Convergencia partidaria y cambio social. El caso de México (1982-2010)

Policy convergence and social change. The case of México (1982-2010)

Steven Iván Johansson Mondragón*

* Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Av. Universidad 3000, Col. Copilco Universidad, Deleg. Coyoacán, México, 04510. Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAH. Sus principales líneas de investigación son partidos políticos, ideologías partidarias y políticas públicas. E-mail: sjmondr@yahoo.com.mx

Recibido el de 28 de agosto de 2011
Corregido de 19 de enero de 2012
Aceptado el 23 de enero de 2012

Resumen

El presente trabajo analiza la vinculación entre la convergencia partidaria y los cambios sociales en México. Aun cuando el núcleo central de la teoría parece poco adecuado para dar cuenta del caso mexicano (la estructura social mexicana está lejos de estar dominada por sus clases medias), no cabe duda que algunos de los cambios experimentados por esta sociedad (como la evolución, durante las últimas décadas, de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo) sí pueden contribuir a explicar la convergencia ideológico-programática de los partidos políticos en México.

Palabras clave: convergencia partidaria, cambio social.

Abstract

Keywords: policy convergence, social change.

Introducción

El tema de la distancia ideológica que separa a los principales partidos políticos de las democracias occidentales ha dado lugar, en las últimas décadas, a un debate académico que opone, por un lado, a los partidarios de la hipótesis de la convergencia (convergence hypothesis) y, por otro, a los que defienden el supuesto de que los partidos aún importan (parties-do-matter hypothesis). Mientras que los primeros advierten una tendencia a la convergencia ideológico-programática de partidos con orientaciones inicialmente diferentes, los segundos insisten en que el signo ideológico de los partidos aún sigue siendo una variable determinante de las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos. En otras palabras, para unos, la distancia ideológica entre esos partidos ha tendido a disminuir (hasta llegar a ser, en algunos casos, irrelevante); para los otros, esa distancia sigue siendo significativa.

La percepción que parece prevalecer en México es la de una distancia significativa entre los tres principales partidos políticos o, por lo menos, entre uno de ellos y los otros dos. Si bien se han destacado las crecientes similitudes entre los programas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) sigue siendo ubicado "mucho más a la izquierda" que sus contrapartes.¹ Existen, sin embargo, evidencias que contradicen esta percepción. Durante su VI Congreso Nacional, en abril de 2001, el PRD hizo explícita su adhesión al libre mercado al asumir que "mercado y democracia son ahora dos variables centrales de la construcción de los nuevos derroteros de la izquierda nacional y mundial".² La declaración, que recuerda la sentencia del Partido Socialista Francés de 1991 ("Le capitalisme borne notre horizon historique"),³ marca el colofón de una evolución que condujo al partido de una crítica frontal al neoliberalismo a la aceptación de una "mayor participación de la empresa privada en los mercados".⁴

Las posturas asumidas por los candidatos presidenciales del PRD constituyen una buena ilustración de las concesiones hechas por la izquierda en la pasada década al modelo económico dominante. En una conferencia dictada en enero de 2000, el entonces candidato presidencial de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, al fijar su posición sobre la inserción del país en la economía globalizada, explicó que concebía el "cambio estructural" con base en la "apertura de la economía y la operación mundial de los mercados y flujos de capital", añadiendo que "nadie con los pies en la tierra propondría políticas aislacionistas o proteccionistas a ultranza".⁵ En 2006, el candidato en turno, Andrés Manuel López Obrador, inició su campaña garantizando que, en caso de resultar vencedor, habría orden macroeconómico y disciplina en el manejo de la inflación y del déficit público, además de atender los "fundamentos actuales de la economía mundial, de la llamada globalización pero ejerciendo nuestra libertad para aplicar puntos de vista y la política que más convenga al interés nacional".⁶

Estos ejemplos muestran que el sistema de partidos en México no ha escapado (o, por lo menos, no del todo) a un fenómeno que ha llamado la atención, desde la década de 1950, de un gran número de estudiosos de los partidos y de las políticas públicas: la policy convergence (convergencia en materia de políticas públicas), expresión que alude al declive de las diferencias ideológicas intensas y, en términos espaciales, a la convergencia al centro de partidos que antes se ubicaban a la izquierda y a la derecha del espectro político.

En sus primeras formulaciones, la tesis de la convergencia circunscribió el fenómeno a los grandes partidos de las sociedades desarrolladas de Europa y de América del Norte, descartando que ésta pudiera presentarse en los países subdesarrollados en donde la política es "más compleja" porque "aún existe la necesidad de controversia y de ideología intensas", en la medida en que los problemas de la industrialización no han sido resueltos. En estos últimos países, el socialismo no puede ser conservador, ni siquiera "progresista moderado" y, para competir contra los comunistas, debe prometer mejorar la situación de las masas.⁷ Y es que, para los principales exponentes de esta tesis, la policy convergence se relaciona con la industrialización y la prosperidad que ésta conlleva. La prosperidad económica, se argumenta, reduce las divisiones de clase profundas, propiciando la ampliación de las clases medias y el declive de la conciencia de clase y de la correlación entre clase y voto. Estos cambios en la estructura social llevan a los partidos a dirigir sus llamados a los sectores medios de la población y a correrse al centro del espectro político.

Trabajos más recientes han consignado la observación de la policy convergence más allá de estas regiones y en países con menores niveles de desarrollo. Así, el propio Lipset advierte que, tras el viraje a la derecha efectuado tanto por los partidos socialistas del "mundo desarrollado" como por los partidos de izquierda y populistas de África, Asia y América Latina, el fenómeno ocurre en "casi todos los países democráticos".⁸

¿Encuentran estas interpretaciones algún sustento en los cambios en la estructura social mexicana? El presente trabajo busca poner a prueba, en el caso de México, la explicación que vincula la convergencia partidaria con los cambios sociales. Se analiza, en una primera sección, la evolución de la estructura social mexicana antes y después de 1982. En una segunda, se sintetizan brevemente los cambios ocurridos en la clase obrera y en el empresariado. Se busca verificar, en la tercera sección, si se ha debilitado la relación entre identidad social e identidad partidaria. En la última parte, se cuestiona si ha habido un cambio en los valores y en las actitudes de los electores que presione hacia la convergencia.

Los cambios en la estructura social mexicana

La visión de una sociedad mexicana crecientemente dominada por sus clases medias parece encontrar algún sustento en la evolución de la estructura social en el periodo que va de la segunda posguerra hasta fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, pero no hay indicios de que la tendencia se haya mantenido después de 1982.

El periodo 1940-1982

Esta etapa se caracterizó, en efecto, por un incremento numérico de las clases medias y un relativo descenso de las clases 'bajas'. Esto es, al menos, lo que se desprende de la evolución de algunos de los indicadores con los que se suele medir el crecimiento de las clases medias: grado de urbanización, crecimiento del sector terciario, cambios en la distribución del ingreso, grado de acceso a los servicios de salud y de educación.

El cuadro 1 muestra el proceso de urbanización entre 1940 y 1980. La población de localidades de menos de cinco mil habitantes se redujo sensiblemente (de representar, en 1940, 72.4% del total de la población, pasó a simbolizar poco menos del 40% en 1980), mientras creció fuertemente la de las localidades de más de veinte mil habitantes (18.4% de la población total en 1940, 49.8% en 1980).

Este proceso estuvo acompañado, en el mismo periodo, de un crecimiento de los sectores terciario y secundario y de un fuerte decrecimiento del sector primario. La población empleada por este último se redujo en más de la mitad (aún así, seguía siendo, en 1980, ligeramente superior a la de los otros dos sectores), pasando de 67.3% en 1940 a 37% en 1980, mientras que la del sector secundario pasó, en el mismo lapso, de 13.1 a 29% y la del sector terciario de 19.6 a 33.9% (cuadro 2).

