Sociedades de artesanos y poder público. Ciudad de México, segunda mitad del siglo XIX

Vanesa Teitelbaum^*, Florencia Gutiérrez^**

^*Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Correo electrónico: vteitel@yahoo.com

^**Investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán. Correo electrónico: florenciagutierrezb@yahoo.com

Resumen

Palabras claves: mutualismo, sociedades artesanales, poder político, moralización, organizaciones laborales.

Abstract

In this paper we explore practices that consolidated the mutualism as a privileged way of the relationship between the working world and public power, aspects yet not much analyzed in the Mexican historiography.

Key words: mutualism, crafts societies, political power, moralization, labor organizations.

A mediados del siglo XIX, en un contexto signado por la desarticulación de los gremios, el retroceso de políticas proteccionistas de la industria y el paulatino avance de la mecanización de la producción, el fenómeno asociativo emergió como una alternativa destinada a socorrer a los trabajadores de la ciudad de México. Con el fin de defender la continuidad y la pervivencia de los saberes y las habilidades adquiridos y apelar a la ayuda mutua como una forma de atenuar la vulnerabilidad de sus condiciones de vida y de trabajo, los artesanos crearon un tejido institucional de sociedades mutualistas que proveyeron a sus miembros de un conjunto de experiencias centrales para la identificación de intereses y la formación de una cultura laboral. En este proceso merece destacarse el impulso que el poder público brindó a estas organizaciones, a las cuales consideraba capaces de fomentar la moralización, el disciplinamiento y el bienestar de los sectores artesanales.¹

A medida que la centuria avanzaba, la profundización de la industrialización, el avance del internacionalismo proletario y la necesidad de legitimidad de los gobiernos nacionales alentaron el marcado incremento de las sociedades de ayuda mutua. Asimismo, el mundo del trabajo organizado no puede comprenderse sin atender a las implicaciones de la promulgación del derecho de asociación que, incorporado a la Constitución de 1857, imposibilitó el vínculo directo del asociacionismo laboral con el estado (a diferencia de los antiguos gremios), situación que transformó la relación de los artesanos y los obreros capitalinos con el poder público.

En este contexto, el objetivo de este artículo consiste en estudiar la interlocución entre el universo mutualista y el poder público en la ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX.² Esta vinculación se reconstruirá a partir de dos niveles de análisis: por un lado, examinaremos el surgimiento de las sociedades de ayuda mutua, a comienzos de la década de 1850, destacando la preocupación del estado en la promoción de este fenómeno, y por otro, procuraremos desentrañar las instancias que fueron sellando la subordinación del mutualismo al poder público atendiendo, particularmente, a la capitalización política que los gobiernos liberales hicieron de esta asimilación y al impacto que la misma tuvo en el derrotero de los trabajadores organizados.

Cabe señalar que el conjunto de preocupaciones retomadas en este artículo no ha sido lo suficientemente explorado por la historiografía mexicana. Sin embargo, existen algunos trabajos que, sin lugar a duda, constituyen referentes insoslayables. Los estudios de Pérez Toledo que, en el marco de su análisis sobre el artesanado urbano en el tránsito a la vida republicana, indagó en la Junta de Fomento de Artesanos y la Sociedad Mexicana Protectora de Artes y Oficios aportaron sugerentes elementos para comprender los antecedentes y las primeras experiencias del asociacionismo en la ciudad de México. Por su parte, Carlos Illades, al reconstruir el derrotero mutualista a lo largo de la República restaurada haciendo hincapié en la debilidad jurídica de las organizaciones laborales, nos brindó elementos de análisis invaluables para entender la facilidad con que Porfirio Díaz subordinó a las organizaciones laborales y reafirmó entre los trabajadores una identidad laboral que, alejada de ideologías contestatarias, se definió como liberal y mutualista.³

SOCIEDADES DE AYUDA MUTUA Y DISCIPLINAMIENTO

El surgimiento de las asociaciones en la década de 1850

A mediados del siglo XIX, comenzaron a proliferar sociedades de trabajadores, principalmente de artesanos, enmarcadas por lo general en los principios del socorro y la ayuda mutua. Estas asociaciones que se formaron en el México republicano e independiente, en particular desde los primeros años de la década de 1850, respondían a un nuevo contexto signado por los cambios que trajeron aparejados la paulatina desarticulación y la pérdida de atributos monopólicos de los gremios y la libertad de trabajo, sancionadas por la legislación imperial y más tarde por distintos decretos.⁴ Dichas normativas modificaron en buena medida las relaciones laborales: los maestros perdieron control sobre el mercado de trabajo y de productos manufacturados que quedaron al arbitrio de la concurrencia; el dominio que poseían sobre la sanción del saber pasó en gran parte al poder de las escuelas de artes y oficios y se establecieron jerarquías artesanales al margen de la corporación gremial.⁵ En ese contexto, y frente a las dificultades de los artesanos locales para sortear la competencia extranjera de productos manufacturados, la falta de crédito y la escasez de capital que afectó a este sector del trabajo durante toda la primera mitad del siglo pasado, las autoridades asumieron un papel de fomento y protección a la industria nacional. Esta política tendiente a alentar la introducción de capitales y maquinaria apropiada para la industria y proteger la producción local se expresó en la creación de organismos tales como el Banco de Avío a mediados de la década de 1830 y la Junta General de la Industria Mexicana, en 1842, cuyo órgano Ejecutivo fue la Dirección General de Industria, así como en la sanción de aranceles elevados y en algunos casos en la prohibición de determinadas importaciones.⁶

En consonancia con el impulso y la protección otorgados a la manufactura nacional, el gobierno formuló distintas propuestas destinadas a alcanzar el adelanto, moralización y educación de los trabajadores, en especial de los artesanos. El establecimiento en 1843 de una escuela de artes y oficios y la conformación en ese mismo año de una Junta de Artesanos, por iniciativa del presidente Santa Anna, dieron cuenta de estas preocupaciones oficiales.⁷

Este periodo, que abarca aproximadamente los años de 1837 a 1846, considerado por los estudiosos como el de mayor proteccionismo en México, se modificó hacia mediados de la década de 1840, y especialmente, después del fin de la guerra con Estados Unidos, cuando se abandonaron los niveles anteriores de protección a la industria y se puso en marcha un proceso de liberalización del comercio y el trabajo.⁸ Fue en este contexto de retroceso del proteccionismo en donde se frenó asimismo la política de fomento industrial, cuando tuvo lugar el surgimiento del fenómeno asociativo. De alguna manera, se transitaba desde la "ayuda" y "protección" implementada desde el gobierno a una desprotección oficial que fomentó la asociación y la autoprotección de los trabajadores calificados. Así, y desde los primeros años de la década de 1850 se inició el desarrollo, en la capital y en distintos estados de la República mexicana, de un tejido institucional de organizaciones artesanales ajustadas por lo general a los parámetros de la ayuda mutua.⁹ Como sostiene Carlos Illades, estas sociedades se caracterizaron por una vida institucional muy corta, ya que lo más frecuente era que se disolvieran y se volvieran a formar sin descartar las experiencias previas y recuperando muchos de sus cuadros administrativos. Y, aunque teóricamente en estos agrupamientos los socios compartían los mismos derechos y obligaciones, con lo cual se borraban las diferencias planteadas en el mundo del trabajo entre maestros, oficiales y aprendices, en la práctica estas sociedades funcionaron con un conjunto elástico y mutable de afiliados y un núcleo dirigente cerrado, poco permeable a la renovación y relacionado con los poderes públicos. Además de los miembros del sector artesanal, hombres destacados del ambiente político integraban estas organizaciones en carácter de miembros honorarios.¹⁰

