El trabajo en las minas de Guanajuato durante la segunda mitad del siglo XVIII

The labor in Guanajuato mines during the second half of eighteenth century

Margarita Villalba Bustamante

Maestra en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, obtuvo el grado con la tesis "Economía y sociedad de un pueblo minero: valenciana, 1760-1810" (mención honorífica y premio Francisco Javier Clavijero en 2000) Actualmente elabora su tesis doctoral, "Minas de metales preciosos en Guanajuato y San Luis Potosí, 1750-1810", en la Universidad de la Sorbona, Paris 1. Sus intereses de investigación son la historia económica, particularmente los empresarios y empresas mineras del siglo XVIII; la historia social y la historia de la tecnología. mvillalba58@hotmail.com

Recibido / Received: 20 de marzo de 2012
Aprobado / Approved: 1 de octubre de 2012

Resumen 

Este artículo aborda el trabajo en las minas de Guanajuato durante la segunda mitad del siglo XVIII, para mostrar la diversidad de oficios de los trabajadores, pero, sobre todo, los procesos a que estos quedaron sujetos en una época de modernización de la minería impulsada por el Estado. El trabajo forzado, la regulación del trabajo por el Estado con intervención de los empresarios mineros y la adopción de diversas medidas de control sociolaboral, limitaron el desarrollo de la fuerza de trabajo de uno de los sectores protoindustriales más avanzados de la época.

Palabras clave: Guanajuato, fuerza de trabajo en minería, heterogeneidad, jerarquía laboral, modernización industrial, siglo XVIII.

Abstract 

This article discusses the labor in the mines of Guanajuato during the second half of the 18th century, to show the diversity of trades among the workers, but above all that these processes were subject to an era of mining modernization led by the State. The forced labor, labor regulation by the State with the intervention of the mining companies and the adoption of various measures of labor and social control, limited the development of the workforce in one of the most advanced sectors of the times.

Introducción

El trabajo minero en el México virreinal durante el siglo XVIII ha sido estudiado como un factor que contribuye a explicar la estructura de la producción de metales preciosos, la trayectoria de los empresarios y empresas mineras más productivas o los movimientos populares en los que participaron los "operarios de mina", sin embargo, todavía hay mucho por investigar para conocer las especificidades de dicho trabajo en cada distrito y su impacto en la vida de los trabajadores.¹ Guanajuato era entonces el productor más importante que, contando con empresas como las de Rayas y la Valenciana, concentró la mayor fuerza de trabajo existente en toda la Nueva España. Durante las rebeliones de 1766 y 1767 las autoridades sostuvieron que toda la población realizaba actividades ligadas con la minería, estimando que el número de trabajadores de esta industria alcanzaba alrededor de 40 000. Así, este distrito es el espacio ideal para estudiar su formación y dinámica en un contexto marcado por la decadencia de la actividad minera hacia mediados del siglo, la nueva política industrial y laboral promovida por el Estado a partir de fines de la década de los sesenta, y el posterior auge del sector minero.

Las dificultades para reconstruir los procesos vinculados con el trabajo minero son múltiples a causa de la escasez de fuentes sobre este tema, lo que sin duda se explica por el interés de las autoridades y los dueños de minas en no dejar huella de la situación que prevalecía en ellas. No obstante, pretendemos observar el comportamiento de los operarios de mina, las condiciones de trabajo y su impacto, así como la movilidad espacial de los trabajadores libres coexistente con una esclavitud virtual de los trabajadores forzados y el control sociolaboral institucionalizado por la legislación vigente en la época, cuyos principios determinaron las formas de explotación de los trabajadores. Describir sus oficios, estimar cuánto de ellos requerían las minas de Guanajuato y observar la relación entre su número, la dimensión y características físico-geológicas de las minas y las condiciones de trabajo, permitirá comprender su amplia participación en las rebeliones mencionadas y la represión del gobierno español, que se tradujo en un reforzamiento del control laboral como respuesta a problemas estructurales de la producción de metales preciosos que no se lograría resolver del todo. Pero también los cambios promovidos por el aumento de esta producción a partir de 1770, entre los que destaca la nueva división y organización del trabajo en las grandes empresas mineras capitalistas y la gradual inserción de españoles al mercado del trabajo minero en contraposición con un uso creciente de la fuerza de trabajo forzada hacia fines de esa década. Para ello contamos con informes de los oficiales reales de Guanajuato (1773) y de Manuel Domínguez de la Fuente (1774); gestiones de los administradores de minas para liberarse de la obligación de cobrar tributos, además del proceso judicial contra quienes participaron en la rebelión de 1767, o documentos sobre la trayectoria de algunos trabajadores y el repartimiento de indígenas, entre otros.² Igual revisaremos las leyes como discurso que no bastó para ocultar la intención primera del Estado frente al trabajo de indígenas, mestizos, mulatos libres y españoles, según veremos.

La política fiscal como medio para reforzar el control socio-laboral

En 1765 la corona española envío a Nueva España a José de Gálvez como visitador general para realizar, entre otros importantes asuntos, un informe sobre la situación de la minería. Era necesario conocer las condiciones que influían en su atraso para diseñar estrategias de desarrollo y con ello recuperar el poderío que España había perdido ante el avance del expansionismo inglés y francés. Al llegar a Nueva España Gálvez tuvo que ocuparse de las rebeliones de 1766 y 1767 en los distritos mineros de Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, en las que participaron diversos grupos de la sociedad colonial, incluidos los trabajadores de la industria minero-metalúrgica. José de Gálvez calificó a Guanajuato como centro de la infidelidad de la Nueva España a causa de la "ingobernabilidad" de dichos trabajadores; ingobernabilidad que según él incidía en el decremento de los ingresos reales recaudados cada año por las minas de Guanajuato.³ De ahí que cuando el visitador se enteró por Felipe Barri, alcalde mayor de Guanajuato, de que gran número de familias, temerosas de los motines, estaban abandonando la ciudad, lo mismo que considerable plebe y operarios de minería que huían de ella, ordenó bloquear las montañas que la rodeaban para evitar la fuga de trabajadores y el abandono de las minas.⁴ Asimismo, Gálvez dispuso algunas medidas económicas y sociopolíticas que implicaron reorganizar el trabajo en las minas y favorecer la disponibilidad de la fuerza de trabajo. Por un lado, ordenó al Ayuntamiento de Guanajuato elegir "diputados del común" entre los individuos más distinguidos del lugar, para que elaboraran padrones de los habitantes de la ciudad a fin de facilitar el cobro de tributos. Los administradores o mandones estarían encargados de empadronar los trabajadores de sus cuadrillas, pues estos no sólo tenían diversos oficios sino que eran de tan "diferentes castas y países" que parecía imposible matricularlos.⁵ Así, para lograr la "sujeción y quietud" de los trabajadores y el pago de sus tributos, Gálvez facultó a los administradores para despedir a quienes no les conviniera retener, al mismo tiempo que obligó a aquéllos a obtener "el atestado de bien servido" para poder laborar en otra mina o hacienda del distrito. A estos últimos se les descontaría medio real para pagar el tributo y la limosna de la bula.⁶

