Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI: la brecha digital

The New Faces of Inequality in the 21^st Century: The Digital Gap

Alma Rosa Alva de la Selva*

* Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-investigadora en el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (México). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ex presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Sus principales líneas de investigación son desarrollo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones en México, legislación de la radio, televisión y telecomunicaciones, Sociedad de la Información y el Conocimiento. Entre sus más recientes publicaciones destacan: La Ley Televisa y la lucha por el poder en México (co-coordinadora, 2010); Los medios electrónicos de difusión y la Sociedad de la Información (coautoría, 2011); Brecha e inclusión digital en México: Hacia una propuesta de políticas públicas (2012). Correo electrónico: alvadelaselva@hotmail.com

Recibido el 30 de junio de 2014
Aceptado el 5 de septiembre de 2014

Resumen

En el contexto del desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) y de las crisis mundiales del capitalismo global, el trabajo aborda la problemática de la brecha digital como una expresión de las desigualdades del siglo XXI. Se presentan los antecedentes del auge que comenzó a cobrar ese proceso en los últimos años del siglo XX, así como las propuestas y proyectos formulados por los países latinoamericanos para construir esa nueva organización social. Se hace énfasis en el carácter estructural del problema de la brecha digital, en tanto "nueva desigualdad". Se señalan las transformaciones fundamentales de dicho concepto para luego, con el apoyo de algunas estadísticas, presentar en un contexto general algunos puntos de análisis sobre la brecha digital en América Latina y en México.

Palabras clave: desigualdad social; Sociedad de la Información y el Conocimiento; brecha digital; agenda digital; Estrategia Digital Nacional; México.

Abstract

In the context of Information and Knowledge Society (IKS) and global capitalism's world crisis, this work addresses the problems of the digital gap as an expression of inequalities in the 21^st century. The precedents of the boom that this process began to gain in the last years of the 20^th century are presented, as well as the proposals and projects developed by Latin American countries in order to build this new social order. The structural nature of the digital gap problem is emphasized, understanding it as a "new inequality." The fundamental transformations of this concept are pointed out and, based on statistic data, some broad analysis points on the digital gap in Latin America and Mexico are presented.

Introducción

Como parte de una investigación más amplia cuyo objetivo fue identificar y analizar los factores de incidencia en la llamada brecha digital, este artículo propone un abordaje distinto al usualmente aplicado -según el cual se le entiende como un problema de falta de acceso a la tecnología-, para estudiarlo desde la perspectiva de la desigualdad, visión que justamente permite entender el carácter estructural de dicho problema y reconocer los múltiples agentes que lo generan.

El trabajo se desarrolla con base en el supuesto de considerar la brecha digital como una nueva expresión de la desigualdad, en términos de las inequidades sociales en materia de acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La metodología aplicada es el análisis histórico-estructural, "una forma de apropiación dialéctica al estudio de la sociedad", que surgió en los años setenta con el fin primordial de estudiar los procesos de desarrollo capitalista y cambio social (Sánchez Ruiz, 2011: 155).

El artículo consta de cinco apartados; en el primero se plantea el contexto bajo el cual está tomando cuerpo esa nueva desigualdad; en el segundo se describe, en términos generales, el problema de la inequidad en el siglo XXI, con particular énfasis en América Latina, la región del mundo donde ese problema asume mayores proporciones. El tercero se concentra en comprender la brecha digital como la nueva desigualdad del siglo XXI. El cuarto apartado se refiere al estado de situación de este tema en el contexto específico latinoamericano donde, si bien se ha buscado corregirlo por medio de estrategias nacionales y regionales, no se ha conseguido superarlo sustantivamente. Un quinto apartado introduce la problemática de México en el asunto; se hace referencia a algunos de los programas gubernamentales puestos en marcha en los últimos años, los cuales, desde un enfoque reducido del fenómeno, han buscado "cerrar" o "eliminar" la brecha digital. Como última parte se incluyen algunas reflexiones generales sobre el tema.

Antecedentes

Mientras la sociedad mundial se interna en el segundo decenio del nuevo siglo, en medio de la duradera crisis del capitalismo avanzado -un capitalismo inmaterial- se develan y perfilan las auténticas características de procesos y fenómenos cuyos primeros rasgos se esbozaron a fines del siglo XX.

Uno de esos grandes procesos ha sido el orientado a construir la llamada sociedad de la información. A pocos años de distancia de su impulso como uno de los conceptos novedosos y deslumbrantes de la etapa de la globalización, ese proceso ha mostrado sus insuficiencias frente a uno de los más graves problemas de la sociedad contemporánea que en su llamativo discurso pretendía resolver: la desigualdad.

El derrumbe del bloque socialista y el término de la Guerra Fría sacudían la geopolítica. Comenzaba, así, un debate sobre el proyecto de sociedad a futuro en medio del cual, entre los asuntos de fondo, se encontraban el ascenso del proceso de globalización y las transformaciones de la figura del Estado. Progresivamente, el concepto "Sociedad de la Información" fue siendo adoptado en los espacios internacionales. En 1975 la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), integrada entonces por los 24 países más ricos, comenzaba a utilizar el concepto. Tres años más tarde, el tema se vería impulsado por el célebre Informe Nora-Minc, a partir del cual el gobierno francés puso énfasis en la importancia de contar con un "proyecto de sociedad" para un "nuevo tipo de crecimiento" a partir de los esquemas de servicio público. "La creciente informatización de la sociedad está en el corazón de la crisis. Puede agravarla o contribuir a resolverla", señalaba en sus primeras líneas el informe (Gifreu, 1996: 52).

Eran los tiempos en los que, en el marco del surgimiento del llamado Tercer Mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) imponía un debate sobre la comunicación, reconocido como uno de los factores de relevancia en la estructura de poder internacional. En confrontación con la doctrina del free flow of information (impulsada por los Estados Unidos como uno de los baluartes de una sociedad libre), los países en vías de desarrollo demandaron la creación de un Nuevo Orden Internacional de la Información (NOII), donde hubiese mayor equilibrio en los espacios informativos.

