El Registro Público de Comercio. Una disquisición retrospectiva

Pedro Alfonso Labariega Villanueva*

* Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Resumen

Palabras clave: registro público, derecho mercantil, actos de comercio, comerciante.

Abstract

In Mexico, in spite of the fact that the commercial registry has a specific legal nature since decades ago defined by the federal legislation, it is yet not fully autonomous. In such context, the author examines the main stages in the historical evolution of such registry, with the purpose of explaining the importance of this institution. In its early stages, the emergence and operation of the commercial public registry had close links with the existence and activity of the property public registry. Subsequently, a new special law was passed, in order to control commercial registration, a circumstance that is a manifestation of the importance that this institution already had in 1885. Finally, the reform of 2000 meant a watershed in the evolution of the registry, with the introduction of computerized systems.

Keywords: public registry, commercial law, acts of commerce, merchant.

Es la historia madre de la verdad, émula
del tiempo, depósito de las acciones, testigo
de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, ]]> advertencia de lo porvenir.

Cervantes

Sumario

I. La actividad registral en la Antigüedad. El Registro Público de la Propiedad. II. El Registro Público de Comercio. III. La Nueva España abreva en el derecho registral español. IV. El Registro Público de Comercio en el México independiente. V. Anexo.

I. La actividad registral en la antigüedad. El registro público de la propiedad

La actividad del comerciante desborda la esfera de sus intereses particulares para comprometer intereses comunitarios. De ahí, la exigencia de conocer públicamente su situación legal (calidad de comerciante, constitución, modificación, extinción, contabilidad y demás actos jurídicos que pueden afectarla). La necesidad de publicar tales actos motivó la aparición del registro mercantil.

En vista de que el Registro Público de la Propiedad (RPP) precedió, inspiró y ha caminado paralelo al Registro Público de Comercio (RPC) es por lo que exponemos aquí unas líneas que nos parecen muy ilustrativas sobre aquella institución. Además, en México, las oficinas del Registro Público de Comercio o Registro Mercantil (RM) han estado, normalmente, en el mismo edificio que las del RPP, y el director de éste ha sido y es el responsable también del RM.¹

1. Egipto

Una y otra responden a la idea de publicidad de las transmisiones a través de un Registro. Cambian las denominaciones y los matices. Pero no puede decirse que constituyan dos épocas totalmente diferentes de publicidad registral. Lo que ocurre es que por una serie de razones cae en desuso el Registro de la primera época y luego se advierte la necesidad de evitar el caos introduciendo una nueva institución registral en la época de la dominación romana.²

En la época ptolemaica, tales registros o katagrafé (ΚαΤαγραφη' de ΚαΤαγραφω = registrar) surgen a partir del siglo III a. C. Dicha denominación denotaba el registro y también el certificado más resumido de lo que resultaba del archivo y que expedía el encargado de dicha oficina. Esos registros cumplían una doble función: recaudatoria de tributos y de publicidad inmobiliaria. Existía, pues, la obligación de inscribir el acto o contrato en el registro, y es aquí, precisamente, donde resalta su cometido de publicidad registral. Sin embargo, las instituciones se desgastan o evolucionan, de suerte que el katagrafé cayó en desuso, lo que permitió la aparición de los archivos de adquisiciones o registros de propiedad (βιβλιοθη' κη εγκτη' σεων) en la época de la dominación romana (año 55 d. C.).³

Con la presencia de estas oficinas, la función de la publicidad registral se concreta con mayor precisión, ya que los encargados del despacho abandonan las labores de fiscalización y se dedican por completo a la actividad registral. Al frente del registro se hallaban los bibliofilakes (βιβλιοφιλα' κες, registradores), ante quienes por declaración (απογπαφη' , to enter in a register) y a través de una instancia (προσανγελια) se hacía constar la inscripción (enajenación o gravamen de fincas) a nombre del disponente y las circunstancias del contrato proyectado; este procedimiento concluía con la petición de que se ordenara al fedatario la autenticación del mismo. Los registradores expedían los certificados (επι' σταλμα, epístalma) mediante los que se obtenía el documento que permitía disponer de los predios. Parácesis (παρα' ζεσις) se llamaron las anotaciones preventivas. El archivo, probablemente, estaba organizado alfabéticamente por los nombres de los propietarios con sus respectivos índices (διαρτποματα), que a la vez eran extractos de la documentación archivada, conformados por el sistema de folio personal, es decir, agrupando, bajo el nombre del propietario, las fincas, cargas y derechos.⁴

2. Roma

Estos registros, organizados por los romanos, cobraron enorme importancia, puesto que dicho pueblo no tenía la institución registral, sin embargo, aquéllos desaparecieron en el siglo IV, en tiempos de Diocleciano, cuando la transmisión se realizaba consensualmente.⁵

Como expresa Colorini, las instituciones romanas: mancipatio e in iure cessio fueron el cauce idóneo de importantes manifestaciones de la publicidad de los derechos reales.⁶ Efectivamente:

]]> El derecho romano utilizó la publicidad de las transacciones para legitimar y al mismo tiempo restringir la cesión de bienes muebles e inmuebles valiosos (res mancipi). "La venta de res mancipi en la plaza pública, en presencia del libripens, de la impresionante balanza —al igual que la plantación de la bandera de los legionarios romanos para adquisiciones de la tierra conquistada ‘sub hasta’— fueron algunos de los símbolos y formalidades romanas elegidas para dar publicidad a transferencias de derechos sobre bienes valiosos pero también para restringir (por medio de las gravosas formalidades) el número de tales transacciones".⁷

La mancipatio representó "un medio técnico escogido por el ordenamiento jurídico romano para conseguir ‘nominatividad"; el típico modo de adquirir la propiedad de las res mancipi en los periodos primitivo, clásico y hasta posclásico. Sobre dicha figura las doce tablas expresaron:

Los testigos y el librepens [portador de la balanza] deberán dar fe, bajo conminación de graves sanciones en caso de silencio; y con tal medio los terceros podrán llegar a conocer de modo objetivo la titularidad y la situación jurídica de las res mancipi evitando el peligro de fraudes y engaños.⁸

Por lo que atañe a la in iure cessio (cesión ante el tribunal), ella se aplicó tanto a las res mancipi como a las nec mancipi. Sus efectos de adquisición del dominio eran semejantes a la mancipatio, excepto que el comprador no tenía la actio auctoritatis (evicción). Además, la forma de publicidad era distinta, pues ya no intervenían los testigos sino la autoridad judicial. Era, entonces, un proceso simulado, en donde el comprador reclamaba la propiedad demandando al vendedor (aparente demandado). El vendedor se allanaba al confesar el derecho que asistía al actor, y el juez, a través de la addictio (simple confirmación) declaraba la propiedad para el comprador, esto es, refrendaba el acto de transmisión: la cessio.⁹

De ahí que la publicidad de la in iure cessio proviniera de la sanción formal que la intervención del juzgador otorgaba al acto. Amén de que se trataba de un acto adquisitivo respecto a terceros y no meramente como una sentencia de efectos inter partes.¹⁰

3. Alemania

El derecho alemán, uno de los más sensibles a los efectos jurídicos del aviso al público, y que influyó en forma definitiva en nuestro régimen jurídico, remonta —el origen de su registro inmobiliario así como su doctrina de abstracción de la adquisición de bienes muebles a la publicidad igualmente simbólica de la Gewere— a la época medieval.¹¹ Dicha Gewere era la investidura y antecedente directo de la publicidad registral por el carácter público que ella poseía, no sólo por los varios actos simbólicos, sino por la presencia de testigos. Además, la Gewere cumplía una doble función: la de ser investidura pero también el resultado de esa misma investidura, es decir, "la apariencia de titularidad resultante de la investidura" que corresponde al titular investido del dominio. Se viste uno la cosa como se coloca un guante,¹² entonces, los testigos daban fe de haber presenciado la investidura (viderunt giwerida, viderunt vestitionem). En otras palabras, la Gewere representó "el elemento externo del derecho de cosas, la apariencia perceptible y notoria del derecho real incorpóreo, la forma de publicidad adecuada al tipo jurídico de la propiedad". Así, mediante esta figura, el derecho de cosas generó el principio de publicidad en su doble vertiente: todo derecho de dominio requiere para su completa eficacia una forma notoria y, por otra lado, toda exteriorización adecuada de un derecho real produce efectos jurídicos específicos: defensivos, ofensivos y traslativos. Por lo que la Gewere era un concepto formal, cuya cometido más trascendente, sin tomar en cuenta sus efectos traslativos, consistió en servir de legitimación formal para ejercitar los derechos reales que ella implicaba, los cuales no producían sus efectos si eran objeto de impugnación.¹³

II. El Registro Público de Comercio

Con respecto al antecedente del registro de comerciantes, algunos autores lo ubican en la añosa matrícula de las corporaciones de aquella clase, que existían en Grecia, en los collegia romanos y en el albo de los comerciantes de las ciudades italianas del Medievo. Negotiator era el comerciante inscrito en los collegia, en oposición al comerciante que de facto (mercator) practicaba el comercio.¹⁴ Aquél realizaba la importación y exportación de los efectos, mientras que el mercader compraba y vendía en la ciudad. Justamente, en Roma, los cónsules crearon un colegio de mercaderes al que intitularon Collegium mercuriale, por ser el dios Mercurio su patrono y al que suplicaban favoreciese sus especulaciones y perdonase sus ganancias ilícitas.¹⁵

2. El registro de las corporaciones en el Medievo

Otros estudiosos coinciden en señalar que los antecedentes de este registro se remontan al derecho intermedio (siglo XII). En efecto, "la práctica de los libros del comerciante se perfila y se perfecciona al introducirse los números arábigos y, posteriormente la llamada partida doble". Así, pues, el registro mercantil como servicio público, permitía a los comerciantes comprobar su afiliación y pertenencia a la corporación, lo cual, en ocasiones, significaba someterse a los tribunales consulares, base de la jurisdicción y del derecho mercantil. Además, en el registro mercantil se inscribían no sólo los comerciantes, sino también sus dependientes, los aprendices y las marcas comerciales que empleaban. Ahora bien, en ciertas plazas, a partir del siglo XIII, había un registro especial, con una finalidad de derecho privado y totalmente ajena a los intereses de la corporación, ya que esos registros servían más para proteger al comerciante que a los intereses del público; archivo éste que contenía la anotación de los poderes generales (procura), las sociedades mercantiles y las marcas propiedad de productores o mercaderes (marcha, signum).¹⁶

Al respecto, se nos indica que: "los miembros de la Corporación, se inscribían en un registro [Gildenrollen o registro de las corporaciones] o matrícula [liber, esto es, el elenco de los corporativizados], no muy raramente anexo al mismo volumen de los estatutos de comerciantes".¹⁷

Ahora bien, hacia la mitad del s. XII, la constitución de las corporaciones, principalmente las de los comerciantes, se formó siguiendo el modelo de la constitución de las ciudades. La encabezaban los presidentes o cónsules, regularmente más de uno; al lado de ellos estaban los magistrados, cuya especie y número variaba según el tamaño de la corporación, un pequeño consejo (consiliun minus) y un consejo más amplio que incluía a quienes se les otorgaba la membresía (consilium maius o general).¹⁸

