Propuesta de un consenso económico superpuesto en el debate sobre la justicia distributiva internacional

A Superimposed Economical Consensus in the Distributive Justice Debate

Federico Ast

IAE Business School, Universidad Austral. federicoast@gmail.com

Recibido el 29 de julio de 2014
Aceptado el 5 de febrero de 2015

Resumen

El debate sobre la justicia distributiva internacional se ha centrado tradicionalmente en una discusión normativa acerca del alcance de las obligaciones de los ciudadanos de los pueblos ricos hacia los pobres del extranjero. Las distintas posiciones presuponen ciertas nociones económicas empíricas a la hora de emitir juicios sobre la justicia del ordenamiento económico internacional. En función de las teorías económicas que se tengan por válidas, una misma posición normativa puede justificar distintos ordenamientos incompatibles de las instituciones económicas internacionales. Este artículo busca explicitar las nociones empíricas que subyacen en las posiciones normativas y propone un consenso económico superpuesto para alcanzar una base de justificación neutral que permita fundamentar juicios sobre la justicia del ordenamiento económico internacional.

Palabras clave: Rawls, economía, ética, política, cosmopolitismo.

Abstract

The international distributive justice debate has traditionally focused on a normative discussion about the scope of the obligations of the citizens of the rich countries to the global poor. The various positions assume certain empirical economic notions when making judgments about the justice of the international economic order. Depending on the economic theory held as valid, the same normative position may justify diametrically opposed configurations of the international economic institutions. This article seeks to make explicit the empirical notions underlying normative positions, and proposes an overlapping economic consensus to reach a basis for the neutral justification of claims about the justice of the international economic order.

1. Introducción

Desde la década de 1970 la filosofía política liberal dedicó grandes esfuerzos a investigar el problema moral de las desigualdades internacionales en cuanto a la riqueza y a responder interrogantes como los siguientes: ¿son las desigualdades moralmente problemáticas?, ¿cuáles son las obligaciones de los pueblos ricos hacia los pobres?, ¿deben estudiarse como problemas de justicia?, ¿cuál sería un orden económico internacional justo?

En líneas generales, la discusión se polarizó entre la corriente rawlsiana y la cosmopolita. Ambos enfoques comparten como punto de partida el marco conceptual desarrollado por Rawls para el análisis de la justicia nacional, aunque divergen acerca de la legitimidad de su extensión al caso internacional. La corriente cosmopolita aboga por considerar similares el ámbito nacional e internacional y por aplicar el principio de diferencia nacional al caso global. Desde esta perspectiva, las instituciones que regulan la economía mundial deben estructurarse de modo que favorezcan a los ciudadanos menos aventajados del esquema de cooperación global.

Por el contrario, Rawls advierte que los principios de justicia de A Theory of Justice se concibieron para el dominio de aplicación de la estructura básica de una sociedad autosuficiente. Según Rawls, dicha estructura no existe en el esquema de cooperación internacional, por lo que es inválido el intento de extrapolación del principio de diferencia. En The Law of Peoples, propone ocho principios de justicia que los representantes de distintos pueblos razonables estarían dispuestos a aceptar y que incluyen el deber de cumplir con los pactos, reconocer derechos humanos básicos y respetar la autodeterminación de los otros pueblos. En lo que hace a la justicia distributiva internacional, el octavo principio sostiene: "Los pueblos tienen el deber de ayudar a otros pueblos que viven en condiciones desfavorables que les impiden tener un régimen político y social justo o decente" ["Peoples have a duty to assist other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime"].¹

De acuerdo con Rawls, las obligaciones de justicia distributiva sólo incluyen un deber de asistencia a los pueblos en situación de extrema pobreza hasta que puedan constituir instituciones políticas decentes, pero no requiere que las instituciones globales se estructuren en favor de los menos aventajados, como exigen los cosmopolitas.

El debate sobre la justicia distributiva internacional ha originado una bibliografía abundante en la que se examinan los aspectos normativos de los argumentos. Sin embargo, la faceta empírica de la discusión ha sido objeto de menor atención. Esto constituye un punto importante para trabajar en el debate. Tanto los argumentos rawlsianos como los cosmopolitas recurren a nociones económicas empíricas a la hora de juzgar, por ejemplo, la responsabilidad de los organismos multilaterales de crédito, las corporaciones multinacionales y los gobiernos de los pueblos ricos en la justicia distributiva internacional.

Formular un juicio sobre la justicia o injusticia del orden económico global requiere una visión concreta de las regularidades económicas en materia de comercio internacional, flujos de capitales, políticas de migración y todo lo que afecte los factores productivos de los que depende la economía mundial. Afirmar que las instituciones que regulan la economía internacional son justas o injustas supone una visión de cómo es el mundo y de cómo debería ser.

Lo que esperamos realizar en este artículo es explicitar las teorías económicas (las formas de ver el mundo) que subyacen en las teorías normativas de la justicia distributiva internacional. En la siguiente sección observaremos de qué manera los supuestos empíricos que tengamos por válidos influyen en el resultado de nuestros juicios morales sobre el sistema económico mundial. Un mismo ordenamiento institucional global puede resultar justo o injusto en función de la teoría económica que se adopte.

En la sección 6 observaremos que, incluso si se acepta la propuesta cosmopolita de extender el principio de diferencia nacional al caso internacional, no está claro cuál es el tipo de estructuración de las instituciones económicas globales que tendería a beneficiar a los ciudadanos menos aventajados. Por lo tanto, los argumentos cosmopolitas pueden justificar dos ordenamientos institucionales radicalmente distintos en función de los supuestos empíricos que se utilicen. Esto nos lleva a una situación que denominamos de "vaciamiento del principio de diferencia", donde las consecuencias prácticas del debate sobre la justicia distributiva internacional quedan indeterminadas.