La evolución de la distribución del ingreso pone en evidencia el enriquecimiento relativo, durante el periodo 1963-1984, de los estratos medios y bajos logrado a costa del 10% más rico de la población (cuadro 3). Este último habría perdido, en efecto, 12.1 puntos porcentuales (de concentrar el 50.2% del ingreso total en 1963, habría pasado a concentrar tan sólo el 38.1 en 1984), de los cuales tres habrían pasado al 40% más pobre (que pasó de recibir 7.5% del ingreso al principio del periodo a 10.5% al final) y 9.1 al 50% intermedio (que pasó de 42.3 a 51.4%).¹¹ Es posible, por último, apreciar durante el periodo una importante mejora en el acceso a la educación. Entre 1970 y 1980, la población adulta sin instrucción se redujo de 31.6 a 16.1%: sin primaria, de 70.5 a 48.3%, sin secundaria, de 91.1 a 76.2%.¹²

Estos dos últimos investigadores evidenciaron una lenta, aunque constante, progresión de las clases medias y un declive paralelo de las clases bajas entre finales del siglo XIX y 1970. Estas últimas habrían pasado de un predominio abrumador en 1895 (90% de la población) a uno menos contundente en 1980 (64%). Las clases medias -prácticamente inexistentes a fines del siglo XIX (representaban menos del 10% de la población)- habrían pasado a representar cerca de una tercera parte de la población en 1980 (31%).¹⁶

Los datos de Granato y Mostkoff muestran, sin duda, una clara tendencia a la ampliación de las clases medias y a la reducción de la (abrumadora) proporción de las clases bajas con respecto a la población total, tendencia confirmada por los datos sobre la distribución del ingreso (ver supra cuadro 3). Pero también evidencian que hacia 1980 México estaba a una distancia enorme de la estructura social que presentaban para entonces las sociedades desarrolladas, caracterizadas por un creciente equilibrio entre el peso relativo de las clases medias y bajas. Estas últimas seguían siendo, en 1980, ampliamente dominantes representando un poco más del doble de las clases medias (63.7 contra 31.1%).¹⁷

Después de 1982

Existen, como se ha visto, bases relativamente sólidas para afirmar que las clases medias crecieron hasta fines de los setenta principios de los ochenta. Pero, ¿qué ha sucedido desde entonces? En la conclusión de su estudio, Granato y Mostkoff proyectaban dos escenarios: uno optimista, en el que la tendencia observada a lo largo de cerca de un siglo continuaba (escenario representado en la gráfica anterior); el otro pesimista, en el que podría ocurrir una inversión de la tendencia.

Se ha afirmado que el crecimiento de las clases medias estuvo asociado al modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones,¹⁸ es probable que el cambio de éste haya afectado la tendencia. No se tienen, para el periodo posterior a 1980, estimaciones de la evolución de la estructura social por lo que sólo se puede recurrir a los indicadores presentados al inicio de este trabajo. Algunos de ellos (como los relativos al grado de urbanización, a la dimensión del sector terciario y a la expansión de los servicios educativos) apuntan en la dirección de una prolongación de la tendencia, es decir, hacia el escenario optimista.

La proporción de la población empleada en el sector terciario, por ejemplo, ha seguido creciendo a un ritmo muy elevado (rebasó, entre 1990 y 1995, el 50% de la población económicamente activa, alcanzando, en 2010, el 62.8% de ésta), mientras que la empleada en el sector primario ha ido disminuyendo a un ritmo acelerado (se redujo en más de 60% entre 1980 y 2010, pasando de 36.5 a 13.3% de la población económicamente activa (cuadro 4)). En el sector secundario empezó a revertirse la tendencia al alza observada hasta 1980. La proporción de la población empleada en ese sector decreció ligeramente entre 1980 y 2000, pasando de 29.3 a 28.7% de la PEA, pero registró una caída significativa (de casi cinco puntos porcentuales) durante la última década.¹⁹

La tendencia a la expansión de la educación también se mantiene, aunque a un ritmo inferior al del periodo anterior. La población adulta sin instrucción se contrajo entre 1980 y 2000 de 16.1 a 10.2 a 8.6% en 2005, mientras que la población adulta con primaria pasó de 51.7 al 70.9% entre 1980 y 2000 y a 76.5% en 2005 y la población con secundaria de 23.8 a 46.9 y 36.7% respectivamente (ver cuadro 5).

Sin embargo, si se observan los datos relativos a dos de los elementos que hicieron posible el crecimiento de las clases medias durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones (el crecimiento económico y la evolución de los salarios reales), cabe preguntarse si los anteriores indicadores (crecimiento del sector terciario, acceso a los servicios de educación) constituyen un buen instrumento para evaluar los cambios en la estructura social.

Tasas de crecimiento relativamente elevadas parecen ser, en efecto, una condición necesaria para que la distribución del ingreso pueda inclinarse del lado del trabajo,²⁰ generando una mayor riqueza en los estratos que obtienen la mayor parte de sus ingresos de los salarios. Mientras que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6.48% durante el periodo 1952-1982, éste fue de apenas del 2.18% entre 1983 y 2009.²¹

En cuanto a los salarios reales, éstos experimentaron una fuerte caída a partir de 1976, año este último en que alcanzaron su máximo nivel histórico. Así, por ejemplo, los salarios reales industriales en la ciudad de México, que habían crecido poco más de 190% entre 1952 y 1976, cayeron 34.6% tan sólo entre 1976 y 1985,²² provocando un "deterioro sin precedentes" en el estándar de vida de la población.²³ La situación no parece haber mejorado mucho desde entonces. Si bien los salarios industriales reales se recuperaron entre 1988 y 1994 (creciendo un 20.7%), volvieron a caer entre 1994 y 1999 (retrocediendo un 21.4%).²⁴ Durante la última década, las remuneraciones medias reales de la industria manufacturera experimentaron una recuperación, creciendo un 16.2% entre 2000 y 2009.²⁵

Bortz sugiere que la explicación de la inversión de la tendencia no debe buscarse solamente en las tasas de crecimiento de la economía, sino también en factores estrechamente vinculados a los modelos económicos en vigor antes y después de 1976. Para este autor, dos elementos contribuyeron (además del crecimiento sustancial del empleo estimulado por las tasas de crecimiento) a las "fuertes ganancias salariales para los trabajadores mexicanos" del periodo 1952-1976: los incrementos salariales otorgados por los industriales mexicanos con el propósito de expandir el mercado doméstico y la "política del gobierno", la cual se inclinó hacia el fortalecimiento del mercado interno. Este investigador demuestra, en efecto, que el gobierno utilizó, sobre todo a partir de la década de 1960, el salario mínimo oficial para estimular el crecimiento del salario industrial, empujándolo "más allá del salario contractual".²⁶

A partir de la crisis financiera de 1976, los sucesivos gobiernos utilizaron la política salarial, y particularmente el salario mínimo, para contener la inflación y restringir los incrementos de los salarios contractuales.²⁷ La tendencia, observada por Bortz para el periodo 1976-1985, se ha mantenido desde entonces. El salario mínimo no ha dejado, en efecto, de caer en términos reales: en 1994 había caído 30% con respecto a 1985 (y 60% con respecto a 1976)²⁸ y entre 1994 y 2011 acumuló una nueva caída de 26.5%.²⁹

La tendencia no parece haberse modificado en lo fundamental durante la década de 2000. Una vez más, son los sectores medios los que registran una disminución de su participación en el ingreso: entre 2002 y 2008, la participación del 50% intermedio perdió 0.7 puntos porcentuales mientras que la del décil más rico creció ligeramente (0.7%); la del 40% más pobre permaneció sin variación.

Si hacia 1980 no era posible afirmar que la estructura social mexicana estuviera cerca del patrón de una clase media mayoritaria, flanqueada en sus dos extremos por una clase privilegiada y otra de excluidos, esto parece ser aún más cierto treinta años después. Todo parece apuntar, en efecto, a una reversión de la tendencia que pareció dibujarse hasta 1982 al crecimiento de los sectores medios -tendencia asociada al modelo de industrialización por sustitución de importaciones- y que el modelo económico actual no parece capaz de reproducir.

