Hablar de política. Democracia deliberativa y participación discursiva en México

Talking about Politics. Deliberative Democracy and Discursive Participation in Mexico

Alejandro Monsiváis Carrillo*¹

* Politólogo y doctor en Ciencias Sociales, El Colegio de la Frontera Norte. Profesor-investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte. Director general de Docencia en la misma institución, (México). Sus líneas de investigación son: gobernanza democrática, democracia deliberativa, rendición de cuentas y cultura política. Entre sus últimas publicaciones destacan: La representación política de cara al futuro: desafíos para la participación e inclusión democráticas (2014); "La deliberación como mecanismo de control democrático: precisiones analíticas y cuestiones emergentes" (2014) y "La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático" (2013). Dirección de correo: amonsi@colef.mx

Recibido el 5 de mayo de 2014
Aceptado el 22 de agosto de 2014

Resumen

Este artículo defiende la pertinencia del estudio de la deliberación para dar cuenta del funcionamiento de los mecanismos de control democrático en los regímenes políticos. Con esa finalidad se realizan algunas precisiones conceptuales sobre la democracia deliberativa y se proponen algunos lineamientos para el análisis empírico, a la vez que se hace una valoración del papel de la deliberación en la política democrática en el México contemporáneo. Para avanzar en el estudio de la dimensión deliberativa del comportamiento político se analizan indicadores obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012 y se evalúan sus determinantes. La evidencia muestra que existe un desafío mayor en términos del desarrollo de capacidades deliberativas entre la ciudadanía. El trabajo sostiene que, a pesar del carácter incipiente de los atributos deliberativos de la política en este país, es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con perspectiva deliberativa en las democracias emergentes.

Palabras clave: democracia deliberativa; participación discursiva; comportamiento político; opinión pública; México.

Abstract

This paper argues that it is necessary to promote the study of deliberative politics in the analysis of the mechanisms of democratic accountability in political regimes. To advance this idea, it engages in a critical examination of the model of deliberative democracy and offers some guidelines for empirical research. Simultaneously, a brief assessment of the role of deliberation in Mexico's contemporary democracy is provided. Also, with the purpose of exploring the deliberative dimension of political behavior in Mexico, some empirical indicators obtained from the National Survey of Political Culture 2012 are analyzed. The results show that developing deliberative capacities is a major challenge in this country. Even when the evidence shows a minor role for deliberation in Mexican politics, the paper defends including the deliberative perspective in the agenda of political research and institutional reform in emerging democracies.

Introducción

Un tema poco explorado en el estudio del comportamiento político en México es el de la deliberación pública. Los estudios sobre comportamiento electoral, participación política y opinión pública que tienen a México por objeto de análisis son numerosos y sofisticados (Moreno, 2003; Morris y Klesner, 2010; Martí, Ortega y Somuano, 2011). Sin embargo, a pesar de que el análisis del comportamiento deliberativo basado en encuestas va ganando terreno (Fishkin, 2009; Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Mutz, 2006; Neblo, Esterling, Kennedy, Lazer y Sokhey, 2010), todavía tiene poca presencia en este país el interés por conocer los atributos del componente deliberativo de la participación política. La premisa de este trabajo es que el estudio del comportamiento deliberativo constituye una importante área de oportunidad en la investigación sobre opinión pública, participación política y democracia.

Esta premisa puede no ser obvia, a pesar del rápido crecimiento que han tenido en la última década los estudios empíricos sobre la deliberación política (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Steiner, 2012). Para muchos, la deliberación puede resultar una práctica políticamente inconsecuente que forma parte de una concepción de la democracia y la legitimidad poco realistas (Posner, 2003: 107). Hay que comenzar, entonces, por defender el caso. En la primera parte de este trabajo defenderé la relevancia de la perspectiva deliberativa y la pertinencia de la investigación empírica en este campo. La apuesta consiste en incorporar de manera sistemática las aportaciones del enfoque deliberativo en el estudio de la política y la democracia.

El planteamiento que desarrollaré se basa en la idea de que el estudio de la deliberación puede contribuir a conocer el funcionamiento de los mecanismos de control democrático (Monsiváis Carrillo, 2014). Con base en este planteamiento, en la segunda parte de este trabajo abordaré la definición del concepto de deliberación y postularé que en el análisis empírico de este concepto se pueden utilizar tres categorías: participación discursiva, deliberación colegiada y deliberación política. En la tercera sección, a partir de fuentes secundarias y las claves analíticas proporcionadas por el enfoque deliberativo, realizaré una valoración general del papel que ha tenido la deliberación en la política democrática en el México contemporáneo. La última parte del trabajo presenta un análisis de tres indicadores de participación discursiva con datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012 (ENCUP, 2013). Este trabajo concluye con una reflexión general en la que se señala que es necesario avanzar en una agenda de análisis y de reforma institucional con perspectiva deliberativa.

Democracia deliberativa: teoría normativa y análisis político

El interés por la deliberación tiene uno de sus orígenes contemporáneos en la teoría y la filosofía políticas (Cohen, 1989; Habermas, 1998). El precepto de la deliberación ha contribuido a tener una comprensión normativamente más robusta de la política democrática que la que proviene de las teorías elitistas y economicistas. A grandes rasgos, el enfoque deliberativo se opone a una concepción "agregativa" de la política (Gutmann y Thompson, 2004) -la idea de que las decisiones democráticas no son más que el resultado de la agregación de preferencias individuales-. Esta visión no es incompatible con la expresión de intereses políticos autocentrados ni con las elecciones, la competencia política o las instituciones representativas (Mansbridge, Bohman, Chambers, Estlund, Follesdal, Fung, Lafont, Manin y Martí, 2010). En cambio, se contrapone a la idea de que la democracia puede ser descrita de manera suficiente empleando la analogía de un mercado (Elster, 2003), entendida como un sistema en el que se intercambian, bajo consideraciones estratégicas, candidatos u ofertas de política por votos. Los partidarios de la deliberación pública consideran que todos los implicados por una decisión política deben tomar parte en su adopción a través de un intercambio de razones y argumentos que sean convincentes y públicamente justificables ante otros ciudadanos (Gutmann y Thompson, 2004; Cohen, 1997). Que esto sea posible y de qué manera, es algo que ha sido discutido ampliamente.

