Las luchas de la Iglesia católica contra la laicidad y el comunismo en México

Octavio Rodríguez Araujo*

* Doctor en Ciencia Política y Profesor Emérito de la UNAM. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III. Articulista de La Jornada.

Resumen

Palabras clave: Iglesia católica, catolicismo, laicismo, comunismo, México.

Abstract

The State in independent Mexico was catholic, in the next years it became secular and when the Catholic Church was threatened by socialism and communism postponed his confrontation with the State. When communism was no longer a threat, the clergy claim the power that it had before the 1910 revolution and in part that was the reason for the sparked of the Cristero war. The defense of the secular state has not lapsed, on the contrary, the Catholic Church wants more than the laws allow.

Keywords: Catholic church, catholicism, secularism, communism, Mexico.

La ofensiva de la Iglesia contra la laicidad no cayó en México como un aerolito inesperado. Tiene un pasado y lo que se dice ahora es lo mismo que se argumentó antes. Algo semejante se puede decir sobre el anticomunismo de la misma Iglesia. Nada ha cambiado sustancialmente, salvo que en el presente la clerecía católica tiene más simpatizantes que hace 85 o cien años, tanto en el gobierno como en los partidos. Por otro lado, conviene recordar que México no nació como Estado laico con la independencia, sino que el laicismo fue un largo y accidentado proceso y, a la vez, una reacción a las intromisiones de la Iglesia católica en la vida pública y política del país.

Los 300 años de colonialismo que vivió nuestra nación antes de la Independencia hicieron mella en asuntos religiosos y otros que por el momento no toco. Se impuso la religión católica y ésta prosperó sobre las otras que profesaban, antes de la Conquista, los pueblos indios de lo que sería el Virreinato de la Nueva España.

Ignacio López Rayón y José María Morelos, promotores de la Independencia después de los fusilamientos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, no tuvieron una idea distinta sobre la religión impuesta. De hecho, López Rayón, incluso antes de que fuera promulgada la Constitución Política de la Monarquía Española (en Cádiz, 1812), ya había señalado en sus Elementos Constitucionales de 1811 que la religión católica sería la única sin tolerancia de otra. La Constitución de Cádiz estableció lo mismo para la nación española, que incluía a sus colonias en otros continentes, y señalaba que la religión de toda la nación "es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera" (artículo 12). Para Morelos en sus Sentimientos de la Nación, las cosas no serían diferentes: la religión católica sería única, sin tolerancia de otra y el dogma sería sostenido por la jerarquía de la Iglesia (el Papa, los obispos y los curas) porque "se debe arrancar toda planta que Dios no plantó".

En ese momento ya se habló de la separación del Estado y la religión: "Artículo 1°. …la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable." Y en el artículo 4° se señalaba que la autoridad de las sociedades religiosas y sus sacerdotes será absolutamente espiritual (cursivas mías). Se decía, asimismo, que los actos solemnes religiosos no podían verificarse fuera de los templos sin permiso escrito de la autoridad local (Artículo 11). Con Maximiliano (1865) se dijo que se protegería la religión católica, apostólica, romana como religión de Estado, pero que se tolerarían otros cultos aprobados por el gobierno (cursivas mías).¹

Con las reformas a la Constitución de 1857, llevadas a cabo el 25 de septiembre de 1873, se ratificó la separación entre el Estado y la Iglesia y que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. El proyecto de Carranza del artículo 24 de la Constitución, que quedaría plasmado en la Carta Magna aprobada en 1917, estableció que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y que ningún acto religioso de culto público deberá celebrarse fuera de los templos. Y el artículo 130 avanzó todavía más en la materia retomando la idea de que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban una religión, que el matrimonio es un contrato civil, que no se reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias, que los ministros de cultos serán considerados profesionistas, que para ejercer un ministerio de culto se necesita ser mexicano por nacimiento y que nunca podrán, en actos públicos o de culto, hacer críticas a las leyes fundamentales ni al gobierno, ni tendrán derecho a asociarse con fines políticos.