Así, el objetivo del padrón era identificar a los trabajadores, permitir a las autoridades y dueños de minas reforzar el control de la fuerza de trabajo y garantizar la explotación regular de minas y haciendas de beneficio. No obstante, en 1768, los administradores de las minas más productivas de Guanajuato pidieron al virrey marqués de Croix, los relevara de tal obligación. José de Herrera, Manuel Jiménez, José Tamayo y Pedro Ceballos, administradores de Sirena, Rayas, Mellado y Cata, respectivamente, argumentaron que realizar "la prolija numeración y lista de tan abundante y grueso pueblo, que dichas minas y haciendas de operarios y vecinos contienen" era incompatible con sus funciones,⁷ pues de ellos dependía no sólo la dirección de las obras y labores interiores y exteriores de las minas, sino también "el gobierno de los operarios" del cual dependía el futuro de ellas.⁸ Sin embargo, el marqués de Croix mandó a José de Gálvez resolver lo que más beneficiara a la Real Hacienda y el visitador ratificó lo determinado a raíz de las sublevaciones. Así, Felipe Barri, alcalde mayor de Guanajuato, Fernando de Torija, comisionado para ocupar las temporalidades de la Compañía de Jesús de la ciudad, y los oficiales reales Francisco Tineo y Fernando González del Campillo acordaron con los mencionados administradores la forma de cobrar el tributo. Cada administrador debía cobrar a sus operarios el real tributo, pero los administradores de las haciendas y los vecinos tratantes de metales de las cuadrillas de las minas, nombrarían uno o más comisarios para hacerlo.⁹ Por tanto, el control laboral tocó aspectos que se contraponían a los intereses de los dueños de minas, cuyos administradores tenían que fungir como una especie de funcionario de hacienda. Suponemos que esto influyó en la posterior fractura sociopolítica en el grupo empresarial, la cual tomaría una forma más nítida en la medida que se definiera en los años subsecuentes la nueva política industrial, fiscal y laboral que afectaría más sus privilegios como productores de metales preciosos, aunque gozaran de las grandes ventajas que les ofrecería la nueva estructura política-administrativa -el Real Tribunal (1792) y la Diputación de Minería (1783)- que les permitiría manipular las disposiciones que consideraran contrarias a sus intereses.

Los empresarios pretendían no sólo evitar que los trabajadores quedaran sujetos a cargas tributarias que nunca antes habían pagado, sino que estas hicieran aún menos atractivo el trabajo minero y más difícil retener la mano de obra, lo que podría obligarlos a suspender la explotación de sus minas. Según ellos, la movilidad de los trabajadores se había traducido siempre en la imposibilidad de cobrar tributo y esto no cambiaría debido a la naturaleza flotante de la población de las minas y la práctica alternada de distintos oficios. Había un flujo constante de campesinos que laboraban en las minas y de operarios que cultivaban la tierra en los ranchos y haciendas cercanas a Guanajuato. A ello se sumaba la circulación de los trabajadores que iban de unas minas a otras, de un distrito minero a otro, además del repartimiento de indígenas y los vagos y ociosos. La disponibilidad de trabajadores era una exigencia no sólo por el amplio número que requerían las grandes empresas mineras cuando experimentaban una bonanza, sino por los frecuentes periodos de escasez de mano de obra que hicieron pervivir el repartimiento como sistema de trabajo hasta el fin de la época virreinal.¹⁰

Domingo Valcárcel¹⁵ emitió su dictamen el 17 de julio de 1766, declarando que Guanajuato había sido siempre un mineral opulento y por lo mismo había tributado una inmensa riqueza al real erario. Incluso en las épocas de deterioro como la que se vivía entonces, en lugar de escasear los metales su extracción había sido tan copiosa que en los seis primeros meses de ese año se remitieron a México 1 400 barras.¹⁶ Esto se debía, según Valcárcel, a la generosidad de los mineros que sin importar ni la corta ley de los metales ni el alto costo de las obras, arriesgaban su caudal en beneficio de "la república y el erario." De ahí que sostuviera que la minería era necesaria y útil para la conservación del Estado y que para la defensa del reino a la que se dirigía el establecimiento de las compañías milicianas, no servían menos que los soldados los hombres que se ocupaban de fomentar, habilitar y laborar las minas. "Sin la plata no podemos tener en este reino armas ni tropa que lo defienda."¹⁷ Asimismo, Domingo Val-cárcel retomó varios de los argumentos del cabildo: toda la población realizaba actividades ligadas a la minería y debía eximírsele de las milicias y del pago de tributo; el trabajo minero no permitía dedicarse al ejercicio militar y la experiencia mostraba la resistencia de la población frente a medidas similares, entre otros. La nueva imposición iba a alterar sin duda al vulgo de Guanajuato, mucho más osado e inquieto que cualquier otro, por lo que para evitar un movimiento popular Valcárcel recomendó al virrey, como hizo en la guerra de 1762 con Inglaterra, suspender la marcha de las milicias de Guanajuato pues sobraba gente en otras partes del reino.¹⁸ El virrey Joaquín de Monserrat y Cruillas resolvió como propuso el auditor, no habría nuevas constricciones para los trabajadores de las minas. Esto no sucedería en 1767, ya que en la junta de capitulares presenciada en noviembre por José de Gálvez, los diputados del comercio y de la minería acordaron que un contingente de las milicias provinciales se apostara detrás del Colegio de Jesuitas para contener la rebelión de la plebe y trabajadores de minería y evitar exponer la ciudad a la insolencia de la muchedumbre.¹⁹ Sin contar otras medidas de control adoptadas por Gálvez, como construir un camino que facilitara la entrada y salida de la ciudad, para lo cual se debía cobrar un real por cada fanega de maíz y dos por cada carga de harina de trigo de consumo público, exceptuado el alimento de los caballos y mulas de las minas y haciendas.