Si se atiende a la lógica de la tesis partidaria-ideológica (según la cual los grupos de menores ingresos serían proclives a apoyar a los partidos de izquierda para mejorar sus retribuciones, mientras que los de mayores ganancias se opondrían a ellos para mantener sus privilegios económicos),³³ la estructura social mexicana parece poco propicia a favorecer un comportamiento político 'conservador'.

Los cambios en la clase obrera

Para la tesis de la convergencia, el crecimiento de la clase media va acompañado de un declive de la clase obrera. En México, los datos disponibles muestran, durante la última década, un ligero decrecimiento de esta clase en términos numéricos. La población empleada en el sector secundario -sector que emplea a una gran proporción de obreros- prácticamente se duplicó entre 1950 y 1980, al pasar de 16.7 a 29.2% de la PEA. En las siguientes dos décadas, esta cifra decreció ligeramente (28.8% en 1990, 28.7% en 2000), mientras que en los últimos diez años la contracción fue más significativa (23.9% en 2010).³⁴ Si se toma como indicador a los empleados que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) define como "trabajadores industriales", se observa que su número como proporción de la PEA se mantuvo prácticamente constante entre finales de los 80 y el 2000 (27.52% en 1988, 27.26% en 2000), pero empezó a disminuir ligeramente a partir de 2001 (alcanzando 26.39% en 2008).³⁵

Esta recomposición ha tenido efectos importantes sobre el movimiento sindical, pues la industria maquiladora se caracteriza por tener un número significativo de sindicatos "blancos" (es decir, controlados por los patrones), así como por la "alta rotación externa" cuya tasa a fines del siglo XX era cercana al 80% anual.³⁸ Entre los cambios recientes que ha experimentado el movimiento sindical mexicano destacan, por un lado, la creciente debilidad del sindicalismo corporativo y, por otro, el surgimiento de un nuevo sindicalismo independiente. No está claro, como se verá más adelante, si estos cambios lo han fortalecido o debilitado. Otra de las transformaciones apunta claramente en el sentido de una mayor debilidad: la caída en la tasa de sindicalización.

Caída de la tasa de sindicalización

Las diversas estimaciones de la tasa de sindicalización (indicador con el que se suele medir la fuerza del movimiento sindical), muestran una caída durante las décadas de 1980 y 1990. La Botz estima, por ejemplo, que la tasa general bajó de 30 a 20% entre 1984 y 2000,³⁹ mientras que para Bensusán y Alcalde (basándose en datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso y Gasto de los Hogares), la proporción de trabajadores asalariados de catorce años o más que declararon pertenecer a un sindicato se redujo 8.5 puntos porcentuales entre 1984 y 1996, pasando de 24.4% a 15.9%.⁴⁰

Las tasas de sindicalización también han caído en los establecimientos manufactureros (en donde son, por cierto, muy superiores al promedio) en los que las encuestas muestran una reducción de 8% entre 1993 y 1995, superior a la reducción del empleo en la industria (4%). La reducción ha sido particularmente notable en los "sectores tradicionalmente sindicalizados", en donde se encontraban los "grandes sindicatos nacionales": transporte y telecomunicaciones (50.3 al 18.2%), electricidad y agua (63.9 al 47.4%), minería y extracción de petróleo (48.5 al 36.2%), servicios comunitarios y sociales (36.6 al 25%).⁴¹

Debilitamiento del sindicalismo corporativo

Este debilitamiento se explica, en parte, por la relajación del 'arreglo corporativo'. Si bien es cierto que éste se ha mantenido como mecanismo de intercambio de apoyos entre sindicatos 'oficiales' y el Estado, como lo destacan la mayoría de los observadores,⁴² aun después de la llegada a la Presidencia de un partido distinto al PRI ,⁴³ las bases que sustentaron el 'pacto' capital-trabajo-Estado hasta mediados de la década de 1970 sí parecen haber menguado: estabilidad del empleo, aumentos salariales constantes y protección del Estado (otorgados a los trabajadores a cambio de que sus organizaciones renunciaran a objetivos y formas de lucha radicales, permitiendo la maximización de los beneficios del capital, el crecimiento económico y la paz civil interna).⁴⁴

El desprendimiento, a partir de 1997, de varios sindicatos del Congreso del Trabajo (CT) que han buscado promover una alternativa al sindicalismo oficialista -el llamado "nuevo sindicalismo"-, también ha mermado la fuerza del sindicalismo 'oficial'. Sin embargo, este último mantiene aún un amplio predominio. En 1978 (último año para el que se tiene una estimación completa, es decir, una que incluya, además de los trabajadores de la jurisdicción federal, los de la jurisdicción local) el CT afiliaba a un total de 2 238 000 trabajadores: 83.9% de los trabajadores del "apartado A", 99.8% de los trabajadores del "apartado B" (trabajadores al servicio del Estado) y 73.5% de los trabajadores de la jurisdicción local.⁴⁵ En el año 2000, tras la pérdida de importantes contingentes -como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM)-, el CT todavía representaba al 67.1% de los trabajadores del "apartado A" y a la casi totalidad de los trabajadores del "apartado B".⁴⁶

Pero la principal fuente de debilidad del sindicalismo corporativo parece residir en las propias características de su estructura que, en algún momento, contribuyeron a su fortaleza pero que hoy actúan en sentido opuesto. Como lo expresan Bensusán y Alcalde, la estructura sindical mexicana, si bien resultó relativamente eficaz en el contexto de desarrollo centrado en el crecimiento del consumo interno, al facilitar la negociación política al alza de los salarios y condiciones de trabajo, "hoy constituye una camisa de fuerza que facilita la implementación de políticas gubernamentales y empresariales contrarias a los intereses de los trabajadores". De esta forma, agregan los autores, características que originalmente fueron consideradas como pilares de la fortaleza del sindicalismo "se han convertido en un factor de debilidad al limitar la capacidad de respuesta a distintos niveles que resultan decisivos -como la empresa, el sector y la región- y la coordinación de la acción sindical en el escenario nacional".⁴⁸

Para estos investigadores, la estructura del sindicalismo corporativo es "vertical y a la vez atomizada". El poder se encuentra concentrado en la cúspide (en los líderes de las grandes centrales y del CT), mientras que las "unidades locales de agremiación" son "débiles y fragmentadas", carecen de autonomía y de capacidad de decisión en las empresas y plantas, lugares estos últimos "donde actualmente se toman las decisiones que afectan directamente a los intereses de los trabajadores" (condiciones de trabajo, aumentos salariales).⁴⁹ Esta concentración del poder en las cúpulas hizo del Congreso del Trabajo, durante las épocas de crecimiento económico, el interlocutor sindical privilegiado del Estado, una "instancia de naturaleza política" que participaba en la definición de las políticas públicas a través de la presencia de sus miembros en puestos de elección popular y en la administración pública.⁵⁰

Pero, desde la década de 1980, los dirigentes del CT han ido perdiendo "presencia política" y, por lo tanto, poder de negociación. Así, por ejemplo, entre 1979 y 1997 la presencia de líderes obreros en la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados se redujo a la mitad, pasando de representar poco menos de la tercera parte de la fracción (31.4%) a poco menos de la quinta parte de ésta (17.28%).⁵¹

En este contexto de creciente pérdida de poder político de los líderes del sindicalismo oficial y de utilización del arreglo corporativo para estrechar el control del gobierno sobre los trabajadores (a través del control ejercido sobre las cúpulas), el ascenso de un nuevo sindicalismo independiente parecería apuntar hacia un fortalecimiento del movimiento sindical. Sin embargo, las condiciones en que surge uno de sus principales componentes (el llamado "nuevo sindicalismo") generan, como se verá enseguida, dudas sobre el significado (endurecimiento o, por el contrario, giro hacia el pragmatismo) de este ascenso para el movimiento obrero.