Hubo más exigencias de la Iglesia católica en contra de la Constitución de 1917. Quizá la principal fue en relación con el artículo 27, ya que éste establecía que ninguna asociación religiosa denominada iglesia podrá adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Estos serían de la nación, incluyendo los templos, obispados, casas curales, seminarios, asilos, conventos o colegios de asociaciones religiosas, en manos de éstas o de adquisición futura. En ningún caso las instituciones religiosas, los ministros de culto o asimilados podían tener, directa o indirectamente, instituciones de beneficencia pública o privada. Con el gobierno de Calles se hizo valer el artículo 27 según su texto original de 1917, y se cerraron conventos, iglesias, escuelas católicas que no impartían educación laica, etcétera. Los curas extranjeros fueron expulsados. La Iglesia, por supuesto, reaccionó y el arzobispo primado de México, José Mora y del Río, declaró el 4 de febrero de 1925:

La doctrina de la Iglesia es invariable, porque es la verdad divinamente revelada. La protesta que los prelados formulamos contra la Constitución de 1917 en los artículos que se oponen a la libertad y dogmas religiosos, se mantiene firme. No ha sido modificada, sino robustecida, porque deriva de la doctrina de la Iglesia. El episcopado, clero y católicos, no reconocemos y combatiremos los artículos 3°, 5°, 27° y 130° de la constitución vigente. Este criterio no podemos, por ningún motivo, variarlo sin hacer traición a nuestra fe y a nuestra religión.²

El 14 de marzo de 1925 se creó la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Detrás de ella lucharían los Caballeros de Colón (sus fundadores), la Unión Nacional de Damas Católicas Mexicanas, la Asociación Nacional de Padres de Familia y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM). En junio de 1926 Calles decretó reformas al Código Penal, que fueron denominadas Ley Calles y que entraría en vigor el 31 de julio. En respuesta, el primero de agosto el Episcopado mexicano resolvió suspender el culto público en todo el país para alebrestar al pueblo católico contra el gobierno. El 16 de agosto de 1926 el Episcopado le envió a Calles un Memorial firmado por el ya mencionado arzobispo primado de México y por el obispo de Tabasco, Pascual Díaz Barreto. Tres semanas después enviaron el mismo Memorial al Congreso de la Unión. En dicho documento se pedía la reforma de los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, por considerarlos contrarios al clero y a la Iglesia católica. El 18 de noviembre el Papa Pío XI proclamó la Encíclica Iniquis afflictisque en el que dictaba la conducta a seguir por los católicos mexicanos en contra del gobierno mexicano. En esta encíclica se llamaba, elípticamente como suelen escribirse las encíclicas, a luchar y a morir "por la santísima libertad de la fe" atacada por los gobernantes de la República Mexicana que, "por su despiadado odio contra la religión, han continuado urgiendo sus malas leyes con más acritud y fiereza".³ El desenlace de dichas exigencias eclesiásticas fue la cruenta guerra cristera de 1926 a 1929.

La Cristiada, como fue llamada la guerra cristera, fue para los católicos del centro del país "su revolución", además de su base ideológica.⁴ Al ser derrotada, los cristeros se organizaron primero en La Legión (19311934), luego en La Base (1934–1937) y finalmente en la Unión Nacional Sinarquista (UNS) fundada en León, Guanajuato, en 1937. La influencia organizativa y política de estas agrupaciones derivaba del fascismo italiano y del nazismo alemán y, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, algunas de ellas retomaron el antiguo anticomunismo de la Iglesia que se expresaba desde los tiempos del papa Pío IX y que ratificó León XIII desde su encíclica Quod apostolici muneris de 1878, en la que se consideraban "errores" el socialismo, el comunismo y el nihilismo.⁵

No fue difícil que el fascismo se extendiera relativamente en el país de esos años, sobre todo entre grupos católicos. El anticomunismo era un ingrediente que aglutinaba a muchos y se explicaba porque incluso en los gobiernos de Portes Gil, Ortiz Rubio y Rodríguez (presidentes durante el Maximato) el comunismo era considerado como una doctrina ajena a la idiosincrasia de los mexicanos. El nacionalismo, por otra parte, condujo a posiciones xenófobas, particularmente contra ciertos grupos extranjeros: los chinos y los judíos. Se argumentaba, sobre todo en contra de los segundos, que no se asimilaban a la sociedad y que se negaban a realizar labores en el campo. El gobierno compartía esa visión, como bien lo señaló Friedrich Katz en su prólogo al libro de Gojman sobre el antisemitismo en México.⁶