El papel de la deliberación en la política democrática ha sido objeto de numerosas controversias en la teoría normativa, pero también ha suscitado el interés de la investigación empírica (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Ryfe, 2005; Steiner, 2012; Thompson, 2008). La cantidad y diversidad de estudios publicados sobre este tema se ha incrementado aceleradamente en múltiples campos disciplinarios. Una de las causas de esta multiplicación es la propia realidad política. Las iniciativas prácticas con componentes deliberativos no se han sentado a esperar a que los teóricos decidan si la deliberación es necesaria para la legitimidad democrática y si acaso es factible deliberar en un mundo donde se confrontan entre sí poderosos intereses. La deliberación es promovida en numerosos formatos institucionales y encuentros colectivos que se vienen realizado durante los últimos años en un amplio espectro de temas de la política pública, en los planos locales, nacionales e internacionales, e involucrando a actores sociales, profesionales o activistas y académicos (Dryzek, 2012; Fishkin, 2009; Goodin, 2008; Fung; 2007; Nabatchi, Gastil y Weiksner, 2012; Smith, 2009).

Las dos funciones heurísticas de la perspectiva deliberativa de la democracia son relevantes tanto para las democracias consolidadas como para las democracias "deficientes" (Croissant y Merkel, 2004).² Si a este enfoque se le ha criticado por ser idealista, también se le puede objetar que solamente puede funcionar apropiadamente en democracias firmemente establecidas, en las que las desigualdades sociales no socavan la posibilidad de participar en condiciones de equidad, o en las que el gobierno de la ley protege efectivamente los derechos de la ciudadanía.

Este planteamiento es poco convincente por dos motivos. En primera instancia, si se parte de la idea de que no se debe promover la deliberación hasta que el Estado de derecho no esté completamente establecido, la democracia firmemente asentada y las desigualdades sociales no sean abismales, se está defendiendo una idea de dudosas credenciales democráticas. La deliberación es una forma de acción política intrínsecamente ligada a los derechos políticos de los ciudadanos; si se postula que, por principio, no debe esperarse que una democracia "deficiente" sea deliberativa, sería como postular que no debe esperarse que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos hasta que el sistema en su conjunto haya alcanzado un nivel óptimo de funcionamiento.

Si la premisa es que no debe esperarse que una democracia "deficiente" sea deliberativa por razones que, de facto, limitan u obstaculizan la política deliberativa, entonces, por el contrario, adquiere especial relevancia este enfoque. Es decir, en un sistema donde el poder público se ejerce en condiciones de discrecionalidad y opacidad en lugar de estar sujeto a mecanismos de control democrático, es evidente que habrá pocos indicios de deliberación pública significativa y eficaz. Por esas mismas razones, de hecho, esta situación invita a recurrir a la teoría deliberativa para evaluar los atributos de esa situación y orientar las posibilidades de una reforma institucional o de acción pública. Cuando un sistema político padece de controles democráticos insuficientes o precarios es importante dar cuenta de cómo los episodios o instituciones deliberativos, por escasos e incipientes que éstos sean, contribuyen a democratizar el ejercicio del poder público. Como ha señalado Dryzek (2009), la construcción de capacidades deliberativas en los sistemas políticos es un componente fundamental en los procesos de democratización. Sirva como ilustración las aportaciones de esta perspectiva para dar cuenta del lugar que han ganado diversas prácticas deliberativas en el régimen autoritario vigente en China (He y Warren, 2011).

La deliberación como mecanismo de control democrático: precisiones conceptuales

Una de las principales dificultades asociadas al estudio empírico de la deliberación consiste en distinguir los componentes normativos de este concepto de los atributos que lo constituyen como un fenómeno político. En la teoría normativa, la deliberación hace las veces de un dispositivo conceptual que ayuda a articular ideales como los de igualdad política, razonamiento público y legitimidad democrática. Como fenómeno político, la deliberación política debe ser identificable por los atributos que la definen. Cuando se traslapan los ideales normativos asociados a la deliberación con sus atributos empíricos se está incurriendo en un problema de confusión conceptual. En esta sección formularé un planteamiento que nos permita estudiar la deliberación política como un fenómeno político empírico.

De inicio es necesario dejar de pensar a la democracia deliberativa como un modelo político-normativo cerrado y auto-contenido (Warren, 2012). Una concepción tal se encuentra en la definición que proporcionan dos influyentes promotores de esta perspectiva:

[La democracia deliberativa es] una forma de gobierno en la cual los ciudadanos (y sus representantes), en su condición de libres e iguales, justifican sus decisiones en un proceso de intercambio de razones que son mutuamente aceptables y accesibles de manera general, con la finalidad de alcanzar conclusiones que son vinculantes en el presente para todos los ciudadanos, pero que pueden ser impugnadas en el futuro (Gutmann y Thompson, 2004: 7).³

Con una visión así, de paso, se reducen drásticamente las posibilidades de promover un diálogo entre la investigación empírica con perspectiva deliberativa y cualquier otro tipo de análisis político. Si la investigación empírica sobre la deliberación se limita a aquellos casos en los que es posible observar procesos de decisión y actuación política de índole estrictamente deliberativa, este tipo de investigación puede aportar muy poco a la explicación de los fenómenos políticos más prosaicos y comunes. Ésta es la receta para ampliar la brecha entre la perspectiva deliberativa y el análisis político en sus distintas facetas. El problema con esta tendencia es que impide dar cuenta de los atributos deliberativos que están presentes, de hecho, en los procesos políticos ordinarios. Una adecuada comprensión de esos atributos puede resultar clave para explicar determinadas instituciones y prácticas políticas, y puede servir también para orientar los procesos de reforma institucional.

Mi postura es que la democracia deliberativa, más que un modelo normativo auto-contenido, debe ser considerada como una manera de poner énfasis en la centralidad que tienen las razones y justificaciones públicas en la configuración de la opinión pública, las decisiones políticas y la acción pública. La premisa es que la deliberación es una forma de acción política que puede ser decisiva para promover el control democrático del poder público (Monsiváis Carrillo, 2014). Para ser precisos, el control democrático (o democratic accountability) es el proceso mediante el cual distintas instituciones y mecanismos políticos promueven que el ejercicio del poder sea responsable y justificable ante aquellos sobre quienes se ejerce tal poder (Borowiak, 2011: 9-13). Puesta de esta manera, la pregunta no debe ser en qué medida las decisiones en un sistema político determinado se adoptan mediante la deliberación -por oposición a las decisiones que se adoptan a través de negociaciones o votaciones-. Antes bien, la pregunta debe ser en qué medida la deliberación es un medio para configurar leyes, decisiones y políticas que sean auditables por parte de la ciudadanía y justificables ante ella.