Ciertamente, la función del Registro Público de Comercio (RPC) o abreviadamente Registro Mercantil (RM) antes descrita, tuvo carácter interno durante el Medievo, más tarde se expandió a la aplicación de la ley y de la jurisdicción. La ampliación del poder jurisdiccional de las corporaciones y, por ende, de la aplicación de las normas comerciales consuetudinarias y escritas a las actividades mercantiles de los agremiados, otorgó categoría jurídica a la inscripción en la matrícula, y ha justificado su publicidad, como sistema orgánico y completo, formal y sustancialmente entendido, lo cual equivale a la función moderna del registro mercantil. En tal virtud, el RM permitió, desde el siglo XIII, ser consultado por el público interesado en escudriñar en sus archivos.¹⁹

Es por este concepto de publicidad, concordante como instrumento de información, dispuesto como tutela de terceros, y al mismo tiempo de los comerciantes, que el régimen judicial medieval se afirma y se difunde. Los registros quedan por lo tanto abiertos al público; pudiendo éstos ser consultados por cualquiera que tenga interés, sea o no miembro de la corporación.²⁰

El RM, en su evolución histórica, reconoce intencionalmente una encrucijada de caminos que tiene su punto común de arranque en las matrículas de los mercaderes. Desde entonces, el RM no sólo es un catálogo (albo) de comerciantes de una determinada localidad, sino un archivo de documentos relevantes (registro) en el tráfico diario.²¹

Por lo que respecta a las sociedades mercantiles, conviene apuntar que la historia de su inscripción está estrechamente vinculada a la de su naturaleza jurídica. Al surgir ésta en la comandita terrestre, con el objetivo de garantizar a los acreedores, precisamente, sobre un capital distinto del particular de cada asociado, se requirió que éstos registrasen sus nombres con sus aportaciones respectivas. Lastig y Fierli publican los requisitos de inscripción de tales personas morales en Bolonia y Florencia. En tal virtud, los socios comparecían ante el conservador del tribunal de mercaderes para manifestar la constitución de la entidad y el tipo de responsabilidad que contraían los afiliados. Dicho funcionario los inscribía en el libro ad hoc, el cual resguardaba en un archivo y luego, en otro libro, transcribía dicho acto para consulta de todo público.²²

3. El Registro Público de Comercio en las ordenanzas posmedievales

Las Ordenanzas de Blois de 1579 ya regulaban en Francia la formalidad de la inscripción de las sociedades, pues, en su defecto, los socios carecían de acción entre sí.²⁴

El edicto de 1581, dictado por Enrique III, establecía un sistema de círculos concéntricos para el derecho a ejercer una industria en Francia. En este sentido: "A quien hubiese llegado a maestro en París se le reconocía el derecho a practicar su industria en todo el país, sin más requisito que el de inscribirse en los registros" (artículo 6).²⁵

Con la desaparición del régimen corporativo en la segunda parte del Renacimiento (1500), los RM caen en desuso, sin embargo, ellos encuentran desarrollo en Suiza a partir de la segunda mitad del Barroco (1600) y en Alemania y en Austria desde fines de dicho siglo; países que acogen ese sistema archivador como legado de su intercambio comercial con Italia.²⁶

Con el transcurso del tiempo, las inscripciones privadas se completaron con datos que tenían validez y trascendencia frente al público en general. Así surgieron, tanto en Suiza como en Alemania, los registros comerciales, y desde entonces se configuró el moderno registro.²⁷

4. La reglamentación del Registro Mercantil en Francia. La ordenanza colvertiana u ordenanza francesa del comercio terrestre de 1673

Luis XIV (Code Merchant) retomó las disposiciones anteriores y agravó las sanciones al prescribir que la omisión de escritura o de inscripción de las sociedades mercantiles en el consulado, en el palacio de la municipalidad o en el juzgado del lugar se castigaría "le tout a peine de nullité des actes et contrats passés, tout entre les asocies q’avec leurs créanciers ou ayant cause".²⁸

Mientras el Code de Commerce no se dio por enterado de la institución de la matrícula, ya que consideró ilógico mantener su existencia una vez que desaparecieron las corporaciones; situación semejante adoptó Italia.

Posteriormente, cuando Francia por el Tratado de Versalles recuperó La Alsacia y La Lorena, también, en ese mismo año, rescató el RM. Efectivamente, hacia 1919, mediante la ley del 13 de marzo, Francia organizó el RM, luego, modificó su estructura por ley de 1953.²⁹ Italia con el Código Civil italiano de 1942 instaló el registro de las empresas con carácter público, bajo la vigilancia de los tribunales.

En ese país se hablaba de registros pero no precisamente de comercio. En ese sentido existía el registro de cartas y privilegios reales que debían llevar los escribanos de la casa del rey, conforme lo establecían Las Partidas: "Registradores son llamados otros escribanos que hay en casa del Rey, que son puestos para escribir cartas en libros que llevan el nombre de registros" (Partida tercera, título XIX, ley VIII).³⁰

A. Las Ordenanzas de Bilbao de 1737

En relación con las escrituras de sociedades, las Ordenanzas de Bilbao de 1737 disponían el depósito de la escritura de constitución en el archivo del consulado para su exhibición cuando se requiriese la aplicación de esta norma a la prórroga de la sociedad y al cambio de socios, y la obligación de avisar a los acreedores la disolución de la sociedad:

Todas las personas que actualmente están en compañía, y en adelante la formaren en esta villa, serán obligadas a poner en manos del Prior y Cónsules de esta Universidad y Casa de Contratación un testimonio en relación de las escrituras, que acerca de ella otorgaren; y al pie de él han de poner los compañeros las firmas de que han de usar durante el término de dicha compañía; a fin de que conste por este medio al público todo lo que sea conveniente para su seguridad: Y el tal testimonio se ha de poner en el Archivo del Consulado para manifestarle siempre que convenga (capítulo X, núms. 5, 8 y 17).

Es evidente, pues, que el consulado funcionaba como RM, pues su real privilegio le otorga jurisdicción para también obligar a inscribirse en él a los comerciantes colectivos.³¹

El RM en España tiene su origen en la Novísima Recopilación. La Ordenanza de Matrículas de Mar de 1802 encomendaba a las autoridades marítimas de los distritos llevar cinco registros de las embarcaciones de alta mar, costeras, pesqueras, de desembarco y de buques nacionales construidos en el extranjero, detallaba los datos inscribibles relacionados con las naves; las escrituras realizadas ante la Escribanía de Marina tenían que inscribirse. Una real orden de 1865 completaba las disposiciones, y el Reglamento para la Navegación Mercante testimonia la subsistencia de los registros de buques en las comandancias de marina.³²

B. El Código de Comercio español de 30 de mayo de 1829 o Código Sáinz de Andino

Este cuerpo normativo exigió la inscripción en la matrícula como verdadera condición del comerciante y organizó dicho registro en cada capital de provincia —bajo la dependencia y vigilancia de la autoridad gubernativa (el secretario de la intendencia provincial— y lo escindió en dos secciones (una para la matrícula general de comerciantes, sucesora de las viejas matriculae, y otra, el registro de documentos para la toma de razón de cartas dotales y capitulaciones matrimoniales de los comerciantes; de las escrituras constitutivas de la sociedad mercantil y de los poderes a favor de factores y dependientes) —nihil novum sub sole—.

El Registro Público de Comercio que instaura el Código de 1829 constituye así un considerable progreso en relación con el régimen de matrícula de los comerciantes y de registro de documentos, pues en relación con nuestro ordenamiento no parece dudoso que sólo a partir de entonces se puede hablar de la institución registral y de una publicidad de esta índole ordenada en forma adecuada, tanto para los comerciantes como para los documentos sujetos a inscripción.³³

Por la influyente trascendencia que ejerció dicho cuerpo legislativo presentamos las disposiciones relativas al RM:

Artículo 11. Toda persona que se dedique al comercio está obligada a inscribirse en la matrícula de comerciantes de la provincia á cuyo fin hará una declaración por escrito ante la autoridad civil municipal de su domicilio, en que espresará su nombre y apellido, estado y naturaleza, su ánimo de emprender la profesión mercantil, y si ha de ejercer por mayor ó menor, o bien de ambas maneras... El Síndico procurador del pueblo... le espedirá sin derechos... el certificado de inscripción (En concordancia con los artículos 6 y 7 del CCo. portugués; 1-17 del Código Wurt Wurtemberg).

Artículo 12. La autoridad civil bajo su responsabilidad remitirá un duplicado de la inscripción al Intendente de la provincia, quien dispondrá que el nombre del inscrito se note en la matrícula general de comerciantes, que se llevará en todas las intendencias del reino.

Artículo 16. La matrícula de comerciantes de cada provincia se circulará anualmente á los tribunales de comercio [juzgados de primera instancia, según reforma de 1868], y estos cuidarán de que se fije una cuota auténtica en el atrio de sus salas para conocimiento del comercio [publicidad], reservando la original en su secretaría (artículo 7 CCo. portugués).

Artículo 21. Todos los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse á los actos establecidos por la ley...

Estos actos consisten:

]]> 1o. En la inscripción en un registro solemne de los documentos, cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios...

Artículo 22. En cada capital de provincia se establecerá un registro público y general de comercio que se dividirá en dos secciones: la primera será la matrícula general de comerciante, en que se asentarán todas las inscripciones que se expidan a los que se dediquen al comercio...

En la segunda se tomará razón por orden de números y fechas:

2o. De las escrituras en que se contrae sociedad mercantil cualquiera que sea su objeto y denominación.

Además se llevará un índice general por orden alfabético de pueblos y de nombres de todos los documentos de que se tome razón expresándose al margen de cada artículo la referencia del número y página del registro donde consta (artículos 210 y 211, CCo. portugués; 12 y 13 del C. Wurt).

Artículo 23. El secretario de la Intendencia de cada provincia tendrá á su cargo el registro general, y será responsable de la exactitud y legalidad de sus asientos (artículo 213 del CCo. portugués).

Artículo 24. Los libros del registro estarán foliados y todas sus hojas rubricadas por el que fuere Intendente (Gobernador) de la provincia en la época en que abra cada nuevo registro (artículo 213 del CCo. portugués).

Artículo 25. Todo comerciante está obligado á presentar en el registro general de su provincia, para que se tome razón de ellos, las tres especies de documentos de que hacen mención en el artículo 22.

Con respecto a las escrituras de sociedad será suficiente para este efecto un testimonio autorizado por el mismo escribano ante quien pasaron, que contenga las circunstancias que prescribe el artículo 290.

Artículo 27. Las escrituras dotales entre consortes que profesen el comercio, de que no se haya tomado razón en el registro general de la provincia... serán ineficaces...

]]> Artículo 28. Las escrituras de sociedad de que no se tome razón en el registro general del comercio, no producirán acción entre los otorgantes...

Artículo 29. Tampoco producirán acción entre el mandante y mandatario los poderes conferidos a los factores y mancebos del comercio... si no se presentan para que se tome razón de ello en el registro general...

Artículo 31. Copia del asiento que se haga en el registro general de todos los documentos de que se toma razón en él, se dirigirá sin dilación á espensas de los interesados por el secretario de la Intendencia (gobierno de la provincia), á cuyo cargo está el registro, al tribunal de comercio (a los juzgados de primera instancia) del domicilio de aquellos, ó al juzgado real ordinario [donde no haya tribunal de comercio] para que fijen en el estrado ordinario de sus audiencias, y se inserte en el registro particular que cada tribunal (juzgado) deberá llevar de estos actos.

