Mujeres jujeñas y sobrevivientes: narrativas del pasado represivo (1976-1983) argentino, consecuencias psicosociales y creencias acerca de la reparación*

Jujeñas women and survivors: accounts of the Argentinean repressive past (1976-1983), psychosocial consequences and beliefs in regards to reparation

Maitane Arnoso,** Susana Ansaloni,*** Itziar Gandarias**** y Ainara Arnoso*****

** Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibertsitatea, UPV-EHU), Barrio Sarriena s/n. Leioa 48940 Vizcaya, País Vasco, España. Doctora en Ciencias Políticas por esta misma universidad y especialista en Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo de Acción Comunitaria (GAC). Es la responsable del Área de Investigación en el Centro de Documentación y Estudios sobre Racismo y Xenofobia (MUGAK), de sos Racismo, así como miembro del GAC. Sus principales líneas de investigación son: el impacto psicosocial de la violencia colectiva y los procesos de reparación y reconstrucción comunitaria en contextos post-conflicto, los derechos humanos y las migraciones. E-mail: maitane_arnoso@yahoo.es

**** Universidad de Deusto (Deustuko Unibertsitatea), Avenida de las Universidades 24, Bilbao 48007, España. Licenciada en Psicología por esta misma institución y especialista en Actuaciones Psicosociales, Violencia Política y Catástrofes por la Universidad Complutense de Madrid y en Metodologías de Investigación Feministas a través del Grupo de investigación SIMREF y de la Universidad Rovira y Virgill de Tarragona. Miembro del GAC, sus principales líneas de investigación son: prevención de violencia de género, migraciones, feminismos y ciudadanía. E-mail: Itzigg@hotmail.com

***** UPV-EHU. Doctora en Psicología por esta misma institución, especialista en Procesos grupales e Intervención Psicosocial y maestra en Psicoterapia Analítica Grupal. Es investigadora del Centro de Documentación y Estudios sobre Racismo y Xenofobia MUGAK de SOS Racismo y docente de la Universidad del País Vasco. Sus líneas de investigación son: las migraciones, los derechos humanos, y violencia de género desde una perspectiva aplicada. E-mail: Ainara_arnoso@ehu.es

Recibido el 05 de octubre de 2011
Aceptado el 27 de noviembre de 2011

Resumen

Este artículo recoge las vivencias de mujeres con familiares detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (Argentina, 1976-1983) y mujeres que sobrevivieron a las cárceles y/o Centros Clandestinos de Detención en la Provincia de Jujuy. A través de entrevistas en profundidad y cuestionarios, los autores pretenden: a) visibilizar las memorias del pasado represivo jujeño desde la percepción de las mujeres; b) explorar el impacto psicosocial de la violencia y las estrategias de afrontamiento esgrimidas para enfrentar el dolor y la represión y, c) conocer sus creencias acerca de las medidas de reparación y justicia aprobadas desde el inicio de la democracia hasta el año en que esta investigación fue concluida (2008).

Palabras clave: género, impacto psicosocial, violencia política, reparación.

Abstract

This article collects the personal experiences of women with family relatives who were detained or dsappeared during the last military dictatorship (Argentina, 1976-1983) and the women who survived the jails and/or Underground Centers of Detention in the Province of Jujuy. Through interviews done with depth and questionnaires, the authors intend: a) to visualize the memories of the jujeño repressive past from the perception of the women; b) to explore the psychosocial impact of violence and the strategies used in confronting them to face the pain and repression and c) to know their beliefs as to the measures of repair and justice approved since the beginning of democracy 'till the year in which this investigation was concluded (2008).

Key words: gender, psychosocial impact, political violence, reparation.

Contexto social e histórico

Entre 1976 y 1983 Argentina vivió una dictadura en la cual alrededor de 30,000 personas fueron víctimas de desaparición forzada, crimen éste de lesa humanidad. Con el retorno democrático, se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)¹ con el objetivo de esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurrida en el país durante el período dictatorial referido. Asimismo, se llevaron a cabo los conocidos juicios a las Juntas Militares por los que fueron procesados algunos de los responsables de la represión. Sin embargo, las presiones militares llevaron al primer gobierno democrático del Dr. Raúl Alfonsín a aprobar las leyes de Obediencia Debida² y Punto Final,³ por las cuales se desprocesó a centenares de acusados y/o condenados por violaciones de derechos humanos. A estas leyes le prosiguieron los indultos aprobados por el presidente Carlos Menem,⁴ acabando de consolidar una etapa de arbitrariedad y olvido como forma de enfrentar el pasado represivo.⁵ Pese a la impunidad que se consolidó a través de esta legislación, el movimiento de derechos humanos se mantuvo activo en la preservación de la memoria. Sus esfuerzos –junto a la política de Estado en esta materia llevada adelante por el gobierno de Néstor Kirchner y la actual presidente Cristina Fernández– facilitaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarase la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas y la reapertura de los procesamientos penales a los responsables por las detenciones ilegales, desapariciones, secuestros y asesinatos ocurridos durante la última dictadura.

En la Provincia de Jujuy, durante el período dictatorial, detuvieron y desaparecieron a 130 personas vinculadas a esta región, bien por ser oriundas de la misma o bien por haber desaparecido en ella.⁶ La mayoría eran hombres (86.2% vs. 13.8% mujeres) con una llamativa presencia de personas muy jóvenes: el 39.2% tenía entre los 16 y los 25 años; el 40% entre los 26 y los 34, el 8.5% entre 35 y 44 y el 7.7% tenía 45 años o más.⁷ A ellas es preciso añadir las cientos de personas que pasaron por las cárceles y centros clandestinos de detención, aun cuando sobrevivieran a la represión.

Jujuy es una provincia limítrofe con Bolivia, ubicada a 1,836 km de la capital del país y con una población total, de acuerdo con el censo de 2010, de 673,307 habitantes, la mitad de los cuales se concentra en la capital, San Salvador de Jujuy. De acuerdo al Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010,⁸ el Índice de Desarrollo Humano para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era de 0.876, mientras que la provincia de Jujuy apenas alcanzaba el 0.803 siendo, junto con las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, una de las más empobrecidas de país. Esta distancia social, junto con la distancia geográfica que la separa de la capital federal, dan razón al dicho popular jujeño que afirma que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, mostrando una percepción de abandono que, sin duda, responde a las condiciones sociales adversas que enfrenta su población. Este abandono tiene también su correlato en la aplicación de la justicia: el pasado año, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la Procuración General de la Nación, encuadró a Jujuy como la provincia con más problemas para avanzar con las causas penales contra los represores y es nombrada por la alta persistencia de la impunidad.⁹

Si se atienden a las diferencias de género, se observa que los porcentajes de mujeres desocupadas fluctúan entre un 40% y 45 % en relación al total de personas desocupadas.¹⁰ En cuanto al área de educación, según el censo referido, hay el doble de mujeres sin instrucción educativa que hombres.

Cuestiones culturales y asignaciones que la sociedad arrastra desde siglos anteriores, han creado una división de ámbitos de vida que ha conducido a las mujeres y a los hombres a participar de manera diferente en los distintos ámbitos del desarrollo, dotando a las mujeres como consecuencia de un menor acceso a las oportunidades, menor poder económico y menor participación política. Esto tiene su reflejo en la inmaterialidad de género, patente en la agenda pública provincial. En este sentido, hace más de 20 años que el movimiento de mujeres de Jujuy reclama la aplicación de una ley de cupo¹² ya que Jujuy y Entre Ríos son las únicas provincias del país que no respetan el piso de un 30% de mujeres en listas partidarias fijado por una ley nacional en 1991.