El ambiente político del momento era propicio para el surgimiento y/ o el desarrollo de grupos anticomunistas, fascistas, defensores del catolicismo, ultranacionalistas xenófobos y hasta antisemitas. El general Nicolás Rodríguez Carrasco, quien había participado en una rebelión en 1929 y en apoyo de Vasconcelos para la Presidencia de la República,

organizó un grupo llamado Camisas Verdes y estrenó su grito de guerra: "México para los mexicanos" [y] durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez fundó los Camisas Doradas, cuya función fue la de apalear a los comunistas y a los judíos.⁷

Los Camisas Doradas fue el nombre con que era conocida la Acción Revolucionaria Mexicanista (ARM).

Contrariamente a la derecha religiosa, la ARM afirmaba que tenía el propósito de continuar la obra de Hidalgo, Morelos y los fundadores de la reforma y la revolución: Juárez, Madero y Carranza. Lo que es más, la ARM no hacía mención en su programa a la Iglesia católica; ni aludía a la religión excepto cuando pedía la libertad de cultos.⁸

Y añadía que no defendía religión alguna, ya que era un problema de conciencia en el que no debía intervenir la autoridad.

A pesar de la mesura con la que Cárdenas trató a la Iglesia, sobre todo por contraste con los años del Callismo y del Maximato, en México hubo renovados ímpetus de los católicos beligerantes en contra del comunismo y en algunos casos, como ha sido visto, incluso contra los judíos. La cuestión tenía que ver con la óptica de los conservadores y reaccionarios, religiosos y laicos, en relación con el gobierno de Cárdenas y con la educación socialista de esos años. Para muchos de esos conservadores y reaccionarios, el general Cárdenas era por lo menos socialista si no comunista, pese a que el presidente había declarado que no compartía las doctrinas socialistas ni comunistas.

Es pertinente señalar que los camisas doradas no sólo asumían que Cárdenas era comunista, sino que apoyaron el intento golpista del general Saturnino Cedillo y buscaron, como la Iglesia católica durante la guerra cristera, alianzas con los petroleros yanquis, algunos de ellos ligados a las redes nazis organizadas por Alemania.⁹ Otra influencia fascista en México, con fuertes tintes católicos, era el franquismo español y la Falange. En noviembre de 1936 se fundó en México la Asociación Española Anticomunista y Antijudía. Ese mismo año José Vasconcelos, quien vivía en Estados Unidos, inició una serie de artículos en Timón, Hoy, Excélsior y Novedades en apoyo al franquismo y a la Alemania de Hitler.

A diferencia del Partido Acción Nacional (PAN), fundado en 1939 con algunos principios tomados de la doctrina social de la Iglesia católica, la Unión Nacional Sinarquista se organizó como un movimiento que en sus primeros momentos rechazaba la participación electoral y la forma partido en su organización. Tuvo vínculos con los Camisas Doradas y con el fascismo europeo y estadounidense. Al fracasar el intento golpista de Cedillo, la UNS adoptó una línea cercana a la acción legal sin abandonar sus nexos clandestinos con agentes nazis en México y en Estados Unidos.

La política popular y nacionalista de Cárdenas sumó enemigos, a pesar de sus intentos conciliadores con la Iglesia católica y con ciertos sectores empresariales. Al margen de la jerarquía católica y de muchos de sus militantes, surgieron también grupos callistas resentidos por el trato que les había dado el general Cárdenas (la expulsión de Calles, los cambios en el gabinete de su gobierno, etcétera) y formaron el Partido Revolucionario Anti–Comunista (PRAC), siendo sus dirigentes más destacados Manuel Pérez Treviño, Joaquín Amaro y Melchor Ortega.