Es importante señalar que la principal fuente de información sobre estas sociedades de ayuda mutua fue la prensa periódica. Esto no es casual en la medida que la misma alcanzó un desarrollo notable como foro de expresión de ideas en el periodo bajo estudio,¹¹ en especial, desde mediados del siglo XIX con el proceso de Reforma.¹² Así, los principales diarios dejaron testimonio tanto de la creación como de los avances y logros de esas asociaciones.¹³ De esta forma, sabemos que, por ejemplo, en la capital del país, las primeras sociedades artesanales que se crearon fueron la Sociedad de Socorros Mutuos del Arte de Sombrería y la Sociedad del Ramo de Sastrería para Auxilios Mutuos, en 1853. Dichas asociaciones transitaron desde una tolerancia inicial por parte del gobierno, a la represión y persecuciones que sufrieron con el devenir dictatorial del mandato de Santa Anna a finales de ese año.¹⁴ En contraste, los gobiernos liberales apoyaron la formación de este tipo de sociedades en la medida que las mismas conformaban instancias propicias para la moralización y el aprendizaje de valores y prácticas de carácter republicano y moderno, tal como veremos un poco más adelante. Digamos ahora que este respaldo oficial alentó la formación y el desarrollo de sociedades de ayuda mutua que junto con los clubes y la prensa contribuyeron a dar forma a expresiones de una opinión pública en un México que experimentaba profundas transformaciones provenientes de los intentos por organizar y consolidar un estado moderno.

Pero si las autoridades podían apoyar e incentivar —y de hecho lo hicieron en repetidas ocasiones— la conformación de estas sociedades de trabajadores, en especial de artesanos, estas iniciativas comenzaron a percibirse cada vez más como un asunto de índole civil. Era la misma sociedad la que debía preocuparse por establecer este tipo de asociaciones tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores. En ese contexto, podemos distinguir entre los proyectos estrictamente oficiales de conformar instituciones educativas y laborales para estos grupos, y las propuestas y proyectos que surgieron de la reunión de líderes y miembros del artesanado. Como ya se dijo, se transitaba desde la "ayuda" y la "protección" implementada desde el gobierno a una desprotección oficial que impulsó la asociación y las prácticas de socorro mutuo entre los artesanos, quienes buscaban por esa vía contrarrestar la pobreza, la inestabilidad laboral y la escasez de trabajo, al mismo tiempo que atenuar los efectos perniciosos de la desvalorización y la descalificación del oficio que paulatina pero inexorablemente afectaron a este sector de la producción.

Socorro, educación y moralización

Aunque las asociaciones se constituyeron generalmente bajo el fin central de la ayuda mutua, el abanico de objetivos que se plantearon fue extenso y variado. En buena parte, el contexto de su surgimiento fomentaba el rango de actividades que se proponía contemplar.¹⁵

Por ejemplo, la Sociedad Artística, al parecer, fundada en 1848, además de sus tareas destinadas a perfeccionar la industria y aliviar la pobreza a través del socorro, se proponía participar activamente en prácticas filantrópicas, como el auxilio de las víctimas del cólera en la ciudad de México. Asimismo, la difusión de la educación y la moralización entre sus miembros ocuparon un lugar destacado en la agenda de estas asociaciones.¹⁶ Finalmente, las sociedades de artesanos se plantearon como algunas de sus metas la creación de talleres y establecimientos de consumo, el otorgamiento de préstamos e, incluso, el reparto de viviendas entre sus miembros sin descuidar la conmemoración de fechas patrias que tenía como fin estimular los sentimientos de nacionalidad entre sus miembros.¹⁷

Con el objetivo de llevar adelante sus actividades, dentro de las cuales predominaban las labores de socorro, educación y desarrollo del oficio, las asociaciones buscaron el apoyo y la aceptación del gobierno. Este respaldo era factible por diferentes razones. Una muy importante era sin duda el propósito de moralizar a los trabajadores que perseguían estas sociedades artesanales, consigna que se ajustaba perfectamente a las preocupaciones y políticas oficiales. En efecto, la moralización de las clases populares, descritas en términos de inmoralidad y tendencia natural al vicio, fue una consigna recurrente de los grupos influyentes y gobernantes durante el periodo bajo estudio. Para los grupos liberales, tales propósitos moralizantes y disciplinadores se podían alcanzar mediante estas asociaciones de trabajadores que tenían entre sus objetivos centrales promover conductas laboriosas y fomentar la educación entre sus miembros. En especial, los artesanos al contar con algunas de las "cualidades sociales" más importantes —según la prensa que representaba esta corriente ideológica y política— como la probidad y la laboriosidad podían convertirse en ciudadanos honrados, pacíficos y laboriosos. Sin embargo, dichas características positivas eran insuficientes para alcanzar tal meta en la medida que la inclinación al vicio y al desorden se extendían, también, entre el artesanado obstaculizando su adelanto.¹⁸ Por lo tanto, para los liberales era importante fomentar las asociaciones entre los trabajadores especializados, ya que éstas podían revertir el cuadro de desorden e inmoralidad que se extendía sobre este segmento de la población. Siguiendo el ejemplo de países como Francia, España y, especialmente, Inglaterra, el periódico El Siglo Diez y Nueve sugería a fines de 1851 crear sociedades de socorro mutuo percibidas como "reuniones de personas que pertenecen a determinadas clases y que se obligan a depositar en una caja común, una cuota bastante módica, periódicamente".

Mediante estas sociedades se proyectaba disminuir en la medida de lo posible las angustias por las cuales atravesaban estos grupos que carecían de los recursos suficientes para afrontar las necesidades de la vida y en los momentos de mayor aflicción se encontraban sin socorros de ningún tipo. Para El Siglo Diez y Nueve, dentro de estos grupos se encontraban los artesanos que utilizaban todo su presupuesto en la manutención periódica de su familia y quedaban por lo tanto desprovistos de reservas para afrontar los gastos extraordinarios que podían derivar de enfermedades o accidentes.

Pero la utilidad de estas sociedades no se reducía al conjunto de asociados sino que se extendía a toda la nación al proteger la moralidad del pueblo, donde se encontraban las fuentes de poder y de riqueza para la República. Según El Siglo Diez y Nueve, las sociedades de ayuda mutua desempeñaban un papel clave en el adelanto de los trabajadores. A través de estas organizaciones, se difundían hábitos de orden y de economía capaces de fomentar la productividad y la adquisición de una disciplina en el trabajo. Además, en estas sociedades se alimentaban los sentimientos de dignidad, ya que para ingresar y permanecer en ellas, los artesanos debían demostrar la posesión de conductas honorables. Es factible indicar que de este tejido institucional también se beneficiaba el estado, porque podía satisfacer intereses económicos y de orden público con estas sociedades dedicadas a alentar costumbres positivas como las que se enmarcaban en el trabajo y en la moral. La disminución en el número de los delitos y el incremento de la educación popular eran algunos de los resultados que conllevaba esta trama asociativa. De acuerdo con esas premisas, El Siglo Diez y Nueve proponía transformar las cofradías y hermandades en sociedades de socorro mutuo y sugería que en esa tarea debía intervenir el gobierno dando seguridad a sus capitales y permitiendo la reforma de sus reglamentos.¹⁹