Para resolver la indeterminación, proponemos en las últimas secciones del artículo el concepto de un consenso superpuesto entre las teorías económicas, de manera análoga al concepto que Rawls utiliza para explicar la estabilidad en las sociedades pluralistas. Las teorías económicas en el centro del consenso, aceptables desde todos los puntos de vista en juego, podrán considerarse una vara empírica común para juzgar las instituciones que regulan la economía global.

2. Supuestos empíricos y juicios morales

La economía mundial es un entramado complejo de interacciones entre agentes que deciden cómo usar los recursos naturales, financieros, humanos y tecnológicos con el objetivo de satisfacer fines múltiples. Algunas decisiones las toman de manera autónoma agentes privados, mientras que otras las controlan agentes públicos, como gobiernos y organismos internacionales.

En el debate sobre la justicia distributiva internacional, la forma en que los agentes privados toman sus decisiones y ejecutan sus planes se considera un dato exógeno que describe la forma en que se estructura el comportamiento humano en situaciones de escasez. Las formas en que los consumidores toman decisiones de consumo, en que las empresas toman decisiones de inversión, etc., se consideran dadas.

El análisis ético se concentra en las decisiones de los agentes públicos. A través de sus decisiones, los gobiernos y los organismos internacionales configuran un entorno institucional global que influye en las decisiones de los agentes privados y ulteriormente en la riqueza de los países y el bienestar de los individuos. Las decisiones de los agentes públicos incluyen la elaboración de regímenes de comercio internacional, regulaciones sobre las actividades de las corporaciones multinacionales, sobre los flujos de capitales y sobre cualquier otra regla económica que tenga un influjo causal, ya sea directo o indirecto, en las desigualdades internacionales de riqueza y en la situación de los ciudadanos menos aventajados.

Esta distinción entre agentes públicos y privados sirve para delimitar el campo del juicio moral relacionado con la justicia distributiva internacional. Cuando los cosmopolitas argumentan que el esquema de cooperación global es injusto, en términos formales sostienen lo siguiente: la forma en que los agentes públicos han estructurado las instituciones que regulan la cooperación global no tiende previsiblemente a optimizar la situación de los ciudadanos menos aventajados de dicho esquema de cooperación.

En términos prácticos, el análisis puede realizarse tomando una regulación global y sometiéndola a una prueba fundamental: ¿genera esta regulación de manera previsible una situación que tiende a optimizar las perspectivas de los ciudadanos menos aventajados del esquema de cooperación global? Si la respuesta es afirmativa, la regulación es justa. Si la respuesta es negativa, es una regulación injusta que debe reformarse.²

Consideremos a modo de ejemplo el caso de los subsidios a la agricultura, a los cuales el autor cosmopolita Thomas Pogge acusa de perjudicar a los ciudadanos pobres del mundo.

Premisa normativa: las desigualdades económicas y sociales se tienen que estructurar de manera que redunden en el mayor beneficio de los menos aventajados. (Principio de diferencia global cosmopolita).

Premisas fácticas: los subsidios a la producción agrícola reducen los costos de los productores de los países ricos y les permiten vender en el mercado internacional a un precio menor al que regiría en ausencia del subsidio. Estos productos desplazan a sus competidores de países demasiado pobres para otorgar subsidios. El incremento de las exportaciones en los países ricos genera un mayor bienestar para sus ciudadanos, a expensas de los ciudadanos de los pueblos pobres.

Conclusión: los subsidios a la agricultura son una carga injusta sobre los ciudadanos menos aventajados del esquema de cooperación global. Los pueblos ricos cometen una injusticia cuando otorgan subsidios y los organismos internacionales de comercio son cómplices porque autorizan dicha práctica.

El argumento parte de premisas fácticas que presuponen ciertas relaciones empíricas entre variables para justificar un deber ser que llama a modificar dicha situación fáctica. La anulación de alguna de las premisas fácticas sin modificar la premisa normativa podría justificar una evaluación opuesta de la justicia de un mismo estado de cosas. Si se demostrara que los subsidios resultan neutrales en relación con las oportunidades de colocación de los productos de los pueblos pobres, esa práctica de los pueblos ricos ya no podría considerarse injusta.

Este sencillo argumento indica que los supuestos fácticos que se utilizan influyen en la evaluación de la justicia del esquema de cooperación internacional. Acusar a los pueblos ricos de imponer condiciones injustas sobre los pobres presupone una visión causal del mundo configurada por la aceptación de una determinada teoría económica.

En el campo de la ciencia económica, existen distintas teorías que compiten entre sí para describir con mayor precisión las relaciones causales. Por lo tanto, y apelando siempre a teorías razonables, es posible demostrar, por ejemplo, que tanto el libre cambio como el proteccionismo son capaces de mejorar las perspectivas de los menos aventajados. En la próxima sección observaremos cómo el uso de distintos supuestos fácticos en las teorías sobre la justicia distributiva internacional conduce a evaluaciones diferentes sobre la justicia de las relaciones económicas internacionales.

En The Law of Peoples, Rawls advierte que las nociones económicas que considera válidas se resumen en la obra del historiador económico de Harvard, David Landes.³ Desde este enfoque, las causas de la riqueza de los pueblos radican en características específicas de sus esquemas de cooperación nacionales, como las tradiciones morales, culturales, religiosas y filosóficas que sostienen la estructura de las instituciones sociales y políticas. Debido a ciertas características morales, culturales, religiosas y filosóficas, algunos pueblos son capaces de sostener esquemas económicos más efectivos tanto en el nivel de los agentes privados (por ejemplo, con una mayor preferencia por el ahorro y la acumulación de capital) como en el de los públicos (instituciones de política económica más efectivas, mayor transparencia, etcétera).