Dada la crítica situación del país después de la expropiación petrolera y en vísperas de una guerra mundial, Cárdenas optó por apoyar, como sucesor, a un moderado que fuera capaz de lograr una suerte de conciliación nacional con todos los sectores sociales que se sentían agraviados por sus políticas nacionalistas y populistas. Los otros aspirantes a la Presidencia polarizaban a los distintos grupos de presión en el país, unos por su cercanía con sectores de ultraderecha e incluso fascistas, como los generales Joaquín Amaro y Juan Andrew Almazán, y otros, como el general Múgica, por ser simpatizantes de las izquierdas. Ávila Camacho, por lo demás, al declararse creyente, fue apoyado por la Iglesia católica. La política de "unidad nacional" de su campaña logró el respaldo de amplios sectores políticos al candidato del Partido de la Revolución Mexicana, incluidos el del Partido Comunista Mexicano, la Confederación de Trabajadores de México y otros más. En ese periodo la UNS creció como nunca antes y llegó a contar, bajo la dirección de Salvador Abascal, con medio millón de militantes, una gran fuerza que trascendió su centro tradicional en el Bajío, para iniciar su declinación relativa, por pugnas internas, a partir de 1944.¹¹

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la jerarquía católica enfocó sus baterías contra el Partido Comunista Mexicano, muy menguado entonces, contra Lombardo Toledano y, desde luego, contra Cárdenas.

Con la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, se empezó a hablar de mexicanidad (y no más de lucha de clases ni de socialismo) como la nueva doctrina partidaria, y la Iglesia católica aprovechó la coyuntura para establecer una igualdad: mexicanidad igual a catolicismo, por lo que estar en contra de éste era estar en contra de lo mexicano. Era ya, a partir del discurso de Truman del 12 de marzo de 1947 contra el comunismo, el inicio de la Guerra Fría, que aprovecharon las fuerzas más conservadoras para continuar con sus ataques a cualquier manifestación de socialismo y de anticlericalismo. Sin embargo, dado que tanto el gobierno de Miguel Alemán (1946–1952) como el de Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958) se caracterizaron por reprimir a la izquierda social y marginar a quienes eran considerados socialistas dentro del PRI y del gobierno, los ánimos de la Iglesia y de los anticomunistas laicos devinieron más moderados, sin que esto quiera decir que desaparecieran.

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 provocó en México nuevos bríos a las organizaciones de derecha y, sobre todo, de ultraderecha, unas religiosas y otras laicas. La izquierda, por su lado y a pesar de que estaba dividida, recibió con dicha revolución una buena dosis de oxígeno revitalizándose como no había ocurrido desde los tiempos de Cárdenas. En el PRI hubo preocupación, pues precisamente Cárdenas, miembro conspicuo y respetado en este partido, fue uno de los promotores mexicanos en favor de Cuba y de un renovado activismo a través del Movimiento de Liberación Nacional, fundado en 1961. Eran momentos de efervescencia social derivados de los recientes conflictos en el campo (disidencias de la Confederación Nacional Campesina del PRI), y de los movimientos de maestros y ferrocarrileros, duramente reprimidos, incluso con la participación del ejército. La Iglesia consideró que el ambiente era propicio para las corrientes izquierdistas–socialistas y mediante la activa intervención del Secretariado Social Mexicano intentó capitalizar en su favor la inconformidad de amplios sectores de masas, señaladamente de trabajadores y estudiantes. La idea era que la pobreza provocada por la situación económica favorecería la politización de las masas y que el triunfo de la revolución en Cuba influiría en ellas.¹² En Estados Unidos se tenía, sin duda, la misma percepción, razón por la cual se ideó la Alianza para el Progreso, una especie de Plan Marshall para América Latina, y con la misma intención: evitar la influencia del comunismo en general y de la revolución cubana en particular.