Artículo 174. Los factores deben tener un poder especial de la persona por cuya cuenta hacen el tráfico, del cual se tomará razón en el registro general de comercio de la provincia...³⁴

Por otra parte, resulta oportuno señalar que el sistema registral incorporado al Código de 1829 fue fuente inmediata de los adoptados por la gran mayoría de las naciones latinoamericanas (Bolivia, Costa Rica, Chile, México, Perú, etcétera).³⁵

C. El Código de Comercio español de 1885

Años después, dicho ordenamiento al ocuparse de la institución de marras, elaboró una de las legislaciones más detalladas que al respecto han existido y, como es de suponerse, también se prolongó en sus homólogos hispanoamericanos que posteriormente fueron apareciendo o, que aun cuando ya existían, no desdeñaron los avances que proporcionaba dicho ordenamiento.

La importancia de dicho estatuto salta a la vista, por eso reseñamos el contenido atinente al RM del título II del libro I.

Se mantuvieron dos libros independientes para que se inscribieran los comerciantes y las sociedades, respectivamente (artículo 16); esta ley estableció inscripción obligatoria para las sociedades mercantiles y para los buques, y potestativa para los individuos comerciantes (artículo 17); sólo el comerciante matriculado podía inscribir documentos en el registro y aprovecharse de sus efectos legales (artículo 18); el registrador estaba obligado a llevar los libros sellados, foliados, rotulados con el contenido de cada libro y, firmados por el juez municipal (artículo 19); el registrador tenía que anotar en orden cronológico en la matrícula e índice general todos los comerciantes y compañías registradas (artículo 20); la hoja de inscripción del comerciante o sociedad contenía: nombre, razón social o título, giro u operaciones a que se dedicase; fecha de inicio de operaciones; domicilio (también de las sucursales, en su caso), escrituras constitutivas, modificaciones (si las hubiere), rescisión o disolución (si fuere el caso); habilitación o revocación de poderes generales, autorización del marido para que su esposa ejerza el comercio y la habilitación legal o judicial para suplantarlo, la revocación de la licencia otorgada a la mujer para comerciar, las escrituras dotales, las capitulaciones matrimoniales y los títulos que acreditasen la propiedad de los parafernales de las mujeres de los comerciantes, las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de las sociedades debidamente identificadas, las emisiones de billetes de Banco, claramente descritas, los títulos de propiedad industrial, patentes, marcas, según lo previenen las leyes, las sociedades extranjeras tenían que presentar un certificado expedido por el cónsul español de estar constituidas y autorizadas con arreglo a sus leyes (artículo 21); el registro de buques debía contener: todos los datos indispensables para identificar al buque, desde el nombre hasta los nombres y domicilios de sus propietarios, los cambios en la propiedad y en su denominación, la imposición, modificación y cancelación de gravámenes sobre el buque (artículo 22); la inscripción se verificaba por las copias notariales de los documentos que presentaba el interesado (certificado de gravámenes, por ejemplo) (artículo 23); las escrituras societarias no inscritas surtían efectos entre sus otorgantes pero no frente a terceros, los cuales sí podían aprovecharlas (artículo 24); también debían constar los acuerdos o actos que demostraran aumento o disminución de capital de las sociedades y los que modificasen las condiciones de los documentos registrados (artículo 25); los documentos inscritos sólo podían perjudicar a terceros desde la fecha de su inscripción (artículo 26); las escrituras dotales y las referentes a bienes parafernales de la mujer del comerciante, no registradas, no se consideraban en la prelación de los créditos, sin embargo, cabían excepciones (artículo 27); los padres, hermanos, tíos, tutores o curadores podían registrar los bienes dotales o parafernales de la mujer del comerciante, en caso de que éste no lo hubiere efectuado (artículo 28); los poderes no inscritos producían acción entre los otorgantes, no perjudicaban a terceros pero podían favorecerlos (artículo 29); el registro conservó su carácter público y el registrador estaba facultado para expedir todo o parte de información relativa, previa solicitud firmada (artículo 30); el registrador tenía a su disposición ejemplares de la cotización diaria de los títulos negociables y de los cambios que se contrataban en la bolsa, si ésta existía en su circunscripción (artículo 31); se requería aprobar examen de oposición para devenir registrador (artículo 31).

III. La nueva España abreva en el derecho registral español

Las Ordenanzas del Consulado de México de 1592 —primer código mercantil americano—³⁶ se confeccionaron con base en las ordenanzas de los consulados españoles precedentes: Burgos (Medina del Campo por Cédula Real de Don Fernando e Isabel de 21 de julio de 1494), Bilbao (por Cédula Real de la Reina Juana de 22 de junio de 1511), Sevilla (1543), Barcelona y Valencia.³⁷

Las disposiciones del consulado o tribunal mercantil ordenaban que éste se integrara, entre otros, por un prior, dos cónsules y cinco diputados que eran electos por y de entre el gremio de comerciantes.³⁸ En efecto, la ordenanza tercera estatuye:

Con declaración que esta prohibición no se entienda con los Mercaderes que tuvieren tienda, y en ella vendieren tan solamente las mercaderías que por su cuenta o por encomienda les vinieren consignadas: ni con Mercaderes tratantes de en los dichos Reynos, y Provincias: y en esta Ciudad que fueren Escribanos, como ayan dexado de usar el dicho oficio, y no lo estén usando actualmente, sino que estén tratando, y contratando en el comercio: porque con estos no se ha de entender la prohibicion y han de dar voto, y pueden ser elegidos como los demás Mercaderes de esta Universidad, que conforme a esta Ordenanza tienen voto en todas las cosas de ella.³⁹

Resulta lógico, pues, imaginar que dichos comerciantes, en esa época, ya se hallaban matriculados, pues éste era un requisito para pertenecer a la Universidad de los Mercaderes de la Ciudad de México. Dicho supuesto nos lo sugieren tanto los textos arriba transcritos de esas ordenanzas como los que en seguida presentamos.

Por auto acordado de 23 de marzo de 1677 número LI se mandó:

Que por dichos autos conste que debiendo al Consulado [el de México] no admitir á su fuero Mercader alguno que no estuviese matriculado y conocido por tal, con las calidades que las Leyes disponen para admitirle á la matrícula... que si el dicho Consulado... guarde precisa y puntualmente la disposición de dichas Leyes... teniendo libro de matrícula de los Mercaderes que deben gozar del fuero...⁴⁰

Se ha afirmado que existe "una literalidad casi absoluta entre las ordenanzas de México y las de Sevilla, lo que parece indicar que únicamente se adaptaron las normas sevillanas a las circunstancias geográficas, políticas y sociales de Nueva España".⁴²

El auto relativo al Acuerdo de la Real Audiencia de México de 20 de junio de 1595 prescribió:

Y aviendose suplicado á su Majestad por parte de esta Universidad, que en el entretanto que se hazian Ordenanzas para su buen gobierno, mandasse se rigiessen, y gobernasen por las Ordenanzas de los dichos Consulados de Burgos, y Sevilla... Y que en el entretanto que en él se determina si convenia confirmarlas, ó enmendarlas, y se despachaban, huvo por bien se gobernasen por las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de Sevilla, por tiempo de dos años.⁴³

Como ley 16, título IV, libro 9o. de la Novísima Recopilación aparece una disposición de 22 de junio de 1773 por la que se ordena que en las ciudades donde no exista consulado, un comerciante de mayoreo y otro de menudeo: "formen la lista [un registro] comprehensiva de comerciantes de ambas clases, cada uno de la suya, y den razón al Ayuntamiento".⁴⁴

En la Nueva España, durante la dominación ibérica, hubo un lapso de treinta años —de 1719 a 1749— en que no se aplicó el sistema español de la matrícula.⁴⁵

Aunque no se trataba propiamente del Registro de Comercio, pero sí de un registro mercantil, las Ordenanzas de Minas de 1761 mandaban registrar ante la Justicia de Minas, el nombre de la persona que había descubierto la mina, el metal encontrado, el lugar de ubicación de la mina; en caso de que no se hiciese dicha inscripción, cualquier otra persona interesada podía registrarla (capítulo V. Ordenanzas XVII, XVIII, XIX y LXIX).

Posteriormente, en 1784 por Real Cédula se erigió un Consulado Marítimo y Terrestre en la ciudad de Sevilla, cuyas ordenanzas como ya indicamos antes se aplicaron en Nueva España. Las reglas contenidas en dicho documento mandaban que: "El prior [del consulado] se elegirá en lo sucesivo entre los Sugetos más condecorados, é instruidos de la Matricula (ley II de las ordenanzas)".

Ciertamente, al tratarse de un consulado, todos sus integrantes, hacendados, comerciantes, mercaderes, fabricantes o navieros, hallábanse matriculados o inscritos en un libro ad hoc. En efecto, la ley XIX nos presenta la lista de entre aquellos sujetos ya matriculados. Mientras que los candidatos a ingresar en dicho consulado se debían regir por la ley XXI que prescribía:

Admitido el Pretendiente, se le matriculará en su clase por el Secretario en el libro destinado á este fin, foliado y rubricado por el Prior, y Consules, con expresión de todas la calidades del interesado, á quien dará Certificación, con un Ejemplar de esta Cedula, y de la Ordenanza quando esté aprobada, é impresa.⁴⁶

Excepcionalmente los nobles podían pertenecer al consulado sin llenar dicho requisito:

Será facultativo, y muy propio de todos los Caballeros, y demás personas ilustres, naturales, ó connaturalizadas para estos Reynos, y los de Indias avecindadas en el distrito del Consulado, con el caudal, y demás calidades prevenidas, matricularse en cualquiera de sus clases, sin perjuicio del goce, prerrogativas, y exenciones correspondientes a su estado noble... (ley XXII).

La Real Cédula de 17 de enero de 1795, por la que se erigió el Consulado de Veracruz, y la similar de 6 de junio del mismo año, para el de Guadalajara, establecían en la misma ley vigésima que:

Todas las personas que en el distrito de la jurisdicción del Consulado... formen Compañías de Comercio, y las que construyan, ó compren embarcaciones para traficar fuera de los puertos de dicho distrito, lo harán en escritura pública con expresión de los socios, fondos, y partes de cada uno... entregarán copia autorizada al Prior, Cónsules baxo la pena irremisible de cincuenta pesos: y baxo la misma pena deberán presentárles sus escrituras las Compañías ya formadas, y los documentos de propiedad que tengan de sus embarcaciones los propietarios actuales de ellas, dentro de quatro meses de la publicación de esta Cédula. A igual pena estará sujeta qualquiera persona que sin dar cuenta al Prior y Cónsules ponga por sí sola casa de comercio, almacen, tienda, ó bodega. El Escribano formará registros separados de unos [compañías o sociedades mercantiles] y oíros [los demás comerciantes o mercaderes] para que puedan servir de gobierno al Tribunal en las ocasiones que se ofrezcan.⁴⁷

El Reglamento del Real Consulado de la Ciudad de México de 11 de agosto de 1806, al precisar su jurisdicción estipuló: "Este consulado conocerá de todas las causas y negocios que se ofrezcan entre Mercaderes aunque no sean matriculados siendo sobre mercaderías y cosas tocantes y dependientes de ellas".

Obviamente dicha disposición se aplicaba con mayor razón a los mercaderes matriculados.

IV. El Registro Público de Comercio en el México independiente

1. El Código Civil del Estado de Zacatecas de 28 de octubre de 1829

Este ordenamiento que parece nunca entró en vigor, al regular "las compañías de comercio" (artículos 1367-1378) exigía el depósito de un testimonio de la escritura en el Tribunal de Primera Instancia (artículo 1371).