Estos supuestos se apoyan en teorías sobre la economía institucional que pretenden comprender el papel de las instituciones en el comportamiento económico de los individuos y, por extensión, en las posibilidades de generar riqueza de una sociedad. El texto La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber fue uno de los precursores de la economía institucional al sostener que el predominio de la religión protestante influye en el desarrollo capitalista de ciertos pueblos.⁴

Douglass North, uno de los padres de la nueva economía institucional, advierte que la prosperidad de Occidente se explica por la construcción de instituciones políticas, sociales y jurídicas aptas para aprovechar los beneficios del intercambio y el progreso técnico.⁵ Las naciones que se desarrollan de manera sostenida son las que logran establecer lo que el economista Daron Acemoglu denomina instituciones políticas y económicas incluyentes (lo contrario de las llamadas instituciones extractivas), basadas en el imperio de la ley, derechos de propiedad, participación ciudadana en la política y economía de mercado.⁶

De acuerdo con la teoría institucional, mejorar las oportunidades de los ciudadanos menos aventajados del sistema internacional requiere que los pueblos ricos y las instituciones internacionales fomenten el cambio institucional en los pueblos pobres para que adopten instituciones incluyentes y gobiernos democráticos. No obstante, esta alternativa enfrenta problemas tanto prácticos como morales.

En primer lugar, desde una perspectiva práctica, las instituciones incluyentes no son algo que pueda "exportarse" ni aplicarse sencillamente a través de medidas de ingeniería social. North señala que el sistema institucional de un pueblo se compone de reglas formales (el sistema legal y las resoluciones administrativas) e informales (las prácticas reales). Las reglas formales pueden imitarse, como cuando Argentina se inspiró para su constitución en la de los Estados Unidos. Las reglas informales son, por el contrario, resultado de un largo proceso evolutivo que no puede imponerse de arriba hacia abajo con medidas de diseño institucional. El desarrollo de una democracia efectiva y de instituciones políticas incluyentes es el resultado de un proceso largo y complejo que escapa del alcance de lo que razonablemente podría esperarse de las medidas de ingeniería de los países ricos y de las instituciones económicas internacionales.⁷

En segundo lugar, resulta dudoso desde la perspectiva moral que los países ricos o las instituciones internacionales tengan legitimidad para imponer formas de gobierno sobre otros pueblos con el argumento de que es mejor para su crecimiento económico. Rawls sostiene que los pueblos liberales no tienen justificación para interferir en los asuntos internos de pueblos decentes y pacíficos que eligen gobernarse de manera diferente. Esto vale también para los intentos no coercitivos de incentivar la adopción de instituciones liberales, como la introducción de reformas políticas como condiciones para el otorgamiento de créditos de organismos multilaterales.

En resumen, los supuestos empíricos del modelo rawlsiano hacen que la redistribución global propuesta por los cosmopolitas sea un proyecto de dudosa viabilidad, tanto fáctica como moral. La ingeniería económica no funciona para atacar las causas profundas del desarrollo. Por eso, cualquier proyecto igualitarista de reforma del orden económico internacional sería inefectivo. Las particularidades políticas y culturales de los pueblos pobres les impedirían aprovechar la ayuda para incrementar su riqueza y mejorar las oportunidades de los menos aventajados.⁸

En síntesis, el modelo rawlsiano sostiene que:

]]> - Hay un determinismo social, cultural o genético. Las tradiciones de una sociedad influyen fuertemente en el nivel de riqueza que es capaz de alcanzar.

- Las diferencias internacionales de ingreso se explican por factores internos de cada sociedad.

- No es fácticamente posible y/o no es moralmente legítimo introducir reformas en el orden internacional con el objetivo de maximizar las oportunidades de los ciudadanos menos aventajados.

4 . Supuestos económicos en la teoría cosmopolita

Las teorías cosmopolitas sobre la justicia distributiva internacional se apoyan en supuestos empíricos relacionados con teorías económicas que de manera amplia pueden definirse como heterodoxas, un adjetivo que abarca un grupo relativamente heterogéneo de doctrinas económicas que van desde enfoques neomarxistas hasta keynesianos.

En las décadas de 1960 y 1970, cuando comienza el debate sobre la justicia distributiva internacional, el ambiente intelectual en el área de la economía del desarrollo recibe una fuerte influencia de las teorías de la dependencia, enfoques que atribuyen la causa del subdesarrollo al tipo de relaciones entre los países ricos y pobres en el sistema económico internacional. A grandes rasgos, las teorías de la dependencia pueden clasificarse en dos tipos: las neomarxistas y las estructuralistas.

Las teorías de la dependencia neomarxistas encuentran sus raíces en el Manifiesto del Partido Comunista, de Marx y Engels, y en El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Estas obras caracterizan el capitalismo internacional como un sistema donde los pueblos ricos se benefician de la explotación de los pobres. El economista alemán André Gunder Frank recoge estas ideas en la segunda mitad del siglo XX.⁹ Frank sostiene que las causas del atraso de los países emergentes radican en que la propia dinámica del capitalismo lleva a la estructuración de relaciones coloniales entre una metrópoli y sus satélites, en las que la metrópoli se apropia de la mayor parte del excedente económico mientras que los satélites quedan sometidos a una posición de proveedores de materias primas de bajo valor. Dado que esta dinámica es intrínseca al sistema capitalista, la única solución es que los pueblos emergentes rompan sus relaciones con los mercados mundiales e inicien una vía autónoma de desarrollo. Además de Frank, en América Latina la vertiente neomarxista de la teoría de la dependencia tiene como representantes a Cardoso, Faletto, Marini y Dos Santos.¹⁰

Por otra parte, en la teoría de la dependencia hay una corriente estructuralista, impulsada por el economista argentino Raúl Prebisch y por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este enfoque también encuentra la causa de las desigualdades en las asimetrías comerciales y tecnológicas del sistema económico internacional. No obstante, a diferencia del enfoque neomarxista, el desarrollo no requiere una revolución socialista ni aislar al país del mercado internacional. El desarrollo es posible en el interior del capitalismo, con esquemas basados en una combinación de incentivos de mercado con regulaciones gubernamentales adecuadas.

