Por la voluntad o por la fuerza. El escenario para la apertura democrática y la reforma política. Echeverría y López Portillo*

Erwin Rodríguez Díaz**

** Profesor de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

Resumen

Palabras clave: Transición política, cambio político, libertad de expresión, oposición, sistema político.

Abstract

The transition to a democratic system has an important phase in Luis Echeverría and José López Portillo presidency's period. For twelve years, changes were realized from democracy opening to the political reform.

Keywords: Political transition, Political change, freedom of expression, opposition, political system.

La inconformidad… es un lugar común. Voces de todos los rumbos y de todos los
niveles piden cambios en esto o en aquello. Hablar de reforma …es ahora un concepto
general… Los sectores oficiales y oficiosos… hablan también de reformas, aunque a ]]> menudo caigan en contradicciones, fruto de del desconcierto de los que, por una parte,
querrían atender a las inquietudes populares y, por la otra, temen lo que puede suceder
con los intereses que defienden.

Manuel Moreno, 1970.

La democracia es una forma abstracta de gobierno. Por eso mismo, su construcción real es un proceso que varía en tiempo y formas, de acuerdo con el desarrollo de la sociedad de que se trate. En México la transición ha ido de un gobierno más autoritario a uno menos autoritario, y en esa evolución se registra el paso de un régimen menos democrático a uno más democrático. La democracia es una construcción en el tiempo.

Entre 1970 y 1982, México vivió nuevos cambios en el gobierno y la sociedad. Este proceso fue, en el plano político, de la "apertura democrática" del Presidente Luis Echeverría Álvarez, a la creación de un sistema nacional de partidos políticos, en el sexenio del Presidente José López Portillo. Aquellas transformaciones en el sistema mexicano fueron concebidas por los primeros mandatarios y se operaron y vigilaron "desde arriba", para adecuar el esquema de poder a las nuevas realidades sociales y culturales imperantes en el país. Las circunstancias hacían insuficiente el, hasta entonces eficaz, orden político basado en un pacto autoritario, sustentado en un partido hegemónico y un poder centralizado en el Presidente de la República. Estas combinaciones se enmarcaban en la no movilización ciudadana y en la aparente unanimidad aprobatoria nacional.

Los nuevos rasgos del país se relacionaban con el tránsito de una sociedad predominantemente rural, con todas sus implicaciones, a una comunidad con formas más urbanas y nuevas presencias en el plano económico. También, con un cambio en el orden social debido al crecimiento cada vez más apresurado de las clases medias y la conformación de un conjunto cultural moderno, aun cuando la modernidad fuera desigual o limitada a determinados espacios en la vida de los mexicanos. Además, nuestras evoluciones se daban con el trasfondo de cambios mundiales, como lo fueron los impactos económicos de la post–guerra y el nuevo ascenso estruendoso, aunque momentáneo, del socialismo realmente existente. El país estaba inmerso en la "guerra fría", de la propuesta socialista contra la del capitalismo, y en una creciente y complicada interdependencia entre los Estados nacionales.

De todas maneras, el sistema mexicano, con los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, inició un nuevo e intenso ciclo de transformaciones para adecuarse a los tiempos históricos propios y las realidades de su entorno regional o mundial. El complicado escenario obligaba al gobierno del país a cambiar, con la premura posible, su política, por simples razones de gobernabilidad y de permanencia. También para mostrar un nuevo rostro ante los interlocutores internos y externos. Es decir, por razones estéticas prácticas en el nuevo escenario mundial, que evolucionaba hacia un consenso en el que la democracia contenía toda suerte de prestigios y expectativas. Cuando, incluso, varias dictaduras en distintos lugares del mundo, civiles o militares, comenzaron a autonombrarse promotoras o garantes de la propuesta democrática.

Este ensayo tiene como propósito examinar algunos rasgos sobresalientes de aquel otoño del "viejo" sistema político mexicano. Se busca contribuir a desmantelar, o por lo menos cuestionar, la idea de que la democratización, o modernización, mexicana se inició el 2 de julio del año 2000, con la derrota del PRI en las elecciones para la Presidencia de la República. En mi opinión, el asunto es más complicado e impone hacer reflexiones menos ideológicas. Requiere de referencias menos ortodoxas y más imaginativas, que nos acerquen a definir lo que pasó y a explicar cómo se inició, o se reinició, la larga y complicada secuela de cambios en el país.

Los motivos de la sociedad y de la economía

El título de este ensayo tiene toda la intención de señalar dos características de los cambios hechos, de grado o por la fuerza, en y por el sistema político mexicano. Se sostiene que el proceso fue largo y, además, sus causas fueron múltiples y con diverso peso específico en el transcurso del tiempo.¹ Se trata de circunstancias y acontecimientos sociales, económicos y culturales, que se combinaron con la evolución del poder en México. Es decir, los gobiernos y demás instituciones generadas por la Revolución Mexicana no fueron entidades pasivas ni mucho menos.² Por el contrario, el sistema político mismo generó y protagonizó sus propias transformaciones, por la voluntad o por el peso de los acontecimientos, para hacerse funcional en las realidades vigentes.³ En ese orden se enumeran, a grandes trazos, algunos de los factores que llevaron al gobierno mexicano a cambiar para fortalecer el sistema político, por la vía de añadirle varios ingredientes democráticos. Ahora bien —y hay que enfatizarlo— las reformas que se llevaron a cabo en los dos sexenios que se examinan aquí fueron de forma y de fondo.

En primer término tenemos las causas socio–económicas.⁴ La vida de los mexicanos, en la mayor parte del territorio, se hizo más urbana entre los años 1940 y 1960.⁵ También, y casi siempre como consecuencia de aquella urbanización, nuestra sociedad experimentó una creciente diversidad productiva, con una marcada tendencia hacia la economía secundaria, la de transformación, y terciaria, la de servicios.⁶ Las actividades primarias,⁷ en particular las relacionadas con los renglones agrícolas y extractivos, incluso experimentaron variaciones cualitativas y, por supuesto, en la proporción que representaban para el conjunto económico.⁸ Algunas circunstancias externas, como la Segunda Guerra Mundial y la postguerra, determinaron modificaciones en la economía mexicana,⁹ mismas que se tradujeron en un crecimiento volátil, pero suficiente para alterar el esquema nacional de desarrollo productivo y de organización económica.¹⁰

Al urbanizarse o modernizarse la economía del país, se dio paso a nuevas fuerzas económicas que, a su vez, nos llevaron a una configuración social distinta.¹¹ Durante los años previos a la guerra, se dio un incremento en la participación del gobierno como protagonista de la economía y este protagonismo fue bien visto por casi todos los actores nacionales de las finanzas, la producción y el comercio,¹² que se distribuían a lo largo y ancho del territorio nacional.¹³ El gobierno de México no solamente era el árbitro de las controversias entre los factores económicos, sino que terminó por hacerse un sustituto estratégico de los mismos. Ese consenso entre las fuerzas con mayor peso específico del país, fue un componente que inhibió, por un tiempo, la movilización política opositora en un escenario de complicadas evoluciones sociales y económicas promovidas o no desde el Estado.¹⁴

El acuerdo era posible porque el régimen favorecía a los empresarios nacionales, o extranjeros que operaban en el país y se las arreglaba para mantener el proteccionismo–control paternal hacia los trabajadores. El gobierno, en ese orden, era ya el protagonista mayor¹⁵ y, como oportunamente lo señaló Arnaldo Córdova, en México, como en la mayoría de los países de desarrollo capitalista tardío o dependiente, la economía se sitúa en un plano altamente relacionado con la política.¹⁶

El proceso no fue simple ni lineal. Sin embargo, a partir de los años cuarenta, el gobierno se fortaleció de tal manera que pudo construir una autonomía con respecto a las clases sociales que convivían con sus distintos intereses. En este período se consolidó el ordenamiento político sectorial del país y se asignaron los roles sociales desde una instancia vertical de autoridad. Por supuesto, para que el esquema funcionara adecuadamente se requería de un poder real, con capacidades para someter, por diversas vías, a los actores que se distribuían a lo largo y ancho del territorio nacional.¹⁷ El poder centralizado, en circunstancias de conflicto internacional y de un difícil reacomodo interno, se legitimaba y era legítimo ante los protagonistas que se formaron o se agruparon durante los años de la institucionalización en el país.¹⁸ Este poder, al fin de cuentas, también fue suficiente para asignar las cuotas del desarrollo que le correspondían, a todas y cada una, de las fuerzas productivas participantes.¹⁹

