Prólogo

Layda Negrete¹

¹ Universidad de California Berkeley.

El año de 1994 nos había tomado a todos por sorpresa. El mes de enero había despuntado con el movimiento zapatista; unos meses después fue asesinado Colosio y desde entonces tanto los homicidios políticos y la delincuencia común crecieron exponencialmente. En unos cuantos meses la criminalidad reportada en algunas zonas urbanas se había incrementado más de dos dígitos.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) había dedicado sus esfuerzos principalmente a recabar estadísticas de juicios penales en el país: ingresos, egresos, tipos de sentencia... un esfuerzo mucho menor había destinado el mismo Instituto para compilar las estadísticas de delitos denunciados que publicaba de forma dispersa en sus cuadernos por cada estado. Solamente encontré una encuesta de victimización en el Distrito Federal publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en 1985 y ninguna otra fuente de información acerca de victimización nacional pública. México se enfrentaba a un problema grave prácticamente sin datos y no teníamos forma de medir el tamaño del monstruo.

Hoy, a dieciocho años de distancia, los huecos en información estadística sobre seguridad pública, crimen y justicia siguen siendo enormes. Por ello, celebro este suplemento de EconQuantum compuesto de artículos académicos basados en encuestas de victimización nuevas. Como dice Luis de la Barreda, uno de los pioneros en impulsar las encuestas de victimización, este tipo de encuestas son fundamentales. Y es que los datos no sólo siguen siendo escasos sino también las publicaciones académicas sobre estos datos apenas despuntan. El logro del suplemento, por tanto, doble.

Las encuestas que dieron pie al suplemento forman parte del proyecto Estudio Socioeconómico de Victimización y Violencia financiado por la SEP, a cargo de un grupo de profesores de la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, administradas en las zonas urbanas de León, Guadalajara y Monterrey. Cuatro de los seis artículos del suplemento estudian variables que predicen el crimen. Caamal, Treviño y Valero reportan que las características de las personas, como es la pobreza, elevan la probabilidad de victimización. De forma similar, conductas que adoptan las personas como la frecuencia al salir o su estilo de vida influyen en el riesgo a ser víctima; esta es la conclusión de Blanco, Rangel y Cárdenas en dos de los artículos incluidos. Por su parte, Téllez y Chapa reportan cómo los factores ambientales tales como las condiciones de un vecindario o colonia influyen en la frecuencia de victimización de hogares. Una pregunta muy diferente es abordada por Ayala y Chapa, quienes construyen el argumento de que la inseguridad es un impuesto al entretenimiento; a mayor inseguridad percibida menor es la demanda por entretenimiento. Es decir, es más caro divertirse en ciudades que se perciben inseguras. Finalmente, el suplemento incluye un artículo de Sandoval, tomando como ejemplo Guadalajara, sobre estadística descriptiva. El autor nos recuerda algo fundamental sobre patrones de victimización en México. Las familias en el México urbano tienen una alta probabilidad de ser victimizadas, denuncian poco y desconfían prácticamente de todas las autoridades encargadas de protegerlos. Este último punto quisiera enfatizarlo.

La desconfianza en las instituciones y también la inseguridad percibida no sólo tiene que ver con la cantidad de violencia, sino también con el pobre desempeño de nuestras policías, nuestros ministerios públicos y nuestros jueces penales. La clave de las encuestas de victimización es que éstas son el medio idóneo para medir la experiencia de usuarios con el sistema de seguridad pública una vez que deciden denunciar. Las encuestas son para el desempeño institucional el equivalente del medidor de gasolina en un coche o el termómetro para tomarle la temperatura a un paciente. Las encuestas de victimización nos pueden ayudar a diagnosticar, no sólo por qué ocurre el crimen, sino también para saber dónde están los tumores en el decrépito sistema de justicia penal que tenemos y que nos permitirían imaginar, también, cómo lograr extirparlos.

Me repito, la agenda, esencial y urgente, en la futura ordeña de encuestas de victimización se encuentra en la capacidad que tengan los académicos de contestar preguntas sobre el desempeño institucional. ¿Quién denuncia?, ¿con qué fines?, ¿cómo son tratadas las víctimas que denuncian?, ¿qué información y expectativas reciben de nuestros ministerios públicos los denunciantes?, ¿cuál es nivel de corrupción de los actores?, ¿qué tanto delegan nuestros investigadores del crimen la investigación penal y la recopilación de pruebas en las propias víctimas?, ¿qué tanto se usa el sistema penal para atender disputas que son de carácter civil? y ¿qué clase de procedimientos de identificación de un sospechoso son expuestos las víctimas y si éstos son confiables o no? La agenda es infinita y la esperanza es que economistas, sociólogos, psicólogos y otros científicos sociales se interesen en estos temas. En la medida en que el terreno de la justicia no quede reservado a los abogados, tendremos mejores probabilidades de entender los problemas de la justicia penal. Ésta es para mí la promesa que ofrecen las encuestas de victimización de hoy y del futuro.

Cuando comencé a estudiar la seguridad pública y la justicia penal una conclusión se repetía en la medida en que los datos comenzaron a apilarse. La justicia penal en México no les sirve a las víctimas de delito ni a los acusados de cometerlos. El sistema es abusivo y arbitrario con el acusado pero también profundamente ineficaz para controlar la violencia. Por eso, junto con Roberto Hernández, nos dimos al esfuerzo de comunicar nuestras ideas acerca de las causas que explican el pobre desempeño de la justicia mexicana, realizando el documental Presunto Culpable, que sorpresivamente se convertiría en uno de los más vistos en cines en México, por encima de las películas de Michael Moore. Yo sigo inquietándome en cómo se vería un presunto culpable de las víctimas y cómo se manipularía la historia de una mujer violada recorriendo el entramado ministerial una vez hecha la denuncia. Esa es una historia pendiente de contar, con casos y con datos.