Así pues, para reforzar el control socio-laboral los administradores debían empadronar y recaudar el tributo y los trabajadores estaban obligados a obtener el "atestado de bien servido" para poder trabajar en otro lugar. Sin embargo, en 1794, es decir, casi treinta años más tarde, los diputados de minería Andrés Sagaz Herrera y Gervasio Antonio de Yrizar informaron al Real Tribunal de Minería que el método de José de Gálvez no evitaba la vejación de los trabajadores en el cobro de tributo, lo que los hacía desertar.²⁰ Esto había llevado a la Diputación a comprometerse en 1772 a pagar 8 127 pesos anuales por concepto de tributo sin por ello hacer matrícula. Esta cantidad correspondía a los operarios del Real de Guanajuato, cuyo territorio abarcaba casi cinco leguas excluidos los Reales de Comanja y de Pozos bajo su jurisdicción, porque estos producían entonces muy poco y sus trabajadores eran gente de campo matriculada en León y San Luis de la Paz.²¹ Así, dadas las dificultades que aún representaba tal recaudación, la Diputación pidió nuevamente la exención a favor de los trabajadores, argumentando que los administradores dejaban pasar meses sin cobrarlo, que era necesario ir a los cerros detrás de los trabajadores sin por ello lograr el cobro respectivo, y que esto influía no sólo en la escasez de mano de obra sino también en la disminución del consumo de mercaderías de Castilla y de la tierra en Guanajuato, lo que hacía perder más a la Real Hacienda de lo que ganaba con el tributo. Por otra parte, la misma institución recomendó atender el decaimiento de los trabajadores que estaban persuadidos de haber perdido la protección del Rey cuando merecían gozar de privilegios, incluso más que los propios dueños de minas. Y cuestionó, "¿de qué serviría todo sin estos poderosos y recomendables brazos de la monarquía?"²²

Un primer elemento que nos permite comprender el papel del gobierno local y central en las referidas rebeliones es el consenso en torno a la idea de que el Estado dependía de la producción de metales. El cabildo, la Diputación de Minería y la del comercio manipularon esta idea en beneficio de los intereses de sus miembros, es decir, de los mineros y comerciantes con más poder en Guanajuato. Estas instituciones tenían facultades para determinar asuntos que directa o indirectamente concernían a la industria minera, lo que explica que se opusieran al cobro de tributo a los trabajadores o que la Diputación de minería suscribiera un convenio para la administración de alcabalas. Actos en los que participaron Vicente Manuel de Sardaneta, Pedro Luciano de Otero, Francisco de Busto y Moya y otros empresarios que poseían una parte de las minas de Rayas, Valenciana y Mellado, respectivamente. Así, la propia estructura de las instituciones políticas favoreció que en su rol de funcionarios públicos los empresarios intervinieran como juez y parte en asuntos como la concesión de minas, la resolución de conflictos, el abastecimiento de insumos, el comercio de productos destinados al consumo de la minería, la disponibilidad de mano de obra y la recaudación de tributo que creían iba a afectarles a causa de la resistencia de los trabajadores.²³ Por otra parte, el discurso de las autoridades locales y el auditor Domingo Valcárcel revela la uniformidad de criterios en distintas instancias del gobierno novohispano, lo que incidió en el fortalecimiento de los poderes locales que poco después José de Gálvez va a pretender someter a un mayor control. Sin embargo, aunque en un primer momento no se modificó la política fiscal y de control sociolaboral, esto no contuvo el descontento de los trabajadores en 1767. Y esto sólo podemos explicarlo considerando las circunstancias económicas y sociopolíticas coyunturales, principalmente las pésimas condiciones de trabajo en las que vamos a concentrar nuestra atención a pesar de que el detonador último de las protestas haya sido la expulsión de los jesuitas. Tomando en cuenta el argumento reiterado de las autoridades locales de que esas condiciones les hacían temer la resistencia de los trabajadores a la imposición de nuevas cargas, pues eran un factor potencial de descontento popular en caso de someter a los trabajadores a las constricciones mencionadas. A pesar de que las autoridades y los dueños de minas se fundían en una entidad, en particular en el caso de la Diputación de Minería y el Ayuntamiento, y hacían valer ese argumento para lograr su objetivo de asegurar la disponibilidad de mano de obra, es claro que la composición social del movimiento de 1767 nos habla de la naturaleza de esta protesta, en la que la mayor proporción de los tumultuarios fueron trabajadores de minas.²⁴ De ahí el interés de estudiar las condiciones del trabajo minero en Guanajuato, donde, por un lado, ese año las autoridades sostuvieron que había decenas de miles de trabajadores y, por el otro, menos de tres años después, dos de las minas más productivas de este distrito -Rayas y Valenciana- concentraron en sus instalaciones el mayor número de trabajadores hasta entonces conocido en una empresa minera colonial, promoviendo una mayor división y organización del trabajo, lo cual revela la continuidad de ciertas condiciones pero también las nuevas exigencias de dicho trabajo. Una de éstas era la mayor disponibilidad de trabajadores, para lo cual el Estado implementa una nueva política fiscal y una serie de reformas que, en el contexto de su proyecto de modernización de la industria minera, combatieran la escasez de mano de obra que aún en épocas de auge constituía uno de los problemas mayores de dicha industria, lo que contrastaba con el flujo que desde mediados de siglo observamos entre los distintos distritos mineros del reino.

Trabajadores ocultos entre polvo y vapores

Aunque para nuestro análisis hemos tomado como punto de partida las rebeliones populares arriba mencionadas, nuestro objetivo es mostrar los mecanismos implementados desde entonces para retener la fuerza de trabajo en las empresas mineras y metalúrgicas a pesar de las condiciones de trabajo que imperaban en ellas. Así pues, pretendemos revelar parcialmente estas condiciones partiendo de la idea de que en el contexto de esas rebeliones se expresaron más abiertamente las quejas de los trabajadores sobre su situación sociolaboral, que a pesar de exponerse en varios estudios históricos sobre la industria minera para Guanajuato no existe uno específico. Y para determinar el número de trabajadores de las minas los muy escasos padrones y memorias de pago de salarios que existen no permiten hacer una estimación, así, nos valimos de las aisladas estimaciones globales hechas por las autoridades virreinales, el pago de tributos hecho entre 1772 y 1794, las cifras dadas para ciertas minas en particular y algunos padrones de ellas, entre otros.²⁵ En general, las autoridades hablaron de la gran cantidad de trabajadores que laboraban en las minas sin proporcionar cifras. Hemos visto que entre 1766 y 1767, el Ayuntamiento de Guanajuato, José de Gálvez y otras autoridades, además de algunos administradores de minas, coincidieron en reiterar que la actividad de todos los vecinos de la ciudad estaba ligada a la minería y por ello debía tenérseles por "operarios de mina"; la necesidad de sujetar al gran número de trabajadores sublevados para evitar que huyeran y las dificultades implicadas por el padrón de la población que incluía a dichos trabajadores.²⁶ A pesar de que estas aseveraciones tenían el propósito de exagerar los sucesos de la época para defender ciertos privilegios empresariales, permiten visualizar la importancia que las autoridades concedieron a la fuerza de trabajo como uno de los factores de los que dependía la producción de metales preciosos y, por ende, el futuro mismo del Estado. Algunas cifras sobre la población del distrito, las minas y sus trabajadores complementan este bosquejo.