El esquema funcionó más que aceptablemente.²⁰ Por eso mismo, el gobierno pudo administrar los principales conflictos del crecimiento hasta la postguerra; cuando comenzaron las dificultades mayores para la economía y hubo que tomar medidas de política económica que afectaron, directa o indirectamente, intereses ya muy consolidados en la sociedad mexicana.²¹ La disminución brusca del crecimiento en la postguerra llevó al gobierno mexicano a entrar en un nuevo modelo de ordenamiento, mismo que se ha conocido como el desarrollo estabilizador, consistente en frenar las tendencias inflacionarias y mantener un régimen fiscal favorable a los empresarios. También, crear un esquema de proteccionismo arancelario para promover la producción interna y favorecer el ahorro nacional con fines de inversión productiva.²² El esquema incluía un control más eficaz sobre los trabajadores mexicanos para mantener la paz laboral y un realineamiento en términos económicos con la economía norteamericana.²³ El mecanismo gubernamental de emergencia, para controlar la inflación, fue esencialmente el monetario. Así lo mandaba la ortodoxia económica imperante en todo el mundo capitalista y plenamente aceptado por el gobierno y los empresarios en el país.²⁴

Como puede suponerse, el panorama económico, sustentado en un modelo monetarista ortodoxo, comenzó a nublarse desde los años finales del sexenio de Díaz Ordaz.²⁵ El gobierno quiso reparar las goteras del sistema con un presupuesto federal mesurado y con la disminución del gasto social, particularmente en los renglones educativos, de salud pública y en el apoyo a los productores, urbanos y rurales, con menores ingresos.²⁶ Ahora bien, la reducción de los recursos públicos en áreas sociales estratégicas, seguramente equilibraba una contabilidad gubernamental en problemas, pero no resolvía, ni mucho menos, el difícil asunto del mercado interno. Por el contrario, a corto plazo tendió a complicarlo, dada la vulnerabilidad de la demanda local a las reducciones del gasto gubernamental.²⁷ El problema se hizo ver, de inmediato, en un estrangulamiento del consumo interno por la baja en la capacidad adquisitiva de los sectores medios y populares.²⁸ Aquellas dificultades llevaron también, de manera directa, a una previsible disminución del ahorro debido al bajo nivel de ingreso de los grandes grupos y a un, también previsible, gasto suntuario creciente en los sectores con ingresos más altos.²⁹

Ante este panorama, la respuesta del gobierno del Presidente Luis Echeverría fue abandonar, al menos parcialmente, el esquema monetarista y relanzar la economía con un incremento del gasto público con fines redistributivos y para dinamizar la demanda interna de bienes y servicios. Hacia ese tiempo, uno de los desafíos centrales era llenar los vacíos dejados por las exportaciones claramente a la baja desde los finales de los años cincuenta. Ahora bien, este relanzamiento, vía gasto público, requería de una mayor disponibilidad de recursos públicos y una redistribución progresiva entre los sectores esenciales de la sociedad.³² Se fortaleció el gasto con orientación social, a menudo con el recurso de las erogaciones extraordinarias y se redujo relativa, pero muy ruidosamente el apoyo directo al sector empresarial.³³

Como era previsible, aquella reorientación, relativamente modesta, del modelo económico generó dos tipos de oposiciones: de un lado, el sector privado que veía, en el movimiento al alza del gasto público, un nuevo agregado al ya excesivo intervencionismo estatal.³⁴ Del otro, la política económica no alcanzó a reducir de manera substancial los problemas de los grupos sociales menos favorecidos; la mayoría de ellos asolados por los recios vientos inflacionarios y de desempleo galopante. Así, el gobierno se vio cuestionado desde distintos sectores inconformes de la población.³⁵

Este desarrollo compartido, a falta de una política fiscal progresiva —el eterno tabú del gobierno mexicano en el siglo XX y en lo que va del XXI— debería financiarse con el ahorro interno que, dadas sus escasas dimensiones, no podía hacerlo y, por eso mismo, el único camino era el endeudamiento público con el exterior y, ocasionalmente, con el interior. Sin embargo, a diferencia de los esquemas monetaristas del desarrollo estabilizador, los recursos provenientes de los préstamos fueron orientados a la cobertura del gasto corriente y de inversión con el objetivo de crear empleos,³⁶ de protección para los ya existentes y de soporte artificial para una demanda complementaria de mayor densidad.³⁷ En mucho, se trataba de oxigenar al conjunto de la economía, que atravesaba por un estancamiento, en un escenario social nuevamente complicado.³⁸

El nuevo esquema también priorizó mantener alto el monto de las erogaciones gubernamentales corrientes, como un recurso emergente para la liquidez, con el consecuente crecimiento de la burocracia en sus distintos niveles y costos.³⁹ Al desequilibrarse aún más la ecuación gasto público–ingreso fiscal, se reinició la espiral inflacionaria, y de déficit en las finanzas, con todos los efectos sobre la economía y, de paso, sobre el consenso social que hasta entonces había favorecido a los gobiernos de la ya distante Revolución Mexicana.⁴⁰ El salto de vuelta a la arena de la economía, en donde las limitaciones de los factores productivos eran abundantes, tuvo un costo político muy fuerte para el gobierno y sus planes de reformas reguladas.⁴¹ De todas maneras, en esas circunstancias, no había ninguna opción.

El asunto se complicó y creó fenómenos sociales y políticos dignos de examinarse. Por ejemplo, la Revolución Mexicana había generado, sobre todo a partir del Cardenismo, un mejoramiento real en los niveles de vida de la población.⁴² Incluso, por la simple paz relativa los mexicanos comenzaron a vivir cada vez más alejados del filo de la navaja y la población se vio más ajena a la violencia y más cerca de mejores condiciones de vida.⁴³ La alimentación de los mexicanos evolucionó favorablemente y los programas de salud, o de simple higiene, hicieron crecer a la población a ritmos no previstos.⁴⁴ Este crecimiento del número de habitantes de los años cuarenta a los años cincuenta fue decisivo, porque se traducía en un mayor tamaño del mercado interno y en la incorporación de sectores cada vez más amplios al proceso productivo en su conjunto. Sin embargo, cuando la economía del país perdió los vigores de la expansión productiva y comercial, el crecimiento demográfico se redujo a una mayor demanda de servicios públicos, de empleos y, en general, de satisfactores que no eran precisamente abundantes en el escenario mexicano. Una vida mejorada para más habitantes se convirtió, paradójicamente, en la puerta hacia una trampa social.⁴⁵

Tal como se enunció al principio, desde los años cuarenta, se fortaleció en México la formación de un sector medio, definido como el corpus social que se sitúa entre los polos del conjunto social y que se relaciona, predominantemente, con el prestigio y menos con su situación, o papel a desempeñar, dentro del esquema económico.⁴⁶ En el caso mexicano, los estratos medios se relacionan con los alcances educativos y con la urbanización de la economía, que permite un alto crecimiento de los grupos de población relacionados con las actividades que se engloban en el área de los servicios.⁴⁷ En las zonas rurales también se crea un estamento intermedio, debido a la consolidación de la pequeña propiedad durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Ahora bien, estos agrupamientos rurales fueron menores, con excepción de algunas entidades del norte del país; en donde la agricultura intensiva se convirtió en un componente más decisivo del capital debido a su relación con el mercado fronterizo.⁴⁸

Históricamente, los sectores medios mexicanos, particularmente en el siglo XIX, con algunas excepciones en los años del Porfiriato, se sumaron a las fuerzas que constituían el conjunto social estabilizador. Durante el siglo XIX estos agregados sociales le apostaron a la estabilidad como vía de acceso. En el Porfiriato, varios de sus integrantes optaron por el papel revolucionario y, a partir de la consolidación del nuevo gobierno, pasaron a ser un objeto de preocupaciones y ocupaciones prioritarias del poder. Sin embargo, esa preocupación se orientó hacia los planos sociales y se dejó un vacío en el plano político, ya que se daba por supuesta la lealtad de los mexicanos de clase media hacia el gobierno.⁴⁹ Esta visión optimita perdió toda validez cuando los recursos disminuyeron y los sectores medios, en mucho amparados en la sombra del gasto público, comenzaron a actuar, organizados o no, en contra de la estabilidad.⁵⁰

