Frente al proceso de auscultación y ulterior designación de rector en nuestra Universidad, para el periodo 2004-2007, vale la pena, así sea de forma somera, recoger algunos de los elementos que fueron esenciales en las definiciones de política institucional del periodo que termina, que ha sido fundamental para la vida universitaria. Estos cuatro años del doctor Juan Ramón de la Fuente como rector pueden analizarse desde tres fases diferentes: a) la del imperativo de solucionar el paro estudiantil; b) la de recuperación y estabilización; c) la de proyección de un nuevo orden institucional en diferentes temas.

Después de que el paro estudiantil fue resuelto de forma dramática, tanto por su excesiva duración, como por la nula posibilidad de encontrar una vía negociada y dialogada para darle fin, la nueva rectoría de la UNAM inicia un proceso de reconstitución institucional, con el fin de despolarizar a la comunidad universitaria mediante diálogos directos y empezar así a construir su propio liderazgo.

Los discursos del rector en el 2000 buscan recuperar la imagen desgastada de una universidad conflictiva, anteponiendo una de fortaleza académica, con identidad histórica al servicio de las prioridades nacionales; se insiste en el papel central que juega la UNAM en la investigación, en la calidad de su docencia, de su difusión cultural y de los servicios que provee a la sociedad toda.

A mediados de ese año, la imagen de la UNAM empezó a recobrarse: se lleva a cabo el concurso de admisión sin contratiempos; vuelve a erigirse como la institución más demandada para cursar estudios de bachillerato propedéutico y de licenciatura, y la excelencia de sus posgrados los revelan como fundamentales y en muchos casos únicos. Al finalizar el 2000 el tema central deja de ser el conflicto y comienza a ser el financiamiento.

El panorama del financiamiento público a la educación superior se presentó de forma muy alarmante durante ese año y en las perspectivas para el siguiente. En las dos últimas décadas del siglo XX, la educación superior fue considerada un segmento del presupuesto federal que estuvo sujeto a frecuentes recortes, dependientes de la contracción de los recursos, de eventuales negociaciones, o ubicados como complementarios para definir montos orientados a programas de financiamiento extraordinarios, pero de ninguna manera como un sector que debería ser atendido de forma prioritaria por parte de los gobiernos en turno.

Esta realidad permitió a la rectoría del doctor de la Fuente ponerse al frente de la negociación financiera del subsistema de universidades públicas y de la propia universidad nacional, y definir una postura contraria a los esquemas de financiamiento sustentados en la lógica del mercado, para ubicar a la universidad pública como una prioridad recobrada y una institución de trascendencia nacional, frente a las privadas.

Fue un acontecimiento insólito seguir con detalle el debate que se abrió, a partir de entonces, entre diversos funcionarios de la UNAM y el mismo rector, en contra de la Subsecretaría de Educación Superior y de la misma Secretaría de Educación Pública, o entre diversos rectores en torno a la vigencia de la educación pública, la virtualización de la universidad, la calidad de la enseñanza universitaria frente a la técnica, la defensa de la investigación científica y el derecho al aumento a las partidas presupuestales.

Nuestra pluralidad se había convertido en una polaridad, por lo cual había que intentar esta restitución del tejido social y encontrar mecanismos que nos permitieran superar esos enormes enconos para restituir un ambiente de pluralidad [...] La incursión policial representó una enorme frustración por no haber podido en esos momentos encontrar una salida mediante el diálogo, democrática y más propia de una institución universitaria; yo diría que la frustración para todos fue alta [...] En el momento en que se recompuso el tejido social recomenzó un gran impulso a la vida académica. La UNAM restableció su presencia nacional e internacional; volvió a ser el espacio para discutir y dirimir los grandes problemas nacionales y para el libre intercambio de ideas.

Las asignaturas pendientes son las relacionadas con las grandes reformas estructurales administrativa, jurídica y académica. Sin embargo, se sentaron las bases para avanzar en este sentido y se privilegiaron los consensos sobre decisiones que pudieran ser verticales, porque el riesgo de volver a polarizar la Universidad era, a mi juicio, muy alto.

Independientemente de quién encabece la Universidad, sería importante avanzar sobre las bases construidas; los esfuerzos realizados han tenido consecuencias positivas para la institución. Una de ellas es haber incorporado al equipo de colaboradores a universitarios muy distinguidos que por razones de su ideología habían tenido pocas posibilidades de participar en la toma de decisiones. Sigo y seguiré apoyando a aquellos colaboradores que proviniendo de ideologías diversas han mostrado gran solvencia académica, gran responsabilidad y, sobre todo, capacidad de anteponer los intereses de la Universidad a los de otro tipo, ya sea de partido político o de algún grupo de la sociedad civil organizada (La Jornada, 22 de octubre de 2003, p. 2).

A partir de entonces, los grandes temas de debate planteados durante la rectoría, en esta nueva etapa, son los siguientes:

• Política académica. Para el rector, la sociedad mexicana ha recobrado la confianza en la Universidad, por sus incursiones en aspectos clave de la agenda nacional, en donde los expertos universitarios han dado luz, si no a la solución, sí al planteamiento de muchas alternativas a problemas que se presentan en México, basándose en su propia Ley Orgánica, cuyo artículo I mandata a la misma a colaborar en la solución de los problemas nacionales. La universidad —afirmaba el rector— está en la agenda nacional de manera natural, porque aquí están los grandes expertos que con frecuencia son quienes le permiten a la nación tener respuesta a los problemas asociados con la actividad política, jurídica, constitucional, ambiental o de salud.

