Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario Conductas de Participación (CCP)*

It measure the participation. The Behaviors Questionnaire Participation (CCP): Construction and validation

Samana Vergara-Lope Tristán^** y Felipe José Hevia de la Jara^***

^** Universidad Veracruzana (UV), Manantial de San Cristóbal s/n, Xalapa, Veracruz, 2000. Doctora en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora-investigadora de Tiempo Completo de la UV y del Centro de Estudios e Investigación Guestálticos (CESIGUE). Sus principales líneas de investigación son participación ciudadana en México, psicología y salud y terapia cognitivo-conductual de grupo. E-mail:samanavergaralope@hotmail.com

Recibido el 9 de enero de 2012
Aceptado el 30 de marzo de 2012

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo presentar el Cuestionario de Conductas de Participación (CCP) como instrumento válido y confiable para medir conductas de este tipo y que pueda ser utilizado para determinar niveles de participación. El CCP mide cuatro dimensiones de la participación (electoral, partidaria, asociativa-opinativa y cívica) y posee 37 reactivos. Se concluye que, luego de ser sometido a diversas pruebas estandarizadas, el CCP muestra tener confiabilidad total fuerte así como validez de contenido y de constructo.

Palabras clave: participación social, metodológica, participación política, capital social, sociedad civil.

Abstract

Keywords: social participation, methodology, political participation, social capital, civil society.

Introducción: la participación en el contexto latinoamericano

La participación ciudadana se puede definir de manera amplia como el derecho de grupos y personas a incidir en el espacio público tanto estatal como no-estatal¹ y es un ingrediente fundamental para la innovación y el fortalecimiento democrático y la construcción de gobernanza.

La inclusión de la participación ciudadana como un factor central en los procesos de fortalecimiento democrático en América Latina ha sido creciente, en particular en las últimas décadas.² Las nuevas constituciones de Brasil, en 1988, y Colombia, en 1991, abrieron la puerta en la región a una serie de cambios legales para asegurar la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, y por tanto ejercer su soberanía más allá del voto; ya sea de manera directa o por medio de sus representantes. Con estos cambios se promulgaron leyes específicas de participación ciudadana en varios países, y se reformaron o ampliaron leyes secundarias para incluir cada vez más la participación de los ciudadanos en la vida pública.³

La inclusión de la participación en los debates sobre democracia respondió en buena medida a las limitaciones de la democracia representativa⁴ y al desarrollo de visiones más amplias como democracia deliberativa o participativa.⁵ En América Latina, esta discusión vino acompañada a fines de 1980 y durante 1990 con procesos de transición de regímenes autoritarios o dictatoriales a poliarquías,⁶ y en la década del 2000 con procesos refundacionales luego de profundas crisis de los sistemas tradiciones de partidos políticos.⁷

La irrupción de la participación también respondió a cambios en los modelos de administración y gestión pública que pretendían incorporar la voz ciudadana en los procesos de decisión, y en menor medida, su inclusión en los espacios deliberativos.⁸ Así, desde los famosos presupuestos participativos de Brasil⁹ hasta los procesos de revocación de mandato en las alcaldías de Perú,¹⁰ la participación cada vez fue tomando mayor importancia en las discusiones políticas y académicas sobre los procesos de innovación democrática.¹¹

En México, estos procesos se han venido dando de manera más bien tímida a nivel federal y en diversa magnitud en el ámbito estatal y municipal. La presencia de instrumentos de democracia directa (como la iniciativa legislativa popular, la consulta o el plebiscito) existe en el ámbito estatal, pero no en el federal.¹² En los últimos veinte años se han promulgado o reformado leyes para fortalecer la presencia ciudadana en el espacio público más allá del voto. Algunos ejemplos al respecto son los consejos escolares de participación social en educación,¹³ la creación de consejos consultivos de desarrollo sustentable en medio ambiente,¹⁴ la política de desarrollo rural sustentable¹⁵ y la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, así como de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.¹⁶ Todas estas reformas, más los enunciados de los Planes Nacionales de Desarrollo de las últimas administraciones, promueven y protegen el fortalecimiento de la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

La literatura sobre participación se ha centrado en cinco grandes dimensiones analíticas. La primera ha buscado identificar aquellos factores necesarios para la participación de los ciudadanos, como nivel educativo, clase social, pertenencia a redes sociales y/o capital social.¹⁷ La segunda ha sido el estudio de los actores colectivos, los movimientos sociales y sus estrategias de movilización, de acceso y de confrontación en el espacio público.¹⁸ La tercera tiene relación con los estudios de las reglas, arquitectura y diseños institucionales de los dispositivos y mecanismos de participación.¹⁹ Una cuarta se concentra en temáticas específicas, que van desde los estudios sobre participación en ciertos territorios, como las ciudades,²⁰ hasta la inclusión de nuevas áreas temáticas, como el control social y la rendición de cuentas.²¹ La quinta dimensión, que es donde se puede ubicar este artículo, tiene intereses más empíricos y pretende dar cuenta de quiénes, cómo y dónde los ciudadanos participan por medio de la medición de diversas acciones que la literatura considera como acciones o conductas de participación.

En este sentido, el objetivo de este artículo es presentar un instrumento válido y confiable que mida diversas conductas de participación y que, por lo tanto, pueda ser utilizado para determinar niveles de participación en personas y grupos específicos.

Contar con un instrumento sencillo –que esté validado por medio de procedimientos científicos estandarizados que permita medir las conductas de participación de personas y grupos– sería un avance importante para la investigación en participación puesto que permitiría crear líneas base y establecer comparaciones y correlaciones con ciertos atributos de los actores (como el género, la clase social, el nivel educativo, la generación, etcétera) o con medidas relacionales (grados de intermediación y medidas de centralidad, entre otros). Pero también sería útil para los formuladores de políticas puesto que tendrían insumos para generar diagnósticos sobre la participación de grupos específicos, medir los impactos potenciales de políticas de incidencia y participación, así como evaluar los cursos de capacitación y formación de capacidades en participación ciudadana, entre muchos otros usos.