En 1766 las autoridades estimaron en 40 000 los trabajadores de minas y, de 4 a 6 000 los que bajaron a la ciudad de Guanajuato. Al año siguiente, Fernando de Torija y Leri estimó alrededor de 8 000 trabajadores los que se sublevaron y apedrearon las cajas reales, la aduana, las residencias y tiendas de algunos españoles.²⁷ Es difícil imaginar esos 40 000 trabajadores pues las minas más productivas ese año -que eran Sirena, Mellado, Rayas y Cata- no tenían ni las dimensiones ni la producción de metales preciosos que sola la de Valenciana obtendría más de dos años después con una fuerza de trabajo integrada por poco más de 3 000 trabajadores. En 1803 Alejandro von Humboldt afirmó que en las obras subterráneas de dicha mina laboraban 1 800 trabajadores, y poco más de 1 300 hombres, mujeres y niños que se dedicaban al transporte, la pepena y molienda de mineral. Asimismo, sostuvo que en todo el distrito de Guanajuato habría 5 000 "mineros y obreros" empleados en la labores de pepena, fundición y amalgamación.²⁸ Así, creemos que podemos considerar estas últimas cifras como un parámetro más representativo de la fuerza de trabajo y del verdadero potencial productivo de las minas y haciendas de Guanajuato, lo que permite concluir que era imposible existieran los referidos 40 000 trabajadores debido fundamentalmente al deterioro de la mayoría de ellas.

Ahora bien, el número de operarios que laboraban en una empresa minera dependía de diversos factores, como son las características geológicas y de explotación de los fundos mineros. Así, en 1773, los oficiales de la Real Hacienda y Caja de Guanajuato informaron que de las 175 minas (sin contar catas y escarbaderos) existentes en los reales de minas del distrito, eran trabajadas por un disímil número de trabajadores bajo condiciones distintas. Las minas pequeñas, cuyos dueños carecían de capital o apenas comenzaban la explotación de su mina, eran trabajadas por el propio dueño con ayuda de dos o tres barreteros, o cuatro o cinco operarios. En general, éstos eran gente "rayada y sin partido" por iniciar apenas el laborío de la mina; otras lo eran sólo por buscones; otras más por éstos y por amparo; otras eran laboradas sólo "a partido"; otras a "raya y busca", y otras más sólo por "amparo".²⁹ Esta manera de trabajar las minas puso en evidencia la relación entre el número de trabajadores, el tamaño de la empresa y su producción y, en ciertos casos, las condiciones geológico-mineras que, a su vez, incidían en las leyes del mineral, la falta o insuficiencia de capital para realizar ciertas obras y, la inhabilitación total o parcial de las minas. Por todo esto la combinación de sistemas de trabajo -trabajo libre o trabajo forzado- y el tipo de mano de obra -buscones u operarios pagados en efectivo, en especie o en ambas formas- se daba en función de las condiciones de explotación de las labores subterráneas de las minas y del capital de sus propietarios. Los requerimientos de las minas pequeñas variaban muy poco. Unas se trabajaban por el mismo dueño, de tiempo en tiempo, sólo para evitar la pérdida de la propiedad. Otras eran trabajadas por cuatro o más operarios de los cuales uno o tres podían ser barreteros pagados sólo "a partido", es decir, con una proporción del mineral que extraían.³⁰ Lo que en algunos casos indicaba que las explotaciones mineras eran de magnitud menor, así como que su producción no era importante aunque permitía costear su explotación pagando salarios en especie, como en la mina de San Cayetano, ubicada en el Real de Santa Rosa. Los propietarios de minas pequeñas o medianas con ciertos recursos, como Fernando Antonio Miera, cuya mina de San Bruno tenía una producción abundante, contrataban escasa mano de obra que laboraba "a raya," es decir, por un salario en efectivo establecido según la costumbre.³¹ Otros empresarios mineros como Juan Compains, José del Peral, Lucas de Arriaga, dueños de las minas de Espíritu Santo, San José de Gracia y Nuestra Señora de Guadalupe, ubicadas en el Real de La Fragua, contaban con trabajadores a los que pagaban tanto salario en dinero como parte del mineral extraído. En contraste, minas grandes como Cata, Mellado, Rayas y Valenciana, cuando estaban en bonanza requerían de gran número de trabajadores y, consecuentemente, una organización de trabajo mucho más compleja. No obstante, la primera de ellas constituye un claro ejemplo de la situación de una empresa con una larga trayectoria, reconocida por haber sido una de las minas más ricas, propiedad de los herederos de Francisco de Busto y Moya, marqués de San Clemente, trabajada entonces únicamente por buscones a causa de la inundación de algunos de sus planes y el derrumbamiento y atierre de otros. Todo ello, junto con la insuficiencia de capital de sus dueños, impidió concluir su tiro principal que requería de una inversión de 50 000 pesos.³² Las minas de Mellado y Rayas también eran trabajadas por buscones, aunque la segunda también lo era por gran número de trabajadores pagados en dinero. ¿Qué determinó esto? Mellado estaba casi totalmente inundada y no había donde trabajar con cierta utilidad; Rayas había comenzado a experimentar una nueva expansión y requería amplia fuerza de trabajo para las labores que se encontraban en buenas condiciones físico-geológicas, en tanto que los buscones se destinaban a las antiguas labores para desazolvar los atierres y desechos. Así, a pesar de que el trabajo de estos últimos siempre fue temido por los dueños de las minas, pues no seguían las normas de construcción de las obras subterráneas y causaban derrumbes, en casos extremos de inundación o derrumbamiento los únicos que se arriesgaban a trabajar en estas labores de alto riesgo eran precisamente los buscones, que en ocasiones obtenían buenos resultados. Como pasó en la mina de Cata que, en 1773, después de 16 años de franca decadencia, sin poderla trabajar ni producir metales costeables y estando sus propietarios a punto de abandonarla, comenzó a producir. En esas condiciones el trabajo de los buscones pareció ser la única alternativa factible, dada, además, la insuficiencia de capital de sus dueños.

