Discurso del investigador emérito Héctor Fix-Zamudio* en la ceremonia académica del septuagésimo aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM  el 7 de mayo de 2010

* Ex director del Instituto de Derecho Comparado y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Señor rector de la UNAM;
Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
Señora coordinadora de Humanidades de la UNAM; ]]> Señor abogado general de la UNAM;
Señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM;
Señor director de la Facultad de Derecho de la UNAM:

La historia del Instituto es bien conocida por casi todos ustedes debido a que se han publicado varios libros conmemorativos, el último de los cuales, con motivo del sexagésimo aniversario, apareció en el 2000. Debido a los pocos minutos de que dispongo, únicamente haré referencia a mis recuerdos personales.

Una vez obtenida la licenciatura en 1956 en la Facultad de Derecho de la UNAM, por recomendación de mi padre académico, el ilustre procesalista español don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, me admitieron como miembro del Instituto de Derecho Comparado en octubre de ese año, con una categoría que ya no existe en el actual Estatuto del Personal Académico de la UNAM, es decir de investigador por contrato, que me permitía colaborar con el Instituto sin una asistencia cotidiana, sino exclusivamente para recoger material bibliográfico y hemerográfico para el Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, y me comprometía a entregar algunos ensayos para su publicación en el mismo, ya que en ese tiempo iniciaba una carrera en el Poder Judicial federal.

En 1964, acepté la invitación del entonces director del Instituto de Derecho Comparado, doctor Roberto Molina Pasquel, para participar en el concurso para investigador de carrera. Como eran los muy buenos tiempos del Partido Revolucionario Institucional, debido a que los ingresos del personal académico de carrera no eran precisamente atractivos, fui el único concursante, y por lo tanto no es de extrañarse que fuera nombrado en ese cargo. Pero de manera sorpresiva, a los pocos años, o sea en 1966, fui designado director del Instituto de Derecho Comparado, por la Junta de Gobierno de la UNAM, no porque lo mereciera, sino porque era el único con nacionalidad mexicana, como lo exige la legislación universitaria. En ese cargo permanecí durante doce años, de octubre de 1966 a octubre de 1978, debido a que entonces los periodos de los directores de Instituto eran de seis años. En un principio tuve la sensación que experimenta a quien lanzan a un estanque sin saber nadar, por lo que me fue preciso acostumbrarme a flotar para no ahogarme.

La realidad era que al ingresar en el Instituto en 1964 como investigador de carrera, el personal de esa categoría lo integraban tres muy destacados juristas españoles, es decir, don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo; don Javier Elola Fernández y Modesto Seara Vázquez, que era el más joven de los tres, y ninguno de ellos, por su nacionalidad podía ser designado director, y esto explica que fuera el único elegible.

Puedo afirmar que desde su fundación y hasta que asumí la Dirección, el Instituto de Derecho Comparado pudo existir y desarrollarse debido a la labor decisiva de los juristas españoles del exilio, los cuales continuaron posteriormente su muy importante colaboración con los juristas mexicanos que se incorporaron posteriormente. Entre los primeros, es un deber mencionar al jurista e historiador José Miranda, quien escribió varias obras importantes publicadas por el mismo Instituto, aunque después se trasladó a El Colegio de México; así como al notable cultivador del derecho mercantil mexicano, don Joaquín Rodríguez y Rodríguez, que si bien fue por muchos años el director del Seminario de Derecho Mercantil de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de la Facultad de Derecho, colaboró con el Instituto al ser el promotor y fundador del Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, que inició su publicación trimestral e ininterrumpida desde su aparición hasta 1967, veinte años con sesenta números, y gracias a su director académico don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y a don Javier Elola como secretario administrador alcanzó un gran prestigio internacional, y por ello el último número de esa publicación fue de homenaje a muchos renombrados juristas extranjeros y mexicanos.

En 1967, el rector de nuestra Universidad, el ingeniero Javier Barros Sierra, con quien todos los universitarios tenemos un gran deuda de gratitud por su valiente y certera guía durante los tiempos procelosos de 1968, y que nos es tan penoso recordar, promovió una reforma del Estatuto General de la UNAM para unificar los nombres de los institutos de humanidades, que tenían diversas denominaciones. Fue preciso cambiar el nombre, tan conocido internacionalmente, del Instituto de Derecho Comparado por el actual de Investigaciones Jurídicas. Por nuestra parte decidimos, conjuntamente con el Consejo Interno, conservar la tradición del Boletín, en una segunda serie, como Boletín Mexicano de Derecho Comparado, que continuó su ruta de publicación trimestral, de tal manera que en 2008 llegó al número setenta, y por supuesto ha seguido. Con ese motivo se publicó un voluminoso número conmemorativo en el que colaboraron varios juristas mexicanos y extranjeros, y a partir de entonces mantiene su derrotero.

El crecimiento que ha tenido el Instituto de Investigaciones Jurídicas durante todos estos años hasta el presente, en los que se ha transformado en uno de los más grandes y productivos en el sector de los institutos de humanidades, se inició de manera paulatina a partir de 1966, pero no debido a mi modesta labor como director, sino que el mérito corresponde esencialmente a los ilustres rectores don Ignacio Chávez y don Javier Barros Sierra, el primero por haber proyectado y el segundo al poner en operación el Programa de Formación del Personal Académico, que con variantes ha permanecido en constante crecimiento hasta la actualidad. Mi única intervención entonces fue la de proponer al entonces muy joven y actualmente investigador emérito Jorge Carpizo que colaborara conmigo en el entonces muy modesto cargo de secretario académico y administrativo del Instituto, invitación que aceptó sin dudar y para ello tuvo que renunciar a un cargo de mayor categoría y remuneración en la Secretaría de Educación Pública. De esta manera inició su brillantísima carrera académica que lo llevó con el tiempo a la Rectoría de la Universidad.

Sólo me resta expresar mi gratitud a aquellos que han propiciado la existencia y crecimiento de nuestro Instituto: los inolvidables juristas españoles del exilio que hicieron posible su existencia en tiempos que pueden calificarse de heroicos; a los numerosos miembros del personal académico, que primero como jóvenes becarios y posteriormente como investigadores y técnicos académicos han continuado la labor de las generaciones anteriores, y a los funcionarios universitarios que hicieran y hacen posible que llegáramos a este momento.

En lo personal quiero recordar, como constantemente lo hago, a mi adorada esposa María Cristina, también universitaria, y a quien he calificado como mi coautora académica, no porque hubiese colaborado en la elaboración de mis modestas contribuciones, ya que ella era historiadora, sino porque con su apoyo las hizo posibles; a mis hijos, que con su constante compañía y sostén me han permitido persistir en la vida académica, y finalmente a mis nietos, porque son la alegría de mi senectud.