María Ana Portal^** Cristina Sánchez Mejorada^***

** Profesora–investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana–Iztapalapa. port@xanum.uam.mx.

*** Profesora–investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco. mcsf@correo.azc.uam.mx.

Resumen

El interés de este trabajo es describir aspectos centrales de la estructura socio–religiosa del pueblo de San Pablo Chimalpa y la manera en que ésta se articula con algunos de los procesos locales de participación, así como de gestión de servicios y mejoramiento de la comunidad. En ello desempeña un papel central la representación del pueblo frente a las estructuras gubernamentales de la delegación, la cual responde a la lógica urbana de la ciudad y su gobierno. La relación entre la estructura socio–religiosa–parental (la estructura política de representación local) y las formas de gobierno de la ciudad han tenido históricamente una estrecha relación, lo cual ha generado procesos de transformación en el pueblo.

Abstract

The aim of this work is to describe key aspects of the social and religious structure of San Pablo Chimalpa –located at the Cuajimalpa delegation in Mexico City– as well as the way it links with some of the processes of participation and with negotiations for community services and improvements. How the town is represented vís–a–vís the delegation's urban governmental structures has a central role in this process. Three historically–anchored patterns contribute to the understanding of current changes in the town: the kin–based socio–religious exchange system, the pattern of local political representation, and the history of the city's expansion and absorption of small, rural towns.

Key words: México City, urban towns, religious structures, management.

INTRODUCCIÓN¹

La ciudad de México representa un espacio de diversidad y contraste, tanto en su composición socioeconómica como en su estructura territorial. En ella conviven barrios, pueblos, colonias y fraccionamientos de origen diverso –prehispánico, colonial y moderno–, que históricamente se han articulado a partir de distintos mecanismos: procesos comerciales y de intercambio laboral, fenómenos de urbanización y obtención de servicios básicos, redes comunicacionales y tecnológicas contemporáneas, etcétera. Consideramos que para entender la lógica urbana de una ciudad como ésta es necesario analizarla desde las complejas conexiones y articulaciones que existen entre los espacios tradicionales (rurales o semi–rurales) y los espacios urbanos modernos. ¿Cómo se construyen estas articulaciones entre los diversos espacios urbanos de la ciudad de México?

Los pueblos de la ciudad son un buen ejemplo de esta compleja articulación, ya que ahí se observan tendencias que vinculan los elementos tradicionales y locales con aspectos modernizadores o globales. Es decir, en la medida en que mantienen y reproducen sus formas tradicionales de organización social y de visión de mundo, lo cual hace posible construir identidades específicas, tejen vínculos con la ciudad mediante estrategias culturales propias que les permiten integrarse, además de conservar su unicidad.

Uno de estos mecanismos de articulación, y cuyo estudio resulta más interesante, es la gestión de servicios y mejoras a las comunidades, pues ello implica relacionar no sólo necesidades concretas de la población (luz, agua, calles, escuelas, centros de salud, etcétera), sino también acercarse a formas distintas de concebir y de actuar en lo público, lo cual involucra procesos de negociación e inserción en dos planos: hacia afuera del pueblo en las instancias gubernamentales de la ciudad; y hacia adentro del pueblo en las instancias de representación desde lo local.

Coincidimos con Fernando Salmerón (2002: 38) cuando sostiene que la construcción ideológica del sistema de parentesco –como mecanismo regulador del ámbito privado– puede ser empleada para estructurar las relaciones en el ámbito de lo público. A partir del sistema de parentesco se construyen un conjunto de redes sociales sustentadas en valores y normas morales que contienen y otorgan contenidos simbólicos a las relaciones sociales, con lo cual regulan los potenciales conflictos y brindan cierta coherencia a la organización del poder en la esfera privada. Dicho en otros términos, regulan tanto la actuación de los miembros de las familias en el ámbito público como en la esfera privada. Desde allí se establecen los criterios de adscripción a la colectividad, y se generan dos procesos fundamentales: el derecho de pedir y la obligación de dar. Con ello se establecen complejas redes de reciprocidad, tanto al interior como al exterior del pueblo.

Estos mecanismos de reciprocidad y solidaridad anclados en el parentesco adquieren su particularidad en función de factores económicos, sociales, históricos, etcétera, lo que se constituye en una de las estrategias culturales fundamentales para construir y reproducir los vínculos con la ciudad.

Estamos de acuerdo con Salmerón en que "[...] el principio del individualismo como sustento de la democracia liberal no es enteramente aplicable a una organización de la sociedad regida por normas de parentesco que se sitúan por encima de las reglas jurídicas emanadas del Estado" (ibidem: 39); sin embargo, consideramos que la organización sustentada en el sistema de cargos y en el parentesco, donde lo colectivo es primordial, no representa un obstáculo para insertarse en las estructuras de la llamada "democracia liberal" –sustentada en lo individual y en el individuo–, sino que más bien funciona como una suerte de bisagra entre dos estructuras –liberal y comunitaria basada en el parentesco– que mantienen lógicas de funcionamiento distintas, en la medida en que el parentesco da solidez y una relativa coherencia a la representación social, como veremos a continuación.

Con este trabajo se busca describir aspectos centrales de la estructura socio religiosa del pueblo de San Pablo Chimalpa y la compleja forma en que se articula con algunos procesos locales de participación y de gestión de servicios y mejoramiento de la comunidad. En ello juega un papel central la representación del pueblo frente a las estructuras gubernamentales de la delegación, la cual responde a la lógica urbana de la ciudad y su gobierno. La relación entre la estructura socio–religiosa–parental, la estructura política de representación local y las formas de gobierno de la ciudad se han construido históricamente en estrecha relación. Este proceso ha sido particularmente importante en las últimas décadas, cuando el poblado se integra de manera consolidada a la estructura delegacional –aunque formalmente esto se dio desde 1929– y recibe el impacto de las transformaciones jurídico–administrativas del conjunto de la ciudad.

Para realizar la descripción y el análisis aquí propuesto hemos dividido el trabajo en tres partes: en la primera hacemos una presentación de nuestro caso de estudio y su contexto inmediato: la delegación de Cuajimalpa. Consideramos necesario presentar brevemente algunos aspectos centrales del contexto en que se ha desarrollado la zona, con el fin de dibujar las condiciones actuales de Chimalpa en tanto pueblo urbano. En la segunda parte se describen las formas de organización locales, ante todo el sistema festivo, resaltando su centralidad y la manera en que se articula con el resto de las organizaciones del pueblo en sus dimensiones cívica y religiosa. Retomaremos la actual estructura de cargos para mostrar cómo opera todavía, a pesar del impacto en las condiciones de vida luego de las profundas transformaciones socio–territoriales experimentadas en la zona en los pasados veinticinco años. Si bien no pretendemos hacer una revisión histórica de las características de los cargos, señalaremos los aspectos que consideramos relevantes para comprender estas transformaciones. Nos interesa entonces destacar cómo tal estructura organizativa, a partir de una sólida construcción fincada en el parentesco, genera referentes identitarios fundamentales para la relativa cohesión grupal, entendida como base o sustento de las estrategias culturales de articulación con la ciudad. En la tercera parte buscamos analizar el complejo entramado de conexiones entre este sistema organizativo local, sus formas de representación y los procesos de gestión de servicios y mejoras para el pueblo, los cuales implican necesariamente una negociación frente a instancias gubernamentales de la ciudad. Abordaremos dicho proceso desde 1929, momento en que Cuajimalpa deja de ser municipio y se constituye en delegación. A partir de entonces los vaivenes de la estructura jurídico–administrativa de la ciudad se han transformado de diversas maneras, impactando las formas de representación y organización de los pueblos. Para el caso de San Pablo Chimalpa tal entramado de redes locales y redes urbanas más amplias no desvirtúa la organización local; por el contrario, la consolida ante la ineficacia y el vacío legal de las estructuras que impone la ciudad, con lo cual se generan nuevos procesos de interrelación.

PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO: CHIMALPA Y SU CONTEXTO

El pueblo de San Pablo Chimalpa es uno de los cuatro pueblos rurales o semi–rurales que se encuentran entre las cañadas y los bosques de la delegación de Cuajimalpa de Morelos, al lado de Contadero, San Mateo Tlaltenango y San Lorenzo Acopilco. Esos pueblos coexisten con cuarenta y siete colonias, muchas de ellas derivadas de la invasión o el reacomodo (por ejemplo de los antiguos basureros de Santa Fe), y con fraccionamientos residenciales asentados en la zona noreste de la delegación, en las partes bajas de las colinas, en terrenos que antes pertenecieron a los pueblos.

Por lo mismo, se trata de una zona que se caracteriza por los grandes contrastes socioeconómicos y culturales de su población, así como por una reciente urbanización, el acelerado proceso de modernización al incorporar grandes fraccionamientos residenciales para sectores de ingresos altos y medios, así como desarrollos para empresas corporativas y complejos comerciales.²

Un aspecto que llama la atención es lo tardío de la urbanización en esta parte de la ciudad, pues mientras en el norte el proceso se inició desde el siglo XIX y en el sur hacia mediados del siglo XX, los primeros signos de urbanización que irrumpen en esta zona agrícola y forestal del poniente de la ciudad se presentan sólo a partir de 1970. Sin embargo, sería equivocado pensar que los pueblos del Distrito Federal se encontraban aislados o desarticulados de la urbe. Desde la época colonial han mantenido un estrecho vínculo a través de la comercialización de productos agrícolas y forestales, ya que la zona poniente fue, hasta mediados del siglo XX, una importante región para abastecerse de carbón, madera y pulque. Es en la década de 1940 cuando las transformaciones en la vida urbana generan cambios profundos en las formas de producción³ y la economía del pueblo. Al prohibirse la producción y venta de carbón en la ciudad, muchos pobladores tuvieron que migrar a entidades como Sinaloa, Michoacán y el Estado de México, donde fueron contratados por su experiencia y destreza en el manejo del mismo. Otros se incorporaron a un empleo formal en alguna de las nacientes industrias o en el gobierno, principalmente para trabajar en el área de parques y jardines del entonces Departamento Central. El pueblo también se vio afectado por el proceso de sustitución de importaciones y otros rasgos modernizadores; así, por ejemplo, se sustituyó el uso de la leña por gas, o el del pulque por cerveza, por lo que se vieron afectados de manera importante y tuvieron que vender otro tipo de productos. Ahora se dedican de manera prioritaria al sector terciario de la economía, y sólo una proporción pequeña se dedica a la agricultura o la combinan con otras actividades.

Entre 1950 y 2000 la población de la delegación pasó de 9 676 habitantes a 151 127, lo que implica un aumento de 15.6 por ciento. Sin embargo, el mayor incremento absoluto de población se dio justamente entre 1970 y 1980, cuando el crecimiento de la ciudad se orienta a esa zona y se inicia el proceso de conurbación y de mayor urbanización. En esos años la población aumentó de 36 200 habitantes a 86 725 (Preciat y Contreras, 2000: 565). Este desmedido crecimiento se relaciona con dos procesos: la alta natalidad y la migración, tanto de sectores populares como de sectores altos y medios. Algunos de estos últimos vivían en colonias como Tacubaya, Polanco o Las Lomas de Chapultepec, pero debido a la saturación y problemática de estas colonias decidieron desplazarse más al poniente. Este movimiento resulta interesante pues pareciera que las nuevas generaciones de los sectores altos, que ya no encuentran lugar en las viejas zonas residenciales, emigran hacia Cuajimalpa y Álvaro Obregón, gestando nuevos estilos de vida.

Tanto la situación económica como la demanda de suelo han generado una enorme presión sobre el territorio de los pueblos, los cuales han vendido grandes extensiones de las tierras de labor –ya sea propiedad privada o ejidal– para dar paso a la construcción de fraccionamientos residenciales y colonias populares. Esto puede verse en el hecho de que mientras en 1950 la población económicamente activa dedicada a labores agropecuarias y forestales representaba 46 por ciento de los habitantes de la delegación, para 1990 esas labores ocupaban a 1.3 por ciento, de tal suerte que para 1997 casi la mitad del suelo era para uso habitacional, 15 por ciento para uso mixto y 4 por ciento para recreación, lo cual deja un reducido 35 por ciento para actividades agropecuarias y zonas de conservación (Preciat y Contreras, 2000: 566).

Esta dinámica nos coloca frente a un escenario sumamente complejo de interacciones y conflictos entre los diversos sectores sociales que allí habitan, además de una fuerte presión para la obtención de servicios básicos. Para comprender tal escenario es fundamental comprender las formas de organización de los pueblos considerados como lugares tradicionales, y la manera en que construyen conexiones con los procesos urbanos más modernos. Por "procesos urbanos" entendemos: "[...] los procesos sociales vinculados con la ciudad en tanto realidad pública; es decir, los procesos vinculados con la organización, apropiación, y usufructo del espacio urbano, con la producción, distribución y acceso a los bienes y servicios públicos, los cuales constituyen junto con el espacio urbano, la dimensión pública de la ciudad" (Coulomb, 2006: 131).

San Pablo Chimalpa está situado a 4 km de la cabecera delegacional, colinda al poniente con San Jacinto y Zacamulapa, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México; al norte con San Lorenzo Acopilco y el bosque de La Venta; al sur y oriente con Cuajimalpa y Zentlapatl. Según la base de datos OCIM–SIG, el pueblo se asienta en 158.52 ha de terrenos boscosos, entre pendientes y barrancas cruzadas por algunos ríos y manantiales provenientes del cerro del Teopazulco, que todavía hoy surten de agua potable a la comunidad. De dicha superficie, 40.41 ha son área urbana, 65.69 corresponden a zona boscosa y 53.11 de área no urbanizada o tierras de cultivo; ello permite construir un perfil de las características del pueblo, en el cual prevalecen elementos rurales combinados con profundos y rápidos procesos de urbanización.

Si bien se sabe que Chimalpa es un poblamiento de origen prehispánico,⁴ su fundación se considera a partir de la Colonia, cuando era parte del Marquesado del Valle, propiedad de Hernán Cortés, al igual que muchos otros pueblos del área. De esos tiempos se conservan 32 parajes, como una forma tradicional de delimitar y nombrar en náhuatl los predios de la localidad. Incluso, en los contratos de compra–venta se establece el paraje como referencia central de la ubicación del terreno que se vende. Esta práctica no es "un dato curioso", sino una manera de pensar y ordenar el espacio dentro de una visión de mundo construida con elementos prehispánicos y coloniales, los cuales se embonan y adaptan a las concepciones espaciales contemporáneas y generan una mirada particular sobre el territorio. Los grandes terrenos en que se encontraban los parajes han sido fraccionados y repartidos fundamentalmente entre familiares (hijos, nietos y bisnietos), compadres o amigos; por ello los pobladores originarios reconocen perfectamente y recitan casi de memoria los apellidos de las familias que habitan en cada uno de esos parajes.

Si bien la fundación de Chimalpa se establece durante el periodo colonial, el movimiento revolucionario de 1910 marcó un parteaguas en la vida del pueblo, de tal suerte que durante el periodo posrevolucionario podemos plantear una suerte de refundación, donde se restablecen las formas de organización cívica y religiosa, se reestructura el sistema festivo y, sobre todo, se amplía el territorio del poblado y se genera un proceso de reapropiación del mismo. A partir del proceso de reforma agraria en los pueblos urbanos se da la posibilidad de solicitar la restitución de tierras acaparadas por grandes latifundistas, y San Pablo Chimalpa no es la excepción. Ellos solicitan y demandan la restitución de sus tierras, pero esos terrenos son parte del Desierto de los Leones, zona decretada como Parque Nacional, y por ello no se les restituyen. Sin embargo, un grupo de vecinos de San Pablo recibe la oferta de comprar buena parte de los terrenos de la ex hacienda de La Venta, a lo que acceden y los obtienen en 1928. Esos terrenos se localizan en lo que ahora se conoce como Loma del Padre, y los señores Máximo Pérez, Praxedis Martínez, Desiderio Romero, Cirilo Granados y Crispín Romero son reconocidos como los que dieron territorio al Chimalpa posrevolucionario, como recuerda en entrevista, a sus 67 años, uno de los pobladores originarios:

[...] Bueno ellos fueron los encargados de comprar toda la ex hacienda[...] y cuando ya acabaron de vender los lotes tuvieron que quedarse con una parte de propiedad, por eso tienen allá. [...] El dueño de esta ex hacienda de La Venta, creo que se apellidó González, era originario de Cuajimalpa, ellos compraron más antes esas propiedades y luego el hijo de ese señor González –quien vendió esta parte de la ex hacienda– se queda como heredero y posee la hacienda de San José de los Cedros, desde Aurrerá lindando por este lado [nororiente] con Jesús del Monte hacía abajo todo para allá hasta San Fernando. Se quedó como heredero el hijo de ese señor González y como los señores de aquí cumplieron el compromiso de pagar lo de la ex hacienda, les ofrece nuevamente a los mismos de aquí más de la ex hacienda. Les ofrece esa parte de terreno, todo lo que es el territorio, y de nuevo compran. Entra de nuevo Don Máximo, Don Desiderio, Don Cirilo Granados [...] y no recuerdo quién más, pero son los señores que vuelven a comprar y después de comprado lo vuelven a vender con los mismos vecinos de aquí por lotes, por partes chicas lo venden.