Medición de la participación

Uno de los debates más importantes relacionados con la participación ciudadana en las últimas décadas, y que ha acompañado su crecimiento en la vida pública, ha sido la necesidad de medir y evaluar estos instrumentos. Estos esfuerzos se pueden resumir en dos grandes tendencias, una que se concentra en evaluar los resultados de la participación, y otra que busca construir mecanismos para medir y comparar qué tanto participan los ciudadanos en la vida pública.

En la literatura especializada existen importantes esfuerzos por medir y evaluar la participación en términos de sus resultados, tanto para el proceso democrático en sí, como para la provisión de servicios y la protección de derechos. Dentro del primer grupo, por ejemplo, Gaventa y Barret concluyen que el compromiso cívico y la participación aportan al proceso democrático: a) la construcción de ciudadanía; b) el fortalecimiento de las prácticas participativas; c) el fortalecimiento de estados más responsables y transparentes y d) el desarrollo de sociedades más inclusivas y cohesionadas.²² Dentro de los estudios del segundo grupo sobresalen los cambios en la política pública y las políticas de desarrollo, así como en mediciones de la efectividad que las políticas participativas pueden tener en relación con la provisión de servicios públicos.²³

Una segunda línea para medir la participación, ha sido comprenderla como un tipo de conducta específica. Los estudios que han intentado medir la participación ciudadana en grupos la han definido como un constructo multidimensional. En 2005 la Red Interamericana para la Democracia (RID) desarrolló un Índice de Participación Ciudadana en América Latina donde se distinguen tres dimensiones para medir la participación: participación directa (que tiene que ver con participación en asociaciones y acciones colectivas y el grado de involucramiento de las personas en estas asociaciones); opinativa (que incide en la agenda pública por medio de la opinión y el reclamo) y electoral. La suma de estas tres dimensiones crea un índice de participación, cuya unidad de análisis son países de la región. ²⁴

Siguiendo con esta propuesta, se propone en este artículo mantener las tres dimensiones desarrolladas por la RID, añadiendo una cuarta: la dimensión cívica. En el siguiente apartado se revisa cada una de ellas.

Una primera dimensión de las conductas de participación es la electoral, misma que se caracteriza por el ejercicio del derecho político de votar y ser votado de aquellos ciudadanos mayores de dieciocho años que cumplen con los requisitos legales para hacerlo o para participar en la organización de las elecciones. Así, por ejemplo, este derecho en México está consagrado en la Constitución como prerrogativas ciudadanas²⁵ y está además regulado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).²⁶ En la actualidad, para que un mexicano pueda votar tiene que cumplir con requisitos constitucionales (tener la edad antes mencionada y acreditar un modo honesto de vivir); judiciales (no estar prófugo de la justicia, ni sujeto a proceso penal por delitos que merezcan pena privativa de libertad) y procesales (no presentarse intoxicado, ebrio, embozado, armado, ni afectado de sus facultades mentales).²⁷

La inscripción al registro electoral es voluntaria y si bien el voto se puede considerar una obligación, en la práctica no hay un sistema de castigos para aquéllos que no votan, por lo que se puede considerar también que el voto es voluntario. Esto difiere de otros países donde la inscripción es voluntaria pero el voto obligatorio, como fue en Chile hasta bien entrada la primera década del siglo XXI,²⁸ o en Brasil, donde la inscripción y el voto son obligatorios.²⁹ El responsable de llevar el registro electoral –y, por lo tanto, de emitir el padrón electoral y la lista nominal– es el Instituto Federal Electoral (IFE) que recién en la década de 1990 tuvo las capacidades para montar un sistema de registro suficientemente confiable para identificar a los ciudadanos y dotarlos de una credencial con fotografía.

Uno de los elementos centrales de la dimensión electoral es la abstención, es decir, aquellos ciudadanos que, pudiendo votar, no asisten el día de las elecciones. Según la fundación idea, el promedio de participación en elecciones para el Poder Legislativo entre 1946 y 2009 fue de el 62.83%. Sin embargo –tomando en cuenta las elecciones desde 1997 donde se contó con un IFE autónomo del Ejecutivo y un registro de electores más confiable–, entre 1997 y 2009 aquél bajó a un 52.02%,³⁰ mientras que, según el IFE, en los últimos veinte años la participación ha sido de 58.55% a nivel federal y de 41.45% de abstención. Se nota una mayor participación electoral en años de elección presidencial que en periodos de votación para legisladores.³¹

En este sentido, las conductas asociadas al proceso electoral –principalmente el voto pero también la organización de las jornadas electorales–, se consideran como de participación. Por tanto, lo que será importante medir aquí es qué tanto las personas participan en los diversos procesos electorales para elegir a tanto a los representantes de las Cámaras como al presidente.

Dimensión 'opinativa'

Una segunda dimensión son las conductas de participación 'opinativa' que tienen que ver con el acto de externar puntos de vista o creencias sobre servicios, programas, instituciones, personas, etcétera en el espacio público.

Diversos estudios de opinión amplios se han interesado por esta dimensión, siendo los más importantes, para el caso mexicano, la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob); la Encuesta Mundial de Valores; Latinobarómetro y lapop. Todos ellos analizan, dentro de una amplia gama de temáticas, cómo los ciudadanos externan sus opiniones en el espacio público.

