Romero Pérez, Jorge Enrique, Derecho administrativo especial. Contratación administrativa
Francisco Mora Gallegos
Costa Rica, 2002, 249 pp.
El libro consta de once capítulos, dedicados a efectuar un crítico análisis del estado que guarda la contratación administrativa en Costa Rica. La territorialidad de la obra constituye, sin duda, una gran valía para los estudiosos del derecho comparado en el tema. El autor presenta en el primer capítulo, propuestas de modificaciones y adiciones a la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Las propuestas de reformas tienen como sustento su gran experiencia en la materia, destacando que algunas de ellas tienen su base en la jurisprudencia que sobre el tema ha sido emitida por la Sala Constitucional de ese país.
El capítulo dos está dedicado por Romero Pérez a enunciar los principios constitucionales de la contratación administrativa. Es de destacar la disposición constitucional costarricense (artículo 182), que en forma similar al artículo 134 de nuestra ley suprema establece que las obras públicas (compras, ventas o arrendamientos de bienes) se efectuarán mediante licitación pública.
]]> Romero Pérez efectúa, en los capítulos del tercero al noveno, un análisis de la contratación administrativa en el derecho positivo. Para tal fin, su estudio tiene como objeto las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, así como la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos.El autor dedica el capítulo tercero a enunciar y describir las características de las diversas fases que integran el procedimiento licitatorio. Estas fases, previas a la contratación, y que habrán de ser analizadas en varios capítulos de la obra, son: estudio de las necesidades de realizar el contrato; constatar que existen fondos públicos; estudio, elaboración y publicación del cartel (bases de licitación en nuestro sistema jurídico); presentación de ofertas; estudio, clasificación y recomendación ofertual; adjudicación; concurso desierto; recursos o impugnaciones; refrendo y ejecución del contrato.
Los procedimientos para adjudicar los contratos: licitación pública y licitación privada, con sus diversas modalidades, son abordadas en el capítulo cuarto. El autor pone de manifiesto en este apartado su gran conocimiento sobre el tema, al señalar algunas modalidades reguladas en ley, que en su opinión resultan inaplicables en la práctica. En este capítulo, al igual que a lo largo de la obra, encontraremos casos prácticos que nos presenta al autor para señalar su postura, aprobatoria o desaprobatoria, sobre el tema específico que analiza, incluido su sustento legal.
Romero Pérez otorga gran importancia a la oferta que presenta el particular, así como al cartel o pliego de condiciones, que en nuestro sistema jurídico equivale a las bases de licitación. La preeminencia de estos dos elementos es tal, que al decir del autor no existe obligación legal de formalizar el contrato, toda vez que el convenio o negocio está legalmente documentado, pues en la oferta y en el cartel están las condiciones del contrato administrativo. El cartel es la propuesta que hace el Estado, la oferta es lo que propone el particular, y el acto de adjudicación es la voluntad del Estado seleccionando una de las ofertas. Estas dos figuras (pliego de condiciones y oferta) son analizadas por el autor en los capítulos quinto y sexto, respectivamente.
En el capítulo séptimo el autor desarrolla los tipos de garantía que establece la Ley de Contratación Administrativa: la de participación, en el proceso licitatorio, la de cumplimiento, que forma parte de la contratación. Asimismo, analiza sus objetivos, exigencias, forma, devolución, sustitución y ejecución.
Los capítulos octavo y noveno son dedicados al análisis de la adjudicación y a los recursos administrativos, respectivamente. Destaca en la legislación costarricense la presencia de recursos adicionales a los que comprende nuestro sistema jurídico. De esta forma, la apelación es presentada ante la Contraloría General de la República para atacar el acto administrativo de selección de una oferta o propuesta de un concurso público, mientras que con el recurso de revocación se ataca una adjudicación en un concurso público; este último recurso no se presenta ante la Contraloría General de la República, sino ante la misma administración que dictó la selección del contratista.
En el capítulo décimo, Rómero Pérez analiza los diversos contratos administrativos regulados por las leyes de Contratación Administrativa y de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, respectivamente. Estos contratos son: de obra pública, de concesión de obra pública con servicios públicos, suministros (que no es otro que el de adquisición de bienes muebles en nuestro sistema jurídico), de servicios técnicos y profesionales, y de empréstito. Es de destacar el reconocimiento expreso que hace la normativa costarricense a la concesión como contrato.
Especial importancia concede el autor al contrato de gestión interesada, por lo que dedica el último capítulo de su libro para analizarlo a detalle. Al decir de Romero Pérez, este contrato es una modalidad del contrato administrativo de la concesión, con la variante de que la administración pública y el gestor (particular) reciben una participación en los beneficios de la ejecución y explotación del contrato. La historia reciente costarricense registra la utilización de esta figura jurídica para permitir la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. En este orden de ideas, Romero Pérez dedica gran parte de este capítulo para analizar la participación de particulares en el Aeropuerto "Juan Santamaría" mediante la figura del gestor; resulta por demás interesante conocer los argumentos jurídicos del autor, que lo llevan a concluir que el procedimiento utilizado para entregar el aeropuerto a particulares es inconstitucional e ilegal.
Romero Pérez es, sin duda, una de las figuras más destacadas en el ámbito jurídico administrativo de Costa Rica. Su conocimiento de la materia es sobresaliente, así como sus aportaciones. A manera de ejemplo se comenta lo siguiente:
A partir del 1o. de mayo de 1996 inició la vigencia de la Ley núm. 7494, sobre la contratación administrativa, en detrimento de la licitación pública, al elevar drásticamente los montos de negociación para este procedimiento y con ello hacer a un lado a la Contraloría General de la República en su función fiscalizadora del uso de los fondos públicos, privilegiando la utilización de la contratación directa y de las modalidades de licitación privada (por registro y restringida).
]]> Por esta razón, Romero Pérez y la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras presentaron ante la Sala Constitucional la acción de inconstitucionalidad correspondiente en contra de las respectivas normas de esa ley y de su reglamento, la cual se ganó, reconociéndose el carácter de regla general de la licitación pública y el carácter de excepción de la contratación directa.Como referimos al principio, la obra constituye una valiosa aportación para los estudiosos de la materia en nuestro país, desde una perspectiva comparativa.
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