Durante la dictadura, Jujuy se enmarcó bajo la jurisdicción militar del Área 323. En ella operaron los coroneles Carlos Néstor Bulacios, José María Manuel Bernal Soto, Mario Alberto Irusta y André Luis Plechot. La provincia fue dividía en unidades regionales (la zona de San Salvador de Jujuy, Yala, el Talar, el Norte, etcétera) con coordinaciones específicas en las distintas zonas, tanto en el ámbito urbano como en el rural. La represión contó con la suma de fuerzas conjuntas, que incluía a la policía federal, la policía provincial, el ejército y la gendarmería. Además, se conocen desde hace años las denuncias que vinculan al Ingenio Ledesma¹³ con la sucesión de operativos que se efectuaron entre las noches del 20 al 27 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, sede del Ingenio, y la vecina localidad de Calilegua. En este marco, destacó en especial la denominada "Noche del Apagón", en la cual, bajo el amparo de los cortes de luz, el Ejército detuvo a las víctimas utilizando vehículos del Ingenio e, incuso, algunas de ellas fueron detenidas dentro de la fábrica. La vinculación de sus propietarios, la familia Blaquier, con la última dictadura militar, es uno de los ejemplos más evidentes de la articulación entre los poderes políticos, económicos y militares en la represión ejercida en la década de los setenta y hasta la recuperación de la democracia.

A las acciones de carácter represivo ejercidas por los poderes cívico militares, también le acompañaban aquellas de tipo social, promoviendo la participación y el colaboracionismo voluntario de la población en la lucha contra, lo que denominaron, la subversión. A través del reparto de volantes en el vecindario, en los que se definía el perfil de la población subversiva (parejas jóvenes sin hijos/as de corta edad, que no tenían relación con el vecindario, no se les conocían familiares ni ocupación laboral, eran poco comunicativas, recibían visitas de otros jóvenes a altas horas de la noche, desarrollaban sus actividades en horas de la noche y que procuraban pasar desapercibidas), hacían llamamientos de colaboración para la salvaguarda de lo que denominaban "la seguridad e integridad física y moral del pueblo que se veía afectada por el desconcierto y caos que generaba la subversión en las provincias tranquilas y de trabajo fecundo como la jujeña".¹⁴

En un contexto de pueblo chico, donde todos se conocen, los procesos de etiquetaje social y estigmatización que soportaron muchas de las personas con familiares detenidos desaparecidos, o quienes sobrevivieron a las cárceles de la dictadura, tuvieron un impacto mayor en la medida que resultaba muy complicado mantener el anonimato. Asimismo, en la actualidad, el contexto referido implica, en una provincia con una alta tasa de impunidad como la mencionada, la convivencia cotidiana con el represor, compartiendo los cafés, los mercados y el conjunto de los espacios cotidianos de las víctimas.

Marco teórico

Aunque las mujeres representan una minoría entre la población detenida-desaparecida en contextos de violencia colectiva, la represión suele tener sobre ellas características muy específicas y que son comunes en diferentes contextos: la violencia sexual extensamente practicada, la sobrecarga de roles para garantizar su supervivencia y el cuidado de la familia, además de los desafíos que implica para aquéllas que deciden participar activamente en la vida social o política.¹⁵

Los informes existentes sobre la tortura indican que el cuerpo femenino siempre fue un objeto especial para los torturadores, incluyendo el tratamiento a las mujeres una alta dosis de violencia sexual. Los cuerpos de las mujeres (sus vaginas, sus úteros, sus senos), ligados a la identidad femenina, fueron claros objetos de tortura sexual.¹⁶ También en Paraguay el cuerpo de las mujeres fue utilizado como elemento de poder para generar terror en las propias víctimas y mostrar dominación sobre las parejas de las mujeres violadas.¹⁷ Tras estas experiencias traumáticas, las mujeres presentaban dificultades para restablecer su vida afectiva y sexual.

El miedo a ser estigmatizadas, los sentimientos de culpa, la vergüenza y el temor a nuevas represalias son algunos de los motivos por los que estas violaciones quedaron soterradas y, por lo mismo, sólo existe un subregistro de casos (así ocurrió, por ejemplo, con las mujeres secuestradas y forzadas a proporcionar servicios sexuales a las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo silencio fue una constante durante más de 50 años. Para Chizuko,¹⁸ "la agresión japonesa tuvo éxito en enmudecer a las víctimas").

Asimismo, la mayor parte de las investigaciones sobre el impacto de la violencia en las mujeres y su afrontamiento revelan que, en general, las mujeres, más que expresar la manera en cómo fueron victimizadas personalmente, hacen mayor referencia a la victimización de sus familiares. En Timor, Sudáfrica, Perú, Guatemala y otros países, aunque muchas mujeres presentaron sus declaraciones, la mayoría atestiguó sobre abusos cometidos contra algún miembro de la familia en vez de declarar sobre las lesiones que ellas habían sufrido directamente. Ello pudo deberse a que las mujeres no se sintiesen cómodas denunciando sobre los abusos sufridos, o bien, que cuestionasen la importancia política de sus propios sacrificios considerando las arraigadas normas sociales de género que negaban la identidad y el reconocimiento público de las mujeres como protagonistas en los movimientos en los que participaban. Ello ha ocasionado la denuncia de un número menor de crímenes contra ellas y una distorsión fundamental del registro histórico.²⁰

Tal y como señala el Informe de la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, las mujeres debieron enfrentar el impacto de la violencia sobre sus propias vidas y también la perpetrada a sus familiares y comunidades, haciendo frente a los procesos de duelo y las consecuencias de las pérdidas familiares y sociales, así como soportando sobre ellas la mayor parte del trabajo de reconstrucción social, especialmente cuando quedaron solas a cargo de la familia.²¹ Quizás por eso, tal como plantean Leydesdorff, Passerini y Thompson,²² ellas tienden a recordar la vida cotidiana, la situación económica de la familia, lo que ocurría en sus barrios y comunidades, sus miedos y sentimientos de inseguridad. Esta forma de recordar y de narrar la historia, entendida en clave de género, aborda subjetivamente la experiencia cotidiana de las mujeres, relegadas al ámbito privado de los cuidados de la familia y la comunidad. Muchas mujeres asumen este rol asignado cultural y socialmente de "vivir por y para los otros", convirtiéndose en narradoras de las historias de los otros.

A pesar de las características comunes a todas las mujeres, Ciollaro rescata las diferencias que manifiestan las compañeras/esposas de desaparecidos con respecto a las madres de los desaparecidos/as: "Creo que resistimos desde otro tipo de grito que el de las madres, abuelas, hijos. Desde el grito para adentro. Es otro dolor el de la madre que el de la esposa [...] no es ni más ni menos uno que otro, son distintos." ²³

Es notable cómo la identidad de madres y esposas está marcada por fuertes roles de género. En el caso de las primeras, muchas fueron responsabilizadas de los "malos caminos y desvíos" de sus hijas e hijos y demás parientes.²⁴ El rol tradicional de 'madre' estaba atravesado por premisas como la maternidad idealizada, con su necesaria contrapartida, o la culpabilización si se rechazaba esa identificación forzosa. La dictadura y el terrorismo de Estado afectaron de manera particular a las mujeres, como sostiene Jelin: la represión de las dictaduras del Cono Sur tuvo especificidades de género. Si bien la represión directa a mujeres estuvo anclada en su carácter de militantes activas, éstas fueron secuestradas también por su identidad familiar o por su vínculo con los hombres con el fin de obtener información sobre las actividades políticas de sus familiares.²⁵