La deliberación como práctica política, por otra parte, es un fenómeno elusivo. A pesar de la extensa discusión que se ha dado en torno a este concepto (Delli Carpini, Cook y Jacobs, 2004; Neblo, 2005; Rosenberg, 2007; Ryfe, 2005; Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen, 2005), no se registra todavía el afianzamiento de una categoría empírica reconocida por distintos analistas. El debate ya no reside en saber si la deliberación debe seguir un formato discursivo formal y riguroso, o si diversas figuras retóricas y formas de comunicación pueden ser también parte de un proceso deliberativo. Aunque se asume que la deliberación puede realizarse empleando diversos recursos comunicativos, las diferencias más importantes residen en saber qué tan amplio o restrictivo debe ser el concepto de deliberación. Para algunos, ésta se manifiesta por igual en las conversaciones cotidianas sobre política, en las discusiones informales o en toda comunicación no coercitiva sobre las propias preferencias políticas (Dryzek, 2000: 6). Para otros, la deliberación es un fenómeno político poco frecuente, que se realiza en circunstancias poco habituales y que demanda a los interlocutores desarrollar habilidades cognitivas y de comunicación especiales (Ryfe, 2005). Por ejemplo, Thompson (2008: 502-503) concibe a la deliberación como un intercambio de argumentos y razones sobre un desacuerdo para llegar a una decisión vinculante que sea democráticamente legítima -una postura similar es defendida por Cohen (2007)-.

La ventaja de adoptar una definición más abarcativa, como la propuesta por Dyzek (2000:6), es que se puede poner atención a los aspectos que hacen de las conversaciones políticas informales un elemento del sistema deliberativo (Mansbridge, 1999). El inconveniente de esta postura es que tiene poca capacidad de diferenciación analítica, borrando la diferencia que existe entre la argumentación política que informa los procesos de decisión pública y las charlas cotidianas de carácter informal sobre asuntos políticos generales. De manera simétrica, suscribir las tesis de Thompson (2008) y Cohen (2007) ayuda a delimitar más claramente la política deliberativa, pero deja fuera de la teoría otras modalidades de comunicación política que no están relacionadas directamente con la toma de decisiones, pero que pueden ser políticamente relevantes.

Para discernir el papel que juega la deliberación en la política sostengo que es necesario asumir que la noción de "deliberación" se compone de atributos políticos que no pueden ser capturados en una definición unitaria. Las distintas manifestaciones de la política deliberativa no se ubican a lo largo de un mismo continuo. Las diferencias entre una conversación política informal, el debate en un foro público y la discusión legislativa, no son simplemente de orden o grado. Son formas de interacción política cualitativamente diferentes.

El primer paso para llegar a una concepción empírica de la deliberación es reconocer que toda forma de acción política deliberativa es una instancia de comportamiento cooperativo entre dos o más actores, esto permite separar el proceso de cooperación política de la forma y los contenidos de la comunicación que se lleva a efecto. La ventaja de esta distinción analítica es que ayuda a que la calidad de la comunicación política sea concebida como una variable. De esta manera, la evaluación de la calidad de la deliberación se puede realizar mediante instrumentos específicos.⁴ Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los fenómenos deliberativos se diferencian entre sí a partir de cuatro dimensiones: a) autorización formal; b) propósitos del diálogo; b) carácter resolutivo del diálogo, y c) obligatoriedad de la resolución adoptada.

La primera dimensión se refiere a si es necesario que quienes forman parte de un intercambio político comunicativo hayan recibido previamente algún tipo de autorización formal, ya sea de tipo electoral, estatutario o administrativo. La segunda dimensión remite al propósito del diálogo: si solamente se desea proporcionar información acerca de las propias preferencias políticas o de los propios valores, experiencias y/o actitudes políticas, o si además se pretende persuadir o convencer a los interlocutores políticos. La tercera dimensión se origina en el carácter resolutivo de la comunicación política. La comunicación es resolutiva cuando contribuye a adoptar una decisión pública. Esta decisión, sin embargo, puede no ser vinculante. De ahí que la cuarta dimensión explore si la resolución adoptada se convierte en obligatoria o no. Estas dimensiones permiten distinguir tres tipos de política deliberativa.

El primer tipo es la participación discursiva. Este concepto ha sido formulado por Cook, Delli Carpini y Jacobs, (2007) y Jacobs, Cook y Delli Carpini (2009). Para estos autores la participación discursiva es: "el encuentro de unos ciudadanos con otros en escenarios formales o informales -cara a cara, o vía telefónica o por internet- para discutir temas de locales, nacionales o internacionales" (Ibíd., 2009: 30). En pocas palabras, participan discursivamente quienes comunican a otros sus opiniones y convicciones políticas, sin que para ello se requiera ninguna autorización administrativa, estatutaria o electoral previa. La participación discursiva tiene lugar en todos los sitios en los que se hable de asuntos públicos y colectivos: en el ámbito doméstico, laboral o profesional. Esta comunicación tiene una finalidad fundamentalmente expresiva, en la medida en que se comparten valores y hechos, pero es también instrumental en tanto se busca persuadir a otros de las propias ideas. Como ha señalado Mansbridge (1999: 211), el habla cotidiana sobre política es un elemento clave de un sistema deliberativo.

La deliberación política propiamente dicha es la que se utiliza en la adopción de decisiones vinculantes con base en el intercambio de razones y justificaciones públicas. Como señala Thompson (2008), esta deliberación presupone que existe un desacuerdo político que obliga a debatir argumentos públicamente. El hecho de que la deliberación esté ligada no solamente a las funciones expresivas y resolutivas de la comunicación -sino también a la obligatoriedad de las decisiones- implica que quienes participan en este debate han recibido algún tipo de autorización, electoral o de otra índole. La deliberación política se lleva a cabo en los parlamentos, los órganos estatales de regulación y vigilancia, y otras instancias con capacidad para adoptar decisiones que se convierten en obligatorias.