Lo importante de este sector medio fue su relativa independencia. En realidad, abundando en lo dicho, los gobiernos de la institucionalización no establecieron mecanismos de control consistentes para la clase media en la estructura formal o real del PNR–PRM–PRI. Seguramente, los sectores medios mexicanos, en pleno ascenso en todos los sentidos, fueron vistos como un sólido sustento para el gobierno que propiciaba o "apadrinaba" su prometedor desarrollo. Por eso mismo, su incorporación fue solamente formal o, en el mejor de los casos, de manera fragmentada y parcial.⁵¹ Al confiar en lealtades previsibles, el gobierno dio prioridad a los grupos sociales que podrían hacer mayores aportaciones de corto plazo en términos electorales y de consenso: los obreros y los campesinos. Ahora bien, el sector medio es el espacio social de donde provienen los ciudadanos con mayor información y suele ser la fuente principal de la opinión pública y, con mucha frecuencia, de la discordia política. En tales circunstancias, este creciente sector comenzó a generar, reproducir y permear sentimientos contestatarios con respecto al gobierno del país y los canalizó de diferentes maneras. Inclusive, pasó ocasionalmente de la crítica verbal o escrita a las acciones armadas rebeldes.⁵²

En conjunto, los sectores medios escalaron, con el transcurso del tiempo, diversas instancias de poder en el país. Con el declive de los militares —que dominaron el escenario hasta la tercera década del siglo XX— los profesionistas liberales comenzaron a predominar en el gobierno de la Federación, de los estados y de los municipios. Estos ciudadanos no tenían, como ya se señaló, vínculos orgánicos permanentes entre sí, pero su número, su diversidad y su peso específico aumentaba. Con el transcurso del tiempo, las clases medias comenzaron a sentir que eran merecedoras de mayores privilegios y posiciones, la economía, la cultura y el gobierno.⁵³ En otros comportamientos, los sectores medios comenzaron a sentirse sin deudas con quienes los habían creado: los gobiernos de la Revolución Mexicana. Al no sentir gratitud por los beneficios, reales o potenciales, terminaron por adoptar actitudes más abiertas de rechazo o de desdén hacia las instituciones.⁵⁴

Además del problema con un rebelde sector medio, que alcanzaba una presencia social, económica y política cada vez más importante, el recurso del clientelismo comenzó a agotarse con más rapidez a partir de los setenta. De una parte, la reforma agraria llegaba a su fin en lo que se refiere al reparto de tierra; un elemento que legitimaba intensamente al gobierno entre los campesinos que aspiraban a poseer parcelas ejidales o comunitarias.⁵⁸ De otro, el paternalismo hacia los obreros se topó con la necesidad de dar protección a los empresarios, que también ampliaban y diversificaban sus exigencias. La trampa de no tener para dar, con una población de mayor tamaño, que cada vez exige más atención a sus demandas, desde diversos ángulos, se había cerrado.⁵⁹

En México, como se ha reiterado aquí, el tema fiscal es un asunto delicado y los gobiernos siempre han tendido a eludir las acciones realmente transformadoras en ese plano. Fieles a esta ortodoxia, los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, a pesar de ciertos lenguajes que indicaban lo contrario, no se atrevieron a hacer una reforma fiscal progresiva y se vieron obligados a mantener un esquema tributario favorable a los empresarios. La política fiscal lesionó aún más los intereses de los grandes grupos sociales y se convirtió en un nuevo ingrediente para la concentración de la riqueza, bajo el argumento de que era indispensable una nueva etapa en la acumulación del capital en México.⁶⁰ En ese sentido, el desarrollo compartido fue parcial y, por eso mismo, insuficiente ante las dimensiones de los desequilibrios.

Hacia el exterior, la guerra fría entraba a su etapa final. El socialismo de las llamadas "democracias populares" había comenzado a hacer agua desde los años setenta y se colapsó una década más tarde.⁶¹ Este derrumbe tuvo un fuerte impacto sobre el prestigio del Estado en el mundo occidental. Los gobiernos, como administradores de la economía, se vieron sometidos a un desprestigio sin precedentes y el mexicano, que ya estaba en la mira de los empresarios y los sectores medios, recibió la dosis que le correspondía y que le hacía falta para caer, al menos temporalmente, hasta el fondo.⁶² En tales circunstancias desafortunadas del país, la doctrina económica neoliberal se encumbró precisamente en sus versiones más vulgares y descarnadas: las que suelen convertirse en pensamientos populares.

Con las bajas en el crecimiento y la espiral inflacionaria tocando todas las puertas, el sector privado fortaleció su ofensiva antigubernamental y, explicablemente, los grupos populares terminaron por convertirse en aliados a la hora de cuestionar a la administración pública.⁶³ El gobierno mexicano fue uno de los más agredidos, precisamente cuando la economía internacional daba nuevos virajes. Por ejemplo, los países industrializados comenzaban a reducir sus importaciones petroleras, justamente uno de los potenciales sustentos para una economía nacional más viable. En ese orden, a partir de 1974, la sociedad mexicana parecía ser un conjunto propicio para toda clase de rumores y de acciones desestabilizadoras de muy diversas naturaleza.⁶⁴ Los esfuerzos de uno y otro gobierno por mejorar la distribución del ingreso en la realidad o en las promesas. Inclusive, fueron rápidamente borrados del ánimo popular con el incremento, real o supuesto, de los índices inflacionarios.⁶⁵ El régimen mexicano de aquellos años estaba mal y de malas.

A este desprestigio del gobierno administrador de la economía,⁶⁶ se añadió el exceso en la autocrítica del Echeverriato.⁶⁷ Lo que se inició como una catarsis, terminó en una verdadera avalancha de cuestionamientos y críticas al gobierno mexicano, en los libros, la prensa, los bares y los teatros populares del género chico. La figura presidencial fue vilipendiada como nunca, con excepción del régimen maderista, y el consenso, activo o pasivo, comenzó a revertirse.⁶⁸

Durante los primeros años de gobierno del López Portillo hubo una breve recuperación económica que generó una tregua política también de poca duración. Sin embargo, entre 1981 y 1982, los precios del petróleo disminuyeron substancialmente y el alto pago por los servicios de la deuda externa, junto al mayor desequilibrio en la balanza de pagos, aumentaron el grado de la emergencia. La fuga de capitales se reanudó pronto y en mayores volúmenes, con los consecuentes efectos devaluatorios e inflacionarios. Estas circunstancias, finalmente, llevaron a una crisis de liquidez en agosto de 1982, iniciando el colapso por deudas para todos los países del área Latinoamericana.⁶⁹

El escenario estaba listo para los opositores, aunque no para los de naturaleza violenta; tampoco para los radicales de izquierda que poblaban la geografía política de los años sesenta y setenta.⁷⁰ El escenario, por la influencia internacional y por el proceso cultural político interno —relacionado con mayor preferencia hacia las libertades, sobre todo individuales— era más propicio para la oposición conservadora,⁷¹ por lo menos hasta mediados de los ochenta. Los gobiernos de los presidentes Echeverría y López Portillo, convivieron con el inicio de una nueva cultura de la participación social, a veces contradictoria; pero que, de todas maneras, implicaba un nuevo escenario político.

Breve repaso a las causas políticas

Los problemas de la economía fueron un factor de estrangulamiento para la movilidad social. Estas dificultades afectaron particularmente a los sectores medios, justamente los grupos sociales con mayores capacidades para el protagonismo político.⁷² Los integrantes de los sectores medios —como también ya se dijo— eran los que integraban mayoritariamente el aparato de gobierno, eran los hacedores de la opinión pública y entre sus filas estaban los grupos sociales más independientes. Tal es el caso de los estudiantes, los empresarios fuera del control corporativo, los intelectuales, los protagonistas de la opinión pública y los profesionales libres cada vez más numerosos.