Con ello, decía, la Universidad hace política, pero, desde la academia, una política para defender los principios y las convicciones que son propias de los universitarios: el laicismo en la educación, el compromiso del Estado con ella, la importancia que tiene la investigación y la cultura.

• Relaciones con el gobierno. La controversia entre la Universidad y el gobierno fue asumida por el rector de forma explícita y directa, sobre todo alrededor del tema financiero y de la demanda social, en el sentido de que el crecimiento de la misma tendería a ejercer una presión sobre el sistema de educación media superior, por lo que, de no aumentar los recursos para la ampliación de la oferta educativa, podría anticiparse una verdadera "bomba social".

]]> El rector afirmó que frente a este problema el gobierno "maquillaba" las cifras, y que en ese sentido "había diferencias conceptuales de fondo, no de forma". Y así, declaró que la relación:

Es difícil, lo es en muchos aspectos porque tenemos puntos de vista divergentes. Pero debo decir que ha sido respetuosa. Creo que ha habido este elemento de respeto hacia la Universidad, que me parece importante destacar.

Pero se dificulta a veces, cuando precisamente los puntos de vista de la Universidad difieren de los puntos de vista oficiales. He tratado de que estas diferencias no se lleven nunca a los planos personales sino que realmente sirvan para nutrir, en todo caso, un debate que puede ser positivo. [Son] conceptuales, instrumentales, pero no son diferencias personales. Debemos tener la madurez suficiente como sociedad para poder aceptar que estas diferencias están en otro plano. Necesitamos encontrar en esas políticas, que no existen en este momento, mecanismos donde las cifras puedan ser confiables, auditables, para ya no estar discutiendo sobre cifras sino sobre programas. Son los pasos que creo que no se han dado, que sería muy oportuno que se dieran en el corto plazo para que las cosas se movieran con un poco más de celeridad, porque llevamos tres años del actual gobierno y es necesario pasar del discurso de la importancia de la educación, que está presente, a hechos más concretos que permitan verdaderamente establecer alianzas y acciones conjuntas, pero para ello los planteamientos deben hacerse sobre una base más confiable de la que en este momento todavía tenemos (Campus Milenio, jueves 2 de octubre de 2003, p. 4).

• Política de Estado. El rector insistió en la necesidad de contar en el país con una política de Estado que tenga como eje una estrategia de largo plazo y la sustentabilidad de un modelo de financiamiento que tome en cuenta fenómenos sociales innegables en nuestro país: el empobrecimiento de la población estudiantil, como parte del fenómeno del empobrecimiento de las clases medias, y la falta de desarrollo que se observa en los sectores tradicionalmente marginados, por lo que las colegiaturas no resuelven el problema del financiamiento. Esta postura fue presentada para contrastar con las concepciones de una educación subordinada a intereses económicos, por la búsqueda del lucro mayor y de una productividad estrictamente económica.

• Reforma interna universitaria. Desde la respuesta de la universidad para responder a los intereses de la sociedad, la UNAM propició la construcción de nuevos campus en Michoacán, Querétaro y Cuernavaca, y ha abierto algunos con modalidades novedosas, como es el caso del Centro de Alta Tecnología en Tlaxcala y de los nuevos centros en Yucatán. Se pretende crecer en el posgrado y no en el campus de la ciudad de México o en las unidades multidisciplinarias, no repetir carreras, y enriquecer la oferta educativa con nuevas carreras y nuevas opciones.

Asimismo, el rector planteó poner el acento en una reforma normativa, dado que el modelo centralista de la administración universitaria se muestra totalmente obsoleto, y como un sistema que ha rebasado a la realidad universitaria y hace necesaria una descentralización a fondo donde puedan transferirse atribuciones y responsabilidades a las instancias locales. El Estatuto del Personal Académico tampoco responde ya a la realidad de la Universidad actual.

A su vez, la iniciativa de una reforma académica interna fue planteada por el rector desde una visión de mediano y largo plazo:

El riesgo de la polaridad está presente prácticamente en todas las decisiones trascendentes que se toman en la Universidad. A mí algunas veces me preguntan, ¿por qué no han avanzado más rápido en la reforma? Porque he preferido ir más despacio y tratar de construir consensos sobre los temas críticos, que avanzar con mayor rapidez aumentando el riesgo de la polaridad de la Universidad. Se camina por un hilo muy delgado y la disyuntiva que tiene uno que enfrentar cotidianamente es tratar de encontrar el equilibrio que permita que las cosas no se paralicen, pero que no se rompa la posibilidad de alcanzar el consenso (Campus Milenio, jueves 2 de octubre de 2003, p. 4). [Y en otro momento, lo siguiente:] El Consejo Universitario ha trabajado con cautela en la construcción de consensos para evitar el riesgo de polaridad y de confrontación que aumenten la vulnerabilidad no sólo de la UNAM, sino del proyecto de la universidad pública (Proceso, núm. 1405, 5 de octubre de 2003, p. 16).

Axel Didriksson
noviembre de 2003