Lo anterior da al pueblo tres características interesantes: la primera es que prácticamente no hay conflictos por linderos con otras comunidades. Los conflictos se establecen al interior de las familias básicamente por herencias o pugnas internas entre grupos con intereses distintos (muchas veces partidistas) pero no hacia el exterior. La segunda es que se genera un tipo de tenencia colectiva de la tierra –aunque jurídicamente es privada– en lo que se refiere al espacio público; ello quiere decir que la instalación de servicios como escuelas, centro de salud, vialidades, depósito de agua, la tienda Conasupo, el centro comunitario, etcétera, se resolvió mediante la donación o compra de terrenos a particulares con dinero aportado por la comunidad, y ello da un carácter patrimonial y colectivo a lo público. En este proceso participan los individuos por medio de diversas organizaciones, entre ellas el sistema de cargos de la fiesta patronal. Esto brinda al espacio público una cualidad sui generis, pues si bien es de las personas del pueblo, jurídicamente se trata de propiedad privada. La tercera característica es que esta acción de compra privada para uso público comunitario la realizaron personas en concreto, con lo cual se genera una suerte de mito fundacional con nombres y apellidos, dándoles legitimidad tanto a sus descendientes como a quienes compraron los lotes para refundar al pueblo como se conoce hoy.

En nuestros días está constituido por 26 manzanas en las que habitan 8 242 personas en 1 889 viviendas, según la base de datos OCIM–SIG. Topográficamente se puede dividir al pueblo en tres zonas: a) la tradicional o central se asienta en un pequeño altiplano cuyo eje lo representa la iglesia,⁵ junto a la cual se encuentra el kiosco, la explanada, algunas viviendas y comercios, y edificaciones administrativas y culturales, entre ellas un centro de educación preescolar, las oficinas del INEGI, la galería del pueblo, el INSEN, etcétera. Dicha zona está delimitada por la Avenida Constitución, que más adelante se convierte en la carretera a Zacamulpas, Huixquilucan; b) la parte alta que va desde la carretera hacia los cerros, y c) la parte baja que va del centro del pueblo a la cañada de Atitla. En esta zona se encuentra la colonia del Carmen, donde se concentra gran parte de los avecindados y en 1982 fueron abiertas la secundaria diurna 289, el CETYS 29, además de un gimnasio.

Una de las características del pueblo –al igual que el resto de la zona– es su tardía urbanización: si bien se inicia de manera incipiente en la década de 1950, realmente se consolida a partir de 1970. Así en 1951 se inicia la electrificación del poblado; en 1957 se termina la construcción de la carretera que comunicaría a Chimalpa con la cabecera delegacional de Cuajimalpa; en 1971 se dota de tomas de agua a la comunidad y en 1975 se construye el drenaje. El servicio de transporte público fue un proceso particularmente importante para su incorporación al desarrollo urbano del Distrito Federal, e inició con la línea de camiones llamados "Acopilcos", que vinculaba a Chimalpa con Cuajimalpa y Tacubaya (antes el recorrido se realizaba a pie, en tren o en tranvía desde Contadero). Más tarde se puso en servicio una ruta de transporte colectivo de Chimalpa a Juanacatlán, y posteriormente la línea amplió su servicio tanto a Observatorio –donde se articula con otras rutas y con el metro– como a Huixquilucan, comunicando a toda un área geográfica sumamente importante (Romero, 1996: 30).

San Pablo se distingue, entonces, por la forma de propiedad de la tierra, pero especialmente por una rica y compleja forma de organización social y religiosa que genera una determinada estructura identitaria, la cual le permite lidiar con los cambios urbanos y sus conflictos.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA, ORGANIZACIÓN SOCIO–RELIGIOSA Y GESTIÓN

¿Por qué plantear la forma de organización de este pueblo como "socio–religiosa"? Nos parece que el término permite dar cuenta de la compleja yuxtaposición entre el sistema de cargos religiosos y su papel en el enlace con el conjunto de organizaciones sociales y políticas del pueblo, lo cual incide de manera fundamental en las formas de gestión de servicios y mejoras que allí se realizan.

Dentro de este esquema el eje articulador está representado por el parentesco. La estructura de parentesco es el elemento ordenador, una suerte de amalgama desde donde la organización social se cohesiona. Todo el sistema socio–político y religioso se articula a partir de núcleos parentales, lo cual implica un reconocimiento de los habitantes originarios del lugar y de quienes no lo son. Desde ese reconocimiento –que pasa fundamentalmente por los apellidos de cada persona– se estructura la vida social de la comunidad, como explica nuestro entrevistado de 67 años: "[...] primero vinieron del pueblo de Tacuba, esa [es] una historia más larga, pero de ahí han venido las descendencias; porque los que ya estamos aquí: los Galicia, los Romero, los Pérez, los Hernández, los Martínez, los Arias esos ya somos totalmente originarios. Antes de la revolución de Carranza y Zapata ya existían esas familias aquí".

¿Qué implicaciones tiene esta lógica parental en las formas de organización local? Encontramos dos mecanismos muy interesantes que los distinguen de otros lugares urbanos: el primero se refiere a la relación "cara a cara" de las autoridades locales frente a los habitantes del pueblo. Es decir, el ejercicio del poder cívico y religioso se realiza de cara al pueblo, sin mediaciones. Esto lleva a un segundo mecanismo relacionado con la rendición de cuentas, lo cual es un ejercicio público, obligatorio y frente a toda la comunidad. Para ejemplificar lo anterior describimos dos eventos significativos: cada vez que se nombran nuevos fiscales –el 31 de diciembre de cada año–, los fiscales salientes deben cumplir con la tarea de presentar a los entrantes casa por casa. Esta tarea implica meses de trabajo, ya que si una familia no se encuentra en el momento de la visita, tienen que regresar otro día. Asimismo, las cuentas de lo obtenido cada año en el ejercicio del sistema de cargos se presentan tres veces al año en asamblea general.

Así, el parentesco tiene un sentido práctico con repercusiones normativas, y funciona como un "mecanismo regulador del ámbito privado [que] puede ser empleado para estructurar relaciones en una arena pública incierta y hostil" (Salmerón 2002: 35).