En cualquier caso, las mujeres han pasado a tener una más que débil presencia pública. A pesar de los intentos de minimizar sus casos, han representado en diversos contextos de violencia colectiva el valor de la lucha y la capacidad de resistencia. En Chile, 'las arpilleras' llegaron a ser un símbolo a nivel mundial del sufrimiento de los chilenos y chilenas bajo la dictadura, inventaron estrategias para enfrentar el miedo y desarrollaron nuevas formas de lucha contra el autoritarismo.²⁶ De acuerdo con Jelin, "si cerramos los ojos, hay una imagen que domina la escena humana de las dictaduras: las Madres de Plaza de Mayo y otras mujeres, familiares, abuelas, viudas, comadres de detenidos-desaparecidos o de presos políticos, reclamando y buscando a sus hijos (en la imagen casi siempre varones), a sus maridos o compañeros, a sus nietos".²⁷ En Argentina, la memoria de las madres y abuelas ha constituido aquello que Canetti²⁸ llamó un cristal de la masa, es decir, un pequeño grupo perseverante que ha mantenido viva esa memoria desempeñando un papel clave en la lucha por la verdad y la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas. Gracias a ellas, la memoria puede convertirse en algunas ocasiones en una memoria abierta, en una masa en red que atrae hacia el sentido de justicia.²⁹ Sus voces implican el reconocimiento y la legitimación de otras experiencias, además de las dominantes, que pueden llevar eventualmente a una transformación del contenido y marco de la memoria social³⁰ en la medida en que puede significar una redefinición de la previamente definida esfera pública.

Objetivos e hipótesis

En este escenario, el presente trabajo pretende: a) visibilizar las memorias del pasado represivo jujeño, entre 1976 y 1983, desde la percepción de las mujeres; b) explorar el impacto psicosocial de la violencia y las estrategias de afrontamiento esgrimidas por ellas para enfrentar el dolor y la represión y c) conocer sus creencias acerca de las medidas de reparación y justicia aprobadas desde el inicio de la democracia hasta el 2008.

La hipótesis central afirma que las experiencias de las mujeres víctimas de la represión –no obstante su relevante protagonismo y sus narrativas propias y diferenciadas acerca del modo en el que la represión afectó a sus vidas (no exclusivamente ceñidas a su rol de madres o esposas)– seguirán siendo 'invisibles'. Se espera encontrar entre ellas víctimas de violencia sexual, en tanto la literatura en otros contextos ha identificado ésta como una práctica represiva con especificidades de género. Asimismo, aunque se espera encontrar un alto impacto emocional en ellas, se sostiene que responderán a un perfil de luchadoras sociales, en la línea de lo encontrado en otros contextos, en los cuales las mujeres han representado la organización social de las víctimas y han liderado las reivindicaciones de verdad, memoria y justicia.

Método

Se realizaron entrevistas en profundidad y se administraron cuestionarios cerrados a un grupo de 34 mujeres vinculadas a la Provincia de Jujuy, Argentina. La mayoría de ellas (n=29) tenía familiares detenidos-desaparecidos.³¹ De las entrevistadas, 12 mujeres estuvieron detenidas durante la dictadura militar argentina, bien en centros clandestinos de detención y/o en centros penitenciarios. Las entrevistas y cuestionarios se realizaron entre abril de 2007 y abril de 2008 en el marco de una investigación general sobre el impacto de la represión y sus consecuencias.³² Estas entrevistas fueron de gran utilidad para recuperar los testimonios³³ y visibilizar sus experiencias. Los cuestionarios, a su vez, permitieron una mejor medición del impacto de la represión a través de escalas ad hoc, así como los consensos y disensos en relación a la forma de reparar el pasado traumático. En relación al impacto psicosocial de la represión, el instrumento incluía las siguientes variables: a) exposición a tortura y/o abusos sexuales; b) presencia de secuelas; c) dificultades en el proceso de duelo; d) presencia de emociones de culpa y/o vergüenza; e) apoyo social percibido y f) estrategias de afrontamiento. Con respecto a las medidas de reparación y procesos de justicia, el instrumento consultaba acerca de las medidas retrospectivas de justicia transicional: juicio a las juntas militares; Informe Nunca Más; leyes de Obediencia Debida y Punto Final; indultos, indemnizaciones económicas, reinicio de los juicios y la política de derechos humanos al momento de las entrevistas.

Resultados

Memorias del pasado represivo e impacto psicosocial de la violencia

Las mujeres entrevistadas fueron consultadas acerca de las torturas y abusos sexuales sufridos durante la detención y encarcelamiento, así como de sus consecuencias sobre la salud y estrategias de afrontamiento utilizadas para hacer frente al horror represivo.

Las torturas y abusos sexuales en los centros clandestinos de detención

Tal y como se ha referido en otros contextos, la represión en Jujuy también recurrió a la tortura sexual como práctica diferenciada de género por parte del personal encargado de la gestión de los centros clandestinos de detención.

Ese día se ve que estaban celebrando una fiesta; me subieron escaleras arriba y me dijeron a ver si sabía simbar [hacer el borde] empanadas [...] Eran muchachos jóvenes, con el uniforme de Gendarmería Nacional. En un momento me llevaron a una pieza, me tiraron en una cucheta y todos abusaron de mí. En un momento sentí como si estuviese llegando alguien, algún responsable o algo [...] y así a medio vestir me tiraron escalones abajo donde estaban todos (Ivanna, ex detenida).

Carmen, otra ex detenida, también sufrió tortura sexual en su periodo de detención. Así explicaba la persistencia de sus dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales con su pareja: "Hasta el día de hoy te digo que me cuesta... cuando mi marido está encima de mí me pongo nerviosa, siento que el corazón me palpita rápido, que se me altera. Tengo la fortuna de que él me tiene paciencia, es un buen hombre [...]"

A pesar de ser una práctica sistemática de tortura, preocupa su invisibilidad y su falta de atención en los procesos de justicia vigentes en el momento de la toma de las entrevistas. Así se refería María, hija de un detenido-desaparecido: "Yo no tengo un conocimiento muy a fondo, lo que sí me parece es que en los Centros Clandestinos de Detención las mujeres eran abusadas sexualmente. Leí testimonios de mujeres violadas que después quedaron embarazadas de los tipos y eso no está contemplado en los juicios. No sé si se incluyen en las imputaciones, en las figuras legales, pero tendría que ser un delito a incluir".

Secuelas físicas y somáticas

De las mujeres entrevistadas, 19 de ellas afirmaron haber tenido enfermedades o secuelas físicas derivadas de la experiencia represiva. En el caso de las ex detenidas, las doce entrevistadas refirieron secuelas específicas vinculadas a la tortura a la que fueron sometidas.

Quisiera contarle que, en el traslado de la cárcel de Salta a la de Devoto, en abril de 1977, fui golpeada muy duramente, atada y tirada en el piso del avión como fuimos trasladados. Fruto del golpe, me quedó un aplastamiento en la quinta vértebra lumbar que, por no haber sido atendida en los posteriores cuatro años que permanecí en Devoto, sanó sola sobre el nervio. Ningún médico me trató, sólo una vez en el exilio. Fui recuperándome y volviendo a caminar con el apoyo de las otras compañeras que estaban presas conmigo. El diagnóstico que me han dado es el de una paraplejia con 34 años de evolución, complicada por una escoliosis, artrosis y la osteoporosis propia de la edad (Esther, ex detenida y madre de detenidos-desaparecidos).

En otros casos, las enfermedades (gastritis, reacciones en la piel, dificultades en el embarazo o desarrollo de cánceres), pueden haber sido producto de somatizaciones derivadas de las situaciones de estrés e incertidumbre, soportadas ante la desaparición de alguno/a de sus parientes o las experiencias de cárcel y la cercanía con la muerte que vivieron quienes estuvieron detenidas, las entrevistadas indicaron que estas reacciones solían manifestarse nuevamente cuando ocurrían hechos que les hacían revivir el periodo represivo.