2. La Organización de las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles de 1841 o Decreto de Santa Anna

A causa de tan heroica gesta, nuevamente se suprime la matrícula hasta rehabilitarse por Santa Ana mediante decreto titulado: Organización de las Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles (15-11-1841); éste establecía obligación expresa al comerciante para que se matriculara en un libro especial que al respecto llevaba la Secretaría de la Junta de Fomento, y al trasladar lo preceptuado por el CCo. español Sáinz de Andino (artículo 22 § 2), incluyó dentro de dicha obligación de inscripción a la escritura de compañía bajo la que giran las sociedades mercantiles (artículo 3 § 3); además, convertíase en un requisito para integrar la junta misma y con mayor razón, una conditio sine qua non si se quería devenir juez de lo mercantil, i. e. pertenecer al tribunal. El contenido de dicho ordenamiento se dividió en tres epígrafes: Organización de la Juntas de Fomento y Tribunales Mercantiles (artículo 1). De las Juntas de Fomento (artículos 2-25). De los Tribunales Mercantiles (artículos 26-72). He aquí algunos de los preceptos más representativos:⁴⁸

Artículo 2. Todo comerciante domiciliado en lugar donde hay tribunal mercantil, está obligado á matricularse bajo pena de una multa de cinco á doscientos pesos.

Artículo 3. La matrícula es una manifestación que se hace:

1o. Del giro del individuo ó sociedad que se matricula.

]]> 2o. De la persona ó personas interesadas en él.

3o. De la escritura de compañía bajo que giran las sociedades mercantiles.

4o. De los establecimientos mercantiles del matriculado ó matriculados, con expresión de la casa y calle en que estén sitos.

5o. De los bienes dotales ó extradotales de la mujer del matriculado, si algunos tuviere. El comerciante que omita cumplir con este requisito, si llega después á hacer quiebra, tiene contra sí presunción legal de ser la quiebra fraudulenta, y debe, desde luego, ser encausado criminalmente para que se purifique su proceder.

Artículo 4. La matrícula se verificará en la secretaría de la junta de fomento, con autorización del secretario de la misma, y en libro destinado á este objeto...

Artículo 5. Los hacendados y fabricantes residentes en cada población donde haya tribunal mercantil, tienen derecho, pero no obligación, de matricularse ante la junta de fomento. Los que se matriculen, adquieren voz activa y pasiva en las elecciones, en la misma forma que los mercaderes de profesión.

Artículo 7. Los matriculados no podrán excusarse sino por impedimento grave...

Artículo 8. El registro de matriculados se tendrá sobre la mesa para aclarar las dudas que ocurrieren.

Artículo 16. Para ser vocal de la junta de fomento, se necesita ser matriculado... tener por sí y en nombre propio, alguna negociación mercantil ó de agricultura, ó ser propietario ó socio de alguna fábrica...

Artículo 27. Para ser individuo del tribunal mercantil, se necesita ser ciudadano... matriculado, con negociación mercantil, agrícola o fabril, en nombre propio; gozar de loable fama y opinión por sus buenas costumbres, arreglo y prudencia en los negocios, y ser persona inteligente y perita en los usos y reglamentos de comercio.

]]> Primera prevención... procederán a nombrar de entre los comerciantes los que deban componer la junta de fomento...

Naturalmente, después de lo anteriormente establecido, era de esperarse que en los códigos mercantiles mexicanos de 1854 (artículos 29-39), 1884 (artículos 44-53) y 1889 (artículos 18-32) encontrásemos datos sobre el RM.

3. El Reglamento de matrículas para los individuos del comercio de 12 de abril de 1842

Este ordenamiento se dictó sólo para los comerciantes, personas físicas, no para las compañías de comercio. Bastaron cinco artículos para regular su contenido. Se obligaba a inscribirse a los almacenistas que vendían por mayoreo, a los bancos o establecimientos con giro de letras, descuentos de libranzas y pagarés, a los propietarios de determinadas negociaciones (cererías, madererías, etcétera), cuyo capital en circulación no fuere menor a ocho mil pesos (artículo 1). La misma exigencia tenían los minoristas (de ropa, platería, etcétera), cuyo patrimonio en circulación no disminuyere de cinco mil pesos (artículo 2). Los hacendados y fabricantes domiciliados en la ciudad de México tenían la opción, mas no la obligación de matricularse (artículo 3). Para la realización de dicho trámite, los obligados tenían tres meses, contados a partir de la expedición de la convocatoria por la secretaría de la junta de fomento; quien infringía esta orden era sancionado con multa de cinco a doscientos pesos (artículo 4). El secretario, previamente a la inscripción, manifestaba en la primera sesión de la junta, la lista de los presentados, con el fin de resolver las interrogantes relativas a la matriculación (artículo 5).

4. El Código de Comercio de 1854 o Código Lares

Desde luego, este código, haciéndose eco de su homólogo español de 1829, estableció en la sección I, título III del libro I, que el RM se llevara en dos libros: uno, para fijar la calidad de comerciantes, mediante las matrículas, otro, para tomar razón de los documentos (Urkunden) más relevantes de los comerciantes: escrituras de constitución de dote o recibo de bienes extradotales, escrituras de formación de sociedades, poderes, circulares (artículo 29).⁴⁹ El registro se hallaba instalado en los tribunales mercantiles, a cargo del secretario, quien era el responsable de organizarlo por orden alfabético de los nombres de los otorgantes (artículo 30); foliar los libros registrales y rubricar todas sus hojas (artículo 31). Los comerciantes tenían la obligación de entregar los documentos antes mencionados a la secretaría del tribunal para su registro (artículo 32). Se establecen los plazos para registrar los distintos documentos (artículo 33). La prestación del servicio de inscripción era gratuita (artículo 34). Las sociedades mercantiles no inscritas cancelaban el derecho a sus socios para demandarse entre sí; los poderes no inscritos convertían a los apoderados en obligados solidarios con sus poderdantes; las demás escrituras carentes de registro se hallaban desprovistas de fuerza ejecutiva; las circulares sin registro se consideraron no escritas (artículo 35). Se tenía como fraudulenta la quiebra del comerciante que no registró las escrituras que había otorgado o que podría otorgar por bienes de su mujer (artículo 36). Los otorgantes mancomunados, adicionalmente, se hacían acreedores a una multa de quinientos pesos, cuando apareciese en juicio el documento no inscrito (artículo 37). Se requería mandato judicial para certificar las anotaciones del registro (artículo 38). El contrato de sociedad mercantil debía constar en escritura pública y registrarse en la secretaría del tribunal de comercio (artículo 252).

5. El Código de Comercio de 1884

Éste, al reglamentar a esta institución en el capítulo III, título II, del libro I, delimitó un concepto de registro (artículo 44). Ordenó que los secretarios de los tribunales mercantiles respectivos, es decir, los jueces comunes del distrito judicial correspondiente, efectuaran en un libro especial, los asientos por orden de números y fecha de los documentos que consignasen: bienes parafernales, donaciones antenupciales, constitución o restitución de dotes, etcétera; de los documentos justificativos de los haberes del hijo o pupilo; de las hipotecas y los contratos, etcétera; de sentencias condenatorias referentes a intereses mercantiles; de formación, alteración o disolución de sociedades mercantiles, etcétera; de los poderes, su limitación o revocación (artículo 45). Se mandó formar un índice general alfabético de la toma de razón y de los nombres de los comerciantes, indicando el número, volumen y folio respectivos (artículo 46). Se estableció el plazo de quince días para registrar los documentos, después de su otorgamiento, y un plazo de otros quince días para los extendidos fuera del lugar de residencia del juzgado respectivo (artículo 47). Para el registro de documentos provenientes del extranjero se dispuso un plazo de seis meses, previa protocolización por mandato de autoridad judicial (artículo 48). Se determinó cuándo producía efectos el registro de documentos expedidos dentro o fuera de nuestro país (artículo 49). Se facultó a que terceros interesados en los documentos los registrasen, previa comunicación a los comerciantes involucrados (artículo 50). Se permitió la enmienda dimanante de convenio o declaración judicial de los asientos inscritos, mediante anotación marginal (artículo 51). La quiebra fraudulenta tenía a la carencia de registro como su causante (artículo 52). Las certificaciones registrales a tercera persona procedían previo mandato judicial, sin embargo, se le permitía tomar la nota correspondiente (artículo 52).

Es oportuno advertir que en este ordenamiento ya no se consigna la obligación de los comerciantes a matricularse, ciertamente, esto se estatuyó a imitación de sus códigos homólogos, francés de 1808 e italiano de 1882.

Respecto al Reglamento del Registro Público de Comercio de 20 de junio de 1884, sucintamente diremos que su contenido se desarrolló en veinte artículos estructurados en seis capítulos: I. De los encargados del registro y de los libros que deben llevar (artículos 1-6). II. De los títulos sujetos a inscripción (artículos 7-8). III. De la forma y efecto de la inscripción (artículos 9-13). IV. De la rectificación de los actos del registro (artículos 14-16). V. De la publicidad del registro (artículos 17-18). VI. Del registro de los contratos marítimos (artículos 19-20).

Esta disposición derogó los preceptos relativos al RPC que contenía el CCo. de 1884, ya que aquélla reguló al RPC en 18 preceptos. El registro se podía llevar en las oficinas encargadas del registro público de la propiedad; en su defecto, en los oficios de hipotecas, y a falta de unas y otras, en los juzgados de primera instancia del orden común (artículo 1).⁵⁰ El comerciante al matricularse tenía que proporcionar su nombre o razón social, su(s) domicilio(s), su giro comercial y la fecha de inicio de actividades (artículo 2). El registrador anotaba, por orden cronológico en la matrícula o índice general, los comerciantes y compañías que se matriculaban, asentando en la hoja de cada comerciante o sociedad: las escrituras de constitución y, en su caso, la alteración o disolución de la misma; los poderes generales; la autorización del marido para que su mujer ejerciera el comercio o la revocación del mismo; las escrituras dotales, capitulaciones matrimoniales; los documentos justificativos del patrimonio de los hijos o pupilos; las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada relativas a intereses mercantiles; los títulos de propiedad industrial, patentes y marcas; y los buques (artículo 3). La "homologación" registral entre el Registro de la Propiedad y el RM estaba claramente aceptada (artículo 4). Existían dos lugares de inscripción: la oficina registral correspondiente al domicilio del comerciante o la de la ubicación de los bienes (raíces o derechos reales), si lo ameritaba el caso (artículo 5). La persona inscrita en el RM se suponía comerciante, salvo prueba en contrario (artículo 6). La matriculación se formalizaba mediante declaración escrita del comerciante, testimonio de la escritura respectiva o del documento exhibido por el interesado (artículo 7). Las escrituras de sociedad no registradas surtían efectos entre los socios que las otorgaban, no dañaban a terceros y éstos podían emplearlas en su favor (artículo 8). Los poderes no inscritos operaban entre las partes; pero con respecto a terceros, el mandatario negligente respondía mancomunada y solidariamente con la sociedad o comerciante otorgante (artículo 9). El comerciante que no registraba la autorización de su mujer para ejercer el comercio renunciaba a los beneficios concedidos por la ley, así como la no inscripción de la cancelación de dicha autorización le producía responsabilidad subsidiaria (artículo 10). Si el comerciante dejaba de inscribir los documentos descritos en la fracción IV del artículo 3o., podía registrarlos su mujer, sus tutores, sus padres o ascendientes (artículo 11). La ley presumía sociedad conyugal siempre que el comerciante no inscribiera las capitulaciones matrimoniales o la escritura sobre separación de intereses entrambos. Asimismo, si los demás documentos mencionados en la fracción IV del artículo 3o. no eran inscritos en el de la propiedad o en el de comercio, perdían la prelación que según la ley les correspondiera (artículo 12). Se tenía por fraudulenta la quiebra al no registrar los documentos a los que se hacía referencia la fracción V del artículo 3o.; idéntico efecto repercutía para los contratos y sentencias referidos en la fracción IV de dicho precepto (artículo 13). No registrar los títulos enunciados en las fracción VII y VIII del artículo 3o. imposibilitaba que el comerciante ejercitara sus derechos frente a terceros (artículo 14). Se acogía el principio de publicidad material en su expresión positiva; además, se determinaba que los documentos registrados producían sus efectos, bien desde la fecha de su registro o quince días antes, según los dos supuestos aquí mismo contemplados (artículo 15). Establecíanse los requisitos que debía portar el registro de documentos; no se permitían espacios en blanco entre anotaciones; se admitían correcciones y se ordenaba devolver el documento registrado con la nota de inscripción respectiva (artículo 16). Se asignó el carácter de público al RM y se adoptó el principio de publicidad formal (artículo 17). Esta ley modificó lo dispuesto por el artículo 7o. y los relativos del capítulo III, título II, libro I del CCo.