En nuestro estudio esta afirmación parece exacta, ya que el pueblo de Chimalpa se enfrenta a la lógica de un sistema político que lo excluye y lo torna invisible, generando la necesidad de estrategias culturalmente determinadas y donde las redes de parientes logran negociar, financiar y vigilar gran parte de las obras y servicios que requiere la comunidad mediante cooperación y faenas.¹

Una parte importante de estos procesos para obtener servicios pasa por formas de representación que se articulan y yuxtaponen entre sí en función de la pertenencia de los sujetos a redes de parentesco. Para comprender este complejo entramado elaboramos el siguiente esquema:

Las dos instancias religiosas fundamentalmente son: los fiscales y las compañías. No se sabe desde cuándo el pueblo se estructura de esta manera, pero hay algunos indicios de que viene desde el siglo XIX, consolidándose en el periodo posterior a la Revolución. Las demás asociaciones presentadas en el cuadro representan apoyos puntuales que datan de la década de 1980 y también se ensamblan con las tareas festivas y cívicas. Para el cargo de fiscales se elige anualmente a tres hombres –como representación de la Santísima Trinidad–, quienes se encargan de la administración y mejoras de la iglesia, así como de organizar –junto con las compañías y otras organizaciones del pueblo– las fiestas patronales.⁸

Como parte de sus funciones los fiscales se encargan de hacer mejoras a la iglesia y su entorno: arreglar el atrio, reparar los objetos de la iglesia, mantenerla limpia y pintada, administrar sus bienes, invitar al sacerdote a misas y eventos, proporcionarle todo lo que este requiere para oficiar, etcétera.⁹

Es una labor que implica dedicación de tiempo completo, por lo que generalmente deben dejar sus actividades económicas para atender el cargo. Esto hace que frecuentemente los fiscales sean personas mayores, con hijos y familia que les puede apoyar, con cierta consolidación económica y prestigio frente a la comunidad. Así, junto a los fiscales hay un número variable de parientes que ayudan a sostener el cargo de manera implícita. Particularmente las mujeres –esposas, hijas, nietas–juegan un papel central en la realización de las fiestas, pues sobre ellas recae la elaboración de la abundante comida que se ofrece.

Ahora bien, tanto los fiscales como los nativos del pueblo pertenecen de nacimiento a alguna de las ocho compañías¹⁰ que constituyen la síntesis de las relaciones de parentesco, pues cada una de ellas se integra por grupos familiares: cada sujeto ya está adscrito de nacimiento a una compañía a la que pertenece su padre, aunque asume una posición activa hasta el momento de contraer matrimonio. Las mujeres se adscriben a la compañía a la que pertenece su marido, y en el caso de contraer matrimonio con una persona ajena al pueblo, ambos permanecerán en la compañía del padre de ella. En algunos casos, cuando un hombre sólo tiene hijas pueden invitar a sus yernos a formar parte de la compañía; esto implica negociar con las familias involucradas y asumir acuerdos entre ambas partes, con lo cual se generan reglas claras de pertenencia y exclusión.

Si cada sujeto nace dentro de una compañía y hay reglas claras de pertenencia, todo representante del pueblo, sin importar la figura que ocupe, está articulado al sistema de cargos religiosos. De ahí que en las historias de vida de los pobladores –sobre todo si son personas mayores– puede darse el hecho general de que haya ocupado varios cargos a lo largo de sus vidas.

Sin embargo, una de las tareas sustantivas de los sargentos es determinar quién puede o no ser enterrado en el panteón local. Esto se hace mediante la certificación de que cada sujeto ha cooperado para las fiestas hasta el día de su muerte, para lo cual sus deudos deben entregar los últimos seis comprobantes de pago de la cooperación para la fiesta. El derecho a ser enterrado en el pueblo es uno de los ejes que determinan la pertenencia y la identidad grupal. De ahí que el panteón esté dividido en ocho partes, una para cada compañía, donde serán enterrados sus miembros.

Hace unos años el panteón se saturó y los originarios conformaron un grupo dedicado a gestionar la compra de un predio para establecer un nuevo panteón; así, el 4 de agosto de 1996 se constituyó el Grupo Tomaztititla, A.C. –nombre del paraje donde se ubican los terrenos para el camposanto– con el propósito de adquirir el predio, para lo cual se hicieron juntas por calle, manzana y colonia donde residen pobladores originarios o sus descendientes, como las colonias San José de los Cedros, Zentlapatl y Loma del Padre. La asociación civil realizó los siguientes trámites: cambiar el uso del suelo, de habitacional rural a equipamiento mortuorio; obtener los permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y de la Secretaría Salud; obtener el alineamiento y número oficial expedidos por la delegación Cuajimalpa y el derecho de vía de los terrenos de la Compañía Federal de Electricidad. Sólo falta la anuencia de Petróleos Mexicanos para seguir con las gestiones ante la Consejería de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal.

La compra del terreno se logró con la cooperación de todos, pues, como explica en entrevista la señora Asunción Rosales:

[...] lo primero son los sargentos y los fiscales de la iglesia, porque si usted no paga, cuando usted se muere no repican ni doblan las campanas, que es lo más feo y los sargentos no lo dejan entrar en el panteón. Yo les digo a mis hijos "tú paga, porque yo no voy a ir a ningún lado", porque me van a mandar a Cuajimalpa donde está más feo [...] yo soy de aquí[...] Yo tengo papeles de los fiscales, también los papeles de la delegación, yo coopero con todo. Yo pago el agua, nosotros metimos el agua desde un principio de los manantiales, metí luz, metí todo.

Ninguna de las actividades de estas organizaciones se realiza al azar. Todas están planeadas y poseen un sentido simbólico y de pertenencia específico, lo cual implican un conjunto de saberes que se transmiten de generación en generación. Así, por ejemplo, el repique de las campanas de la iglesia se constituye en un código colectivo para saber qué sucede en el pueblo. Cuando los fiscales ingresan por primera vez al cargo deben aprender cómo se tocan las campanas de la iglesia y qué significado tienen: llamar a misa, informar que alguien murió, avisar de algún peligro, convocar a reunión de asamblea, etcétera.¹²

Además de los fiscales y las compañías, se cuenta con apoyo de grupos como Amistad, Progresista o Unión, el Comité de Fiestas Patrias, y asociaciones como la Guadalupana, la del Carmen, la de las Pastoras, de los Rezanderos, todos ellos con funciones especiales dentro de las fiestas y la gestión de servicios. Entre ellas destaca el primero de los grupos mencionados: "el Grupo Amistad es el grupo más fuerte porque es en el que participan las familias más fuertes económicamente hablando".

Tal estructura organizativa, a pesar de su indudable fortaleza, ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, como ha sucedido con el entorno económico y social. La transformación no es muy evidente porque prevalecen los cargos, la estructura organizativa y los mecanismos de transmisión de poderes, etcétera. Sin embargo, las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas necesariamente modifican algunos aspectos del sistema. Un ejemplo de ello podría verse en la tendencia a separar el ámbito religioso y el cívico: los sargentos eran los encargados de proveer la mano de obra gratuita y organizada para la construcción de obras relevantes para el pueblo. Esto era lo que el pueblo podía ofrecer en las negociaciones con las instancias gubernamentales de la ciudad: ellos ponían el material, el pueblo la mano de obra. Los sargentos eran los encargados de distribuir esta mano de obra y organizarla para que su labor fuera eficiente. Esta función tan relevante ha desaparecido y su tarea se limita fundamentalmente a la organización festiva; y si bien todavía tienen cierta presencia en la toma de decisiones en torno a las inversiones que deben hacer en el pueblo y la manera de gastar el dinero recolectado, ya no intervienen directamente en la ejecución de las mismas. Profundizaremos en ello en la siguiente sección.

Aquí podemos observar una tensión entre los procesos de cambio y los de conservación. El sistema de cargos tiene mecanismos de auto–reproducción muy interesantes, y uno de ellos pasa por esta suerte de "incorporación natural" al sistema de cargos a partir de las compañías. Se nace en el seno de una familia al mismo tiempo que se nace al interior de una compañía. En ese sentido, es interesante señalar que en las entrevistas realizadas con pobladores originarios siempre que se referían a alguien acompañaban su nombre con el número de compañía al que pertenece: "fulano, hijo de sutano, de la octava compañía".

Frente a una estructura religiosa tan consolidada, ¿cómo se vincula el aspecto político de la representación del pueblo? ¿De qué manera se convierte en una suerte de bisagra frente a la ciudad? ¿Cómo impactan esas formas jurídicas urbanas a la estructura tradicional? ¿Qué cambios han sufrido en los últimos años?

LAS TRANSFORMACIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD Y SU IMPACTO EN LAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO

Desde la perspectiva política y de representación, el vínculo pueblo–ciudad se construye históricamente y está determinado por los vaivenes de la política urbana hegemónica. Es una historia larga y compleja que no podemos abordar aquí, por ello sólo nos interesa resaltar la relación entre los cargos locales de representación política y los de orden religioso, así como sus transformaciones en el tiempo de cara a los cambios jurídico–administrativos que impone la ciudad.