A principios de la década de los setenta, las empresas mineras más grandes y productivas de Guanajuato eran, como dijimos antes, las de Valenciana y Rayas, cuya explotación exigió una gran concentración de trabajadores, y entre los únicos empresarios con capital de la Nueva España se encontraban precisamente sus propietarios Antonio de Obregón Alcocer y Vicente Manuel de Sardaneta Legaspi, respectivamente, quienes bajo condiciones muy distintas pudieron invertir en la fuerza de trabajo requerida por sus negociaciones, construir importantes y costosas obras, aumentar su producción y acumular capital. Esa concentración de mano de obra promovió una organización de trabajo más sistemática y compleja, según veremos. Aunque no contamos con cifras precisas para esos años, la cantidad de 8 127 pesos anuales pagados como tributo por la Diputación de Minería a partir de 1772, constituye un primer indicador que permite calcular tentativamente el número de trabajadores por los que se pagaba esa contribución. Si consideramos que se debía descontar medio real semanal del salario de cada trabajador, tenemos como resultado que laboraban en las minas de Guanajuato un mínimo de 2 500 trabajadores si todos hubieran estado casados. En caso de poder diferenciar los solteros, que cubrían un tributo menor, dicho mínimo aumentaría. Sin duda, estos trabajadores satisfacían principalmente las necesidades de Valenciana y Rayas, pues eran entonces las únicas grandes empresas activas en el distrito. El número de trabajadores debió variar en los años subsecuentes debido a que, por un lado, estas empresas sufrieron una intensa explotación y, por el otro lado, hubo avances técnicos y tecnológicos importantes que sin duda determinaron una reducción progresiva de ese número. Así, por ejemplo, se esperaba que la sola construcción del tiro general de la primera mina, iniciada en 1790, redujera de manera notable los 900 tenateros que laboraban en ella y, en consecuencia, el costo total de la mano de obra. Antes, durante los años de 1776 a 1780, se introdujo en una parte de las minas y haciendas un nuevo método de refinar metales que también suponemos permitió a sus dueños prescindir de una proporción de sus trabajadores. Sin embargo, desconocemos los aleas en el comportamiento numérico de la fuerza de trabajo y el impacto que tuvieron en ella las innovaciones aludidas. La cifra más fiable sigue siendo la que dio Alejandro Humboldt en 1803, respecto de las dos minas arriba citadas donde laboraban casi 4 000 trabajadores en el interior y exterior de sus instalaciones, de los cuales 3 100 correspondían a la Valenciana,³³ pero, ¿cuál era su composición por oficio? ¿cuál era la nueva división y organización de su trabajo y qué efectos causó?

Este proceso gradual de inserción española al trabajo minero estuvo sin duda influido por otro fenómeno: la creciente circulación local e interregional de trabajadores de minas. La mayor proporción de éstos eran originarios de los reales de minas que circundaban la ciudad de Guanajuato, así como de las haciendas de beneficio y haciendas agrícolas cercanas, como las de Otates y Jaripitío. Otros procedían de pueblos como Dolores, San Miguel el Grande, San Felipe, Celaya y León y, en menor medida, de Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Michoacán y otros lugares. En resumen, el 77% de los trabajadores eran oriundos de la jurisdicción de Guanajuato y el 20.8% restante de otros pueblos. A pesar de que estas proporciones se constriñen a los trabajadores acusados de rebeldía en 1767, dos puntos llaman la atención: el primero, la confluencia de trabajadores a las minas de este distrito a nivel local y regional, el segundo, la importancia que desde entonces muestra la circulación de trabajadores de lugares distantes de los distritos mineros del norte de Nueva España. Esta circulación continúa gracias al notable aumento de la población de Guanajuato a partir de 1770, con variaciones acordes al comportamiento de la producción de metales en las minas del lugar. Así, vemos, por ejemplo, que en 1792 los trabajadores de minas oriundos de España representaron sólo el 1 % del total de la población española, mestiza y castiza de las minas de Valenciana y Tepeyac; el 6% eran de Chihuahua, Zacatecas, Pachuca, San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán y otros y, el 40% de Lagos, León, Silao, Dolores Hidalgo, San Miguel el Grande y otros pueblos del Bajío. El 53% restante no especificó su origen. Tratándose de los poco más de 700 trabajadores mulatos censados ese mismo año, aunque en menor importancia, se aprecia una amplia heterogeneidad en cuanto a su origen. Más del 10% procedía de otras regiones novohispanas, siendo Zacatecas, San Luis Potosí, Quéretaro y Aguascalientes de donde más llegaban; el 24.14% venía del Bajío y 38.54% de Guanajuato y sus alrededores.³⁶

Esta movilidad geográfica característica de la fuerza de trabajo libre contrasta con el uso extendido del repartimiento o trabajo forzado de campesinos indígenas en las minas de Guanajuato. Trabajo que revela la relación entre el aumento de la producción de metales que se dio entre 1776 y 1777, la escasez de mano de obra local, particularmente en la mina de Valenciana donde se realizaban importantes obras subterráneas, y la petición de 1778 de Antonio de Obregón, dueño de esa empresa y alcalde mayor de la ciudad, para que se mandaran 500 indígenas por cada tanda a trabajar en las minas del lugar. Se trataba de traerlos de varias comunidades rurales de Michoacán, tales como Pátzcuaro, Tingüindin, Erongarícuaro, Xiquilpan, Jerécuaro, Zirahuén, Santa Clara del Cobre, y otros.³⁷ Aunque sólo hay registro de la queja de estos pueblos creemos que otros pudieron ser afectados sin dejar huella.