Conviene señalar que el Reglamento del RM de 20 de diciembre de 1885 ciertamente detallaba lo prescrito por la Ley Especial, no obstante ello, al carecer del capítulo VI de su análogo de 1884, los encabezamientos prácticamente eran idénticos, pero su extensión era mayor, ya que albergaba treinta y uno artículos y dos transitorios. Título I. Del Registro de Comercio, de los encargados de él y de los libros que deben llevar (artículos 1-8). Título II. De los títulos sujetos a inscripción (artículos 9-14). Título III. De la forma y efectos de la inscripción (artículos 9-14). Título IV. De la rectificación de los actos del registro (artículos 15-19). Título V. De la publicidad del registro (artículos 22-31).

Tanto el Código de 1884 como el Reglamento de 1885 establecían un sistema de publicidad de algunos hechos con significación jurídica, que son relevantes en el aspecto mercantil (artículos 16, fr. II y 18 CCo., y 1o. del Rto., ordenamientos éstos actualmente vigentes). Sin embargo, el Código de Comercio (CCo.) de 1889 (artículos 18-32bis)—que hoy todavía nos rige— adoptó, mutatis mutandis, el sistema de registro alemán, a través del Código de Comercio español de 1885.

7. La Ley de Sociedades Anónimas de 2 de abril de 1888

La trascendencia de esta legislación radica, no sólo en que su contenido era moderno y sistemático para dicha época, sino también porque fue transcrita textualmente por el CCo. de 1890 y se convirtió en modelo —por lo que respecta a la SA— de la Ley General de Sociedades Mercantiles de 4 de agosto de 1934, ya que reprodujo gran parte de sus disposiciones. En efecto, ordenó el registro de los documentos que se refiriesen a la sociedad (artículo 9 § 2). Determinó registrar el acta levantada de la primera asamblea general, siempre que la sociedad se constituyere por suscripción pública (artículo 12). Estableció la obligación de inscribir las modificaciones relativas a la prórroga de la duración de la sociedad, la fusión de la entidad, la reducción del capital social, y el cambio del objeto social (artículo 47). Reglamentó que se conservasen en el RM los libros de la sociedad disuelta (artículo 64).

8. El Código de Comercio de 1889

Este código reguló el RM en catorce artículos dentro del capítulo II, título II, libro I. El RM podía instalarse en las oficinas del Registro Público de la Propiedad, en los oficios de hipotecas o en los juzgados de primera instancia del orden común (artículo 18). La matrícula era optativa para los comerciantes y obligatoria para las sociedades mercantiles y para las embarcaciones. Subyacen aquí los principios registrales de rogación y consentimiento (artículo 19). El registro requería que el registrador respetase el orden cronológico de presentación de documentos (artículo 20). En diecinueve fracciones se señalaban los datos que el comerciante debía plasmar en la hoja de inscripción, entre otros: nombre, razón social o título, giro comercial, domicilio de la casa matriz y de las sucursales, las escrituras de constitución de sociedades y las de modificación, rescisión o disolución de dichas entidades, los poderes generales, nombramientos y revocaciones, los títulos de propiedad industrial, las emisiones de acciones de toda clase de sociedades, los buques, las fianzas de los corredores, etcétera (artículo 21). Se instauró la "homologación" registral entre el Registro Público de la Propiedad y el Registro Público de Comercio (artículo 22). Se establecía efectuar la inscripción en la oficina registral del domicilio del comerciante, pero al involucrar inmuebles o derechos reales, también se tenía que realizar en la cabecera del partido o distrito judicial de la ubicación de tales bienes (artículo 23). Se señalaban los requisitos para que las sociedades mercantiles extranjeras se registraran (artículos 24 y 25). Se consagró el principio de publicidad registral material en su doble manifestación: negativa con respecto al RM (principio de inoponibilidad) y positiva con relación al RPP (artículo 26). Se calificó como dolosa la omisión de documentos que requerían inscripción (artículo 27). Se facultaba al cónyuge o al acreedor alimentario del comerciante a inscribir las capitulaciones matrimoniales o sus modificaciones, cuando éste las hubiere omitido (artículo 28). Se declaró el principio de publicidad material en su versión positiva (artículo 29). Se plasmó el principio de publicidad formal: proporcionar la información solicitada, según lo prescrito, precisamente aquí (artículo 30). Se estipuló categóricamente que en "ningún caso y por ningún motivo" se negaría la inscripción (artículo 31). Se previó la enmienda de la inscripción en caso de error material o de concepto (artículo 32).

El contenido del Reglamento del RM de 22 de enero de 1979 se desglosaba en cincuenta y un artículos y cinco transitorios. Éstos son los epígrafes: título primero. De la organización y funcionamiento del registro. Capítulos: I. Disposiciones generales (artículos 1 y 2). II. De los encargados del registro y sus funciones (artículos 3-15); título segundo. De los procedimientos. Capítulos: I. Del sistema (artículos 16-28). II. De los documentos sujetos a inscripción (artículos 29-34). III. De los índices (artículo 35). IV. De las condiciones requeridas para la práctica de las inscripciones (artículos 36-41). V. De la rectificación de asientos (artículo 42). VI. De la publicidad (artículos 43-50). VII. Del recurso registral (artículo 51).

Los méritos de esta preceptiva consistieron en que aportó un concepto del organismo, proporcionó los fundamentos para su organización, detalló un procedimiento de inscripción que se inauguraba con la presentación del documento y se clausuraba con su inscripción, suspensión o denegación; finalmente, concluía con la indicación de los recursos en caso de rechazamiento.

Elegimos esta propuesta porque nos parece uno de los más significativos. En este entendido, el capítulo segundo, título II, libro II, de dicha intentona, organizó lo relativo al RPC. No está por demás advertir que el proyecto —con gran tino— consideró a éste como "una pieza esencial en la organización jurídica del comercio". Además, la Comisión de Leyes, al configurar el capítulo segundo y debatir las normas sobre publicidad desde un inicio, se apoyó en tres postulados básicos: el primero, declarar que el registro es un servicio público federal a cargo de la Secretaría de Economía, y en su ausencia, de los encargados del RPP; el segundo, regular detalladamente los actos registrables como los efectos de éste y de su omisión, así como la forma de atender la inscripción. El tercer fundamento atinente a la publicidad en general de los actos, hechos y negocios mercantiles, más que al RM, planteó ante la comisión la cuestión de la importancia que en el derecho mercantil tendría que otorgarse al principio de la seguridad del tráfico a la tutela del crédito, frente al sistema antagónico de la seguridad de los derechos subjetivos, que es propio del derecho civil.

Éste último axioma "prohíbe que pueda plantearse una modificación de las relaciones patrimoniales de una persona, sin que para ello concurra su voluntad". Mientras que la seguridad del tráfico confía en la apariencia del derecho —en ese principio de política legislativa, según Ascarelli— para admitir cambios en las relaciones patrimoniales de una persona, sin que se requiera la comprobación del consentimiento conferido.

Por otra parte, el proyecto mantuvo los fundamentos estructurales atinentes a la inscripción, receptados tradicionalmente por nuestra doctrina y plasmados en nuestra legislación: 1o. Los efectos sólo declarativos de los actos registrados, aun los que se refieren a la inscripción de sociedades, que entre nosotros, diversamente de lo que sucede en bastantes derechos extranjeros, no conducen a la adquisición de la personalidad jurídica. 2o. La eficacia positiva y la negativa del registro, pues, por una parte, al reconocer el conocimiento de los hechos inscritos como eficaces e impugnables frente a terceros, y por otra parte, al admitir que los hechos no inscritos son inobjetables a terceros, pero sin aceptar, a semejanza del derecho francés (Robert de la Haye), una ininpugnabilidad absoluta, ya que en multiplicidad de casos el conocimiento que los terceros tengan, por cualquier otra vía, de los hechos no registrados, faculta que éstos les perjudiquen. 3o., e igualmente como corolario de la eficacia puramente declarativa, se aceptó el postulado de que la inscripción "nada añade al hecho inscrito, no regenera al que está viciado ni trae a la vida al que no existe" (Ferrara).⁵²

Por lo que respecta al contenido de este capítulo del proyecto, en relación con el Código de Comercio de 1889 —en ese entonces vigente—, es oportuno referirse a las similitudes y divergencias sustanciales. La competencia del registro era distinta, pues el proyecto la asignaba primariamente —como ya se estableció antes— a "funcionarios que al efecto designaba la Secretaría de Economía", y en ausencia de éstos se confería al RPP, que era el responsable originario en el susodicho ordenamiento mercantil.

Actualmente, la operación del RM es compartida por la Secretaría de Economía y por las autoridades responsables del RPP en las entidades federativas (artículo 18 § 2o. CCo.).

Además, el proyecto determinaba la inscripción de las sociedades como obligatoria, al igual que el artículo 19 del Código de Comercio—entonces en vigor—, pero tal disposición la hacía extensiva a los comerciantes individuales y a las empresas. Se aplicaba a todos un régimen uniforme de inscripción y existía sólo una oficina de registro, sin imitar modelos extranjeros como el italiano, en los que existen registros especiales de empresas (2188 y 2196 del CC); empero, no se llegó a la concentración total y absoluta, ya que el proyecto permitió la existencia de órganos autónomos de publicidad, como el Registro de la Propiedad Industrial, mencionado en el libro III al regular los elementos de la empresa; el Registro de Aeronaves, al que también aludió el proyecto al legislar sobre el transporte, y respetó, desde luego, el RPP, al que reiteradamente se remitía, para imponer la inscripción de los derechos reales y de algunos derechos de crédito.⁵³

La remisión deliberada al Código Civil, que la comisión estimó relevante para consolidar el sistema registral, y la supresión de preceptos relativos al derecho marítimo, posibilitó disminuir el extenso catálogo de los actos registrables enunciados todavía hoy en el artículo 21 del CCo. Efectivamente, el artículo relativo del proyecto distribuyó ese aspecto en seis fracciones, cinco de ellas se trasplantaron del CCo., entonces vigente, y la sexta se refería a la inscripción de la empresa. Dicha mecánica no redujo los actos sujetos a registro, sino sorteó repeticiones ociosas del Código Civil como del proyecto mismo, los cuales al preceptuar determinados actos obligaban a inscribirlos.⁵⁴

Conviene destacar lo valioso de este proyecto al regular la inscripción de la empresa y de los demás actos que gravitan alrededor de ella, ya que su normatividad reconocía la gran importancia que dicha figura representaba —ya desde entonces— frente a acreedores, terceros y para la economía en general.