Desde la década de 1980, y principalmente después de la caída de la Unión Soviética, la teoría de la dependencia ha sufrido un descrédito en la mayoría de los círculos académicos. La comunidad académica formada alrededor de la corriente neomarxista se ha disgregado en su mayoría, y ha abandonado los esfuerzos por ampliar y seguir articulando la teoría. La vertiente estructuralista sigue presente. Muchos de sus argumentos han sido absorbidos por corrientes heterodoxas como la de Joseph Stiglitz. Si bien no utiliza categorías marxistas como plusvalía y explotación, esta corriente señala que las desigualdades en términos de riqueza se deben a asimetrías en las reglas de la estructura económica internacional.

Un aspecto determinante de la riqueza de un pueblo es el lugar que éste ocupa en el sistema económico internacional. El autor cosmopolita Thomas Pogge advierte que el atraso de las naciones africanas no se debe a factores internos, sino a su pasado colonial y al mantenimiento de un orden global injusto, y que ambos factores son responsabilidad de los pueblos ricos. Una fuente actual de injusticia son las cláusulas del derecho internacional conocidas como International Resource Privilege e International Borrowing Privilege. La primera otorga al grupo que controla el gobierno de un país el reconocimiento de la comunidad internacional para vender sus recursos naturales. La segunda le reconoce la potestad para endeudarse en nombre del pueblo.

Estas cláusulas incrementan la debilidad institucional de los pueblos pobres al generar incentivos para la realización de golpes de Estado con el fin de apropiarse de los recursos para utilizarlos para el enriquecimiento personal de las elites y la compra de medios para mantener la coerción. Como la permanencia en el gobierno no depende del consentimiento de los ciudadanos, los dirigentes carecen de incentivos para la realización de inversiones productivas con el objetivo de reducir la pobreza y renovar la confianza en las elecciones. De acuerdo con Pogge, estas cláusulas son históricamente responsables de proveer incentivos para la inestabilidad política que, durante el siglo XX, ha afectado a Zaire, Kenia, Angola, Mozambique, Brasil y Venezuela.¹¹

El International Borrowing Privilege parece haber afectado notablemente la economía argentina. En 1975, en vísperas del golpe de Estado, la deuda pública externa ascendía a 7 875 millones de dólares. En 1983, año del regreso de la democracia, se había multiplicado hasta 45 087 millones de dólares. El nuevo gobierno democrático debió hacerse cargo de este lastre sobre las finanzas públicas. De no haber existido esta cláusula en el derecho internacional, la junta militar no habría sido capaz de recibir créditos externos.

Un segundo supuesto empírico cosmopolita se relaciona con las teorías del comercio internacional. En este aspecto, los cosmopolitas parecen seguir la posición de Stiglitz. De acuerdo con el premio nobel de economía de 2001, es indudable que la libertad de mercado favorece la creación de riqueza, pero no es evidente que las ventajas se distribuyan de manera uniforme entre todos los participantes. La libertad comercial puede someter a un pueblo pobre a una situación de estancamiento, perpetuando su dependencia respecto de la exportación de unos pocos productos primarios.¹²

Distintos países del sudeste asiático encontraron una senda de desarrollo a través del argumento de la industria naciente, que consiste en la protección de sectores estratégicos para resguardarlos de la competencia de las industrias de los pueblos ricos hasta que hayan alcanzado cierta escala y puedan competir en igualdad de condiciones. Dicha estrategia permitió a Corea del Sur desarrollar su industria siderúrgica y multiplicar su producto per capita de 87 a 5 000 dólares entre 1962 y 1989.¹³ La forma en que se estructuran las instituciones económicas internacionales desalienta las estrategias de desarrollo basadas en la industria naciente, ya que los pueblos ricos abogan por una mayor apertura en los mercados. De acuerdo con la perspectiva cosmopolita, un régimen comercial justo sería aquel donde los pueblos ricos abrieran sus mercados a los pobres, sin reciprocidad, al tiempo que autorizaran a estos últimos a adoptar políticas proteccionistas para fomentar industrias estratégicas.

Una tercera fuente de injusticia son las regulaciones sobre las corporaciones multinacionales. Por su extraordinario poder y riqueza, estas empresas tienen el potencial de perjudicar seriamente el desarrollo de los pueblos menos avanzados. A cambio de sus millonarias inversiones, las corporaciones multinacionales suelen exigir a gobiernos de países pobres ciertas ventajas especiales que van desde exenciones impositivas hasta excepciones en leyes de salarios mínimos. La aceptación de estas condiciones puede tener efectos negativos que se difunden en toda la economía, perjudicando a los ciudadanos menos aventajados.

Cuando el supermercadista Walmart decide abrir operaciones en un nuevo mercado, su propósito no es debilitar la economía del país que recibe la inversión. Su objetivo es únicamente obtener beneficios para sus accionistas. Pero su operación puede tener consecuencias negativas no deseadas. Gracias a sus formidables economías de escala, Walmart es capaz de vender artículos a precios extremadamente bajos y causar la quiebra de muchos pequeños almacenes de las comunidades locales, que son fuente de miles de puestos de trabajo. Para mantener su competitividad, otros se ven obligados a reducir los salarios a sus empleados, lo que genera una tendencia a la reducción de ingresos en toda la economía.

Stiglitz propone evitar estos efectos negativos a través de lineamientos transnacionales que definan una serie de buenas prácticas corporativas; por ejemplo, a través de la imposición de salarios mínimos a escala global.