Ascenso de un nuevo sindicalismo independiente

La existencia de sindicatos que no pertenecen al Congreso del Trabajo o a alguna de sus centrales no es un fenómeno nuevo. Éstos parecen haber recibido un nuevo impulso desde mediados de la década de 1990: primero, con el agrupamiento de una parte importante del sindicalismo independiente en torno a la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM) en 1995; posteriormente, con la creación de una nueva central de trabajadores en 1997 -la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)-⁵² resultado de la confluencia de varios sindicatos escindidos del CT y de algunos sindicatos independientes.⁵³

La renovación del sindicalismo mexicano enfrenta diversos obstáculos. Primero, "fuertes límites institucionales" inhiben la creación de nuevos sindicatos.⁵⁴ Las "cláusulas de exclusión" (es decir, cláusulas que confieren la titularidad del contrato colectivo en una empresa a un solo sindicato) impiden a los trabajadores, por ejemplo, desafiliarse de un sindicato y adherirse a otro. Por otro lado, la Secretaría del Trabajo "mantiene intacto el poder para otorgar el registro a sindicatos, mesas directivas o contratos colectivos" y, por lo tanto, para decidir si permite o no la creación de un nuevo sindicato, o un cambio en la titularidad de un contrato colectivo de trabajo.⁵⁵

Existen también límites que provienen de la propia dinámica del movimiento. Uno de ellos es la gran heterogeneidad, particularmente pronunciada en el caso de la corriente que, hasta 1999, se aglutinó en torno a la CIPM. Así, la Coordinadora estuvo compuesta no sólo por sindicatos, sino también por secciones (democráticas) de sindicatos oficialistas, organizaciones campesinas, urbano-populares e incluso partidos políticos. En su seno convivían, además, distintas corrientes ideológicas. Es, por cierto, esta gran heterogeneidad la que parece haber provocado la disolución, en 1999, de la CIPM. En la UNT, por su parte, convivieron tanto sindicatos escindidos del sindicalismo oficialista (el STRM y el SNTSS) como los que ya eran independientes al momento de la constitución de la UNT -como el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), sindicatos de industria y sindicatos universitarios.

El pragmatismo ha llevado al nuevo sindicalismo de la FESEBS -y luego de la UNT - a sostener un discurso ambiguo. Por un lado, ha promovido un nuevo modelo sindical acorde con el modelo económico neoliberal, basado en los principios de la productividad, la flexibilidad, la movilidad y la polivalencia,⁵⁸ así como en el de la "corresponsabilidad" en el desarrollo de la empresa.⁵⁹ El respaldo a la política del gobierno fue incluso más allá de la promoción de una nueva cultura laboral. La FESEBS apoyó abiertamente la política de privatizaciones (Telmex, compañías aéreas) y la reestructuración del contrato colectivo en Volks-wagen.⁶⁰

Pero por otro, también ha criticado, sobre todo a partir de 1995-1996, la política económica del gobierno. Desde el primer foro El Sindicalismo ante la Nación (febrero de 1995) se propuso, por ejemplo, defender las áreas estratégicas de la economía, mientras que el segundo foro manifestó en sus conclusiones la oposición a la privatización de los fondos de jubilación y pensiones.⁶¹ En los últimos años, la UNT se ha acercado cada vez más a la otra corriente del sindicalismo independiente (aquélla que confluyó, entre 1995 y 1999, en la CIPM). Sin embargo, la UNT no parece, como observa Bizberg, rechazar ni "la globalización ni el modelo de apertura".⁶²

Otro elemento que dificulta el crecimiento de la UNT es su composición misma. Las empresas en las que está implantada la UNT pertenecen, en efecto, a sectores dinámicos, incorporados exitosamente al proceso de globalización, por lo que ha tenido éxito en negociar mejores condiciones (como un mejor reparto de los aumentos de productividad), pero "no ha llevado a cabo acciones significativas de rechazo a la política económica, que pudieran haber apelado a los sectores que más han sido afectados por el cambio de modelo".⁶³ En esas condiciones, como observa Bizberg, es difícil que se ponga a la cabeza de un movimiento en contra de la globalización y de la política económica de apertura y que tenga algo que ofrecer a los sindicatos de las empresas y los sectores que están siendo afectados por estas últimas, a los trabajadores no sindicalizados, a los del sector informal y a los desempleados.⁶⁴

El resultado de este conjunto de tendencias (caída de la tasa de sindicalización, debilitamiento del sindicalismo corporativo, incapacidad del nuevo sindicalismo de constituirse en un polo alternativo al sindicalismo oficialista) ha sido una pérdida del "margen de maniobra" durante las huelgas y los conflictos laborales, como lo ilustran una serie de casos en los que los trabajadores no han obtenido satisfacción a sus demandas o que han terminado con el cierre de las empresas.⁶⁵ Los sindicatos también han perdido poder de negociación, lo cual se ha reflejado en los cambios a los contratos colectivos de trabajo efectuados durante las décadas de 1980 y 1990. La mayoría de estos cambios han tenido que ver con el control que los sindicatos ejercen sobre el mercado de trabajo dentro de la empresa, particularmente en la contratación y los despidos, así como en la contratación de personal por tiempo definido, el ascenso, la movilidad horizontal.⁶⁶

Los cambios en el empresariado

Durante las décadas de 1980 y 1990, el empresariado mexicano y las organizaciones que lo representaban experimentaron una profunda transformación que condujo a una creciente influencia de este sector. Si en la década de 1970 la influencia y el "poder estructural" de los grandes empresarios pareció decaer fuertemente,⁶⁷ se explica por dos fenómenos que contribuyeron a revertir esta tendencia durante las dos décadas siguientes: la transformación del modelo de representación empresarial y la creciente participación política de los empresarios.

La transformación del modelo de representación empresarial

Aunque la Coparmex y el CCE pretenden representar al conjunto de los empresarios mexicanos, el gran empresariado tiene en estas organizaciones un peso determinante. Fundada en 1929, la primera está compuesta sobre todo por pequeños empresarios, pero sobrevive gracias al apoyo de los grandes empresarios, particularmente los de Monterrey.⁷² Son estos últimos los que encabezaron, a mediados de los setenta, la creación del CCE, asociación cumbre multisectorial que reúne desde cientos de miles de pequeños comerciantes hasta los conglomerados más grandes, pero en la que la gran empresa y el sector financiero están sobrerrepresentados.⁷³ Esta sobrerrepresentación ha quedado evidenciada en los conflictos surgidos a finales de los ochenta y durante la década de 1990, mismos que llevaron a la salida de la Concamin en junio de 2000, con el argumento de que la asociación no representaba a las pequeñas empresas.⁷⁴

La creciente participación política de los empresarios

El modelo de representación empresarial que estuvo vigente hasta la década de 1970 se caracterizaba por la 'exclusión' de los empresarios de la política de partidos a cambio de una "posición de privilegio en la formación de políticas públicas a través de sus organizaciones, principalmente la Concamin y la Concanaco".⁷⁵ A partir de 1982, a raíz del conflicto originado por la nacionalización bancaria, pero alentados también por el propio gobierno, los empresarios empezaron a participar más directamente en política.⁷⁶

Durante la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) -pero sobre todo durante la de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)- los pequeños y medianos empresarios, y en menor medida el gran empresariado, empezaron a apoyar al PAN. De acuerdo con Mizrahi, desde 1988 (y, en particular, a partir de 1994) los empresarios más pesados hicieron contribuciones a este partido, en parte para presionar al gobierno para que continuara con políticas pro-empresariales y en parte por considerarlo como una opción de recambio.⁷⁷

Así, la influencia de los empresarios se hizo cada vez más visible. En 1987, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN) invitó a los aspirantes priistas a la candidatura presidencial a exponer su programa.⁷⁸ Una vez presidente, Salinas de Gortari nombraría como asesor presidencial a uno de sus miembro más prominentes, Claudio Xavier González Laporte.⁷⁹ En 1999, líderes empresariales como Eduardo Bours (presidente del CCE) y Eugenio Clariond (presidente del CMHN) respaldaron públicamente la candidatura de Francisco Labastida Ochoa a la candidatura presidencial.⁸⁰

Los cambios en el empresariado mexicano ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990 devinieron en el crecimiento de su fuerza estructural (y en particular del gran empresariado) lo que se reflejó en una influencia cada vez mayor y más directa en las políticas públicas. Para 1987, esta fuerza era tal que le permitió al gobierno dictar varias medidas de política económica. Así, según relata Legorreta (entonces presidente del CCE), el Pacto de Solidaridad Económica concertado ese año entre gobierno, empresarios y sindicatos fue en realidad acordado "por el presidente (...) con un grupito muy cómodo de trescientas personas [que] son las que toman las decisiones económicas importantes de México".⁸¹

Estratificación social y estructuración del voto

¿Es posible que la relación entre la posición social y el comportamiento político se haya debilitado aún más en las últimas décadas a semejanza de lo que ha ocurrido en algunos países desarrollados (como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Suecia) en los que se ha observado una "caída espectacular" del "voto de clase"?⁸³

Se dispone de poca información en México sobre esta relación. Las encuestas que han buscado conocer el perfil de los electores se remontan a la década de 1990. Además, éstas ofrecen resultados un tanto ambiguos, pues, por un lado, ponen en evidencia una previsible falta de correspondencia entre identidad social e identidad política que se verifica en todos los estratos sociales, pero es más pronunciada en el caso de los de menores ingresos; por otro, parecen mostrar una creciente diferenciación en el comportamiento electoral de los distintos grupos sociales.