A partir de los ochenta, los aspectos fundamentales del discurso sobre la "nueva sociedad" comenzaron a reflejarse en los programas de acción encaminados a tal fin. En 1987, la Unión Europea buscó generar una política pública regional para las telecomunicaciones con la presentación de un documento sobre políticas públicas denominado Libro verde (Linares y Ortiz Chaparro, 1995: 138). La postura de los países miembros, en ese momento, era de abolición de los monopolios nacionales con el objeto de dirigir las redes de información como elemento de construcción de un mercado único.

Otro hito a registrar en el ingreso del concepto a los proyectos estatales lo constituyó el proyecto norteamericano conocido como las autopistas de la información. Promovido en los años noventa, en el contexto de la desregulación del sector de las telecomunicaciones y la progresiva apertura del espacio mundial a los movimientos de capitales, este proyecto daba continuidad a la política de los Estados Unidos iniciada ya en el período presidencial de Richard Nixon.

Poco después, la Unión Europea dio a conocer el documento titulado "Crecimiento, competitividad, empleo. Retos y pistas para entrar al siglo XXI". Más conocido como el Libro blanco o Plan Délors, el proyecto enfatizaba la importancia de las políticas públicas en el proceso. En contraste, el Informe Bangemann, planteado como complemento del anterior, se pronunciaba por una rápida liberalización de las telecomunicaciones, en aras de apoyar incrementos en la productividad, el desarrollo tecnológico y el pluralismo cultural (Linares y Chaparro, 1995: 139).

En 1995, el concepto obtiene carta de naturalización al aglutinar intereses, cuando reunidos en Bruselas, en el seno del G7, los países desarrollados ratifican el término de Global Society of Information para la sociedad por venir. Ese organismo reitera la importancia de liberalizar el sector telecomunicaciones como necesario para construir las infraestructuras informacionales, que habrán de confiarse a la iniciativa del sector privado y adscribirse a "las virtudes del mercado".

Ante el ascenso del tema y las disparidades a nivel mundial de las que partía la construcción de la nueva organización social, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), apoyándose en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), decidió llevar a cabo la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI), para discutir acerca de la necesidad de una "regulación global" en el tema, en relación con el carácter de "bien público global" que, desde su perspectiva, habrían de tener la información y el conocimiento.

En América Latina, el tema se había convertido en un punto recurrente de la agenda pública a partir del año 2000, cuando los gobiernos de los países de la región generaron planteamientos iniciales para integrar una postura ante la realización del primer cónclave mundial sobre el tema, la CMSI, a realizarse en dos fases (2003 y 2005).

En junio del 2001, en la ciudad brasileña de Florianópolis, los representantes de los gobiernos caribeños y latinoamericanos emitieron una declaración en la que establecieron como objetivo común "llegar al año 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con eficiencia, equidad y sustentabilidad, en el marco de la economía global basada en el conocimiento" (CEPAL, 2003: 52). Generada en un momento en el cual el debate en América Latina sobre el tema se había intensificado, la Declaración de Florianópolis captó el interés internacional. Los representantes de los diversos gobiernos de la región llegaron con interesantes propuestas para colaborar conjuntamente en el desarrollo de la organización social del futuro, que se presentaba como la nueva posibilidad para resolver el arribo de nuestros países al progreso. Las reuniones y debates llevados a cabo, que conllevaron importantes esfuerzos de integración entre los países participantes, proyectaron el propósito de éstos de trascender, a partir del nuevo paradigma, las etapas de la larga búsqueda de los países de la región hacia el desarrollo, la gran asignatura pendiente del siglo XX latinoamericano.

También en el 2001, en Quebec, Canadá, los mandatarios asistentes firmaron los compromisos de la Agenda de Conectividad para las Américas. El tema fue planteado asimismo en la x Reunión Ministerial del Grupo de Río y la Unión Europea, en el marco de la reunión internacional denominada "Nueva economía, brecha tecnológica y empleo". Allí se sostuvo que "el proceso de transición de América Latina hacia la sociedad de la información exigirá acciones coordinadas entre el sector público y el privado", con el objetivo de "reducir la inequidad en la difusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones".

Bávaro, en la República Dominicana, fue la sede de la Conferencia Ministerial Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe en la que se formuló el que quizás sea el posicionamiento latinoamericano más completo hasta ahora sobre el asunto. En dicho documento, las naciones participantes dieron a conocer sus posturas al respecto y suscribieron acuerdos significativos. Entre los puntos más relevantes de la Declaración de Bávaro resalta el que apunta a "superar la brecha digital, la cual refleja e incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento, entre los países y dentro de ellos" (CEPAL, 2009: 57). Otro punto importante de la Declaración fue el "acceso universal" a internet y las TIC como un objetivo fundamental para "todos los actores involucrados en la construcción de la sociedad de la información" en las diferentes naciones.

Fue así como desde los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, varias naciones fueron generando proyectos para construir la sociedad de la información, abriendo una etapa de auge para el tema, que fue cobrando relevancia en diversos foros y espacios internacionales. Ante la promesa del progreso alcanzado, incluida en el discurso global de la nueva sociedad, los gobiernos -pero también importantes consorcios de telecomunicaciones- se integraron a la órbita de quienes comenzaron a mirar el futuro desde esa perspectiva, sin reparar en los grandes problemas estructurales y rezagos pendientes aún no resueltos.

Entre éstos se encontraban, en el plano económico, el agotamiento del patrón fordista de acumulación, problema que exigía la reconfiguración de los mecanismos del orden capitalista. Justamente las TIC se revelarían entonces como una de las vías más útiles para ello, por sus aplicaciones a la automatización flexible de los procesos productivos que fueron sustituyendo las condiciones anteriores de automatización rígida. Esa fue la etapa, como ha señalado Manuel Castells, en donde el capital comenzó a requerir de una extremada movilidad, fenómeno que exigía incrementar espectacularmente las capacidades de comunicación. "La desregulación de los mercados y las nuevas tecnologías de la información, en estrecha relación, proporcionan esas condiciones", afirmaba el estudioso español.