En el plano político, el esquema funcionó bien hasta los sesenta. El Estado dominó el escenario a través de instituciones adaptadas y de un factor ideológico que integraba al nacionalismo y la paz social.⁷³ El gobierno convenció a los principales actores de que los problemas políticos ya estaban resueltos y por eso había puntos a atender antes que la democracia. Inclusive, el "no moverse", el "no hacer olas" y el "no mostrarse" fueron méritos bien valorados en las carreras políticas.⁷⁴

Esta estabilidad tuvo una década de luces preventivas en los sesenta. En estos años, la mayor turbulencia se dio en el sector juvenil y específicamente en los centros de educación media y superior: justamente los mayores beneficiarios del desarrollo mexicano. El movimiento estudiantil de 1968, con sus distintas causas y efectos, es el resultado de un desencuentro entre el Estado y los jóvenes y ese desencuentro se relaciona con el autoritarismo, cuya crisis fue más visible en los sectores sociales con mayor independencia.⁷⁵ En estos estamentos sociales estaban otros actores, personales o colectivos, a los cuales la institucionalidad tradicional había convertido en, total o parcialmente, marginales.⁷⁶ Estos sectores, de una u otra manera, abandonaron o cuestionaron los caminos de la conformidad pasiva; lo estudiantes, en ese orden, fueron los más activos.⁷⁷

Los estudiantes, "…desenmascararon el autoritarismo —hasta entonces revestido de crecimiento económico y paz social— y su evolución erosionó uno de los pilares del régimen: la no participación".⁷⁸ El sacudimiento político se amplió, con ritmos irregulares, a otros sectores de la sociedad mexicana; sobre todo porque la represión generó una actitud contestataria en otros sectores de la ciudadanía, que oponían a la política represiva una demanda de más tolerancia y de democratización.⁷⁹ Ciertamente, todavía no estaba claro lo que se entendía por democracia, ni mucho menos. De todas maneras "…1968 fijó los parámetros de la larga trayectoria del cambio político que desde ya entonces fue tomando forma".⁸⁰

El echeverriato heredó todos los malestares sociales, económicos y políticos de los sesenta; sin aprovechar los ingredientes positivos que pudieron dar al sistema en conjunto una mayor legitimidad.⁸¹ Los clase–medieros intelectuales o estudiantes, así como algunos activistas en los medios escritos de difusión, lo situaban como la piedra angular de las represiones;⁸² del autoritarismo y de las incapacidades del gobierno para resolver los grandes problemas del país.⁸³ Era, a la vista de un sector amplio —aunque no mayoritario— de la población, el heredero directo de Díaz Ordaz y el referente preferido era Tlatelolco. El cuestionamiento al régimen fue intenso y comenzó, o se hizo más frecuente y más extendida, la que Regis Debray llamó por entonces "la crítica de las armas", en la modalidad de guerrilla rural o de organizaciones urbanas armadas.⁸⁴

El escenario se complicaba con la aparición dentro del PRI de una disidencia, no siempre evidente, pero muy activa en sus tareas demoledoras del viejo orden… siempre y cuando éste no los beneficiara directa o indirectamente. El resquebrajamiento resultante del relevo presidencial en 1970 había generado diversas fuerzas dentro del partido y éstas se hicieron notar muy pronto.⁸⁵ En el gabinete presidencial mismo, se dio un conflicto serio entre los partidarios del desarrollo estabilizador y quienes proponían reformas socio–económicas a fondo, para recuperar la paz y la legitimidad perdidas. Sea como fuere la unanimidad, aparente o real, había desaparecido.⁸⁶

Echeverría se propuso recuperar la legitimidad con una política de apertura y un compromiso más claro con el interés de los grandes grupos populares.⁸⁷ Como Presidente de la República, buscó fortalecer la capacidad del gobierno para impulsar y arbitrar⁸⁸ —con una mayor orientación hacia lo popular— el desarrollo económico y social del país.⁸⁹ En lo político, el gobierno inició una serie de acercamientos, no siempre exitosos y que a menudo fueron motivo de burlas, con los grupos disidentes, particularmente con los estudiantes y los intelectuales.⁹⁰ También inició una secuela de coptación hacia los jóvenes mediante el recurso de incorporarlos a los proyectos de gobierno y, frecuentemente, utilizando un lenguaje parecido al de los críticos del sistema político.⁹¹ En mi opinión, es en este escenario y en este tiempo, cuando se inicia la fase más seria de las reformas con rumbo a una mayor democratización: fue el tiempo de las medidas políticas trascendentes. A falta de más reformas sociales y económicas a fondo, el gobierno trató de legitimarse por la vía política y la apertura a la pluralidad fue una de ellas.⁹²

De todas maneras, el corporativismo mexicano había dejado de ser totalmente confiable como ingrediente de la estabilidad política. Sin embargo, también era importante el tiempo; más bien, el factor edad que impactaba ya a buena parte de los protagonistas, personas u organizaciones, del esquema corporativo. De manera particular, el sistema había envejecido en sus mecanismos de control sobre los trabajadores urbanos y el fenómeno comenzaba a mostrarse también, aunque más discretamente, en las centrales campesinas. Sobre todo, porque la población joven abandonaba las actividades agropecuarias para buscar una vida mejor en la industria o los servicios. Abandonaban el campo y decían adiós al control sectorizado. De esta manera, la población campesina envejecía y con ella los componentes del corporativismo rural.⁹³

El corporativismo no solamente hacía agua entre la población de los sectores bajos o medios en el país. También se hacía más vulnerable entre los grupos relacionados con el poder económico en todo el territorio mexicano.⁹⁴ La pérdida o disminución en la capacidad económica del gobierno codujo a una situación de mayor autonomía de los grupos económicos y políticos que el propio régimen había creado o fortalecido en diversos espacios y tiempos del país. Paralelamente, comenzaron a fortalecerse los poderes locales, como en los casos del Grupo Monterrey, el grupo Puebla, el grupo Estado de México, para citar solamente algunos, y el poder continuó en el plano inclinado de la fragmentación. La estabilidad del régimen post–revolucionario, otra vez, se erosionaba.⁹⁵

Más que la cultura democrática, la diversificación de los grupos sociales parcelaba al corporativismo y diversificaba los intereses a atender. Este escenario era más desfavorable en la medida en que el Presidente de la República perdía la capacidad para arbitrar los crecientes y más diversos conflictos que la crisis económica posibilitaba. Las exigencias y demandas de los diferentes actores comenzaron a distanciarse y aún a contradecirse cada vez más, al grado de armar nuevas trampas políticas. El sistema político pretendía reducir la diversidad de intereses en juego, en tanto que la realidad los multiplicaba.⁹⁸

El pilar de la buena relación entre los gobiernos de la post–revolución y los sectores privados había sido el proteccionismo hacia el exterior y los subsidios bajo diferentes modalidades, que iban desde la política fiscal hasta la franca actividad del gobierno para crear y mantener artificialmente el volumen de los mercados. Ante un nuevo paso en la globalización productiva y las mayores exigencias sociales internas, el gobierno ya no podía —por falta de recursos, no de voluntad— mostrarse tan complaciente como antes y los roces comenzaron a hacerse más frecuentes con el empresariado particular. El buen gobierno que privatizaba las ganancias a cambio de socializar las pérdidas estaba en problemas y, para los empresarios mexicanos, los amigos en dificultades constituían una carga difícil de soportar.⁹⁹ Sobre todo, cuando los viejos protectores se deslizan en las pendientes del desprestigio.¹⁰⁰

La orientación de los cambios

Los acontecimientos de 1968 habían demostrado que el corporativismo no era del todo confiable para la estabilidad, dado que había varios sectores que actuaban fuera de su influencia. El descontento estudiantil expresado en la capital del país podía crecer a todo el territorio y, lo que sería más grave, permearse a grupos más estratégicos dentro de la sociedad mexicana. El movimiento estudiantil también demostró que no se puede recurrir a la represión sin esperar consecuencias negativas para el propio gobierno. Sobre todo, cuando el régimen imperante se autodenominaba "revolucionario" y garante designado de las libertades inherentes a las personas y a los grupos sociales.¹⁰¹

Las bayonetas, después de todo, sirven para neutralizar al enemigo, pero no pueden ser un asiento permanente. Tal metáfora no era un lugar común en México, sino que reflejaba una realidad ampliamente extendida en el continente latinoamericano. En esta región del mundo, con pocas excepciones, los gobiernos militares eran un ingrediente aterrador y, lo que es más grave, una propuesta política claramente definida en los esquemas continentales de seguridad nacional.¹⁰² En aquellos años, la opción continental por la democracia era —en una clara paradoja— la armada y, en ese orden, los temores del gobierno mexicano fueron plenamente justificados. Por eso mismo, para el propio sistema político era necesario desmontar, de una u otra forma, el andamiaje autoritario con soporte en las armas.¹⁰³

Del lado de la amenaza militar estaba su complemento —en muchos casos su causa—, el de los movimientos violentos en la izquierda latinoamericana. Los años setenta fueron de un alto protagonismo de la Revolución Cubana en varios puntos del continente y, hacia los finales de la década, se dio una segunda ola de rebeliones.¹⁰⁴ Sobre todo en países de América del Sur y en el área centroamericana.¹⁰⁵ Así de simple: de un lado los golpistas relacionados con las propuestas conservadoras; en otro, los radicales de la izquierda en acción; todos en el marco de una crisis económica y política interna.¹⁰⁶ También con el trasfondo exterior de la guerra fría.