La dispersión del voto de los distintos estratos entre los diferentes partidos ha crecido desde 1994, aunque esto parece reflejar, fundamentalmente, el declive electoral del PRI (cuyos votos se trasladan cada vez más a los otros partidos). Así, mientras que en 1994 el voto del grupo de ingreso bajo se concentró en el candidato de este partido (que recogió el 51% de los votos de ese grupo), los de ingreso "medio" y "alto" se dispersaron entre los candidatos del PRI y del PAN (47% para el PRI y 36% para el PAN en el grupo de ingreso medio; 47% para el PRI y 40% para el PAN en el de ingreso alto).⁸⁴ En 2006, el voto se dispersó entre los candidatos de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD).

En efecto, la encuesta de salida del diario Reforma para las elecciones presidenciales de 2006⁸⁵ mostró en aquel momento una importante dispersión del voto en cuatro de los cinco grupos de ingreso (cuadro 8). En el de menores ingresos (I), el voto se dispersó entre los tres candidatos (Felipe Calderón Hinojosa, Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel López Obrador) de manera bastante equilibrada (31-30-34, respectivamente). En los tres grupos de ingreso siguientes (II, III, IV), si bien el voto permaneció altamente disperso se puedo apreciar una ligera concentración (sobre todo en los grupos II y IV) en torno a uno de los candidatos. En el II, López obtuvo siete puntos porcentuales más que Calderón y en el IV, este mismo logró siete puntos más que el primero. Sólo el grupo con mayores ingresos (V) mostró una concentración más clara (50% de los votos) en uno de los candidatos.

Esta última encuesta pareció dibujar una tendencia -poco clara entonces pero real después- de las preferencias electorales en función a la pertenencia a diferentes estratos de ingreso.⁸⁶ Así, aunque dispersaron su voto en los tres partidos (o en dos de ellos), los electores de los tres grupos con menores ingresos (I, II, III) se inclinaron mayoritariamente por el candidato del PRD, mientras que los dos grupos con ingresos más altos (IV, V) lo hicieron por el candidato del PAN.

La encuesta mostró también que la preferencia por el candidato del PAN creció en el mismo sentido que los ingresos (de 31% en el estrato I subió a 36% en el III, 43% en el IV y 50% en el V), mientras que la preferencia por el candidato del PRD disminuyó a medida que aumentó el ingreso (de 39% en el estrato II baja a 37% en el III, 36% en el IV y 30% en el V). De confirmarse esta tendencia, estaríamos en México ante un fenómeno inverso al de ciertas sociedades en donde los electorados y las bases sociales de los distintos partidos tienden a ser cada vez más parecidos.⁸⁷

¿Se está presenciando en México el desarrollo de un amplio "componente" de "centro", que comparte valores y actitudes comunes como, por ejemplo, el "individualismo" o, en materia económica, una adhesión a los principios del liberalismo económico?⁸⁸ El periodista francés Olivier Duhamel caracterizaba, en 1985, a los electores franceses como "socialmente socialistas" pero "económicamente liberales", entendiendo por ello que, si bien seguían mostrando un fuerte apego a las instituciones de la seguridad social, favorecían cada vez más el retiro del Estado de la economía y las políticas económicas de corte liberal.⁸⁹ ¿Es el elector mexicano promedio, parafraseando a Duhamel, "sociológicamente" de "izquierda" (es decir, por su posición social), pero "económicamente liberal"?

Las encuestas realizadas por Latinobarómetro han buscado conocer las actitudes de los ciudadanos de los países latinoamericanos hacia la democracia, pero también con respecto a la libre empresa, la intervención del Estado en la economía y las privatizaciones, entre otras temáticas. De acuerdo con estas encuestas, la mayoría de los mexicanos se muestra favorable a la economía de mercado y a la empresa privada. Así, en el 2010, el 56% consideraba que la economía de mercado era "el único sistema con el que [un] país puede llegar a ser desarrollado", mientras que un 68% estimaba que la empresa privada era indispensable para el desarrollo del país.⁹⁰ Los resultados se tornaron un tanto más ambiguos cuando se pidió evaluar los efectos de la economía de mercado. En 2005, sólo el 23% de los ciudadanos encuestados en México (dos de cada diez mexicanos) y el 27% de los ciudadanos de América Latina manifestaron estar satisfechos con el funcionamiento de la economía de mercado.⁹¹

¿Este respaldo mayoritario a la economía de mercado y a la empresa privada significan un respaldo al liberalismo económico? En 2004, Latinobarómetro quiso medir el grado de "estatismo" y de "capacidad emprendedora individual que tienen las sociedades" latinoamericanas, usando una escala en la que 1 reflejaba una sociedad plenamente emprendedora y 10 una sociedad totalmente estatista. Encontró que "11 sociedades eligen posiciones más bien estatistas" (con posiciones que oscilan entre 5 y 6) y 7 posiciones más "emprendedoras" (con posiciones entre 4.4 y 4.9). México, con un puntaje de 4.9 sería, de acuerdo con esta medición, menos estatista que Uruguay (6), Argentina (5.9), Chile (5.5) y Brasil (5.3) y más estatista que Venezuela (4.4). La conclusión de la ONG chilena es que "la región en general espera que el Estado le solucione sus problemas y cree menos en cada cual para emprender la solución".⁹² En realidad, la formulación de la pregunta⁹³ y el hecho de que sólo se haya realizado una vez (en 2004) dificultaron la interpretación de las respuestas.

Si se observa el nivel de apoyo a la privatización de empresas públicas -uno de los elementos más visibles del modelo económico seguido desde 1982-, se advierte que éste nunca ha sido significativo (ni en México ni en la región) y que ha bajado fuertemente en los últimos años. Una encuesta levantada en 1994 mostraba que la política de privatización era apoyada en México por el 39% de los encuesta-dos, sumando los que estaban "de acuerdo" (29%) y los que decían estar "de acuerdo en parte" (10%), mientras que un 48% la rechazaba.⁹⁴ De acuerdo con Latinobarómetro, el porcentaje de ciudadanos mexicanos que consideraban que la privatización había sido benéfica para el país pasó de un 50% en 1998 (año en que se empezó a hacerse la pregunta) a un 28% en 2002, subiendo ligeramente desde entonces hasta alcanzar un 41% en 2010.⁹⁵

Los mexicanos rechazaron también la apertura del sector energético como lo demuestra una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). El 76% de los encuestados dijo oponerse a la inversión extranjera en la industria petrolera, el 70% en el sector del gas, dos de cada tres en el eléctrico y más de la mitad se opuso a la presencia de capitales foráneos en bonos gubernamentales, en infraestructura de transportes, en telecomunicaciones y en medios de comunicación.⁹⁶