Sin embargo, tanto los cálculos de la Iglesia como los de Estados Unidos no tomaron en cuenta otros factores. El Partido Comunista Mexicano vivía una crisis enorme, acrecentada por la represión selectiva del gobierno contra sus líderes (presos políticos) y por las diferencias entre la línea soviética y la china en esos momentos.¹³ Aun así, "la Iglesia católica lanzó una campaña anticomunista en la que tuvieron una actuación muy importante los movimientos laicos católicos." Idearon una campaña masiva, incluso con sellos en billetes de curso normal (lo cual estaba prohibido), consistente en inundar el país con la consigna "Cristianismo sí, comunismo no".¹⁴ Esta campaña coincidió con el lanzamiento gubernamental del libro de texto gratuito (para las escuelas primarias) que, en opinión de la Iglesia y de muchos empresarios, sobre todo de Monterrey, pervertían a los niños con enseñanzas alejadas de los valores católicos y de la familia. El jesuita Mayagoitia, de considerable influencia en los medios religiosos, escribía que "la barbarie soviética que ha cubierto de sangre y de ruinas a pueblos enteros, tales como Polonia, Hungría y más recientemente Cuba, se ha lanzado al asalto de nuestra patria".¹⁵ Las organizaciones laicas más activas fueron la misma UNS, el Movimiento Familiar Cristiano, la ya citada Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y otras semejantes fundadas en tiempos del callismo. La diferencia sustancial con aquella época de los años veinte del siglo pasado, fue que después del cardenismo (gobierno considerado socialista por la Iglesia y por los callistas) los enfrentamientos clericales con los gobiernos mexicanos disminuyeron considerablemente y se abocaron más a luchar contra el comunismo. Su orden de prioridades cambió, pues percibían en el comunismo un mayor peligro que las políticas de Estado y la legislación restrictiva del campo de acción de la Iglesia que —de todos modos— se aplicaban de manera muy laxa. No sería exagerado decir que la convivencia Iglesia–gobierno era algo así como "yo te apoyo, y tú me dejas hacer lo que quiera".

El anticomunismo de los años cincuenta y sesenta fue muy rico en documentos, organizaciones, declaraciones y acciones de diversos tipos, algunas muy beligerantes. Una de las organizaciones que surgió en esos años y de la que se sabía muy poco entonces, por su carácter semi–secreto, era El Yunque y sus varias fachadas de acción no encubierta como el MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), surgido precisamente en los años sesenta y muy activo en círculos universitarios, particularmente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo más destacable de El Yunque, además de sus posiciones ultraderechistas, según el periodista Álvaro Delgado de Proceso, es su infiltración en órganos empresariales, partidarios (PAN) y de gobierno.¹⁶ Ciertas evidencias apuntan a demostrar que los yunquistas han tenido presencia relevante en los gobiernos de Fox (2000–2006) y Calderón (2006– ). Se trata de uno más de los grupos de la ultraderecha mexicana que, hasta donde se sabe, no tiene órdenes clericales pero sí que aspira a subordinar al gobierno mexicano a los preceptos de la Iglesia católica.

Largo sería citar el esfuerzo, al parecer incansable, de la Iglesia católica para combatir el comunismo en México, mientras fue considerado una amenaza a su religión. Cuando la Iglesia pensó colectivamente que el comunismo era un peligro mayor que determinadas políticas estatales, dedicó sus esfuerzos a combatir el comunismo y a apoyar al gobierno; cuando el comunismo dejó de ser una amenaza para ella y sus dogmas (especialmente a partir del final de los años ochenta), retomó su lucha en contra de las leyes e instituciones que limitaban su injerencia en la cosa pública para influir en la conciencia de la población y en las mismas decisiones de gobierno. Nunca abandonó su idea de revertir la separación del Estado y la Iglesia ni de regresar al Estado católico de los primeros años del México independiente. Lo que ha ocurrido, aunque parezca simple decirlo así, es que sus prioridades cambian o pueden cambiar según las circunstancias en determinadas coyunturas.

El gobierno de la República volvió a ser foco de los ataques de la Iglesia y de muchos empresarios, especialmente de Monterrey, en el periodo de Luis Echeverría (1970–1976). Fue calificado absurdamente de comunista por su apoyo a Salvador Allende como presidente de Chile, por haber establecido relaciones diplomáticas con la República Popular China y por haber estrechado relaciones con Cuba. López Portillo, en cambio, aunque invitó a Fidel Castro a México (reunión de Cozumel) en mayo del año 1979, desarmó antes a la Iglesia católica con la visita de Juan Pablo II al país dos meses antes y hasta hizo posible que el pontífice oficiara misa en la residencia oficial, violando la laicidad del Estado mexicano.