Un elemento en que coinciden estos cuatro instrumentos tiene que ver con la participación de las personas en procesos relacionados con el derecho de petición, sea por medio de presentación de peticiones o firmas de apoyo, colocación de mantas, etcétera. Así, por ejemplo, en la ENCUP de 2008 el 6% de los entrevistados refirieron haber firmado cartas y otro 14% recabó firmas con sus vecinos.³² Por otro lado, los resultados de la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por sus siglas en inglés) 2005-2008 para México muestran que uno de cada cinco de los entrevistados había firmado una petición.³³ Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, por sus siglas en inglés), en el año 2010 el 16.16% de los mexicanos había solicitado a alguna autoridad local (alcaldes, regidores o funcionarios municipales) ayuda para solucionar algún problema de su comunidad y sólo el 12.36% lo había hecho a alguna secretaría, institución pública u oficina del Estado.³⁴ Según Latinobarómetro, el 24.7% de los entrevistados en 2008 había firmado una petición de apoyo y un 36% podría realizar dicha acción.³⁵

En este sentido, el uso del internet es básico para la dimensión 'opinativa', ya que es uno de los medios esenciales por medio de los cuales se realiza. Al respecto, Latinobarómetro 2010 refiere que el 59% de la región afirmó no haber usado nunca el correo electrónico o haberse conectado a internet; un 6% dijo que sí lo había hecho pero que "casi nunca" lo hacía; otro 20% declaró que haberlo hecho ocasionalmente, un 13% todos los días y sólo el 2% no respondió. En este mismo sentido, el país que más conectividad tiene en América Latina es Chile con apenas un 42% de personas que dicen no haberse conectado "nunca". Le sigue Argentina con un 46% y Venezuela con un 48% que no se han conectado nunca. En el otro extremo (país con menos conectividad de internet) está Paraguay con un 74% que dice no haberse conectado "nunca". Le siguen Nicaragua (71%) y Honduras (70%). En total, son diez los países de la región que tienen un 60% o más de población que no se han conectado en la vida a internet. En México, el 62% refieren no haberse conectado jamás. En el espacio de siete años (2002-2010) Chile, Uruguay y Venezuela han casi triplicado su nivel de conectividad. La mayor parte de los países de la región la han duplicado. Pero con México sucede un fenómeno extraño, ya que la tabla muestra que ha disminuido significativamente el uso de internet de un 54% en 2002 a un 38% en 2010.³⁷

Dimensión asociativa

La tercera dimensión se refiere a conductas de participación asociativa y tiene que ver con el hecho de sumarse a "la actuación de un grupo de persona [con personalidad jurídica o no] (...), sin fines de lucro y que no sea del Estado, en donde se comparten intereses y objetivos iguales o similares en relación al tema que los convoca, en búsqueda de beneficio tanto individual como colectivo".³⁸

La dimensión asociativa juega un papel central en este tipo de conductas, no sólo porque participar en alguna organización que busque el bien común en sí mismo se puede considerar una conducta de participación, con creciente importancia en el ámbito no estatal, sino también porque su existencia facilita y permite que las instancias de participación en el ámbito estatal puedan ser sustentables en el tiempo.³⁹

Para México, los últimos datos disponibles afirman que existen alrededor de 40 089 establecimientos donde se llevan a cabo las funciones de instituciones sin fines de lucro. Este universo incluye, según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), fundaciones, sindicatos, asociaciones y uniones vecinales, cámaras y uniones de productores, colegios, escuelas, universidades y hospitales privados, asociaciones y organizaciones civiles, microfinancieras y auxiliares de crédito, asilos, orfanatos y casas de asistencia social, así como clubes. De esto, la gran proporción son instituciones de salud y asistencia social (un 37.8% del total) y asociaciones y organizaciones (otro 29.2%).⁴⁰

Según la Encuesta Mundial de Valores, en 2005 el 76% de los mexicanos aseguraron no pertenecer a ningún tipo de organización y solamente el 13.8% afirmó ser miembro activo de alguna organización, principalmente relacionadas con iglesia/organizaciones religiosas, deportivas y recreativas.⁴¹

Datos más optimistas arrojó el estudio de Latino-barómetro que también interrogó en 2005 por la pertenencia a ciertas organizaciones. En él –no obstante que las organizaciones deportivas y recreacionales fueron las que contabilizaron más miembros–, un 44.6% reportó no ser miembro de ninguna organización y

Dimensión cívica

Este rubro atiende el comportamiento respetuoso del ciudadano para con las normas de convivencia pública. Diversas evidencias muestran que el respeto a las normas sociales, tanto las escritas como las no escritas, es central para el fortalecimiento democrático, para la construcción de confianza social y, en general, para la cohesión social. Esto porque el respeto de las normas es un elemento rutinario de reconocimiento y adscripción a la comunidad política.⁴²

El acatamiento de las normas sociales de convivencia es también un factor fundamental de protección y contención frente a la violencia y, junto con la confianza social, permite prevenir y contener las espirales de violencia a nivel comunitario.⁴³ Como la evidencia sugiere, donde se respetan las normas sociales brota mayor confianza social y se abate la incidencia delictiva.⁴⁴

En la literatura especializada, el concepto de civismo tuvo un fuerte impulso con el clásico estudio sobre cultura política llevado a cabo por Almond y Verba en décadas pasadas.⁴⁵ Ellos identificaron tres grandes tipos de cultura política: la parroquial, la súbdito y la cultura cívica, siendo esta última la correspondiente a países considerados democráticos. Desde ahí, se estableció un fuerte vínculo entre cultura cívica –con altos niveles de respeto a las normas de convivencia social– y el fortalecimiento democrático.