En síntesis, los supuestos económicos heterodoxos en los que se basa la teoría cosmopolita se resumen en las siguientes proposiciones:

- No hay un determinismo social, cultural o genético que explique el atraso de los pueblos pobres. Todos los pueblos poseen la misma capacidad para generar riqueza.

- Las diferencias internacionales de ingreso se explican por la ausencia o inadecuación de regulaciones en el ordenamiento económico global.

- Favorecer a los ciudadanos menos aventajados requiere introducir regulaciones en los mercados para controlar los flujos de bienes y capitales a través de las fronteras.

5. Los supuestos de la economía del laissez faire

En este artículo emplearemos el rótulo "economía del laissez faire" para referirnos a las tendencias del pensamiento económico que proponen una máxima libertad de mercado, como el monetarismo de la Universidad de Chicago y la Escuela Austriaca de Economía.¹⁴ La economía del laissez faire comparte algunas similitudes de base con la economía heterodoxa, en la que se basa el enfoque cosmopolita. Las desigualdades de riqueza no se explican mediante un determinismo cultural, sino por las características de las instituciones económicas internacionales. No obstante, el diagnóstico es radicalmente opuesto: los obstáculos para el crecimiento no se encuentran en la insuficiencia de regulaciones, sino en su exceso. Los factores que perjudican a los ciudadanos menos aventajados son las restricciones a los flujos de bienes, trabajadores y capital impuestos por los gobiernos de los pueblos ricos y autorizados por los organismos internacionales.

En el caso concreto de la política comercial, las medidas proteccionistas distorsionan las asignaciones óptimas de capital entre las industrias y no genera una redistribución de rentas hacia los menos aventajados, sino hacia los grupos concentrados con influencia política. Los pobres no se benefician, ya que la medida perjudica la tasa de capitalización de la economía, que es la palanca clave para el crecimiento de largo plazo. De esta forma, la economía del laissez faire cuestiona uno de los elementos clave del desarrollo para la corriente heterodoxa: el argumento de la industria naciente. En última instancia, advierte, esta política genera estancamiento y perjudica a los ciudadanos menos aventajados.

Desde la perspectiva de la escuela del laissez faire, la situación de los menos aventajados mejoraría si las instituciones internacionales abogasen por la eliminación de todas las restricciones a la libertad económica. En estas condiciones, los pueblos pobres recibirían grandes flujos de capital, la tasa de capitalización aumentaría y las rentas se igualarían progresivamente con las de los pueblos ricos.

En síntesis, la economía del laissez faire sostiene que:

- No hay un determinismo social, cultural o genético que explique el atraso de las naciones subdesarrolladas. Todos los pueblos poseen la misma capacidad para generar riqueza.

- Los obstáculos al crecimiento de los pueblos pobres son las restricciones a la libertad económica.

- Favorecer a los ciudadanos menos aventajados requiere incrementar la libertad económica en el orden internacional.

6 . La indeterminación del principio de diferencia

Imaginemos una reunión en la ONU en la que un grupo de expertos en economía intentara diseñar las instituciones económicas que favorezcan a los ciudadanos menos aventajados del esquema de cooperación global. El Dr. Cosmopolita abre el debate y señala:

El actual ordenamiento económico global perjudica a los pobres. Es necesario abolir el International Resource Privilege y el International Borrowing Privilege y reestructurar las reglas del comercio mundial. Los países avanzados deben abrir unilateralmente sus fronteras a las exportaciones de los países pobres y permitir a éstos aplicar aranceles para proteger sus sectores industriales hasta que hayan adquirido el nivel de productividad suficiente para competir en igualdad de condiciones. Las actividades de las corporaciones deben controlarse estrictamente.

El Dr. Libertario responde:

La propuesta del Dr. Cosmopolita es perjudicial no sólo para los ciudadanos ricos, sino también para los miembros más pobres del esquema de cooperación. Permitir a los pueblos pobres la aplicación de aranceles para proteger su industria sólo generará incentivos espurios para la redistribución de rentas hacia sectores poderosos. Los ciudadanos menos aventajados se beneficiarán si las instituciones globales prohíben el uso de aranceles y subsidios. Las medidas restrictivas como la regulación de las actividades de las corporaciones sólo impiden que el capital fluya allí donde haría el mayor bien en la lucha contra la pobreza. Es necesario abolir todas las medidas que introduzcan obstáculos para la libre circulación de bienes, capitales y trabajadores.

Finalmente, el Dr. Rawlsiano arguye:

Ambas soluciones son inefectivas para mejorar la situación de los pobres. Cada pueblo ha alcanzado el nivel de riqueza compatible con sus instituciones culturales, políticas y filosóficas, elementos que son imposibles de corregir a través de medidas de ingeniería institucional. Nuestra única preocupación debe ser asistir a los pueblos en condiciones de pobreza extrema hasta que alcancen un nivel suficiente para valerse por sí mismos. Toda otra medida será inefectiva o, peor aún, ilegítima.

Las diferencias entre las formas empíricas de ver el mundo conducen a una suerte de vaciamiento del principio de diferencia. Aun si aceptamos que las desigualdades de riqueza son moralmente aberrantes y que los cosmopolitas tienen razón en proponer un principio de diferencia global radicalmente redistributivo, el mismo principio normativo podría ofrecer diagnósticos opuestos y consecuencias prácticas contrarias para la reforma de las instituciones internacionales en función de los supuestos empíricos que se utilicen.

7. Hacia un consenso económico superpuesto

Rawls advierte que, en las sociedades pluralistas, una justificación de la estructura básica de la sociedad debe resultar aceptable para sistemas de creencias que difieren mucho acerca de "lo que es valioso en la vida humana, ideales de carácter de la persona, así como ideales de amistad y de relaciones familiares y asociativas, y muchas otras cosas que informan acerca de nuestra conducta y, en el límite, sobre la globalidad de nuestra vida".¹⁵

De manera análoga, es posible considerar las distintas teorías económicas (institucionalismo, heterodoxia, laissez faire) como doctrinas comprehensivas, y en la que cada una se atribuye la descripción verdadera de los fenómenos económicos. Si extrapolamos la lógica del planteamiento rawlsiano de El liberalismo político, podemos aspirar a identificar un conjunto de principios económicos aceptables desde el punto de vista de esas tres teorías.