Al distinguir los tres tipos de política deliberativa mencionados se puede avanzar hacia el estudio de la interdependencia y articulación entre distintos contextos y procesos deliberativos. Como han señalado los impulsores del "giro sistémico" en la democracia deliberativa (Dryzek, 2009; Mansbridge, Bohman, Chambers, Christiano, Fung, Parkinson, Thompson y Warren, 2012; Parkinson, 2006), hace falta conocer no solamente los efectos particulares de los minipúblicos u otras experiencias deliberativas puntuales, sino también su relación con otras experiencias semejantes y sus consecuencias agregadas en el sistema político. El estudio de la articulación entre las distintas modalidades descritas de política deliberativa también permite reflexionar acerca de la relación entre los procesos políticos, los ideales regulativos y el diseño institucional. Desde un punto de vista normativo, la deliberación debe ser, por ejemplo, inclusiva y pública. Pero desde un punto de vista analítico, es necesario considerar esas normas como parámetros que varían dependiendo del contexto y los escenarios institucionales en los que la deliberación tiene lugar. En lugar de pensar que toda forma política deliberativa debe apegarse siempre a las mismas normas políticas, es necesario indagar de qué manera los escenarios institucionales en los que transcurre la deliberación promueven el equilibrio o la tensión entre distintas normas políticas y qué consecuencias se desprenden de ello.

Democracia deliberativa... ¿en México?

Si se adopta la premisa de que la democracia deliberativa es un modelo en el que las decisiones vinculantes se adoptan mediante la deliberación política, salta a la vista que el régimen político mexicano no es una "democracia deliberativa" -y de hecho nunca lo será, pues tal modelo de democracia no es factible-. En cambio, si se considera a la deliberación como un elemento que contribuye al control democrático, cabe preguntarse en qué medida tal deliberación contribuye al control democrático en México. En esta sección abordaré este tema de manera indicativa, trazando líneas generales que deben ser exploradas con mayor detenimiento. Comenzaré discutiendo en qué medida el ejercicio del gobierno está sometido a mecanismos de control y rendición de cuentas democráticos. Posteriormente, comentaré el papel que tiene la política deliberativa en el sistema político mexicano.

Postulo que el control democrático en México enfrenta considerables retos. Esto se puede constatar, en primera instancia, en los resultados del quehacer gubernamental. Se espera que los gobiernos actúen como agentes de la ciudadanía, proporcionándoles soluciones a los problemas públicos y mejores condiciones de vida. La evidencia muestra, sin embargo, que en múltiples áreas de la política pública los resultados son, en el mejor de los casos, incipientes e inconsistentes. Por ejemplo, las últimas dos décadas no han dejado mejoras impresionantes en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza o la disminución de la desigualdad (Elizondo Mayer-Serra, 2010; Lustig, Lopez-Calva y Ortiz-Juárez, 2013). Al mismo tiempo, se han registrado procesos de deterioro del bienestar social asociados a la incapacidad de los gobernantes para enfrentar de manera eficaz diversos retos en el fortalecimiento del Estado de derecho -de acuerdo con el World Justice Project (2014: 121), México ocupa el lugar 79 de 99 países en materia de vigencia del Estado de derecho-. La corrupción no sólo no ha sido erradicada en el sector público, sino que las administraciones federales y los gobiernos subnacionales se han mostrado incapaces de acabar con la violencia vinculada con el crimen organizado, de garantizar la procuración de justicia y la seguridad ciudadana en un marco de derechos humanos (Aguayo y Treviño, 2010; Davis, 2006).

Por otra parte, los alcances del control democrático deben evaluarse a partir de la capacidad que tiene la ciudadanía para influir en la conducción de los gobiernos, requerir justificaciones públicas y emitir sanciones de distinta índole. Para aproximarme a esta dimensión, consideraré por separado las características del régimen político y la relación de los ciudadanos con la institucionalidad democrática. El planteamiento que pretendo formular puede ser ilustrado con el gráfico 1, el cual presenta la distribución de los países latinoamericanos en dos dimensiones: el nivel de desarrollo democrático alcanzado entre 2002 y 2013 (IDD-Lat, 2013) y el grado de satisfacción con la democracia entre 1995 y 2013 (Latinobarómetro, 2013). Los resultados que se muestran son consistentes con otras mediciones de calidad de la democracia en la región.

El gráfico 1 muestra que las instituciones y la política democrática en el país no se destacan por haber tenido un proceso sostenido de cambio y fortalecimiento. El diseño institucional de la democracia mexicana que ha prevalecido desde 1996 se caracteriza por fragmentar el poder político en dos sentidos: en la estructura vertical del Estado -en tanto favorece la discrecionalidad el ejercicio del poder subnacional en las entidades federativas, a la vez que dificulta la coordinación política a escala nacional- y en un sentido horizontal -en tanto que la división de poderes y las características del sistema electoral han dificultado la formación de mayorías legislativas representativas, estables y responsables-. Esta estructura institucional es consecuencia del prolongado proceso de transición democrática que tuvo lugar en el país, el cual estuvo basado en negociaciones entre las principales fuerzas políticas, las cuales establecieron los términos en los que se podía participar en la competencia por los votos, la representación legislativa y el Poder Ejecutivo, pero dejaron en segundo plano la configuración de régimen político basado en un diseño institucional integrado y coherente. La estructura institucional del régimen político tras la alternancia no ha conseguido fortalecer un sistema integral de rendición de cuentas que fortalezca el Estado de derecho (López-Ayllón y Merino, 2010), e inclusive las instituciones que fueron creadas para garantizar y promover los derechos ciudadanos han sido colonizadas por intereses partidistas y/o poderes fácticos (Olvera, 2010 y 2012).

Paralelamente, las relaciones entre ciudadanos, representantes y régimen político han sido objeto de un pronunciado desgaste. De manera consistente, los estudios muestran que los ciudadanos sienten desapego hacia las instituciones estatales, y en particular hacia las instituciones representativas (Del Tronco, 2012; Maldonado, 2013). No se trata sencillamente de un distanciamiento crítico, sino de una compleja relación entre distintos determinantes, como lo ilustra la causalidad recíproca entre la percepción de la corrupción y la desconfianza en las instituciones (Morris y Klesner, 2010).