Cuando empecé a tomar conciencia de que ya no ven-dría más se me cortó el habla; luego empezaron a salirme ronchas por todo el cuerpo y unas ampollitas impresionantes. Fui a cualquier cantidad de médicos y me decían que era psoriasis... que todo había sido nervioso (Leonor, esposa de detenido-desaparecido).

Mi ginecóloga dice que hay un montón de mujeres de mi generación que tienen mi misma historia y están con cáncer de mama, ahí está... El apoyo psicológico lo busqué en realidad cuando tuve el cáncer, cuando tuve mi cáncer, ahí fue un momento muy crítico para mí, otra vez la proximidad de la muerte así rozándome... tantas veces la viví, que era una encerrona más. El cuerpo registra todas esas cosas y ahí tomé la decisión de buscar el apoyo (Graciela, ex detenida).

Asimismo, relataron pesadillas y síntomas de re-experimentación, sobre todo ante situaciones que hacían revivir el evento traumático (dar el testimonio o encontrarse con represores en la calle, etcétera). En su testimonio Carina, cuya madre fue detenida-desaparecida y asesinada por el gobierno militar, reconocía la persistencia de pesadillas, aunque lo normalizaba como parte del daño que ocasionó la represión: "Más vale que tengo pesadillas, a veces los fantasmas me avasallan y es normal, quien más quien menos todos quedamos averiados, con algún raye. Tengo una herida sin cerrar hasta el día de mi muerte. Si estos infelices supieran el daño que han causado, no sólo a mí, a toda una generación."

Dificultades en el proceso de duelo

En otro sentido, se exploraron las posibles dificultades en la elaboración del duelo. Los testimonios de las mujeres con familiares detenidos-desaparecidos explicaron estas dificultades desde la ausencia del cuerpo como elemento de constatación de la muerte, a pesar de que el paso del tiempo y la investigación han permitido confirmar, al menos en parte, los asesinatos. "No pudimos hacer el duelo, menos aún mi mamá [...] y, sin embargo, todavía tenemos que seguir buscando el cuerpo, que aunque sepamos que está muerto, como todos, yo creo que cierra las cosas de otra manera, saber que está en un lugar determinado" (Elisa, hija de detenido-desaparecido).

Este proceso inacabado supuso para algunas mujeres cuyos compañeros afectivos fueron desaparecidos, un obstáculo añadido para re-establecer su vida afectiva.

Nosotros no hemos hecho ningún duelo, vivimos en la incertidumbre. Hasta hace unos cinco inviernos, yo veía un tipo de gamulán [chaqueta] y me daba vuelta, porque mi pareja andaba siempre con un gamulán, y eso lo llevé yo a la cárcel. No está cerrado. A pesar de que yo haya organizado mi vida, no es casual que yo me haya vuelto a separar. Es que vos te ponés a pensar y decir además que es una figura desaparecida, no hay un duelo, porque vos... ¿cuándo te convencés de una muerte?, cuando ves aunque sea el cajón, pero así [...] (Mónica, esposa de detenido-desaparecido).

Vivencias de culpa

La literatura existente sobre vivencias de culpa asociadas al impacto de la violencia política se ha referido a la presencia de estas emociones, bien por haber sobrevivido a otros compañeros (pese a haber compartido con ellos la antesala de la muerte en la cárcel o en los centros clandestinos de detención), bien como producto de la inducción social a la culpa por 'haber permitido' que sus familiares se involucrasen en actividades políticas que suponían un riesgo vital.

Es el caso de Silvia, hija de detenido-desaparecido, quien se lamentaba por no haber pasado el suficiente tiempo con su padre antes de que éste fuese secuestrado y asesinado por los militares, al tiempo que responsabilizaba a su madre por haber permitido que él se dedicase a la militancia política en vez de haberse dedicado de forma exclusiva al cuidado de la familia.

A veces siento rabia: ¿por qué mi mamá lo dejó que se fuese así si tenía su familia? Aunque sé que no soy na-die para juzgar, él sabría lo que hacía, era su manera de defender los derechos de la gente. Y sin embargo a mí me queda la culpa, la culpa de no haber estado más tiempo con él en los últimos años, me casé y nos abocamos a nuestra vida, muy alejada de ellos. Y él ha dado su vida. Muchas veces he querido morir. No soy responsable de su desaparición, pero sí del alejamiento.

En un sentido similar, Graciela, como militante, mujer ex detenida y madre, relataba las dificultades de compatibilizar militancia y maternidad, la sobrecarga de roles así como los sentimientos culpa asociados al modo en el que su actividad política pudo haber repercutido en sus hijas.

Los roles absolutamente diferenciados, claro..., las reuniones en mi casa... y yo sentía que debía opinar, porque tenía posición política... [porque] venía de una formación política... no [fui de las que] que de repente me arrumbaba bajo las niñas nada más, sino al contrario. Yo digo con mucho dolor que mis hijas asumían sus años [durante los cuales] han sido paquetes. Yo les cubría las necesidades básicas, las cambiaba, las bañaba, les planchaba los delantales, las llevaba a la escuela, las retiraba, pero me entendés como es la cosa... ¡eran paquetes!, ¡pobrecitas mis criaturas! [...] Y hacé los deberes... y hacé los deberes... y viste esa cosa que con las otras lo pude hacer con mucho más tranquilidad, ver si estaban bien o mal, que sentían, que no sentían, lo digo realmente con dolor, las niñas fueron paquetes en esos años de mi vida, no descuidadas porque te podés imaginar que yo laburaba para que no les faltara nada, pero...

Apoyo social percibido y aislamiento social

Para conocer el apoyo percibido durante los años de la represión, se pidió a las mujeres que contestasen en qué medida se sentían identificadas con cuatro afirmaciones que se les daba. La mayoría de las mujeres sintieron que la sociedad les dio la espalda (n=24) e incluso que les responsabilizaba de lo ocurrido (n=20). De las mujeres entrevistadas, 13 expresaron que las amistades les habían dado la espalda y casi un cuarto de la muestra refirió episodios de humillación por parte de alguna gente (n=8).

También las entrevistas reflejaron el aislamiento social, la sensación de ser personas no gratas en la comunidad y ser acusadas por su parentesco con "guerrilleros" o "extremistas", llegando en ocasiones a quebrar relaciones en el interior de las familias.

Los amigos han desaparecido completamente. Nadie vino a la casa, nadie me dijo "señora, ha pasado esto con su marido". No. Ni los políticos que han estado con él. Sólo uno que me ayudó a entrar a trabajar. No sé por qué los amigos..., por no meterse mucho, por no tener ningún compromiso, por temor, porque antes era así, uno no podía decir nada, la gente tenía miedo. Temor (Dolores, esposa de detenido-desaparecido).

Me pasé los años tratando de demostrar que no éramos tan malos como nos pintaron, que teníamos sentimientos..., siempre con la sensación de estar en los márgenes de la sociedad, tratando de demostrar que éramos personas normales..., aunque a veces te preguntás ¿quién es más normal [...], nosotros o [...] quienes no nos aceptan? (Adriana, hija de detenida-desaparecida).

La estigmatización y la construcción de categorías sociales como "subversivas o peligrosas", dificultaron la reinserción a una sociedad de la que habían sido forzadamente apartadas, exclusión agudizada en un contexto de control social propio de sociedades pequeñas como la de la provincia de Jujuy. Así, cuando las mujeres acudían a buscar trabajo, a menudo no lo encontraban o las despedían a los pocos días. Los servicios de inteligencia policial y militar continuaban realizando sus tareas de vigilancia e instando a los dueños o responsables de las empresas a no contratar a las personas ex detenidas e incluso en ocasiones a sus familiares. Muchas fueron contratadas y despedidas casi a continuación, al principio sin poder entender los motivos de estas situaciones repetitivas y quedando en condiciones socioeconómicas de pobreza, en ocasiones, de extrema pobreza.