Esa transformación de las fuerzas productivas no sólo generó importantes cambios en el conjunto de las condiciones de la producción, sino que su impacto se extendió también al comercio, el consumo y el crédito. Comenzó a surgir una nueva división del trabajo que se trasladó a escala global, con impacto en las relaciones entre países y regiones del mundo. Se inicia un nuevo ciclo industrial, encabezado por el sector electrónico-informático, que empezó a propiciar una lógica diferente de acumulación del capital.

La primera etapa de la Cumbre se llevó a cabo del 10 al 12 de diciembre del 2003 en Ginebra, con la asistencia de 175 países. Una de las reflexiones medulares ahí planteadas fue la del acceso desigual a las innovaciones tecnológicas en materia de comunicación que, se sostenía, acentuaba las diferencias entre países pobres y ricos. Resultaba indispensable encontrar opciones para resolver dicho problema. Los países africanos, secundados por otros, presentaron la propuesta de creación del Fondo de Solidaridad Digital (FSD) cuyo propósito sería el de dotar de recursos a los países más pobres del mundo para que estuviesen en posibilidad de desarrollar infraestructura de telecomunicaciones y generar contenidos propios. Los representantes de los países avanzados rechazaron destinar recursos para reunir un fondo de las proporciones recomendadas por los impulsores de tal iniciativa y propusieron la creación de un grupo de trabajo que examinase las posibles salidas al problema.²

La segunda fase de la Cumbre fue realizada en Túnez, en el 2005. Los temas principales de ese cónclave estuvieron orientados a revisar los avances del plan de acción de la primera etapa -entre los cuales destacaba el compromiso de impulsar la elaboración de "ciberestrategias nacionales"-, discutir el complejo tema del "gobierno de internet" y revisar nuevamente el problema de los mecanismos de financiamiento para el proceso de construcción de la nueva organización social. La Cumbre, en este punto -habiendo reconocido que las TIC y las telecomunicaciones son un instrumento fundamental de desarrollo para los países- asumió que el financiamiento se obtendría a partir de compromisos en la materia asumidos previamente.

En los primeros años del siglo XXI, para un creciente número de países -sobre todo los avanzados- la llamada Sociedad de la Información fue establecida como el siguiente punto de su itinerario. Con el impulso de un discurso que la presentaba como "el paso al progreso universal" gracias a la intervención de la tecnología, la nueva organización social se convirtió en la promesa del futuro a conseguir. Se anunciaba el arribo de una nueva sociedad, necesariamente más progresista y democrática, imparable en su ascenso e impulsada por las TIC y las telecomunicaciones, base tecnológica y cultural sobre la cual habría de construirse aquélla.

Con el auge de la llamada Sociedad de la Información como núcleo de las aspiraciones mundiales, y en tanto "discurso promocional" y promesa que certificaba alcanzar por fin el progreso universal gracias a las TIC, el "sueño del desarrollo" retornaba a América Latina. Con las sucesivas crisis acontecidas a lo largo de la década de los ochenta y las reestructuraciones promovidas desde entonces por el Consenso de Washington, se buscó asegurar la supervivencia del orden económico prevaleciente. Fue así como se recurrió al expediente del neoliberalismo, un proyecto económico y político con una dimensión ideológica convertido en:

La estrategia política en la cual el capital monopólico y las burocracias políticas o élites gubernamentales de las grandes potencias se adaptan al contexto de la globalización y promueven una forma de inserción de las naciones, las comunidades y los individuos en ella y un modo particular de regulación mundial en su seno (Ramo, 1999: 100).

Entre otras medidas aplicadas, el esquema neoliberal conllevó la desregulación económica (con los procesos de privatización de las empresas estatales y los bienes públicos de por medio), la liberalización de los flujos de mercancías y capitales, así como el impulso a los intereses del capital financiero. Lo anterior se tradujo, por ejemplo, en el adelgazamiento del Estado y la disminución de su papel regulador en la economía, la reducción del gasto público y un notable fortalecimiento del capital privado transnacional y global. La implantación de ese esquema conllevó el predominio del capital financiero sobre el productivo, una fuerte reducción del poder adquisitivo de los salarios, precios bajos para los productos agropecuarios y la puesta en marcha de modalidades "flexibles" y superexplotadoras de la fuerza de trabajo. Tal modelo incluyó también el estímulo a las estructuras de concentración en la economía, que derivaría en el fortalecimiento y expansión de los oligopolios y monopolios.

Mientras tanto, el proceso de globalización reclamaba una conectividad sin fronteras que permitiese los intercambios instantáneos de información, sobre todo con los actores empresariales, en un proceso que requería de condiciones económicas, jurídicas y políticas compatibles. Sin embargo, transcurrida la primera década del siglo XXI -a lo largo de la cual, con los Estados Unidos como epicentro, se registraron al menos dos grandes colapsos económicos mundiales-, la promesa deslumbrante del "progreso universal" y la equidad, radicada en el advenimiento de la sociedad de la información, comenzó a perder el brillo de que la dotó el tecnodeterminismo. Las realidades económicas, políticas y sociales que se desprenden del desarrollo del capitalismo inmaterial y del conocimiento comenzaron a mostrar con crudeza a los entusiastas del "discurso promocional de la Sociedad de la Información" las razones de fondo de las advertencias según las cuales el "progreso generalizado", al que se apostaba, no estaría al alcance, pues la construcción de la nueva organización social se estaba generando en el marco de las necesidades de ajuste del capitalismo, y por lo tanto, expuesta a sus problemas y crisis. En tales condiciones, comenzaron a colocarse los cimientos de la organización social emergente, en la cual la información empezó a sobresalir notablemente como un nuevo paradigma que atraviesa las actividades humanas. En medio de aquel "discurso promocional" y de los episodios de entusiasmo ante el progreso que se anticipaba, las realidades estructurales se abrían paso y contradecían la tesis del progreso universal y del arribo a una sociedad más democrática por obra y gracia de las tecnologías. Entre esas persistentes realidades sobresalía particularmente una: la desigualdad social.