Los mecanismos de la desafección política son diversos. Las denuncias de actos de corrupción y arbitrariedad perpetrados por legisladores, gobernantes y funcionarios, seguidas de la falta de justicia cierta y expedita, contribuyen a alimentar el cinismo y el desencanto político. La persistencia de rituales públicos basados en el culto popular a la personalidad de los gobernantes alienta la reproducción de una cultura pública que continúa siendo paternalista y autoritaria. La combinación de la desconfianza y el desapego hacia las instituciones representativas con la persistencia de identificación con los principales partidos políticos producen un "partidismo cínico" entre la población (Martí, 2013) y el surgimiento de expresiones de protesta, como el movimiento de los "anulistas" del voto (Cisneros-Yescas, 2013) que denuncian las dificultades existentes para lograr que los representantes rindan cuentas de manera efectiva.

Si el control democrático en México padece las deficiencias señaladas hasta aquí, ¿qué se puede decir del papel de la política deliberativa en este contexto? La realidad es que la deliberación ha desempeñado una función fragmentaria e incipiente como mecanismo de control democrático. Esto no significa, sin embargo, que esté ausente. Aunque se requiere una indagación más sistemática, en lo que sigue discutiré qué tanto se han desarrollado capacidades deliberativas entre los actores e instituciones públicos y qué tanto ésas han sido consecuentes en términos de las decisiones públicas adoptadas.

Las capacidades deliberativas son disposiciones que permiten combinar recursos, condiciones y habilidades para sostener una comunicación política. Las instituciones y organizaciones cuentan con capacidades deliberativas en la medida en que tienen foros, espacios y normas para el debate, la discusión y la decisión colectiva. Los grupos sociales y los individuos desarrollan capacidades deliberativas cuando pueden participar en procesos de interlocución, debate y decisión con base en argumentos y justificaciones. El desarrollo de capacidades deliberativas en las instituciones públicas y en los actores sociales ha seguido una pauta divergente y heterogénea en México. Desde la década de los años ochenta del siglo pasado, y en especial a partir de los años noventa, se ha incrementado el número de actores y organizaciones sociales con capacidades técnicas y de incidencia pública. En los principales centros urbanos del país -y en especial en el Distrito Federal-, distintas organizaciones y movimientos sociales han conseguido posicionarse como interlocutores públicos y como instancias de control gubernamental. Sin embargo, la distribución de capacidades deliberativas en la esfera pública y en el campo asociativo sigue una pauta polarizada y contrastante. Así como se registra la consolidación de un número limitado de organizaciones (think tanks) y de asociaciones altamente profesionalizadas que participan activamente en los debates públicos, también existe un amplio conjunto de organizaciones, movimientos e iniciativas que se caracterizan por la inestabilidad y la poca institucionalización. A pesar de la diversidad y el dinamismo que tipifican al terreno asociativo, es reducido el número de organizaciones prodemocráticas capaces de incidir en la agenda pública y en la rendición de cuentas (CIVICUS, 2010; Somuano, 2010). En cambio, persisten las asociaciones sociales, corporativas y gremiales estrechamente relacionadas con las redes políticas en las que se sostiene la captura de múltiples áreas del aparato estatal y gubernamental. Adicionalmente, el desarrollo de capacidades deliberativas en las organizaciones y movimientos sociales se ha visto limitado por la violenta censura del crimen organizado y el abierto activismo que diferentes actores políticos en los tres niveles de gobierno han promovido en contra de organizaciones civiles independientes, medios de comunicación locales, periodistas y defensores de derechos humanos.

Otro campo en el que se han fortalecido las condiciones para la deliberación es el de las capacidades institucionales formales. Durante las últimas tres décadas, a la estructura institucional del Estado -basada en la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema federal- se han incorporado distintos sistemas de órganos reguladores autónomos o descentralizados que pueden desempeñar un rol clave en un sistema deliberativo de control democrático y rendición de cuentas. El carácter colegiado de muchos de estos órganos implica que el intercambio público de argumentos y justificaciones adquiere centralidad para evaluar su desempeño. Aunque muchas de estas entidades están conformadas por comités de expertos y deben adoptar resoluciones bajo criterios estrictamente técnicos, sus decisiones y pronunciamientos son objeto del escrutinio público -es el caso, por ejemplo de los reguladores del mercado, como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica (creada a partir de la reforma constitucional de 2013)-.

En otros casos, por tratarse de entidades más directamente vinculadas a la rendición de cuentas públicas y la institucionalidad democrática -los órganos asociados al acceso a la información pública y gubernamental o la gobernanza electoral-, las deliberaciones que tienen lugar en los consejos decisorios de estas entidades tienen un alcance público más amplio. De forma paralela, los órganos autónomos que cumplen funciones de supervisión y contrapeso en la garantía de derechos ciudadanos, también pueden contribuir con sus agendas, resoluciones y pronunciamientos a una deliberación pública vigorosa. Esto ha sido señalado en relación con órganos unipersonales, como los ombudsman (Monsiváis-Carrillo y Brena, 2011: 476-479), pero tal apreciación es aplicable también a otras entidades públicas, como el Instituto de Acceso a la Información Pública y Gubernamental (IFAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), sus contrapartes subnacionales, y otras agencias regulatorias.

De igual manera, en los últimos años, en los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, se han incorporado una amplia variedad de formatos de consulta y participación pública que pueden describirse de manera genérica como "innovaciones democráticas". Entre los nuevos instrumentos se encuentran la promulgación de leyes de participación ciudadana, la creación de disposiciones para impulsar la participación y la contraloría social, diversos instrumentos públicos para la rendición de cuentas, y en algunos pocos casos la implementación de presupuestos participativos. En su conjunto, estos instrumentos han abierto la posibilidad de promover la deliberación en comités, comisiones, consejos y otras formas de incidencia pública (Hevia, Vergara-Lope y Ávila Landa, 2011).