Después buscar trabajo, [me quedaba sin él] a los dos o tres días. Yo iba a un lugar, me tomaban, estaba trabajando tres días, estaban contentos conmigo y, de pronto, ¡pam!, me decían "disculpe, pero la verdad es que no conviene que siga porque no vamos a tomar una empleada más." [Yo contestaba] "Pero, ¿por qué?, ¿qué hice?" Y me quedaba sin laburo. Ya iba como seis laburos que iba perdiendo y no sabía qué pasaba [...] Hasta que un tipo me dijo..., fue en una joyería..., había trabajado como seis días ahí y entonces agarra el tipo y me dice, "mire, yo no tendría que decirle esto pero la quiero mucho y reconozco que es una buena empleada y a mí me duele un montón tener que hacer esto, pero lamentablemente no la podemos tener. Por el aprecio que te tengo yo te voy a decir la verdad, vino gente de la policía de la provincia y me dijo que vos sos guerrillera y que no es conveniente que yo te tenga trabajando acá, que representás un peligro para nosotros." De ahí comprendí que todos los trabajos que perdía era porque esos infelices me estaban persiguiendo (Lucrecia, ex detenida).

Afrontamiento de la violencia y organización social

Pese a que la violencia y la represión provocan daños físicos y emocionales, así como pérdidas comunitarias de difícil recuperación, existe una amplia literatura acerca del modo en que la población, y de forma significativa las mujeres, enfrentan la violencia de forma activa y protagonizan múltiples experiencias de reivindicación y lucha que mantiene viva la memoria del pasado.

Con el propósito de evaluar el tipo de afrontamiento que caracterizó a las mujeres entrevistadas, se les pidió que respondieran a un listado de diez afirmaciones referidas al modo de afrontar la experiencia traumática: cinco afirmaciones referidas a un tipo de afrontamiento activo y cinco ligadas a un tipo de afrontamiento de evitación. De los resultados se extrae que la mayoría se nucleó en torno a las organizaciones de afectados/as (n=24) y trató de buscar información acerca de lo que había pasado (n=23) e incluso, en algunos casos, acudieron a videntes para conocer el paradero de sus familiares (n=5), aunque no necesariamente la mayoría reforzase la lucha política (n=16). Casi la mitad recurrió a apoyo psicológico para enfrentar el dolor ocasionado (n=16). Al explorar los ítems referidos a un tipo de afrontamiento marcado por la evitación, se encontró que sólo un tercio de las mujeres entrevistadas prefirió callarse y llevar la pena en silencio (n=10) o tratar de distraerse para evitar pensar en lo que había ocurrido (n=9). Aún es menor el porcentaje de mujeres que decidieron callarse por miedo a que les pasase algo (n=8), quienes se resignaron porque dejaron de creer en la justicia (n=5) o quienes consideraron que era preferible no meterse en política (n=3).

Las entrevistas recogen múltiples estrategias de afrontamiento activo de este colectivo. En el caso de las mujeres ex detenidas, los episodios relatados evocan su paso por la cárcel y las sesiones de tortura que enfrentaron. Describen numerosas actividades dirigidas a ocupar el tiempo libre, formarse y evitar con ello quebrarse en la situación de encierro: teatro, clase de manualidades, taller de discusión política, reflexiones sobre cómo enfrentar un interrogatorio, cómo enfrentar la muerte, etcétera. Para ello, se aprovechaban los recursos humanos y profesionales disponibles en las celdas o pabellones: docentes, psicólogas y muchas otras profesionistas. De esta manera, cada cual aportaba lo que mejor sabía hacer, recuperando las rutinas diarias de sus vidas cotidianas al interior de las paredes de las cárceles.

Hacíamos seguimiento de la política internacional. Con los periódicos que nos pasaban las presas comunes, cada una se especializaba en un tema o en un país, economía de China o lo que fuese; nos hacíamos notas en los papelitos de los cigarrillos y nos las íbamos pasando, así todas estudiábamos (Florencia, ex detenida).

Ocupábamos el tiempo haciendo manualidades, hacíamos remeras, que teñíamos de colores con la yerba maté, con la remolacha... hacíamos muchas cosas así, para sacar toda la creatividad, incluso alguna obra de teatro que preparábamos en las duchas y que nos servía también para ridiculizar al personal penitenciario. Aunque luego nos castigasen, ya lo habíamos hecho (Lidia, ex detenida).

Nos preparábamos para la muerte [...] Las compañeras decían que tenemos dos muertes [...] Hay una pre muerte cuando uno se acuesta a dormir y no se acuerda de absolutamente nada. Ésa ya es una muerte y después esta la muerte-muerte que es la primera muerte..., a mi me costó mucho pero ayudaba a tener menos miedo, a relativizar lo que pudiese pasar después de la tortura (Luisa, ex detenida).

Además, entre quienes optaron por las formas cooperativas para enfrentar la cotidianeidad en la prisión, hubo un consenso en torno a cómo la experiencia de la cárcel supuso una mayor toma de conciencia e incluso un aprendizaje en relación a la política en sí misma, teniendo en este sentido el encarcelamiento el efecto contrario de lo que los militares pretendían: la sumisión y la desmovilización política. "No sabés, porque adentro había gente muy polenta [de excelente calidad], gente grossa [importante], intelectuales, entonces era una cosa... porque te la pasabas escuchando, aprendiendo, yo a veces decía sí, sí, y no me estaba enterando de nada, pero ponía cara de convencimiento, pero con el tiempo vas aprendiendo mucho" (Paola, ex detenida).

El afrontamiento activo de las mujeres con familiares secuestrados se caracterizó, sobre todo, por la búsqueda de información en las comisarías y centros penitenciarios de la Provincia, en un contexto de máxima incertidumbre y desconcierto, en el que, además, la información que se les proporcionaba era confusa y a menudo contradictoria. "Mi mama salía a buscar noticias de mi hermano, a buscar qué sé yo, a ver dónde estaba, porque a ella le decían: 'anda en tal lugar y allí te pueden dar una noticia o anda en tal otro'; y mientras, ella andaba todo el día porque salía de mi casa a las siete de la mañana a San Salvador y volvía a las 12 de la noche" (Felisa, hermana de detenidos-desaparecidos).

Asimismo, muchas recibieron amenazas para que desistiesen en la búsqueda. En ocasiones, las familias fueron hostigadas e incluso detenidas al acercarse a las comisarías. Estas amenazas sin embargo no paralizaron, en la mayoría de los casos, los procesos de averiguación, aunque sí ocasionó que a menudo la actividad principal de búsqueda recayese sobre algunos miembros de las familias y no en toda.

Mataron a mi hija y nosotras fuimos con mi hermana y mi otro hijo hasta Tucumán a buscar a mi nieta, porque el compañero de mi hija nos hizo llegar un telegrama que había sucedido algo grave. Yo ya me imaginaba qué había pasado, estaba enterada. Ahí nos agarraron y nos metieron a nosotras también presas, junto con las presas comunes, yo preguntaba por mi nietita y nada, me decían que la tenían los Montoneros, nos trataban mal, como para que dejásemos de buscar (Norma, madre de asesinada política).

La participación en torno a las organizaciones de afectados también fue descrita, por lo general, como una opción positiva y asociada al bienestar psicosocial. Se valoró la insistencia de algunas compañeras para fomentar el asociacionismo y el apoyo social obtenido a través de las mismas.

Para mí es muy importante el hecho de haberme integrado en Madres y Familiares. Nélida nos llamó, me invitó un día en la calle, que nos reuníamos en su casa. Y era muy tierna, muy familiar, muy solidaria, muy cordial, como Olga... Hemos conseguido cosas como organización, hemos documentado a través de los libros, de los videos. El 24 de marzo, cuando los chicos tienen que hacer los trabajos de la escuela, vienen y preguntan, nos llaman para que vayamos a las escuelas. Es lindo que nos acompañen, que la gente tome conciencia (Nadia, hermana de detenido-desaparecido).