Con estos números, es claro que aún se está lejos de tener en México un 'consenso' en torno a la política económica promovida por los gobiernos mexicanos desde 1982. Las encuestas que ordenan los resultados por grupos de ingreso (entre otras variables) muestran, además, importantes diferencias en las actitudes de los diferentes estratos. El apoyo a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994 a nivel nacional (de 60%) permitió, por ejemplo, apreciar un apoyo más amplio en los grupos con mayores ingresos (de 70% en el de 3 a 5 salarios mínimos y de 75% en el de más de 5 salarios mínimo) que en el grupo con ingresos más bajos (de sólo 42%) (cuadro 9). Si no se toma en cuenta a los que manifestaron su apoyo sólo "en parte", el porcentaje de los que apoyaron la firma del TLC fue, en este grupo, igual al porcentaje de los que la rechazaron (35%).⁹⁷

Se observa que no sólo no hay un 'consenso' en torno a la política económica de corte liberal, sino que la sociedad parece estar fuertemente dividida en torno a cuestiones como el libre comercio y las privatizaciones. La encuesta del CIDE mencionada párrafos arriba, pone en evidencia una división más: una entre las élites y la población en general. En efecto, mientras que una amplia mayoría de la población manifiesta, como ya se ha visto, su rechazo a la apertura del sector energético a la inversión extranjera, las élites ("personas en posiciones de mando en la burocracia, la política, el sector empresarial, los medios de comunicación, la academia, organizaciones no gubernamentales y [personas] con responsabilidades profesionales internacionales"), "sostienen posiciones opuestas [a la de los encuestados] y favorecen la inversión extranjera en todos esos sectores".⁹⁹

Conclusiones

No es posible negar la importancia de algunos de los cambios experimentados por la sociedad mexicana en las últimas cinco décadas. En el periodo 1950-1980 hubo, sin duda, un crecimiento importante de las clases medias, acompañada de un declive no menos significativo de las clases "bajas", cuyo predominio era, todavía en 1950, abrumador. Sin embargo, México está aún muy lejos de una configuración social parecida a la que presentan los países más desarrollados. En 1980, de acuerdo con algunas estimaciones, estas clases aún representaban un poco más del doble de las clases medias,y diversos indicadores apuntan, en el periodo posterior a 1980, no hacia una continuación de la tendencia del periodo anterior, sino hacia una reversión del proceso.

Algunos de los factores que hicieron posible el desarrollo de las clases medias, como altas tasas de crecimiento económico y el incremento de los salarios reales, han desaparecido durante el periodo posterior a 1980. La evolución de la distribución del ingreso -cuya desconcentración entre finales de los sesenta y principios de los ochenta favoreció sobre todo a los estratos medios-, muestra, desde entonces, una tendencia a la concentración que afecta principalmente a los sectores medios y medios altos y, en menor medida, a los bajos. De modo que si, hacia 1980, la estructura social mexicana estaba lejos de estar dominada por las clases medias, esto parece ser más cierto hoy en día.

Este último desarrollo no ha impedido el declive de la clase obrera, mismo que obedece menos a una reducción numérica que a importantes cambios, entre los que destacan, el desplazamiento de la antigua clase obrera por los nuevos trabajadores de las maquilas; una caída importante, desde 1984, de la tasa de sindicalización (que, en la manufactura, ha afectado principalmente a los sectores tradicional-mente sindicalizados); el debilitamiento del sindicalismo oficialista y la ausencia, por el momento, de una alternativa real de recambio a este último.

Con todo, la influencia que podría haber tenido este debilitamiento sobre los partidos políticos mexicanos no debe ser sobreestimada. En el caso del PRI, único partido mexicano que cuenta con una base obrera importante, el debilitamiento aparece más como una consecuencia del cambio ideológico en el partido que como un factor que pudiera contribuir a explicar este cambio. En el caso del PRD, se trata de un partido que (a diferencia, por ejemplo, del Partido del Trabajo brasileño) no tuvo al momento de su surgimiento una relación estrecha con el mundo sindical.

Los cambios en el empresariado mexicano, en cambio, sí pueden haber influido sobre los partidos políticos, particularmente sobre aquéllos que han gozado tradicionalmente del apoyo de los empresarios. El cambio en el modelo de representación que imperaba hasta los años 70, a la vez que fortaleció la independencia de las organizaciones patronales, parece haber acrecentado notablemente la fuerza estructural del gran empresariado, sobrerrepresentado en las organizaciones que sostienen la interlocución con el gobierno (Coparmex, CCE). Por otro lado, la creciente participación política de los empresarios (grandes y pequeños) parece haber otorgado a los grandes empresarios una influencia cada vez más determinante sobre las políticas públicas.

La falta de correspondencia entre identidad social e identidad partidaria, que parece caracterizar a las sociedades latinoamericanas, podría representar otro incentivo para la convergencia de los partidos, al propiciar electorados muy similares. Sin embargo, a pesar de la fuerte 'dispersión' del voto de los diferentes grupos sociales en México (síntoma de una débil relación entre identidad social e identidad partidaria), se tiene una creciente estructuración de las preferencias electorales en función del origen social de los electores, fenómeno que, de confirmarse, iría en el sentido opuesto a las tendencias observadas en las sociedades más desarrolladas, en las que el 'voto de clase' ha caído fuertemente.

La evolución de los 'valores' y de las actitudes de los mexicanos tampoco parece apuntar hacia un creciente 'consenso' en torno a valores liberales, en particular con respecto a las políticas económicas de corte liberal (o neoliberal). Si bien una amplia mayoría se muestra favorable a la economía de mercado y a la empresa privada, los mexicanos no apoyan la política de privatización de empresas estatales, la cual constituye sin duda uno de los elementos más 'visibles' del nuevo modelo económico.

Existen, además, en este último tema (y en otros de índole política y económica) importantes diferencias entre los diferentes grupos sociales que las encuestas que miden la opinión pública no pueden reflejar. Así, las privatizaciones son rechazadas en mucho mayor medida por los grupos de bajo ingreso que por los grupos de ingreso medio y alto. Parece haber, por otro lado, en temas como la apertura del sector energético a la inversión extranjera, una fuerte división entre las élites y la mayoría de la población, la cual sugiere que, en el caso mexicano, la convergencia podría estar más en las primeras que en el conjunto de la sociedad.

Siglas y acrónimos utilizados

Canacintra: Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.
CCE: Consejo Coordinador Empresarial. ]]> CIPM: Coordinadora Intersindical Primero de Mayo.
CMHN: Consejo Mexicano de Hombres de Negocio.
Concamin: Confederación de Cámaras Industriales.
Concanaco: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio.
Coparmex: Confederación Patronal de la República Mexicana.
CT: Congreso del Trabajo.
FEDESSP: Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos.
FESEBS: Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios.
FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. ]]> PAN: Partido Acción Nacional.
PEA: Población económicamente activa.
PRD: Partido de la Revolución Democrática.
PRI: Partido Revolucionario Institucional.
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
STRM: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
STUNAM: Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
UNT: Unión Nacional de Trabajadores.

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Notas

¹Jean François Prud'homme, "¿A poco tenían programas? Plataformas electorales en las elecciones de 2000", en Luis Salazar (coord.), México 2000: alternancia y transición a la democracia, México, Cal y Arena, 2001, pp. 157-203.

²Punto 27 del documento "Línea política" aprobado en el VI Congreso Nacional del PRD, llevado a cabo en Zacatecas del 24 al 28 de abril de 2001, p. 11. El documento está disponible en línea, en http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Mexico/Partidos_politicos/PRD/lineapolitica.pdf

³La cita, que se puede traducir como "El capitalismo circunscribe nuestro horizonte histórico", proviene del documento Un nouvel horizon pour la France et le socialisme, adoptado por el PSF en su Congreso Extraordinario llevado a cabo en el Arco de la Defensa, París, del 13 al 15 de diciembre de 1991.

⁴Alianza por México, Con México a la victoria. Programa de gobierno 2000-2006, México, 2000, p. 54.

⁵Conferencia dictada por Cárdenas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAH), reseñada por Juan Antonio Zúñiga, "Propone Cárdenas terminar la política de castigo a los salarios", en La Jornada, México, miércoles 12 de enero de 2000.