Por estas razones, los estudios de cultura política y cívica incluyen por lo general una dimensión de apoyo a la democracia. En los últimos años, para el caso mexicano, es evidente un proceso sostenido de malestar con el sistema democrático. Cada vez hay más ciudadanos que están descontentos con la democracia;⁴⁶ sin embargo, el apoyo a ésta no equivale a 'mayor cultura cívica'. Tal como la evidencia la muestra, México se caracteriza por la presencia de demócratas "iliberales", es decir, de los que otorgan su apoyo a la democracia en su dimensión procedimental pero no en su contenido normativo. En este sentido, una porción importantes de mexicanos se muestran intolerantes a las diferencias y a favor de limitar libertades fundamentales como la de expresión o el respeto a las diferencias sexuales.⁴⁷

Las acciones de respecto por las normas de convivencia pueden considerarse como conductas de participación puesto que, a pesar de ser generalmente individuales, su justificación es el bien común y el respeto por el otro, o sea, buscan incidir en el espacio público para el bien común. Así, las conductas de participación de la dimensión cívica incluyen acciones de tipo solidario (donación, ayuda en desastres), ecológicas (cuidado del agua, manejo responsable de la basura) y de convivencia básica social (ceder el asiento en el autobús o el paso al peatón), siempre y cuando busquen el bien común o el interés general.

Definiciones operacionales

Esta definición tiene tres implicaciones analíticas importantes. En primer lugar, se busca identificar conductas específicas que eventualmente puedan ser observables por un actor independiente. Esto deja de lado, por el momento, los conocimientos y actitudes que las personas puedan mostrar respecto a la participación y permite concentrar la atención en conductas específicas que puedan ser consideradas 'participativas'.

En segundo, este tipo de conductas son por lo general colectivas o tienen ingredientes importantes de acción colectiva. No obstante, se pueden considerar también acciones individuales como 'participativas' en la medida que se orienten al bien común. Existen una serie de conductas que buscan la incidencia en el espacio público pero que no se articulan en formatos asociativos, constituyendo una suerte de ciudadanía activa.⁴⁸

Por último, la variable "conductas de participación" es compleja por lo que se define multidimensionalmente integrando las acciones en cuatro dimensiones: conductas de participación electoral, asociativa, opinativa y cívica En este sentido, la definición operacional del constructo de conductas de participación podrá medirse por medio de las respuestas totales al cuestionario de conductas de participación.

Metodología

El proceso de elaboración y validación del cuestionario se dividió en tres etapas. La primera fue la creación del instrumento, la segunda de obtención de validez del constructo por medio de "jueceo" y la tercera de piloteo y obtención de: a) validez de contenido y discriminación de reactivos por medio de análisis factorial, b) confiabilidad por medio de grupos extremos y c) confiabilidad por medio del índice de consistencia interna Alpha de Cronbach.

Primera etapa: elaboración del cuestionario

Para la creación del instrumento de participación se definió el constructo principal y se detectaron y puntualizaron las dimensiones de las que habla la literatura sobre el tema; se realizó un banco de reactivos por dimensión y de ellos se eligieron los ítems que formarían parte del instrumento; por último, se redactaron las instrucciones y se determinaron las formas de calificación para crear la primera versión del Cuestionario de Conductas de Participación (CCP).

Segunda etapa: validez de constructo

Para validar los constructos, la primera versión se sometió a un procedimiento de jueces expertos. Por esto, se elaboró una versión del CCP para ellos. Aquélla fue enviada luego a quince personas expertas en participación vía electrónica, quienes contestaron el cuestionario y añadieron críticas y sugerencias. En total fueron seis hombres y nueve mujeres (de México, Brasil y Chile), entre los cuales se incluían académicos (53.3%), activistas de la sociedad civil (33.3%) y servidores públicos (13.3%). Los cuestionarios respondidos se capturaron y los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, se analizaron y se realizaron modificaciones respectivas al instrumento.

Tercera etapa: piloteo del instrumento, validez de contenido y discriminación de reactivos

En esta etapa se realizó el piloteo del CCP y se obtuvo la validez de contenido y discriminación de reactivos por medio de análisis factorial, así como la confiabilidad por medio de grupos extremos y del índice de consistencia interna Alpha de Cronbach total y para cada dimensión.

Características de la muestra para piloteo de la segunda versión

El muestreo fue no probabilístico, por cuotas, accidental.⁴⁹ Participaron trescientas personas mayores de dieciocho años que habitan las zonas metropolitanas de Xalapa (ZMX) y de Veracruz (ZMV), ambas en el estado de Veracruz,⁵⁰ con las características que se muestran a continuación.

Dentro de la muestra se incluyeron aproximadamente la misma cantidad de hombres y mujeres y no existieron diferencias significativas en cuanto a edad de los dos grupos (tabla 3).

La escolaridad de las personas entrevistadas para medir la validez del instrumento total es como lo muestra la siguiente tabla.

Con respecto a la ocupación principal, se puede observar que sólo el 37.67% tiene algún trabajo formal (ya sea en el gobierno o en el sector privado). Asimismo, se notan importantes diferencias de género entre las personas dedicadas a las labores del hogar, los desempleados y jubilados.

Resultados

Para llegar a la versión final de 37 reactivos (vid. infra, apéndice), el cuestionario pasó por una serie de cambios y adecuaciones. La primera versión constó de 68 reactivos, con tres opciones de respuesta (nunca=0; algunas veces=1; muchas veces=2) para todas las dimensiones excepto para la asociativa, cuyas opciones de respuesta fueron: nunca ha tenido contacto=0; asistió a alguna reunión=1; forma o ha formado parte=2; participa en decisiones colectivas o asambleas=3; paga cuotas o realiza aportes=4 y dirige o es jefe=5.

A partir de la primera versión, se realizó un instrumento exclusivo para jueces. Este instrumento consistió en cien preguntas que analizaban qué tanto los reactivos del CCP medían conductas de participación. El instrumento de jueceo fue enviada a un total de quince expertos en participación. El cuestionario fue enviado de forma virtual, se les pidió que lo respondieran en su computadora y lo enviaran de regreso por la misma vía de internet. Con sus respuestas se elaboró una base de datos y se analizaron los resultados.

Las opciones de respuesta eran: nada participación=0; poca participación=1; mucha participación=2. Al analizar las respuestas al CCP para jueces se realizaron algunos cambios. Los reactivos iguales o menores a promedios de respuesta de 1.40, esto es, sumatoria de puntajes de 21 o menos en participación fueron eliminados. Así, se construyó una segunda versión, esta vez con cincuenta reactivos.