De los oficios y la división y organización del trabajo³⁸

Guanajuato, como el centro industrial con más alta producción de metales y con minas que concentraban el mayor número de trabajadores de la época, permite estudiar los problemas que éstos enfrentaron en la práctica de su oficio y el efecto que tuvo en su vida. Esto lo relacionamos con el proyecto de modernización de la industria minera para explicar ciertas especificidades del trabajo minero al diferenciar las características propias de cada oficio que dejan visualizar las posibles relaciones entre los trabajadores de distintas categorías o jerarquías. Aunque se siguió de cerca el informe de Manuel José Domínguez de la Fuente, elaborado en 1774 en el contexto de las reformas borbónicas a través de las cuales el Estado pretendía promover dicha modernización, lo confrontamos con otras descripciones de la época incluida la de las Ordenanzas de Minería de 1783.³⁹ Así, vemos que los administradores encabezaban la estructura orgánica del trabajo minero teniendo a su cargo el gobierno y administración de las minas y por ello recibían el salario más alto. Eran empleados en quienes los empresarios depositaron su absoluta confianza delegándoles amplias funciones mediante un poder legal general y/o diversos poderes especiales cuando se trataba de asuntos específicos.⁴⁰ A su vez, el administrador general podía dar poderes legales a terceros en quienes delegaba alguna de sus funciones. Entre sus más cercanos colaboradores se encontraban los administradores de tiro, el minero mayor, los mineros, los mandones y los rayadores. Gozaban de total autonomía para resolver los asuntos concernientes a la empresa minera que dirigían. El minero y el colero dirigían y supervisaban el trabajo de las cuadrillas de trabajadores. La siguiente posición era ocupada por los barrenadores que se dedicaban a tumbar el mineral con ayuda de dos o más barreteros: se trataba de trabajadores calificados que lograban cierta especialización mediante el ejercicio sistemático de su oficio por periodos prolongados. Ganaban de 12 a 14 reales diarios. Los piqueadores trabajaban con los barrenadores perforando los peñascos para el tumbe de mineral. Una vez realizado este último los tenateros lo acarreaban en sacos hacia el exterior, o en su caso hasta el tiro de la mina, y se les pagaba un salario de cuatro reales diarios. Los despachadores llenaban las botas de agua acumulada en los socavones de la mina, así como las mantas -o cueros de buey abiertos- del mineral o tepetate, que se colocaban en el malacate. Este era jalado por las mulas que los arreadores hacían dar vueltas hasta que llegara al exterior. Ahí eran recibidas por los cajoneros. Los herreros tenían a su cargo elaborar y reparar las herramientas, mientras que los carpinteros fabricaban los malacates, las norias y las cigüeñas. Ambos laboraban casi siempre en el interior de las minas. Los ademadores reforzaban con madera las partes blandas de la veta con el fin de evitar derrumbes; su salario era de 10 o 12 reales diarios, y el de sus oficiales de 4. En el exterior los quebradores y los pepenadores eran los que iniciaban el proceso de beneficio del mineral, rompiendo las piedras grandes y separando las que tenían plata.⁴¹ No sabemos cuántos trabajadores de cada oficio requería cada mina, no obstante, la mayoría de las minas pequeñas, por lo regular pobres, podían ser trabajadas por una sola cuadrilla de trabajo: un barretero y un barrenador que tumbaban el mineral, y uno o dos tenateros que lo trasladaban hacia el exterior. Doris Ladd sostiene que en Real del Monte la cuadrilla de trabajo se integraba por tres piqueadores y un peón, además, del mandón que los supervisaba. Las 40 o 50 cuadrillas que laboraban por turno o pueble en la veta Vizcaína sumaban 311 piqueros, 150 peones y 250 trabajadores manuales que se encargaban de limpiar la basura y el tepetate de los lugares de trabajo.⁴² En las minas de Guanajuato la cuadrilla se formaba por un barretero, un barrenador, un piqueador y tres o más tenateros, supervisados los tres primeros por un capataz o mandón y los últimos por un colero. Según Manuel Domínguez había minas donde trabajaban diariamente 100 barrenadores, a partir de los cuales estimamos que en tal caso laboraban aproximadamente 600 trabajadores organizados en 100 cuadrillas, integradas sólo por barreteros, barrenadores, piqueadores y tenateros (tres de estos en cada cuadrilla). Número que se incrementaba de manera notable al sumar los mandones, coleros, despachadores, herreros, carpinteros y demás trabajadores del interior de la mina. Los cajoneros, arreadores, quebradores, pepenadores, rayadores y partidores laboraban en el exterior.⁴³ Los rayadores llevaban cuenta del trabajo de cada trabajador y pagaban salarios semanalmente, mientras que los partidores vigilaban la división del partido. Por su parte, los quebradores rompían la piedra para que mujeres y hombres llamados pepenadores separaran la plata del mineral inservible. Los romaneros eran quienes pesaban el mineral extraído por los tenateros, así como el seleccionado por los pepenadores. A todos estos trabajadores se sumaban los "sirvientes" que cuidaban de las mulas y los caballos o realizaban otras labores de mantenimiento.

Esta descripción del trabajo minero permite redimensionar su naturaleza y su impacto social al exponer casos concretos. Para las pequeñas y medianas empresas mineras tenemos que contentarnos con el análisis de las características mencionadas por los oficiales reales de Guanajuato en 1774. Tratándose de las grandes empresas mineras vamos a usar el caso de la mina Valenciana, cuya estructura y jerarquía laboral muestra el gran nivel de desarrollo que alcanzó el trabajo minero durante la segunda mitad del siglo XVIII.⁴⁴ La producción de esta empresa favoreció una amplia división del trabajo y especialización de los más de 3 000 trabajadores concentrados en sus instalaciones, que quizá eran los que quedaron después de construido el tiro general de la mina con el que se esperaba reducir el costo del trabajo de 900 tenateros en la década de los noventa.⁴⁵ No obstante, si tomamos estos últimos como base de la planta laboral de la Valenciana, resulta que en ella trabajaban alrededor de 300 cuadrillas, integradas por más de 300 barreteros, 300 barrenadores y 300 piqueadores, además de los mencionados tenateros, los que sumaban 1 800 hombres, sin contar los demás trabajadores del interior y exterior de la mina. Tal número implica dos aspectos: la amplia concentración y la especialización de la mano de obra calificada, en particular de los barrenadores, barreteros y piqueadores, a los que deberían sumarse los herreros, carpinteros, agrimensores y administradores. Esto permite concebir la idea del trabajo minero como un trabajo integral ejecutado por cientos o miles de hombres con un único objetivo: lograr una óptima producción de metales preciosos. La consecución de esto representaba a su vez una multiplicidad de intereses acorde a la función de cada grupo de trabajadores en el proceso de producción, pero sobre todo una dirección eficaz por parte de los administradores a los que se exigía cierta instrucción. Otro aspecto del trabajo minero que cabe destacar es que en las grandes empresas mineras el trabajo estuvo íntimamente ligado al trabajo metalúrgico de las haciendas de beneficio a las que aquéllas se vinculaban de manera casi indisoluble. Por eso la expansión de las primeras exigía la de las segundas y la expansión de ambas se traducía en el incremento de la mano de obra, la creciente complejidad de la división y la organización del trabajo y la mayor especialización de los trabajadores. Tal fue el caso de las minas de la Valenciana y Rayas, cuya labor se vinculó al de las haciendas de Flores y Salgado y de San José de Burras y San Matías, respectivamente. Así, a los trabajadores antes mencionados debemos sumar los cientos de trabajadores que refinaban metales en estas empresas, integradas en una especie de consorcio, no obstante, por ahora nos limitaremos a mencionar entre ellos el azoguero, el ensayador, los repasadores y los "sirvientes plebeyos" encargados de cuidar los animales. Un análisis global del trabajo minero y metalúrgico que dé cuenta de la división y organización del trabajo, así como de las relaciones entre los grupos de trabajadores de cada categoría, se abordará en una investigación futura. Lo que a su vez permitirá comprender el funcionamiento de las empresas.