Otra instancia de análisis que se desprende de este discurso remite a las premisas de un Estado moderno que establecía un marco normativo en el cual sólo podían interactuar los actores sociales como individuos y en el cual se debía dejar atrás el carácter corporativo y jerárquico que había caracterizado a la urbe de Antiguo Régimen. Además, en este nuevo ordenamiento, la caridad y la piedad debían dar lugar a una idea más renovada que postulaba la importancia de la filantropía y la beneficencia pública. Podemos plantear que aunque estas ideas no necesariamente se materializaron de manera plena en la práctica, el desarrollo de un tejido institucional fundado en las asociaciones de trabajadores permitía proyectar eficazmente estos cambios. En consonancia con el ideario liberal, estos nuevos agrupamientos basados en los principios de la ayuda mutua, del ahorro y de la protección a sus miembros fueron por lo general agrupaciones laicas que carecieron de la estructura corporativa y de los principios jerárquicos que habían caracterizado a los gremios y cofradías.²⁰

Cambios y continuidades en el discurso mutualista

Hacia mediados de la década de 1880, el avance de la industrialización impulsó la degradación de los oficios, impactando en los saberes y las destrezas adquiridas. En este sentido, el deterioro de las condiciones laborales promovió entre los trabajadores manuales la articulación de repertorios de confrontación, poniendo a prueba su capacidad de resistencia e introduciendo importantes novedades en el discurso y la práctica mutualista. Progresivamente, la cooptación política, la intervención del poder público en los conflictos laborales entre obreros y patrones y la promoción de un discurso orientado a la reconciliación de las clases sociales y la armonía entre mexicanos y extranjeros empezaron a caracterizar la relación entre el estado y las asociaciones. Estos cambios no anularon sin embargo las grandes continuidades en torno a las funciones que el mutualismo debía cumplir en la sociedad, como uno de los ámbitos de sociabilidad que constituía "un elemento de orden y progreso para la nación y de auxilio eficaz y moralización para los obreros que la forman".²³ En ese sentido, la prensa obrera de carácter oficialista dejaba relucir la importancia otorgada al mutualismo como uno de los instrumentos "civilizadores" por excelencia. "El obrero que se asocia comienza por dignificarse […] se asea, usa reloj, no bebe, porque tiene la noble aspiración de parecer bien en la junta […], ocupa la tribuna con desembarazo […], para esto tiene que leer, que buscar un lenguaje adornado de galas oratorias, tiene en fin, que civilizarse." ²⁴

Esta moralización y disciplinamiento del trabajador mediante la vida asociativa se complementaba con la instrucción en los principios y prácticas republicanas. En muchos aspectos, la práctica mutualista era considerada un recurso pedagógico, en la medida que se la veía como una escuela de orden, civismo y alfabetización, puesto que el obrero

se educa en los principios democráticos desde el momento que, para nombrar sus funcionarios, hace uso del sagrado derecho de elegir; se acostumbra a respetar a la autoridad que emanó de su voto libre […]; tiene por fuerza que pulir su lenguaje, para darse a comprender en las discusiones; si no sabe leer aprende, lo mismo que a escribir, porque puede salir electo en alguna comisión.²⁵

Un recorrido por las editoriales de La Convención Radical Obrera evidencian que para la dirigencia artesanal el individuo que accedía a la mutualidad asistía a una regeneración que contribuía a su engrandecimiento personal al tiempo que, paralelamente, se afirmaban en él las prácticas cívicas, colaborando así en el engranaje de la máquina del progreso porfiriano. El ejercicio electoral, la posibilidad de elegir y ser elegido y el respeto a las autoridades conformaban un espacio que iniciaba a los asociados en la práctica democrática. De esta forma, los líderes artesanales aseguraban que las repercusiones del asociacionismo en la esfera política, y en la propia de los trabajadores, se confundían potenciando los benéficos resultados de la asociación.

Por otra parte, el lenguaje mutualista trató de inculcar la obediencia a la estructura gubernamental y el rechazo de la violencia como forma de protesta. Los acontecimientos políticos de índole internacional, particularmente aquellos vinculados con los sucesos liderados por el anarquismo, fueron reseñados y duramente cuestionados por la prensa de los trabajadores, que abogó por erradicar cualquier manifestación que implicara el uso de la violencia. En contraposición proponía "la huelga en último caso; pero la huelga organizada y pacífica, la huelga que hace que el patrón y el operario discutan y combinen sus intereses, no la huelga con estrépito […] adonde, por último, el capital y el trabajo, estando tan íntimamente ligados, riñen, se nulifican y se matan sin provecho de nadie".²⁶

De esta manera, el discurso mutualista se insertó en el promovido discurso de equilibrio o armonía social que, imprescindible para la concreción de la felicidad pública, intentó permear las múltiples relaciones sociales. En lo que respecta al universo laboral, el lenguaje mutualista intentó armonizar los vínculos en al menos tres instancias relacionadas: los obreros con el poder político, los patrones con los trabajadores y estos últimos con la colonia extranjera, principalmente con los franceses y españoles.

Este permanente llamado a armonizar los intereses entre las partes fue promovido desde el periódico La Convención Radical Obrera. En sus páginas se celebraba la reconciliación entre el gobernante y el obrero quienes, según pregonaban sus redactores, "se han estrechado la mano y se han unido de buena fe para hacer la felicidad de la patria".²⁷ Las manifestaciones públicas de apoyo a las reelecciones presidenciales de Díaz pretendían ser la expresión cabal de la armonía entre gobernantes y gobernados. No menos importante fue la promoción de la concordia entre los patrones y los trabajadores "para que ninguno impida al otro el libre ejercicio de sus derechos, siempre que sea en beneficio de la nación".²⁸

La prensa obrera consideraba que la tradición mutualista había logrado extinguir de los obreros "ese odio inveterado a los españoles y ese rencor reciente a los franceses".²⁹ La armonía entre trabajadores y propietarios incluía la existente entre los mexicanos y los representantes de las colonias extranjeras. Hay que recordar que un elevado número de propietarios de fábricas eran de origen español o francés, principalmente, o, en su defecto, descendientes de inmigrantes;³⁰ por ello, el discurso presente en la prensa obrera se preocupó por remarcar la fraternidad que debía primar entre ambos actores laborales, la cual, en el contexto mutualista, implicaba la armonía entre el capital y el trabajo y la promoción de un ideal que refería que en las fábricas "no hay amos ni siervos […] sino socios, sino amigos".³¹

UNA RELACIÓN DESTINADA A PERDURAR: LOS ARTESANOS Y EL PODER PÚBLICO

Entre el derecho de asociación y las elecciones presidenciales

La relación entre el poder público y el mundo artesanal, en la segunda mitad del siglo XIX, encuentra en la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 un punto de inflexión insoslayable. Por primera vez el derecho de asociación, como derecho natural del hombre, fue reconocido constitucionalmente. Las implicaciones de este reconocimiento afectaron sustancialmente el derrotero de las organizaciones de trabajadores. "Por ser natural el derecho de asociación antecedía a la formación de todo grupo social y no era transferible como tal a una entidad colectiva, salvo al estado […]. Dentro del imaginario liberal en las relaciones laborales que se entablaban entre los propietarios y los trabajadores, ellos existían como individuos, no como parte de ningún cuerpo".³³

La promulgación de este derecho implicó la individualización de los trabajadores y la desvinculación de las sociedades mutualistas de la esfera política, a diferencia de los antiguos gremios que sí contaban con el reconocimiento del poder público.³⁴ Esta precaria condición jurídica promovió el entendimiento de los gobiernos liberales con las organizaciones artesanales, en razón de la necesidad de estas últimas de contar con un vínculo que las acercara de nueva cuenta al poder político y de las necesidades de los gobiernos de encontrar bases de consenso y legitimación popular. Estas mutuas necesidades obraron en favor de la progresiva subordinación del asociacionismo laboral al aparato estatal.