Creencias en torno a la reparación y la justicia

Los testimonios obtenidos permiten profundizar en las vivencias y creencias de las mujeres en relación a las medidas propuestas.

El Informe Nunca Más y los juicios a las juntas militares

Aunque la valoración que se realizó es, en general positiva, las mujeres afectadas han cuestionado el prólogo, en tanto sostenía, en su primera edición, la teoría de los dos demonios³⁴ y equiparaba a los militantes políticos con los militares golpistas.

El Nunca Más es muy valioso. El informe, el trabajo de la Conadep es el primer esfuerzo de la democracia de hacerse cargo, de responder a investigar el pasado reciente. Es el primer testimonio del horror y que muestra el plan sistemático a través de los testimonios de los sobrevivientes. Lo que se le critica es el prólogo, porque avala la teoría de los dos demonios, porque esa era la lectura del discurso militar, de que fue una guerra, que había un extremismo de izquierda y un extremismo de derecha y que esos dos demonios lucharon entre sí y, como consecuencia de eso, se produjo esa matanza. El resto, los partidos y la Iglesia eran ángeles, que no tenían ninguna participación, una visión simplificada de lo que pasó que se introdujo a nivel social (Elisa, hija de detenido-desaparecido).

Los testimonios referían que, en un momento tan inmediato a la dictadura, con una estructura militar aún fuerte, el desgaste político al que estaba siendo sometido el gobierno y con una sociedad poco preparada en la que el discurso criminalizador había calado, los resultados del Informe y de los juicios a las juntas son ni más ni menos lo que se podía hacer en ese momento histórico y que, en todo caso, sirvieron de base para certificar el carácter sistemático de la represión y constituirse en marco de referencia en la búsqueda de la verdad y la justicia. De este modo, estas medidas se valoraron como parte de un proceso más largo que requiere de otros tiempos y otros esfuerzos para desenmascarar completamente qué fue lo que ocurrió y qué fue en sí el terrorismo de Estado. La difusión de estas medidas en los medios de comunicación fue considerada como de importante valor en el proceso de concientización social. "Cuando fui a declarar en el juicio a las juntas me esperaba en el aeropuerto un auto con dos policías de la Federal para trasladarme a los tribunales, decían que para llegar a tiempo a la audiencia. Vi en el auto, debajo de los asientos, armas que llevaban ahí, como un aviso imagino" (Mónica, esposa de detenido-desaparecido).

Leyes de Obediencia Debida y Punto Final e indultos presidenciales

Los juicios fueron algo histórico, pero, por la presión que hubo y a pesar de la gente que lo había votado, no se tuvieron bolas para pararse y no aprobar las leyes que se aprobaron después. Las leyes [de Obediencia Debida y Punto Final] significaron que nos pegaran un tiro a nosotros también: dejar todo como estaba y quedarnos en la nada, más allá del libro. Primero hicieron una cosa y luego quisieron taparlo (Nora, hija de detenido-desaparecido).

La impunidad nos ha generado a nosotras [el sentimiento] de por qué yo tengo que transitar con los asesinos, ¿por qué? La impunidad nos ha obligado a tener que convivir con el asesino (Valeria, esposa de detenido-desaparecido).

Las indemnizaciones económicas

Aunque las indemnizaciones económicas fueron en general bien valoradas, obtuvieron sin embargo las valoraciones más tímidas. Las entrevistadas explicaron que, aunque necesarias, no habían logrado reparar lo ocurrido y mostraron las contradicciones que tuvieron que enfrentar para tomar la decisión de cobrarlas. Estas dudas estaban atravesadas por la percepción de que, cobrarlas, implicaba de alguna manera cambiarlas por el asesinato del familiar desaparecido, renunciar a la dignidad personal y colectiva.

Nosotros con mi familia cobramos la indemnización y a mí me sirvió esa plata para los estudios. Y hay gente que no ha querido cobrar porque "cómo –decía– el mismo Estado que había matado... [pero] para mí fue una lectura errada porque no nos callaron la boca. Porque el Estado, cuando eres víctima de algo, te indemniza. Es un resarcimiento económico, nadie nos va a devolver a los familiares (Angélica, hija de dete-nido-desaparecido).

Cuando me citaron en Buenos Aires, ahí a firmar ¿no?, les dije: "¿puedo volver mañana?" [...] "Sí", me dicen, "acá están los papeles"... Entonces le dije a Paula que estaba estudiando en Córdoba: "¡Ah!, Paula, la verdad le digo que no se qué mierda hacer, ¿firmar?", "porque", le digo, "¡me están pagando por la muerte de tu papá!", y añado, "va en contra de todos mis principios"; entonces ella, que estaba en primer año de abogacía, me contesta, "bueno mamá, hacé lo que vos sintás [...] mamá, papá hubiese querido que yo siga estudiando y las cosas están cada vez peores, así que... que sirva para el estudio" (Mónica, esposa de detenido-desaparecido).

Fue una hijaputez. Fue jugar con la dignidad. Los rotos que quedaron como consecuencia de la desaparición. A mamá le querían quitar los militares la casa, se la querían quitar en la política de [José Alfredo] Martínez de Hoz.³⁵ Con el mal pago de los salarios, el sueldo de ella iba íntegro al pago de la casa y por eso nosotros tuvimos que salir a trabajar para sostener los otros gastos. Arreglamos la casa, arreglamos la situación económica, los agujeros que teníamos. No siempre abríamos la nevera y estaba llena, claro, eso te da el panorama. No fue enriquecerse. (Adriana, hija de detenida-desaparecida).

Los procesos de justicia: disposición a querellar y confianza en los juicios

La justicia es, sin duda, la medida de reparación mejor valorada por las mujeres, aunque no todas ellas estuviesen convencidas de implicarse personalmente en los juicios. Presentarse como querellante en los juicios penales es una decisión compleja que implica discusiones al interior de las familias sobre su pertinencia. En general, no toda la familia se involucra activamente en la búsqueda de la justicia, sino que esta actividad recae sobre alguno de sus miembros. Carina, hija de asesinada política, refería cómo ha tenido que ser ella quien ha impulsado lo relacionado con la justicia: "Mi hermano ha tenido otro proceso al afrontar todo esto; más aislado, él también debe tener sus mambos [conflictos]. Mi padre tampoco me apoyaba, me decía que mejor no me metiese, que ya había pasado, pero yo no podía dejarlo pasar, no me hubiera perdonado nunca el haber dejado las cosas así. Así que he estado sola con el juicio".

Quienes mostraron su negativa a enrolarse en procesos penales argumentaron sus dudas: desde la desconfianza en el sistema judicial hasta la frustración generada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que paralizaron los primeros juicios emprendidos en el periodo inmediatamente post-dictatorial. Igualmente, muchas mujeres expresaron el miedo a sufrir represalias en carne propia o en algunos de sus familiares, en tanto la desaparición y las amenazas sufridas por testigos claves les demostraba que el aparato represivo aún seguía funcionando. "Tengo miedo por mis sobrinos, ¿no? Porque ellos puedan tener represalias, son jóvenes, tienen toda la vida por delante y a nosotros qué más nos puede pasar, pero, ¿y a ellos?" (Lourdes, hermana de detenido-desaparecido).

De hecho, algunas de las mujeres entrevistadas fueron objeto de hostigamientos que han sido denunciados públicamente: robos y/o aperturas de autos con sustracción de afiches y documentación relativa a los juicios, amenazas telefónicas y amenazas para que guarden silencio y no realicen denuncias ante la justicia, entre otras. Igualmente, algunos responsables se acercaron a los afectados solicitando piedad y el abandono de la búsqueda de justicia, intimidando a las víctimas y haciéndoles saber que conocían el lugar en el que residían y la información que sobre ellas tenían.