Ahora nos enfocaremos a la organización jerárquica del trabajo minero y los mecanismos de control sociolaboral. Dicha organización dependía de la dimensión y complejidad de la actividad productiva de cada empresa. Las minas pequeñas y aún las medianas tenían sin duda una organización muy simple, ya que en la mayoría de los casos bastaba el trabajo y la dirección del dueño apoyado por una cuadrilla de trabajadores. No se requería pues de una organización laboral estrictamente jerarquizada y las relaciones de trabajo se daban más bien en un ambiente familiar. Por el contrario, en las grandes empresas mineras la división y la organización jerárquica fue mucho más compleja. Muestra de esta complejidad es el rol de los administradores en la dirección de las minas, así como sus relaciones con las demás categorías de trabajadores. Su actuación como apoderados legales de los dueños de minas les dio acceso a la propiedad minera por medio de la compraventa y/o donación de minas y haciendas de beneficio. Una vez convertidos en empresarios ocupaban cargos públicos en instituciones políticas y administrativas locales como la Diputación de Minería de Guanajuato, donde su participación contribuyó a fortalecer su posición y su relación con otros empresarios. Al cabo de unos cuantos años lograban acumular cierto capital y se convertían en aviadores de otros empresarios. La trayectoria de los administradores de las minas de Rayas y Valenciana: Buenaventura José Carrasco, Bernabé de Bustamante o Juan Jiménez Arjona y Manuel Jiménez, respectivamente, revelan la importancia de su oficio como vía para acceder al poder económico y político en el contexto de los distritos mineros novohispanos, pero también ciertas contradicciones sociales que explican que algunos de ellos participaran años más tarde en el movimiento independiente de 1810.⁴⁶ Contradicciones quizá más fuertes en el caso de Joseph Tamayo, administrador de la mina de Mellado, y otros administradores de empresas de menor importancia. La carrera de Buenaventura José Carrasco muestra la relación entre el ejercicio de su oficio y su inserción gradual en distintos sectores de la economía local y el poder político. En 1778 Antonio de Obregón y Alcocer, accionista de la Valenciana y alcalde mayor de Guanajuato, lo nombró teniente de justicia mayor de las cuadrillas del cerro de la Esperanza. Más de tres años después, el alcalde Manuel del Sello Somoza lo designó teniente de alcalde mayor de las minas Benditas Ánimas, San José de Gracia y San Cayetano de Valenciana. Ya antes había sido nombrado elector de minería. Estos cargos los ejerció paralelamente al de administrador de las minas mencionadas. Esta actividad laboral y sociopolítica fue apuntalada por su incursión en la industria minera como propietario de todo o parte de las minas de Ánimas, Señor San Juan Nepomuceno, San Juan de Frausto (Antonio de Obregón era su socio a partes iguales), la Garrapata y San Vicente Ferrer, así como la hacienda de beneficio de Nuestra Señora de Guadalupe. También contribuyó su actividad como dueño de cuatro establecimientos comerciales. De modo que, por un lado, Carrasco actuó como colaborador del alcalde mayor en los asuntos de gobierno y justicia en las minas bajo su jurisdicción y, por otro lado, formaba parte de la planta laboral de la empresa minera más productiva del distrito. Así, llegó a aplicar justicia civil o criminal a trabajadores bajo su mando a los cuales a su vez imponía castigos correctivos por fallas laborales. Las contradicciones de su rol son igualmente evidenciadas por su facultad para administrar el fondo de "piedra de mano" creado para construir la iglesia del Real de Valenciana, integrado por una piedra que cada operario sacaba en la mano al salir de la mina. Durante su administración Carrasco recaudó más de 360 000 pesos por ese concepto, pero dispuso de más de 91 000 invirtiéndolos en sus propios negocios, los que más tarde se comprometió a rembolsar.⁴⁷ Una carrera similar tuvo el administrador Bernabé de Bustamante al dirigir la Valenciana. Fue apoderado de Antonio de Obregón y los demás dueños de la empresa, lo que permitió intervenir en actos y gestiones privadas y públicas que favorecieron su propia red de relaciones, operaciones comerciales y transacciones financieras. Se insertó en la industria minera y el comercio y financió a otros empresarios mineros. Ocupó el puesto de alcalde ordinario hacia 1799.⁴⁸ Todo esto habla de la eficaz labor de algunos administradores de grandes empresas mineras, quienes sin duda influyeron en su éxito o fracaso. No obstante, para apreciarla más justamente se requiere conocer las obras ejecutadas bajo su dirección, las gestiones para procurarse recursos materiales y humanos y otros actos que aún quedan por estudiar.

La trayectoria de Manuel Jiménez, administrador de la mina de Rayas perteneciente a Vicente de Sardaneta y Legaspi, aporta elementos para comprender otra cara de su oficio, la de la autoridad y el control ejercido sobre el resto de los trabajadores. En 1774 Jiménez ocupaba los cargos de teniente de capitán y apoderado de la Diputación de Minería de Guanajuato y poseía las minas de Santa Ana, Nuestra Señora de la Merced y La Cruz, entre otras. Sin embargo, años antes, a pesar de que fue acusado de participar en los movimientos populares de 1767, aprehendió trabajadores y los entregó a las autoridades judiciales, como hizo también el administrador de la mina de Mellado, Joseph Tamayo.⁴⁹ Vemos pues que la autoridad de los administradores no se limitó a corregir las fallas laborales de los trabajadores que en ocasiones se quejaban de sus abusos y excesos, se extendía más allá de las instalaciones mismas de la empresa. Visualizar a los administradores-mineros-comerciantes-funcionarios de Estado con una trayectoria y un patrimonio propio, como lo hemos expuesto, permite comprender las implicaciones de pertenecer a la categoría de trabajadores que se hallaba en la cúspide de la jerarquía laboral. Los administradores no podían sino identificarse en parte con los intereses empresariales y no con los trabajadores a los que dirigían, y a quienes debían hacer cumplir las disposiciones laborales fijadas por el amo y la ley.⁵⁰ Aunque no creemos que esto se tradujera en una ausencia de conflicto de intereses entre los administradores y los dueños de minas en su relación laboral y su relación en tanto que empresarios.