El balance del fortalecimiento de las capacidades deliberativas en las instituciones estatales y gubernamentales, sin embargo, es mixto. A pesar de la creación de nuevos marcos institucionales y normativos, persisten considerables desafíos para que la deliberación sea en ellos una práctica común y consecuente. Son pocas las experiencias derivadas de la creación de estos instrumentos que hayan sido eficaces y duraderas. En la gran mayoría de los casos su función es retórica y decorativa. Cuando se consigue ir más allá, como en algunos consejos consultivos, es difícil trascender los formalismos y las inercias institucionales (Montes de Oca, 2014). Como regla general, las iniciativas para ampliar el potencial democrático, participativo y deliberativo en los espacios estatales y gubernamentales se han encontrado con la dificultad de transformar diversas estructuras y relaciones de poder entre intereses creados. Los órganos reguladores y garantes de derechos han seguido trayectorias de desarrollo institucional que culminan en la colonización partidista de esas instituciones (Olvera, 2010). Con todo y las innovaciones participativas de por medio, gobernantes, militantes partidistas y servidores públicos han mostrado una obstinada resistencia a la rendición de cuentas y la contraloría social (Isunza, 2012). Sin dejar de apelar en el discurso a las bondades de la participación ciudadana, numerosas iniciativas han sido capturadas por intereses de los partidos o grupos políticos, convirtiéndose en instrumentos de patronazgo o clientelismo (Tejera Gaona y Rodríguez Domínguez, 2012).

El segundo ejemplo lo constituye el proceso de reformas encabezado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Entre diciembre de 2012 y mediados del año 2014, el gobierno del priísta Peña Nieto consiguió la aprobación de once reformas estratégicas y la aprobación de más de 80 leyes secundarias. Luego de dos sexenios de gobiernos sin la capacidad de alcanzar acuerdos sobre temas clave para el país, la aprobación de las reformas en materia energética, fiscal, laboral, telecomunicaciones, transparencia, competencia económica, electoral, entre otras, constituyó un logro mayor en términos de operación política. Dejando de lado la discusión sobre el valor intrínseco de cada una de esas reformas, el proceso político que se siguió estuvo basado en el apoyo que le proporcionaron los partidos de oposición al partido del presidente. Este apoyo se basó inicialmente en el "Pacto por México", suscrito en diciembre de 2012 por los tres principales partidos políticos del país. Aunque tuvo que ser ratificado en mayo de 2013 para aprobar un "Adéndum" relacionado con la limpieza de las elecciones, y a pesar de que en diversas ocasiones los partidos de oposición renegaron o renunciaron a dicho acuerdo, este "Pacto" permitió al gobierno superar en diversas coyunturas las divisiones partidistas y sacar adelante su agenda legislativa. El proceso de reformas en su conjunto, sin embargo, careció de componentes públicos sustantivos de deliberación y justificación. Los propósitos, alcances y contenidos de las reformas no se debatieron ni se justificaron en foros legislativos o espacios constituidos para tal fin, sino que fueron producto de negociaciones estratégicas, efectuadas a puerta cerrada. Es cierto que la deliberación cerrada al público puede mejorar la calidad del debate y los productos políticos, pero debe compensarse con mecanismos de publicidad y control (Chambers, 2004). En este caso, más allá de las reacciones coyunturales o de la propaganda gubernamental en medios masivos de comunicación, los procesos de justificación pública del "Pacto por México" y las reformas efectuadas fueron pasados por alto.

Participación discursiva en México

Las encuestas de opinión pública son un instrumento empleado por un número creciente de analistas para investigar la dimensión discursiva del comportamiento político. De manera sistemática, Fishkin (2009) ha utilizado encuestas en sus experimentos deliberativos. Otros especialistas han aplicado encuestas diseñadas expresamente para indagar comportamientos deliberativos (Jacobs, Cook y Delli Carpini, 2009; Neblo, Esterling, Kennedy, Lazer y Sokhey, 2010) o han empleado encuestas para contrastar hipótesis específicas sobre la disposición a debatir con puntos de vista opuestos al propio (Mutz, 2006). Sin embargo, en México y otros países de América Latina, los comportamientos políticos discursivos no han sido plenamente incorporados a los instrumentos de medición que se han aplicado. Esto constituye una importante área de oportunidad para la investigación del comportamiento político por medio de encuestas.

El análisis que se presenta a continuación está hecho con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas "Encup 2012", financiada por la Secretaría de Gobernación del gobierno federal en México (Encup, 2012).⁵ Esta encuesta no contiene reactivos que pretendan analizar sistemáticamente la participación discursiva. Los indicadores disponibles miden la incidencia de hablar sobre política en situaciones cotidianas. Se trata de una aproximación parcial, pues discutir sobre política con amistades o con otras personas no necesariamente se traduce en otras formas de influencia política ni es un indicador apropiado de la manera en que se podría deliberar cuando sea necesario adoptar decisiones vinculantes de carácter público. Con todo, los indicadores disponibles proporcionan información suficiente para realizar una exploración de los comportamientos políticos discursivos en México.

Los indicadores de participación discursiva se pueden ver en el gráfico 2, junto con otros indicadores de participación política. Este gráfico reporta la incidencia de ocho tipos distintos de actividades: conversar sobre política, persuadir a otros para votar por este o aquel candidato, firmar documentos como señal de protesta o de apoyo a una causa, hacer solicitudes a funcionarios públicos o políticos empleando diversos medios, asistir a reuniones de partidos políticos, colaborar con candidatos o partidos durante las campañas electorales o asistir a alguna reunión en la colonia, barrio o comunidad con el objeto de resolver un problema común. De acuerdo con los datos de este gráfico, la frecuencia con la que se participa en este tipo de actividades es considerablemente poca -en algunos casos menos de 10% de la población las realiza al menos con cierta frecuencia-.

Las variables de interés en este estudio presentan el siguiente comportamiento: al menos algunas veces 36.7% conversa con otras personas sobre política; 15.6% intenta persuadir a los amigos para votar por ciertos candidatos y, 28.5% asiste a reuniones en la comunidad, la colonia o el barrio. Esta última variable puede ser un indicador indirecto de una cierta disposición a debatir o deliberar. A las reuniones de la colonia se asiste para participar en la resolución de los problemas comunes, y esa participación suele ser debatiendo y votando. Asistir no es igual a tomar la palabra, pero constituye en sí misma una experiencia de acercamiento a una discusión colectiva. Ahora bien, si se comparan los indicadores de participación discursiva en México con los que encuentran Jacobs, Cook y Delli Carpini (2009), se percibe una notoria diferencia. En el estudio (Ibíd, 2009: 37), 68% se involucra en conversaciones políticas, 24% en conversaciones políticas por internet; 25% discute cara a cara con otros sobre temas de interés público; 47% trata de persuadir a otros sobre su punto de vista con respecto a un tema público, y 31% reporta haber intentado influir en el sentido del voto de otras personas.