No podemos soslayar que este proyecto facultaba solicitar la inscripción, no sólo a los comerciantes sino también a los jueces, notarios y a cualquier interesado en asegurar un derecho o en autentificar un hecho susceptible de inscripción. También debemos resaltar otro aspecto positivo de este proyecto, al preceptuar los efectos de las anotaciones preventivas en relación a las sociedades, ya que dicha propuesta colmaba una oquedad del ordenamiento mercantil vigente en esa época, lo cual significó la oponibilidad inmediata a terceros de la constitución de sociedades y de las modificaciones que experimentasen sus estatutos.⁵⁵

10. La reforma del 29 de mayo de 2000

En efecto, por decreto de 29 de mayo de 2000 del Diario Oficial de la Federación (DOF), se modificó el capítulo II del título segundo del CCo. de 1889, relativo al Registro de Comercio, en el que aparentemente se contienen el mismo número de artículos del 18-32, sin embargo, no es así, ya que se agregó el 20 bis, el 21 bis, el 30 bis, el 30 bis 1, y el 32 bis, amén de que se cambió la redacción y el contenido de los que permanecieron (18-32). Más tarde, el artículo que había permanecido incólume se vio afectado por el artículo tercero transitorio, fracción III, de la Ley de Navegación, en lo que se oponga a dicha ley, es decir, en el sentido de que los buques ya no se registrarán en el RPC, sino en el Registro Público Marítimo Nacional (artículo 14 de la Ley de Navegación y artículos 37-63 del Reglamento a la LN) (la reforma fue del 4 de enero de 1994 —DOF— y deroga, en esa parte, el artículo 19 del CCo.).⁵⁷

La reforma de 2000, actualmente en vigor y que abarca los artículos 18-32 bis, determina cuáles son los actos inscribibles y cuáles las autoridades federales y locales que habrán de operar el RM en la república mexicana, bajo lineamientos específicos, publicados en el DOF (artículo 18). Se advierte que el RM se halla incorporado al Siger, y que está constituido por un programa informático (PI), una base de datos central, treinta dos bases de datos locales (falta la correspondiente al D. F.), interconectadas y respaldadas electrónicamente, ambos propiedad del gobierno federal. Además, la Secretaría de Economía es quien ha de implantar dicho programa informático mediante el que se realizará la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de la información registral. Dicha dependencia federal también establecerá los formatos, los datos, requisitos y demás información necesaria para el cumplimentar la inscripción. Por otro lado, se prevé que en caso de discrepancia o presunción de alteración de la información del RM, entre la base de datos central y las de los Estados prevalecerá la primera, salvo prueba en contrario (artículo 20). Se regulan las atribuciones de los responsables de las oficinas del RM, tales como devenir depositarios de la fe pública registral mercantil, facilitar la consulta del registro, expedir certificaciones, operar el programa informático del sistema registral automatizado en la oficina a su cargo, etcétera (artículo 20 bis). Describe el contenido del folio electrónico: nombre, razón social o título; escrituras de constitución o cualesquiera otra modificación, poderes generales, etcétera (artículo 21). Fija las bases del procedimiento para la inscripción: recepción física o electrónica y generación de una boleta de ingreso; análisis de la forma precodifcada, verificación de antecedentes registrales, y en su caso, preinscripción de la información; calificación; y emisión de la boleta de inscripción (artículo 21 bis). Establece el número de control expedido por el RM como criterio de prelación entre derechos sobre dos o más actos relativos a un mismo folio mercantil electrónico (artículo 21 bis 1). Mantiene la "homologación" registral entre la inscripción hecha en el de la Propiedad y en el de Comercio (artículo 22). Ordena la inscripción en el RM del domicilio del comerciante y, cuando están de por medio inmuebles o derechos reales, aquélla se realizará en el RM donde se ubiquen dichos bienes o derechos (artículo 23). Reglamenta la inscripción de sociedades extranjeras en el RM (artículo 24). Determina que los actos inscribibles consten en instrumentos públicos o privados, certificados por notario, corredor o autoridad judicial competente, según corresponda (artículo 25). Regula las condiciones bajo las que los actos inscribibles constan en documentos o sentencias provenientes del extranjero (artículo 26). Admite el principio de publicidad en su aspecto negativo (artículo 27). Faculta al cónyuge o al derechohabiente alimentario del comerciante para solicitar la inscripción de las capitulaciones matrimoniales cuando éste las haya omitido 28). Declara el principio de publicidad material en su expresión afirmativa (artículo 29). Regula la expedición de certificaciones, previo escrito y pago de derechos correspondientes (principio de publicidad formal) (artículo 30). Prescribe que la Secretaría de Economía podrá autorizar el acceso a la base de datos del RM, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley (artículo 30 bis). Prevé los supuestos en que los registradores podrán denegar la inscripción como una excepción al principio afirmativo de registro. Permite, además, subsanar los datos para la inscripción en caso de que existan defectos u omisiones (artículo 31). Autoriza la rectificación de los asientos en la base de datos por causa de error material o de concepto, sólo cuando haya divergencia entre el documento donde conste el acto y la inscripción (artículo 32). Puntualiza que la rectificación de errores de concepto sólo procede mediante consentimiento unánime de los interesados o por resolución judicial (artículo 32 bis).

11. El Reglamento al Registro Mercantil de 24 de octubre de 2003

Esta disposición comenzó su vigencia al día siguiente de su publicación y es el que se aplica actualmente. Cuenta con cuarenta y dos artículos, más ocho transitorios, ubicados en siete capítulos: I. Disposiciones generales (artículos 1-3). II. Del procedimiento registral (artículos 4-20). III. De las consultas y certificaciones. IV. De la base de datos central del registro (artículos 27-29). V. De la inscripción de garantías mobiliarias (artículos 30-35). VI. De los responsables de oficinas, registradores, analistas y el padrón (artículos 36-41). VII. Del recurso (artículo 42).

Lo destacable de este ordenamiento es que al recoger las reformas hechas al Código de Comercio en 2000 que modificaron, entre otros, los preceptos relativos al RM, estableció la digitalización y operatividad del nuevo RM, mediante un programa informático que es parte del Sistema Integral de Gestión Registral (Siger).

Ahora bien, a partir de 1997, prácticamente se inició una nueva etapa para el registro mercantil mexicano. Efectivamente, el programa de modernización tecnológica comenzó en dicho año cuando se buscó desarrollar un sistema para automatizar los registros públicos en el país. Antes de 1997 el recurso informático era insignificante, en gran parte de nuestra república se realizaba un manejo manual con papel. Las oficinas que tenían sistemas apoyaban su administración en libros. En la mayoría de los estados estos sistemas eran simplemente un índice. Había sistemas en Fox, otros con Informix, incluso algunos con Oracle. Pero todo estaba orientado a complementar la información en libros y no a reemplazarla. Ahora, todas las entidades federativas que conforman la república mexicana utilizan estos nuevos sistemas. El D. F. aún no se ha incorporado al Siger que dirige la Secretaría de Economía.

En un ensayo posterior me referiré a la modernización del RM mediante la automatización.

12. Distinción entre el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y otros registros

13. Diferencias entre el Registro Público de La Propiedad y el Registro Público de Comercio

A pesar de que ambas oficinas tienen como objetivo común proporcionar publicidad, y que regla general, comparten un mismo edificio y un mismo director, sin embargo, hay ciertas características que las deshermanan:

A. El Registro de la Propiedad viene regido por una ley local, el RM por disposiciones federales (ley y su reglamento)

Al respecto, no está por demás recordar que el Congreso de la Unión tiene facultad expresa para legislar en materia mercantil y, por ende, también por lo que atañe al RM (artículo 73, fr. X). Por otra parte, las legislaturas locales de la entidades federativas —el D.F. concreta claramente este supuesto, según el artículo segundo del Estatuto de Gobierno del D. F y el artículo 43 de nuestro supremo código político— pueden legislar en asuntos del orden civil como lo es el Registro Público de la Propiedad (artículo 124 de nuestra carta magna).

B. El Registro de la Propiedad publicita las cosas y los derechos reales

Ello significa que recibe para su inscripción los títulos a través de los cuales se crea, declara, reconoce, adquiere, transmite, modifica, limita, grava o extingue el dominio, posesión y los demás derechos reales sobre inmuebles; la constitución del patrimonio familiar; los contratos de arrendamiento de inmuebles celebrados por un periodo mayor de seis años, y aquéllos en que existan anticipos de rentas por más de tres años; las fianzas y embargos (artículo 3042 del CCDF), así como la creación y constitución de sociedades civiles.

Mientras que el RM ha de aceptar la inscripción de los comerciantes, personas jurídicas o físicas, y los hechos vinculados con ellos. En precepto ad hoc, el CCo. enlista clara y específicamente, en trece fracciones, el contenido registrable que debe aparecer en el folio electrónico de cada comerciante o sociedad: nombre, razón social o título; giro comercial u operaciones a que se dedique; fecha inicial de operaciones; domicilio (y sucursales, en su caso); escrituras de constitución, modificación, rescisión, fusión, disolución o escisión de sociedades; acta de la primera asamblea general y documentos anexos en las SA constituidas por suscripción pública; poderes generales y nombramientos, y revocación de los mismos si la hubiere, conferidos a gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios; licencia de un cónyuge a otro, según lo prescrito en el § 2o. del artículo 9 del CCo.; las capitulaciones matrimoniales y los documentos que acrediten alguna modificación a las mismas; los documentos justificativos de los haberes o patrimonio que tenga el hijo o el pupilo que estén bajo la patria potestad, o bajo la tutela del padre o tutor comerciantes; el aumento o disminución del capital efectivo en las SA y en la comandita por acciones; las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de sociedades, sean de obras públicas, compañías de crédito u otras, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su interés y amortización, la cantidad total de la emisión, y los bienes, obras, derechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten a su pago. También se inscribirán con arreglo a estos preceptos, las emisiones que hicieren los particulares, y las fianzas de los corredores (artículo 21).

V. Anexo

Notas

¹ Para muestra un botón: cónsultese la página Web del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco para que se verifique nuestro dicho.

² Véase "El Registro de la Propiedad egipcio, según la literatura papirológica registral egipcia", RCDI, 1961, pp. 317 y ss.         [ Links ], particularmente p. 324. Las cursivas son mías.

³ García García, J. M., Derecho inmobiliario registral o hipotecario, Madrid, Civitas, 1988, t. I, p. 145.         [ Links ] Juan Iglesias (Derecho romano, 6a. ed., Barcelona, Ariel, 1979, p. 288) dice que en el Egipto romano existieron los registros inmobiliarios,         [ Links ] creados hacia el año 60 d. C., que otorgaban garantías a los dueños de bienes privados, pero también devenía una ventaja para el Estado, ya que así mantenía el control de las propiedades y aseguraba el pago de los tributos.

⁴ Idem. Además, cfr. González y Martínez, Estudios de derecho hipotecario y derecho civil, Madrid, Ministerio de Justicia, 1948, t. I, pp. 32 y 33.         [ Links ]

⁶ Per la Storia della publicita inmobiliare e mobiliare citado por ibidem, p. 148; sobre sendas instituciones véase Ourliac, P. y Malafosse, J. de, Derecho romano y francés histórico, trad. de Manuel Fiaren, Barcelona, Bosch, 1963, t. II, p. 571.         [ Links ]

⁷ Cfr. Kozolchyk, "The Transfer of Personal Property by a Non-Owner: Its Future in Light of its Past", Tulane L. Rev., vol. 61, 1987, p. 1459;         [ Links ] id., "Comentarios introductorios como presidente de la Reunión del Grupo de Expertos de OEA-CIDIP-VI"; transcripción de la conferencia en Ariz. J. Int’l & Comp. L., vol. 18, 2001, pp. 342 y 343.