Ahora bien, entre los mandos medios encontramos al rayador general, el agrimensor, el minero mayor, el maestro mayor de carpintería y los maestros mayores de herrería. Estos dos últimos dirigían a carpinteros y herreros cuyo trabajo era especializado. Algunos de ellos laboraban en el interior de la mina para actuar con la rapidez y eficacia que se requería, de ahí que en las pequeñas o medianas minas se instalaron uno o dos talleres de herrería y en las grandes más de quince como en el caso de la Valenciana.⁵¹ Sus salarios se encontraban entre los más altos. Un rayador general, por ejemplo, podía ganar 25 pesos, mientras los herreros mayores y sus oficiales 26 y 12, respectivamente. En lo que concierne al empleo de perito minero o de agrimensor, los dueños de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no contrataban sus servicios por carecer de capital suficiente para invertir en mano de obra, pero para empresas como la Valenciana, Rayas, Cata y Mellado era fundamental contar con ellos. Su rol fue decisivo tanto en la construcción y explotación de las minas como en las innovaciones técnicas y/o tecnológicas de la época. Aunque los peritos Jaime de Hosta, Fermín Reygadas y Antonio de Estrada recibieron el título que requerían para ejercer su oficio de "perito facultativo de minas" del Real Tribunal de Minería en la década de los noventa, ya antes la Diputación de Minería de Guanajuato designaba peritos para realizar supervisiones y mediciones cuando se denunciaba una mina o cuando dos o más estaban en litigio y su resolución dependía en parte de los dictámenes periciales, lo que contribuyó a su prestigio. También eran nombrados para supervisar diversas obras de las minas. No sabemos cómo los elegía la Diputación, pero sí que se trataba de individuos con una larga experiencia practicando su oficio, la cual no bastaría después de la fundación del Tribunal en 1792. En 1796 Jaime de Hosta debió solicitar al Tribunal de Minería le hiciera el examen que lo acreditara como perito, pero pidió dispensa de presentarse ante el tribunal por encontrarse dirigiendo varias obras en la mina de Tepeyac que requerían de su asistencia.⁵² El Tribunal ordenó a la Diputación resolver la solicitud de Hosta quien debía reunir los requisitos previstos por el artículo 11 del título 17° de las ordenanzas, como probar su origen español y "limpieza de sangre". Fue Manuel Ignacio Zerrato, administrador de la mina de Mellado, agrimensor desde 1785 y dueño de minas, quien hizo el examen respectivo.⁵³ Inspeccionó primero los instrumentos que usaba Jaime de Hosta para practicar su oficio, los cuales halló "construidos con bastante perfección" y "arreglados al arte." Luego examinó a éste en presencia de los jueces y diputados de minería sobre "las obras más arduas que ocurren en las minas." Hosta resolvió correctamente las cuestiones que se le plantearon mostrando tener los "conocimientos de trigonometría, resolución de ángulos y demás que se necesitan en un perito-minero y agrimensor titulado." El Tribunal de Minería expidió el título a Jaime Hosta, quien hizo juramento ante la Diputación de Minería. Esta envió exhorto a todos los jueces y justicias, los diputados territoriales, dueños, administradores e interventores de minas para que tuvieran a Hosta por perito aprobado y no se le impidiera "el libre ejercicio de esta profesión." Así pues, los peritos mineros y/o agrimensores insertos en esta segunda categoría de la jerarquía laboral de las minas, gozaron de ciertos privilegios acordados a los españoles, crearon un patrimonio que incluyó una o más minas y haciendas de beneficio e intervinieron en diversos actos ligados a sus negocios. De ahí que podamos seguir su trayectoria, lo que es prácticamente imposible para el resto de los trabajadores, excepto quizá en el caso de uno o dos hombres de la tercera categoría, hablamos de los mineros o maestros que dirigían las labores subterráneas -mandones, coleros y otros, ademadores, albañiles de minas, carpinteros y herreros de máquinas. Estos debían ser examinados por un perito facultativo de minas antes de ser contratados, conforme al artículo 4° del título 17 de las Ordenanzas de Minería. Sin la certificación de aprobado no podían ejercer su oficio so pena de tres meses de cárcel y de destierro del lugar en la primera y segunda contravención, respectivamente. En este punto cabe enfatizar que estas tres categorías de trabajadores constituían la parte medular del grupo de trabajadores especializados. Sin embargo, aún sin poder conocer la trayectoria de los integrantes de las últimas categorías, se sabe que mostraron globalmente un gran dominio de su oficio. Nos referimos principalmente a los barrenadores, barreteros y piqueadores, entre otros, sobre cuyas obras Alejandro von Humboldt afirmó que la mayoría de las minas del México virreinal contaba con un trabajo de barras bien ejecutado; la albañilería en los tiros y galerías era digna de elogio, sobre todo el amurallamiento; las bóvedas eran bien acabadas y en eso las minas de Guanajuato podían rivalizar con todo lo que se veía de más perfecto en las minas de Freiberg y Schemnitz. En contrapartida, criticó aspectos técnicos del tumbe de mineral por medio de pólvora, por las profundas perforaciones donde se colocaban los cartuchos, además, los mineros no ponían cuidado en desprender la roca que debía ceder con la explosión, lo que generaba una gran pérdida de ese insumo. A esto agregó la gran dimensión de los tiros y galerías que originaban gastos exorbitantes; hacer inmensas excavaciones impedía que los dueños multiplicaran los trabajos de exploración indispensables para conservar y explotar una mina en la larga duración.⁵⁴ A pesar de esto, es innegable la relación entre el gran desarrollo que experimentó el trabajo minero y el aumento de la producción de metales preciosos en Guanajuato durante la segunda mitad del siglo XVIII, lo que se logró gracias a ]]>