⁶Primer discurso de campaña de López Obrador pronunciado en Metlatónoc, Guerrero, el 19 de enero de 2006, reseñado por Jorge Ramos y Juan Cervantes, "AHLO ofrece atender las exigencias de globalización", en El Universal, México, viernes 20 de enero de 2006.

⁷Seymour Martin Lipset, El hombre político. Las bases sociales de la política, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 368-369.

⁸S. M. Lipset, "No Third Way: A Comparative Perspective on the Left", en Estudios/Working Papers, núm. 16, abril de 1991, p. 3. Documento disponible en línea, en http://www.march.es/ceacs/publicaciones/working/archivos/1991_16_en.pdf N.E.

¹⁰Jorge Lanzaro, "La tercera ola de las izquierdas. Entre el populismo y la socialdemocracia", conferencia dictada en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, ciudad de México, el 26 de octubre de 2006. Publicada posteriormente en Revista Encuentros Latinoamericanos. Otra América está en marcha, Dossier, "Siglo XXI, el lugar de la izquierda en América Latina", 2008. Documento disponible en línea, en http://www.cecies.org/imagenes/edicion_118.pdf N.E.

¹¹Enrique Hernández Laos y Jorge Velázquez Roa, Globalización, desigualdad y pobreza: lecciones de la experiencia mexicana, México, Plaza y Valdés, 2003, p. 82.

¹²Julio Boltvinik y E. Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, México, Siglo Veintiuno Editores, 1999, p. 28.

¹³Para determinar la línea divisoria entre los ingresos bajos y los medios, Cline -quien había intentado en la década de 1960 una estimación de la estructura de clases mexicana-, había fijado que, hacia 1950, trescientos pesos mensuales eran el mínimo razonable para una vida "segura, aunque marginal", en México. Consideró que los ingresos por debajo de este monto correspondían a la clase baja; los comprendidos entre esta última cantidad y 999 pesos a la clase media y los ingresos por encima de los mil a la clase alta. Vid. Howard F. Kline, Mexico: Revolution to Evolution, 1940-1960, Oxford, Oxford University Press, 1962. N.E. Vid. además, Stephanie Granato y Aída Mostkoff, "The Class Structure of Mexico, 1895-1980", en James W. Wilkie (ed.), Society and Economy in Mexico, Los Angeles, ucla, American Center Publications,1990, p. 105.

¹⁴J. W. Wilkie y Paul D. Wilkins, "Quantifying the Class Structure of Mexico", en J. W. Wilkie y Stephen Haber (eds.), Statistical Abstract of Latin America, vol. 21, Los Angeles, University of California Press, 1981, pp. 577-59G. N.E. Vid. además, Claudio Stern, "Notas para la delimitación de las clases medias en México", en Soledad Loaeza y Claudio Stern (coords.), Las clases medias en la coyuntura actual. Seminario llevado a cabo en el Centro Tepoztlán, A.C., Tepoztlán, Mor., 26 de septiembre de 1987, México, Colmex, 199G, pp. 23-24.

¹⁵S. Granato y A. Mostkoff, op. cit.

¹⁶Ibid., p. 111.

¹⁷Idem.

¹⁸Salvador Lara Rangel, "El impacto económico de la crisis sobre las clases medias", en S. Loaeza y C. Stern op. cit.

²⁰Jeffrey Bortz, "Política salarial en México: evolución de los salarios mínimos desde la posguerra hasta la crisis económica actual", en James Wilkie y Jesús Reyes Heroles (coords.), Industria y trabajo en México, México, UAM-Azcapotzalco, 1990, p. 324-325.

²¹Calculado a partir de los datos del banco de información económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el crecimiento promedio del PIB entre 1983 y 2009 muestra importantes variaciones en los subperiodos: 1% entre 1983 y 1995, 5.4% entre 1996 y 2000 y 1.4% entre 2001 y 2009.

²²Cálculo realizado a partir de J. Bortz, op. cit., pp. 323 y 328. De acuerdo con datos proporcionados por Valle Baeza y Martínez González, entre 1976 y 1988 los salarios industriales reales cayeron 52.4% (Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González, Los salarios de la crisis, México, UNAM/La Jornada Ediciones, 1996, cuadro A3 (anexos)).

²³J. Bortz, op. cit., p. 315.

²⁴Para los datos de 1988 a 1994^a, vid. A. Valle Baeza y G. Martínez González, op. cit., cuadro A3 (anexos); para los referidos al periodo 1994-1999, vid. Organización Internacional del Trabajo (OIT), Panorama Laboral 2001. América Latina y el Caribe, Lima, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2001, p. 69.

²⁵OIT, Panorama Laboral 2010. América Latina y el Caribe, Ginebra, Lima, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2010, p. 137.

²⁶J. Bortz, op. cit., pp. 325-326.

²⁷Ibid., pp. 331-332.

²⁸A. Valle Baeza y G. Martínez González, op. cit., cuadro A4 (anexos).

³⁰E. Hernández Laos y J. Velázquez Roa, op. cit., p. 82.

³¹ Rodolfo De la Torre, La distribución factorial del ingreso en el nuevo modelo económico en México, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina, 2000, 79 pp. Documento disponible en línea, en http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/4580/lcl1354e.pdf

³²Para mayores datos estadísticos de estos periodos, vid. INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2000-2005. Información armonizada de acuerdo con la conciliación demográfica, México, INEGI/Consejo Nacional de Población/El Colegio de México, 2006 y Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH. Síntesis histórica, 1992-2008, México, INEGI, 2009. N.E.

³³Robert Jackman, "Elections and the Democratic Class Struggle", en World Politics, vol. 39, núm.1, octubre de 1986, p. 125.

³⁴Vid supra, nota 16 y cuadro 4.

³⁵Para los datos hasta 2003, vid. INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, México, INEGI, Secretaría de Trabajo y Previsión, ediciones 1997 y 2004; para los datos de 2005 y posteriores, vid. INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, México, INEGI, ediciones 2005 a 2010.

³⁶Dan La Botz, "Mexico's Labor Movement in Transition", en Monthly Review. An Independent Socialist Magazine, vol. 57, num. 2, junio de 2005, en http://monthlyreview.org/2005/06/01/mexicos-labor-movement-in-transition.

³⁷Jeff Hermanson y Enrique de la Garza Toledo, "El corporativismo y las nuevas luchas en las maquilas de México", en Enrique de la Garza Toledo (coord.), Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2005, pp. 181-182.

³⁸Ibid., p. 185.

⁴⁰Graciela Bensusán y Arturo Alcalde, "Estructura sindical y agremiación", en Graciela Bensusán y Teresa Rendón (coords.), Trabajo y trabajadores en el México contemporáneo, México, Porrua, 2000, p. 177.

⁴¹Ibid., pp. 177, 179.

⁴²J. Hermanson y E. de la Garza Toledo, op. cit., p. 184; Ilán Bizberg, "El sindicalismo en el fin de régimen", en Foro Internacional, vol. 43, núm. 171, enero-marzo de 2003.

⁴³Francisco Zapata, "Mexican Labor in a Context of Political, Social and Economic Change", en Laura Randall (ed.), Changing Structure of Mexico. Political, Social and Economic Prospects, Nueva York, M. E. Sharpe, 2006, p. 446.

⁴⁴Mark Kesselman, "La nouvelle cuisine en politique. La fin de l'exceptionnalité française", en Yves Mény (coord.), Idéologies, partis politiques et groupes sociaux, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1989, p. 161.

⁴⁵G. Bensusán y A. Alcalde, op. cit., pp. 166-167.

⁴⁶Ibid., pp. 167-168.

⁴⁷D. La Botz, op. cit.

⁴⁸G. Bensusán y A. Alcalde, op. cit., p. 163.

⁵⁰Ibid., p. 166; J. Hermanson y de la E. Garza Toledo, op. cit., p.183.

⁵¹G. Bensusán y A. Alcalde, op. cit., p. 170. Los porcentajes están calculados a partir de los datos aportados por los autores.