Una primera aproximación a los determinantes de estos comportamientos se presenta en el cuadro 2. Los datos sugieren que las formas de participación discursiva están asociadas tanto con las condiciones sociales de las personas como con sus valores y disposiciones políticas. Por ejemplo, las diferencias de proporciones entre personas del sexo masculino y femenino son notorias cuando se trata de conversar sobre política y llevar a cabo actos de persuasión electoral; también es característico el papel que juegan los altos niveles de escolaridad en los resultados de las tres variables de interés; asimismo, es visible que la identificación con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como tener una ideología de izquierda, predispone a asistir a reuniones comunitarias, conversar sobre política y persuadir a otros en materia electoral. Éstas y otras tendencias que se registran en el cuadro 2 son analizadas de manera sistemática a través de un modelo que se describe a continuación.

Con la finalidad de identificar los determinantes de las formas de participación discursiva, estimé el efecto que tienen cuatro conjuntos de variables en los indicadores seleccionados: condiciones socioeconómicas; recursos políticos; capital social y participación, y actitudes y disposiciones políticas.⁶

Recursos políticos. Para intervenir en una conversación sobre política en una reunión de vecinos o para convencer a alguien de las ventajas de votar por determinados candidatos hace falta contar con habilidades de comunicación, pero también con opiniones e información política. Por esta razón, postulo que variables como el interés en la política, el nivel de información política con el que cuentan las personas y los hábitos de consumo noticioso pueden ser determinantes de los niveles de involucramiento en diversas modalidades de discusión política.

Capital social y participación. Las condiciones socioeconómicas de las personas, su interés por la política y su disposición a informarse sobre asuntos políticos deben ser considerados junto con las experiencias de participación y asociativismo que han tenido. Para evaluar estas experiencias, analizaré la influencia que tienen la confianza interpersonal y diversas formas de participación pública y política en las variables dependientes. Una de las hipótesis es que la confianza en otras personas facilita la disposición de los individuos a dialogar con ellos, discutir e inclusive intentar modificar sus preferencias electorales. Del mismo modo, otras formas de acción individual o colectiva pueden servir como mecanismos de entrenamiento en las prácticas deliberativas. Analizaré, por lo tanto, qué tanto influyen las iniciativas para organizarse con otras personas, asistir a manifestaciones, o emprender acciones públicas; las diferentes manifestaciones de apoyo a causas de distinta índole; las acciones dirigidas a contactar autoridades gubernamentales, y las expresiones de solidaridad hacia personas en condiciones de desventaja.

Actitudes y disposiciones políticas. Por último, sostengo que la participación discursiva está influenciada por las convicciones político-normativas y las actitudes políticas de las personas. Las concepciones que se tienen del deber ser de la política, la evaluación del entorno político y otras actitudes pueden fungir como resortes o mecanismos que inducen la participación.

La evaluación de los efectos de estos grupos de variables los realicé mediante tres modelos de regresión logística, cuyos resultados se exponen en el cuadro 3. Discutiré los resultados de cada modelo por separado.

Asistencia a reuniones con el objeto de resolver los problemas del barrio, colonia o comunidad. Como se mencionó más arriba, este indicador no es estrictamente una medida de participación discursiva. Se trata de un indicador de participación social o comunitaria. No obstante, es una variable que mide la disposición a asistir a encuentros en los que se podría registrar algún tipo de deliberación pública. Los resultados que se presentan en el cuadro 3 muestran que se trata de un fenómeno con características distintivas. Hay que destacar, antes que nada, que este tipo de participación no parece estar asociado con las características socioeconómicas de la población. Ninguna de las variables de ese bloque tiene una asociación estadísticamente significativa. Esto indica que el sexo, la edad (aunque en el cuadro 2 se muestra que los menores de 24 años acuden menos a esas reuniones), la escolaridad y el estatus socioeconómico no ejercen influencia: todos asisten (o no asisten) por igual a estas reuniones.

Las cosas cambian en los otros bloques: por un lado, los niveles de información política y consumo noticioso son determinantes asociados a la asistencia a estas reuniones, pero no así el interés en la política. La confianza interpersonal tampoco resulta una variable decisiva, como sí lo son las tres variables que miden diversas formas de participación pública, y en especial la que mide la realización de acciones dirigidas a contactar a las autoridades gubernamentales. En el bloque que evalúa los efectos de las actitudes y disposición políticas, las variables que tienen efectos positivos son las que dan cuenta de la identificación con la democracia, la satisfacción con la democracia en México y la percepción de eficacia política. La identificación partidista no tiene efectos relevantes, ni tampoco la ideología política, aunque hay que destacar el contraste entre quienes se identifican con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y quienes se identifican con el PRD. En este último caso, la asociación es positiva, mientras que en los dos anteriores es negativa -es decir que la identificación con esos dos partidos disminuiría los momios u oportunidades de asistir a esas reuniones-.

Conversar sobre política. Los resultados del modelo indican que la frecuencia con la que se conversa con otras personas acerca de política puede ser estimada a partir de los cuatro tipos de variables explicativas. En primer lugar, el cuadro 3 muestra que ser mujer se asocia negativamente con la conversación sobre política, mientras que pertenecer a un estrato socioeconómico medio o alto incrementa las oportunidades de hablar sobre política. La escolaridad, de manera sorpresiva, no parece tener efectos. Esta relación se mantiene inclusive si se emplea una medida más estricta de los altos niveles de escolaridad. En segunda instancia, hablar sobre política parece ser un efecto del interés en la política, el nivel de información política y el nivel de consumo noticioso. Esto corrobora la hipótesis de que los recursos informativos son un elemento que favorece la participación discursiva. En tercer lugar, con excepción de la confianza interpersonal, las experiencias de acción y participación pública también están asociadas estadísticamente con la variable dependiente. Finalmente, en el último bloque sólo la identificación con la democracia y la eficacia política externa aparecen como factores determinantes. Ni la identificación partidista ni la ideología tienen efectos sistemáticos; tampoco los tiene la satisfacción con la democracia, la cual inclusive parece tener una asociación negativa con la disposición a conversar sobre política.