El gobierno mexicano inicia o acelera, según, las adecuaciones políticas. Durante el gobierno de Echeverría y de López Portillo los cambios deberían distanciarse de la propuesta conservadora y del autoritarismo que ya mostraba el impacto de las erosiones del tiempo.¹⁰⁷ Era evidente que los sectores mexicanos más favorecidos estaban en rebeldía a pesar de los múltiples beneficios obtenidos durante los largos años del desarrollo estabilizador. Como es bien sabido, los tiempos latinoamericanos eran de militarismo y, en ese sentido, no era pertinente el camino de la mano dura. La represión implicaba habilitar a actores que, desde hacía algún tiempo, estaban al margen, al menos en lo visible, de las disputas políticas. Ahora bien, la rebelión más temida era la de los sectores populares más pobres, dado su tamaño y los mensajes que los grupos protagonistas de izquierda, junto a radicales de derecha, lanzaban para atraerlos. Las guerras llamadas "de liberación" no eran solamente lejanas noticias, sino un asunto temido por el gobierno mexicano: seguramente más de lo debido.¹⁰⁸

De todas maneras, y éste es un ingrediente básico del ensayo, los grandes grupos sociales mexicanos, particularmente los menos favorecidos por el desarrollo económico del país, debieron ser mejor y más pronto atendidos, por lo menos en el discurso oficial y en el lenguaje político en general.¹⁰⁹ Este nuevo trato desde el gobierno convenció a muy pocos y asustó a muchos. Los trabajadores urbanos, la mayor parte de los campesinos y los sectores medios, en el mejor de los casos, se mantuvieron escépticos, en tanto que los empresarios y sus aliados —entre ellos muchos obreros, empleados y burócratas— pusieron el grito en el cielo.¹¹⁰

Los cambios en el sistema político fueron para mantener el poder —en sus planos sociales y económicos— en manos de las mismas fuerzas hegemónicas. Estas fuerzas podían mantenerse con una alternancia de partidos políticos, aun cuando estas posibilidades, en tiempo de Echeverría y López Portillo fueran remotas. Lo que se trataba de evitar era un cambio estructural, aun cuando se dieran reformas en el terreno político. De una u otra forma, se rendía culto a la noción, muy compartida entre los marxistas superficiales, de que lo político era poco profundo, era…"superestructura!". Esta idea se cimentaba en el poco interés que la sociedad mexicana —como grandes grupos— tenía por la política y en la confianza en que ese desinterés no se convirtiera en disidencia eficaz, al menos en el corto plazo.¹¹³

Ante todo, para el sistema político mexicano era imperativo recobrar la credibilidad en los procesos electorales. Necesitaba votantes a favor del PRI o de los partidos que aceptaban las reglas del juego electoral vigente. La credibilidad pasaba por la posibilidad, para los opositores, de ganar cada vez más elecciones en planos más importantes. También, que los partidos creyeran en el proceso y en las posibilidades de sustituir al PRI en el gobierno, aun a largo plazo. Para que los mexicanos se convencieran, era necesaria una mayor pluralidad —empezando por la Cámara de Diputados— y ése fue uno de los objetivos de las reformas políticas a partir de los setenta.¹¹⁴

Es fácil de inferir: las reformas fueron preventivas y verticales. Se trató de adecuaciones desde el poder y para el poder vigente en ese tiempo. Ahora bien, esta reforma implicaba un cambio en los protagonistas políticos estratégicos y en esta línea se inscribían los partidos políticos. Se necesitaba revitalizarlos y durante el gobierno de Echeverría se tomaron varias medidas —no siempre exitosas ni mucho menos— para hacer del PRI un partido competitivo, con capacidad para dar respuesta a las demandas de las diversas fuerzas que lo integraban. Algunos años, después, con López Portillo, se crearon las condiciones para un sistema político basado en los partidos políticos. En suma: el gobierno le apostaba a la competencia electoral aun cuando pudiera perderla en el mediano y largo plazos. Por lo pronto, era necesario que los procesos electorales fueran, sino totalmente creíbles, por lo menos, más presentables.¹¹⁵

Las reformas en materia electoral, en algunos casos fueron espectaculares. Sobre todo a partir de las propuestas de don Jesús Reyes Heroles.¹¹⁶ Sin embargo, la confianza en la recuperación económica y las posibilidades de mantener las estrategias clientelares regresaron, en buena medida, las confianzas del gobierno en el sentido de que la estabilidad regresaría a corto plazo.¹¹⁷ Además, la crisis económica lo había dejado sin ánimos para mayores aventuras reformistas y el gobierno supuso que esa percepción era compartida por otros actores. Los yacimientos de petróleo de alta potencialidad, de alguna manera, hicieron menos urgentes, para el régimen, las reformas sociales y sus derivaciones políticas.¹¹⁸

A las reformas electorales, desde el Echeverriato, se añadió un ingrediente poco conocido en México: el fin de la unanimidad en la opinión pública. Desde el propio Palacio de Gobierno, se inició una seria autocrítica que pretendió neutralizar a la potencial crítica social.¹¹⁹ En una secuencia imprevista, la autocrítica llevó a una crítica sin precedentes, con una fuerte similitud con las circunstancias de catarsis a finales del gobierno del presidente López Portillo. Los cuestionamientos abundaron en diversos niveles y, en el peor de los casos, fueron substituidos por los calificativos.¹²⁰

La figura presidencial y, en menor medida, todas las instituciones del país fueron denostadas hasta crear casi un consenso en el sentido de que el gobierno era detestable por definición. De ser el promotor reconocido del desarrollo y el constructor de la estabilidad, el gobierno mexicano transitó, en la percepción pública, al culpable de todos los males y quebrantos de la Nación: así de sencillo.¹²¹ Lo complicado es que aquella percepción, ciertamente manipulada, sobre los dos sexenios en cuestión, todavía permanece.

En un clima social como el de aquel tiempo, las reformas pasaron desapercibidas y el gobierno pasó a la defensiva. En mi opinión, la crisis de legitimidad del sistema político impidió un examen sensato de las adecuaciones hechas en aquellos años.¹²² Fueron reformas trascendentes que deben ser consideradas como factores de la modernización política, hasta donde hoy se haya alcanzado, en el país.

La reforma política fue positiva y en alto grado. Desde luego, es mucho mejor para todos, incluso para el mismo sistema político establecido, que a una organización se le de la posibilidad, por mínima que ésta sea, de participar en una competencia legal por el poder, a que se la ponga fuera de la lucha legal… fue muy importante (para todos)poder medir su presencia en la voluntad popular…Mucho más importante para la formación cívica de los mexicanos resultaban las pequeñas pero muy concretas posibilidades que se abrían a la lucha por la democracia… quien gane… no es ya la cuestión más importante, sino las posibilidades que la lucha electoral ofrece para una transformación democrática.¹²³

De esta manera, a partir de Echeverría y de López Portillo, el ejercicio del poder ya no volvería a ser el mismo en el territorio mexicano.¹²⁴ El hiper–estatismo —con todas sus implicaciones políticas— duró dos sexenios y tuvo su momento crucial con la estatización de los bancos: que fue realmente su canto del cisne.¹²⁵ El sistema político mexicano tenía que renovarse y ésa fue la visión del gobierno para los años que siguieron, hasta la alternancia política del año 2000. Las reformas de los dos sexenios en cuestión, aportaron los cimientos de los cambios posteriores, aun cuando su orientación fuera distinta.¹²⁶

Notas

* Se pretende examinar algunas líneas de las circunstancias históricas que enmarcaron los cambios en los sexenios de los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. No se trata de detallar todas las reformas contenidas en la apertura democrática y el proceso de democratización con López Portillo. Me limito a describir el escenario histórico.