Lejos de las promesas de la Sociedad de la Información, la pobreza, la exclusión y la desigualdad se encuentran entre los más graves problemas de la sociedad global del siglo XXI. Y si bien en América Latina la desigualdad constituye un problema de larga data, es reconocido que en los últimos años se ha agravado, surgiendo desigualdades nuevas de tipo económico, social y cultural. Se advierten nuevas y diferentes exclusiones sociales y prácticas discriminatorias que se suman a las existentes en el siglo pasado. Viejas y nuevas desigualdades cruzan las coordenadas del espacio latinoamericano. Herencia de tiempos remotos, los contrastes sociales salen al paso en múltiples dimensiones de la vida social, como reflejo de las condiciones estructurales inequitativas. Se asoman y reafirman los rostros de la desigualdad: el desempleo, la precarización del trabajo, las diferencias de inserción de los países en las redes globales, las disparidades en la distribución de la riqueza, etcétera (Reygadas, 2008a: 99). Así, las "viejas causas de la desigualdad" -los factores estructurales que la explican- continúan operando al tiempo que surgen nuevos tipos de desigualdades propias de las sociedades del conocimiento y la globalización. Son aquellas inequidades que se relacionan con el conocimiento científico y tecnológico y la participación o no de los ciudadanos en las redes globales. A las desigualdades prexistentes se están sumando otras, radicadas en "procesos de exclusión y precarización, que dejan a la mayoría de la población fuera de las redes de educación de calidad, de producción y apropiación de conocimientos valiosos, de empleos dignos y de ciudadanía económica" (Ibíd., 2008a). Lo que se produce entonces es "un desplazamiento del eje central de la desigualdad": a la par que continúan funcionando diversos dispositivos de explotación y discriminación, cada vez actúan con mayor fuerza otros mecanismos generadores de desigualdad, como la concentración de oportunidades y las diferencias entre distintos niveles de inserción en las redes globales, que reflejan lo que Reygadas llama "una desigualdad por desconexión".

Ciertamente, la desigualdad en sus antiguas y nuevas expresiones continúa siendo una asignatura pendiente en la región. Sin embargo, es muy importante tener claro que no se trata de un problema "inherente" a las sociedades latinoamericanas. Cabe oponer aquí una visión diferente del asunto, siguiendo a Reygadas, que pueda permitirnos avanzar en su resolución: lejos del "fatalismo" o la "inexorabilidad" de tan lacerante problema social, es indispensable identificar los aspectos en los cuales la región es menos desigual que otras, y con un enfoque dialéctico, concentrarnos en el análisis a fondo de los procesos que generan la inequidad, así como de aquellos que pueden disminuirla.

Parte relevante de tal postura es la que logra comprender que las "redes de la desigualdad" no se auto-reproducen al infinito, sino que son configuraciones que se transforman, aun cuando ello sea lentamente, a partir de los procesos sociales. De acuerdo con lo anterior, la desigualdad se presenta como una construcción histórica: los niveles y tipos de desigualdad "cambian de una sociedad a otra y a lo largo del tiempo, son fruto de procesos complejos y contradictorios, y no de una fatalidad cultural y económica" (Reygadas, 2008b: 112).

Desde esa pertinente perspectiva, en lugar de asumir solamente y por principio de cuentas que la desigualdad es irreversible, es indispensable llevar a cabo un análisis a fondo del problema y emprender la búsqueda de rutas alternas ante ese fenómeno, que constituye una construcción histórica mediada por relaciones de poder.

La brecha digital: la "nueva desigualdad"

Al conjunto de desigualdades acumuladas a lo largo del tiempo hoy se suma una más, aquella que conlleva la marginación de amplios sectores sociales del acceso, uso y apropiación de los bienes y servicios de las telecomunicaciones y las TIC que le permiten o no participar en el desarrollo de la nueva sociedad que se construye. Esa nueva desigualdad la constituye la brecha digital.

Las desigualdades en la sociedad, antes radicadas en estratos y niveles, o bien en distinciones según identidades étnicas o nacionales, como señala Néstor García Canclini, es pensada ahora desde la metáfora de la red: "Los incluidos son quienes están conectados; sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión" (García Canclini, 2006: 73).

En la ruta de la inclusión social que exige el desarrollo de la región es necesario invertir esfuerzos en identificar en qué consiste el problema, es decir, cuál es la naturaleza de la desigualdad de la brecha digital, cuáles son los factores que inciden en ese problema y sus diversas manifestaciones.

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo definir la brecha digital? ¿Cuáles son los factores que la originan o la detonan? ¿Cómo se explica este problema? Para comprender el fenómeno es importante responder a éstas y otras preguntas. Un primer paso necesario es revisar los conceptos formulados y reflexionar también sobre los enfoques aplicados en el análisis del tema. A pesar de que la brecha digital constituye un fenómeno relativamente nuevo (si se considera que se relaciona de forma central con la penetración de internet que cobró impulso a finales del siglo XX), en la medida en que fue revelando su complejidad, su conceptualización se ha modificado.

Puede decirse que existen dos etapas en la conceptualización del fenómeno de la brecha digital. En una primera fase, se le identificó casi exclusivamente con la conectividad y, en concreto, con la posibilidad de acceso a internet. Desde esa perspectiva, se entiende la exclusión de la sociedad de la información y el conocimiento como un problema predominantemente de acceso a las tecnologías y el cual, por tanto, puede resolverse por la expansión de las infraestructuras, la disponibilidad de equipos y conexiones.