Una persona, autora del secuestro, se acercó a la familia para que levantásemos la denuncia. Su esposa nos escribió una carta, dirigida a mi suegra, en la que recordaba a mi marido, apelando a su corazón de madre le decía que reconocía el dolor y que sabía que en su corazón no había deseos ni de odio ni de venganza y que intercediese ante mí para que levantase la denuncia y aceptase un diálogo con el represor [...] Después de declarar en el Juicio por la Verdad por la tarde, había dejado mi auto en el centro de Jujuy, en San Martín esquina Lavalle, pues tenía que ir a dar clases en el Instituto de Formación Docente de Jujuy. Cuando salí me habían robado mi auto, con toda la documentación presentada en la audiencia del juicio. No creo que fuese un delito común, no lo interpretamos así, porque en esta provincia no se roban así los autos, menos en la tarde y en pleno centro. Demasiada casualidad el día de la audiencia (Valeria, esposa de detenido-desaparecido).

En general se opinó que, en todo caso, la justicia iba a ser parcial, sancionando a algunos de los responsables de la dictadura pero no a todos, sobre todo a los responsables intermedios y aquellos poderes económicos a los que también se les atribuye una alta responsabilidad. Como ejemplo, mencionaron el caso de la Empresa Ledesma, el ingenio azucarero que colaboró en la masacre prestando sus camionetas y señalando a la gente trabajadora más organizada que en ella laboraba. Es decir, se consideró que, aunque la justicia avanzaba, lo hacía lentamente, dejando fuera de ella a un abanico de responsables que colaboraron activamente con las fuerzas militares.

Entre los motivos que se expresaron para explicar la lentitud de la justicia sobresale la creencia de que no existía voluntad política en ciertos sectores para que ésta avanzara, entre ellos, el Poder Judicial. Esto se argumentaba desde los nombramientos en sus propias estructuras, de personas que participaron en la administración golpista, así como la designación en los procesos penales de jueces subrogantes que evitaban tomar decisiones hasta que se hiciera efectivo el nombramiento de un juez titular. Además, referían cómo los jueces demoraban, de forma injustificada, las medidas solicitadas por los abogados querellantes y parecían perseguir en mayor medida la seguridad y la protección de los represores que de la población afectada.

Nombraron a Sergio Marcelo Jenéfes en la vocalía del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, pese a haber sido denunciado como funcionario de la administración golpista y genocida, y tuvimos que ir nosotras a los organismos a interponer un recurso de amparo para denunciar esta situación. Aun habiendo enviado escritos de denuncia a la presidencia del país, a la gobernación y demás instituciones públicas, nuestra organización no recibió respuesta alguna (Valeria, esposa de detenido-desaparecido).

Se paralizan las indagatorias porque dicen que no hay garantías de seguridad para los imputados, por las movilizaciones de las organizaciones sociales cuando fue a declarar Benjamín Menéndez. Ahora parece que hay que cuidarles la seguridad a ellos, y a nosotros... ¿quién nos cuida la seguridad a nosotros? (Nadia, hermana de detenido-desaparecido).

Bartolina, hija de asesinado político, participó activamente proporcionando información precisa de los circuitos represivos de Jujuy y de los agentes responsables a través de un trabajo sistemático de revisión de testimonios. Esta colaboración no fue sencilla en tanto tuvo que enfrentar la desconfianza que la propia justicia tenía en relación a este colectivo estigmatizado como "subversivo". "Acá los derechos humanos no van, es mala palabra, aún es mala palabra, ya te ubican como quilombera [escandalizadora]; identificarte como militante de derechos humanos en algunos sectores supone que te miren con recelo y eso te da la pauta de que aún quedan muchas cosas por trabajar, que no ha habido un cambio profundo de mentalidad en la provincia."

Sin embargo, se esforzó en aportar toda la documentación necesaria y colaboró activamente, desde el convencimiento y deseo último de ver avanzar los juicios, enfrentando la etiqueta social que recaía sobre ella. Empero, al momento de las entrevistas, los procesos judiciales se encontraban paralizados: no se llamaba a declarar a los responsables, avanzaban poco y, mientras tanto, los represores iban envejeciendo, aspecto que era utilizado en las alegaciones de enfermedades propias de la edad con el objetivo de lograr prisión domiciliaria en caso de sentencia. Por esto trabajaban por la unificación de las causas, como medida para enfrentar la lentitud. El reclamo de cárcel común era saliente entre las mujeres, quienes se esforzaban en expresar que si bien los represores estaban siendo juzgados con todas las garantías que imprime el Estado de derecho, lo eran en una situación de ventaja comparativa con respecto a los juicios que no tuvieron sus familiares detenidos-desaparecidos y los ex detenidos políticos. "¿Por qué ellos tienen que tener un trato como de beneficio mientras nosotras seguimos amenazadas? Tienen que ir a una cárcel común, con todos los presos, no es justo" (Carina, hija de asesinada política).

Consideraron que el triunfo de la justicia no sólo era una forma de reparación para los afectados, sino que su éxito debiera ser garantía para que las violaciones a los derechos humanos no volviesen a ocurrir en el futuro, así como una forma de sanar la confianza en la justicia, institución cuya imagen se encontraba severamente devaluada entre la opinión pública.

La inclusión de un enfoque de género en el análisis de la violencia política permite observar el impacto diferencial de la represión y la violencia por parte del Estado sobre hombres y mujeres y la forma en que se legitiman, refuerzan o revierten las relaciones jerárquicas y las relaciones asimétricas de subordinación entre ellos.

En la invisibilidad de la violencia ejercida contra las mujeres es relevante considerar que su rol estaba situado en la esfera de lo privado, por lo que sus vivencias y experiencias como protagonistas fueron relegadas a un segundo plano, siendo representadas generalmente como madres o compañeras. Estos resultados son coherentes con lo identificado por la literatura en otros contextos de represión política y resultan, además, esperables en un contexto tradicional como el de la provincia de Jujuy donde el control social es más intenso dada su caracterización de pueblo chico y donde los valores patriarcales poseen un valor normativo de mayor peso en comparación con lo que podría suceder en otras urbes del país.

Al igual que ha ocurrido en otros contextos, y tal como se preveía, la tortura sexual también se ejerció en la provincia de Jujuy, tal como han relatado algunas de las sobrevivientes. Sin duda, visibilizar los abusos sexuales como violencia realizada durante épocas de graves violaciones de derechos humanos, ayuda a mostrar las relaciones de poder ejercidas sobre las mujeres, su subordinación y su consideración como objetos sexuales. Sin embargo, el abuso sexual es solo un aspecto en la complejidad de las experiencias de las mujeres víctimas de la violencia política. De este modo, se hace necesario seguir prestando atención al conjunto de dificultades que las afectan, a saber: el secuestro y asesinato de hijos y la desintegración familiar, las enfermedades o secuelas físicas consecuencia de la tortura o de la somatización del estrés y la incertidumbre, las dificultades en la elaboración del duelo y en algunos casos las (im)posibilidades para tejer nuevas relaciones afectivas, las vivencias de culpa asociadas al no cumplimiento de los mandatos familiares y el desempeño de los múltiples roles como madres, esposas y/o militantes políticas, la sobrecarga de tareas, la estigmatización, la falta de apoyo, el aislamiento social, etcétera.

A pesar de todo, y coherentemente con lo señalado por la literatura previa, las mujeres han mostrado un perfil resistente y protagonista, alejado del rol de víctimas, construido a partir de la organización y de una identidad militante en la línea de las hipótesis formuladas para este trabajo. En las cárceles y en las calles, las mujeres entrevistadas han mostrado capacidad de organización: tanto como red de apoyo mutuo, como para la reivindicación de derechos (incluso en el contexto de impunidad que legislaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como los posteriores indultos), alzándose como voces públicas en la defensa de los derechos humanos.