De ese denso tejido nos interesa resaltar dos elementos: por un lado cómo impactan dichos vaivenes en las formas concretas de representación y organización del pueblo, partiendo de la idea de que la estructura tradicional formal –es decir, la representación frente a la ciudad– es trastocada por los lineamientos jurídicos de la urbe; por otro, que los habitantes del pueblo utilizan un conjunto de estrategias culturales para resistir y/o adaptarse a los momentos de cambio político de la ciudad, manteniendo cierta coherencia interna. Tales estrategias están basadas en el sistema local de cargos.

Tal proceso inició el 31 de diciembre de 1928, cuando el presidente Emilio Portes Gil promulga la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, en la cual se establecen las facultades de gobierno y administración que ejercería el presidente de la república a través de un departamento administrativo y político, el Departamento del Distrito Federal. Las funciones encomendadas al D.D.F. serían desempeñadas por un Jefe del departamento para todo el Distrito, quien a su vez sería jefe nato del Departamento Central y de los 13 delegados, en las llamadas poblaciones foráneas. En esta ley orgánica el Distrito Federal fue dividido en dos zonas, principales conocidas popularmente como zona interior y zona exterior. Cuajimalpa quedó integrada en esta última (Sánchez, 2005: 35).

A raíz de las crecientes necesidades y problemas de la ciudad, en 1941 se modifica la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales, y de nueva cuenta se divide el territorio de la ciudad de México en doce delegaciones, aun cuando Cuajimalpa mantiene sus límites originales. La ciudad de México sería la capital del Distrito Federal, y las cabeceras de las delegaciones serían las poblaciones con el mismo nombre. En estas cabeceras debía haber un delegado que tuviera a su cargo la administración de los servicios públicos locales, y que además asistiera puntualmente a las juntas mensuales que celebraría el Jefe del Departamento del Distrito Federal para tratar asuntos relativos al mejoramiento y coordinación de los servicios públicos de su demarcación. Debían informar al Jefe del Departamento de las irregularidades o deficiencias que advirtieran y podían proponer los remedios más adecuados a las mismas. Para el desempeño de sus funciones podían auxiliarse con los subdelegados que fueran necesarios a juicio del Jefe del Departamento, quienes desempeñarían su encargo en las poblaciones que fueran cabeceras de su delegación en pueblos y villas, como fue el caso de San Pablo Chimalpa.

En 1947 se hicieron ajustes a la legislación y se permitió que los subdelegados fueran electos por medio de un plebiscito, con el requisito de que fueran nativos del pueblo y se les reconociera como personas honorables. A partir de entonces se nombraba a los subdelegados cada tres años, aunque podían repetir en el cargo. Los subdelegados eran funcionarios auxiliares pagados por el Departamento, y su papel consistía fundamentalmente en intermediar entre la población y la delegación, pero especialmente con el Departamento Central, dado que las delegaciones tenían funciones muy limitadas. Algunos subdelegados en San Pablo Chimalpa comentan que ellos atendían todos los problemas y necesidades y gestionaban directamente en el D.D.F., pues ahí se disponía de los recursos y tenían más atribuciones para realmente resolver sus problemas.

La mayor parte de su trabajo tenía que ver con la gestión de servicios y obras públicas, lo cual implicaba no sólo promover ante las autoridades centrales los recursos y la introducción de los servicios, sino organizar la cooperación de la población para garantizar los materiales y la mano de obra que habría de necesitarse. Es aquí donde el apoyo del sistema de cargos, y particularmente de las compañías, operaba de manera central. Si se pone atención a los apellidos de quienes han sido sus representantes, se percibe la relación de parentesco; de esa manera se van rotando los cargos entre las familias y, por ende, las compañías. En palabras de don Irineo Galicia, en entrevista:

[... ] subdelegado de aquí, el último fue don Salvador Galicia, y antes de él fue Balbino Romero Pérez, y luego antes de él fue don Carmelo Hernández García, y antes de don Carmelo fue don Luis Pérez, luego antes de don Luis Pérez fue don Cecilio Pérez, y antes de don Cecilio fue don Dimas Pérez y luego más antes de don Dimas Pérez, Arnulfo Pérez, y hasta donde recuerdo [...] Algunos duraban más de tres años.

Además de las atribuciones anteriores, los subdelegados tenían autoridad para sancionar a los vecinos que cometieran faltas a la moral, intervenían en riñas y pleitos entre familiares y vecinos, y en función del agravio ponían una multa. Había también un comisariado que hacía las veces de policía y estaba al tanto de que se fijaran las multas, como recuerda otro de los pobladores originarios, el señor Hermilo Pérez: "Abajo del kiosco había una pequeña habitación, que era donde los encerrábamos. Si alguno robaba, le pegaba a su mujer o se emborrachaba, le imponíamos faenas de castigo, tenía que ir trabajar durante ocho días o más, según la falta, y en lo que se necesitara para el beneficio del pueblo".

La instancia que permitía la participación organizada de la población eran las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, "célula política y social básica de la comunidad vecinal". Estas juntas aparecen en el siglo XIX, y a través de ellas se pretendió incorporar a los distintos sectores sociales para la formalización y ejecución de los programas destinados a la superación moral de los individuos y su colectividad, por lo que en materia de obras públicas tenían que priorizar a aquéllas con un directo beneficio social (Faya Viesca, 1981).

Las juntas estaban integradas por un presidente, un secretario y los vocales que se consideraran necesarios para la gestión, y se encargaban de recibir el material y organizaban a los vecinos para las faenas. En San Pablo Chimalpa se convocaba a las ocho compañías y se definían los tramos en que iba a trabajar cada una. Tal fue el caso de la construcción de la carretera Cuajimalpa–Chimalpa en 1952, cuando el D.D.F. puso la maquinaria y dio los materiales, en tanto los pobladores eran responsables de transportar los materiales y realizar las faenas. Cada compañía designaba cada día dos personas, para un total mínimo de 16 personas para cada faena a lo largo del año en que se realizó la obra. De la misma forma se introdujo la red de agua potable desde el manantial del Moneruco, la red de drenaje y alcantarillado; también se ampliaron y empedraron calles, se construyeron escuelas, etcétera.

La donación material consistía fundamentalmente de tabiques y cemento, pero en función de las condiciones y recursos de cada comunidad la Junta de Mejoras aportaba además una cantidad de dinero en efectivo. Las autoridades delegacionales eran responsables de constituir las Juntas de Mejoras Materiales y de fomentar la participación de la comunidad. Tanto la prensa como los informes de gobierno dan cuenta de la gran cantidad de trabajo aportado por los vecinos.

Las obras de las delegaciones se consideraban dentro del plan de trabajo diseñado para el conjunto del Distrito Federal, y por ello no contaban con presupuesto propio. Todos los requerimientos eran cubiertos por el Departamento Central, instancia en la cual se establecían los convenios con los contratistas que desarrollaban las obras. Cabe mencionar que también contratistas del D.D.F. jugaron un papel de liderazgo en el pueblo, pues contrataban a los propios vecinos para desarrollar las obras.

Por otro lado, ante las limitaciones presupuestales de las delegaciones, en los decretos de los presupuestos de egresos se planteó claramente que las direcciones y dependencias del D.D.F. tendrían a su cargo la atención de los servicios públicos en las delegaciones, sobre todo en aquellas donde se carecía de personal o de asignaciones especiales para la atención de dichos servicios, por encontrarse centralizados.

La estrategia utilizada por el pueblo ante las condiciones políticas y presupuestales de la ciudad fue aprovechar la sólida estructura religiosa como sustento de la gestión y mejoramiento del pueblo. Se sostuvo, de manera implícita, una jerarquía donde los sujetos que cumplían satisfactoriamente sus cargos religiosos podían aspirar a ser representante del pueblo frente a la delegación. Al haber un solo partido (el PRI) no había una contienda política, sino más bien acuerdos entre familias y compañías.

A partir de una estrategia tal el pueblo subsidió al gobierno en todo el proceso de urbanización, tanto a partir de las faenas –que implicaban mano de obra gratuita y permanente– como en la compra colectiva de terrenos o donaciones de particulares para la construcción de escuelas, el gimnasio, manutención de los manantiales, etcétera, y desde luego el aporte de dinero y materiales bajo la idea de cooperación, que igual se daba para la fiesta que para los materiales de la escuela.