Existe un vasto número de investigaciones y trabajos académicos y empíricos que continúan asumiendo ese concepto de brecha digital, a pesar de su drástica bifurcación respecto de la realidad. Pero la idea de la digital gap -descrito por primera vez en el 2001 por Pipa Norris- se ha extendido también a otros ámbitos de magnitud, como lo son muchos de los proyectos nacionales para el desarrollo de la nueva organización social, tanto en países desarrollados o emergentes, que se concentran en extender la conectividad y enfatizar el acceso a las redes, para dejar de lado aspectos de primera importancia vinculados con esta nueva desigualdad.

Cabe puntualizar que esa visión de la brecha digital, al no considerar ni partir del carácter estructural de dicho fenómeno (habiendo quedado claro ya que la mera disponibilidad de equipos no garantiza el paso a la sociedad de la información y el conocimiento), puede derivar en una inconveniente interpretación del problema, con su cuestionable resultante: la de alcanzar el "acceso universal" sin generar un cambio social (Servon, 2002: 15).

Ante tal perspectiva, conviene recuperar la propuesta de una "visión social de las TIC', surgida en la Fundación Acceso³ y basada en dos principios fundamentales: "La sola conectividad es importante, pero no suficiente para contribuir al desarrollo", y "para sacar provecho de las oportunidades y posibles resultados positivos se necesita de acceso equitativo, uso con sentido y apropiación social de los recursos de las TIC".

Una segunda etapa en la definición del concepto se abrió paso en la medida en que el propio desarrollo de la sociedad del siglo XXI fue revelando que el factor tecnológico no era el único involucrado en la configuración del problema, como tampoco el único indispensable de atender en la búsqueda de la solución del mismo. Ante las grandes diferencias entre los usos y aplicaciones de las herramientas tecnológicas existentes, tanto para el crecimiento económico o social como en lo que se refiere al ocio -que distinguen a unos usuarios de otros a partir de múltiples variables como el nivel educativo, la edad, el género y la situación socioeconómica-, se puso en evidencia que era indispensable "ir más allá del acceso".

Fue evidente, entonces, que más difícil de superar que la carencia de equipo y conexión es la "barrera de los usos", dado que ésta se relaciona con la capacidad de cada individuo para lograr explotar los recursos de las TIC y aplicarlos a sus necesidades. Esa es, de acuerdo con Cecilia Castaño, la segunda brecha digital; una desigualdad que depende de las habilidades y capacidades de los cibernautas para participar y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (Castaño, 2008: 19).

No obstante, con la divisoria de los usos no se agotan las expresiones de la brecha digital. Es importante continuar explorando las profundidades de las múltiples diferencias de los usos que realizan unos y otros usuarios con implicaciones para ser partícipes de la nueva organización social e identificar otras expresiones de desigualdad en los nuevos espacios de la convergencia. Uno de ellos, aun insuficientemente conocido, es el ámbito de la apropiación social, con su variedad de aplicaciones en función de las necesidades sociales, profesionales y de la vida cotidiana.

Así, a medida que las TIC se incorporaban en las prácticas de la sociedad mundial se advirtió la presencia de nuevas brechas, y con ello, en la discusión académica internacional se produjo un alejamiento de las nociones originarias de la digital gap. En los primeros años del siglo XXI surgieron concepciones más profundas sobre el tema, con la reformulación o ampliación de la perspectiva inicial. La investigación comenzó a centrarse en las condiciones de las capacidades y habilidades de quienes usan las tecnologías. Uno de los trabajos más interesantes en ese momento fue el de Lisa Servon (2002), que incluyó el "analfabetismo digital" como uno de los elementos obligados a considerar en la configuración del problema.

En cuanto a los organismos internacionales relacionados con el tema, puede reconocerse que manifestaron un mayor interés por ampliar su visión sobre esta nueva desigualdad. Así, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ofreció la siguiente definición de brecha digital:

La brecha es la línea divisoria entre el grupo de la población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales respecto de quienes aún no han alcanzado ese estado avanzado de desarrollo. (...) La brecha digital es, en esencia, un subproducto de las brechas socioeconómicas prexistentes (CEPAL, 2009: 11).

Por su parte, en el 2003, en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la Unión Internacional de Telecomunicaciones había presentado un concepto donde los aspectos del acceso fueron englobados, al igual que los relativos a los usos de las TIC. De hecho, el organismo generó una tipología del fenómeno, según la cual existen: la brecha digital del acceso (basada en la diferencia entre las personas que pueden acceder a las TIC y las que no); la brecha digital de uso (a partir de quienes saben utilizar las TIC y quienes no) y la brecha de calidad del uso (basada en las diferencias entre los propios usuarios).

Fue así como comenzaron a surgir otras posturas que visualizaron claramente a la brecha digital como una cuestión central del desarrollo. No obstante lo anterior, son escasos los estudios que abordan el problema desde la perspectiva de la desigualdad. En algunos casos, específicamente se relaciona el fenómeno con situaciones de pobreza y exclusión. A partir de identificar cuál es el papel que desempeña el acceso a la información y la comunicación a través de las TIC dentro de las causas estructurales de la pobreza, se ha desarrollado el concepto de pobreza de información y comunicación, con el fin de "llegar a una mejor comprensión de los factores clave que determinan si una sociedad está preparada para tomar ventaja de las TIC, a fin de lograr el desarrollo económico y la reducción de la pobreza" (Galperin y Mariscal, 2009: 25).

Desde la perspectiva de las capacidades que resultan indispensables para el desarrollo de los individuos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, la pobreza de comunicación e información (pobreza digital) se constituye como "la privación de las capacidades básicas de participación en la sociedad de la información" (Barja y Soren, 2009: 26).

En esta línea, la pobreza digital es definida como "una carencia de TIC, de acceso y de utilización de la información y comunicación que las tecnologías permiten", con la consecuente necesidad de que "se averigüe no solamente el componente de conectividad, que es el más estudiado, sino el componente que muestre los usos que se dan a la conectividad" (Barrantes, 2009: 79). A su vez, el enfoque de la marginación digital sostiene "la trascendencia de las redes digitales que se encuentran posicionadas, por el discurso dominante, en el centro de varios aspectos de la cotidianidad, y la ineludible universalidad del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación" (Toudert, 2013: 154).