En este contexto, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, las elecciones se convirtieron en un espacio propicio para promover la interlocución entre el mundo artesanal y el poder político. Los trabajadores urbanos manifestaron públicamente sus adhesiones y compromisos partidarios, sellando un vínculo destinado a perdurar y a institucionalizarse en la vida pública; conocer las implicaciones de esta relación resulta fundamental para comprender el destino y el carácter de las sociedades mutualistas a lo largo del periodo en estudio. Lo sucedido durante los meses de abril y mayo de 1857, a pocas semanas de haber sido promulgada la Constitución nacional, cuando más de doscientos artesanos asistieron al teatro principal para discutir la cuestión de las próximas elecciones presidenciales y promover el voto en favor de la candidatura del entonces primer mandatario Ignacio Comonfort, constituye la primera muestra de un comportamiento y de una relación destinada a perdurar.³⁵

El apoyo de los artesanos a Comonfort debe ser comprendido teniendo en cuenta las mutuas necesidades y beneficios políticos que para los trabajadores y para el gobierno significaba una eventual alianza, sin perder de vista que, para el mundo artesanal organizado, la preservación del derecho de asociación y la libertad de industria y de trabajo dependían, en 1857, de la continuidad de los liberales en el poder.

En este contexto de preocupaciones, es necesario remarcar que los miembros de las tendencias conservadoras en México impugnaron enérgicamente las asociaciones y rescataron la importancia de la tradición, representada por las antiguas cofradías y los gremios. En tal sentido, desde el periódico El Universal se reiteraba la importancia de estas instituciones que, "además de tener un objeto puramente humano, se basaban en el sentimiento religioso". En una nota redactada a mediados de 1854 se afirmaba que con la decadencia de estas instituciones, que eran el refugio para la miseria y la desgracia, se habían creado establecimientos llamados de beneficencia que no eran sino un "imperfecto remedo de las instituciones de perfecta caridad".³⁶

Frente a los embates conservadores, el 15 de abril de 1857 los directivos de la Junta de Artesanos exhortaron a sus miembros a brindar su apoyo al presidente Comonfort, a quien presentaban como el más ferviente defensor de la libertad y de los derechos de los trabajadores. De acuerdo con esas consideraciones, los líderes artesanales entendían que adherir a su figura significaba cumplir con un gran precepto, con un acto digno del mayor mérito y, sobre todo, con el engrandecimiento de la nación. Se trataba de apoyar a un hombre que había luchado contra el conservadurismo y que contaba, por lo tanto, con la confianza de sus conciudadanos. En tal dirección, los directivos instaban a los artesanos, como parte del "pueblo trabajador", del "pueblo digno", a no abandonar la empresa tan sublime de sostener al gobierno actual. Se suponía, además, que la suerte del sector artesanal y la supervivencia del asociacionismo laboral estaban ligadas a la del gobierno, con lo cual su porvenir dependía del progreso y el crecimiento del mismo. Para concluir, los líderes de la Junta de Artesanos recordaban la importancia que revestía la unión de este sector trabajador para enfrentar cualquier obstáculo y adversidad. La libertad, la protección y la ayuda mutua, sumados al apoyo del presidente, estaban garantizados a través del vínculo que concentraba a los artesanos en la junta.³⁷

El Código Civil y el impacto de la lógica facciosa en el mutualismo

El derecho de asociación, incorporado a la Constitución de 1857, fue reglamentado en 1871 con la promulgación del Código Civil. A través de esta codificación, las mutuales y las cooperativas —amparadas en la figura del contrato de sociedad— alcanzaron legitimidad jurídica y fueron reconocidas como sociedades civiles y particulares.³⁹ Los socios poseían derechos y obligaciones semejantes, resolvían sus asuntos por "mayoría de votos" y, en caso de fallecimiento, los herederos tenían "derecho al capital y utilidades que al finado correspondan".⁴⁰

El Código Civil reglamentó y fundamentó contractualmente la normativa constitucional vinculada con el derecho de asociación. De esta forma, en 1871 a la vez que las sociedades mutualistas alcanzaron un estatuto jurídico, confirmaron la circunscripción de su radio de acción a la esfera civil. Como ya se mencionó, esta pérdida del estatuto corporativo, característico de los antiguos gremios, las dejó legalmente imposibilitadas para establecer un vínculo directo con el Estado. Por tanto, las restricciones pautadas por la Constitución nacional y normadas por el Código Civil acotaron la injerencia asociacionista a las esferas económica y social, circunstancia que condicionó el discurso político de los trabajadores y contribuyó a la subordinación de las sociedades mutualistas al poder público.⁴¹

La carencia de atributos políticos de las asociaciones laborales impulsó a sus dirigentes a buscar alianzas con las instancias gubernamentales, optando por el entendimiento y la dependencia frente a las autoridades. De esta manera, se gestó la sujeción de las mutualidades al poder público que, como fue señalado, se expresó por primera vez en las elecciones presidenciales de 1857, se afianzó a lo largo de la República Restaurada y se profundizó en el Porfiriato. En tal sentido, la subordinación política del asociacionismo frente al aparto estatal se explica atendiendo al particular estatuto jurídico de las sociedades de auxilios mutuos, a la necesidad de legitimación popular del poder político y a la empatía ideológica entre ambos actores. En este último sentido, el liberalismo actuó como un sustrato homogeneizador que brindó un marco de referencia básico para el entendimiento entre el gobierno y el mutualismo.

En un contexto político signado por la proclama del Plan de Tuxtepec y la inminente propagación de la causa revolucionaria que pondría en jaque al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y después de más de dos décadas de prácticas asociativas, que condujeron a la proliferación de las sociedades de auxilios mutuos, en enero de 1876, la mesa directiva del Gran Círculo de Obreros de México (GCOM), fundado en julio de 1872, invitó a las mutualidades a confederarse en un proyecto de alcance nacional, denominado Congreso Obrero.⁴² El propósito político existente detrás de este llamamiento quedó explícitamente formulado en la convocatoria que impulsaba a que "en su seno se discutan las altas cuestiones de actualidad". La respuesta de algunas sociedades, frente a las evidentes connotaciones de intervención política que encerraba este llamamiento, llevó a los dirigentes del GCOM a aclarar que "consecuentemente con sus estatutos le está prohibido tratar negocio alguno que tenga que ver con la política o la religión".⁴³

Es claro que ante la proximidad de los comicios presidenciales, que se realizarían en julio de 1876, la mesa directiva del GCOM pretendía controlar a la naciente confederación a fin de garantizar su apoyo a la candidatura de Lerdo de Tejada. Sin embargo, esta intentona contó con la sistemática oposición de varias de las sociedades allí representadas, las cuales proclamaron la prescindencia política del Primer Congreso Obrero y decidieron agruparse en una nueva organización denominada círculo de Obreros de la Unión (COU), apoyados por Francisco de Paula y González desde el periódico El Hijo del Trabajo.⁴⁴ La deserción fue el indicador más visible del descrédito y las desavenencias surgidas en el Primer Congreso; la falta de quórum para sesionar fue una explícita muestra de la negativa de muchos diputados a participar en un Congreso que no estaba dispuesto a demostrar su distanciamiento de las cuestiones políticas.

En noviembre de 1876 la victoria de la revolución de Tuxtepec puso fin al gobierno de Lerdo y allanó el camino para la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la nación. El triunfo tuxtepecano conllevó a la desarticulación y posterior reemplazo de la dirigencia artesanal que había impulsado en 1876 la reelección de Lerdo de Tejada. El nuevo presidente buscó estructurar un nuevo círculo de adeptos, entre los que destacaron los dirigentes Carlos Larrea, Miguel Sánchez Tagle y Vicente Pagaza. Estos nuevos líderes no lograron asimilar la estructura del Gran Círculo y resolvieron, en agosto de 1877, rebautizar la sociedad con el nombre de Gran Círculo Nacional de Obreros Mexicanos.