¹ Manuel Moreno, Crisis política de México, Ed. Extemporáneos, 1971, pp. 11–16.         [ Links ]

² Víctor Manuel Muñoz Patraca, Del autoritarismo a la democracia. Dos decenios de cambio político en México, México, UNAM–Siglo XXI, 2001, pp. 32–33.         [ Links ]

³ Jesús Reyes Heroles, Discurso, pronunciado el 1° de abril de 1977 en Chilpancingo, Guerrero, Partido Revolucionario Institucional, 1981. Para Reyes, Heroles, existían en México instituciones que hasta la fecha habían funcionado en bien de la libertad y de una democracia perfectible. En ese orden, se requerían reformas que llevaran a una participación de los opositores, que fueran corresponsables y protagonistas del desarrollo nacional. Se trataba de evitar una "autoridad sin derecho" mediante cambios hacia una mejor democracia. Cfr. César Cansino, El evangelio de la transición, México, Editorial Debate, 2009, pp. 18–19.         [ Links ]

⁴ Luis Cerda González, "Estado ampliado y proyectos de recuperación económica en México", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 125, México, UNAM, FCPyS.         [ Links ] La idea de la recuperación de la hegemonía estatal también está en Francisco José Paoli, Estado y Sociedad en México, México, Editorial Océano, 1985, pp. 81–82.         [ Links ]

⁵ Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: Riqueza y Miseria, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1972, pp. 144 y siguientes.         [ Links ] Cfr. Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, México, Editorial Cal y Arena, 2004, p. 151.         [ Links ]

⁶ Clark W. Reynolds, La economía mexicana. Su estructura y crecimiento durante el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1970, pp. 80–81.         [ Links ]

⁷ Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México 1920–1994, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, p. 143.         [ Links ]

⁸ Cfr. Miguel S. Wionzek, "Las condiciones básicas del futuro desarrollo económico–social", ¿Crecimiento o desarrollo económico?, México, Editorial SEP–Setentas, 1970, pp. 46–47.         [ Links ]

⁹ Clark W. Reynolds, La economía mexicana. Su estructura y crecimiento durante…, op. cit., p. 56.

¹⁰ Cfr. Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, op. cit., p. 91.

¹¹ Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo probable, México, El Colegio de México, 2006, p. 28.         [ Links ] Cfr. Edmundo Flores, Vieja revolución. Nuevos problemas, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1970, p. 101.         [ Links ] Para este economista, la migración no solamente fue un asunto económico, sino también social y, sobre todo, cultural con serias implicaciones políticas. En las áreas urbanas, la vida para los campesinos migrantes fue distinta en la realidad y en las expectativas. Por eso mismo, los mecanismos de control político tradicional perdieron eficacia y el gobierno pareció no enterarse.

¹² Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: Desarrollo con pobreza, op. cit., pp. 237 y siguientes.

¹³ Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, op. cit., p. 91.

¹⁴ Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo probable, op. cit., p. 29.

¹⁵ Leopoldo Solís, La realidad económica mexicana: Retrovisión y perspectivas, México. Siglo XXI Editores, 1971, pp. 325–326.         [ Links ] Cfr. Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit. pp.128–129.

¹⁶ Arnaldo Córdova, La formación del poder político en México, México, Editorial Era, 1974, pp. 9–12.         [ Links ] Cfr. Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, op. cit., pp. 45–48.

¹⁷ Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, op. cit., pp. 54–56.

¹⁸ Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo probable, op. cit., pp. 54–55. "La eficacia del autoritarismo… le había ganado el respeto de las clases dominante, para quienes durante años había sido innecesario formular un proyecto político alternativo del Estado. De hecho, no sería sino hasta el período posterior cuando algunos de estos grupos denunciarían la especialización de funciones. para disputarle al Estado ese liderazgo y lanzarse al activismo político."

¹⁹ Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: Riqueza y miseria, op. cit., p. 144. Cfr. María Elena Cook et al., "Las dimensiones políticas del ajuste estructural: actores, tiempos y coaliciones", en Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, México, Editorial Cal y Arena, 1996, pp. 54–55.         [ Links ]

²⁰ Carlos Brazdrech, "Distribución y crecimiento", Diálogos, México, núm. 110, marzo de 1983, pp. 45–42.         [ Links ] Para una síntesis más detallada de los logros del buen funcionamiento económico del esquema mexicano, véase, por ejemplo, Frank Brandemburg, "Conquistas revolucionarias en la vida económica", en Stanley R. Ross, coordinador, ¿Ha muerto la Revolución Mexicana?, México, Editorial SEP–Setentas, 1971, pp. 63–82.         [ Links ]

²¹ Clark Reynolds, La economía mexicana, op. cit., pp. 56 y siguientes.

²² Rolando Cordera y Camilo Flores, "De crisis a crisis: del cambio de régimen económico al derrumbe global", en Octavio Rodríguez Araujo, coordinador, México. ¿Un nuevo régimen político?, México, Siglo XXI Editores, 2001, p. 65.         [ Links ] Ver también: Eduardo González, "Política económica y acumulación de capital en México. 1920–1955", Revista Investigación Económica, núm. 153, México, UNAM, Instituto de investigaciones Económicas, 1980, pp. 129–132.         [ Links ]

²³ Guadalupe Rivera Marín, "Los conflictos de trabajo en México. 1937–1950", El Trimestre Económico, núm. 98, México, Fondo de Cultura Económica, 1958, pp. 183–184.         [ Links ]

²⁴ Se dio un enfrentamiento, en el seno mismo del gabinete del presidente Luis Echeverría, entre monetaristas y partidarios del desarrollo económico más compartido.

²⁵ Karla Valverde, "El desmantelamiento del Estado interventor en México", Revista Estudios Políticos, núm. 18, México, UNAM, FCPyS, Centro de Estudios Políticos, mayo–agosto, 1998, pp. 134–135.         [ Links ]

²⁷ Cfr. Francisco Ruiz Massieu, El proceso democrático en México, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 93–94.         [ Links ]

²⁸ Manuel Moreno, Crisis política de México, op. cit., pp. 95–99.

²⁹ José Ayala, José Blanco, Rolando Cordera, Guillermo Knockenhauer y Armando Labra, "El trasfondo histórico", en Pablo González, coordinador, México Hoy, México, Siglo XXI Editores, 1979, pp. 19–22.         [ Links ]

³⁰ Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: Desarrollo con pobreza, op. cit., p. 260. Aguilar y Carmona citan a Hugo B. Margáin, que hace un análisis muy crítico sobre el "desarrollo estabilizador". Este modelo económico llevó al país a un creciente endeudamiento, una balanza de pagos desequilibrada, el contrabando, la fuga de divisas. En lo más grave, el modelo trajo una concentración preocupante del ingreso, un subsidio a determinadas actividades productivas y un espejismo económico que engañaba a todos.

³¹ Ayala, Blanco et al., "El trasfondo histórico", en México hoy, op. cit., pp. 19–22. Cfr. Rolando Cordera y Camilo Flores, "De crisis a crisis", en Octavio Rodríguez Araujo, coordinador, México. ¿Nuevo régimen político?, op. cit., pp. 66–67.

³² Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: Desarrollo con pobreza, op. cit., pp. 260–261.

³³ Cfr. Karla Valverde, "El desmantelamiento del Estado interventor en México", Estudios Políticos, op. cit., pp. 140–141. Cfr. Francisco Ruiz Massieu, El proceso democrático en México, op. cit., pp. 140–141.

³⁴ Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, México, Cal y Arena, 1989, pp. 116–117.         [ Links ]

³⁵ Arturo Guillén, "Interpretaciones sobre la crisis", en Pablo González Casanova y Héctor Aguilar Camín, coordinadores, México ante la crisis, México, Siglo XXI Editores, 1985, pp. 155.         [ Links ] Guillén habla de desacuerdos inclusive del sector obrero oficializado en la CTM con el modelo económico en crisis.