Dimensiones definitivas y confiabilidad

La segunda versión se aplicó a la muestra seleccionada (trescientos sujetos) y se analizó para obtener las dimensiones definitivas de instrumento, así como eliminar reactivos que no pertenecieran a ninguna dimensión. Para ello, se corrió un Análisis Factorial de Componentes Principales con rotación Varimax por medio del paquete estadístico SPSS. La siguiente tabla muestra los valores Eigen al solicitarle cuatro factores y el porcentaje de varianza explicada por cada uno, antes y después de la rotación (se realizaron seis iteraciones).

A continuación se muestra la carga factorial de todos los reactivos. En primer lugar, se decidió unificar los resultados de los reactivos 41 al 49, ya que éstos se referían al tipo de organización a la que se pertenecía, quedando así por un lado las asociaciones partidarias (reactivo 50) y por otro, en una sola sumatoria, las organizaciones sociales.

Aunque se formaron cuatro factores, los reactivos se acomodaron de forma diferente a lo esperado. El factor uno constituyó la unión de las dimensiones asociativa y opinativa que se proponían a partir de lo revisado en la literatura. El factor dos quedó claramente compuesto por conductas de participación electoral. El factor tres por una nueva dimensión referente a conductas de participación –que se denominó "partidaria" al tener que ver todos los reactivos con partidos políticos y que se analiza de manera más profunda en las conclusiones– y, por último, el cuarto factor asoció conductas de participación cívica.

Eliminados los reactivos con poca carga factorial, y agrupados los reactivos de asociacionismo, el instrumento final quedó con 37 reactivos, los que se distribuyeron de la siguiente forma.

Consistencia interna

Con la tercera versión del instrumento se realizaron pruebas entre grupos extremos para medir los índices de consistencia interna. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medias del grupo alto y bajo a partir de una prueba t. Tomando en cuenta el percentil 25 y 75, los resultados fueron los siguientes:

Con estos reactivos se obtuvieron índices de consistencia interna total y para cada una de las dimensiones, obteniéndose confiabilidad fuerte en el caso del Alpha total; moderada para asociativa-opinativa, alta para electoral, fuerte para partidaria, y moderada para cívica:

Con estos resultados, la última versión del CCP contiene 37 reactivos que se distribuyen en cuatro dimensiones y puede alcanzar un puntaje total de 100 puntos, como se especifica en la siguiente tabla.

Calificación del instrumento

Para obtener la calificación del instrumento los reactivos con tres opciones de respuesta se calificaron de la siguiente manera:

Y los puntajes de los reactivos con cuatro opciones de respuesta se muestran a continuación:

El puntaje del reactivo 37 es el resultado de la sumatoria de sus nueve preguntas, así que para calificarse es necesario realizar la sumatoria de los puntajes de las preguntas de la "a" a la "i", el resultado de esa sumatoria es el que se considera reactivo 37. Para cada uno de estos reactivos se considera solo la calificación más elevada, por ejemplo, si en la pregunta 37a y 37b se respondió:

Se considerará para la sumatoria total: dos para la pregunta 37a; y uno para la pregunta 37b. Para la sumatoria del reactivo 37 la máxima calificación es de 27 y la mínima es de cero.

Una vez hecha la sumatoria de cada uno de los 37 reactivos (contando el último reactivo como la suma de sus nueve preguntas), la calificación para los puntajes totales se muestra en la tabla 16.

Conclusiones

Lo revisado en los apartados anteriores intentó mostrar el proceso de construcción y validación de un instrumento para medir diversas conductas de participación, así como los cambios a los que fue sometido. En las conclusiones sobresalen dos elementos centrales: por un lado, discutir la nueva dimensión que este proceso generó, al que se denominó "partidaria", que no se tenía contemplada; y por otro, poner en perspectiva la utilidad de este tipo de instrumentos y abogar por una complementariedad disciplinar y metodológica para el estudio de la participación.

Esta situación inesperada permite rescatar los estrechos vínculos entre participación y partidos políticos que por diversas razones la literatura ha retomado en años recientes, donde ha resultado central la relación sociedad civil-sociedad política para analizar el éxito o fracaso de instrumentos participativos. ⁵² En efecto, como se revisó arriba, la creciente desafección con las limitaciones de la democracia representativa y los sistemas de partidos que la sostiene fue una de las causas principales de la irrupción participativa. Así, los instrumentos participativos en general, y los actores participativos en específico, construyeron la mayoría de las veces sus posicionamientos más allá de los partidos políticos en los diferentes contextos nacionales. En Chile, por ejemplo, la relación sociedad civil-sociedad política explicó las dificultades para desarrollar instrumentos de participación ciudadana después de la dictadura de Pinochet⁵³ y no fue hasta épocas recientes, en el segundo lustro de la década de 2000, cuando comenzaron a gestarse movimientos sociales (obreros, estudiantiles) que coincidieron con el cambio del panorama de partidos políticos más allá del bipartidismo Concertación/Alianza y con la alternancia en el poder ejecutivo.⁵⁴ En Brasil, buena parte de la discusión sobre los procesos participativos ha tenido como eje las relaciones y tensiones con los partidos políticos,⁵⁵ donde la relación entre los movimientos y la creación de un auténtico partido de masas, como define Avrizter al Partido de los Trabajadores,⁵⁶ permitió, por un lado, la realización y expansión de instrumentos de participación; por otro, introdujo una serie de tensiones entre los movimientos y actores sociales y el propio gobierno una vez que dicho partido fue ganando más espacios de poder.