Más allá de los intentos de revitalización asociacionista, la postración del mutualismo fue el síntoma más evidente de la conmoción revolucionaria que sacudió al país fracturando y desarticulando a las principales organizaciones del asociacionismo laboral. No menos importante fue el impacto de la lucha partidista que caracterizó el derrotero político nacional hasta principios de los años ochenta y arrastró a la dirigencia artesanal a alianzas y posicionamientos que profundizaron el debilitamiento de la estructura laboral y postergaron, una vez más, la interlocución del mutualismo con el poder público.

A pesar de esgrimir la prescindencia política como el motivo esencial del rompimiento, es evidente que esta fractura fue un suceso estrechamente asociado a la cuestión electoral, específicamente a la candidatura presidencial del gobernador zacatecano trinidad García de la cadena, quien era apoyado por el grupo separatista del GCOM. El evidente nexo existente entre las cuestiones políticas y el desconocimiento de la mesa directiva del GCOM quedó evidenciado con el nombramiento del Gran Círculo de obreros de Zacatecas como la sede desde donde se reorganizaría a las sociedades mutualistas de la República y se citaría al segundo Congreso Obrero.

Podemos decir que en 1879, al igual que en 1876, la lucha partidista desatada por la carrera presidencial volvió a escindir al universo mutualista pulverizando, una vez más, la estructura del asociacionismo laboral. Tener en cuenta el posicionamiento de las principales organizaciones laborales frente a la coyuntura electoral del 1880 ayuda a comprender por qué a lo largo de la presidencia de Manuel González (1880–1884) el mutualismo careció de un nexo que lo vinculara, de nueva cuenta, con la esfera política. Por un lado, el apoyo del Segundo Congreso Obrero a la candidatura presidencial del zacatecano trinidad García de la Cadena y, por otro, la estrecha asociación del Círculo de Obreros, a través de su dirigente Carlos Larrea, con la facción que apoyaba la candidatura de Justo Benítez dejó a las dos organizaciones laborales más representativas de la época enfrentadas con el poder ejecutivo nacional.⁴⁷

Por lo tanto, podemos decir que la lucha partidista de 1879 escindió el universo organizativo laboral enrolando a la dirigencia artesanal tras facciones políticas que resultaron anuladas y eclipsadas de la esfera pública por el triunfo presidencial de González. En tal sentido, estos posicionamientos enfrentaron y escindieron al mutualismo, le impidieron reconstruir un vínculo capaz de asegurarles, de nueva cuenta, la interlocución con el poder público y condicionaron el destino de las dos organizaciones laborales más destacadas del periodo. El Gran Círculo de Obreros de México despareció en 1883 del universo mutualista, la falta de apoyos gubernamentales condujo a la pérdida de su sede y de sus subsidios económicos sellando el destino de la asociación; por su parte, la ausencia de diputados en el segundo Congreso Obrero llevó a sus dirigentes, a finales de 1880, a optar por constituir una comisión permanente que, acompañada de un directorio, actuaría en nombre de la institución laboral.⁴⁸ Una vez más, los condicionamientos y las limitaciones jurídicas con las que había nacido el mutualismo, pautadas por la Constitución de 1857 y el Código Civil de 1871, dejaban en evidencia la fragilidad del asociacionismo laboral, demostrando que su supervivencia dependía en gran medida de su cercanía e interlocución con el poder público.

1886: la institucionalización del vínculo entre el poder político y el asociacionismo laboral

En diciembre de 1884 el regreso de Porfirio Díaz a la presidencia de la nación implicó la superación de la lucha partidista y la progresiva consolidación de su régimen político. La contienda facciosa se fue diluyendo frente a la construcción hegemónica del poder porfiriano; asimismo, el fortalecimiento unívoco de la figura del general tuxtepecano repercutió de forma sustancial en la esfera mutualista que se vio obligada a enrolarse detrás de su figura a fin de volver a vincularse con el poder público.

En este contexto de reconfiguraciones, es posible afirmar que en 1886 comienza una nueva etapa de interacción entre el mutualismo y la sociedad política. En esa fecha las aspiraciones reeleccionistas de Díaz, así como su necesidad de consenso y legitimación para afirmarse en la presidencia de la nación, confluyeron con la urgencia de una dirigencia artesanal que desde 1876 carecía de un nexo estable con el Estado y que, dadas las limitaciones legales del asociacionismo, veía en la cercanía con Díaz la única estrategia capaz de subsanar, en parte, su incapacidad de injerencia política. Los líderes mutualistas confiaban y depositaban en su cercanía con el poder público la protección y la ayuda necesaria para la supervivencia del artesanado y la mejora de las condiciones materiales de la clase trabajadora. Recurrir a la intervención de políticos destacados a fin de que medien en huelgas y conflictos laborales, la creación de escuelas y talleres públicos, la promoción de instituciones crediticias para artesanos, la fundación de colonias agrícolas que brinden una salida laboral para artesanos y obreros desempleados y la instalación de instituciones de beneficencia destinadas a los hijos de la clase trabajadora constituyen algunos ejemplos de los beneficios que para la dirigencia mutualista podía significar la alianza con el poder público.⁴⁹

Asimismo, este vínculo le garantizaba a Díaz el control político del creciente contingente laboral (cabe señalar que en México entre 1895 y 1900 el número de obreros industriales pasó de 692 697 a 803 294). Por un lado, esta sujeción actuaba como un óptimo "cordón sanitario" capaz de frenar al avance del internacionalismo obrero que —a partir de la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en 1864, así como de su posterior escisión en el Congreso de La Haya de 1872— iba avanzando progresivamente en el mundo latinoamericano. Por otro lado, la subordinación de las clases trabajadoras se convertía en una barrera de contención tendiente a controlar las movilizaciones públicas de las clases trabajadoras; posiblemente, a través de esta sujeción Díaz pretendía evitar que se repitieran las coyunturas de participación popular que, marcadas por las revueltas callejeras, habían sacudido al gobierno de González en diciembre de 1883 y noviembre de 1884.

Para aprovechar las necesidades del mundo laboral urbano y capitalizarlas políticamente, Díaz se valió de dos estrategias institucionales: la asimilación del segundo Congreso Obrero y la reorganización de La Convención Radical que —de ser un club político con pretendidas vinculaciones con la sociedad civil, particularmente con las clases populares— se convirtió en el brazo político porfiriano en el mundo del trabajo.

Por otro lado, la Convención Radical se constituyó, desde mediados de la década de 1870, en un club político que, con pretendido ascendente sobre las clases populares urbanas, a principios de los ochenta ya mostraba una incipiente participación en las cuestiones políticas nacionales.⁵⁰ En diciembre de 1886, la renovación de su mesa directiva permitió que los integrantes de una lista promovida por el Congreso Obrero y avalada por Porfirio Díaz asumiera el control de la institución, que desde esa fecha, y hasta 1903, actuaría en sintonía con el Segundo Congreso erigiéndose en el brazo político laboral del régimen.

La renovación de la dirigencia de la Convención estuvo signada por la sombra del fraude electoral. En diciembre de 1886 se celebraron elecciones a fin de sustituir las autoridades de la mesa directiva del club político; en esa oportunidad, el periódico de la organización denunció que un grupo disidente encabezado por el coronel enrique Knight, ex presidente de La convención radical, valiéndose de la manipulación de las prácticas electorales intentó promover como presidente a José Ceballos, general de división y gobernador del Distrito Federal, circunstancia que determinó la expulsión de Knight de la CR.⁵¹ Finalmente, la mesa directiva quedó conformada por una lista asociada y promovida por el Congreso Obrero. De esta manera, el general Hermenegildo Carrillo llegó a ocupar la presidencia de la organización y Pedro Ordóñez, quien se desempeñaba como presidente del Congreso Obrero, la vicepresidencia.