Si un consenso superpuesto es viable en las sociedades pluralistas con desacuerdos religiosos y filosóficos fundamentales, resulta aún más factible esperarlo en el terreno de la ciencia económica, en el que los participantes pertenecen a una comunidad científica y comparten una serie de códigos y métodos de investigación para evaluar evidencia compleja.

Así surge la idea de un consenso económico superpuesto como una convergencia de teorías económicas. No se trata de "someter la verdad a votación", sino de identificar explicaciones de fenómenos económicos que puedan aceptar, desde su propio punto de vista, todas las corrientes económicas razonables. La identificación de este contenido permitirá encontrar un terreno neutral de justificación para una base empírica única con el fin de juzgar la justicia del ordenamiento económico internacional, evitando así el problema de la indeterminación del principio de diferencia.

Nuestra tarea será, pues, intentar identificar ese contenido a través de la búsqueda de puntos de convergencia entre la economía institucional, la teoría heterodoxa y la escuela del laissez faire.

7.1. Instituciones y desarrollo económico

La economía institucional enfatiza el efecto de la cultura y de las instituciones políticas en las posibilidades de desarrollo de un pueblo. Los sistemas políticos transparentes, que respetan la ley y los derechos de los ciudadanos, son más favorables para la creación de riqueza. Estos postulados institucionalistas no parecieran entrar en conflicto con las teorías heterodoxas y del laissez faire. Ambas aceptan que las reglas del juego y la transparencia favorecen la riqueza a través de un funcionamiento más eficiente de los mercados.

Así, es posible encontrar una base común para afirmar que los elementos del Resource y Borrowing Privilege deberían eliminarse del derecho internacional, como sugiere Pogge. Estas cláusulas introducen incentivos para intentar golpes de Estado y para la corrupción, elementos que perjudican la eficacia del mercado como mecanismo de asignación de recursos. Por eso, desde la economía institucional, la teoría heterodoxa y el laissez faire, existen motivos para la eliminación de dichas cláusulas.

La economía institucional estudia las condiciones culturales, sociales y políticas que subyacen en el mercado como sistema eficiente de organización económica. Sin embargo, mientras se cumplan los principios básicos, no se requiere en la discusión de la libertad económica versus el intervencionismo. Ambos sistemas pueden funcionar siempre y cuando se cumplan las condiciones institucionales básicas de transparencia, imperio de la ley y resguardo de los derechos de propiedad. En este marco, existen pueblos ricos con un alto grado de libertad económica (Estados Unidos) y también con un alto grado de intervencionismo (Europa y Japón).

Cuando se piensa en la estructuración de instituciones económicas internacionales, existe una discusión entre la teoría heterodoxa y el laissez faire. La teoría heterodoxa acepta que el mercado es, en general, el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, salvo en los casos en que se registran fallas de mercado. La intervención estatal es deseable en los casos en que el mercado es incapaz de alcanzar la asignación más eficiente de recursos. La economía del laissez faire es favorable al libre mercado y tiende a desconfiar de las soluciones estatales para resolver fallas de coordinación. Algunas posiciones extremas, como el anarco-capitalismo en la teoría libertaria, no justifican la intervención estatal en ningún caso.

En los últimos años, se ha gestado en la economía del laissez faire un enfoque revisionista conocido como market-friendly approach (enfoque amigable con el mercado), desarrollado en el seno del Banco Mundial y que introduce consideraciones vinculadas con la intervención estatal en los procesos de crecimiento económico. Esta corriente surgió como un intento de los economistas del laissez faire por explicar los "milagros" de los llamados Tigres Asiáticos en los que el Estado parece haber desempeñado un papel importante como impulsor del proceso de crecimiento.

El market-friendly approach comienza a incorporar en la economía del laissez faire el concepto de fallas de mercado causadas por la concentración económica, las externalidades y las asimetrías de información. Esto justifica la intervención estatal para resolver esas fallas de coordinación que obstaculizan los procesos de crecimiento. De acuerdo con esta corriente, toda intervención debe ser distributivamente neutral. El gobierno sólo tiene una justificación para intervenir con medidas que tiendan a beneficiar a todos los agentes, a diferencia de las políticas redistributivas que benefician a algunos sectores a expensas de otros (por ejemplo, cobrar impuestos a la agricultura para subsidiar la industria).¹⁶

Según este esquema, es posible encontrar un consenso superpuesto en relación con el debate sobre la libertad económica versus el intervencionismo. Las corrientes de la economía institucional, la heterodoxa y el laissez faire pueden aceptar intervenciones estatales neutrales. La intervención que se acepte será menor que la requerida por la teoría heterodoxa (que admite intervenciones no neutrales), pero mayor que la que acepta la versión ortodoxa del laissez faire.

7. 3. El dilema de la equidad y la eficiencia

En el apartado anterior concebimos la intervención estatal en la economía como un agente de coordinación. Desde esta perspectiva, el Estado es un agente que genera un impacto económico a través de sus efectos sobre la asignación horizontal de recursos entre sectores de actividad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando utiliza herramientas de política económica para reasignar recursos desde la agricultura hacia la industria y los servicios. Pero el Estado también puede intervenir en la economía con fines puramente redistributivos, es decir, aplicando políticas económicas para modificar verticalmente la distribución de rentas a través de todos los sectores. Esto ocurre, por ejemplo, cuando cobra un impuesto a la renta de individuos ricos para subsidiar servicios para ciudadanos menos aventajados.