⁵²De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (cuyo Registro Nacional de Asociaciones constituye la única fuente estadística que permite calcular la agremiación de los sindicatos), la UNT agremiaba en el año 2000 a poco más de 326 000 trabajadores, de los cuales 227 000 (70%) pertenecían al SNTSS y otros 45 000 (14%) al STRM, mientras que el 18% restante se repartía entre las otras veintitrés organizaciones (G. Bensusán y A. Alcalde, op. cit., p. 173). Según los datos de la propia central, la UNT contaba con 160 organizaciones y un millón y medio de afiliados. Vid. Ignacio Medina Nuñez, "Sindicalismo mexicano en transición", en Revista Universidad de Guadalajara, núm. 21, invierno de 2000-2001.

⁵³Habría que añadir a esas dos grandes corrientes una tercera, independiente del CT, pero con fuertes vínculos con los tecnócratas del PRI y del PAN (D. La Botz, op. cit.), representada por la FEDESSP e impulsada por Elba Esther Gordillo. Otro componente del sindicalismo independiente (independiente del CT) es el llamado sindicalismo "blanco", que se caracteriza por estar subordinado a las empresas (a través de "contratos de protección"). Este tipo de sindicatos ha ido ganando terreno recientemente, sobre todo en las maquiladoras y en el norte del país (G. Bensusán y A. Alcalde, op. cit., p. 171). Por otro lado, si en el pasado se encontraba sobre todo en pequeñas y medianas empresas, ahora empieza a aparecer también en grandes empresas (I. Bizberg, op. cit., p. 228).

⁵⁴I. Bizberg, op. cit., p. 233.

⁵⁵Idem.

⁵⁶D. La Botz, op. cit.

⁵⁷J. Hermanson y de E. de la Garza Toledo, op. cit., p. 189.

⁵⁸Max Ortega y Ana Alicia Solís de Alba, Estado, crisis y reorganización sindical, México, Itaca, 1999, p. 178.

⁶⁰M. Ortega y A. A. Solís de Alba, op. cit., p. 178.

⁶¹I. Medina Núñez, op. cit.

⁶²I. Bizberg, op. cit., p. 234.

⁶³Ibid., pp. 233-234.

⁶⁴Idem.

⁶⁵J. A. Zapata, op. cit., p. 448. El autor da los ejemplos de las huelgas en la Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey (1986) (en este caso, el gobierno optó por cerrar la empresa) y en Aeroméxico (1986) (en donde los trabajadores fueron despedidos y vueltos a contratar luego de la modificación del contrato colectivo de trabajo), así como de numerosos conflictos durante el gobierno de Salinas de Gortari: Cananea, Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA), Altos Hornos de México, Teléfonos de México.

⁶⁶Ibid., pp. 443, 450. Otros cambios han tenido que ver con la 'flexibilización' de las relaciones laborales (flexibilización de los horarios y de los turnos), así como con las condiciones de trabajo (reducción del número de días de vacaciones, etcétera).

⁶⁷Jeffrey Winters ("Power and the Control of Capital", en WorldPolitics, vol.. 46, núm. 3, abril de 1994, p. 432) menciona algunos ejemplos de esta pérdida de influencia de los grandes empresarios. En diciembre de 1970, por ejemplo, el gobierno envió al Congreso las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para 1971 "sin haber buscado un consenso previo con los principales organismos empresariales, como habían acostumbrado gobiernos anteriores en aras de mantener un clima de colaboración" (ibid., p. 442).

⁶⁸Francisco Valdés Ugalde, "De la nacionalización de la banca a la reforma del Estado: los empresarios y el nuevo orden", en María Lorena Cook et al. (eds.), Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, México, Cal y Arena, 1996, p. 382.

⁷⁰Ben Ross Schneider, "Why is Mexican Business so Organized?", en Latin American Research Review, vol. 37, núm. 1, 2002, p. 79.

⁷¹F. Valdés Ugalde, op. cit., p. 383.

⁷²B. Ross Schneider, op. cit., pp. 86-88.

⁷³Ibid., pp. 94-95. De acuerdo con ciertos autores, el poder dentro del CCE está concentrado en tres organizaciones -el CMHN, la AMIS y la AMCB- que concentran el 42% de la representación, a pesar de que sólo agrupan al 1% de los afiliados. Vid. F. Valdés Ugalde, op. cit., p. 384.

⁷⁴B. Ross Schneider, op. cit., p. 99.

⁷⁵F. Valdés Ugalde, op. cit., p. 382.

⁷⁶Yemile Mizrahi, "La nueva relación entre los empresarios y el gobierno: el surgimiento de los empresarios panistas", en Estudios Sociológicos, vol. 14, núm. 41, mayo-agosto de 1996, p. 494.

⁷⁷Ibid., pp. 509-510.

⁷⁸B. Ross Schneider, op. cit., p. 92.

⁸⁰B. Ross Schneider, op. cit., p. 92.

⁸¹F. Valdés Ugalde, op. cit., p. 386.

⁸²Kenneth Roberts, "El sistema de partidos y la transformación de la representación política en la era neoliberal latinoamericana", en Marcelo Cavarozzi (coord.), El asedio a la política: los partidos políticos en la era neoliberal, Buenos Aires, Homo Sapiens ediciones/Konrad Adenauer Stiftung, 2001, pp. 3-4. Para Roberts, los factores que debilitaron el "clivaje de clase" fueron el pequeño tamaño del proletariado industrial, la diferenciación entre sectores populares rurales y urbanos, las tasas de sindicalización y el hecho de que el marxismo haya permanecido un discurso intelectual (ibid., p. 11).

⁸³Francis Fox Piven, "The Decline of Labor Parties: an Overview", en Francis Fox Piven (ed.), Labor Parties in Post-Industrial Societies, Oxford, Oxford University Press, 1992, p. 7.

⁸⁴Sondeo nacional del diario Reforma, México lunes 22 de agosto de 1994, p. 20 A.

⁸⁵Reforma, México, lunes 3 de julio de 2006, p. 14.

⁸⁶Tendencia ya presente, por cierto, aunque de manera aún más sutil, en encuestas anteriores. En 1994, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano obtuvo dos veces más votos en el grupo de ingresos "bajo" que en el "alto" (16% y 8%, respectivamente) (Reforma, México, 22 de agostos de 1994, p. 20 A).

⁸⁷M. Kesselman, op. cit., p. 169.

⁸⁸Según expresiones de J. Lanzaro, op. cit.

⁹⁰Latinobarómetro, Informe 2010, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2010, pp. 104-105.

⁹¹Latinobarómetro, Informe 2005, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2005, p. 63.

⁹²Latinobarómetro, Informe 2004, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2004, p. 16.

⁹³"Con una escala de 1 a 10, donde 1 es cada cual se debe hacer cargo de su propio bienestar y 10 es el gobierno debe asumir la responsabilidad de la gente. ¿Dónde se ubica Ud."? Resulta significativo que la mayoría de las respuestas oscilen entre 4.4 y 6, es decir, que no haya posiciones extremas.

⁹⁴Ulises Beltrán, Los valores de los mexicanos de los 90, México, UNAM, IIS, 1994, p. 28.

⁹⁵Latinobarómetro, Informe 2010... op. cit., p. 107. Otras encuestas confirman la tendencia a la baja del apoyo a la política de privatización. Dos encuestas del Banco Mundial, por ejemplo, levantadas en 1998 y en 2004, mostraron que el apoyo cayó de 55% a 25% en seis años. Vid., Carlos Fernández Vega, "Por percepción equivocada, mexicanos rechazan la privatización", en La Jornada, México, jueves 1° de septiembre de 2005.

⁹⁶Guadalupe González y Susan Minushkin (co-eds.), México y el mundo 2006: opinión pública y política exterior en México, México, CIDE, COMEXI, 2006, pp. 54 y ss.; José Antonio Román, "Los mexicanos apoyan el libre comercio pero rechazan abrir el sector energético", en La Jornada, México, martes 7 de noviembre de 2006, sección economía.

⁹⁷U. Beltrán, op. cit., p. 153.

⁹⁸J. A. Román, op. cit.; G. González y S. Minushkin, op. cit.