Los nuevos objetivos estipulados por la Convención Radical se centraban en "propagar la idea entre las clases trabajadoras, de que se hace necesario que tomen una parte activa en las cuestiones públicas: primero manteniendo la paz que tanta sangre ha costado conquistar, y después, uniéndose al gobierno para caminar de acuerdo con él; estudiar las necesidades del obrero, iniciar su remedio, impulsar la industria y aconsejarle todo aquello que sea en su beneficio".⁵² La reestructuración programática y la renovación de la dirigencia de la convención radical, acaecida a fines de 1886, implicó el viraje institucional de esta organización que a partir de esa fecha se consolidó como el referente político laboral de un importante segmento de la clase trabajadora. Desde ese año, y en razón de su estrecha vinculación con el Congreso Obrero, asistimos a una redimensión de la articulación entre el poder político y los trabajadores de la ciudad de México.

Las figuras de Hermenegildo Carrillo, Pedro Ordóñez y José María González y González evidencian la naturaleza de las alianzas establecidas por Díaz para articular la relación entre el mundo laboral urbano y el poder porfiriano. Por un lado, la elección del general Hermenegildo Carrillo⁵³ como presidente de la CRO refleja una práctica política comúnmente instrumentada por Díaz: recurrir a sus compañeros de armas, a su entorno más cercano, para confiarles puestos clave, ya sea gubernaturas estatales o jefaturas de zonas militares. La designación de gente cercana en cargos de poder estratégicos, a más de ser una recompensa por los servicios prestados, le garantizaba un mayor control sobre la situación política nacional. En tal sentido, la trayectoria política de carrillo y su nombramiento como presidente de la CRO evidencia la red de nexos y solidaridades que Díaz, una vez en el poder, fue tejiendo con sus camaradas y el respaldo depositado en el poder militar.⁵⁴

Por otro lado, la asimilación política de Pedro Ordóñez y José M. González revelan, en primera instancia, la necesidad y la habilidad de Díaz para integrar a líderes artesanales que contaban con una destacada trayectoria capaz de garantizarle el vínculo y la subordinación política del mundo mutualista urbano y, en segunda, demuestra la imperiosa necesidad de la dirigencia artesanal de volver a contar con nexo con el estado. A través de la integración de estos reconocidos dirigentes, Díaz intentaba evitar repetir el fracaso de 1877 cuando se propuso infructuosamente reestructurar el Gran Círculo de Obreros de México. Casi diez años después de ese estéril esfuerzo organizativo, gracias al respaldo de un viejo amigo y compañero de armas y a la probada experiencia de los más destacados líderes artesanales logró —de forma exitosa y contundente— estrechar vínculos y subordinar a sus mandatos a la estructura mutualista.

En su momento, la elección de Carrillo le valió a la Convención el mote de "sociedad gobiernista", descalificación que se reforzó con la figura del vicepresidente de la organización, Pedro Ordóñez, quien se desempeñó como regidor municipal, diputado federal suplente y candidato a senador.⁵⁵ Asimismo, la presencia de Pedro Ordóñez sirvió para reforzar y legitimar el cariz laboral de la convención radical, a la vez que le permitía a esta organización aprovechar la estructura del Congreso Obrero para difundir su plan de acción, acercarse a las mutualidades y promover la sujeción de los trabajadores a los mandatos de la política gubernamental.

La convención radical obrera se convirtió en el brazo del poder porfiriano en el mundo laboral. Asimismo, posibilitó y canalizó la participación política de las clases trabajadoras organizadas, legalmente desvinculadas de la esfera política. Podemos decir que la falta de derechos políticos del mutualismo fue aprovechada y pretendió ser compensada por el gobierno de Díaz, a partir de 1886, con la instrumentación de este club. La CRO, a la vez que habilitaba un canal privilegiado de comunicación e interacción entre el mundo del trabajo organizado y el poder público, garantizaba a la administración porfiriana la sujeción de este importante segmento de las clases trabajadoras, ayudando a frenar cualquier intento de radicalización o reversión en el carácter oficialista del mutualismo, organizado en el Congreso Obrero. Asimismo, este control institucional sirvió al régimen porfiriano como un efectivo agente de propaganda y movilización pública de los trabajadores. En síntesis, la asimilación de La convención radical puede ser interpretada como una estrategia que, aprovechando la debilidad política del mutualismo, se presentaba a los ojos de la dirigencia artesanal como una instancia compensadora, instrumentada para subsanar una limitación legal pero que en definitiva no fue otra cosa que la institucionalización de la sujeción política del universo mutualista al poder público.

Consideraciones finales

A medida que el estado mexicano avanzaba en su proceso de construcción, los gobiernos liberales promovieron la organización mutualista como una instancia clave para lograr la moralización y el disciplinamiento de las clases trabajadoras y, eventualmente, capitalizar política y electoralmente la participación de estos sectores. En la percepción de las elites gobernantes, las sociedades representaban instituciones propicias para la conformación y la consolidación de un estado y una sociedad moderna, laica y republicana. Este impulso fue cuestionado por los sectores conservadores, quienes preferían rescatar el valor de los antiguos gremios y cofradías, vinculados de manera estrecha con la religión y los principios de la caridad cristiana.

Asimismo, las prácticas y experiencias desarrolladas al interior de estas asociaciones contribuyeron a reafirmar la identidad liberal de los actores en estudio. Por un lado, el liberalismo y el mutualismo confluían en una mirada común que exaltaba el valor de la asociación para estimular hábitos y conductas reputadas favorablemente, tales como el trabajo, el honor y el ahorro. Por el otro, las sociedades de ayuda mutua al constituirse a partir de la filiación voluntaria de individuos libres y jurídicamente iguales y sustentar su funcionamiento en prácticas democráticas —elección y renovación periódica de las autoridades, votación de las medidas a implementar y discusiones internas que ordenaban horizontalmente las jerarquías laborales— colaboraban en la construcción y la afirmación de nociones y prácticas liberales entre sus miembros. No menos importante resultó la participación de los artesanos y obreros organizados en las fiestas patrias, instancias que coadyuvaron a la promoción del imaginario liberal de la época.

En este contexto de preocupaciones, la sanción de la Constitución en 1857 y la promulgación en 1871 del Código Civil fueron clave para la definición de las prácticas del mutualismo. En efecto, los márgenes de acción de las asociaciones quedaron circunscritos al terreno exclusivo de lo civil, circunstancia que limitó los ámbitos de actuación de estas sociedades a las esferas económica y social y restringió su vinculación y participación en la arena política. Apoyándose en esta debilidad y deseosos de contar con bases de consenso y legitimidad política, los gobiernos liberales aprovecharon y promovieron el impulso asociacionista, y a través de los líderes buscaron establecer vinculaciones con el mundo laboral organizado. El apoyo artesanal a la candidatura presidencial de Comonfort en 1857 sintetiza esta mutua necesidad de vinculación.

Progresivamente, esta relación fue profundizándose y con la consolidación de Porfirio Díaz en el poder llegó su institucionalización. Las elites porfirianas aprovecharon la organización y las bases de la única confederación nacional de trabajadores, el segundo Congreso Obrero, al cual asimilaron políticamente, y reformularon las bases de un club, La convención radical, a fin de constituirlo en su brazo político en el mundo laboral. De esta forma, apuntalaron el control y la intervención estatal en el universo del trabajo, evitando la radicalización de las protestas y la posibilidad de que estas asociaciones mutuales se convirtieran en sociedades de resistencia. En tal sentido, la identificación del mutualismo con el liberalismo se constituyó en una especie de "cordón sanitario" capaz de frenar la propagación del internacionalismo proletario y sirvió para integrar y subordinar a los trabajadores organizados en el sistema de poder porfiriano.