Cuando Luis Echeverría llegó al poder en 1970, el resquebrajamiento de los mecanismos de control, manipulación y consenso empleados por el sistema político resultaban evidentes –ello fue causa y consecuencia del movimiento estudiantil de 1968, así como de los claros desequilibrios y problemas en el plano económico–; en consecuencia, la necesidad de fortalecer los mecanismos de adhesión y legitimación de las distintas clases y sectores sociales hacia el poder surgió como un asunto prioritario en la agenda política del régimen priísta.

En 1971 se modificó nuevamente la Ley Orgánica, ahora para dividir su territorio en 16 delegaciones a las que se desconcentraron ciertas funciones y atribuciones, las cuales eran ejercidas por un delegado y un subdelegado general, quienes a su vez descansaban en cuatro grandes subdelegaciones: Obras y Servicios, Administrativa, Desarrollo y Bienestar Social, y la Jurídica y de Gobierno. Sus principales funciones eran atender y vigilar la debida prestación de los servicios públicos, expedir otorgar y revalidar licencias; prestar servicios de carácter asistencial coadyuvar con la Dirección General de Policía y Tránsito y Bomberos; atender las demandas sociales de la población –especialmente en torno a la regularización de la tenencia de la tierra–, así como promover y vigilar la formación de las Juntas de Vecinos.

En el marco de la reforma política realizada en el sexenio de López Portillo, en 1978 vuelve a modificarse la Ley Orgánica del D.D.F., en la cual se introduce una importante modalidad en la estructura de participación y gestión.¹³

A partir de esta nueva reglamentación, y en un esfuerzo por incorporar a la población en la resolución de los ingentes problemas de la ciudad, en enero de 1980 se instituyeron los Órganos de Colaboración Vecinal y Ciudadana. Se trataba de una nueva fórmula de participación que combinaba elementos de ejercicios anteriores: retomó la idea de Consejo Consultivo de la Ciudad, ahora con una representación territorial más que sectorial. Se estableció entonces una estructura piramidal, en cuyo vértice superior se ubicaba el Consejo Consultivo de la Ciudad, integrado por los presidentes de las 16 Juntas de Vecinos; éstas, a su vez, se encontraban integradas por los presidentes de las Asociaciones de Residentes de tantas colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales, barrios y pueblos como hubiera en la delegación; finalmente, éstas se integraban por los Jefes de Manzana, quienes eran electos por los vecinos de cada una de las manzanas de su localidad (Sánchez, 2005: 50).

En el caso de Cuajimalpa desaparecieron las subdelegaciones y en los pueblos se formaron las asociaciones de residentes como la de San Pablo Chimalpa, que además vino a sustituir a la Junta de Mejoras Materiales. Hasta ese momento se mantuvo el papel central de la estructura religiosa como base de la urbanización. En otras delegaciones se mantuvo esa estructura, denominada enlaces territoriales, pero conservaron las mismas funciones.

La mayor parte del esfuerzo de promoción de la participación ciudadana se concentró en instituir legalmente organizaciones que actuaran en función de la representación de intereses territoriales o funcionales, los Órganos de Colaboración Vecinal y Ciudadana, y en alguna medida en la creación de órganos especiales para mediar entre las organizaciones y el gobierno local, como "comisiones y comités". Significó, además, formalizar la injerencia de los vecinos en el gobierno y/o la gestión delegacional, reconociéndolos básicamente como sujetos de consulta o como responsables directos de la prestación de bienes y servicios públicos.¹⁴ Así, el señor Irineo Galicia asegura en entrevista:

Cuando se hizo esa asociación de residentes se trabajó por manzanas [... ] se viene la idea de los representantes, entre ellos mi hermano Leopoldo Galicia Hernández y otros. Entonces se viene la idea de trabajar así, de tener mejor limpieza en los manantiales, de comprar las zonas boscosas de arriba de los manantiales; entonces, se organiza uno y los mismos jefes de manzana pasamos a pedir una cooperación a los habitantes de nuestras manzanas [...] unos reunieron más dinero y otros menos. A mí me tocó reunir cierta cantidad y con ese dinero se compraron 7000 metros de propiedad a todos los que tenían junto a los manantiales, como el señor Balbino que tiene ahí una propiedad [... ] Los dueños de los manantiales son todos de Chimalpa; el terreno pasó a ser propiedad del pueblo [...] por eso están protegidos [los manantiales] y se reforesta anualmente; se cercó con malla ciclónica para proteger los arboles y limitar la entrada a los manantiales.

Cabe señalar que la estructura orgánica de las delegaciones no se mantuvo estática: el proceso desconcentrador de funciones y atribuciones iniciado en los años setenta se enfatizó en 1984, a partir del Programa de Descentralización y Desconcentración del D.D.F., fundamentado en el decreto presidencial aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en el Diario Oficial el 18 de junio de 1984. En el documento donde se describe el programa se establece que las áreas centrales se reservaban las funciones eminentemente normativo–controladoras, y delegaban las operativas y de atención directa al público al ámbito desconcentrado, es decir las delegaciones. En un discurso pronunciado con motivo de la publicación del acuerdo del Programa de Simplificación Administrativa, el 8 de agosto de 1984, el regente explicaba que: "[...] las delegaciones constituyen el nervio del gobierno capitalino, el pulso vital de contacto entre el gobernante y el gobernado [...] por lo que se buscará un desconcentración y descentralización cada vez mayor, que las sitúe en la dimensión exacta del servicio que deben a la colectividad".

De esta manera, una gran cantidad de funciones y actividades –hasta entonces centralizadas y desarrolladas por diversas secretarías– pasaron a las delegaciones. Este proceso implicó desconcentrar las funciones de fomento a la participación ciudadana, así como diseñar nuevos instrumentos y mecanismos de control. Las diferentes asociaciones de residentes que representaron a Chimalpa entre 1980 y 1998 se abocaron a la gestión de los servicios, dado que el pueblo crecía y las necesidades cada vez eran mayores. Sólo que a partir de entonces la interlocución ya no se establecía con el departamento, salvo excepciones, sino en la delegación.

Vale la pena destacar que, en este proceso de desconcentración de actividades, el incremento sustancial de la planta de trabajadores en las delegaciones políticas, permitieron que buen porcentaje de la población de Chimalpa, alrededor de 30 por ciento, se incorporara a trabajar a la estructura de gobierno de la ciudad, fundamentalmente a la delegación, como choferes, secretarías, jardineros, intendentes, oficinistas, etcétera. Algunos de ellos tuvieron oportunidad de prepararse y subir de puesto, pero sobre todo de conocer y vincularse a funcionarios, con quienes frecuentemente establecían relaciones de compadrazgo, más que por la vía del partido –que sin lugar a dudas fue relevante– por medio de la gestión. Esto nos permite constatar que el funcionamiento transversal de las lógicas corporativas ligadas con el parentesco y el compadrazgo, así como la persistencia de redes clientelares, continúan reproduciéndose a pesar de la reforma política y "la transición democrática".

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se impulsó el Programa Nacional de Solidaridad, que en el caso del Distrito Federal se destinó únicamente a las delegaciones y localidades rurales, por lo que hubo una buena cantidad de recursos para avanzar en la urbanización del pueblo: se introdujo electricidad, drenaje y agua donde no había, se adoquinaron las calles, etcétera. Por medio de un representante del Pronasol en la delegación se dotó de material y la mano de obra la pusieron nuevamente los vecinos, pero en este caso el trabajo ya no se organizó a partir de las compañías, sino que los jefes de manzana animaban y organizaban a sus vecinos, quienes tenían la obligación de participar.¹⁵ Sin embargo, este cambio en la estructura representativa no desplazó completamente a las compañías, tan sólo las hizo menos visibles. Es decir, si pensamos que la estructura territorial –basada en parajes habitados por familias– está organizada por redes de parentesco, y las manzanas están en los parajes, los jefes de manzana forman parte de esta estructura parental cuyo anclaje siguen siendo las compañías.