En el caso mexicano, la tradición corporativa y la fortaleza de un régimen de partido hegemónico generó que el debate se centrara en la autonomía al gobierno/partido.⁵⁷ Con los procesos de reformas políticas e incorporación de nuevos actores a la esfera pública, notablemente con la incorporación de la 'sociedad civil' como nuevo actor, se modificaron las relaciones entre organizaciones y partidos al punto que, en 1997, el gobierno democrático de la ciudad de México (encabezado entonces por Cuauhtémoc Cárdenas) incorporó actores relevantes de entre las organizaciones civiles. En el 2000, con el gobierno de Vicente Fox, se creó una 'corriente cívica' en ciertas oficinas ligadas al desarrollo social.⁵⁸ Sin embargo, las dinámicas políticas fueron separando cada vez más a los partidos políticos de la ciudadanía, ahondando la insatisfacción con la democracia y enviando a los partidos a los últimos lugares de confianza institucional.⁵⁹ Esta situación, sumada a un 'reflujo' de las organizaciones más ligadas a los procesos participativos que se estaban desarrollando, terminó en lo que Olvera denomina como la "colonización política" (en este caso, partidaria) tanto de las instituciones garantes de derechos como de participación ciudadana en México.⁶⁰ Esto, sumado al monopolio de la representación que a la fecha tienen los partidos políticos, permite comprender por qué, por ejemplo, la propaganda oficial del Instituto Electoral del Distrito Federal –que conminaba a votar en los comicios para elegir a los comités ciudadanos de la ciudad de México en octubre de 2010–, decía: "Los ciudadanos tenemos mucho que decir... esta elección es de vecinos, no de partidos".⁶¹

Por esto, la existencia de una serie de conductas de participación ligadas a partidos políticos y en la que los ciudadanos participaran en dichas instancias fue sorpresiva. Empero, considerando que dentro de las funciones clásicas de los partidos está la agregación de intereses, su inclusión dentro de las conductas de participación, además de la selección de los candidatos para ser votados,⁶² resulta bastante obvia. Más aún en una entidad federativa que no ha tenido alternancia y donde el Partido Revolucionario Institucional y su sistema corporativo no han sido enteramente desmantelados.

El segundo elemento a discutir aquí es explicitar una posición respecto a la necesidad de complementar diversas aproximaciones disciplinares y metodológicas al estudio de la participación. Si bien las potencialidades de los análisis que se pueden generar con este tipo de instrumentos son amplias, más si pasan por estándares de confiabilidad y validez como el CCP, sus limitaciones también son evidentes. Los procesos de relación sociedad-Estado, como los procesos de participación, requieren estrategias y aproximaciones diversas que permitan construir conocimiento. Este tipo de aproximaciones más tradicionales por medio de cuestionarios a población abierta, se complementa al menos con dos aproximaciones que resultan centrales para el análisis de la participación: la etnografía política y los análisis reticulares.

Con respecto a la primera, cada vez existe mayor interés desde la antropología política por analizar procesos de participación,⁶³ pero también hay un creciente interés por parte de la ciencia política en el uso de la etnografía como procedimiento analítico.⁶⁴ Con respecto a la segunda, los análisis reticulares y de red están demostrando ser poderosos instrumentos descriptivos y explicativos de los procesos participativos.⁶⁵ Complementar análisis relacionales con instrumentos como el presentado aquí podrán establecer vínculos más allá de los atributos de los participantes y preguntarse, por ejemplo, si los nodos con mayores niveles de centralidad participan más o menos que los demás nodos o si la intermediación, central para comprender los procesos de poder, tiene o no relación con la mayor o menor participación en las dimensiones analizadas.

Apéndice 1

Bibliografía

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Notas

^* Este artículo forma parte del proyecto de investigación "Creación, validación y aplicación del Cuestionario Conductas de Participación para identificar, medir y comparar diferentes dimensiones de la participación ciudadana en mujeres y hombres en dos zonas metropolitanas de Veracruz", ejecutado por CIESAS-Golfo y cofinanciado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol proyecto CS-09-I-VI-023-11, del programa de coinversión social, vertiente investigación, 2011.

¹ Felipe José Hevia de la Jara, "Participación ciudadana institucionalizada en México: patrones de relación y factores para su implementación", en José Luis Calva (coord.), La agenda de la democracia en México, México, CNU/Juan Pablos Editor, 2012.

² Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Buenos Aires, PNUD/Aguilar, 2004; Rodolfo Mariani (ed.), Democracia/Estado/Ciudadanía: hacia un Estado de y para la democracia en América Latina, Lima, PNUD, 2007; Leonardo Avritzer, Las instituciones participativas en el Brasil democrático, Xalapa, Universidad Veracruzana, 2010; Andrew D. Selee y Enrique Peruzzotti (eds.), Participatory Innovation and Representative Democracy in Latin America, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2009; Evelina Dagnino et al. (eds.), La disputa por la construcción democrática en América Latina, México, FCE/Universidad Veracruzan/CIESAS, 2006; Boaventura de Sousa Santos (ed.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia participativa, México, FCE, 2005.

³ F. J. Hevia de la Jara, "Participación ciudadana institucionalizada: análisis de los marcos legales de la participación en América Latina", en Evelina Dagnino et al., op. cit., pp. 367-395; F. J. Hevia de la Jara y Ernesto Isunza Vera, "La perspectiva de interfaz aplicada a las relaciones sociedad civil-Estado en México", en Alberto Olvera Rivera (ed.), La democratización frustrada. Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México, México, CIESAS/Universidad Veracruzana, 2010, pp. 59-127; Alicia Lissidini et al., Democracia directa en Latinoamérica, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2008.

⁴ Las limitaciones de la democracia representativa van más allá de las discusiones regionales. Al respecto, vid. Mark E. Warren (ed.), Democracy and Trust, Cambridge, Cambridge University Press, 1999 y Robert Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 2000.

⁵ Shawn W. Rosenberg (ed.), Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2007; B. de Souza Santos, op. cit.

⁶ Juan José Linz y Alfred C. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996.