A mediados de la década de 1880, con el avance de los procesos de industrialización, el mutualismo reformuló su lenguaje en dos sentidos. Por un lado, se afirmó como una forma de atenuar los conflictos de clases y, en esa dirección, se convirtió en una instancia destinada a promover la armonía entre obreros y propietarios, circunstancia que implicaba básicamente la reconciliación entre españoles y mexicanos y permitía atenuar los sentimientos de hispanofobia presentes entre las clases populares. Por otro lado, el éxito de la canalización política de los conflictos laborales, que implicaba la intervención de las autoridades públicas y alejaba a los trabajadores de la confrontación directa con los patrones, colaboró en la definición del carácter y las luchas del asociacionismo laboral durante el periodo en estudio.

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Hemerografía

La Convención Radical

El Hijo del Trabajo

El Movimiento

El Obrero Mexicano

El Partido Liberal

El Siglo Diez y Nueve

El Socialista

El Universal

Notas

² Durante la primera mitad del siglo XIX, la ciudad de México no sufrió grandes transformaciones y, con pocas variantes, se mantuvo la apariencia y el trazado urbano provenientes de la época de las Reformas Borbónicas. La población urbana no experimentó tampoco grandes cambios y los límites de la ciudad permanecieron prácticamente iguales, lo cual indica que no se registró expansión. En términos numéricos, en 1842 la ciudad de México contaba con 121728 habitantes, para 1882 la población ascendió a 189 340, cifra que en 1895 pasó a 330 000. Según Hira de Gortari a este "incremento contribuyó decisivamente la centralización y el recibir los beneficios de una economía en expansión que la convertían en uno de los polos de atracción migratoria más importante del país". Según este autor, para los censos nacionales de 1895 y 1910, entre el 43% y el 49% de los residentes en la ciudad de México habían nacido fuera de ella. María Cristina Sacristán, "Filantropismo, improductividad y delincuencia en algunos textos novohispanos sobre pobres, vagos y mendigos (1782–1794)", Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad, 36, p. 21–32, 1988, p. 23; Richard Boyer, "Las ciudades mexicanas: perspectivas de estudio en el siglo XIX ", Historia Mexicana, El Colegio de México, v. XXII, n. 2, 1972, p. 142–159, p. 146; María Dolores Morales, "La expansión de la ciudad de México en el siglo XIX. El caso de los fraccionamientos", en Alejandra Moreno Toscano y Carlos Aguirre, Investigaciones sobre la historia de la ciudad de México, I, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1974 y 1998, p. 162, 204 y 222; Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780–1853, México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa/El Colegio de México, 1996; Ariel Rodríguez Kuri, La experiencia olvidada. El Ayuntamiento de México: política y gobierno, 1876–1912, México, El Colegio de México/Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, p. 82–86; Hira de Gortari Rabiela, "¿Un modelo de urbanización? La ciudad de México de finales del siglo XIX", Secuencia, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 8, 1987, p. 42–52.

³ En particular, Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo..,op. cit., y Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo. La organización artesanal en la ciudad de México, 1853–1876, México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa/El Colegio de México, 1996.

⁴ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo…, op. cit., p. 73–75, y Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo..,op. cit.,p. 102.

⁵ Carlos Illades, "Composición de la fuerza de trabajo y de las unidades productivas en la ciudad de México, 1788–1873", en Regina Hernández Franyuti (comp.), La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX. II. Gobierno y política/Sociedad y cultura, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1994, p. 255, y también del mismo autor Hacia la República del Trabajo., op. cit., p. 72–75.

⁶ Una muestra de esta política proteccionista fue, sin duda, la Ley General de Aduanas de 1843, emitida durante el gobierno santannista, la cual aumentó de forma radical el número de mercancías prohibidas. Torcuato S. Di Tella, Política nacional y popular en México, 1820–1847, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, y Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo…, op. cit., p. 115. explicaciones sobre esta política arancelaria también en Michael P. Costeloe, La República Central en México, 1835–1846. "Hombres de bien" en la época de Santa Anna, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

⁷ Decreto sobre el establecimiento de dos escuelas, una de agricultura y otra de artes, 1843; Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo.., op. cit., p. 191, y Memoria sobre el estado de la agricultura e industria de la República Mexicana en el año de 1844, México, 1845.

⁸ La discusión de tarifas en el Congreso, las voces en favor del abandono de las prohibiciones establecidas para diversos productos que se fabricaban en el país y la reorganización de los organismos supervisores de la industria fueron las expresiones de este proceso que anunciaba una nueva etapa para las manufacturas y las artes en México.

⁹ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo., op. cit.

¹⁰ Ibid., p. 76–103.

¹² Sobre la importancia de la prensa en la época se pueden consultar, en particular, los trabajos de Jacqueline Covo, Las ideas de la Reforma en México (1855–1861), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, y Gerald L. McGowan, Prensa y poder, 1854–1857. La revolución de Ayutla y el Congreso Constituyente, México, El Colegio de México, 1978.

¹³ Sobre las primeras sociedades de artesanos en los estados de la República, El Siglo Diez y Nueve, 31 de febrero de 1850; 27 de mayo de 1850; 8 de noviembre de 1850, y 10 de diciembre de 1850, así como del 2 de noviembre de 1851.

¹⁴ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo., op. cit., p. 86–88.

¹⁵ En ese aspecto, nos sirvieron los trabajos de Hilda Sabato sobre las asociaciones en Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX, en particular Hilda Sabato, "Estado y sociedad civil", en Elba Luna y Elida Cecconi (coords.), De las cofradías a las organizaciones de la sociedad civil. Historia de la iniciativa asociativa en Argentina, 1776–1990, Buenos Aires, Edilab, 2002, p. 99–167, p. 109.

¹⁶ Un antecedente esencial de estas sociedades mutuales fue la sociedad mexicana protectora de artes y oficios, una organización artesanal —analizada de forma sugerente y por primera vez por Pérez Toledo— que funcionó de forma paralela a la Junta de Fomento de artesanos. Según la autora, esta sociedad fue una asociación voluntaria y de estructura democrática, la cual "rebasó la organización en el marco del oficio pues, a diferencia de la Junta de Fomento, no estableció agrupaciones internas (juntas menores) a partir de oficios particulares, elementos que [para Pérez Toledo] perfilan a la sociedad mexicana protectora de artes y oficios formada entre 1843 y 1844 como la primera sociedad mutualista de la ciudad de México". Sonia Pérez Toledo, "Una organización alternativa de artesanos: la sociedad mexicana protectora de artes y oficios, 1843–1844", Signos Históricos, México, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 9, enero–junio 2003, p. 73–100, p. 78–79, 99.

¹⁷ El Siglo Diez y Nueve, 2 y 15 de octubre de 1850; El Universal, 9 de octubre de 1849; El Movimiento, 22 de marzo de 1861; El Siglo Diez y Nueve, 18 de noviembre de 1861 y 10 de febrero de 1861.

¹⁸ El Siglo Diez y Nueve, 3 de febrero de 1848.

¹⁹ Ibid., 28 de noviembre de 1851.

²⁰ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo.,op. cit., p. 80–81.

²² Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo.,op. cit., p. 126–127.

²³ La Convención Radical, 22 de mayo de 1887, en Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera. La antología, México, Centro de Estudios Históricos del Movimiento Obrero Mexicano, 1978, p. 44.

²⁴ La Convención Radical, 22 de mayo de 1887, en Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera. ,op. cit., p. 42. Las cursivas son nuestras.