En 1994 la Cámara de Diputados aprobó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Y aun cuando no tiene las facultades de una Constitución local, sí es un instrumento jurídico ubicado por encima de la Ley Orgánica, que durante 65 años rigió al gobierno y la estructura administrativa del D.D.F. Regula aspectos de estricto derecho político, como la distribución de atribuciones entre los poderes de la Unión y los órganos locales de gobierno de la administración pública del Distrito Federal, entre ellos la participación ciudadana. En ese estatuto se reconocían como figuras de participación los Consejos Ciudadanos, y se mantuvieron las figuras de Asociaciones de Residentes y Jefaturas de Manzana (Woldenberg, 1997: 179–194).

En 1997 por primera vez hay elecciones para elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a partir de 2000 también se elige a los delegados. La competencia política entre partidos se incrementa de manera notable a escala territorial, lo que va a fragmentar a los vecinos del pueblo.

Indudablemente, la pertenencia a un solo partido, el PRI, los cohesionaba y les daba identidad, y aun cuando había un grupo opositor –integrado también por familias originarias– articulado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que llegó a jugar un papel relevante en el pueblo, no tuvo la fuerza para posicionarse o lograr obtener la representación formal. Cuando las distintas fuerzas políticas empiezan a tener relevancia nacional, pero especialmente en el ámbito local –ya que pueden ser electos– el trabajo político de los mismos se incrementa y los habitantes del pueblo empiezan a buscar opciones, que en lo esencial no interfieren en las relaciones entre individuos, en tanto parientes, pero sí entre grupos con intereses particulares. Por otro lado, es la delegación Cuajimalpa una de las delegaciones en que mayor alternancia política se ha dado: el primer delegado electo, Francisco de Souza (2000–2003), era residente de Contadero y militaba en la Alianza por el Cambio (coalición electoral PAN–PVEM); Ignacio Ruíz López (2003–2006) fue nominado por el PRD, José Remedios Ledesma García (2006–2009) es originario de San Mateo Tlaltenango y fue delegado por el PRD, y en las elecciones de 2009 resultó electo el panista Carlos Orvañanos.

Así, otro de los pobladores originarios de San Pablo Chimalpa, don Flavio Margarito Romero, recuerda cómo fue ese proceso de cambio político:

[...] cuando estuvo el PRI, porque éramos priistas y ya después empezó el pt (Partido del Trabajo), entonces ya hubo división [...] ya ahora mucha gente es perredista. Ya no hubo trabajos, siempre hubo trabajos por gente del PRI, como nosotros cuando fuimos representantes solicitamos a las autoridades delegacionales [... ] donde nos brindaron el apoyo para los mantos acuíferos, se construyeron aquí en la escuela primaria [Valerio Trujano] cuatro aulas, la terminación de un kínder, todo eso en beneficio de la comunidad [...] Nosotros éramos los gestores para solicitar, en coordinación con la gente, [...] y nosotros éramos los que encabezábamos, los responsables, informándoles de las actividades de la gestoría [...] Y la prueba ahí está, todo en beneficio de la niñez [...] No ha habido obras ya de gran trascendencia por eso ahora le dicen a Adrián Ruvalcaba [candidato del PRD ] que nos saque de ese hoyo [...] el hecho es que en las cuestiones de los beneficios sociales de la comunidad pues no debe haber discrepancia por los partidos políticos, son asuntos que se deben llevar a cabo pues mancomunadamente, como vecinos, porque son beneficios sociales de todos y para todos, no sólo para una persona, es como se hacen las cosas, no importa el color, lo importante son los amigos, la gente comprometida con la que se pueden hacer cosas buenas para el pueblo.

Además de que por la misma lógica de la composición del comité difícilmente podían ponerse de acuerdo, desde entonces no ha habido elecciones. Los pocos comités que funcionaban se desarticularon y prácticamente dejaron de operar. Lo mismo ocurrió en Chimalpa, pero con el agravante de que el presidente del comité vecinal –electo en asamblea– renunció para incorporarse a trabajar en la delegación; en consecuencia, el cargo fue ocupado por el secretario del comité sin que hubiera elecciones –ya que no han sido convocadas formalmente por la autoridad–, y por ello los pobladores originarios lo consideran "ilegítimo", aunque atienda algunos de los problemas que se presentan cotidianamente y aparezca como gestor ante la delegación. Estas dos situaciones han generado conflictos y fragmentado la gestión, lo cual a su vez ha provocado que diversos grupos internos busquen tener presencia ante la delegación. Así encontramos que en la delegación se reconocen por lo menos tres liderazgos o grupos de pobladores que gestionan diversas cosas: las fiestas religiosas, el nuevo panteón, las fiestas patrias en el marco de la celebración del centenario y bicentenario, el plan parcial de desarrollo urbano, y la defensa de los recursos naturales.

Actualmente la comunidad se organiza sobre todo para las festividades religiosas y cívicas. La gestión pasa más por procesos individuales desarticulados de las estructuras de cargos religiosos que por representantes del pueblo reconocidos por la delegación, con autoridad frente a las estructuras tradicionales o sistema de cargos. No obstante, vale la pena recalcar que cuando hay un problema o una situación que atañe a todo el pueblo, se convoca a asamblea. Así sucedió, por ejemplo, durante la discusión del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, y concretamente de los programas parciales. La delegación solicitó que se discutiera el programa en las diversas comunidades y según el dicho de las propias autoridades: "la única comunidad que se organizó sola, es decir de manera autónoma, que convocó (a partir de las campanas) a una asamblea amplia en la que explicó claramente el contenido del programa y las implicaciones del mismo fue Chimalpa, en donde asistieron más de 200 personas".

REFLEXIÓN FINAL

La urbanización de la ciudad y particularmente de los pueblos, se ha desarrollado en una compleja relación entre gobierno local, estructura religiosa y gobierno de la ciudad. En este proceso la mano de obra recayó totalmente en la estructura del pueblo. Los habitantes de Chimalpa utilizaron –hasta entrada la década de 1990– una estrategia cultural basada en la faena o trabajo colectivo y en la organización religiosa, para insertarse en el proceso modernizador de la urbanización ante la ausencia de un Estado proveedor. Esta estrategia cultural se hace posible en la medida en que hay mecanismos claros de inclusión/exclusión generando procesos identitarios consolidados. En este marco, las ideas de reciprocidad y de comunidad guían el comportamiento de los sujetos y favorecen la modernización local.

Paradójicamente, a partir de un proceso democratizador más amplio, impulsado por el PRD en 1997, perdieron eventualmente su capacidad negociadora frente al gobierno, ya que después de once años sin realizarse elecciones el comité vecinal dejó de operar y quedaron sin representación formal ante la delegación, lo cual generó un vacío importante. Ese vacío de poder político busca ser llenado a partir de esfuerzos individuales que impulsan mejores condiciones de vida para la comunidad. Dichos esfuerzos encuentra un apoyo interesante en el sistema de cargos.

En tal contexto, consideramos que las nuevas formas jurídicas urbanas de organización vecinal para la participación, representación y gestión finalmente no impactan a fondo la estructura de organización socio–religiosa del pueblo. Por el contrario, ante el vacío de las primeras –particularmente en torno a la representación del pueblo frente a la delegación– las estructuras tradicionales, como el sistema de cargos, se ven fortalecidas. En este sentido, el parentesco y el sistema religioso mantienen su propio ritmo, pero lo hacen de una manera menos articulada a la gestión y la representación, si lo comparamos con lo que sucedía hace 20 o 30 años.

El sistema de partidos, pero sobre todo la multiplicidad de partidos que ahora participan en las contiendas electorales fragmenta a las comunidades pequeñas como San Pablo Chimalpa y trastocan las relaciones de parentesco, con lo cual se tornan mucho más complejas las negociaciones al interior de la propia comunidad. Los viejos pobladores originarios, casi siempre afiliados al PRI, no comparten las nuevas lógicas de acceso al poder y les cuesta trabajo insertarse en las mismas. Para ellos la representación frente al gobierno de la ciudad sigue teniendo la lógica del sistema de cargos, es decir, una persona que ha cumplido con los cargos de fiscal, cabo y sargento, y si lo ha hecho bien podría "naturalmente" ocupar ese puesto.

