido y transferido por las universidades es un componente estratégico para fines de un nuevo desarrollo, en cambios que buscan redefinir la composición de sus funciones y hacer valer su régimen autonómico desde nuevas perspectivas.

Así, la autonomía se ha vuelto estratégica, puesto que vivimos una época en la que ningún país puede asegurar su desarrollo sin conocimientos, lo cual supone el reposicionamiento de la Universidad frente al Estado y la sociedad. Los poderes del Estado deben establecer y garantizar relaciones adecuadas con las universidades, sobre todo, desde sus funciones legislativas, para propiciar los términos de una autonomía responsable por parte de las universidades. Su significado fue puntualizado en 1998 por la UNESCO en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior:

Un sistema de gestión centrado en la búsqueda de la calidad y de la pertinencia y orientado al cumplimiento de las funciones de la institución de educación superior supone que los actores de ésta superan la actitud de atrincherarse en las libertades egoístas o corporativistas, de rechazar la transparencia a la hora de rendir cuentas, de desconfianza hacia algunos cuerpos o a algunos elementos de la institución. Integrar los conceptos de autonomía responsable y rendimiento de cuentas es imprescindible para refundir el concepto de libertad académica, cuya significación se ha ido desviando con el paso del tiempo, frecuentemente debido a actitudes egoístas (UNESCO, 1998, p.43).

Las nuevas relaciones entre las universidades y los poderes del Estado, del Legislativo y de la sociedad, deben mantenerse en equilibrio para ser mutuamente sinérgicas y para preservar la función social que éstas llevan a cabo.

El 18 de agosto de 2004, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebró una Sesión Solemne para conmemorar el 75 Aniversario de la Autonomía de la UNAM.

El acto celebrado en el Congreso de la Unión es materia directa de reflexión sobre los nuevos términos en los que se presenta el concepto de la autonomía universitaria, esto es, desde la visión compartida de dos diferentes poderes: el Legislativo y el del saber académico. El Congreso de la Unión, con el propicio y elocuente acto con el que reconoció la vigencia de la autonomía universitaria y el papel que juega la UNAM en el desarrollo nacional y cultural del país, reconoce la libertad académica con la que ésta lleva a cabo sus funciones, y las acepta como positivas, aun desde su conciencia crítica.

Por su parte, la UNAM funda sus relaciones institucionales con los poderes que emanan del Congreso de la Unión, desde principios protegidos por su autonomía, y los hace valer en todo momento, con la perspectiva de favorecer la vida democrática del país desde su muy particular autoridad, la académica y la que se deriva del cultivo del más preciado saber.

Axel Didriksson

En este número de la revista, para conmemorar el 75 Aniversario de la Autonomía de la UNAM, presentamos en la sección “Documentos” la Sesión solemne realizada por el Congreso de la Unión. En la sección “Redes” publicamos algunas de las ponenecias leídas en el “Debate en torno a la autonomía universitaria”, celebrado los días 28 y 29 de septiembre de 2004 en el CESU. Finalmente, se publican los comentarios de la presentación al libro Ignacio García Téllez. Primer rector de la autonomía universitaria.

REFERENCIAS

REVUELTAS, José (1978), México 68, juventud y revolución, México, Ediciones Era.

UNESCO (1998), “La educación superior en el siglo XXI. Visión y acción”, Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, París, UNESCO, octubre.