Cuando en el mundo y en México se pensó que el comunismo había dejado de ser una amenaza a las libertades del liberalismo, comenzando por la libertad de empresa, la Iglesia católica comenzó a exigir mejores condiciones de participación en la vida pública. Con el presidente Salinas de Gortari consiguió avanzar en sus pretensiones como nunca antes, desde la Revolución de 1910.

Salinas, pues, atendió algunas de las exigencias de la Iglesia católica, principal e históricamente en contra de esos dos artículos constitucionales, y tanto priístas como panistas, principalmente, aprobaron sus reformas en la esfera parlamentaria. En relación con la educación, el texto vigente del artículo 3° constitucional señala que si bien el Estado garantiza la libertad de creencias, la educación que imparta el Estado será laica, cual se sostenía desde 1917, con la salvedad de que en el texto original se decía que "ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria". Esta restricción fue omitida, por lo que las órdenes religiosas pueden tener y dirigir escuelas privadas con enseñanza no laica, es decir, confesional.

Podría decirse que Salinas, buscando la legitimidad que no obtuvo en las urnas, le dio a las iglesias (principalmente a la católica) armas para participar en política y en educación y para exigir más y más con la intención de regresar a la primera mitad del siglo XIX y terminar con la separación entre Estado e Iglesia e intentar, como en ese lejano tiempo, que la religión católica sea otra vez la religión de Estado en México.

Con estas reformas el clero quedó más satisfecho, pero con el triunfo de Fox y de su esposa, que no figuraba en las boletas electorales, los jerarcas religiosos se envalentonaron y van por más. Ahora quieren que se enseñe religión en las escuelas públicas y, desde luego, están en contra del uso del condón, de la píldora anticonceptiva, de la llamada píldora del día siguiente y, por supuesto, del aborto.

So pretexto de la lucha contra el aborto, que los católicos llaman "lucha por la vida", y aprovechando la derechización de la política en manos del PAN (con El Yunque o sin él) y de priístas, la Iglesia católica está presionando por imponer sus valores sobre los demás tanto en las escuelas (siempre ha estado en contra de la educación laica) como en la esfera estatal y la vida familiar.

Una cosa es que las iglesias tengan su derechos y otra que sus valores deban formar parte de las políticas públicas del Estado mexicano e imponerse a quienes no comulgan con ellos. El tema del aborto, sensible como es gracias a creencias sin justificación científica, es la cuña que la Iglesia católica ha encontrado, con la complicidad de diputados panistas, priístas y hasta de algunos de izquierda, para intentar romper con la laicidad del Estado y de nuestras leyes. El otro tema, que no ha sido desaprovechado, es la homofobia expresada en su rechazo a las reformas al Código Civil del Distrito Federal en relación a los matrimonios entre personas del mismo género. En este punto, el cardenal Rivera Carrera ha sido acompañado por el arzobispo de la Iglesia católica ortodoxa, Antonio Chedraui, además de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas presidida por Arturo Farela. Dicha homofobia ha sido revelada por Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano, al indicar que la pedofilia no está ligada al celibato sino a la homosexualidad, lo cual dista mucho de ser la verdad de tan complejo problema.

Aprovechando la coyuntura y el hecho de que Felipe Calderón y muchos panistas (no todos) junto con muchos priístas (tampoco todos) están en contra del aborto y de los matrimonios homosexuales, la Iglesia católica ha exhibido la misma cara que mostró en tiempos de Calles en contra de la Constitución de 1917; es decir, tratar de poner por encima de nuestras leyes las creencias y los valores de su religión.