³⁶ Francisco Ruiz Massieu, El proceso democrático en México, op. cit., p. 38. Cfr. Carlos Tello, La política económica en México. 1970–1976, México, Siglo XXI Editores, pp. 207–208.         [ Links ]

³⁷ Américo Saldivar, Ideología y política del Estado mexicano. 1970–1976, México, Siglo XXI Editores, 1983, pp. 94–95.         [ Links ]

³⁸ Arturo Guillén, "Interpretaciones sobre la crisis", en México ante la crisis, op. cit., pp. 156–157.

³⁹ Cfr. Jaime Ros, "La crisis económica: un análisis general", en México ante la crisis, op. cit., pp. 142 y siguientes. La protección artificial al empleo se dio en los gobiernos de Echeverría y de López Portillo. Ante la poca capacidad privada, el gobierno la sustituye con empleo gubernamental y con contratos con empresas que se comprometan a mantener las contrataciones de fuerza de trabajo.

⁴⁰ Rolando Cordera, "Las decisiones del poder: notas sobre la coyuntura económica", Investigación Económica, núm. 143, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, 1977, pp. 11–14.         [ Links ]

⁴¹ Cfr. Karla Valverde, "El desmantelamiento del Estado interventor en México", Estudios Políticos, op. cit., pp. 141.

⁴² Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 116–117.

⁴³ Antonio Ortiz Mena, "Desarrollo estabilizador. Una década de estrategia económica en México", El Trimestre Económico, núm. 146, México, Fondo de Cultura Económica, 1970, pp. 418–419.         [ Links ]

⁴⁴ Howard F. Cline, "México. Versión madura de una revolución latinoamericana", en Stanley R. Ross, coordinador, ¿Ha muerto la Revolución Mexicana?, México, Editorial SEP–Setentas, 1971, pp. 94–95.         [ Links ]

⁴⁵ Gloria González, Aspectos recientes del desarrollo social de México, México, UNAM, 1978, pp. 282–283.         [ Links ]

⁴⁷ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 156–157.

⁴⁸ Cfr. Arnaldo Córdova, La política de masas del Cardenismo, México, Editorial Era, 1978, pp. 32 y siguientes.         [ Links ] Córdova se refiere a la intención del Cardenismo en el sentido de distribuir tierras para ejidos, pero también en promover la pequeña propiedad, lo cual se logra al establecerse, durante ese gobierno, de más de millón y medio de unidades productivas de minifundio. Cfr. Octavio Ianni, El Estado capitalista en la época de Cárdenas, México, Editorial Era, 1977, pp. 135–137.         [ Links ]

⁴⁹ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., p. 159.

⁵⁰ Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, op. cit., pp. 55–56.

⁵¹ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 156–157.

⁵² Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, op. cit., p. 56.

⁵³ Ibid., pp. 156 y siguientes. Ver también: Soledad Loaeza, Clases medias y política en México, México, El Colegio de México, 1985, pp. 142–143.         [ Links ]

⁵⁴ Julián Meza, "Hacia el fin de la edad de oro de las llamadas 'clases medias'...", en Historia y Sociedad, núm. 6, México, 1975, pp. 65 y siguientes.         [ Links ] Estos sectores medios era vistos como los parientes pobres de los "revolucionarios" de los 60 y 70; Julián Meza, por ejemplo, sencillamente los llama "bastardos". Su descalificación se debía a su inestabilidad como clase y a su supuesta relación de dependencia con respecto a la burguesía.

⁵⁵ Francisco Reveles, "La fundación del Partido Acción Nacional", Estudios Políticos, núm. 24, México, UNAM, FCPyS, Centro de Estudios Políticos, mayo–agosto de 2000, pp. 194 y siguientes.         [ Links ]

⁵⁶ Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939–1994, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 105 y siguientes.         [ Links ]

⁵⁷ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 228 y siguientes.

⁵⁸ Cfr. Cuadro del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Informes de labores correspondientes a 1968 y 1969. Ciertamente, hay un repunte en los repartos de tierras entre 1963 y 1976. Sin embargo, más bien se trata de regularizaciones o de dotaciones con tierras de muy baja calidad. Simplemente, al distribuirse más de un millón de kilómetros cuadrados de tierras, las posibilidades de continuar con el reparto eran físicamente muy pocas. Cuadro del DAAC citado en Revista Mexicana de Sociología, núms. 3 y 4, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, octubre–diciembre de 1972, p. 272.         [ Links ]

⁶⁰ Benjamín Retchkiman, "La 'reforma' fiscal en México", Problemas del desarrollo, núm. 19, México, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 1974, p. 93.         [ Links ] "…a partir de 1962, y con mayor claridad a partir de 1964, la contribución de los ingresos de capital al impuesto sobre la renta comenzó a decrecer, al paso que aumentaba la parte correspondiente a los ingresos del trabajo. Este es, en realidad, el significado de las reformas al impuesto sobre la renta en 1962–1965. El propio gravamen contribuyó a distribuir el ingreso a favor del capital".

⁶¹ Sergio de la Peña, "La crisis económica en México", Historia y sociedad, núm. 6, México, 1975, pp. 31–38.         [ Links ] Por lo pronto, destacan dos razones para el mayor crecimiento hasta 1968. De una parte, la inversión extranjera directa y el ascenso del turismo. Ahora bien, a partir de 1970 se comenzaron a sentir los impactos de la desaceleración norteamericana. Terminaban los impactos de la postguerra de Corea y disminuían los de Vietnam. El "milagro mexicano" llegaba a su fin.

⁶² Rolando Cordera, "Las decisiones del poder…", op. cit., pp. 22–23.

⁶³ Ricardo Ramírez Brun, Estado y acumulación de capital en México, México, UNAM, 1980, p. 71.         [ Links ] Para Ramírez Brum, los esfuerzos del gobierno se orientaron a promover la inversión estratégica, por lo que el sector privado reorientó sus inversiones hacia los rubros no básicos. Este cambio afectó, por el desabasto, a los sectores mayoritarios: los más pobres.

⁶⁴ Cfr. Leopoldo Solís, La realidad económica, op. cit., pp. 332 y siguientes.

⁶⁵ Karla Valverde, "El desmantelamiento del Estado interventor en México", en Estudios Políticos, op. cit., pp. 143–144.

⁶⁷ Cfr. Karla Valverde, "El desmantelamiento del Estado interventor en México, Estudios Políticos, op. cit., p. 143.

⁶⁸ María Lorena Kook et al., "Las dimensiones políticas del ajuste estructural", en Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, op. cit., p. 56. Cfr. Rolando Cordera y Camilo Flores, "De crisis a crisis", en Octavio Rodríguez Araujo, coordinador, México, ¿un nuevo régimen político?, op. cit., p. 68.

⁶⁹ Soledad Loaeza, El Partido Acción Nacional: la larga marcha. 1939–1999, op. cit., p. 52.

⁷⁰ Ibid., pp. 52–53.

⁷¹ Cfr. Lorenzo Meyer, "La periodización de la historia política en México", Estudios Políticos, núms. 20–21, México, UNAM, FCPyS, Centro de Estudios Políticos.         [ Links ]

⁷² Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo probable, op. cit., pp. 51–52. Cfr. Enrique Krauze, La presidencia imperial. Ascenso y caída del sistema político mexicano. 1940-1996, México, Tusquets Editores, 1997, pp. 315–316.         [ Links ]

⁷³ Ibid., pp. 28–29. Sobre la no participación como base de la estabilidad y el progreso hay una referencia, breve pero interesante, en Jaime González Graf, compilador, Las elecciones de 1988 y la crisis del sistema político, IMEP–Diana, 1989, p. 19.         [ Links ]

⁷⁴ Octavio Paz, Postdata, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.         [ Links ] Cfr. Sergio Zermeño, Una democracia utópica. El movimiento estudiantil de 1968, México, Siglo XXI Editores, 1974, pp. 55–56.         [ Links ] Zermeño menciona algunas causas del movimiento: incapacidad del sistema político para integrar las nuevas exigencias sociales a las propuestas de gobierno; debilitamiento del modelo cultural o ideología dominante, con el nacionalismo como componente básico y reorientación del gobierno hacia la protección de las clases privilegiadas.

⁷⁵ Cfr. Luis Medina, Hacia el nuevo Estado…, op. cit., pp. 166 y siguientes.

⁷⁶ Francisco López Cámara, El desafío de la clase media, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1971, pp. 96 y siguientes.         [ Links ]

⁷⁷ Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo probable, op. cit., pp. 34–35.