Es más, una de las principales reglas para ser representante del pueblo ante las autoridades gubernamentales y políticas es conocer muy bien a los habitantes del pueblo y su territorio, por lo que deben haber participado y tenido al menos un cargo en los grupos religiosos y sociales señalados: fiscales, sargentos, grupo amistad, unión y progresista y el comité de fiestas patrias. Esto porque a través de ellos se recolectan recursos de casa en casa, lo que les permite conocer y establecer una relación estrecha con sus vecinos, una relación cara a cara.

Otro elemento que llama la atención es la autonomía y actitud que mantienen frente al gobierno delegacional, al que ven como un igual, como corresponsable de atender y resolver los problemas del pueblo. Aunado a los procesos internos de organización, lo anterior ha llevado a construir un concepto de lo público entendido como lo construido por la colectividad: la iglesia, el kiosco, la explanada, las calles, las danzas, la música y las bandas son parte del patrimonio local, donde el gobierno tiene poca injerencia y sólo ocasionalmente aparece como invitado de la comunidad.

Los problemas organizativos son múltiples y la lucha por el poder entre los diversos grupos es muy clara; no obstante, cuando está de por medio la dignidad del pueblo y todo lo que genera unidad y fuertes vínculos identitarios —parentesco, fiestas religiosas y civiles, autoridades propias religiosas y civiles, sus tierras y los servicios, entre otros— actúan de manera homogénea. Frente a la adversidad, los problemas y la desatención de las autoridades, son los actores colectivos quienes se mueven. Siguen vigentes prácticas como la toma de decisiones por consenso en asambleas y la rendición de cuentas, y a pesar de que han tenido problemas con la elección de sus representantes civiles, lo analizado en este trabajo da cuenta, como propone Uzeta (2006: 259–276), que los elementos centrales de la "'modernidad política' y 'democracia liberal' fincados en la participación política individual no ha terminado de arraigarse por completo ni como historia, ni como valor cultural y mucho menos en términos ideológicos".

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* El trabajo aquí presentado forma parte del proyecto "Pueblos originarios, ciudadanía, democracia y territorio", financiado por Conacyt.

¹ Queremos agradecer a los habitantes de San Pablo Chimalpa, en especial a Flavio Margarito Romero, Claudia Romero, Irineo y Salvador Galicia, Felicitas Pérez Reyes, Asunción Rosales, Felipe Pérez, Hermilo Pérez, Raúl López, entre otros, su generosa ayuda y la valiosa información que nos brindaron.

² Según datos proporcionados por la Asociación de Colonos de Santa Fe, actualmente dicha zona alberga las sedes corporativas de Chrysler, Hewlett Packard, Ericsson, Citibank–Banamex, General Electric, IBM, ABN AMRO, Philip Morris, Kraft, Sony, Telefónica y de otras compañías internacionales, junto con las de trasnacionales mexicanas como Televisa, Cuervo y Bimbo, además de una amplia oferta de cafés y restaurantes, escuelas y universidades, servicios médicos y exclusivos complejos de vivienda. En 2007, en los complejos residenciales vivían 7 630 familias y había 170 oficinas corporativas, 114 restaurantes, siete escuelas y dos universidades privadas con más de 13 500 estudiantes, cinco hoteles de cinco estrellas, un campo de golf, un centro comercial y de entretenimiento, y un centro de convenciones (Moreno, 2009: 206).

³ La tala inmoderada y la deforestación de los bosques en el valle de México llevó a las autoridades a prohibir la fabricación y venta de carbón en el D.F. La preocupación central era la escasez de agua en la ciudad, y se argumentaba que la deforestación de las montañas circundantes acarrearían mayores problemas en ese sentido. El decreto fue publicado en marzo de 1941 en el Diario Oficial de la Federación.

⁴ Según narran sus habitantes, era tierra tepaneca gobernada por los aztecas; el origen de su nombre se deriva de la voz náhuatl Chimal (escudo) y pan (lugar) que quiere decir "sobre el escudo o rodela". Al parecer no era un poblado propiamente dicho, sino un sitio de vigilancia donde se cuidaban los linderos (como se describe en el Códice de Cuajimalpa) de tierras que colindaban con los otomíes asentados justo enfrente de la montaña, en lo que hoy es el Estado de México (Entrevista a Ernesto García, 2008).

⁵ En 1700 los frailes carmelitas consagraron como santo patrón del pueblo a san Pablo Apóstol y construyeron el primer templo. Su fachada es de tipo jónico con tres niveles, recubierta de cantera. Su planta es de una nave en forma de cruz latina y el retablo principal está decorado con lámina de oro.

⁶ Las cuentas incluían documentos probatorios de los gastos realizados hasta el menor detalle: gasto en clavos, en mastique para las ventanas, pintura, sueldos de trabajadores, etcétera. Además se tenía una clara referencia de qué organización del pueblo había participado, con cuánto había contribuido y de dónde había obtenido los recursos. Todo ello se presentó de manera oral ante estudiantes, profesores, padres de familia y visitantes.

⁷ Faenas, tequio y mano vuelta son los nombres con los que se conocen las acciones de solidaridad y reciprocidad en algunas comunidades en México. Es un sistema de trabajo gratuito para apoyar colectivamente obras de construcción, ya sea para una familia o para la colectividad, y donde los miembros del grupo se comprometen a realizar trabajos para mejoras diversas, de tal suerte que cuando él o su familia necesitan construir su casa o arreglar una calle, cuentan con el trabajo colectivo para hacerlo en la medida en que ellos trabajaron para otros.

⁸ Como en otros pueblos, San Pablo Chimalpa dedica su fiesta mayor del Viernes Santo a la Virgen de Dolores. La celebración dura cuatro días y es la más importante. La fiesta de San Pablo –patrono del lugar– se celebra el 29 de junio y es más pequeña, con una duración de sólo dos días. Ambas se organizan con el mismo sistema de cargos.

¹⁰ En la década de 1970 se instauró una novena compañía conformada por mujeres solas: viudas, solteras, madres solteras, etcétera; sin embargo, duró únicamente 15 años debido a los gastos tan onerosos que implica participar en las actividades correspondientes.

¹¹ Las promesas o correspondencias son un sistema de reciprocidad entre los santos de los pueblos objetivados en las comunidades, en el cual un santo visita a otro llevándole un regalo el día de su fiesta. Esto obliga al santo que recibe a llevarle un obsequio igual o mayor al santo que los visitó el día de la fiesta correspondiente. Se establecen así verdaderas redes de intercambio ritual en zonas históricamente determinadas. San Pablo recibe siete promesas de pueblos vecinos el día de la Virgen de Dolores.

¹² Uno de los argumentos para que las mujeres no puedan ocupar el cargo de fiscales es que no pueden tocar las campanas porque se rompen. Al parecer las mujeres pueden ocupar puestos de importancia como el de sargento, pero no así el de fiscal.

¹³ Esta modificación se realizó bajo la lógica de fomentar la participación de los vecinos en la toma de decisiones que estipula que el Consejo Colectivo y las Juntas de Vecinos. Estas podrán conocer oportunamente los planes y programas de obras y servicios para proponer y adicionar modificaciones. Con esta atribución se les facultad para defender en nombre de los capitalinos los intereses vecinales. En aquél entonces esto permitió que las Asociaciones de Residentes y Juntas de Vecinos discutieran los Programas de Barrio y los Planes Parciales de sus respectivas delegaciones.

¹⁴ Frente al rezago en mantenimiento de los servicios públicos, en este caso mantenimiento de la colonia o fraccionamiento en lo relativo a seguridad, áreas verdes, recolección de basura, limpieza y barrido de calles, y especialmente seguridad, la privatización ha aparecido como una alternativa viable. La privatización entendida como un menor involucramiento por parte del Estado y por tanto una mayor o total participación en cuanto a introducción y manejo de los servicios públicos por parte de los colonos.

¹⁵ El pueblo de San Pablo Chimalpa destaca por el nivel de trabajo y colaboración entre los vecinos del pueblo, especialmente los originarios. Resulta interesante que en dos ocasiones hayan ganado premios. En 1962 ganaron un premio de limpieza con el que se construyó parte del plantel para preescolar. En el marco del Programa Nacional de Solidaridad se premió al pueblo que hubiera realizado el mejor trabajo y lo ganó Chimalpa, le otorgaron 10 millones de pesos, con los que se construyó el centro de salud.