Cuando se dijo en enero pasado, a nombre de Norberto Rivera:

Nosotros, pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios; toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina;¹⁷

Subordinar o querer subordinar la Constitución general al catecismo Ripalda o a la Biblia o al Corán o lo que sea que represente un texto denominado sagrado, es una violación de dicha Constitución y del Estado laico que nos hemos dado los mexicanos (y que quieren revertir los curas). ¿No dice nuestra constitución que en México hay libertad de cultos y de creencias? Esto quiere decir que cada quien cree en lo que le da la gana, o no cree y, por tanto observa o no los valores de su iglesia, si la tiene, siempre y cuando se someta, como ciudadano, a las leyes vigentes en el país. Los curas quisieron tener derechos, y los tienen gracias a Carlos Salinas y sus reformas legislativas, pero al lograrlos también adquirieron obligaciones, como individuos y como organizaciones. Y una de estas obligaciones es acatar la legislación y no llamar a desobedecerla sin caer en subversión y, eventualmente, en asociación delictuosa. En caso de que esto suceda, y ya sucedió con el texto leído en la Catedral metropolitana el 10 de enero, que les caiga el peso de la ley, comenzando por Rivera Carrera y sus cómplices ortodoxos y evangélicos que hicieron causa común con dicho propósito.

De suprimirse el inciso e del 130, como llegó a proponerlo el senador Pablo Gómez, los ministros de cualquier culto podrían coligarse con fines políticos y llevar a cabo proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o asociaciones políticas no pertenecientes a iglesia alguna. Igualmente, dichos ministros, podrían oponerse, sin sanción alguna y sin violar las leyes, a estas mismas leyes, a las instituciones de la República y a los símbolos patrios. Por si no fuera suficiente, los ministros de culto religioso podrían formar partidos políticos con símbolos o referencias religiosas y convertir los templos en ágoras políticas y de incitación a la subversión en contra del Estado mexicano.

Se dirá que algunas de estas atribuciones que admitiría la derogación del mencionado inciso constitucional ya las ejercen los clérigos, como fue demostrado por su oposición a las leyes que permiten el aborto en el Distrito Federal bajo ciertas condiciones, pero una cosa es que se toleren tales licencias a las iglesias mexicanas y hasta al Vaticano (Estado extranjero) y otra que no tengan límites para hacer lo que quieran políticamente. El vocero de la Arquidiócesis de México (Hugo Valdemar) aplaudió de inmediato la propuesta de Gómez y señaló que ya es tiempo de que los ministros de su iglesia dejen de ser "ciudadanos de segunda". Un ciudadano de segunda, como lo fueron las mujeres en elecciones federales antes de que se les concediera el voto, no sólo no puede votar sino que tampoco puede ser votado. Sin embargo, no fue a este derecho al que se refirió el vocero Valdemar, puesto que el propio Código de Derecho Canónico impide a sus ministros religiosos postularse a cargos públicos por elección, sino a la libertad de expresión que los curas la tienen con las restricciones señaladas en el artículo 130.

Lo que quiere la Iglesia católica en concreto, es plena libertad de expresión, lo cual en abstracto sería correcto. Pero como ciertamente los clérigos son ciudadanos de segunda, porque pueden votar pero no ser votados, lógico es que se conserve el inciso e del 130 como está, pues obedece a razones históricas y no a derechos abstractos que bien podrían ser concretos en otros países, como en realidad lo son.

La historia mexicana nos enseña que si a la Iglesia católica, más que a otras, se le brinda el derecho de intervenir en política (en todo aquello que prohíbe el multicitado inciso), se servirá con la cuchara grande y al rato veremos a curas o monjas enseñando religión en las escuelas públicas o formando partidos políticos para explotar en las urnas los símbolos y los valores religiosos. Si por ahora se ha ganado en la Cámara de Diputados la reforma al artículo 40 constitucional, para enfatizar el carácter laico de la República, con la reforma propuesta por el senador Gómez y sus aliados terminaríamos, gracias al pueblo católico (que tal vez forma mayoría), aboliendo la laicidad y convirtiendo al Estado mexicano en un Estado confesional y dogmático, de talibanes si éstos fueran católicos.

¿Merecen libertad política quienes dijeron recientemente que sólo obedecen a Dios y que toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa? ¿No fue esto lo que dijo el Cardenal Rivera hace poco en enero? ¿No fue su documento un llamado a desobedecer las leyes y a irrespetar las instituciones?