Si bien ambos tipos de intervención se traslapan en cierta medida, es importante conservar la distinción conceptual ya que los objetivos de la intervención son diferentes. En el primer caso, el Estado intenta corregir una falla de mercado para la asignación de recursos que realiza el mercado. En el segundo caso, el objetivo es incrementar la equidad distributiva.

Tradicionalmente el problema de la equidad ha sido un gran punto de divergencia entre la teoría del laissez faire y la heterodoxa. Sin embargo, en los últimos años el debate sufrió un replanteo a medida que se comenzó a adquirir un mayor conocimiento del impacto de la equidad distributiva sobre la eficiencia.¹⁹ Un análisis estadístico encontró una correlación positiva entre la equidad y el crecimiento económico en los Estados Unidos entre las décadas de 1960 y 1990.

El desarrollo de la economía institucional es responsable en gran medida de este aumento de nuestro conocimiento sobre las causas mediante las cuales la equidad puede favorecer el desarrollo económico. En primer lugar, las desigualdades perjudican el desarrollo a través de su influencia negativa en la formación de capital humano. Al tener menores posibilidades de capacitación, los niños pobres suelen quedar estancados en trabajos de escasa calificación. Esto significa para el conjunto de la economía una formación menor de capital humano y menos oportunidades de desarrollo. De esta forma, al menos en materia de educación, pareciera factible encontrar un consenso entre el laissez faire y la economía heterodoxa en relación con la instrumentación de algún tipo de medida distributiva que involucre la formación y sostenimiento de un servicio de educación pública. Podría idearse un argumento similar para el caso de la salud estatal.²⁰

En segundo lugar, la equidad influye en la eficiencia a través de variables relacionadas con el funcionamiento de las instituciones. En la década de 1960, el premio nobel de economía Gunnar Myrdal advertía de los efectos nefastos de las desigualdades en la cohesión social y, por ende, en la productividad. Las grandes desigualdades de ingreso perjudican la productividad de una economía mediante el delito, la corrupción y el crimen organizado. Otros autores encuentran que las desigualdades resultan incompatibles con gobiernos democráticos y generan procesos sociopolíticos nacionalistas y autoritarios que afectan el imperio de la ley y la transparencia.²¹

El argumento de la política fiscal endógena sostiene que existe una relación entre las desigualdades de ingreso y el crecimiento económico a través de la variable mediadora de las decisiones de los votantes. A mayor inequidad, mayor es la probabilidad de que el votante promedio elija un gobierno populista que aplicará políticas fuertemente redistributivas y que influirán de manera negativa en el ahorro, la inversión y el crecimiento. Por lo tanto, aunque sea por motivos estratégicos, un abogado del laissez faire tiene motivos para evitar que las desigualdades alcancen niveles tales que pongan en marcha procesos populistas. Por lo tanto, es racional adoptar ciertas medidas redistributivas con el objetivo de consolidar la estabilidad institucional.²²

Históricamente había sido difícil encontrar puntos de acuerdo entre la teoría del laissez faire y la heterodoxa en relación con la intervención estatal con fines redistributivos. Uno de los grandes postulados del laissez faire es que las recompensas sociales deben vincularse con el esfuerzo y la capacidad creativa. Según esta corriente, las intervenciones redistributivas atrofian el sistema de incentivos de una sociedad y generan una situación de estancamiento que termina por perjudicar incluso a los ciudadanos más pobres que supuestamente iba a ayudar. Por eso, el laissez faire comúnmente aceptaba sólo intervenciones que no afectaran la distribución de las rentas determinada por el mercado.

La conciliación con la teoría heterodoxa se ha vuelto más factible en los últimos años a medida que diversas investigaciones incorporaron perspectivas de la ciencia política y la sociología en la economía. Así, parece razonable esperar un consenso entre la economía del laissez faire, la teoría heterodoxa y la institucional en relación con la necesidad de una intervención estatal en educación, salud y al menos un mínimo de distribución de ingreso para preservar la estabilidad sociopolítica.²³

8. El contenido del consenso económico superpuesto

En los apartados anteriores expusimos algunos lineamientos que podrían servir para alcanzar un consenso entre las doctrinas del desarrollo económico. A partir de este análisis es posible extraer algunas conclusiones preliminares:

- El contexto institucional internacional influye en las posibilidades de desarrollo económico de los pueblos pobres y en el bienestar de los ciudadanos menos aventajados. Los sistemas políticos con instituciones incluyentes fomentan la creación de riqueza y bienestar. Hay razones para afirmar que las cláusulas del International Borrowing Privilege y el International Resource Privilege son injustas. Desde todos los puntos de vista económicos, ambas introducen incentivos que socavan las instituciones económicas incluyentes y perjudican las oportunidades de los ciudadanos menos aventajados del esquema internacional.

- El mercado sin regular no suele alcanzar una asignación óptima de los recursos. Desde todos los puntos de vista económicos es posible aceptar que las intervenciones estatales neutrales tienen el potencial de corregir fallas de mercado y favorecer la creación de riqueza y oportunidades para los ciudadanos menos aventajados.

Es posible pensar que, al ser neutrales, las políticas de estabilización macroeconómica serían aceptadas en el consenso superpuesto. Por el contrario, al no ser intervenciones neutrales, los subsidios agrícolas de Europa y los Estados Unidos serían medidas injustas. Los subsidios son una forma de redistribución de la riqueza desde los productores agrícolas de los países pobres y los contribuyentes de los países ricos hacia los granjeros de los países ricos. Si existen, es porque favorecen ciertos intereses especiales en los pueblos ricos. Desde todos los puntos de vista económicos es una política perjudicial para los menos aventajados.