El enfoque de género en las políticas de justicia y reparación después de situaciones de violencia, además de atender necesidades específicas y orientar hacia el desarrollo de programas de apoyo, debe aspirar, en un contexto más amplio, a promover cambios estructurales en las relaciones sociales, el acceso a los recursos, a la justicia y a la apropiación del espacio público, que hagan visible la especificidad de estas violencias y sus consecuencias, favoreciendo la consolidación de sociedades socialmente más equitativas y democráticas. Sin duda, en un contexto donde la inequidad basada en el género es productora de injusticia social, obliga a redefinir constantemente y estar alerta a los intentos de degradación, desvalorización y desconocimiento de la propia capacidad para definir quiénes son y qué necesitan las mujeres.

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NOTAS

* Gracias a todas las mujeres sobrevivientes de la represión militar en Jujuy por vuestro ejemplo de lucha y calidez humana. Asimismo a vuestras organizaciones: hijos Regional Jujuy; Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy -Línea Histórica; Madres; Hij@s y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de la provincia de Jujuy; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy en Tumbaya; Madres de Detenidos-Desaparecidos del Dpto. Ledesma; Asociación jujeña de Ex Presos/as Políticos/as. Gracias por igual al Dr. Pau Pérez Sales y al Dr. Pedro Ibarra por su seguimiento y apoyo en el proceso de investigación. A Fernando Zega por las correcciones al texto.

² La Ley de Obediencia Debida núm. 23.521 fue una disposición legal dictada en Argentina expedida el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ella estableció una presunción iuris et de iure en el sentido de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado, no eran punibles por haber actuado éstos en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).

³ La Ley 23.492 de Punto Final estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar.

⁴ Conocidos como los indultos de Menem: una serie de diez decretos sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 por el entonces presidente.

⁵ Sandrine Lefranc, Políticas del perdón, Madrid, Frónesis/Cátedra, 2004, p. 41.

⁶ Maitane Arnoso, Terrorismo de Estado en Jujuy (1976-1983). Impacto psicosocial y representaciones del pasado, la justicia y la reparación. San Salvador de Jujuy, Servicio Editorial de la Universidad de Jujuy, 2012 (en prensa); Andrés Fidalgo, Jujuy, 1966-198. Violaciones a los derechos humanos cometidas en el territorio de la provincia o contra personas a ella vinculada, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2001.

⁷ Se desconoce la edad del 4.6% de las personas detenidas y/o desaparecidas vinculadas a Jujuy.

⁸ Vid. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2010. Desarrollo humano en Argentina: trayecto y nuevos desafíos, Buenos Aires, PNUD, 2010. Documento disponible en línea, en http://www.undp.org.ar/desarrollohumano/docsIDH2010/PNUD_INDH_2010_Nov_2010.pdf N.E.

⁹ Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado, "Informe sobre las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Jujuy", Buenos Aires, Procuración General de la Nación, 2011, en http://www.mpf.gov.ar/Accesos/DDHH/Docs/informe_jujuy_2011_final.pdf

¹⁰ Alejandra Noemí Cejas, "Hacia un cambio de estrategias en la agenda de las mujeres de Jujuy", ponencia presentada en el Foro Interamericano de Mujeres Contra la Corrupción, presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires del 29-30 de septiembre al 1° de octubre 2008.

¹² Durante 2009, grupos de mujeres jujeñas presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo de esa provincia con respecto a la Ley de cupo, necesarias para garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres a los cargos electivos y partidarios. El Tribunal condenó al Poder Ejecutivo y al Legislativo de la Provincia de Jujuy para que arbitrara las medidas necesarias a fin de hacer efectivos los derechos a una igualitaria participación en los cargos electivos. Luego, el estado provincial lanzó una batería de argumentos para desestimar esta medida y solicitó juicio político a todos los jueces que habían pedido que el arbitrio a favor del cupo.

¹³ La Empresa Ledesma se encuentra ubicada en el municipio de Libertador General San Martín, a 129 km de San Salvador de Jujuy. Es un conglomerado agroindustrial compuesto por el Ingenio Ledesma, donde se produce azúcar y se fabrica papel. La familia Blaquier dirige esta empresa que tiene 35,000 hectáreas de caña de azúcar, cuya capacidad productiva es de aproximadamente 300,000 toneladas de azúcar y 70,000,000 de litros de alcohol, que representa el 20% de lo producido en el país, así como el 40% de la producción de papel. En la actualidad, prácticamente la totalidad de la población del municipio de Libertador General San Martín está vinculada a la Empresa Ledesma porque trabajan directa o indirectamente en ella o, en su defecto, lo hace un familiar cercano.

¹⁴ M. Arnoso, op. cit.

¹⁵ Vasuki Nesiah, Comisiones de la verdad y género: principios, políticas y procedimientos, Nueva York, Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2006.

¹⁶ Ximena-Enloe Bunster et al. (eds.), La mujer ausente. Derechos humanos en el mundo, Santiago de Chile, Isis Internacional, 1991.

¹⁷ José Carlos Rodríguez y Yudith Rolón (coords.), Informe final Anive haguã oiko. Las violaciones de derechos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo. Tomo III, Asunción, Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, 2008.

¹⁸ Ueno Chizuko, "The Politics of Memory. Nation, Individuals and Self. History and Memory", en Studies in Representation of the Past, vol. 11, núm. 2, 1999, p. 131.

¹⁹ María Sonderéguer, "Violencias de género: violencia sexual y tortura en el terrorismo de Estado en la Argentina", en Revista Género y Peronismo, núm. 10, 2010.

²⁰ V. Nesiah, op. cit.

²² Selma Leydesdorff, et al., Gender and Memory, Oxford, Oxford University Press, 1996.

²³ Noemí Ciollaro, Pájaros sin Luz. Testimonios de mujeres de desaparecidos, Buenos Aires, Planeta, 2000, p. 57.

²⁴ Judith Filc, Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983, Buenos Aires, Biblos, 1997.

²⁵ Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo Veintiuno de España Editores, 2002, p. 100.

²⁶ Elizabeth Lira, "Recordar es volver a pasar por el corazón", en Darío Páez et al. (eds.), Memorias colectivas de procesos culturales y políticos, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1998, p. 256.

²⁷ E. Jelin, op. cit., p. 99.

²⁸ Elías Canetti citado en Carlos Martín Beristain, "Reconciliación y democratización en América Latina: un análisis regional. Papel de las políticas de Verdad, Justicia y Reparación", en Gilda Pacheco et al. (eds.), Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social, San José de Costa Rica, IIDH/IDEA, 2005.

²⁹ Denise Jodelet, "El lado moral y afectivo de la historia. Un ejemplo de la memoria de masas; el caso de Klaus Barbie, el Carnicero de Lyon", en D. Páez, op. cit.

³⁰ S. Leydesdorff, op. cit.

³² M. Arnoso, op. cit.

³³ Se ha guardado la privacidad de las mujeres que testimoniaron para este estudio. Los nombres que aparecen son ficticios. El interés reside en visibilizar su experiencia desde una perspectiva grupal, queriendo evitar la identificación individual de las vivencias narradas.

³⁴ Esta teoría fue un intento de repartir las responsabilidades de lo ocurrido en el periodo 1976-1983 entre las organizaciones armadas o guerrilleras y las fuerzas militares, aludiendo a una situación de guerra civil en la que todos fueron culpables.

³⁵ Ministro de Economía –del 29 de marzo de 1976 al 31 de marzo de 1981– durante el Proceso de Reorganización Nacional. N.E.