⁸ Luiz Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunillgran Grau (eds.), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Buenos Aires, Paidós Ibérica/clad, 1998; Luis Fernando Aguilar Villanueva, Gobernanza y gestión pública, México, FCE, 2006; Luciana Tatagiba, Contraloría y participación social en la gestión pública, Caracas, CLAD, 2007; Manuel Canto Chac (ed.), Participación ciudadana en las políticas públicas, México, Siglo Veintiuno Editores, 2010.

⁹ Leonardo Avritzer y Zander Navarro (eds.), A inovacão democrática no Brasil: o orçamento participativo, San Pablo, Cortez Editora, 2003.

¹⁰ María Isabel Remy, Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú: un reconocimiento del terreno y algunas reflexiones, Lima, IEP, 2004.

¹¹ L. Avritzer, Democracy and the Public Space in Latin America, Princeton, Princeton University Press, 2002; L. Avritzer y Z. Navarro, op. cit.; Ernesto Isunza Vera y Adrián Gurza Lavalle (eds.), La innovación democrática en América Latina: tramas y nudos de la representación, la participación y el control social, México, CIESAS/ Universidad Veracruzana, 2010; E. Dagnino et al., op. cit.

¹² F. J. Hevia de la Jara, "La iniciativa legislativa popular en América Latina", en Convergencia, vol. 17, núm. 52, enero-abril de 2010.

¹³ Pablo Latapí, La SEP por dentro: las políticas de la Secretaría de Educación Pública comentadas por cuatro de sus secretarios (1992-2004), México, FCE, 2004; Alejandro Canales, "La participación social en educación: un dilema por resolver", en Perfiles Educativos, vol. XXVIII, núm. 3, 2006.

¹⁴ F. J. Hevia de la Jara y E. Isunza Vera, "Participación acotada. Consejos consultivos e incidencia en políticas públicas en el ámbito federal mexicano", México, 2011 (manuscrito sujeto a dictamen).

¹⁵ Mauricio Merino e Ignacio Macedo, "La política autista. Crítica a la red de implementación municipal de la Ley de Desarrollo Rural Sustenable", en Gestión y Política Pública, vol. XV, núm 2, 2006; Georgina Leticia Caire Martínez, "Descentralización participativa en ausencia de recursos. Los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable", México, FLACSO, 2009 (tesis de doctorado en Ciencias Sociales).

¹⁶ F. J. Hevia de la Jara, Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza. El caso de Progresa/Oportunidades de México, Bruselas, pie Peter Lang, 2011.

¹⁸ Tanto desde la visión de movimiento social (Sidney Tarrow, El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997; Sergio Zermeño García-Granados (coord.), Movimientos sociales e identidades colectivas: México en la década de los noventa, México, UNAM, CIICH/La Jornada Ediciones, 1997; Víctor Gabriel Muro y Manuel Canto Chac, El estudio de los movimientos sociales: teoría y método, México, Colmich/UAM-X, 1991), como de la acción colectiva y la sociedad civil (Evelina Dagnino (ed.), Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Brasil, México, FCE/Univesidade Estadual de Campinas, 2002; E. Isunza Vera, Las tramas del alba: una visión de las luchas por el reconocimiento en el México contemporáneo, (1968-1993), México, CIESAS/Miguel Ángel Porrúa, 2001; A. Olvera Rivera (coord.), La sociedad civil: de la teoría a la realidad, México, Colmex, 1999).

¹⁹ Archon Fung y Erik Olin Wright (eds.), Democracia en profundidad: nuevas formas institucionales de gobierno participativo con poder de decisión, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2003; A. Fung, "Varieties of Participation in Complex Governance", en Public Administration Review, vol. 66, núm. 1, diciembre de 2006; L. Avritzer, Las instituciones participativas... op. cit.; Nuria Cuníll Grau, Repensando lo público a través de la sociedad, Caracas, CLAD, 1997; Joan Font (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Barcelona, Ariel, 2001; James L. Creighton, The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement, San Francisco, Jossey-Bass, 2005.

²⁰ Alicia Ziccardi Contigliani (ed.), Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, México, UNAM/Comecso/Indesol, 2004; J. Font, op. cit.

²¹ Jonathan A. Fox, Accountability Politics: Power and Voice in Rural Mexico, Nueva York, Oxford University Press, 2007; E. Isunza Vera y A. Olvera Rivera (eds.), Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil: participación ciudadana y control social, México, Miguel Ángel Porrúa/CIESAS/Universidad Veracruzana, 2006; E. Isunza Vera y A. Gurza Lavalle, op. cit.

²² John Gaventa y Gregory Barret, "So What Difference Does it Make? Mapping the Outcomes of Citizen Engagement", en IDS Working Paper, núm. 347, 2010.

²³ J. Gaventa y Rosemary McGee, Citizen Action and National Policy Reform: Making Change Happen, Londres, Zed Books, 2010; Andrea Cornwall, Creando espacios, cambiando lugares: la ubicación de la participación en el desarrollo, México, IDS, UAM-X, 2003; Gene Rowe y Lynn J. Frewer, "Evaluating Public-Participation Exercises: A Research Agenda", en Science, Technology, & Human Values, vol. 29, núm. 4, octubre de 2004.

²⁴ I. Adúriz y P. Ava, op. cit.; Red Interamericana para la Democracia, op. cit.; A. M. Rotino et al., op. cit.

²⁵ Vid. Cap. IV, Art. 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Diario Oficial de la Federación (DOF), México, sábado 17 de febrero de 1917. Documento disponible en línea, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf N. E.

²⁶ Vid. arts. 172, 177 y 183 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en DOF, México, lunes 14 de enero de 2008. Documento disponible en línea, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/COFIPE.pdf N.E.

²⁸ P. Navia, op. cit.

²⁹ L. Avritzer y Fátima Anastasia (eds.), Reforma política no Brasil, Belo Horizonte, UFMG/PNUD, 2006.