⁸ García, op. cit., nota 3, p. 150. Dicho texto posiblemente pertenecía a la tabla VI.

⁹ Ibidem, p. 151.

¹⁰ Sohm, R., Instituciones de derecho privado romano. Historia y sistema, 17a. ed., trad. de W. Roces, Revista de Derecho Privado, 1928, pp. 46 y ss.         [ Links ]

¹¹ Véase Grundbuch, en http://www.grundbuch.de/. También, reunión OEA-CIDIP-VI..., cit., no- ta 7, p. 7.

¹³ González y Martínez, op. cit., nota 4, pp. 38-42. Gewere proviene de la raíz were (gótico vasjan, que puede traducirse por vestire o investire), es decir investidura; equivalente al francés saisinè y al inglés seisin (de sazjan, poner en posesión) y comprendía los actos en cuya virtud es transmitido el señorío jurídico de los inmuebles.

¹⁴ Echávari y Vivanco, Comentarios al Código de Comercio, 2a ed., Valladolid, España, s. a., t. I, p. 114.         [ Links ]

¹⁵ Gomes Parada, "Historia del comercio y de su legislación", El Foro (periódico de jurisprudencia y legislación), t. V, núm 101, México, Francisco Monsalve, 31-10-1875, p. 41.         [ Links ]

¹⁶ Cfr. Rehme, P., Historia universal del derecho mercantil, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1941, pp. 79 y ss.         [ Links ]

¹⁷ Cfr. Lattes, Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane, Milán, 1884, p. 25;         [ Links ] Von Gierke, J., Derecho comercial y de la navegación, Buenos Aires, TEA, 1957, t. I, p. 85.         [ Links ] En el mismo sentido, Goldschmidt, Storia universale del diritto commerciale, trad. de Scialojia, Milán, UTET, 1913, pp. 190 y ss.         [ Links ] Adviértase que en Berlín existía la corporación de los Ancianos del Comercio (Aeltesten der Kaufmannschaft).

¹⁸ Al igual que en la comunidad de la ciudad (el común, la villa o el pueblo), la corporación era una unión estrecha bajo juramento, cuyos miembros juraban periódicamente observar los estatutos leídos en la asamblea general, obedecer a los magistrados, tener una conducta escrupulosa y ordenada. La exposición de las corporaciones florentinas se funda en esencia únicamente en el Estatuto de Calimala de 1332. Véase Goldschmidt, op. cit., nota 17, pp. 132 y ss.

¹⁹ Garrigues, J., Curso de derecho mercantil, 9a. ed. (reimp.), México, Porrúa, 1993, t. I, p. 696.         [ Links ]

²⁰ Pavone La Rosa, A., Il registro delle imprese, Milán, Giuffrè, 1954, pp. 5-7.

²¹ Albo es un elenco oficial de quienes pertenecen a una asociación o de quienes ejercitan una profesión. Cfr. Dizionario Garzanti della lengua italiana, Italia, Garzanti, 1968. Registro es "libro destinado a que en él se anoten nombres o datos de los que debe quedar constancia". Seco M. et al., "voz: registro", Diccionario del español actual, México, Aguilar, vol. II, 1999. Al respecto, Mossa ha expresado: el albo de los comerciantes de categoría está en el sustrato de los registros italianos. En la matrícula de las corporaciones descansan los distintos registros mercantiles. Trattato del nuovo dirittto commerciale, Milán, SEL, t. II, núm. 324, 1942. Hoy en día, en Italia existen el albo dei giornalisti, esto es, la entidad de matiz corporativista y excluyente que decide en Italia quién puede trabajar como periodista y quién no.

²² Dell’accomandita, cap. VIII, citado por Echávari y Vivanco, op. cit., nota 14, p. 116.

²³ Goldschmidt, op. cit., nota 17, p. 130.

²⁴ Dicha ordenanza, en sus artículos 207-208, ordena a los comisarios reunir ordenadamente en un volumen todos los textos vigentes, bajo la dirección de Barnabé Brisson, presidente del Parlamento de París.

²⁵ Sin embargo, "aquéllos que querían ejercer su oficio al margen de los gremios se instalaban, principalmente, en los suburbios"; cfr. Heckscher, Eli F., La época mercantilista, 1a. reimpr., trad. de Wenceslado Roces, México, FCE, 1983, pp. 131 y 132.         [ Links ] En febrero de 1587, Barnabé Brisson presentó al rey de Francia el código del rey Enrique III, dividido en 20 libros, subdivididos a su vez en títulos y éstos en artículos numerados. Para que entrara en vigor tenía que ser aprobado por el parlamento, pero dos años después, tanto Enrique III como Brisson fueron asesinados, y como si estuviere actualizado, fue reeditado desde 1601 hasta 1622, y se tuvo como modelo por los redactores de la Enciclopedia; en realidad, el código de Enrique III se quedó en mero proyecto de codificación general.

²⁶ Satanowsky, M., Tratado de derecho comercial, Buenos Aires, TEA, 1957, t. III, núm. 77;         [ Links ] en el mismo sentido, Ripert, op. cit., nota 12, p. 85. Aquel autor indica que Alemania receptó el RM una centuria después, esto es, a fines del siglo de la Ilustración. Echávari y Vivanco (op. cit., nota 14, p. 115) son quienes se refieren a Austria. Francia suprimió la organización gremial al surgir la revolución francesa e instaurar la libertad de trabajo.

²⁷ El origen del RM, hasta antes de su automatización, ha de indagarse en las legislaciones germana y suiza; Escarrá, J., Principes de droit commercial, París, Recueil Sirey, t. I, núm. 257, 1934-1937.         [ Links ]

²⁸ Rodríguez Rodríguez, J., Tratado de sociedades mercantiles, 6a. ed., México, Porrúa, 1981, t. I, p. 146;         [ Links ] al respecto, Echávari y Vivanco (op. cit., nota 14, p. 116) indican que la falta de registro no provocaba sanción alguna.

²⁹ Thaller (op. cit., nota 12) indica que en Francia se instituyó el RM precisamente con la ley de 1919. Sin embargo, arriba señalamos las Ordenanzas de Blois de 1579 y el edicto proclamado por Enrique III en 1581, los cuales permiten presumir su existencia.

³⁰ Cfr. Ceravolo, F., "El notario y el documento notarial en Las Partidas", Cuadernos Notariales, La Plata, Universidad Notarial Argentina, núm. 21, 1954, p. 27.

³² Cfr. Echávari y Vivanco, op. cit., nota 14, p. 117.

³³ Cfr. Menéndez Menéndez, A., "El Registro Público de Comercio en el Código de Comercio español de 1829", en varios autores, Leyes hipotecarias y registrales de España, Madrid, Castalia, II Congreso Internacional de Derecho Registral, 1974, t. IV, p. 17.         [ Links ] El Nuevo Febrero Mexicano confirma que también el Código de Comercio español de 1829 fue aplicado en México, a pesar de lo cual, el 28 de abril de 1834 fracasó el intento de implantar este código, cfr. Floris Margadant, G., "Las fuentes del derecho mercantil novohispano", Memoria de los I, II y III Congresos Nacionales de Derecho Mercantil, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas 1982, p. 285.

³⁴ 29 de mayo de 1829 es la fecha de promulgación de dicho Código de Comercio. Las cursivas son mías.

³⁵ Algunos de los códigos de comercio anteriores al nuestro fueron: el francés de 1807, el español de 1829, el portugués de 1833, el griego de 1835, el holandés de 1838, el turco, brasileño y costarricense de 1850 y el de Perú de 1852. Es muy factible que algunas de estas leyes influyeran directamente en su homólogo mexicano de 1854. Desafortunadamente, no pudimos consultar la mayoría de esos textos, por lo que no podemos afirmar categóricamente en qué consistió la influencia de aquéllos con respecto a la institución que nos ocupa. Sin embargo, conviene advertir que el proyecto de la Comisión Real del Código de Comercio Español de 1828 no regulaba la institución registral y, más específicamente, la matrícula de comerciantes. La explicación de tal hecho radica en la tendencia hacia la aplicación general por razón de los negocios, del derecho mercantil, y por ende, del Código de 1829; esto es, se consideró como un ordenamiento eminentemente objetivo; esta aplicación se impone "ya indistintamente a comerciantes matriculados y a no comerciantes —sistema del Código de 1829— ya al menos —sistema del proyecto— haciendo depender la calificación de comerciante de requisitos otros que el de la inscripción en un censo profesional, es decir, de signos objetivos que revelen, cualquiera que sea el estatuto personal, la dedicación al comercio". Rubio, Sainz de Andino y la codificación mercantil, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1950, p. 117.         [ Links ] Por otro lado, el RM se introdujo en China en 1914, en Liechtenstein y Turquía en 1926, y en Bélgica en 1929.

³⁶ Manuel Cervantes es quien afirma esto en su libro El derecho mercantil terrestre de la Nueva España, México, Mijares y Hno., 1930, p. 16. En la Real Cédula de erección del consulado del 15 de junio de 1592 se menciona la petición que realizaron el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de México, conjuntamente con los mercaderes: "En 1561 un grupo de mercaderes avecinados en la capital novohispana solicitó al virrey y a la audiencia de México, la creación de un ‘consulado... como lo hay en la ciudad de Burgos, Barcelona, Valencia y Sevilla’, en razón de los ‘grandes daños y costas’ que padecía el comercio de la ciudad a causa de la demora en la resolución de los numerosos pleitos que se exponían ante la justicia ordinaria. Los mercaderes apelaron al papel central que desempeñaban al abastecer a crédito a la minería, actividad generadora de ‘muy grandes derechos’" (Ordenanzas del Consulado de México, §3o.); cfr. Valle Pavón, G. del, "Los privilegios corporativos del consulado de comerciantes de la ciudad de México", Historia y grafía, julio-diciembre de 1999, p. 3.         [ Links ] Felipe II expidió en Martín Muñoz la Cédula Real que establecía el Consulado de la Universidad de los Mercaderes de la Nueva España.

Las ordenanzas confeccionadas entre 1595 y 1597 fueron confirmadas por Cédula Real firmada en Ventosilla (Recop. IX, 46, I); Smith, "Antecedentes del Consulado de México 1590-1594, Rev. de Historia de América, México, 1942, núm. 15, p. 26;         [ Links ] id., The Spanish Guild Merchant: A history of the Consulado 1250-1700, Durham, North Carolina, Duke University Press, 1940. Fueron varias las ediciones de las Ordenanzas del Consulado de México: la 1a. por Bernardo Calderón en 1636; la 2a. por la viuda de Bernardo Calderón en 1652; la 3a. por Juan Ruiz en 1636; la 4a. por Felipe de Zúñiga y Ontiveros en 1772, la 5a. por Mariano Ontiveros en 1816; ésta se publica en 1869 y aparece como apéndice al Tratado filosófico legal sobre letras de cambio, escrito por Víctor Martínez. Bernardo Pérez Fernández del Castillo (Derecho registral, 5a. ed., México, Porrúa, p. 167) indica: "el primer consulado de la Nueva España, que sirvió de tribunal para los comerciantes de esa época, se estableció en la ciudad de Veracruz en 1795", lo cual no es exacto, pues primero existió el Consulado de México. Desafortunadamente, dicho autor no señala el fundamento que lo llevó a realizar dicha afirmación. Además, desde el Medievo sabemos que los cónsules fungían simultáneamente como magistrados municipales y como jueces, de ahí el nombre de jurisdicción consular. Cfr. Ripert, op. cit., nota 12, p. 11.