⁷⁸ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado…, op. cit., pp. 166–169. Cfr. Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Woldemberg, La mecánica del cambio político en México, México, Cal y Arena, 2005, p. 90.         [ Links ] Las reformas eran una "asignatura pendiente", dado el desgaste que los distintos actores políticos había experimentado durante un largo tiempo.

⁸⁰ Carlos Sirvent, coordinador, Partidos políticos y procesos electorales en México. México, Editorial Porrúa–UNAM, 2002, pp. 34–35.         [ Links ]

⁸¹ Francisco José Paoli, Estado y sociedad en México, op. cit., pp. 70–71. Cfr. Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, op. cit., p. 26.

⁸² Carlos Monsiváis, "La ofensiva ideológica de la derecha", en México hoy, op. cit., p. 311.

⁸³ Cfr. Ibid.

⁸⁴ Arnaldo Córdova, "Nocturno de la democracia mexicana", Nexos, op. cit., p. 27.

⁸⁵ Lorenzo Meyer. "La periodización de la historia política en México", Estudios Políticos, op. cit., pp. 193–194.

⁸⁶ Sergio de la Peña, "Lucha de clases en México. 1970–1976", en Historia y Sociedad, op. cit., pp. 40–41.

⁸⁷ Cfr. Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 226–227.

⁸⁸ Guillermo Farfán, "Gasto público y bienestar social", en Germán Pérez y Samuel León, coordinadores, 17 ángulos de un sexenio, México, Plaza y Valdéz, 1987, p. 71.         [ Links ]

⁸⁹ Víctor Manuel Muñoz Patraca, Del autoritarismo a la democracia…, op. cit., pp. 9495. Cfr. Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, op. cit., pp. 162–165.

⁹⁰ Alonso Aguilar y Fernando Carmona, México: riqueza y miseria, op. cit., p. 258. Cfr. Zergio Zermeño. Una democracia utópica, op. cit., pp. 64–65.

⁹¹ Ibid., pp. 66–67.

⁹² Daniel Cosío Villegas, El sistema político mexicano, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1982, p. 56.         [ Links ] En realidad, el control sobre los campesinos era relativamente más fácil… cuando hubo recursos. La estructura ejidal y comunitaria siempre fueron mecanismos propios para ejercer el poder autoritario y centralizado.

⁹³ Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, op. cit., pp. 117–118.

⁹⁴ María Lorena Kook, En Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, op. cit., p. 59. Cfr. Enrique Krauze, La presidencia imperial. Auge y caída del sistema político mexicano. 1990–1996, op. cit., p. 189.

⁹⁵ Cfr. Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 188–189.

⁹⁶ Víctor Flores Olea, "Los sistemas políticos y sus crisis. La articulación democrática y el caso de México", Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 152, México, UNAM, FCPyS, 1993, pp. 146.         [ Links ]

⁹⁷ María Lorena Cook, Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, op. cit., p. 60.

⁹⁸ Cfr. Denise Dresser, "Muerte, modernización o metamorfosis del PRI: neoliberalismo y reforma partidaria en México", en María Elena Cook, Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, op. cit., pp. 227–229.

⁹⁹ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., p. 227.

¹⁰⁰ Francisco José Paoli, Estado y sociedad en México, op. cit., p. 23. Cfr. Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, op. cit., p. 156.

¹⁰¹ Sobre las diferentes modalidades en la militarización continental, ver Michel Lowy Eder Sader, "La militarización del Estado en América Latina", en América Latina: cincuenta años de industrialización, México, Premia Editores, 1978, pp. 56–57.         [ Links ]

¹⁰² Manuel Moreno Sánchez, Crisis política de México, op. cit., pp. 121 y siguientes. El cambio de la fuerza a la democratización implicaba también descentralizar la vida del país, reducir el poder presidencial, fomentar las libertades públicas y dar un golpe real y serio a la corrupción. Para un análisis de la remilitarización mundial y sus implicaciones en el continente latinoamericano, ver John Saxe–Fernández, Las proyecciones hemisféricas de la pax americana, Buenos Aires, Amorrortu Editores, pp. 16 y siguientes. Cfr. Carlos Fuentes, Tiempo mexicano, op. cit., p. 166.

¹⁰³ Cfr. Jorge Castañeda, La utopía desarmada, México, Editorial Joaquín Mortiz–Planeta, 1990, Capítulo III.         [ Links ]

¹⁰⁴ Ibid., Capítulo IV.

¹⁰⁵ Un ejemplo de estas perspectivas se encuentran en textos como los de Víctor Rico Galán, Escritos políticos. 1966–1971, México, Ediciones Proletarias y Revolución, 1972. Sobre todo pp. 51 y siguientes.         [ Links ]

¹⁰⁶ Soledad Loaeza, Entre lo posible y lo deseable, op. cit., pp. 42–43. Cfr. Octavio Rodríguez Araujo, La reforma política y los partidos en México, op. cit., pp. 47–48.

¹⁰⁷ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., pp. 231–232.

¹⁰⁸ Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, op. cit., p. 45.

¹⁰⁹ Ibid., pp. 28–29.

¹¹⁰ Jesús Silva–Herzog Márquez, El antiguo régimen y la transición en México, México, Editorial Joaquín Mortiz–Planeta, 1999, p. 56.         [ Links ]

¹¹² Jesús Silva–Herzog–Márquez, El antiguo régimen y la transición en México, op. cit., pp. 56–57.

¹¹³ Cfr. Carlos Sirvent, Partidos políticos y procesos electorales en México, op. cit., pp. 34–36. Cfr. Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, op. cit., pp. 179–180. Cfr. Octavio Rodríguez A., La reforma política y los partidos en México, op. cit., p. 49.

¹¹⁴ Cfr. Francisco José Paoli, "Legislación electoral y procesos políticos. 1917–1982", en Pablo González Casanova, coordinador, Las elecciones en México. Evolución y perspectivas, México, Siglo XXI Editores, 1993, pp. 154 y siguientes.         [ Links ]

¹¹⁵ Luis Medina, Hacia el nuevo Estado, op. cit., p. 235.

¹¹⁶ Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, op. cit., p. 59.

¹¹⁷ Carlos Sirvent, Partidos políticos y procesos electorales…, op. cit., p. 37.

¹¹⁸ Daniel Cosío Villegas, El estilo personal de gobernar, México, Editorial Joaquín Mortiz, 1972, pp. 112 y siguientes.         [ Links ] Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, op. cit., pp. 168–169.

¹²⁰ Soledad Loaeza, El llamado de las urnas, op. cit., pp. 129 y siguientes. Cfr. Carlos Fuentes, Tiempo Mexicano, op. cit., p. 170. Para Fuentes, las actitudes de rechazo hacia las reformas provenían claramente de los sectores más conservadores del país, tanto del clero, los empresarios y los terratenientes, como de fuerzas internas del gobernante PRI.

¹²¹ Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, op. cit., p. 34.

¹²² Arnaldo Córdova, "Nocturno de la democracia mexicana", Nexos. op. cit., pp. 2627. Cfr. César Cansino, El evangelio de la transición, op. cit., p. 19.

¹²³ Cfr. Héctor Aguilar Camín, Después del milagro, op. cit., p. 47. Para Aguilar Camín, el no haberse dado la nacionalización de la banca, el gobierno entrante, de De la Madrid, se hubiese dado en condiciones muy difíciles, de franca mendicidad económica y política. En ese orden, la estatización permitió al gobierno recuperar algunos elementos para ser, otra vez, el principal protagonista en el país. Fue "el último cartucho".

¹²⁴ Francisco Valdés Ugalde, "De la nacionalización de la banca a la reforma del Estado: los empresarios y el nuevo orden mexicano", en María Lorena Cook et al., Las dimensiones políticas de la reestructuración económica, op. cit., p. 371. La nacionalización de la banca no trajo un impacto mayor para el prestigio del gobierno mexicano. En realidad, el nacionalismo había dejado de ser un ingrediente esencial en la cultura política de los mexicanos y, por eso mismo, la acción estatizante pasó desapercibida o, de plano, fue rechazada como una maniobra del gobierno para cubrir sus desaciertos.

¹²⁵ Cfr. Arnaldo Córdova, La revolución y el Estado en México, México, Editorial Era, 1989, pp. 309–310.         [ Links ]

¹²⁶ Carlos Sirvent, Partidos políticos y procesos electorales en México, op. cit., pp. 38–39.