²⁵ La Convención Radical, 22 de mayo de 1887, Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera. ,op. cit., p. 42. Véase John Lear, Workers, neighbors and citizens. The Revolution in Mexico City, Nebraska, University of Nebraska Press, 2001, p. 111.

²⁶ La Convención Radical, 5 de febrero de 1888, en Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera., op. cit., p. 46.

²⁷ La Convención Radical, 18 de noviembre de 1887, en Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera., op. cit.

²⁸ La Convención Radical Obrera, 4 de enero de 1891.

²⁹ La Convención Radical, 22 de mayo de 1887, en Liborio Villalobos Calderón (comp.), La Convención Radical Obrera., op. cit., p. 43.

³⁰ Para un análisis de la organización y origen del empresariado textil en el valle de México, véase Mario Trujillo Bolio, Operarios fabriles en el valle de México, 1864–1884, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, El Colegio de México, 1997, p. 113–167.

³² John Womack Jr., "Luchas sindicales y liberalismos sociales, 1867–1993", en Marcello Carmagnani, Alicia Hernández Chávez y Ruggiero Romano, Para una historia de América, II. Los nudos (1), México, El colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 417–460, p. 419.

³³ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo., op. cit., p. 79.

³⁴ "A diferencia del gremio, las sociedades de socorros mutuos y las cooperativas perdieron su estructura jerárquica […] e incorporaron a socios jurídicamente iguales; fueron despojadas de su carácter coercitivo y el reclutamiento se basó en la afiliación voluntaria; perdieron su estatuto corporativo, que les otorgaba un lugar privilegiado en la intersección entre las esferas política y civil, situándose exclusivamente en el segundo". Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo…, op. cit., p. 81. Para un análisis de la estructura y funciones de los gremios remitimos a Sonia Pérez Toledo, Los hijos del trabajo ..,op. cit., especialmente, p. 57–71.

³⁵ El Siglo Diez y Nueve, 7 de mayo de 1857. De acuerdo con los datos disponibles, sabemos que esta reunión artesanal había sido organizada por la Junta de Artesanos formada en julio de 1851 en la ciudad de México y es importante apuntar que ésta no era la misma junta que se había constituido durante los primeros años de la década de 1840 bajo el gobierno de Santa Anna, denominada Junta de Fomento de artesanos, y sobre la cual hicimos referencias en la primera parte de este trabajo.

³⁶ El Universal, 19 de junio de 1850 y 2 de junio de 1854.

³⁷ El Siglo Diez y Nueve, 7 de mayo de 1857.

³⁸ Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo., op. cit., p. 145.

³⁹ "La sociedad particular es la que se limita a ciertos y determinados bienes, sus frutos y rendimientos, o a cierta y determinada industria." Código Civil, libro tercero, título undécimo, capítulo III, artículo 2384.

⁴⁰ Ibid., libro tercero, título undécimo, capítulo IV, artículos 2429 y 2444.

⁴² Si bien no se pude precisar con exactitud el origen del GCOM (1872–1883), varios autores coinciden en señalar que su raíz se encuentra en la sociedad de obreros del septentrión, fundada en la ciudad de México el 27 de noviembre de 1871. En "un principio [el GCOM], al parecer, tuvo un cariz mutualista, aceptando la filiación individual y colectiva". En su instalación se fijó como propósitos "mejorar la condición económica y moral de la clase obrera; capacitarla y ampliar su instrucción cívica; defenderla de los excesos tanto de los capitalistas como de los maestros artesanos; vincular a los obreros a escala nacional; proteger la industria y el desarrollo de las artes". Carlos Illades y Adriana Sandoval, Espacio social y representación literaria en el siglo XIX, México, Universidad Autónoma Metropolitana / Plaza y Valdés, 2000, p. 122.

⁴³ El Socialista, 20 de febrero de 1876.

⁴⁴ José M. González, Francisco de P. González y Carmen Huerta destacan entre los firmantes del desconocimiento del GCOM, como veremos más adelante; dichos dirigentes se afirmaron en la conducción del Segundo Congreso Obrero estrechando fuertes lazos políticos con el poder porfiriano.

⁴⁵ José Villaseñor, Orígenes del movimiento obrero mexicano. El Gran Círculo de Obreros de México, 1870–1880, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 1982 (Avances de Investigación, 51), p. 80.

⁴⁶ Al igual que en 1876, Francisco de Paula y González secundó la iniciativa separatista. El desconocimiento fue promovido por otros importantes dirigentes artesanales como Carmen Huerta y José María González y González, Juan B. Villarreal. El Socialista, 14 de abril de 1879.

⁴⁷ Una muestra del desentendimiento entre Manuel González y los dirigentes del círculo fue el retiro de la subvención oficial para la publicación del Periódico Oficial del Gran Círculo de Obreros. José Villaseñor, Orígenes del movimiento obrero mexicano, op. cit., p. 85.

⁴⁸ El directorio estaría conformado por Pedro Ordóñez, José María González y Carmen Huerta; la comisión permanente, por Pedro Ordóñez, Arcadio Arellano, Carmen Huerta, Fortino Dhiosado, Juan Serrano y Domínguez, José Barbier, Carlos G. y Cabrales, J. C. Gallardo, Ramón Ordóñez, L. Reyes, A. Corona y J. García, entre otros.

⁴⁹ Ejemplos en este sentido hay en Carlos Illades, Hacia la República del Trabajo., op. cit., p. 128–129; El Obrero Mexicano, 15 de julio de 1894, y La Convención Radical Obrera, 1 de mayo de 1887.

⁵⁰ El Partido Liberal, 17 de abril de 1886.

⁵² Ibid., 2 de febrero de 1887.

⁵³ Hermenegildo Carrillo combatió con Porfirio Díaz en múltiples campos de batalla. Su estrecha vinculación con Díaz lo llevó a ocupar diversos puestos como el de jefe primero de la zona militar de la ciudad de México, comandante del Distrito Federal, senador, así como el de vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia Militar. La Convención Radical Obrera, 17 de diciembre de 1893.

⁵⁴ François–Xavier Guerra, México: del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 98–99.

⁵⁵ Juan Felipe Leal, Del mutualismo al sindicalismo en México: 1843–1910, México, El Caballito, 1991, p. 47.

Información sobre autores:

Vanesa Teitelbaum, Argentina, es doctora en Historia por El Colegio de México e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus áreas de estudio son: historia social, sectores populares y cuestión social siglos XIX y comienzos del XX. Algunas de sus publicaciones son: "El Jurado de Vagos en la Ciudad de México. Los artesanos frente a la justicia durante el segundo imperio", Semata. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades (12, p. 339–358); "Sectores populares y 'delitos leves' en la ciudad de México a mediados del siglo XIX ", Historia Mexicana (lV, n. 4, abril–junio de 2006), y "La corrección de la vagancia. Trabajo, honor y solidaridades en la Ciudad de México, 1845–1853", en clara E. Lida y Sonia Pérez Toledo (compiladoras), Trabajo, ocio y coacción. Trabajadores urbanos en México y Guatemala en el siglo XIX.

Florencia Gutiérrez, Argentina, es doctora en Historia por El Colegio de México e investigadora en la Universidad Nacional de Tucumán. Sus áreas de estudio son: historia social, historia política y mundo del trabajo, siglos XIX y XX. Algunas de sus publicaciones son: "Negocios familiares y poder político. Un estudio de caso de la elite tucumana", Ulúa. Revista de Historia, Sociedad y Cultura (n. 4, 2004); "De panaderos y panaderías. Condiciones de trabajo y conflictividad laboral a fines del siglo XIX en la ciudad de México", Secuencia (n. 66, 2006), y "El frágil límite entre lo tolerado y lo desmedido. Adulterio y violencia en el México de las postrimerías del periodo colonial", en Sucesos y representaciones (2002).