- Las desigualdades profundas en materia de distribución del ingreso perjudican la creación de riqueza y la situación de los ciudadanos menos aventajados a través de una baja productividad laboral e inestabilidad sociopolítica. Desde todos los puntos de vista económicos, es posible justificar algunas medidas redistributivas indirectas vinculadas con la educación y algunos servicios básicos de salud. La corriente del laissez faire será la que imponga el límite máximo de redistribución, que probablemente se encontrará por debajo de la que desee la teoría heterodoxa. Posiblemente resulte difícil justificar una redistribución directa de la renta desde los ciudadanos ricos hacia los pobres. El punto de equilibrio será aquel a partir del cual los efectos de los impuestos para financiar servicios para los ciudadanos pobres sean más que compensados negativamente por el desincentivo hacia el trabajo que generan.

Muchas regulaciones económicas del orden internacional existen por motivos prudenciales. Sin embargo, en la justificación pública se intenta defenderlas como si fuesen neutrales. Un viejo adagio de las estadísticas sostiene: "Si se los tortura lo suficiente, los datos siempre acaban por confesar." A la hora de buscar una justificación para cierta reforma de las instituciones internacionales, muchas veces es posible encontrar alguna teoría económica que respalde nuestras intuiciones o la conclusión a la que esperamos llegar. Al no haber claridad sobre los supuestos empíricos que tenemos por válidos, un mismo principio normativo puede justificar dos ordenamientos institucionales globales radicalmente diferentes.

El principal aporte de este artículo es introducir la idea de un consenso superpuesto entre las teorías económicas para establecer criterios de justificación compartidos en el debate sobre la justicia distributiva internacional. Estos criterios aspiran a sentar una base empírica común para emitir juicios sobre la justicia de las instituciones económicas internacionales. El contenido del consenso superpuesto servirá para definir qué supuestos empíricos se justifican en el debate y cuáles resultan controvertidos y deben descartarse. La construcción de este consenso debe comenzar por una explicitación de las teorías económicas que subyacen en las posiciones normativas sobre la justicia global. Hemos presentado las teorías institucionalistas que subyacen en el enfoque de Rawls, las doctrinas heterodoxas que sustentan el análisis cosmopolita y el enfoque del laissez faire en que se apoya la posición libertaria.

En esta exploración inicial sólo hemos estudiado algunas teorías del desarrollo económico para ilustrar de qué forma podría funcionar la idea del consenso superpuesto económico. Será necesario después expandir la investigación hacia otras áreas como las finanzas internacionales, las regulaciones de la propiedad intelectual, la legislación de las actividades de las corporaciones multinacionales y la economía del medio ambiente. El camino hacia una mayor integración normativa y empírica requiere un esfuerzo interdisciplinario en que deben colaborar filósofos y economistas en la construcción de criterios comunes para emitir juicios morales sobre la justicia del orden económico global.

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Notas

¹ Rawls 1999, p. 113.

² El argumento es más elaborado y adopta formas diversas. No obstante, nos quedaremos con esta versión genérica porque nuestro interés radica únicamente en aislar el efecto de los supuestos empíricos sobre las conclusiones normativas del análisis. Para simplificar, consideraremos el principio de diferencia global cosmopolita como principio distributivo unificador.

³ Rawls 1999. La obra a la que se refiere Rawls es Landes 1998.

⁴ Weber 1979.

⁵ North 1993; Bowles 2009.

⁶ Acemoglu y Robinson 2012.

⁷ Inglehart y Welzel 2005.

⁹ Frank 1967.

¹⁰ Dos Santos 2002; Marini 1991; Cardoso y Faletto 1969.

¹¹ Pogge 2002, p. 112.

¹² Stiglitz 2006, p. 119.

¹³ El argumento de la industria naciente tiene una larga historia. Su primera formulación teórica se remonta al siglo XIX en List 1909 (1841). Una versión moderna del argumento puede encontrarse en Chang 2003.

¹⁴ El monetarismo y la Escuela Austriaca tienen importantes diferencias en sus metodologías y también en relación con ciertos conceptos, como las fallas de mercado. Los economistas austriacos no admiten la existencia de fallas del mercado. Los monetaristas admiten que éstas pueden existir, pero no creen que el Estado ni otras agencias de planificación supranacional puedan hacer nada para solucionarlas. A efectos prácticos, consideraremos ambas corrientes dentro de la economía del laissez faire. Dos obras de referencia desde la perspectiva de la Escuela Austriaca son Hazlitt 1996 y Von Mises 1996. Para la perspectiva de la Universidad de Chicago, véase Friedman 2009.

¹⁵ Rawls 2004, p. 43.

¹⁶ Lowenberg 1989.

¹⁷ Bell y Freeman 2001, pp. 181-202.

¹⁹ Rodríguez 2000, pp. 303-313.

²⁰ Podría profundizarse la discusión sobre la mejor forma de poner en marcha planes de educación y salud pública. La economía del laissez faire acepta perfectamente estas medidas de intervención. Para seguir avanzando, sería necesario distinguir cuál sería la extensión del programa distributivo. ¿Debería subsidiarse la universidad o sólo hasta la escuela secundaria? ¿El Estado debe administrar directamente escuelas y universidades o debería limitarse a poner en práctica un sistema de vouchers para que los ciudadanos paguen servicios que ofrezcan privados? Este es un debate técnico en el que no entraremos ahora. Lo que nos importa es reconocer que tanto la escuela del laissez faire como la heterodoxa aceptarían cierta intervención estatal con fines redistributivos si esto sirve para construir sistemas de educación y salud pública. Las diferencias pueden estar en la extensión de dichos programas y la forma de aplicarlos.

²¹ Dugger 1998, pp. 287-304; Loury 1981 y Galor 2012.

²² Alesina y Rodrik 1994; Alesina y Perotti 1996.

²³ Picketty 2014. Diánoia, vol. LX, no. 74 (mayo de 2015).