Por último, en lo que respecta a las principales perspectivas de investigación que se han dedicado a la brecha digital, cabe citar la propuesta por Martin Hilbert, quien se orienta a definir el problema "en la práctica, para las políticas públicas" (Hilbert; 2011: 715). Desde su perspectiva, basada en la difusión de innovaciones, el comportamiento de la brecha digital conlleva una dinámica de tiempos y velocidades diferenciados, a partir de una serie de variables (tipos de tecnología, sujeto en estudio, niveles de conectividad, ingreso per cápita, educación de los individuos, nivel de adopción de las TIC, entre otras). Es así como el autor propone una matriz con cuatro vertientes, cada una de ellas con diversas variables que se resumen en la siguiente formulación: "¿Quiénes, con qué características, cómo se conectan y por qué?" Si esa matriz se relaciona con los niveles de adopción digital del caso (acceso, uso y adopción efectiva) y con seis tipos de tecnologías (teléfono fijo, teléfono móvil, computadora, TV digital, internet y banda ancha), el resultado puede ser útil para el diagnóstico de una determinada brecha digital (Hilbert; 2011: 727).

A partir de lo expuesto, la brecha digital habrá de definirse a partir del reconocimiento de la existencia de desigualdades estructurales y como inequidad antepuesta a los individuos en las esferas del acceso, uso y apropiación de las TIC, con consecuencias para su participación y desarrollo en la sociedad de la información y el conocimiento.

Asimismo, se considera con base en el enfoque conceptual amplio, que se trata de un fenómeno multifactorial y multidimensional, compuesto de seis esferas o dimensiones: económica, política, sociocultural, cognitiva, tecnológica y social. Cada una de ellas con un peso específico en el comportamiento del problema a partir de las mediaciones o factores de influencia, y de donde se desprende un conjunto de fenómenos de exclusión, es decir, brechas específicas sobre las cuales es posible realizar un diagnóstico, insumo indispensable para la formulación de políticas públicas eficaces.

Así, por ejemplo, entre los factores de la dimensión económica de la brecha digital habría que considerar el costo de servicios de TIC (costo de acceso) y el poder adquisitivo de la población, en tanto que en la dimensión política habrán de tomarse en cuenta las características y orientación de las políticas para las telecomunicaciones y las TIC, así como el marco legal y la estrategia digital en cuestión.

Con respecto a la dimensión sociocultural, implica aproximarse a los imaginarios simbólicos que construye la sociedad sobre la tecnología, a partir de comprender que las tecnologías transmiten significados, se relacionan, se involucran con la cultura y la permean, vinculándola con los patrones de pensamiento de los grupos sociales y las actitudes sociales frente a los artefactos tecnológicos. En este rubro habrán de considerarse también las experiencias de apropiación social de las TIC.

Los procesos cognitivos relacionados con los usos de las TIC constituyen una dimensión más de la brecha digital, que se expresa en las diferencias en los conocimientos y capacidades de apropiación de los instrumentos tecnológicos, así como en cuanto a las competencias o capacidades requeridas para un uso significativo de dichas herramientas, vía la alfabetización digital múltiple (Gutiérrez Martín, 2003: 36), de carácter crítico-reflexivo y no puramente instrumental.

Es indispensable considerar en esta instancia las inequidades sociales con repercusión en el comportamiento de la brecha digital como la insuficiente oferta educativa, el desempleo y la concentración de la riqueza, así como la disminución de los índices de calidad de vida y desarrollo humano en el país en los años recientes. A partir de dicha dimensión se desprenden, entre otras, la brecha digital de usos, la brecha digital de género y la brecha digital etaria (surgida entre los llamados "nativos" y "migrantes" digitales).

En este orden de ideas, lejos de reducirse al factor tecnológico, la brecha digital se presenta como un nexo de múltiples dimensiones, articulaciones y agentes que se vinculan y cruzan entre sí con una interacción dialéctica.

Pensar el problema desde tal perspectiva permite comprenderlo en su complejidad, y por tanto definirlo en términos más precisos: la brecha digital es la nueva desigualdad social surgida en el siglo XXI en el marco del modelo económico del capitalismo global, que consiste en las inequidades entre diferentes grupos sociales en términos del acceso, de las diferencias cognitivas, de conocimiento o de competencias para los usos de las TIC; de las significaciones y experiencias simbólicas de dichas herramientas y de experiencias de apropiación que construyen los ciudadanos, favorables o no a la inclusión digital; las diferencias en las condiciones institucionales que permiten a aquéllos desarrollarse y participar en la Sociedad de la Información y el Conocimiento, o bien, que no están siendo incorporados a ésta en función de su edad, género o etnia.

Como se aprecia a partir de lo antes señalado, en razón de las propias transformaciones del problema, el concepto de brecha digital es cambiante y está en revisión continua. En lugar de reducirse a la esfera del acceso, debe entenderse desde una visión integral que considere sus diferentes manifestaciones. Acercarse a la brecha digital desde un enfoque amplio es indispensable para comprender su compleja naturaleza. Pero no sólo eso: mirarla desde esa perspectiva nos permite comprenderla como una de las manifestaciones actuales de la desigualdad, ese problema atávico de los países latinoamericanos y remite, como subrayan Hilbert y otros autores, a la "pregunta fundamental" de cuáles son los componentes necesarios y suficientes para el desarrollo.

La "nueva desigualdad" latinoamericana

Hoy, en América Latina, en medio de los continuos estragos generados por la crisis global y la posible construcción de un orden posneoliberal, las inquietudes de los países ante la persistencia en la región del problema de la brecha digital se han acrecentado.