Persuasión electoral. Tratar de convencer a otros de votar por determinados candidatos es la tercera forma de participación discursiva que está siendo examinada. El cuadro 3 ilustra que este comportamiento está asociado a los cuatro tipos de determinantes propuestos, aunque las variables que resultaron estadísticamente significativas le dan un perfil particular a las causas de este fenómeno. Por un lado, las condiciones socioeconómicas que continúan siendo relevantes son el sexo y el estatus socioeconómico. Tampoco la escolaridad parece ser un determinante con efectos sistemáticos sobre la variable dependiente. De igual manera, las tres variables del grupo de recursos políticos mantienen sus efectos estadísticamente significativos. En el bloque que mide el capital social y la participación, aparece la confianza interpersonal como una variable determinante, mientras que el efecto de las actividades de solidaridad desaparece; los efectos de las otras tres variables se mantienen. En el último bloque resultan estadísticamente significativas las orientaciones ideológicas de izquierda y derecha, al tiempo que no hay efecto visible de la identificación partidista y, curiosamente, desaparecen los efectos de la identificación con la democracia, la satisfacción con la democracia y la eficacia política externa.

El análisis muestra que, aunque con especificidades propias, la participación discursiva es consecuencia de una clara disposición a involucrarse con lo público. De manera consistente, la participación discursiva aparece asociada al interés en la política, la información política y el consumo de noticias políticas; de igual manera, se relaciona con diversas expresiones de involucramiento social, político y cívico. En estos comportamientos también intervienen otras variables: la identificación con la democracia, la percepción de eficacia política externa y la ideología política -esto último, especialmente cuando se trata de convencer a otros de votar por algún candidato en especial-. Asimismo, resultan determinantes el sexo de las personas y su estatus socioeconómico, reiterando la evidencia de que las mujeres y quienes disponen de menos recursos socioeconómicos están en desventaja en términos de participación política.

Conclusiones

En este trabajo se ha realizado un acercamiento a los atributos deliberativos de la democracia y el comportamiento político en México. Los principales hallazgos pueden parecer poco sorprendentes. Por un lado, se señala que la legislación y las políticas públicas en pocas ocasiones -si alguna- se realizan en el marco de un proceso en el cual la deliberación y las justificaciones públicas son sustantivas y consecuentes. La clave parece radicar en las dificultades que han existido para construir mecanismos que articulen los debates que tienen lugar en la esfera pública, basados en aportaciones de diversas organizaciones sociales y actores políticos con los procesos de decisión y control democráticos.

Por otro lado, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política 2012, se analizaron los determinantes de la participación discursiva entre la población mexicana. Los resultados ofrecen elementos para apreciar los importantes desafíos que enfrenta el país en términos del fortalecimiento de las capacidades deliberativas de la ciudadanía. La incidencia de la participación discursiva es reducida aun teniendo en cuenta que el costo de los comportamientos deliberativos es prácticamente nulo: se trata de hablar de política o de persuadir a alguien de votar. Por otra parte, al estar asociada al interés y la información política de las personas, a sus experiencias asociativas y participativas en otros planos y a sus valores políticos, la participación discursiva parece ser un recurso de las personas que ya manifiestan atributos de un compromiso cívico más general. El hallazgo más relevante, sin embargo, es que la participación discursiva se registra en mayor medida entre las personas que tienen condiciones socioeconómicas más favorables. Si la reducida incidencia de este fenómeno es una cuestión que afecta adversamente las capacidades democráticas de la ciudadanía, el hecho que se exprese con mayor frecuencia entre las clases medias y altas (y entre los hombres) permite constatar que la democracia en México enfrenta un sensible desafío de inclusión efectiva de la ciudadanía en la política.

En general, los resultados podrían interpretarse como una demostración de que no tiene mucho sentido buscar atributos deliberativos donde hay pocas probabilidades de encontrarlos. Sin embargo, el argumento formulado en este trabajo es precisamente el opuesto. Se postula que es necesario rastrear e identificar los atributos deliberativos de los procesos políticos y el comportamiento político, pues constituyen indicadores importantes de la construcción de controles democráticos en un régimen. En este texto se defiende una concepción de la democracia deliberativa que sirva como perspectiva heurística para identificar la construcción o el deterioro de mecanismos de control político de carácter deliberativo. Esta perspectiva no implica asumir que la política deliberativa deba constituirse como el mecanismo exclusivo de legitimación democrática. Antes bien, busca sistematizar la intuición generalizada de que la democracia requiere diálogo y justificaciones públicas.

El estudio de la política deliberativa puede ser laborioso y tener un alto costo de oportunidad, sobre todo, si se encuentra poca evidencia deliberativa y si resulta que la deliberación tiene pocas consecuencias relevantes. No obstante, se trata de un componente de la acción pública que debe ser tomado en cuenta en la explicación de los procesos empíricos, en la teoría normativa y en el diseño institucional. La investigación empírica debe mostrar las condiciones en las que la deliberación es, junto con otros factores políticos, un elemento clave para dar cuenta del proceso y los resultados de las decisiones públicas. Esta información puede aportar a la teoría normativa al proporcionar evidencia empírica de la realización de los ideales políticos en la práctica. Asimismo, puede proporcionar evidencia relevante para la configuración de diversos mecanismos institucionales de consulta y decisión pública, tanto en la implementación de programas públicos como en la organización del trabajo partidista, legislativo y parlamentario. Insumos que pueden favorecer el escrutinio y las justificaciones públicas en los diversos componentes del sistema político, no simplemente promoviendo mayores espacios de participación política, sino aportando a la construcción de relaciones de representación política mejor equipadas para la rendición de cuentas.

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Notas

² Denomino "democracias deficientes" a los regímenes políticos que, sin ser sistemas autoritarios, adolecen de diversos déficits en su funcionamiento en tanto regímenes democráticos. Existe una amplia variedad de términos para referirse a esas democracias de mediana y baja calidad. En este contexto, el uso del término es indicativo y no pretende constituirse como criterio clasificatorio.

³ Traducción del autor.

⁴ Véase: Steiner, Bächtiger, Spörndli y Steenbergen (2005).

⁵ La Encup 2012 es una encuesta representativa de alcance nacional y regional, con una muestra de 3 750 casos, levantada en el mes de agosto de 2012.

⁶ Véase el anexo para conocer la operacionalización de las variables que se describen en este análisis.

⁷ Agradezco a Gerardo Maldonado haber sugerido poner énfasis en este punto.