³⁰ Vid. el sitio web del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), en http://www.idea.int/

³¹ Instituto Federal Electoral, "Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral", México, IFE, 2011, en http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/

³² Vid. World Values Survey Association (WVA), World Values Survey 1981-2008 Official Aggregate v.20090901, Estocolmo, WVA, 2009, en www.worldvaluessurvey.org N. E. Asimismo, Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), Cuarta Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008, México, INEGI/SEGOB, 2008, en http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Cuarta_ENCUP_2008.

³³ WVA, World Values Survey 2010-2012, Estocolmo, World Values Survey Association, 2009, en http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_136.

³⁴ Vid. la página web de LALOP dedicada a México, en http://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico.php.

³⁵ Latinobarómetro, Latinobarómetro, 2011, Santiago de Chile, Corporación Latinobarómetro, 2011 en http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp.

³⁶ F. J. Hevia de la Jara, "La construcción cotidiana del Estado. Análisis de los sistemas de atención ciudadana en el campo educativo en Veracruz", Xalapa, CIESAS, 2010.

³⁸ A. M. Rotino et al., op. cit., p. 162.

³⁹ M. E. Warren, Democracy and Association, Princeton, Princeton University Press, 2001; J. Gaventa y G. Barret, op. cit.

⁴⁰ Vid. wva, World Values Survey 1981-2008... op. cit. e INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de México, 2008, México, INEGI, 2011, en http://www.INEGI.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/satelite/sin_fines_lucro/2008/CSISFLM_2008.pdf.

⁴¹ WVA, World Values Survey 1981-2008... op. cit.

⁴² James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital", en American Journal of Sociology, vol. 94, enero de 1988; Alejandro Portes, "Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology", en Annual Review of Sociology, vol. 24, enero de 1998; Francis Fukuyama, Trust: the Social Virtues and the Creation of Prosperity, Nueva York, Simon and Schuster, 1996; Ernesto Ottone (dir.) y Ana Sojo (coord.), Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, cepal/Secretaría General Iberoamericana/Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007.

⁴³ Secretaría de Gobernación, Aplicación de la Nota Metodológica para el diagnóstico territorial de las causas sociales de las violencias. Manual introductorio, México, Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 2011. Documento disponible en línea, en http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/490/1/images/MANUAL_NOTA_METODOLOGICA.pdf

⁴⁴ F. Fukuyama, op. cit.

⁴⁵ Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba, The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Newbury Park, sage, 1989.

⁴⁶ Latinobarómetro, op. cit.

⁴⁸ Peter P. Houtzager et al., Associations and the Exercise of Citizenship in New Democracies Evidence from São Paulo and Mexico City, Brighton, University of Sussex, Institute of Development Studies, 2007, en http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=978 en http://www.ntd.co.uk/idsbookshop/details.asp?id=978.

⁴⁹ Roberto Hernández et al., Metodología de la investigación, México, McGraw-Hill, 2001; Fred N. Kerlinger y Howard B. Lee, Investigación del comportamiento: método de investigación en Ciencias Sociales, México, McGraw-Hill Interamericana, 2002.

⁵⁰ La selección de la zona de Veracruz se debió al interés del proyecto de investigación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) para comparar las conductas de participación en dos zonas metropolitanas de dicho estado, de ahí la selección espacial.

⁵¹ El Censo está disponible en línea, en http://www.censo2010.org.mx/. N.E. Vid. además, "México en cifras", en http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx.

⁵² Como se podrá sospechar, el análisis de los partidos políticos y sus relaciones con los procesos de participación rebasa con mucho los objetivos de este artículo.

⁵³ Gonzalo Delamaza, Tan lejos tan cerca: políticas públicas y sociedad civil en Chile, Santiago, lom Ediciones, 2005.

⁵⁴ G. Delamaza, "La disputa por la participación en la democracia elitista chilena", en Latin American Research Review, vol. 45, núm. 4, 2010.

⁵⁵ L. Avritzer, Las instituciones participativas... op. cit.; Ana Claudia Teixeira y Luciana Tatagiba, "Democracia participativa en la ciudad de Sao Paulo: continuidades y rupturas", en Ernesto Isunza Vera y Adrián Gurza Lavalle (eds.), La innovación democrática en América Latina: tramas y nudos de la representación, la participación y el control social, México, CIESAS/Universidad Veracruzana, 2010, pp. 283-311; A. Gurza Lavalle et al., "Democracia, pluralização da representação e sociedade civil", en Lua Nova, núm. 67, 2006; A. Gurza Lavalle et al., "Beyond Comparative Anecdotalism: Lessons on Civil Society and Participation from São Paulo, Brazil", en World Development, vol. 33, núm. 6, 2005; Vera Coelho y Marcos Nobre (eds.), Participacipacão e deliberacão teoria democratica e experiencias institucionais no Brasil contemporaneo, Santa Ifigenia, San Pablo, Paz e Terra, 2004.

⁵⁶ L. Avritzer, Las instituciones participativas, op. cit.

⁵⁸ F. J. Hevia de la Jara, Poder y ciudadanía en el combate a la pobreza... op. cit.

⁵⁹ A. Aziz Nassif y J. Alonso, México: una democracia vulnerada, México, CIESAS/Miguel Angel Porrúa, 2009.

⁶⁰ A. Olvera Rivera, "Introducción. Instituciones garantes de derechos y espacios de participación ciudadana en una transición frustrada", en Alberto Olvera Rivera (ed.), La democratización frustrada. Limitaciones institucionales y colonización política de las instituciones garantes de derechos y de participación ciudadana en México, México, CIESAS/Universidad Veracruzana, 2010, pp. 13-58; A. Olvera Rivera, "The Elusive Democracy. Political Parties, Democratic Institutions, and Civil Society in Mexico", en LARR, vol. 45, núm. 4 , 2010.

⁶¹ Según reza el lema de la convocatoria del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos del año 2010, en http://www.iedf.org.mx/sites/comites2010/content/conv/convo_cccp2010.pdf