Una de las razones de tal preocupación es la complejidad que reviste esa nueva desigualdad, de carácter multidimensional y multifactorial, que abarca diversas dimensiones y ámbitos. Las cifras disponibles y las estimaciones relacionadas con la brecha digital confirman las inquietudes sobre la persistente presencia del problema en el contexto regional.

Más allá de las evidencias que en ese sentido han arrojado datos de diversos indicadores que reflejan una amplia distancia con respecto a los países avanzados en materia de acceso, uso y apropiación de las TIC -con lo que se configura una profunda brecha digital internacional-, una situación desfavorable en la región se encuentra en lo relacionado con la esfera del acceso. De hecho, si hace años la CEPAL había establecido que entre los países de América Latina y el Caribe la "brecha digital interna" es aún más seria que la "brecha digital internacional", un informe del 2012 del Sistema de Información de Tendencias Educativas (SITEAL) reiteró que las oportunidades de acceso a internet en los países latinoamericanos son muy desiguales entre sí, por lo que es necesario concentrarse en ofrecer soluciones que resuelvan la brecha digital interna de la región.

Las heterogeneidades entre los países latinoamericanos se extienden a otros rubros de las TIC (por ejemplo, penetración de telefonía fija y móvil). Sin embargo, uno de los renglones donde actualmente más se refleja la brecha digital interna latinoamericana es el del acceso a internet en banda ancha. De acuerdo con datos del 2011, si bien ningún país de la región en esa fecha contaba con 10% de la población con acceso a dicho servicio, existe un grupo de países donde ese índice no alcanzaba 1% (Ecuador, Guatemala, Haití).

La persistencia de la brecha digital en América Latina se explica, también, a partir del factor educativo, dado que en la región el analfabetismo digital presenta tasas considerables aún, que varían de país a país y se incrementan en el caso de los grupos marginados o minoritarios. Por cierto, se distingue la pertenencia a una etnia como factor relevante en este problema, una de cuyas más claras manifestaciones se encuentra en que los pueblos indígenas registran cifras sensiblemente menores en cuanto a acceso a equipos. Ésas y otras evidencias parecen alejar los propósitos de la ya citada Declaración de Florianópolis del año 2000, equidad y sustentabilidad.

La Declaración de Panamá, emitida en julio del 2013 en el marco de una importante reunión de jefes de Estado, donde se estableció el objetivo de cerrar la brecha digital en la región en el año 2020, plantea varias propuestas de políticas para alcanzar ese objetivo. Sin duda, todas ellas pueden ser útiles para avanzar en el tema. Sin embargo, se considera indispensable que tales cursos de acción tengan como punto de partida la noción del desarrollo con las TIC, que concibe a la tecnología como un medio a favor del desarrollo humano y social más inclusivo, y justamente coloca a los diferentes aspectos del desarrollo (educación, salud) como elementos centrales de la transición hacia la nueva organización social, y así lograr avanzar en la ruta de una sociedad más equitativa y justa.

La brecha digital en México

México es un país de desigualdades. La inequidad presenta aquí varias facetas y expresiones a las que se está sumando la brecha digital. A pesar de la creciente trascendencia de este problema y sus manifestaciones como una desigualdad emergente, existe un déficit de investigación, tanto en términos teóricos como empíricos (nivel atendido de forma significativa por empresas consultoras y de telecomunicaciones, que proveen parte considerable de los datos disponibles sobre el tema).

El conjunto de los grupos sociales del país que debido a múltiples factores no cuentan con posibilidades de participar y desarrollarse en la Sociedad de la Información y el Conocimiento es de tal magnitud que puede señalarse el problema de la brecha digital como una de las grandes asignaturas pendientes para el México del siglo XXI. La brecha interna en el país se expresa claramente con algunas estadísticas básicas. Más de la mitad de la población nacional no tiene acceso, uso y apropiación de internet (el servicio más característico de la Sociedad de la Información y el Conocimiento): de una población de 112 millones 336 mil habitantes, sólo 51.2 millones son usuarios de la red (AMIPCI, 2014: 5), mientras que sesenta millones se encuentran desconectados.

En cuanto a la dimensión de género, el estudio citado asegura que la distribución de usuarios de internet se distribuye en 50% entre hombres y mujeres; en lo que respecta a los grupos de edad se advierten diferencias importantes: en el 2013 el mayor número de usuarios se localizó en el grupo de 13 a 18 años (24%), mientras que el de menor acceso fue el correspondiente a mayores de 55 (4%) (AMIPCI, 2014: 7).

Éstos y otros muchos datos hacen ver que, con respecto al conjunto de la población, el uso de internet está concentrado de forma notable en los mexicanos jóvenes, así como en las grandes ciudades. En cuanto al nivel socieconómico predominante en los cibernautas, los datos son escasos; no obstante, algunas estadísticas (AMIPCI; 2010: 12) han referido que el único nivel que ha continuado en ascenso en cuanto a número de usuarios en la red es el de mayor poder adquisitivo (ABC+), en tanto los segmentos que le siguen en la escala (CyD+) han reflejado un estancamiento, o incluso un descenso (segmento D+E).

En cuanto a la brecha digital externa -el sitio que ocupa México con respecto a otros países en cuanto al acceso, uso y apropiación de las TIC-, los datos reflejan una distancia significativa, incluso frente a naciones con un desarrollo similar al nuestro (entre ellos, varios países latinoamericanos). De acuerdo con datos de la OCDE, nuestro país se ubica en el lugar 32 de los 34 países pertenecientes a dicha organización en el rubro de banda ancha, con velocidades de transmisión muy inferiores a las registradas en promedio en esas naciones (OCDE, 2012:14).

Otras estadísticas difundidas por el Banco Mundial reflejan un rezago importante del país en cuanto a conectividad a internet y a TIC, que ubica al país en la posición 76 entre 142 economías del mundo (Banco Mundial, 2013b).