Por otra parte, la doctrina como los textos de las Ordenanzas del Consulado de México demuestran otra cosa. En efecto, Manuel Cervantes reduce a cinco las funciones de dicho consulado: legislativas, judiciales, administrativas, financieras y militares (op. cit., nota 36, p. 18). En cuanto a los textos, la ley XXVI expresa: "Ordenamos que todas las personas de esta Universidad tengan acatamiento a Prior, y Cónsules, como se quiere, por ser Jueces de su Majestad". En otra Cédula Real para que haya consulado, que está inserta con las ordenanzas, se establece muy claramente: "y se diese facultad a los Mercaderes... para poder elegir, y nombrar Prior, y Cónsules en la dicha Ciudad de México, los cuales puedan conocer, y determinar todos los negocios, y causas que se ofrecieren entre los dichos Mercaderes... como lo hacen el Prior, y Cónsules de las dichas ciudades de Sevilla y Burgos. En las Ordenanzas de Sevilla que estuvieron vigentes en México se decía: "a los cuales dichos Prior y Cónsules... damos poder y facultad, para que tengan jurisdicción de poder conocer y conozcan de todas y cualesquier diferencias y pleitos que hubiere" (Rec. de Ind., lib. IX, tít. XLVI, L. I y XXVIII). A mayor abundamiento, Cervantes infiere que dos eran los objetivos primordiales de la jurisdicción consular: "substraer las controversias mercantiles a los formulismos y dilaciones de la justicia ordinaria, y substituir al rigorismo de la ley el imperio de la equidad, a la verdad jurídica la verdad real, como norma de solución de dichas controversias". Congruentes con tales postulados, las Ordenanzas del Consulado de México preceptúan que los negocios se tramiten breve y sumariamente, a verdad sabida y buena fe guardada y sin injerencia de letrados (op. cit., en esta misma nota, p. 33); ciertamente, un palmario vestigio de las Ordenanzas de la antigua forma judiciaria del Consulado del Mar (para Valencia en 1283, Palma de Mallorca en 1343 y Barcelona en 1347) en las que resuenan los ecos de la Saepe contingit y Dispendiosam del Papa Clemente V, diciéndose que los cónsules debían decidir los juicios breument, sumaria, è de pla, sens brugit, è figura de juy, sola facti veritate attenta. Hevia Bolaños explica claramente sendas locuciones en su Curia Philípica (lib. II, cap. XV, núm 37, Madrid, Real Cía. de Impresores y Libreros del Reyno, 1783). El propio Hevia (en lib. II, cap. XV, núm. 1) indica que el consulado "es el Tribunal de Prior y Cónsules, diputado para el conocimiento de las causas de mercaderes tocantes a su mercancía, según una ley recopilada (Recop. lib.10, tit. 13, l. I), Curia Philipica, 2a. impr., Madrid, Secretaría del Despacho Universal de Guerra, 1771, p. 439. "Estas instituciones [los consulados] que fueron creadas en los dominios españoles como meros tribunales, funcionaron también como gremios medievales", Ruiz Guerra, R., "El Consulado de los Comerciantes de la Ciudad de México", Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983, p. 619. Las cursivas en todos estos textos son mías.

³⁷ Cruz Barney dice que las primeras ordenanzas de la Casa de Contratación de Sevilla se expidieron en Alcalá de Henares el 20 de enero de 1503, con una extensión de veinte artículos (cfr. El régimen jurídico de los consulados de comercio indianos: 1784-1795, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, p. 23); su dicho se funda en Veytia Linaje, J., Norte de la Contratación de las Indias Occidentales (facsímil del de 1672), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1981, lib. I, cap. I, núm. 1. Mientras que las ordenanzas del Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla se aprobaron por real provisión de 14 de julio de 1556; Cruz Barney, Historia del derecho en México, 2a ed., México, Oxford, 2004, p. 374.

Para un estudio pormenorizado de las ordenanzas del Consulado de México y sus particularidades, véase Barrero García, Ana María, "La legislación consular en la recopilación de Indias", en Icaza Dufour, Francisco de (coord.), Recopilación de Leyes de los reinos de las Indias. Estudios historico-juridicos, México, Miguel Ángel Porrúa-Escuela Libre de Derecho, 1987, pp. 475-598.         [ Links ] Id., "Notas para una nueva edición de las Ordenanzas del Consulado de la Universidad de Mercaderes de Nueva España", en Bernal, Beatriz (coord.), Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,1988, vol. I;         [ Links ] Ruiz Guerra, R., "El Consulado de Comerciantes de la ciudad de México", en Soberanes, José Luis (coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984;         [ Links ] Smith, R. S., The Spanish Guild Merchant; A History of the Consulado, 1250-1700, Durham, North Carolina, Duke University Press, 1940;         [ Links ] Pérez Herrero, Pedro, Catálogo del Grupo Documental Consulado, México, AGN, 1982, serie Guías y Catálogos, núm. 69;         [ Links ] id., El Consulado de Comerciantes de la ciudad de México y las reformas borbónicas..., El Colegio de México, 1981, tesis doctoral.

³⁸ Oficialmente se dijo: "Primeramente ordenamos, que el gremio y comercio del consulado, se llame Universidad de los Mercaderes de esta Ciudad de México e Nueva España y sus Provincias del Nuevo Reyno de Galizia, Nueva Vizcaya, Guatemala, Yucatán y Soconusco y de los que tratan en los Reynos de Castilla, Pirú, Islas Philipina y China". Su advocación era la de la "Limpia Concepción de la Sacratísima siempre Virgen Nuestra Señora, y del glorioso seraphico San Francisco"; véase León Pinelo, Antonio de, Recopilación de las Indias, lib. III, tít. 28, México, Miguel Ángel Porrúa-UNAM, 1992;         [ Links ] Barney, op. cit., nota 37, p. 48.

³⁹ Las cursivas son mías. Véase Ordenanzas del Consulado, en Cruz Barney, O., El riesgo en el comercio hispano-indiano: préstamos y seguros marítimos durante los siglos XVI a XIX, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, anexo II;         [ Links ] también en Cervantes, op. cit., nota 36, pp. 10 y ss.; Solórzano y Pereyra indica 1593 como fecha de establecimiento del Consulado de México. Cfr. Política Indiana, lib. 6o., cap. 14, núm. 24.

⁴⁰ Por Real Cédula de 4 de marzo de 1719 está declarado no ser necesario el requisito de matrícula, y que tenga por suficiente notoriedad de ser mercader, y en su defecto la información que se hace sobre si el demandado lo es o no. Las cursivas son mías. Cfr. Bentura Beleña, E., Recopilación Sumaria de todos los Autos de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España y Providencias de su Superior Gobierno..., t. I: Autos... desde el año de 1528-1677, México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1981, pp. 35 y 36.         [ Links ]

⁴¹ La 1a. edición se hizo en la imprenta de Bernardo Calderón, la 2a. fue impresa por la viuda de éste, la 3a. por Juan Ruiz, la 4a. por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, la 5a. por Mariano Ontiveros, la 6a. aparece como apéndice al Tratado filosófico legal sobre letras de cambio de Víctor Martínez; cfr. Cervantes, M., op. cit., nota 36, p. 18; dicho autor señala que "con excepción de la última, todas las demás ediciones son raras". Mientras que Juan N. Rodríguez de San Miguel (Pandectas hispano-megicanas) sólo menciona la primera edición en 1636, la segunda en 1772 y la última en 1816; cfr. el t. II, p. 353, facsímil de la edición mexicana de 1852, publicada por la UNAM, Instituto de Investigaciones Júridicas como 4a. ed., en 1991.

⁴² Valle Pavón, op. cit., nota 36. Las Ordenanzas del Consulado de Sevilla, elaboradas por su tribunal y un jurista miembro del Consejo de Indias, fueron publicadas por Felipe II, en julio de 1556. Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias en la época de los Habsburgos, México, FCE, 1939, p. 55.         [ Links ]

⁴³ Énfasis añadido. Dicho auto aparece en las Ordenanzas del Consulado de México como preámbulo a las ordenanzas. En el mismo sentido, véase Leyes de Indias 9-46-75.

⁴⁴ Cfr. Rodríguez de San Miguel, op. cit., nota 41, p. 362. Las cursivas son mías.

⁴⁵ Barrera Graf. J., Instituciones de derecho mercantil, 1a. reimpr., México, Porrúa, 1997, p. 168.         [ Links ]

⁴⁶ Énfasis agregado. En las Indias, los gremios eran organizaciones jerárquicas y monopolísticas privativas de peninsulares y criollos; véase Weckmann, L., La herencia medieval de México, México, El Colegio de México, 1984, t. II, p. 481.         [ Links ]

⁴⁷ Cursivas mías.

⁴⁸ Cfr. Dublán y Lozano, Legislación mexicana, México, Imprenta del Comercio Dublán y Lozano Hijos, t. 4, 15-11-1841, pp. 51-76. Las cursivas son mías.

⁴⁹ Puede verse la información que al respecto proporciona Pallares, J., Derecho mercantil mexicano, México, UNAM, 1987, edición facsimilar.         [ Links ] Es indudable que la instauración del RM en esta época mostró un gran avance en la legislación mercantil, así como en el desarrollo del comercio en el país; cfr. Orozco, E., La evolución de la legislación mercantil en la república, México, Tipografía de la Viuda de F. Díaz de León, 1911, p. 90. El proyecto de CCo. de 1880, concibió la matrícula como "la inscripción que se hace del nombre y apellido de las personas que adoptan por ocupación habitual el comercio, y de otras circunstancias relativas al giro o negociación que pretendan establecer" (artículo 37). Además, se estableció que "la matrícula es la que confiere a la persona objeto de ella la aptitud legal para comerciar, y sujeta sus actos y obligaciones a los preceptos de este código" (artículo 39).

⁵⁰ Al ser esta ley aplicable en toda la república, y como era muy factible que en algunas entidades federativas no existiesen oficinas del registro público, era necesario prever este supuesto.

⁵¹ En este punto hemos seguido lo propuesto por Barrera Graf, Jorge, Estudios de derecho mercantil, México, Porrúa, 1958, pp. 278 y ss.         [ Links ]

⁵² Ibidem, p. 280.

⁵³ Ibidem, p. 281.

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ Ibidem, p. 282.

⁵⁶ Idem.

⁵⁷ El artículo 7o. transitorio del Reglamento a la Ley de Navegación de 10-XI-1998 (DOF) abrogó el Reglamento del Registro Público Marítimo Nacional de 29-VIII-1980.

⁵⁸ Cfr. Pérez Fernández, op. cit., nota 36, p. 66.

⁵⁹ El registro público establecido en virtud de lo prevenido en los artículos 3344 a 3363 del Código Civil de 8 de diciembre de 1870 está encargado de tomar razón de todo acto, contrato o escritura que implique trasmisión, modificación o gravamen en la propiedad, goce o usufructo de bienes inmuebles. Antes no existía el registro, sino para las hipotecas y censos convencionales según la ley 4, tít. 16, lib. 10, Nov. Recop. y cédulas y bandos que pueden verse en las Pandectas Mexicanas, núms. 3249 y ss. En el Distrito Federal la oficina del registro público está reglamentada por decreto de 28 de febrero de 1871, modificado por la planta de los presupuestos posteriores y se compone de seis secciones, una de ellas encargada de los negocios mercantiles con arreglo al decreto que se inserta en el texto.

⁶⁰ Hoy deben tenerse presentes los artículos 18 a 32 bis del Código de Comercio vigente.