Mejor dejemos el 130 como está y apoyemos la reforma que hemos propuesto en Ciudadanos en Defensa del Estado Laico al 40 constitucional. Como se ha dicho en diversos medios, el Estado laico garantiza no sólo la posibilidad de la democracia sino las libertades de todos sin interferencias intolerantes.

Fuentes

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Notas

¹ Las referencias a las leyes y constituciones citadas en este texto tienen su fuente en Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, 4^a. edición, LV Legislatura, 13 tomos, México, 1994.

² Ver: http://guadalupe.luxdomini.com/guadalupe_iglesia.htm. El énfasis es mío.

³ Véase: http://guadalupe.luxdomini.com/iniquis_afflictisque.htm

⁴ Mario Gill, Sinarquismo, origen y esencia, México, Olin, 1962.

⁶ Alicia Gojman de Backal, Camisas, escudos y desfiles militares (Los Dorados y el antisemitismo en México, 1934–1940), México, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y Fondo de Cultura Económica, 2000 (Prólogo de Friedrich Katz).

⁷ Alicia Gojman de Backal, op. cit., p. 200. Véase también Héctor Hernández García de León, Historia política del sinarquismo, 1934–1944, Universidad Iberoamericana/M. A. Porrúa, México, 2004, pp. 108–110.

⁸ Héctor Hernández García de León, idem, p. 112.

⁹ Véase, para mayor extensión, Juan Alberto Cedillo, Los nazis en México, México, Random House Mondadori, 2007.

¹⁰ Carta pastoral colectiva sobre los deberes de los padres de familia en materia de enseñanza. Querétaro, Tipografía de Demetrio Contreras, 1936, citada por Susana Quintanilla. "La educación en México durante el periodo de Lázaro Cárdenas, 1934–1940", http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/articulos/sec_31.htm

¹¹ Pablo Serrano Álvarez, "El sinarquismo en el Bajío mexicano, 1934–1951", Estudios de historia moderna y contemporánea de México, volumen 14, documento 187, IIH–UNAM, México, 1991, pp. 239–271.

¹² El Secretariado Social Mexicano (SSM), una instancia dependiente del Episcopado Mexicano creada en 1920, tenía como objetivo difundir la doctrina social de la Iglesia contemplada en la encíclica Rerum Novarum de 1891. Tuvo giros a la derecha y a la izquierda en distintos momentos de su historia. Con Velázquez como director, el SSM adoptó, desde finales de los cuarenta, posiciones obreristas y sindicalistas y se llegó a decir que las demandas del comunismo eran justas pero no sus métodos. Con el Concilio Vaticano II (octubre de 1962 a diciembre de 1965) se abrió el diálogo entre marxistas y católicos seguidores de la Teología de la Liberación y hubo corrientes sindicales católicas, como el Frente Auténtico del Trabajo, que se ubicaron en la izquierda mexicana. Aun así, Velázquez fue ambiguo en sus posiciones y más que todo anticomunista, aunque llegara a decir que "una de las fiebres malignas es el comunismo, que se pretende curar con otra fiebre: el anticomunismo". Irónicamente lo antedicho fue escrito en un artículo llamado "Alejémonos de la confusión", Contacto, nos. 5–6, segunda época, mayo–junio de 1963, citado por María Martha Pacheco, "¡Cristianismo sí, comunismo no! Anticomunismo eclesiástico en México", Estudios de historia moderna y contemporánea de México, volumen 24, documento 296, IIH–UNAM, México, 2002, pp. 143–170.

¹³ Véase, entre otros textos, el libro de Barry Carr, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, Era, 1996.

¹⁴ María Martha Pacheco, op. cit.

¹⁶ Ver Álvaro Delgado, El Yunque: La ultraderecha en el poder, México, Plaza y Janés, 2003, y El Ejército de Dios: Nuevas revelaciones de la extrema derecha en México, México, Plaza y Janés, 2005. Sobre el MURO, Édgar González Ruiz, MURO, memorias y testimonios, 1961–2002, México, Gobierno del Estado de Puebla/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Cuadernos del Archivo Histórico Universitario, 2004.

¹⁷ La Jornada, 11 de enero, 2010.