Por lo que toca a los países latinoamericanos, de acuerdo con los indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial; 2013a), los índices de penetración de internet que se registran en México son menores incluso que los de los países de menor o similar desarrollo: si Chile aparece con un índice de 61.4 y Argentina 56, Brasil con 50, Colombia con 49, Jamaica con 47 y Venezuela con 44, México aparece con 38, al lado de Perú, superando a Ecuador (35), Honduras (18) y Haití (10).

Resultaría extenso exponer aquí los programas gubernamentales que se han propuesto a partir del año 2000 para abatir la brecha digital. Baste con señalar que el primero de ellos, denominado Sistema Nacional e-México y planteado por el gobierno de Vicente Fox, fue diseñado desde una perspectiva neomodernizadora y tecnodeterminista, al conferir a las TIC la capacidad de resolver los problemas estructurales del país vía "la generalización de las tecnologías de la información". En efecto, esa estrategia planteaba dar un "salto cuántico" en el desarrollo y no sólo "cerrar la brecha digital, sino también la de educación, salud, acceso a los mercados y la existente con el gobierno, en especial la que prevalece entre el federal y los locales" (SCT, 2001: 229).

La propuesta educativa del e-México, llamada Enciclomedia, fue puesta en marcha en el 2003 y fue presentada como un conjunto de acciones que revolucionarían ese ámbito. Con una visión conceptual desde el enfoque limitado, el sistema confería un carácter central a la esfera del acceso a las TIC, sin considerar en sus planteamientos centrales la problemática de los usos sociales, las expresiones culturales y los procesos de apropiación de tales herramientas, entre los muchos aspectos o facetas de la brecha digital. Una de las acciones más relevantes de dicho programa fue el despliegue de un importante esfuerzo de conectividad.

El tema no figuró entre las prioridades del gobierno siguiente, que no se interesó en generar un nuevo proyecto o bien en dar continuidad al anterior. De éste se conservó solamente, como un fin específico, el propósito de abatir la brecha digital. Se pretendió conseguir esa meta especialmente por medio de tres programas que vinieron a constituirse como sucesores del proyecto Enciclomedia en la búsqueda de "cerrar" la brecha en determinados sectores: Vasconcelos 2.0 (orientado a adultos de entre 20 y 54 años, sin acceso previo al aprendizaje y uso de las TIC ); Habilidades Digitales para Todos (HDT, dirigido a la población de entre 6 y 17 años de edad, altamente receptiva a la tecnología y que cuenta con atención escolar en el tema) y el programa Servicio Aula Base Telemática (SABT), que buscó impulsar un modelo educativo vía la incorporación de las TIC a los procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades digitales de los alumnos de quinto y sexto de primaria.

En noviembre del 2013 se dio a conocer la Estrategia Digital Nacional (EDN), propuesta de la administración de gobierno de Enrique Peña Nieto y cuyo objetivo es el de "lograr un México Digital en el que la adopción y uso de las TIC maximicen su impacto económico, social y político en beneficio de la calidad de vida de las personas".

Derivado del análisis de dicho programa gubernamental, puede decirse que, contrario a la necesidad de una redefinición a fondo de los planteamientos centrales de la primera estrategia de su tipo, antes citada, la EDN presenta significativos paralelismos con el e-México que desestimulan la posibilidad de una etapa diferente en el importante asunto de lograr remontar la brecha digital en el país. Varios de sus puntos fundamentales reflejan la visión tecnodeterminista y neomodernizadora que ha venido permeando notoriamente las nociones sobre ese proceso en determinados círculos de la administración pública y de los consorcios de telecomunicaciones, e incluso en ciertos espacios legislativos, en el sentido de que la tecnología tiene capacidad, por sí misma, de transformar los grandes problemas del país. En la EDN se confiere a la digitalización ese papel y se le presenta como "el concepto que describe las transformaciones sociales, económicas y políticas con la adopción masiva de las TIC".

Cabe destacar, entre otros puntos de la EDN, su insistencia notable de tomar como referencia para avanzar en la materia a los países desarrollados, en medio de un vacío en cuanto a las condiciones particulares del país y, en consecuencia, de sus verdaderas necesidades.

Remontar la brecha digital es una tarea de grandes proporciones pero indispensable de asumir, si es que realmente se pretende frenar el avance de una nueva desigualdad social y aprovechar las oportunidades para el desarrollo del país que pueden aportar las TIC, en términos de generación de conocimiento y de apoyo a las actividades productivas.

Colofón

Superar la brecha digital en sus múltiples facetas es uno de los grandes asuntos por resolver en América Latina, donde es indispensable revisar y, en su caso, reformular las estrategias regionales de frente a la persistencia en muchos países de esta nueva desigualdad. Esa reformulación posible para acometer el problema habrá de partir de la perspectiva de "las TIC para el desarrollo",⁴ que concibe a la tecnología como una herramienta para el desenvolvimiento humano y social.

En cuanto a la problemática de nuestro país en la materia, entre muchas otras acciones es indispensable -además de hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a las TIC para todo ciudadano- contar con una estrategia que garantice la ampliación de los procesos sociales de uso y apropiación de la tecnología, como parte de un necesario avance en la compleja ruta de la inclusión digital.

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Notas

¹ Cabe diferenciar el concepto Sociedad de la Información -entendido como un discurso que ha presentado a la nueva sociedad en desarrollo como una sociedad avanzada y en camino asegurado al progreso por obra de la tecnología- del término Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), consolidado y generalizado después del anterior, y entendido como una sociedad donde la información se constituye en una importante fuerza productiva y generadora de valor, en medio de una dinámica de participación social e intercambio de saberes, con las TIC como "asistente" de los cambios sociales, organizacionales y culturales.

² Véanse los documentos de trabajo del Task Force on Financial Mechanism, grupo creado en el marco de la CMSI.

³ La Fundación Acceso es una organización no gubernamental con sede en Costa Rica dedicada a impulsar programas de desarrollo en América Central. Información disponible en: <www.acceso.org.cr>.

⁴ Véase: Sunkel (2010).